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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04979-01

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04979-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04979-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2022-04979-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN CARLOS CERÓN ALZATE

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ HECHO
SUPERADO. EN EL CURSO DE LA ACCIÓN DE TUTELA LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA RESOLVIÓ LA PETICIÓN OBJETO DE LA CONTROVERSIA. A
TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN DEL FALLO PROFERIDO EN PRIMERA
INSTANCIA NO ES PROCEDENTE CUESTIONAR EL SENTIDO EN EL QUE FUE
RESUELTA LA PETICIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN, A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA
IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 18 de noviembre de 2022, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN A- DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró

la carencia actual de objeto por hecho superado en el asunto de la

referencia.

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 1100103150002022 04979 00
Actor: JUAN CARLOS CERÓN ALZATE

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JUAN CARLOS CERÓN ALZATE, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales de petición, a la dignidad humana y a la igualdad, los

cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA

-SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 por no dar

respuesta a la solicitud que elevó el 13 de junio de 2022, dentro de

la acción de tutela identificada con el número único de radicación

110010315000 2021 11598 01.

I.2.- Hechos

Comentó que se encuentra recluido en el COMPLEJO CARCELARIO-

JAMUNDÍ -COJAM, como consecuencia de la condena que le fue

impuesta por el asesinato del político MANUEL JOSÉ REINA

COLLAZOS en el año 2010.

2
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

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Número único de radicación: 1100103150002022 04979 00
Actor: JUAN CARLOS CERÓN ALZATE

Indicó que el 9 de agosto de 2021, solicitó a la Procuraduría General

de la Nación que remitiera copia de su proceso a la Presidencia de la

República, a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte

Constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura, entre otras

entidades, con la finalidad de que conocieran los argumentos con los

cuales ilustraría sobre su inocencia y se investigara de forma

adecuada su caso.

Precisó que ante la falta de respuesta interpuso una acción de tutela

ante esta Corporación con la finalidad de obtener la protección a su

derecho de petición y que, en consecuencia, se corriera traslado de

sus pretensiones a las autoridades aludidas, para que investigaran

su situación.

Aseguró que la solicitud de amparo aludida fue identificada con el

número único de radicación 110010315000-2021-11598-00 y

atribuida para su trámite en primera instancia a la SECCIÓN

TERCERA –SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO que,

mediante sentencia de 21 de febrero de 2022, denegó el amparo

solicitado ante la falta de prueba de presentación de la petición.

Manifestó que, luego de haber impugnado la referida decisión,

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Actor: JUAN CARLOS CERÓN ALZATE

mediante sentencia de 19 de mayo de 2022, la SECCIÓN SEGUNDA

declaró la carencia de objeto por hecho superado, en razón a que la

Procuraduría dio una respuesta a su solicitud, en la que le indicaba

que revisaría la actuación penal ante sus manifestaciones para

determinar la viabilidad de promover una acción de revisión; no

obstante, de sugerirle la posibilidad que tiene de promover este

recurso directamente.

Adujo que el día 13 de junio de 2022, a través de “una acción

urgente”, solicitó a la SECCIÓN SEGUNDA su intervención para que

sus derechos fueran protegidos y se corriera traslado a las

autoridades competentes para que estudien su inocencia en el

homicidio que se le atribuyó.

Sostuvo que a la fecha de interposición de la acción de tutela de la

referencia, no había obtenido respuesta alguna sobre su solicitud, lo

que implica que se vulneró “[…] una de las esferas del núcleo esencial

de mi derecho fundamental de petición, como acción urgente formal

[…]”.

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I.3.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende lo

siguiente:

“[…] 01. Tutélese mi derecho fundamental como acción urgente
formal conculcado por obtener de la protección de la violación
por parte de la entidad que aún no ha respondido el derecho de
petición. Como consecuencia de ello ordénese a los accionados
que no respondieron el derecho de petición formal, que en el
plazo perentorio procedan a darme respuesta oportuna, de
fondo, suficiente, clara, precisa, completa y correctamente
notificada a mi solicitud elevada el 13 de junio de 2022.

02. Mi dignidad humana, vida, tratos dignos y no ser
discriminado.

03. Derecho a las garantías constitucionales.

04. Pido el derecho de igualdad, art. 13 de la CN. 05. Ordenar a
los accionados procedan a intervenir y garantizarme mis
derechos fundamentales y constitucionales y tratados
internacionales de los derechos humanos para así mismo evitar
más daños irreparables e irreversibles por parte del Estado
Colombiano y gobiernos anteriores por ocultar la verdad del
homicidio del Dr. Manuel José Reina Collazos.

06. Ordenar al accionado al Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas,
si a la fecha no lo hubiera corrido traslado a las demás entidades
accionadas de ordenar correr traslado de la manera oportuna y
eficaz y a su vez se pronuncie de fondo si compulsó o no
compulsó copias y las razones. Solicito se me notifique todo lo
actuado […]”. (sic).

I.5.- Defensa

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I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA indicó que, en efecto, conoció en

segunda instancia de la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 110010315000-2021-11598-01 aludida por el

actor.

Comentó que luego de haberse notificado la sentencia respectiva, el

1o. de julio de 2022, tuvo conocimiento del memorial que el actor

presentó denominándolo “acción urgente formal” y que tenía íntima

relación con lo ya decidido en ese trámite.

Explicó que, al haberse reducido su competencia a conocer

únicamente de la impugnación del fallo, ordenó la remisión del

memorial de la solicitud al consejero sustanciador en primera

instancia, mediante auto de 11 de julio de 2022.

I.5.2.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO

DE ESTADO, vinculada al proceso como tercera con interés directo

en las resultas del proceso por haber conocido en primera instancia

la acción de tutela identificada con el número de radicado 2021-

11598-01, explicó que resolvió la petición del actor mediante auto de

10 de noviembre de 2022, mediante el cual dispuso estarse a lo

resuelto en las sentencias de 21 de febrero de 2022 y 19 de mayo

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de la misma anualidad proferidas dentro de la citada acción de tutela.

Afirmó que la decisión obedeció a que la solicitud era estrictamente

judicial, dado que el actor insistía en que en su proceso hubo

irregularidades, sin que la Procuraduría hubiera desplegado actividad

alguna para dilucidar quién era el verdadero responsable del crimen

que se le atribuyó.

Expuso que las solicitudes que se elevan para obtener un nuevo

pronunciamiento en un proceso judicial no se rigen por las reglas

propias del derecho de petición, sino por los procedimientos y

términos de las normas adjetivas.

Agregó que en ese orden de ideas la solicitud de amparo de la

referencia debía declararse improcedente o en su lugar declararse el

hecho superado, por tratarse de una solicitud que no se rige por las

normas del derecho de petición, la cual en todo caso ya fue resuelta.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 18 de noviembre de 2022, la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- de esta Corporación declaró la

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carencia de objeto por hecho superado.

Destacó que al analizar el contenido de la petición origen de la

controversia, advertía que en efecto constituía una solicitud judicial;

no obstante, al haber sido resuelta a través del auto de 10 de

noviembre de 2022, la acción de tutela carecía de objeto.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando

que el motivo de su acción de tutela no es solo recibir respuestas de

los distintos entes de control, sino obtener la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y a su libertad, al estar

condenado por hechos frente a los cuales es inocente.

Indicó que si bien recibió una respuesta a su petición, la realidad es

que ninguna institución ha estudiado el fondo de la misma, porque lo

que reitera la necesidad de que se revise la sentencia en la que le

impusieron la condena y por la cual ha estado privado de la libertad

desde hace más de 12 años.

Aseveró que la justicia ha incumplido su deber de investigar y

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enjuiciar a los verdaderos responsables del delito que se le atribuyó,

por lo que se verá en la necesidad de acudir a estrados

internacionales en búsqueda de protección.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor pretende obtener el amparo de sus

derechos fundamentales de petición, dignidad humana e igualdad,

los cuales estima vulnerados por la falta de respuesta a la solicitud

que elevó el 13 de junio de 2022 ante la SECCIÓN SEGUNDA de

esta Corporación, dentro del trámite de segunda instancia de la

acción de tutela identificada con el número único de radicación

110010315000 2021-11598-01.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- de esta Corporación que

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".

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declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la

solicitud aludida fue resuelta en el trámite de la presente acción de

tutela.

En el escrito de impugnación el actor manifestó que si bien recibió

una respuesta a su solicitud, lo cierto es que el fondo de la misma no

ha sido estudiado por ninguna institución, dado que lo que siempre

ha pretendido es que se revise la sentencia mediante la cual fue

condenado y privado de su libertad.

En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si la autoridad

judicial accionada vulneró los derechos deprecados por el actor, en

relación con la solicitud que elevó el 13 de junio de 2022, dentro de

la acción de tutela identificada con el número único de radicación

110010315000 2021 11598 01 y, en todo caso, si en el presente

caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

Para resolver el problema jurídico, la Sala hará mención al marco

jurídico del derecho de petición ante autoridades judiciales y en

seguida estudiará el fondo del asunto.

Del derecho de petición instaurado ante autoridades

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judiciales

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades

judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no

resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se

pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante

el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites

para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador

constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el

contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o

administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el

amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20174, en

la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,

proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único

de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.

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tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el

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aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

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Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha

explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la

potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su

soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes

asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en

nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace

referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su

conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)5.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la

5
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

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competencia6 que le asigna la ley7 […]”.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que la controversia tiene como

precedente una condena que le fue impuesta al actor, al habérsele

atribuido la comisión del delito de homicidio en el año 2010, no

obstante que aquel ha asegurado no ser el responsable del crimen.

En el año 2021 el actor elevó una petición ante la Procuraduría

General de la Nación, con la finalidad de que remitiera copias a la

Presidencia de la República, a la Fiscalía General de la Nación, a la

Corte Constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura, entre

otras entidades, para que se revisaran las afirmaciones que hacía

sobre su inocencia.

Ante la falta de respuesta de la referida solicitud el actor promovió la

6
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:

“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.

La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.

7
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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acción de tutela identificada con el número único de radicación 2021-

11598-01 aludida, sin embargo, en la medida que la petición fue

contestada en el curso del proceso, mediante sentencia de 19 de

mayo de 2022, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación declaró

la carencia actual de objeto por hecho superado.

El 13 de junio de 2021 el actor suscribió la petición origen de la

controversia ante la SECCIÓN SEGUNDA, en la que reiteró su

solicitud de amparo y la pretensión encaminada a que se remitieran

copias a diferentes entidades para que se advirtiera su inocencia, así:

“[…]

Consejero Ponente: Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A

[...]

De acuerdo a la radicación de la acción de tutela no.
11001031500020221159801.

[…]
Por las violaciones a mis derechos fundamentales que se vienen
presentando y lo que el Estado Colombiano pretende ocultar del
homicidio del señor: Manuel José Reina Collazos, para que los
verdaderos culpables paguen por lo que hicieron y entre otras
solicitudes […]

1) Solicito que su H. despacho intervenga y se realicen acciones
de manera urgente a fin de proteger mis derechos en riesgo y
vulnerados.

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Número único de radicación: 1100103150002022 04979 00
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2) Solicito correr traslado a mi petición, ante el expediente de
acción de tutela para que se esclarezcan las farsas y mentiras
que se vienen presentando y las pretensiones de los accionados.

3) Solicito por mis derechos fundamentales y vulnerados con
copia a nacionales e internacionales: ONU, OEA, C.I.D.H., ONG
y al ministro del Interior y de Justicia, oficina en Colombia del
alto comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH, al H.
Presidente de la República de Colombia y los que tengan que
intervenir a mi Acción Urgente Formal ya que el Estado me tiene
secuestrado y privado de mis derechos fundamentales y
constitucionales por un delito que no cometí […]”. (sic).

Dicha solicitud fue resuelta en el trámite del presente asunto, a

través de auto de 10 de noviembre de 2022, por la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DE ESTA CORPORACIÓN,

autoridad que conoció en primera instancia la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 2021-11598-01, en

los siguientes términos:

“[…] 1) De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1755 de
2015, toda persona puede presentar peticiones ante las
autoridades administrativas con el fin de obtener un
pronunciamiento por parte de estas.

2) Sin embargo, cuando la petición se presenta ante autoridades
judiciales y tiene como fin obtener un pronunciamiento expreso
sobre un asunto relacionado con el proceso, la solicitud no se
rige por las reglas propias del derecho de petición ante
autoridades administrativas de que trata la referida ley y la parte
primera del código; por el contrario, en esa hipótesis se habla
de derecho de postulación o de petición judicial y no de derecho
de petición en estricto sentido, motivo por el cual las solicitudes
se sujetan a los términos y procedimientos establecidos en las
normas adjetivas.

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3) En ese orden, ambos mecanismos se distinguen no solo por
la naturaleza de la solicitud, sino por la respuesta, el trámite, los
términos y la finalidad, de modo que si la respuesta conlleva una
decisión judicial sobre cualquier asunto relacionado con la litis
en el cual la contestación equivaldría a una actuación expedida
en función jurisdiccional estamos ante una petición judicial,
evento en el cual el juez no está obligado a responder bajo las
previsiones normativas del derecho de petición.

[…]

5) De acuerdo a lo anterior se advierte con claridad que la
solicitud presentada por el señor Juan Carlos Cerón Álzate
corresponde a una petición con contenido estrictamente judicial,
pues en ella se insiste en que en el proceso por el cual el actor
fue investigado hubo irregularidades y autoridades como la
Procuraduría General de la Nación (a quien iba dirigida
inicialmente la petición objeto de la acción de la referencia) se
negaron a dilucidar ‘para que salga la verdadera responsabilidad
de los hechos que estoy pagando impunemente’, es decir, en
últimas lo que pretende el actor es un nuevo pronunciamiento
de carácter estrictamente judicial sobre los hechos que ya fueron
materia de discusión en los fallos de tutela expedidos por esta
Corporación, pese a que en la sentencia de segunda instancia
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado se declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la petición que el actor había elevado ante
la Procuraduría General de la Nación.

6) En esos términos, la actuación que demanda el solicitante, se
insiste, es estrictamente judicial y se encuentra sometida a las
reglas propias del proceso y no a las del derecho de petición ante
autoridades administrativas contenidas en la Ley 1755 de 2015.

7) Por consiguiente, como a la fecha ya existe una decisión
judicial en firme, proferida el 19 de mayo de 2022 en segunda
instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en la que se declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la alegada vulneración al derecho
fundamental de petición del demandante, este despacho
ordenará estarse a lo resuelto en tales decisiones.

RESUELVE:

Primero: Resuélvase la petición judicial presentada por el señor
JUAN CARLOS CERÓN ALZATE en el sentido de ordenársele
estarse a lo resuelto en la sentencia de 21 de febrero de 2022

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proferida en primera instancia por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y la sentencia de 19 de mayo de
2022, proferida en segunda instancia por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

Segundo: Notifíquese esta decisión personalmente a las partes
o mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por
cualquier otro medio expedito y eficaz […]”

La referida providencia fue notificada de forma personal al actor el

día 18 de noviembre de 2022, según consta en el índice 55 y 56 del

expediente digital visto en el aplicativo SAMAI.

Lo anterior lleva a concluir que, en efecto, pese a que la solicitud

aludida por el actor es de carácter judicial, por lo cual no le serían

aplicables las normas generales sobre el derecho de petición, lo cierto

es que, al haber sido resuelta, la presente acción de tutela carece de

objeto por hecho superado.

En relación con el concepto de la carencia actual de objeto

desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T-653 de

2017, que lo define como «la imposibilidad material en la que se

encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita

salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados»8.

8
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Y en la misma sentencia se precisó que el fenómeno previamente

descrito puede materializarse a través de las siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque
a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis,
o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la

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intervención del juez de tutela […]”9. (Se resalta).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo

siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”10.

9
Ibídem.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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Ahora bien, el hecho de que el actor no esté de acuerdo con el sentido

en el que fue resuelta su solicitud no hace procedente que, a través

de la impugnación del fallo proferido en primera instancia en la

presente acción de tutela, pueda controvertir su contenido.

No obstante, sin perjuicio de lo anterior, en la medida que el actor

pone de presente en su impugnación que lo que requiere es que la

autoridad competente revise la sentencia en la que le fue impuesta

la condena a la que alude, la Sala señala que dicho aspecto, de ser

procedente, debe ventilarlo a través de la acción de revisión

respectiva, en los términos del artículo 192 y subsiguientes del

Código de Procedimiento Penal.

Consecuente con lo anterior, la Sala advierte que teniendo en cuenta

que la petición origen de controversia fue resuelta en el curso del

presente asunto por la autoridad judicial respectiva, es claro que se

configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, razón por

la cual se confirmará la sentencia impugnada, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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