RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04979-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04979-00

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04979-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04979-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202204979 00

Accionante: JUAN CARLOS CERÓN ALZATE

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES JUDICIALES – debe ser
atendida bajo las formas propias del proceso / HECHO SUPERADO – Se configuró
porque ya se atendió el requerimiento del tutelante.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Juan Carlos Cerón Alzate, de conformidad con el Decreto
333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor Juan Carlos Cerón Alzate, recluido en el Complejo Carcelario y
Penitenciario con Alta y Mediana Seguridad de Jamundí – COJAM, instauró
demanda de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
(CP. Rafael Francisco Suárez Vargas), la ONU, la OEA, la CIDH, la ONG, el
Ministerio del Interior y de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los D.D.H.H. y el presidente de la República, por considerar
vulnerado su derecho fundamental de petición. El tutelante elevó las siguientes
pretensiones (trascripción literal con errores incluidos):

01. Tutelese mi derecho fundamental como acción urgente formal conculcado
por obtener de la protección de la violación por parte de la entidad que aun

1

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

no ha respondido el derecho de petición. Como consecuencia de ello
ordénese a los accionados que no respondieron el derecho de petición
formal, que en el plazo perentorio procedan a darme respuesta oportuna,
de fondo, suficiente, clara, precisa, completa y correctamente notificada a
mi solicitud elevada el 13 de junio de 2022.

02. Mi dignidad humana, vida, tratos dignos y no ser discriminado.

03. Derecho a las garantías constitucionales

04. Pido el derecho de igualdad, art. 13 de la CN.

05. Ordenar a los accionados procedan a intervenir y garantizarme mis
derechos fundamentales y constitucionales y tratados internacionales de
los derechos humanos para así mismo evitar mas daños irreparables e
irreversibles por parte del Estado Colombiano y gobiernos anteriores por
ocultar la verdad del homicidio del Dr Manuel José Reina Collazos.

06. Ordenar al accionado al Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, si a la fecha
no lo hubiera corrido traslado a las demás entidades accionadas de
ordenar correr traslado de la manera oportuna y eficaz y a su vez se
pronuncie de fondo si compulsó o no compulsó copias y las razones.
Solicito se me notifique todo lo actuado.

2. Hechos relevantes

El señor Juan Carlos Cerón Alzate presentó demanda de tutela contra la
Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la
Procuraduría Delegada para asuntos penales, la Fiscalía General de la Nación –
Dirección Especializada para la Corrupción, las Presidencias de la Corte
Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema de
Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado
de la República, el Congreso de la República y la Personería de Bogotá, con el fin
de que se ordenara a esas entidades y/o autoridades dar respuesta a la petición
presentada “… ante la Procuraduría General de la Nación el 9 de agosto de 2021
en la que solicitó ser escuchado en audiencia para demostrar su inocencia y
obtener la libertad”.

Mediante fallo de tutela de 21 de febrero de 2022 (radicación
11001-03-15-000-2021-11598-00), el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B (C.P.: Fredy Ibarra Martínez) negó el amparo solicitado, tras
considerar que “la parte actora no aportó al expediente pruebas suficientes que
acreditaran la presentación del derecho de petición a que hizo referencia en el
escrito de tutela”.

2

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

La anterior decisión se impugnó ante el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A (C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas), que por medio de
providencia del 19 de mayo de 2022, la revocó y, en su lugar, declaró la cesación
de la actuación por carencia actual de objeto, porque “la pretensión que formuló se
dirigía a que se diera respuesta a la solicitud con radicación SIGDEA 2021-428303
que presentó el 9 de agosto de 2021 ante la Procuraduría General de la Nación, y
que reiteró el 18 de octubre de 2021, la que, según lo expuesto, fue efectivamente
contestada el 15 de octubre de 2021 y se le notificó a través de la Oficina Jurídica
del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí
(COJAM), el 20 de octubre de 2021”.

Manifestó el tutelante que, el 13 de junio de 2022, presentó ante el consejero
Rafael Francisco Suárez Vargas (trascripción literal con errores incluidos):

… una acción urgente formal por las violaciones a mis derechos
fundamentales que se vienen presentando y lo que el Estado Colombiano
pretende ocultar el homicidio del Dr. Manuel José Reina Collazos. No solo el
estado sino de funcionarios de la Rama Judicial del Poder Público y los que
están detrás de todo, para ocultar la verdad del homicidio del doctor. Lo mas
grave de las violaciones fundamentales y constitucionales de tenerme preso y
culparme de un delito que no he cometido hasta la fecha. No he hecho parte
de ningún grupo armando, ni de bandas, ni he delinquido, ni he trabajado para
ninguna organización criminal o como se llaman.

Dijo que, en ese escrito, solicitó “correr traslado de copias de la acción urgente
formal a entes de los cuales son accionados como nacionales e internacionales,
como los que he nombrado en la acción de tutela”.

Señaló que, a la fecha de interposición de la demanda de tutela, no había obtenido
respuesta alguna sobre su solicitud, lo que implica que se vulneró “una de las
esferas del núcleo esencial de mi derecho fundamental de petición, como acción
urgente formal”.

3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

3.1. La demanda de tutela se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, la que,
mediante providencia de 13 de septiembre de 2022, la remitió por competencia a
esta Corporación.

3

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Efectuado el reparto respectivo, por medio de auto de 22 de septiembre de 2022,
se admitió la demanda de tutela y se ordenó notificar al Consejero Rafael
Francisco Suárez Vargas, quien informó que, si bien es cierto que el 1º de julio de
2022, se puso en conocimiento de su despacho el memorial presentado por el
señor Cerón Alzate denominado “acción urgente formal”, también lo es que “al
reducirse la competencia de este despacho, únicamente, para conocer de la
impugnación del fallo de primera instancia (…) se ordenó realizar la remisión de la
solicitud presentada por el accionante, al despacho del juez a quien fue

inicialmente repartida la acción de tutela, es decir, al consejero Fredy Ibarra

Martínez, para lo de su cargo, mediante auto del 11 de julio de 2022, notificado el
22 de julio de igual anualidad”.

Agregó que, según la aplicación SAMAI, la referida solicitud se encuentra en el
despacho del consejero Fredy Ibarra Martínez, para su conocimiento.

Por lo anterior, solicitó que se niegue el amparo solicitado porque no ha vulnerado
los derechos fundamentales del accionante, bajo el entendido de que “dio el
trámite correspondiente al requerimiento presentado”.

3.2. Con ocasión de lo anterior, mediante proveído del 26 de octubre de 2022, se
vinculó a la presente actuación al consejero Fredy Ibarra Martínez, quien hizo un
recuento de las actuaciones realizadas en la acción de tutela con radicación
11001-03-15-000-2021-11598-00 y resaltó que, mediante auto de 10 de noviembre
de 2022, resolvió la petición del tutelante disponiendo “estarse a lo resuelto en la
sentencia de 21 de febrero de 2022 proferida en primera instancia por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la sentencia de 19
de mayo de 2022, proferida en segunda instancia por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado”.

Dijo que los fundamentos de esa decisión obedecieron al hecho de que la solicitud
del tutelante corresponde a una petición de contenido estrictamente judicial,
porque insiste en que en el proceso penal adelantado en su contra existieron
algunas irregularidades que, autoridades como la Procuraduría General de la
Nación, se negaron a dilucidar “para que salga la verdadera responsabilidad de los
hechos que estoy pagando impunemente”.

4

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Precisó que la solicitud del tutelante no se rige por los términos del artículo 13 de
la Ley 1755 de 2015, porque no es equivalente a un derecho de petición, sino que
se trata de una petición judicial y, por ende, “los jueces no estamos obligados a
responder bajo las previsiones normativas del derecho de petición”. Explicó
(trascripción literal con posibles errores incluidos):

… cuando una petición presentada con fundamento en el artículo 13 de la Ley
1755 de 2015 se dirige a obtener un nuevo pronunciamiento expreso sobre un
asunto relacionado con un determinado proceso, la solicitud no debe regirse
por las reglas propias del derecho de petición ante autoridades administrativas
de que trata la referida ley y la parte primera del código; por el contrario, en
esa hipótesis se habla de derecho de postulación o de petición judicial y no de
derecho de petición en estricto sentido, motivo por el cual las solicitudes se
sujetan a los términos y procedimientos establecidos en los normas adjetivas.

Agregó que en el caso bajo estudio se evidenció que lo pretendido por el tutelante
con su petición era obtener un nuevo pronunciamiento sobre los hechos que
fueron materia de discusión en los fallos expedidos por la Corporación y, por ende,
“este despacho ordenó estarse a lo resuelto en tales decisiones, decisión que a la
fecha se encuentra surtiendo el trámite secretarial correspondiente para efectos de
que se surta la debida notificación a las partes”.

En ese sentido, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado porque desapareció el supuesto de hecho en virtud del cual se interpuso
la demanda de tutela, dado que el despacho dio trámite a la solicitud del tutelante
y no se encuentra pendiente otra actuación o solicitud.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.

Respecto del derecho de petición ante autoridades judiciales, la Corte
Constitucional ha sostenido1 (trascripción literal):

1
T-394 de 2018.
5

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

5.1. A partir de la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado el núcleo y
alcance del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, se ha establecido que este tiene dos dimensiones
fundamentales: la primera implica la facultad de presentar solicitudes
respetuosas a las entidades públicas y privadas, y la segunda comprende el
derecho a tener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo a las
peticiones presentadas2.

De esta forma, dicha garantía fundamental refiere a la posibilidad de las
personas de elevar peticiones respetuosas ante las autoridades, las cuales
deben ser resueltas de manera pronta y oportuna. Este deber se extiende a
las autoridades judiciales, quienes se encuentran obligadas a resolver las
solicitudes de los peticionarios en los términos prescritos por la Ley y la
Constitución para tal efecto3.

5.2. Ahora bien, en lo que respecta al derecho de petición ante autoridades
judiciales, esta Corporación ha precisado sus alcances al manifestar que si
bien es cierto que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en
consecuencia estos se encuentran en la obligación de tramitar y responder las
solicitudes que se les presenten,4 también lo es que ‘el juez o magistrado que
conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los
intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no
son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son
presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su
oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio’5.

2
Original de la cita: “Sobre el derecho fundamental de petición pueden observarse, entre otras, las
sentencias T-012 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-377 de 2000 M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-1160A de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-191 de 2002 M.P.
Jaime Córdoba Triviño; T-173 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-211 de 2014 M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; y T-332 de 2015
M.P. Alberto Rojas Ríos. Por su parte, en relación con el desarrollo del núcleo esencial del derecho
en mención, las sentencias C-818 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-951 de 2014.
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez establecen como elementos propios del derecho de petición:
(i) la pronta resolución de la petición por parte de las autoridades, (ii) la emisión de una respuesta
de fondo y (iii) la notificación efectiva de la decisión. Específicamente, las sentencias T-610 de
2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-510 de 2004, M. P. Álvaro Tafur Galvis, se refieren a las
condiciones características de una debida respuesta de fondo de la siguiente manera: ‘la respuesta
debe observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma sea inteligible y que
contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de manera que la respuesta atienda
directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que
conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace referencia a que la respuesta
esté conforme con lo solicitado; y por último, d) consecuencia en relación con el trámite dentro del
cual la solicitud es presentada’. Esto debe ser entendido sin que signifique que la resolución deba
ser en favor de las pretensiones del peticionario, tal y como se precisó en la sentencia C-510 de
2004. M. P. Álvaro Tafur Galvis.
“El derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las
entidades públicas y privadas. Y, de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara,
completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que
la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos
y normativos que rigen el tema. Así, se requiere ‘una contestación plena que asegure que el
derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta,
sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses’, así se explica en la sentencia T-369
de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos”.
3
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos”.
4
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González
Cuervo”.
5
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio
Hernández”.
6

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de
petición encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas
frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los
tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la
decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y
(ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e
impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las
normas generales del derecho de petición que rigen la administración y,6 en
especial, de la Ley 1755 de 20157.

En este orden, la omisión del funcionario judicial en resolver las
peticiones relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas
propias del proceso respectivo, configura una violación del debido
proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia8. Por otro
lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las peticiones
formuladas en relación con los asuntos administrativos constituye una
vulneración al derecho de petición9. (se destaca).

En ese sentido, se debe precisar que la solicitud del 13 de junio de 2022 suscrita
por el señor Juan Carlos Cerón Alzate constituye una petición judicial, por lo que
debía ser atendida bajo las “formas propias del proceso”. Esto, si se tiene en
cuenta que se suscribió en los siguientes términos (trascripción literal con errores
incluidos):

Por las violaciones a mis derechos fundamentales que se vienen presentando
y lo que el estado Colombiano pretende ocultar del homicidio de[l] señor:
Manuel José Reina Collazos, para que los verdaderos culpables paguen por lo
que hicieron y entre otras solicitudes (...)

1) Solicito que su H. despacho intervenga y se realicen acciones de manera
urgente a fin de proteger mis derechos en riesgo y vulnerados.

2) Solicito correr traslado a mi petición, ante el expediente de acción de tutela
para que se esclarezcan las farzas y mentiras que se vienen presentando
y las pretensiones de los accionados.

6
Original de la cita: “Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-311 de 2013. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-2015A de 2013. M.P.
Mauricio González Cuervo”.
7
Original de la cita: “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
8
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González
Cuervo. En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver peticiones propias de su
actividad jurisdiccional y la vulneración al debido proceso, ver entre otras, sentencias T-377 de
2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo;
T-007 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Diaz. En lo
relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver peticiones propias de su actividad
jurisdiccional y la vulneración al acceso a la administración de justicia, ver entre otras, sentencias
C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-006 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-173 de 1993: M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-268 de 1996. M.P. Antonio
Barrera Carbonell”.
9
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González
Cuervo”.
7

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

3) Solicito por mis derechos fundamentales y vulnerados con copia a
nacionales e internacionales: ONU, OEA, C.I.D.H., ONG y al ministro del
Interior y de Justicia, oficina en Colombia del alto comisionado de las
Naciones Unidas para los DD.HH, al H. Presidente de la República de
Colombia y los que tengan que intervenir a mi Acción Urgente Formal ya
que el Estado me tiene secuestrado y privado de mis derechos
fundamentales y constitucionales por un delito que no cometí.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI.

Bajo la anterior precisión, le correspondería a la Sala establecer si se vulneraron
los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
señor Juan Carlos Cerón Alzate, pero frente a ello se advierte que actualmente la
solicitud de amparo carece de objeto, porque los hechos que dieron lugar a la
interposición de la demanda de tutela fueron superados.

Al respecto, se ha sostenido que cuando los hechos que motivaron la acción
desaparecen o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela
pierde su razón de ser y, por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo
solicitado en la demanda no surtiría ningún efecto, la Corte Constitucional ha
definido tal situación como “carencia actual de objeto”.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual de
objeto se puede configurar por tres situaciones: i) hecho superado, ii) daño
consumado o iii) acaecimiento de una situación sobreviniente. Frente a estas
figuras se ha sostenido10:

3.1.1. Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño
o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera
que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese
la vulneración o impedir que se materialice el peligro11. Así, al existir la
imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el
resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la
Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es
improcedente cuando se ha consumado la vulneración12 pues, esta acción fue
concebida como preventiva mas no indemnizatoria.

3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento
de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante13. Dicha superación se
10
T-038 de 1º de febrero de 2019, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
11
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada).
12
Decreto 2591 de 1991, artículo 6: ‘La acción de tutela no procederá: // (…) 4. Cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción
u omisión violatoria del derecho’”.
13
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
8

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la
accionada los ha garantizado14.

3.1.3. Acaecimiento de una situación sobreviniente15. Se presenta en aquellos
casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que a diferencia del
escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y
que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva
situación hizo innecesario conceder el derecho. (…).

En el caso bajo estudio, la Sala observa que, tal y como lo afirmó el consejero
Fredy Ibarra Martínez -y se corroboró en el aplicativo SAMAI-, mediante proveído
de 10 de noviembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B se pronunció frente a la petición del accionante, en los siguientes términos:

1) De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1755 de 20151, toda persona
puede presentar peticiones ante las autoridades administrativas con el fin de
obtener un pronunciamiento por parte de estas.

2) Sin embargo, cuando la petición se presentó ante autoridades judiciales y
tiene como fin obtener un pronunciamiento expreso sobre un asunto
relacionado con el proceso, la solicitud no se rige por las reglas propias del
derecho de petición ante autoridades administrativas de que trata la referida
ley y la parte primera del código; por el contrario, en esa hipótesis se habla de
derecho de postulación o de petición judicial y no de derecho de petición en
estricto sentido, motivo por el cual las solicitudes se sujetan a los términos y
procedimientos establecidos en los normas adjetivas.

3) En ese orden, ambos mecanismos se distinguen no solo por la naturaleza
de la solicitud, sino por la respuesta, el trámite, los términos y la finalidad, de
modo que si la respuesta conlleva una decisión judicial sobre cualquier asunto
relacionado con la litis en el cual la contestación equivaldría a una actuación
expedida en función jurisdiccional estamos ante una petición judicial, evento
en el cual el juez no está obligado a responder bajo las previsiones normativas
del derecho de petición.

4) (…)

5) De acuerdo a lo anterior se advierte con claridad que la solicitud presentada
por el señor Juan Carlos Cerón Álzate corresponde a una petición con
contenido estrictamente judicial, pues en ella se insiste en que en el proceso
por el cual el actor fue investigado hubo irregularidades y autoridades como la

Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado), entre otras”.
14
Original de la cita: “Decreto 2591 de 1991, artículo 26: ‘[s]i, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes’”.
15
Original de la cita: “La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera
modalidad de carencia actual de objeto cuando acaece un hecho posterior a la demanda. Por
ejemplo las sentencias T-988 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (MP
Alberto Rojas Ríos), entre otras”.
9

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Procuraduría General de la Nación (a quien iba dirigida inicialmente la petición
objeto de la acción de la referencia) se negaron a dilucidar ‘para que salga la
verdadera responsabilidad de los hechos que estoy pagando impunemente’,
es decir, en últimas lo que pretende el actor es un nuevo pronunciamiento de
carácter estrictamente judicial sobre los hechos que ya fueron materia de
discusión en los fallos de tutela expedidos por esta Corporación, pese a que
en la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado se declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado respecto de la petición que el actor había elevado
ante la Procuraduría General de la Nación.

6) En esos términos, la actuación que demanda el solicitante, se insiste, es
estrictamente judicial y se encuentra sometida a las reglas propias del proceso
y no a las del derecho de petición ante autoridades administrativas contenidas
en la Ley 1755 de 2015.

7) Por consiguiente, como a la fecha ya existe una decisión judicial en firme,
proferida el 19 de mayo de 2022 en segunda instancia por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado respecto de la alegada vulneración al
derecho fundamental de petición del demandante, este despacho ordenará
estarse a lo resuelto en tales decisiones.

RESUELVE

Primero: Resuélvase la petición judicial presentada por el señor Juan Carlos
Cerón Alzate en el sentido de ordenársele estarse a lo resuelto en la
sentencia de 21 de febrero de 2022 proferida en primera instancia por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la sentencia de
19 de mayo de 2022, proferida en segunda instancia por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

Segundo: Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante
telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y
eficaz.

En ese contexto, como el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B se
pronunció frente a la petición del señor Juan Carlos Cerón Alzate, la Subsección
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, porque “entre el
momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de
derechos fundamentales alegada por el accionante16”17.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

16
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado), entre otras”.
17
T-038 de 1º de febrero de 2019, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
10

Radicación número: 110010315000202204979 00
Accionante: Juan Carlos Cerón Alzate
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.