Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00058-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00058-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00058-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
31 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado : 11001-03-25-000-2016-00058-00
Nº interno : 0222-2016
Accionante : Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Accionada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Acción : Recurso Extraordinario de Revisión
Tema : Revisión de la sentencia del 18 de marzo de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
conforme a la causal prevista en el numeral 1º del
artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la señora
Elvira Rosa Iglesias Melgarejo contra la sentencia del 18 de marzo de 20151,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena que revocó el fallo dictado
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta que accedió a
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. De la demanda2.
La señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo, a través de apoderado, presentó acción
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad del Oficio
1341/ARPRE - GRUPE del 26 de enero de 20103 expedido por Jefe del Grupo de
Pensionados, que negó la solicitud elevada por la demandante ya que el señor
Orlando Enrique Carrillo Quintero no cumplía con los requisitos de tiempo de
servicio contemplado en las normas.
1
Folios 21 a 31 proceso ordinario.
2
Folios 1 a 10 y 29 a 46 demanda y corrección de la demanda expediente del proceso ordinario.
3
Folios 15 y 16.
2
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
Solicitó, que se declare que la señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por su
condición de cónyuge supérstite del expolicía desaparecido. Pidió, que se declare
que la Policía Nacional le adeuda a la demandante el retroactivo correspondiente
a las mesadas pensionales transcurridas, desde la fecha del nacimiento del
derecho hasta que se cumpla la obligación legal. Adicionalmente, requirió que se
declare que la institución policial adeuda a la demandante los dineros ahorrados
por el causante en la Caja de Vivienda Militar, más sus rendimientos financieros,
así como el auxilio mutuo, las cesantías definitivas, el seguro por muerte, las
mesadas adicionales y sus respectivos intereses moratorios.
Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho, la
demandante pidió que se condene la Policía Nacional a reconocer la pensión de
sobreviviente teniendo como base de cotización los ingresos mensuales del
expolicía; solicitó, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales así como
los dineros ahorrados en la Caja de Vivienda Militar y el auxilio mutuo.
Exigió, el pago de las mesadas pensionales causadas a partir del 13 de abril de
1989 fecha en la cual desapareció el señor agente de la policía Orlando Enrique
Carrillo Quintero. Instó, para que la demandada la incluya como beneficiaria en el
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía.
Finalmente, reclamó que se le paguen los intereses moratorios y corrientes, y que
la sentencia sea fallada extra y ultra petita de acuerdo con lo que resulte probado
en el proceso.
2. De la sentencia objeto de revisión4
El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 18 de marzo de
2015, revocó el fallo del 5 de septiembre de 2013 proferido por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta.
El Ad quem indicó, que para el caso estudiado no hay duda que el Decreto 1213
de 1990 es menos favorable a la demandante por cuanto exige que el causante
hubiera cotizado 15 años de servicio y su deceso se hubiere producido estando
en servicio por simple actividad. Sostuvo, que al juez de instancia no es posible
4
Folios 21 a 31.
3
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
aplicar la Ley 100 de 1993, toda vez que el causante (AG) Orlando Enrique
Quintero Carrillo falleció el 3 de mayo de 1993 y la Ley 100 de 1993 entró en
vigencia el 1º de abril de 1994, es decir, que no estaba vigente para la época que
falleció el causante.
Expuso, que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado se rectificó el
argumento que se había adoptado en sentencias anteriores, señalando que en
materia de reconocimiento de pensión de sobreviviente no se podía dar
aplicación a una ley posterior a la muerte del causante, dado que la norma que
debía tenerse en cuenta era la vigente al momento del deceso.
Señaló, que del material probatorio que reposa en el expediente se demostró que
el fallecimiento del (AG) Orlando Enrique Quintero Carrillo había laborado 14
años, 9 meses y 28 días, por lo que la entidad demandada aplicó la
indemnización establecida en el régimen especial consagrado en el artículo 121
del Decreto 1213 de 1990, pues el (AG) fallecido no cumplió con el requisito del
tiempo dispuesto en el norma, que es de 15 años de servicio en la institución
policial para poder acceder a la pensión y consecuentemente a la pensión de
sobreviviente para la actora.
Por último, dijo que no hay lugar a la aplicación por razones de favorabilidad del
artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en el caso bajo estudio, toda vez que al
momento del fallecimiento del causante el 3 de mayo de 1991 se encontraba
vigente el Decreto 1213 de 1990, el cual se insiste debe ser aplicado ya que era
el vigente para la época del deceso, mas un, cuando la Ley 100 de 1993 no
había entrado en vigor.
3. Del recurso extraordinario de revisión.5
Mediante escrito del 26 de enero de 2016, el apoderado de la señora Elvira Rosa
Iglesias Melgarejo interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
del 18 de marzo de 2015 con fundamento en la causal 1º del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El apoderado de la accionante, alega que el Tribunal Administrativo del
Magdalena dirimió la controversia dándole aplicación a las disposiciones
5
Folios 74 a 97.
4
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
contenidas en el Decreto 1213 de 1990, que en su momento reformó el estatuto
aplicable al cuerpo policial. Argumentó, que la desaparición del causante ocurrió
el 3 de mayo de 1991, por lo que el conteo del término de dos años para declarar
su muerte ocurrió desde 4 de mayo de 1989 hasta 4 de mayo de 1991, tiempo al
que se acogió la Policía Nacional para declarar su baja del servicio por
presunción de muerte.
Agrega, que el documento decisivo es el Oficio No. 5847 del 1º de julio de 2015,
expedido por la Magistrada de la Sala de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Barranquilla, mediante el cual respondió un derecho de petición en el
que informa porqué la fecha en que se desapareció el causante concuerda que la
estipulada en el registro civil de defunción.
Sostiene, que el sentenciador falló tomando como base el día de la desaparición
del causante y no la fecha en que fue decretada su baja por el desaparecimiento
por parte de la Policía Nacional, esto es, el 3 de mayo de 1991, conforme a lo
anterior se tiene que la institución policial certificó que la víctima laboró 13 años 7
meses y 17 días luego de descontarle 16 meses, correspondiente al término que
estuvo suspendido.
Concluye diciendo que, “(…) Si el Tribunal, hubiese fallado partiendo de la base
de la fecha en que fue dado de baja o declarada su muerte presunta por
desaparecimiento, y no como lo hizo, tomando la fecha en que se produjo su
desaparición, necesariamente tenía que dar aplicación a las normas laborales
aplicables por principio de favorabilidad vigentes para la generalidad, es decir, el
Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 078 de 1990. Tampoco el sentenciador aplicó
el criterio de la retrospectividad de la ley, tema sobre el que se disertó…”6
4. Trámite del recurso extraordinario de revisión.
El Despacho mediante auto del 31 de octubre de 20167 admitió el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado de la señora Elvira Rosa
Iglesias Melgarejo. Posteriormente, con providencia del 29 de octubre del 2019
se precindió el máximo periodo probatorio, teniendo en cuenta que las pruebas
requeridas para resolver el caso sub examine reposan en el expediente.
6
Folio 76
7
Folios 118 y vuelta
5
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
5. Oposición al recurso extraordinario de revisión y concepto del Ministerio
Público.
Revisado el expediente de la referencia, el Despacho observa que a través de
escrito del 2 de diciembre de 20168 el apoderado de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, presentó oposición al recurso extraordinario
de revisión interpuesto por el abogado de la señora Elvira Rosa Iglesias
Melgarejo en el cual se opuso a todas y cada una de sus pretensiones.
Argumentó, que es totalmente falso que los documentos decisivos para la actora
hayan sido encontrados o recobrados después de la sentencia, pues como se
observa en las consideraciones de la misma demanda de revisión presentada, se
pueden observar situaciones que desvirtúan la causal invocada.
Explica, que el documento al que se refiere el abogado de la actora como
encontrado o recobrado es el Oficio 5847 del 1º de julio de 2015, expedido por la
Magistrada de la Sala de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Barranquilla, este corresponde a una respuesta a un derecho de petición que
pudo haber sido obtenido con anterioridad a través de instrumentos jurídicos
existentes para tal fin y pudo ser invocado en su momento.
Advierte, que desde el 5 de febrero de 2014 se pudo tener acceso al documento
que hoy se pretende hacer valer, pero no fue diligentemente allegado al proceso
para su consideración. Afirmó, que lo que se percibe es que la actora pretende
afectar la figura de la cosa juzgada de un asunto dirimido en la jurisdicción
contenciosa a través de un documento que ya existía, y que su contenido escrito
pudo haber sido obtenido con antelación a los resultados de los fallos de primera
y segunda instancia.
Para finalizar, expuso que no se observa dentro del escrito de la demanda de
revisión cuales fueron los motivos de fuerza mayor o caso fortuito por los cuales
la recurrente no interpuso con anterioridad el derecho de petición, de tal forma
que la respuesta se hubiere constituido como prueba dentro del proceso
ordinario; pues, como se manifestó anteriormente la información que hoy se trae
estaba disponible en la rama judicial al menos desde el 5 de febrero de 2014, es
8
Folios 128 a 132.
6
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
decir desde el momento que se elaboró el acta 006 del mismo año, expedida por
la Magistrada de la Sala de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Barranquilla.
5. Concepto del Ministerio Público.
Revisado el expediente del recurso extraordinario de revisión se encontró que el
Ministerio Público no conceptuó en el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente asunto es competencia de esta Subsección de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de
Estado a través sus secciones y subsecciones conocerán de los recursos
extraordinarios de revisión de las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
Tribunales Administrativos.
2. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 18 de marzo de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena que revocó el fallo del 5 de septiembre
de 2013 dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa
Marta que accedió las pretensiones de la demanda.
La Sala determinará si se configuró o no la causal 1º del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es,
“Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiere podido proferir una decisión diferente y que
el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria”.
Para resolver el problema jurídico, 2.1. se analizará el objeto y alcance del
recurso extraordinario de revisión; 2.2. Alcance de la causal invocada por la
7
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo y 2.3. finalmente se abordará el caso
concreto.
2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión.
La jurisprudencia de esta Corporación de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; ahora bien, si dicho caso ha
hecho tránsito a cosa juzgada respecto de la cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Con ese objetivo el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo regula los eventos de manera taxativa, que al
configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa juzgada y
permita restablecer materialmente el derecho vulnerado por la decisión recurrida,
en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia material. Dicho
esto, el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia ejecutoriada
puede ser objeto del recurso extraordinario de revisión en la medida que se
constituye como un proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional al indicar que “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos
nuevos que afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia. 9 Más que un
recurso, es un verdadero proceso10 sobre eventos que no pudieron ser conocidos
al momento de proferir la sentencia cuestionada11”12.
Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección
de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
pese a que el trámite judicial haya finalizado 13, y salvo la causal 4ª del artículo
25014, “ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado
artículo se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que
ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran,
bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la
9
C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
10
C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez.
11
C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
12
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”.
8
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido
al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez
intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido
de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°”15.
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte que lo
interpone está obligada a invocar las causales de procedencia que no
comprenden el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la
corrección de errores ‘in judicando’16. Nótese entonces que es improcedente
acudir al recurso extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de
la parte dentro del proceso ordinario.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios17.
2.2. Causal regulada en el numeral 1º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
La causal contenida en el numeral primero del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que
el recurso extraordinario de revisión resulta procedente cuando se han “(…)
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria”.
En efecto, los supuestos de hecho contenidos en la causal invocada exigen la
presencia de tres realidades: i) que se recobren pruebas decisivas después de
dictada la sentencia; ii) que con ellas se hubiere podido proferir una decisión
diferente; iii) que el recurrente no las hubiere podido aportar al proceso, por
fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
16
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
9
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
Con el fin de aclarar el alcance de esta causal se realizará un análisis del
tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a los requisitos contenidos en la
misma, para luego, entrar a resolver el caso concreto.
Sobre el primer requisito se decanta el concepto de “recobrado” o “encontrado”
y el carácter documental de la prueba, el Consejo de Estado ha sido enfático en
señalar:
“(…) En cuanto a la causal segunda de revisión invocada, es viable hablar de
prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o
refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en
condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica que se
hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es
indispensable para la prosperidad del recurso, entre otros requisitos,
invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado durante todo el
proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria. (…)”18.
En similar sentido esta Corporación dijo:
“Que “recobrado”, es el documento que como tal existía antes del
pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o
refundido y solo pudo recuperarse o rescatarse después de la sentencia19”.
De esta manera, una prueba encontrada o recobrada es aquella que existía al
momento de la sentencia pero que estuvo refundida o extraviada para el tiempo
en que había que aportarla al proceso o se dictó la decisión. Por lo tanto, no son
admisibles aquellos elementos probatorios documentales que existan o surjan
después del fallo.
Es así, como la creación de documentos posteriores al fallo no pueden calificarse
como recobrados, porque no es posible recuperar o encontrar aquello que no
existía o que no estaba oculto para las partes. Sobre el particular, el Consejo de
Estado20 estableció:
“Resulta inadmisible aportar al proceso, a través del recurso extraordinario de
revisión, documentos generados con posterioridad al fallo, al tiempo que
tampoco resulta válido que la causal se funde en medios que pudieron ser
aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes
(periodo probatorio), por cuanto el recurso no fue establecido con esa
finalidad. Lo anterior se explica en tanto que de aceptarse la procedencia de
dichos medios de prueba se quebrantaría el principio de seguridad jurídica, el
18
Consejo de Estado, sentencia de 18 de junio de 1993, expediente 5614, C.P. Álvaro Lecompte Luna
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de julio
de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV). También se puede ver: sentencias de 16 de septiembre de
2011 (Expediente núm. 2009-00600-01 REV (17850), de 8 de noviembre de 2005 (Expediente núm. 1999-00218-01
(REV), de 2 de junio de 2015 (Expedientes núms. 2000-00237-01 y 2005-00560-01,
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia de 14 de
agosto de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2008-00534-00(REV)
10
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
derecho de contradicción y la misma institución procesal de la cosa juzgada,
pues bastaría que, la parte afectada con la decisión de instancia, intente
producir o mejorar el medio probatorio existente para así reabrir el debate
nuevamente.”
Tampoco tendrá el carácter de prueba documental recobrada, aquella o aquellas
piezas que fueron incorporados al proceso, pero que no fueron controvertidas por
las partes21.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el simple olvido o abandono de la parte
que habría sido beneficiada de la prueba no constituye razón válida para
interponer el recurso de revisión, puesto que, este medio de impugnación no
pretende corregir las deficiencias probatorias de las partes22. De ahí, que no sea
viable producir o mejorar las pruebas del proceso, porque no habría cosa juzgada
en las decisiones.
No obstante, excepcionalmente esta Corporación ha admitido pruebas
posteriores a la fecha de la decisión cuando son decisivas y no tienen nada que
ver con una desidia probatoria que pretenda subsanarse por la vía del recurso
extraordinario, como en el caso de las pruebas de ADN23. El fundamento de esto
reside en la necesidad de remediar la injusticia que se derivó para la parte
afectada al verse en la imposibilidad de aportarla.
Con relación al carácter documental de la prueba recobrada o encontrada, la
jurisprudencia24 ha manifestado que para entender el concepto de documento es
necesario acudir al artículo 243 del Código General del Proceso 25, que establece
las características de este medio probatorio. Por tanto, para la configuración de la
causal no se admite otro tipo de pruebas como los testimonios, las experticias,
los informes técnicos o los exámenes médicos especializados por regla general26.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 18 de julio de 2018, Radicado
05001-33-31-025-2009-00082-01(22402).
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia de 5 de junio
de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00(REV)
23
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-
1999-00319-01(26239).
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de
2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-01917-00(REV)
25
Ley 1564 de 2012, “Artículo. 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos,
planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que
tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus
funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones
públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es
instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo
protocolo, se denomina escritura pública.”
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia de 14 de
agosto de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2008-00534-00(REV).
11
Número interno: 0222-2016
Demandante: Elvira Rosa Iglesias Melgarejo
Demandado: Nación- Policía Nacional
Respecto al segundo requisito para estructurar la causal, es indispensable que
la prueba no haya sido aportada al proceso por razones de fuerza mayor, caso
fortuito u obrar de la parte contraria. En consecuencia, no cualquier justificación
es válida, pues el recurrente tiene la carga de demostrar los supuestos que
generaron la imposibilidad que se alega. Sobre este aspecto, el Consejo de
Estado expresó:
“(…)
Presupuesto esencial para que se configure la causal aquí invocada, además
de que el documento se halle después de que se dicte la sentencia y que
éste sea decisivo27, es que la prueba documental que se pretende hacer
valer y que no pudo ser tenida en cuenta por el juzgador, no haya sido
aportada al proceso por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
(…)
Cuando la causal en comentario exige que al recurrente le haya sido
imposible aportar el documento recuperado o recobrado por fuerza
mayor o caso fortuito, con mucha más razón se requiere que no haya
habido culpa, negligencia o error de conducta alguno de su parte. Si
esto ocurre, así el documento que no se allegó pueda tener influencia
suficiente para cambiar el sentido del fallo, no tiene la naturaleza de
“recobrado” y, por ende, no es idóneo para estimar la pretensión
revisoría.”28 (Negrilla fuera de texto)
(…)”
Posteriormente, se dijo:
“(…)
que el elemento probatorio que se invoca como prueba recobrada, existía al
tiempo de dictarse la sentencia, pero, que sólo llegó a poder del impugnante
con posterioridad a ello, pues están excluidas en esta causal, pruebas que
hubieran debido y podido aportarse oportunamente, ya que no se trata con
este recurso extraordinario, de remediar una inactividad o negligencia en el
diligenciamiento de la prueba, sino de corregir la causa insuperable en que
estuvo el recurrente de hacer valer la prueba dentro del proceso.
De manera que, la debida justificación de las razones o motivos por los
cuales las pruebas no pudieron ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario,
es un presupuesto para la prosperidad de la causal invocada que no cumple
la prueba aportada dentro del presente recurso.
En efecto, si la falta en el expediente del documento no obedeció a fuerza
27
Afirmar que un documento es decisivo “significa que tiene un valor y eficacia bastante para resolver en sentido contrario
o diferente del fallo recurrido; de influencia tan notoria en el pleito que si el juzgador hubiera podido apreciarlo al dictar su
fallo lo hubiera pronunciado en sentido contrario; capaz por sí mismo de contradecir el resultado probatorio a que se llegó
al fallar el pleito; ha de poderse estimar que se encontraba provisto de eficacia probatoria tal que destruía la posibilidad de
que las demás pruebas la contrariasen”. Juan de Dios Doval de Mateo, La revisión civil, Barcelona, 1979, pág. 156.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005, expediente No. 1999-
00218, C.P. Dr. Héctor Romero Díaz.
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mayor, caso fortuito u obra de la parte demandada, sino al simple descuido
de quien debía hacerlo oportunamente, no se puede a través del recurso
extraordinario de revisión subsanar esa omisión, alegando como pruebas
“recuperadas" las que de ninguna manera tienen esa característica.
(…)” 29.
De lo expuesto, se infiere que el recurrente debe acreditar los hechos que
sustentan el recurso, pues no puede limitarse a señalar que existió una
dificultad30, sino que debe hacer un análisis juicioso de las razones que le
imposibilitaron obtener las pruebas documentales al momento de proferir la
decisión31; sumado a lo anterior, este deberá presentar las justificaciones de
fuerza mayor, caso fortuito o maniobras de la contraparte que decantaron en la
no presentación de la prueba que alega recobrada.
Con relación al tercer requisito, el legislador estableció que la prueba
documental debía tener un carácter decisivo, pues el fundamento de la causal lo
constituye la recuperación de documentos trascendentales para el proceso, es
decir, que tengan la capacidad suficiente, en caso de haberse allegado, para que
el fallador tomara una decisión diferente. Por tanto, a este medio probatorio se le
exige una determinación alta, toda vez que, debe tener la potencialidad de
cambiar el sentido del fallo. Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado:
“(…) Que la prueba debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión
distinta a la impugnada. La disposición consagra que la prueba debe ser de
tal entidad que el juez, con fundamento en ella, hubiera proferido una
decisión diferente. A partir de ello, la jurisprudencia ha resaltado la
trascendencia de la prueba y su relación directa con lo debatido.”32
Así las cosas, el impugnante debe justificar las razones por las que dicha prueba
tiene la entidad para cambiar el sentido de la decisión recurrida, toda vez que, no
cualquier elemento probatorio tiene la capacidad de influir en la parte resolutiva
de una decisión33, principalmente, porque hay pruebas que inciden sobre el fallo
con menor intensidad o que son intranscendentes34. Al respecto, el Consejo de
Estado sostuvo:
29
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, rad. 11001-03-15-000-1999-00226-
01(REV), C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia de 5 de junio
de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00(REV)
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de
2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-01917-00(REV)
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio
de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2007-00879-00(REV)
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Ocho Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
julio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV)
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 16 de agosto
de 2018, Radicado 23001-33-31-003-2007-00107-01(47300)
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“(…) que la prueba con la cual se pretende invalidar la sentencia recurrida en
revisión debe tener la virtualidad suficiente para que en el caso de haber sido
aducida oportunamente, el fallador hubiera resuelto en un sentido totalmente
diferente, es decir, fallando favorablemente a las peticiones o a la defensa
planteada en el proceso, según el caso, por quien recurre el fallo en vía
extraordinaria.
Así las cosas, no es procedente una prueba que, de ser considerada, podría
invalidar uno de los argumentos en los cuales se funda el fallo recurrido,
pues se dejarían incólumes las demás razones que tuvo en cuenta el juez
para tomar la decisión”35
Ciertamente, el documento decisivo no puede desvirtuar solamente uno de los
motivos que sustentan el fallo, sino que, debe cambiar el sentido de la decisión.
Por esto, le corresponde al recurrente el deber de explicar en el recurso la
manera en que dicha prueba modifica la decisión recurrida.
En efecto, todos los presupuestos que configuran las causales de revisión,
cualquiera sea la que se invoque, deben ser probados por quien persigue que le
sea estimada su pretensión.
2.3. Caso concreto.
La señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo, a través de apoderado judicial,
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 18 de marzo
de 2015 con fundamento en la causal 1º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El apoderado de la accionante, alegó que el Tribunal Administrativo del
Magdalena dirimió la controversia dándole aplicación a las disposiciones
contenidas en el Decreto 1213 de 1990, que en su momento reformó el estatuto
aplicable al cuerpo policial. Argumentó, que la desaparición del causante ocurrió
el 3 de mayo de 1991, por lo que el conteo del término de dos años para declarar
su muerte ocurrió el 4 de mayo de 1989 hasta 4 de mayo de 1991 tiempo que
acogió la Policía Nacional para declarar su baja del servicio por presunción de
muerte.
Agrega, que el documento decisivo es el Oficio No. 5847 del 1º de julio de 2015,
35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de octubre de 2005, Radicación
número: 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV).
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expedido por la Magistrada de la Sala de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Barranquilla, mediante el cual respondió un derecho de petición del
suscrito abogado en el que informa porqué las fechas en que se desapareció el
causante concuerda que la estipulada en el registro civil de defunción.
Sostiene, que el sentenciador falló tomando como base el día de la desaparición
del causante y no la fecha en que fue decretada su baja por el desaparecimiento
por parte de la Policía Nacional, esto es, el 3 de mayo de 1991, conforme a lo
anterior se tiene que la institución policial certificó que la víctima laboró 13 años 7
meses y 17 días luego de descontarle 16 meses, correspondiente al término que
estuvo suspendido.
Concluye diciendo que “(…) Si el Tribunal, hubiese fallado partiendo de la base
de la fecha en que fue dado de baja o declarada su muerte presunta por
desaparecimiento, y no como lo hizo, tomando la fecha en que se produjo su
desaparición, necesariamente tenía que dar aplicación a las normas laborales
aplicables por principio de favorabilidad vigentes para la generalidad, es decir, el
Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 078 de 1990. Tampoco el sentenciador aplicó
el criterio de la retrospectividad de la ley, tema sobre el que se disertó…”.36
Para desatar la causal de revisión invocada por el apoderado de la accionante, la
Sala estima necesario establecer si la prueba presentada como encontrada o
recobrada después de la sentencia del 18 de marzo de 2015, cumple con los
requisitos previstos en el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En ese orden, se precisa que la prueba que se pretende hacer valer como
recobrada y que sirvió como base para interponer el presente recurso
extraordinario de revisión es el Oficio No. 5847 del 1º de julio de 2015, el cual fue
expedido por la Dra. Zoraida Anyul Chalela Romano Magistrada de la Sala de
Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla en virtud de un
derecho de petición presentado por el apoderado de la accionante el 19 de junio
de 201537. Dicha petición, fue elevada con el fin de que se le informara a
apoderado de la actora las razones por las cuales el registro civil de defunción del
señor Orlando Enrique Carrillo Quintero exagente de la Policía Nacional, fue
36
Folio 76
37
Folio 45 a 48
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Número interno: 0222-2016
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expedido con la “…coincidencia entre la fecha en que fue desaparecido y la que
registra este documento, en contraposición a las disposiciones del código civil…”.
Cabe recordar, que en el acápite referente a la causal prevista en el numeral 1º
del artículo 250 del CPACA se indicó claramente que para que proceda el
requisito antes referido, deben confluir tres aspectos fundamentales como lo son:
i) que se recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; ii) que con
ellas se hubiere podido proferir una decisión diferente; y iii) que el recurrente no
las hubiere podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
Sobre el primer elemento, debe señalarse que el Oficio No. 5847 del 1º de julio
de 201538 fue expedido con posterioridad a la sentencia recurrida, lo que en
principio comportaría un elemento esencial para que procediera el recurso
extraordinario de revisión por la formalidad invocada, es decir, la prevista en el
numeral 1º del artículo 250 de CPACA; sin embargo, la Sala observa que esta
prueba fue creada con posterioridad al fallo del 18 de marzo de 2015; razón por
cual, no se podría calificar como recobrada o encontrada, puesto que fue el
mismo apoderado de la accionante que a través de un derecho de petición
radicado el 19 de junio de 2015, provocó el pronunciamiento de la autoridad
judicial. En suma, y como lo explicó ampliamente la jurisprudencia de esta
Corporación, resultaría improcedente aportar al recurso extraordinario de revisión
documentos creados después del fallo que se pretende revisar, pues no resulta
válido que la causal invocada se fundamente en medios probatorios que pudieron
se aportados o solicitados con anterioridad al decisión recurrida, esto es así, ya
que para el caso concreto se pudo haber conocido este pronunciamiento desde
de la decisión tomada mediante el acta 006 de 201439 (5 de febrero de 2014),
expedida dentro del trámite de la audiencia preliminar de asentamiento de
registros civiles de defunción que llevo a cabo el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz en el marco del proceso 11001-60-
00-263-2008-83139.
Respecto al segundo elemento, la Sala recuerda que el recurrente tiene la
obligación de justificar porque la prueba allegada como recobrada no se aportó
por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la demandada.
38
Folios 45 a 48.
39
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Demandado: Nación- Policía Nacional
Conforme a lo anterior, se observa que dentro del texto del recurso extraordinario
de revisión presentado por el abogado de la señora Elvira Rosa Iglesias
Melgarejo, no se encuentra justificación alguna del por qué la prueba aportada
como recobrada no se allegó antes que se profiriera el fallo del 18 de marzo de
2015, cuando lo cierto es que dicha probanza pudo ser obtenida como se dijo
antes desde la promulgación del acta 006 del 5 de febrero 201440 expedida
dentro del trámite de la audiencia preliminar de asentamiento de registros civiles
de defunción que se llevo a cabo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Sobre todo, si lo que necesitaba el apoderado
de la actora era aclarar porque existía una la coincidencia entre la fecha de
desaparecimiento del señor Orlando Enrique Carrillo Quintero y la que se
reconoce en el registro civil de defunción.
Ahora bien, conforme al tercer elemento esta Colegiatura indica que la prueba
aportada como recobrada o encontrada debe tener un carácter decisivo, es decir,
la capacidad suficiente para que el juez que profirió la sentencia recurrida
hubiese tomado una decisión diferente. Aterrizando en el caso sub examine,
nuevamente se señala que el Oficio No. 5847 del 1º de julio de 2015 fue proferido
en virtud del derecho de petición elevado por el apoderado de la parte recurrente
en cual solicitó que se le informara la “…coincidencia entre la fecha en que fue
desaparecido y la que registra este documento, en contraposición a las
disposiciones del código civil…”. A tal solicitud, contestó la Magistrada con
funciones de Control de Garantías en los siguientes términos:
“(…)
El Registrador obró de conformidad y asentó los respectivos registros de
defunción, teniendo para todos los casos como fecha de muerte la misma
que fue determinada como fecha de la desaparición forzada. En el caso
materia de su petición, fue reportado el día 12 de abril de 1989 como fecha
de desaparición de la víctima ORLANDO ENRIQUE CARRILLO QUINTERO
y, en consecuencia, se registró la misma data como fecha de defunción.
En asuntos análogos este Despacho ha suministrado igualmente la fecha en
la que se consumaron los hechos de desaparición forzada como aquella que
determina la fecha del fallecimiento a registrar, cuando lo confesado por los
postulados y demás elementos recabados ofrezcan una prueba sólida de la
efectiva muerte del sujeto.
Este proceder se ajusta a los lineamientos definidos por la Corte Suprema de
Justicia, así como a la normatividad civil y otros antecedentes normativos
relevantes. Al respecto me permito citar el auto de fecha 26 de mayo de 2011
Radicado 36163, en el que la Sala Penal de la Corte Suprema avaló el
40
Folios 49 a 51
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asentamiento de registros de defunción ordenado por un Magistrado de
control de garantías de Justicia y Paz, respecto de un amplio grupo de
víctimas del delito de desaparición forzada en concurso con homicidio, que
tenían como nota común la evidencia de su muerte, pero la ausencia de
cadáveres y la imposibilidad de encontrarlos. Consideró la Corte que en ese
evento debía registrarse como fecha de defunción la misma del día en el que
ocurrió la desaparición o la muerte:
"Valga añadir que el Código Civil en su artículo 97 dispone una diferencia en
cuanto a la fecha de la muerte presunta cuando se realiza el trámite ordinario
ante la jurisdicción voluntaria y el presente caso en donde las circunstancias
excepcionales de confesión ofrecen una prueba fundamental de la efectiva
muerte del sujeto. Así las cosas,el numeral 7.del citado artículo indica que la
fecha de la muerte será la del día en que ocurrió el evento catastrófico, en
distinción a lo dispuesto en el numeral 5 en donde se señala que la fecha
será la del último día del primer bienio contado a partir del último día en que
se tuvieron noticias. Debido a lo anterior es necesario indicar que la fecha de
muerte en los hechos por los cuales aquí se ordenará su registro debe ser la
misma del día en que ocurrió la desaparición o la muerte según la narración
de los postulados, en clara concordancia con la norma mencionada" (CSJ, 26
de mayo de 2011, Radicado 36163).
Por tanto, la orden emitida por este Despacho no se encuentra "en
contraposición a las disposiciones del código civil" como sostiene su petitorio,
sino que se ajusta a un supuesto de hecho distinto al establecido en el
numeral 5 del artículo 97 del Código Civil, referido a circunstancias ordinarias
de desaparición, y en el cual se determina como fecha de muerte presunta la
del último día del primer bienio contado a partir del último día en que se
tuvieron noticias. En los casos abordados en Justicia y Paz, el supuesto de
hecho aplicable es el del numeral 7 del mismo artículo, referido a la
desaparición por circunstancias excepcionales y que comportan una alta
probabilidad sobre el fallecimiento del desaparecido, evento en el que
corresponde fijar como día presuntivo de la muerte el del suceso que
ocasionó la desaparición o el peligro de muerte. Otros antecedentes en los
que se ha dado aplicación a este precepto del referido numeral 7, son el
Decreto 3822 de 1985 sobre los desaparecidos a raíz de la Toma del Palacio
de Justicia de Bogotá y la actividad volcánica del Nevado del Ruiz ocurridos
en el año de 1985, así como el Decreto 196 de 1999 "por el cual se dictan
disposiciones para hacer frente a la calamidad pública causada por el
terremoto producido el 25 de enero de 1999". En la sentencia C-217 de 1999,
que revisó la constitucionalidad de este último decreto, la Corte declaró
exequible la disposición que establece como fecha y hora de muerte de los
desaparecidos en la catástrofe la misma del suceso sísmico; sin embargo,
precisó que se trata de una presunción legal que admite prueba en contrario.
En observancia de los fundamentos reseñados esta Magistrada ordenó el
asentamiento del registro de defunción de la víctima ORLANDO ENRIQUE
CARRILLO QUINTERO, suministrando al Registrador la fecha en la que se
consumó la desaparición forzada conforme a lo verificado en el proceso de
Justicia y Paz, esto es el 12 de abril de 1989, a efectos de que fuera
reportado ese mismo día como la fecha de la muerte presunta. En todo caso
cabe subrayar que tanto la comprobación de la muerte en el proceso
transicional, como el correspondiente asentamiento del registro de defunción
ordenado en febrero de 2014, se produjeron cerca de 15 años después de la
desaparición. En ese interregno la víctima conservaba el carácter de persona
desaparecida, de tal forma que eran aplicables las medidas de protección
consagradas en el ordenamiento jurídico a favor de sus familiares, tales
como el derecho a la continuidad en el pago de salarios y prestaciones
sociales.
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En esos términos el Despacho responde a su petitorio sobre las razones de
la coincidencia entre la fecha de la desaparición forzada y la fecha de
defunción que reporta el registro.
En cuanto a las consecuencias jurídicas que se puedan derivar de inscripción
la defunción en esa fecha, esta Magistrada advierte que esa interpretación le
corresponde a la autoridad judicial o administrativa competente para
pronunciarse sobre el litigio pensional por usted referenciado. No obstante,
con el debido respeto y sin invadir dicha órbita competencial, me permito
subrayar que el asentamiento del registro de defunción fue ordenado en esta
Sede como una medida de reparación judicial a favor de los núcleos
familiares de las víctimas directas de desaparición forzada, con el ánimo de
definir la situación jurídica de sus allegados dispensando los largos y
tediosos trámites necesarios para declarar la muerte presunta en la
jurisdicción ordinaria. En consideración de la Corte Suprema de Justicia, esa
medida también garantiza el derecho a la verdad de las víctimas y de la
sociedad.
(…)”
De lo anterior, se colige que la prueba que hoy aduce la accionante como
encontrada o recobrada no es mas que una aclaración expresa del porque en el
asentamiento del registro civil de defunción del señor Orlando Enrique Carrillo
Quintero, se le puso como fecha tentativa de su muerte el 12 de abril de 1989. En
ese entendido, la Sala no encuentra que la probanza allegada con el recurso
extraordinario de revisión sea tal magnitud que de haberse presentado en el
proceso ordinario se hubiese proferido una decisión diferente; esto es así, en la
medida que al revisar el expediente que contiene el proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho se puede observar que mediante auto del 8 de
septiembre de 201441, el Tribunal Administrativo del Magdalena decretó prueba
de oficio “…consistente en solicitar a la parte demandante que allegue al proceso
de la referencia, la providencia judicial ejecutoriada mediante la cual se declaró la
muerte presunta del señor ORLANDO ENRIQUE CARRILLO QUINTERO…”.
Ciertamente, con memorial del 16 de septiembre de 201442 el apoderado de la
señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo allegó copia del registro civil de defunción
del señor Orlando Enrique Carrillo Quintero, el cual tenía como fecha de
defunción el 12 de abril de 1989, término que posteriormente le fue confirmado
con el Oficio No. 5847 del 1º de julio de 2015, expedido por la funcionaria del
Tribunal Superior del Circuito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Por
ello, es claro para esta Colegiatura que desde antes que se profiriera la sentencia
recurrida el apoderado de la actora ya conocía la fecha del fallecimiento del
41
Folio 266 y vuelta expediente proceso ordinario
42
Folios 271 a 282 expediente proceso ordinario.
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expolicía desaparecido; en efecto, y a pesar de que se presentó dicha prueba
antes de que se profiriera el fallo recurrido, ello no comportó tal relevancia para
que el juez de instancia expidiera una decisión diferente en el tema bajo estudio.
Por lo antes expuesto, la Sala considera que la causal prevista en el numeral 1º
del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo invocada por el abogado de la parte actora con el fin de revisar la
sentencia del 18 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena no tiene vocación de prosperidad, por ello, se declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión sin que haya lugar a condenar en costas
debido a que en virtud de lo establecido en el numeral 8 del artículo 365 del CGP,
aplicable al caso por expresa remisión del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Sólo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite.
III. DECISION
Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por la señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo y no condenará en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Elvira Rosa Iglesias Melgarejo contra la sentencia del
18 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.
TERCERO: Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma
electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que
arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) Ausente en comisión
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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