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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04984-01

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-04984-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 20 de octubre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04984-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

8 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso
Demandados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros1

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general consistente en que la solicitud de tutela no controvierta una
sentencia de tutela

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de
tutela

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad; iii) acceso
a la administración de justicia y iv) petición

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 20 de octubre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual i) declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Bogotá; ii) negó la solicitud de tutela en relación con el “[…] reproche por la
presunta omisión de respuesta por parte del Consejo de Estado […]”; y iii) declaró
la improcedencia de la acción de tutela “[…] respecto a la sentencia de tutela del 3
de febrero de 2022 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado […]”.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Bogotá, porque, a su juicio, i) la Sección Cuarta, al omitir dar respuesta a la
petición presentada el 9 de junio de 2022, mediante la cual solicitó que se le
entregaran copias de los documentos que el Consejo de Estado exigió al SENA en
el trámite de la acción de tutela identificada con el número único de radicación
110010315000202105748-01; ii) el Juzgado, al omitir dar respuesta a la petición
presentada el 19 de julio de 2022, a través de la cual solicitó “[…] se le entregaran
copias de lo aportado por el SENA en la apelación de su historial laboral de los
últimos 10 años […]”; y iii) la Sección Cuarta, al proferir la sentencia de 3 de febrero
de 2022, en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de
radicación 110010315000202105748-01: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
con el fin de que le reliquidaran su pensión de jubilación.

4. Indicó que, el 30 de septiembre de 2014, el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda mencionada supra
(proceso identificado con el número único de radicación 110013335009201300159-

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

00); sin embargo, precisó que, con ocasión al recurso de apelación que presentó el
SENA, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 21 de febrero de 2019, resolvió revocar la
decisión de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.

5. Sostuvo que, presentó acción de tutela contra las sentencias de la referencia,
la cual fue resuelta el 16 de septiembre de 2021 por la Sección Primera del Consejo
de Estado en el sentido de declarar su improcedencia por no cumplir con el requisito
general de la inmediatez (proceso identificado con el número único de radicación
110010315000202105748-00); decisión que fue confirmada el 3 de febrero de 2022
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

6. Manifestó que, el 9 de junio de 2022, presentó una petición ante el Consejo
de Estado mediante la cual solicitó: “[…] por favor se me entreguen copias de toda
la relación que el Consejo le exigió al SENA, sobre lo pagado, de mi trabajo en los
últimos 10 años de que habla el artículo 21 de la ley 100 […]”.

7. Afirmó que, el Consejo de Estado no resolvió su solicitud, razón por la cual
acudió a las instalaciones de dicha autoridad judicial, donde una funcionaria “[…]
respondió que eso no lo hacía el Consejo de Estado, que esa parte la tenía que
haber hecho el Tribunal de Cundinamarca […]”.

8. Señaló que, posteriormente, acudió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para “[…] conocer lo que el SENA le había enviado anexo a la
demanda respecto a la información de mi trabajo en los últimos 10 años […]”, pero
un funcionario le informó que debía dirigir su solicitud al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Bogotá.

9. Indicó que, el 19 de julio de 2022, envió una petición al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Bogotá, a través de la cual solicitó de nuevo que “[…]
se me entregue copias de lo aportado por el SENA en la apelación de mi historial
laboral de los últimos 10 años […]”2.

2 “[…] , III. Petición. Como para la solución esta demanda se agotaron todos los fundamentos de la ley 100 de

1993, y corno pruebas las por mi abogado en su momento lo mismo hizo el SENA al pedir en la Apelación no

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Actor: Humberto Rozo Moscoso

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Me sea entregado mes a mes los desprendibles o comprobantes de los
sueldos devengados desde enero 30 de 1999 a enero 30 de 2009, que son los que
corresponden a los últimos 10 años laborados en el SENA.

2. Se me informe por parte de quien corresponda:

• JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA.
• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN SEGUNDA (2) –
SUBSECCIÓN (B).
• CONSEJO DE ESTADO.

¿Por qué se me negó este derecho consagrado en el artículo 21 de la Ley 100, al
momento de emitir el fallo en mi contra, negando la demanda de la reliquidación por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda (2) Subsección
(B) en segunda instancia?

3. Se me informe por parte del CONSEJO DE ESTADO, ¿POR QUÉ NO VALORÓ
ESTA PETICIÓN, DE QUE SE TUVIESE EN CUENTA LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
LABORALES EN EL SENA EN EL MOMENTO DE FALLO DE LA TUTELA
NEGÁNDOLA? ¿LA IMPUGNACIÓN Y EL DERECHO DE PETICIÓN?

4. Se me informe por qué el SENA no tuvo en cuenta las horas extras de 2003 – 2004
– 2005 – y 2006 en el momento de liquidarme […]”.

11. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que las autoridades
demandadas vulneraron su derecho fundamental de petición al no responder la
solicitud radicada el 19 de julio de 2022 ante el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Bogotá. Precisó que, de conformidad con la información entregada por
Servientrega, su derecho de petición fue recibido en el juzgado el 26 de julio de 2022,
por lo cual han pasado más de 33 días hábiles sin haber obtenido una respuesta.

12. Indicó que su interés es “[…] saber si al SENA le solicitaron mi historial laborado
y pagado en los últimos 10 años por cualquier de los tres organismos del Estado

se considerara el último año, y solo se tuviera en cuenta los últimos 10 años que ordena el articulo 21 lógico
es que el abogado del SENA hizo este aporte de esta historia laboral. Baso mi petición en que se me entregue
copias de lo aportado por el SENA en la apelación de mi historial laboral de los últimos 10 años y de no haber
sido así, es lógico que lo pidió el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO o el TRIBUNÀL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA a través del magistrado ponente José Romero Romero. Lo importante es que se me
haga entrega de esta historia laboral de los últimos 10 años laborados en el SENA, y que está en el proceso
porque fue tomada como prueba decisoria a esta apelación de segunda instancia […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

encargados de impartir justicia, por donde a (sic) transitado [mi] petición […] y poder
tener claro que en [el] fallo de segunda instancia que tutelé ante el Consejo de
Estado no se me haya violado el debido proceso […]”.

13. Agregó la siguiente pregunta: “[…] ¿Cómo fallaron violando la ley 100 artículo
21, y es claro que en el momento de producir el fallo favoreciendo al SENA,
basándose en este artículo 21 de la ley 100 igual derecho tenía yo porque en los
últimos 10 años […] había laborado con horas extras? […]”.

Actuación

14. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 21 de septiembre de 2022: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a las autoridades demandadas; y iii) vinculó,
como tercero con interés legítimo, al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA,
concediéndoles el término de dos (2) días para rendir informe.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

15. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó “[…] (i) que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque no se cumple ninguno de los supuestos
jurisprudenciales para controvertir decisiones de la misma naturaleza, y (ii)
subsidiariamente, que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela porque la
alegada vulneración del derecho fundamental de petición no se configuró […]”.

15.1. Al respecto, señaló que:

“[…] En primer lugar, de entenderse que la acción de tutela se dirige contra un fallo
de la misma naturaleza, valga indicar que, por regla general, dicho mecanismo
constitucional no procede contra sentencias la (sic) misma naturaleza.

En efecto, contra la decisión que se profirió en segunda instancia, en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que no accedió a la
pretensión de reliquidación de la pensión de jubilación del demandante, éste
interpuso acción de tutela que se declaró improcedente por no cumplir el requisito
de la inmediatez, decisión que fue objeto de impugnación y se confirmó por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 3 de febrero de 2022, bajo
el mismo argumento (exp. No. 11001-03-15-000-2021-05748-00).

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Actor: Humberto Rozo Moscoso

Esa decisión se sustentó de forma suficiente en el incumplimiento del requisito de la
inmediatez, por lo que no hay cosa juzgada fraudulenta y tampoco se desconoció el
derecho de contradicción ya que los demandados y terceros interesados en el trámite
judicial fueron debidamente vinculados […]”.

[…]

“[…] En segundo término, en relación con la supuesta vulneración del derecho
fundamental de petición, se observa que mediante escrito de 6 de abril de 2022, el
accionante solicitó al Secretario General de esta Corporación que se le remitiera
copia de las actuaciones judiciales surtidas en el marco de la acción de tutela No.
11001-03-15-000-2021-05748-00, así como de “Todo lo que el SENA, presentó de
acuerdo a lo que esta Entidad me pagó en los últimos 10 años”. Esa solicitud se
sustentó en el “derecho de saber qué fue lo que el SENA me tuvo en cuenta como
liquidación, en los últimos 10 años de mi vida laboral”.

Dicha solicitud fue debidamente resuelta mediante oficio No. CGQ-0887 de 8 de abril
de 2022, en los siguientes términos […] De acuerdo con las instrucciones dadas por
la Secretaría General, el 1 de junio de 2021 le fue habilitado al actor el acceso al
Sistema Judicial Samai para que consultara todas las actuaciones y piezas
procesales que reposaban en el expediente No. 11001-03-15-000-2021-05748-00.

A través de correo electrónico de 10 de junio de 2022, el señor Rozo Moscoso
presentó una nueva solicitud dirigida a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
la que reiteró la petición de acceso a los documentos en los que se encontraban los
pagos realizados por el SENA dentro de los últimos diez (10) años de servicio.

La Secretaría General de esta Corporación en escrito de 14 de junio de 2014,
resolvió la petición en los siguientes términos […]”.

[…]

“[…] Dicho oficio fue remitido a este Despacho mediante informe secretarial, por lo
que por auto de 12 de julio de 2022 se ordenó el archivo del expediente de tutela No.
11001-03-15-000-2021-05748-01.

De lo anterior, es (sic) puede concluir que la Secretaría General del Consejo de
Estado dio respuesta a las peticiones formuladas por el demandante, las cuales
fueron debidamente notificadas, por lo que no se configura vulneración alguna del
derecho fundamental de petición […]”.

16. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que:

“[…] El señor Humberto Rozo Moscoso, con fecha 26 de julio de 2022, remitió a este
estrado judicial, escrito en ejercicio del derecho constitucional de petición […] Al día
siguiente de ser recibida la anterior petición (27/07/2022), el Juzgado dio respuesta al
señor Humberto Rozo Moscoso […]”.

[…]

“[…] Sin embargo, con la presente tutela se advirtió que el correo de respuesta fue
enviado al correo desde donde había sido remitida la petición, a saber, […], y no al
informado por el actor en el texto de su petición.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

1.4. Para corregir lo anterior, el día de hoy se remitió nuevamente la respuesta al
accionante, sobre el mismo hilo de la anterior, pero esta vez al correo electrónico
informado por el petente […]”.

1.5. Es de destacar, que el proceso ordinario con radicado No.
11001333500920130015900, no ha sido archivado, y aún permanece en la Secretaría
del Juzgado a la espera de la comparecencia del señor Humberto Rozo Moscoso, a
obtener las piezas procesales que requiera.

Al respecto, es pertinente precisar que, la inconformidad del tutelante radica
principalmente en la falta de respuesta a la petición interpuesta cuyo objeto es la
expedición de copias, no obstante lo anterior, no puede perderse de vista, que dicha
situación ya fue superada en tanto que a través de correo electrónico de 23 de
septiembre de 2022, se le dio respuesta, siendo notificado en debida forma, razón por
la cual en el sub examine se configura la carencia actual de objeto por hecho superado
[…]”.

17. El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA solicitó negar la acción de tutela.
Al respecto, sostuvo lo siguiente:

“[…] Con ese contexto, es claro que el SENA no está violando ningún derecho
fundamental de petición porque la presunta omisión la están teniendo las entidades
judiciales mencionadas. Sin embargo, eso no indica que la presente tutela sea
procedente, pues se está presentando contra procedimientos judiciales ya
culminados que tuvieron unas etapas preclusivas.

Asimismo, esta tutela tiene como fin revivir los términos que se surtieron en los
procesos judiciales y revisar las decisiones allí tomadas, tanto ordinarias como de
amparo constitucional, porque el accionante se siente inconforme con los fallos.

Por lo anterior, considero que la acción de tutela no es el medio adecuado para
revisar decisiones judiciales, invocando la violación del derecho fundamental de
petición, toda vez que el accionante tiene acceso al expediente y puede tomar copia
de las piezas procesales que considere pertinentes […]”.

18. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 20 de octubre de 2022, por medio de la cual
resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE la carencia actual de objeto por hecho superado con
respecto al cargo dirigido en contra del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Bogotá.

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Actor: Humberto Rozo Moscoso

SEGUNDO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados frente al
reproche por la presunta omisión de respuesta por parte del Consejo de Estado.

TERCERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional con respecto
a la sentencia de tutela del 3 de febrero de 2022 de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión […]”.

19.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 10.- La Sala observa que mediante correo electrónico enviado el 27 de julio de
2022, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá dio respuesta al
derecho de petición presentado por el actor el 26 de julio de 2022; sin embargo, este
fue dirigido a la dirección electrónica […], y no a aquella mencionada por el
peticionario en su solicitud: […]. El juzgado accionado notó dicho error en el trámite
de la presente acción de tutela y el 23 septiembre de 2022 remitió nuevamente la
respuesta al accionante, esta vez al correo electrónico correcto.

10.1.- En la respuesta dada al actor se le informó que de conformidad con las
directrices del Consejo Superior de la Judicatura, el proceso ordinario con radicado
No. 11001-33- 35-009-2013-00159-00 no se digitalizó por su antigüedad. Por esto,
comunicó al actor que podría dirigirse a la secretaría del despacho para consultar el
expediente físico. Allí agregó que el proceso ordinario de referencia no había sido
archivado y permanecía en la secretaría del juzgado para consulta del actor.

10.2.- De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que durante el trámite de la
presente acción de tutela el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá
dio respuesta clara, de fondo, precisa y congruente a la solicitud presentada el 26
de julio de 2022. Además, la mencionada respuesta fue debidamente notificada al
correo electrónico aportado por el actor en su derecho de petición, por lo que se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

F. La Secretaría General del Consejo de Estado respondió la petición del 9 de junio
de 2022 con anterioridad de la presentación de la acción de tutela, por lo cual se
niega el amparo solicitado

11.- La Sala constata que el 14 de junio de 2022 la Secretaría General del Consejo
de Estado respondió la solicitud presentada por el actor el 9 de junio de 2022, por lo
cual no se aprecia vulneración del derecho de petición del accionante en este
sentido. Se recuerda que el actor solicitó en ese entonces que se le entregaran
copias de los documentos que el Consejo de Estado exigió al SENA en el trámite de
la acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2021-05748-01.

11.1.- En la respuesta del 14 de junio de 2022 la Secretaría General del Consejo de
Estado informó al actor que: (i) su solicitud ya había sido resuelta el 8 de abril de
2022 con ocasión de otro derecho de petición que el actor presentó el 6 de abril del
mismo año; (ii) informó los canales digitales para verificar el estado de los asuntos
judiciales así como la forma de descargar documentos; y (iii) explicó la manera como
podría accederse a la consulta electrónica del proceso a través de la ventanilla de
atención virtual en SAMAI […]”.

[…]

“[…] Estudiada la solicitud de amparo, en particular la pretensión tercera del escrito
de tutela, la Sala observa que el actor cuestiona también el contenido de la sentencia

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

de tutela del 3 de febrero de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado bajo radicado No. 11001-03-15-000-2021-05748-01, que declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de inmediatez
[…] Al respecto, se declarará la improcedencia de esta solicitud de amparo porque
se dirige contra una sentencia de tutela […] La Sala observa que la acción de tutela
resulta improcedente porque no fue probado que la providencia atacada fuera
producto de una situación de fraude. El actor se limitó a reiterar su inconformidad
con respecto al fallo del 3 de febrero de 2022 […]”.

La impugnación

20. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con fundamento en lo siguiente:

“[…] Si el artículo 86 de nuestra hermosa y clara Constitución habla que para resolver
la tutela son 10 días hábiles ¿Por qué el honorable Magistrado ponente: ¿MARTÍN
BERMÚDEZ MUÑOZ y los Honorables Magistrados se demoraron en responder
esta tutela más del tiempo incluso más de 40 días hábiles porque o es que a mí me
dan otro tratamiento tengo el mismo derecho que todos? […]”.

[…]

“[…] no entiendo porque, el juzgado 9°, el tribunal y el Consejo de Estado no tuvieron
en cuenta pedirle al SENA, lo pertinente a mis últimos 10 años de vida laboral, al no
entregar este parte que es mi petición central, porque al no me tenerme en cuenta
las horas extras laboradas están favoreciendo al SENA, y de paso se me violo el
debido proceso, y el derecho a la igualdad cosa que estos últimos 10 años con estos
factores salariales si se le concedieron a otros pensionados del SENA […]”.

[…]

“[…]

En este mi caso tenía el mismo derecho que tenía el SENA la aplicación para ambas
partes del artículo 21 de la ley 100 porque a ambas partes nos favorecía, o es por
ser una empresa del Estado hay que favorecerla […]”.

[…]

“[…] me dicen en el numeral 5.2 que el juzgado me respondió el 23 de septiembre
claro que si me respondió después de dos meses ahí es donde se me debió fallar la
tutela porque se pasaron más del doble de los 15 días que tenían para responder
pues eso es lo que dice la constitución con el tiempo para responder los derechos
de petición y no me resolvieron nada de mi petición de tener en mis manos el historial
de mis últimos 10 años en el SENA […] mi presunción es que el SENA, incurrió en
un presunto fraude ´procesal , porque yo necesito comparar con el historial que a mí
me entrego (sic) el SENA […]”.

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Actor: Humberto Rozo Moscoso

Trámite en segunda instancia

21. El proceso de la referencia le correspondió por reparto al Consejero de
Estado de la Sección Primera de esta Corporación, doctor Oswaldo Giraldo López.

22. Los Consejeros de Estado de la Sección Primera, doctores Oswaldo Giraldo
López, Nubia Margoth Peña Garzón y Roberto Augusto Serrato Valdés, mediante
escritos recibidos el 10 de febrero de 2023 en la Secretaría General de esta
Corporación, manifestaron su impedimento, para conocer del proceso de la
referencia.

23. El Despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de estado, una
vez se realizó el sorteo de los conjueces requeridos, mediante auto de 16 de marzo
de 2023, resolvió declarar fundados los impedimentos presentados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

24. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

25. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Humberto Rozo Moscoso

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

26. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si
se cumplió con el requisito general consistente en que la solicitud de tutela no
controvierta una sentencia de tutela; ii) si es procedente o no declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado; y si la respuesta al anterior interrogante es
negativa, iii) corresponde establecer si se debe proteger el derecho fundamental
de petición invocado por el actor, el cual considera vulnerado porque, por un lado,
el Consejo de Estado omitió dar respuesta a la petición presentada el 9 de junio de
2022, mediante la cual solicitó que se le entregaran copias de los documentos que
el Consejo de Estado exigió al SENA en el trámite de la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 110010315000202105748-01, y por otro lado,
el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá omitió dar respuesta a la
petición presentada el 19 de julio de 2022, a través de la cual solicitó “[…] se le
entregaran copias de lo aportado por el SENA en la apelación de su historial laboral
de los últimos 10 años […]”.

27. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) la carencia actual de objeto por hecho
superado dentro del marco de la acción de tutela; iv) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;
vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición;
procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

28. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

29. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

30. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el
caso concreto

34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales consistente en que la solicitud de tutela no controvierta una
tutela, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela

35. Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos
fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

36. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de
unificación SU – 627 de 1 de octubre de 201512, fijó la excepción de la precitada
regla jurisprudencia, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

37. En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) la
sentencia de tutela es proferida por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; ii) se presenta la cosa juzgada fraudulenta; iii) se cumplen con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; iv)
la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

38. En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de
procedibilidad, estos son:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”13.

39. De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 201914, consideró que al efectuar
el análisis de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia
judicial cuyo origen emana de un proceso de tutela, al juez constitucional le
corresponde identificar, en primer momento, en qué escenario se profirió la

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550
01.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

providencia judicial cuestionada, para así cerciorarse del cumplimiento de los
parámetros excepcionales previstos en cada escenario.

40. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU- 627 de 2015 frente a
la cosa juzgada fraudulenta consideró que:

“[…] 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de
que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus
omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material,
a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que
tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva,
es posible distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden
específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de
la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme
a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha
dicho que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”. En
este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite
de revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104
de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico,
respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el
precepto fraus omnia corrumpit”, pues

Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues la
decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han
pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión.
Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de revisión
de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de selección para
revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009). En efecto, el
auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete (2007), mientras
que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil diez (2010). Como
se observa, ambos términos son muy inferiores al máximo que la legislación permite
para el recurso extraordinario de revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de
esta Sala, no existe fundamento para considerar que esta medida, que protege al
erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa
juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les asiste o no derecho a
recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se pronuncia sobre una causa
específica en la cual se evidencia la necesidad de aplicar el precepto que establece
que el fraude lo corrompe todo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que
la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones
del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores
democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no
pueden permitir que se consoliden situaciones espurias15, bajo el argumento
de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son
producto de la cosa juzgada fraudulenta […]”. (Resaltado por la Sala).

41. En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de
tutela contra una sentencia de tutela debe acreditarse de manera clara y suficiente,
que la providencia adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una
situación de fraude, que afecta el ideal de justicia presente en el derecho.

Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

42. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

43. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200516, consideró lo
siguiente:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

15 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.
16 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

44. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que17:

“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

45. Así las cosas, la Sala considera que la figura de la carencia actual de objeto
por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los
cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se
produce la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección18.

46. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

47. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
18 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

48. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

49. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

19 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

50. Atendiendo a que la Corte Constitucional20 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

51. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

52. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

20 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
21 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

20

Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición

53. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. […]”

54. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional22 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una
obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el
ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas […]”.

Análisis del caso concreto

55. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

56. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

22 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

Acervo y análisis probatorios

57. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

57.1. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general consistente en que la
solicitud de tutela no controvierta una sentencia de tutela

58. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte lo siguiente respecto a la
presente solicitud de tutela:

Tutela 2. núm. único de radicación
Tutela 1. núm. único de radicación
110010315000202204984-01 (Proceso
110010315000202105748-01
actual)
Actor (a) Humberto Rozo Moscoso Humberto Rozo Moscoso
Sección Cuarta del Consejo de Estado,
Subsección B de la Sección Segunda Subsección B de la Sección Segunda
Demandados del Tribunal Administrativo de del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Cundinamarca y Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Bogotá
i) Debido proceso, ii) igualdad, iii)
Derechos i) Debido proceso, ii) igualdad y iii)
acceso a la administración de justicia y
vulnerados acceso a la administración de justicia
iv) petición
Afirmó que la Subsección B de la Afirmó que la autoridad demandada
Sección Segunda del Tribunal desconoció sus derechos
Administrativo de Cundinamarca, al fundamentales, en la medida en que:
proferir la sentencia de 21 de febrero
de 2019, dentro del proceso i) La Sección Cuarta del Consejo de
adelantado en ejercicio del medio de Estado omitió dar respuesta a la
control de nulidad y restablecimiento petición presentada el 9 de junio de
del derecho identificado con el número 2022, mediante la cual solicitó
único de radicación información sobre “[…] por qué el Sena
110013335009201300159-01, vulneró no tuvo en cuenta el pago de las horas
Presupuestos
sus derechos fundamentales, en la extras laboradas en los años 2003,
fácticos
medida en que aplicó el criterio 2004, 2005 y un ajuste de salario que
jurisprudencial restrictivo contenido en se le hizo en el año 2009 […]”
la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, proferida por la Sala ii) el Juzgado Noveno Administrativo
Plena del Consejo de Estado, del Circuito de Bogotá omitió dar
desconociendo la regla jurisprudencial respuesta a la petición presentada el 19
fijada en la sentencia de unificación de de julio de 2022, a través de la cual
4 de agosto de 2010, la cual, a su solicitó “[…] se le entregaran copias de
juicio, es un criterio más amplio que lo aportado por el SENA en la apelación
materializa los principios de su historial laboral de los últimos 10

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

constitucionales de progresividad y años […]”.
primacía de lo sustancial sobre lo
formal. iii) La Sección Cuarta del Consejo de
Estado profirió la sentencia de 3 de
febrero de 2022, en el proceso de la
acción de tutela identificado con el
número único de radicación
110010315000202105748-01.

“[…] De la lectura del escrito de tutela, “[…] 1. Me sea entregado mes a mes los
se infiere que el actor pretende que se desprendibles o comprobantes de los
deje sin efectos la sentencia de 21 de sueldos devengados desde enero 30 de
febrero de 2019, proferida por el 1999 a enero 30 de 2009, que son los
Tribunal Administrativo de que corresponden a los últimos 10 años
Cundinamarca, Sección Segunda, laborados en el SENA.
Subsección B, y que, como
consecuencia de ello, se ordene dictar 2. Se me informe por parte de quien
una sentencia de reemplazo en la que corresponda:
se acceda a la reliquidación de su
pensión de jubilación, con la inclusión • JUZGADO NOVENO
de todos los factores salariales ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
devengados en el último año de BOGOTA.
servicios […]”. • TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA. SECCIÓN
SEGUNDA (2) – SUBSECCIÓN (B).
• CONSEJO DE ESTADO.
¿Por qué se me negó este derecho
consagrado en el artículo 21 de la Ley
100, al momento de emitir el fallo en mi
Pretensiones contra, negando la demanda de la
reliquidación por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda (2) Subsección (B) en
segunda instancia?

3. Se me informe por parte del
CONSEJO DE ESTADO, ¿POR QUÉ
NO VALORÓ ESTA PETICIÓN, DE
QUE SE TUVIESE EN CUENTA LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS LABORALES EN
EL SENA EN EL MOMENTO DE FALLO
DE LA TUTELA NEGÁNDOLA? ¿LA
IMPUGNACIÓN Y EL DERECHO DE
PETICIÓN?

4. Se me informe por qué el SENA no
tuvo en cuenta las horas extras de 2003
– 2004 – 2005 – y 2006 en el momento
de liquidarme […]”.

59. La Sala advierte que la presente solicitud de amparo comparte identidad
procesal con la acción de tutela cuestionada, toda vez que, en últimas, el actor
controvierte la sentencia de 21 de febrero de 2019 proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
negó sus pretensiones contra el SENA relacionadas con la reliquidación de su
pensión de jubilación; frente a lo cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

confirmó declarar la improcedencia de dicha acción de tutela, al considerar que no
cumplió con el requisito general de la inmediatez.

60. En ese orden se evidencia que el actor interpuso la acción de tutela contra la
sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del marco
de una solicitud de tutela, por lo que, con fundamento en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional se debe declarar improcedente.

61. En ese sentido, resulta preciso indicar que, en los términos de la sentencia
SU – 627 de 201523, la presente solicitud de amparo cuestiona la decisión proferida
dentro de la acción de tutela identificada con el núm. único de radicación
110010315000202105748-01. Al respecto, se advierte que, aun cuando la
providencia la profirió un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, no se
acreditó el requisito de procedibilidad excepcional de la solicitud de tutela contra
tutela consistente en que se presente la cosa juzgada fraudulenta, por cuanto no se
acreditó de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la anterior acción
de tutela fuera producto de una situación de fraude, en tanto que, contrario a lo
señalado por el actor, la Sección Cuarta del Consejo de Estado realizó una
interpretación razonable de la respectiva solicitud de tutela.

Análisis de la presunta vulneración del derecho fundamental de petición del
actor

62. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por el actor
ha sido contestada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá.

63. Frente a la petición que el actor señaló haber presentado ante la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, la Sala advierte que se debe confirmar la decisión
de primera instancia, en la medida en que no se advierte vulneración alguna al
derecho fundamental del actor, por las razones que se explican a continuación.

23 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 del 1. ° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

64. El actor indicó que, el 9 de junio de 2022, presentó petición ante la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual solicitó “[…] por favor se me
entreguen copias de toda la relación que el Consejo le exigió al SENA, sobre lo
pagado, de mi trabajo en los últimos 10 años de que habla el artículo 21 de la ley
100 […]”.

65. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el acervo probatorio, la
Secretaría General de esta Corporación, mediante escrito de 14 de junio de 2022,
resolvió la petición del actor en los siguientes términos:

“[…] Señor
Humberto Rozo Moscoso
[…]
Acción de tutela

Ref Exp. 11001-03-15-000-2021-05748-01

Actor: Humberto Rozo Moscoso
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección
B
M.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Con toda consideración y en respuesta a su solicitud, me permito informar que esta
Corporación cuenta con herramientas electrónicas que se encuentran a su
disposición tales como la página web www.consejodeestado.gov.co / link servicios
en línea en donde puede verificar el estado de los asuntos judiciales, descargar
documentos y providencias que obran dentro de los mismos.

De igual modo, usted también podrá acceder a la consulta electrónica de los
procesos a través de la ventanilla de atención virtual en donde encontrará el manual
para solicitar la activación del usuario en el sistema SAMAI.

En relación con la solicitud presentada por usted el 6 de abril de 2022, me permito
informar que, la misma fue resuelta mediante oficio CGQ-0887 el 8 de abril de 2022,
mediante el cual, se le informó sobre los medios dispuestos por la Corporación para
la consulta y seguimiento de los asuntos que son de su conocimiento.

Finalmente, le informo que su escrito fue puesto en conocimiento del despacho
sustanciador para los fines que considere pertinentes.

Anexo copia del oficio anunciado en un (2) folio digital […]”.

66. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la respuesta que le dio el Consejo de Estado al actor cumplió con los requisitos de
i) oportunidad ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado y ii) que haya sido puesta en conocimiento del

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

peticionario; pues, de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho
fundamental de petición.

67. La Sala advierte que la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento del
actor, tal como se advierte del correo enviado al actor el 14 de junio de 2022:

68. En cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición, la Sala encuentra
que la petición del actor fue recibida en la Secretaría General de esta Corporación
el 10 de junio de 2022, en tanto que dicha autoridad remitió el oficio de respuesta al
actor el 14 de junio de 2022, es decir, se cumplió con el término establecido por el
artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

69. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha
exigencia en la medida en que la Secretaría del Consejo de Estado: i) le explicó con
suficiencia al actor que su solicitud ya había sido resuelta el 8 de abril de 2022 con
ocasión de otro derecho de petición que el actor presentó el 6 de abril del mismo
año, con ocasión del cual “[…] el 1 de junio de 2021 le fue habilitado al actor el
acceso al Sistema Judicial Samai para que consultara todas las actuaciones y
piezas procesales que reposaban en el expediente No. 11001-03-15-000-2021-
05748-00 […]”; ii) le informó los canales digitales para verificar el estado de los
asuntos judiciales así como la forma de descargar documentos; y iii) le explicó la

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Núm. único de radicación: 110010315000202204984-01
Actor: Humberto Rozo Moscoso

manera como podría accederse a la consulta electrónica del proceso a través de la
ventanilla de atención virtual en SAMAI.

70. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la respuesta mencionada supra
garantizó el núcleo esencial del derecho fundamental de petición y, teniendo en
cuenta que la respuesta se dio con anterioridad a la presentación de la solicitud de
tutela, habrá lugar a confirmar la decisión del A quo, que al respecto negó la solicitud
de amparo.

71. Ahora bien, en cuanto a la petición que el actor señaló haber presentado ante
el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, la Sala advierte que, en
efecto, como lo consideró el juez de primera instancia, hay lugar a declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado.

72. El actor indicó que, el 19 de julio de 2022, envió una petición al Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, a través de la cual solicitó que “[…]
se me entregue copias de lo aportado por el SENA en la apelación de mi historial
laboral de los últimos 10 años […]”24.

73. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el acervo probatorio, el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante correo electrónico
enviado el 27 de julio de 2022, resolvió la petición del actor en los siguientes
términos:

“[…] Señor
HUMBERTO ROZO MOSCOSO

Buen día,

Dando alcance al escrito radicado por correo electrónico el día 26 de julio del año
que avanza “Derecho de petición pidiendo información y copias” del proceso en el
cual usted es accionante y el Sena demandado, nos permitimos informar que:

24 “[…] , III. Petición. Como para la solución esta demanda se agotaron todos los fundamentos de la ley 100

de 1993, y corno pruebas las por mi abogado en su momento lo mismo hizo el SENA al pedir en la Apelación
no se considerara el último año, y solo se tuviera en cuenta los últimos 10 años que ordena el articulo 21 lógico
es que el abogado del SENA hizo este aporte de esta historia laboral. Baso mi petición en que se me entregue
copias de lo aportado por el SENA en la apelación de mi historial laboral de los últimos 10 años y de no haber
sido así, es lógico que lo pidió el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO o el TRIBUNÀL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA a través del magistrado ponente José Romero Romero. Lo importante es que se me
haga entrega de esta historia laboral de los últimos 10 años laborados en el SENA, y que está en el proceso
porque fue tomada como prueba decisoria a esta apelación de segunda instancia […]”.

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Actor: Humberto Rozo Moscoso

Siguiendo las directrices del Consejo Superior de la Judicatura este proceso no se
digitalizo por la antigüedad y al tener culminado el trámite procesal. Resulta oportuno
manifestar que en junio del año que avanza el contrato de digitalización se terminó.

Por otra parte, desde junio del año 2021 el Consejo Superior de la Judicatura autorizo
el ingreso de los usuarios a las sedes judiciales en horario de lunes a viernes de 8:00
am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.

Con Fundamento en lo anterior nos permitimos comunicar que el proceso No.
2013-00159 se encuentra a su disposición en la Secretaría del Despacho, para
que si a bien lo tiene, se acerque a las instalaciones del Juzgado, consulte el
proceso y tome las copias que requiere […]”. (Resaltado por la Sala)

74. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la respuesta que le dio el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá al
actor cumplió con los requisitos de i) oportunidad ii) que la respuesta sea de fondo,
clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y ii) que haya sido puesta
en conocimiento del peticionario; pues, de lo contrario se incurriría en una
vulneración del derecho fundamental de petición.

75. La Sala encuentra que la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento del
actor en debida forma, en la medida en que, si bien el 27 de julio de 2022, el Juzgado
envió la respuesta al actor a una dirección electrónica diferente a aquella
mencionada por el peticionario en su solicitud; está acreditado que, el Juzgado, al
advertir dicho error con ocasión al trámite de la presente acción de tutela, remitió
nuevamente la respuesta al accionante el 23 septiembre de 2022, esta vez al correo
electrónico correcto:

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Actor: Humberto Rozo Moscoso

76. En cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la petición, la Sala encuentra
que la petición del actor le fue remitida al Juzgado el 19 de julio de 2022, en tanto
que dicha autoridad remitió el oficio de respuesta al actor el 23 de septiembre de
2022, es decir, no se cumplió con el término establecido por el artículo 14 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En todo caso,
la Sala advierte que, a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por lo que
cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría inane.

77. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha
exigencia en la medida en que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Bogotá le explicó con suficiencia al actor que para obtener las copias requeridas
debía acercarse a la Secretaría del Despacho, con el fin de que consultara ese
proceso y tomara copia de lo que considerara, en la medida en que ese proceso no
había sido digitalizado.

78. De la lectura del escrito de tutela se advierte que la pretensión del actor se
dirigía a que el Juzgado le diera respuesta a su petición relacionada con la obtención
de unas copias, de las cuales no tiene certeza que integren dicho expediente, con
el fin de “[…] saber si al SENA le solicitaron mi historial laborado y pagado en los
últimos 10 años […] y poder tener claro que en [el] fallo de segunda instancia que

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Actor: Humberto Rozo Moscoso

tutelé ante el Consejo de Estado no se me haya violado el debido proceso […]”;
pretensión que se cumplió con la respuesta analizada supra, la cual fue
debidamente notificada.

79. La Sala considera que, en relación con la respuesta del Juzgado de la
referencia, se garantizó el núcleo esencial del derecho fundamental de petición y,
teniendo en cuenta que la respuesta se dio durante el trámite de la acción de tutela,
habrá lugar a confirmar la carencia actual de objeto por hecho superado.

80. Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, ha considerado lo siguiente25:

“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición
de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante26. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado27 […]”. (Resaltado por la Sala).

81. En ese orden de ideas, para la Sala se dio solución a lo pretendido por el
actor en su solicitud, por lo tanto, al respecto se garantizó por completo lo pretendido
en el escrito del amparo.

Conclusiones de la Sala

82. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
20 de octubre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual i) declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Bogotá; ii) negó la solicitud de tutela en relación con el “[…] reproche por la
presunta omisión de respuesta por parte del Consejo de Estado […]”; y iii) declaró
la improcedencia de la acción de tutela “[…] respecto a la sentencia de tutela del 3

25 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
26 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
27 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o

judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

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de febrero de 2022 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado […]”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 20 de octubre de 2022 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CAMILO CALDERÓN RIVERA
Consejero de Estado Conjuez

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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