Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05748-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05748-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-05748-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
3 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05748-01
Demandante: Humberto Rozo Moscoso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05748-01
Demandante: HUMBERTO ROZO MOSCOSO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener la reliquidación de la
pensión de jubilación. Requisito general de la inmediatez
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
promovida por el actor, en nombre propio, contra la sentencia de 16 de septiembre
de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela por no acreditarse el requisito de la inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El 19 de septiembre de 2008, el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, a través
de la Resolución No. 02605 reconoció pensión de jubilación al señor Humberto
Rozo Moscos1.
El 29 de diciembre de 2011, el demandante presentó solicitud de reliquidación
pensional con el fin de que se incluyera el 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios de conformidad con la Ley 33
y 62 de 1985, petición que fue negada mediante Resolución Nº 01110 de 6 de
junio de 2012.
El 12 de diciembre de 2012, el Secretario General del SENA por oficio Nº 2-2012-
019868, resolvió la solicitud de extensión de jurisprudencia presentada por el
accionante mediante radicación recibida bajo el Nº 1-2012-025524. En el citado
oficio indicó que “no es posible extender en vía administrativa los efectos de la
sentencia de unificación invocada”.
Por lo anterior, el demandante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuso demanda contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje- SENA, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de las
Resoluciones Nos. 02605 de 19 de septiembre de 2008 y 01110 de 6 de junio de
2012, por medio de las cuales se reconoció una pensión de jubilación y se resolvió
una solicitud de reliquidación, respectivamente, y la nulidad del Acto Administrativo
contenido en el oficio Nº 2-2012-019868 de 12 de diciembre de 2012, mediante el
cual se resolvió una solicitud de extensión de jurisprudencia.
1
Ver, índice 8 del expediente electrónico de tutela primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05748-01
Demandante: Humberto Rozo Moscoso
El proceso radicado bajo el Nº 11001-33-35-009-2013-00159-01 correspondió por
reparto al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, que mediante
sentencia de 30 de septiembre de 2014, accedió a las pretensiones propuestas
por el demandante y en efecto, declaró la nulidad parcial de la Resolución Nº
02605 del 19 de septiembre de 2008 y la nulidad de la Resolución Nº 01110 del 6
de junio de 2012, proferidas por la Secretaría General del SENA, al considerar que
“[e]l accionante adquirió el derecho bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, al
haber alcanzado el estatus pensional el 02 de noviembre de 2007, no obstante
está sometido al régimen de transición prescrito en el artículo 36 ibídem, en
consecuencia, su situación pensional debió definirse de conformidad con lo
señalado en las Leyes 33 y 62 de 1985”. Contra la anterior decisión las partes
(demandante y demandado) interpusieron recurso de apelación.
La decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”, en sentencia de 21 de febrero de 2019, y negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que “[n]o se demostró en el sub iudice
que alguno de los factores que devengó y sobre los que se cotizó no se hubiera
incluido al reconocer y reliquidar la pensión”, a lo que agregó que, “no es
jurídicamente procedente tomar como ingreso base de liquidación la totalidad de
los factores devengados en el último año de servicios, incluyendo aquellos sobre
los que no realizó los aportes al Sistema”.
El fallo fue notificado al apoderado judicial de la parte demandante, mediante
correo electrónico de 13 de noviembre de 2020.
2. Fundamentos de la acción
El actor interpuso acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, bajo el argumento de que
desconoció los derechos fundamental al debido proceso, a la igualdad, de acceso
a la administración de justicia, a la “[l]iquidación justa a la realidad”, así como el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, con la emisión de
la sentencia de 21 de febrero de 2019, que revocó la decisión de primera instancia
que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, en relación
con la reliquidación de su pensión de jubilación con el 75% de la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicio.
Sostuvo que la autoridad judicial demandada aplicó el criterio jurisprudencial
restrictivo contenido en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, desconociendo la regla
jurisprudencial fijada en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, la
cual, a su juicio, es un criterio amplio y garantista que materializa los principios
constitucionales de progresividad y primacía de lo sustancial sobre lo formal.
3. Pretensiones
De la lectura del escrito de tutela, se infiere que el actor pretende que se deje sin
efectos la sentencia de 21 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, y que, como
consecuencia de ello, se ordene dictar una sentencia de reemplazo en la que se
acceda a la reliquidación de su pensión de jubilación, con la inclusión del 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios
de conformidad con la Ley 33 y 62 de 1985.
Además, el actor planteó un acápite que denominó “PETICIONES Y
EXPLICACIONES” en el que adujo:
“1. Porque razón el Consejo de Estado, permitió que el Magistrado CESAR
2
La acción de tutela se presentó el 26 de agosto de 2021.
2
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PALOMINO, fuera el ponente de la Unificación de Sentencia del 28 de agosto de
2018, donde manejó una doble conducta sabiendo que cuando fue Magistrado del
Tribunal de Cundinamarca sentenció en primera instancia a favor del señor
BERTULFO DELGADILLO, para que se le pagara la reliquidación de su pensión, aquí
a favor, y porqué siendo Consejero entró como ponente de la unificación de sentencia
a negar el derecho que había dado como Magistrado. O sea que la doble conducta es
permitida no pasa nada un señor de esta categoría en tan elevado cargo como dice
una cosa puede decir la otra justifiquen esta actitud del Magistrado Palomino en la
respuesta que se me dé y así yo poder entender esta justicia colombiana.
2. Porque si los empleados públicos del SENA, gozamos de un privilegio que nos
otorgó la Ley 119 de iniciativa popular en su artículo 45 que dice: ARTÍCULO 45.
DERECHOS Y BENEFICIOS. Continuarán vigentes todos los derechos de los
empleados públicos derivados de las relaciones laborales actualmente existentes en
el SENA, los que no podrán ser desconocidos ni afectados.
3. Es que una ley tumba otra ley así de sencillo.
4. Es que los derechos adquiridos por los trabajadores colombianos no son
adquiridos.
5. Es que el Consejo de Estado tiene la facultad de violar la CONSTITUCIÓN.
6. O sea que pagarles a unos la reliquidación en más cantidad, y a una minoría no es
válido y no pasa nada aquí, no aplica el derecho fundamental a la igualdad.
7. Porque un derecho tumba una ley al decir esté, que a los pagos de los trabajadores
que no se les hicieron descuentos no son tenidos en cuenta para reliquidación.
8. Es que los trabajadores hacemos la nómina que nos echaron la culpa que no se les
hizo descuentos a los factores salariales.
9. Porque equivocaron lo enunciativo volviéndolo taxativo.
10. Poque el SENA no me tuvo en cuenta el pago de las horas extras laboradas en
los años 2003, 2004, 2005 y un ajuste de salario que se me hizo en el año 2009, o
sea que no se me tuvo en cuenta ni el último año ni los últimos 10 años.
11. Que pasaría en todo esto o es que las horas extras y los ajustes salariales
tampoco son factor salarial.
12. Poque si yo termine como grado 19 me liquidaron como grado 18.
13. Ordenar al SENA Y COLPENSIONES, el pago de mi reliquidación al que tengo
derecho y que fue fallado a mi favor, en primera instancia por el juzgado noveno
administrativo de Bogotá”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 7 de septiembre de 2021, el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, allegó copia digital del
expediente que contiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el Nº 11001-33-35-009-2013-00159-01.
5. Trámite procesal
Por auto de 1º de septiembre de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia a la
autoridad judicial accionada, al agente del Ministerio Público, así como al Servicio
Nacional de Aprendizaje- SENA y al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Bogotá, en calidad de terceros interesados en el trámite constitucional.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nº 88742 a 88746 de 3
de septiembre de 2021, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en dicha
providencia3.
3
El demandante, la autoridad judicial demandada y los terceros con interés fueron notificados a las siguientes direcciones
de correo electrónico: humro7@gmail.com, scs02sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co,
3
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6. Oposición
6.1. Respuesta del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA
En memorial de 6 de septiembre de 2021, la Coordinadora Temporal del Grupo de
Pensiones solicitó se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, “toda vez
que buscan romper la Seguridad Jurídica y generar una inestabilidad e
incertidumbre jurídica en la sociedad, pues ordenar una sentencia de remplazo
por vía de amparo es ir en contravía de la Constitución Política y la Ley”.
6.2. Respuesta del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Segunda
En memorial de 7 de septiembre de 2021, la juez titular del despacho indicó que
“la acción de tutela procede contra decisiones judiciales, en los casos que la Corte
Constitucional estableció en la sentencia C-590 de 2005; destacándose que,
revisada la providencia proferida por este Despacho, la cual fue revocada por el
superior, no se observa la configuración de ninguno de los defectos indicados por
dicha Corte”.
Sostuvo que dentro del proceso fueron surtidas las etapas legalmente
establecidas, y al momento de dictar sentencia se analizaron y expusieron todos
los presupuestos fácticos que lograron acreditarse, además “la decisión adoptada
en la sentencia del 30 de septiembre de 2014, se profirió dentro de los términos
procesales establecidos por la legislación vigente para ello”. Remitió expediente
digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el Nº 11001-33-35-009-2013-00159-01.
6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“B”, guardó silencio.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 16 de septiembre de
2021, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumplió con
el requisito de la inmediatez, dado que la providencia demandada fue proferida el
21 de febrero de 2019 y se notificó el 13 de noviembre de 2020, mientras que el
actor interpuso la acción de tutela “vía electrónica, en la Secretaría General del
Consejo de Estado, el 26 de agosto de 2021, es decir con posterioridad a los seis
meses establecidos por esta Corporación como término razonable”.
Advirtió que “en el escrito de tutela no se menciona ninguna circunstancia
particular que le haya impedido al accionante instaurar oportunamente el
mecanismo de amparo, razón por la cual resulta aplicable la regla jurisprudencial -
creada por la Sala Plena de esta Corporación-, según la cual el término de seis
meses resulta razonable para el ejercicio del mecanismo de amparo”.
Además, resaltó que “si bien es cierto que la acción de tutela se dirige contra las
providencias judiciales que negaron la reliquidación de la pensión de jubilación -
prestación periódica-, ello no significa que automáticamente se omita el examen
del requisito de la inmediatez, simplemente se atenúa su rigurosidad, siempre y
cuando la parte accionante demuestre en el proceso que la afectación o
vulneración ha sido continuada en el tiempo y que, además, padece de una
situación de especial vulnerabilidad, por un estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, etc.; circunstancias que, como ya
se dijo, no fue acreditada en el caso sub examine”.
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, admin09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, jadiaz@procuraduria.gov.co,
notidel5cedo@procuraduria.gov.co, servicioalciudadano@sena.edu.co, notificacionesjudiciales@sena.edu.co,
secretariageneral@sena.edu.co
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8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante, en nombre propio, impugnó la decisión bajo los siguientes
argumentos:
Señaló que se encuentra en desacuerdo con la decisión del a quo, para lo cual
indicó que “[c]uando comencé el análisis letra a letra de este artículo 86 de la
Constitución entiendo que es muy clara la frase (EN TODO MOMENTO), por lo
tanto ahí entendí que no tenía ningún impedimento para presentar mi tutela, si yo
hubiese encontrado el principio de inmediatez que daba 60 días dentro de este
artículo 86 para acudir a la tutela (…) no hubiese gastado 5 largos meses que me
demoré para redactar esta tutela”.
Sostuvo que el incumplimiento del requisito de inmediatez se debió a lo siguiente:
“1. [s]oy invalido de mi mano derecha a causa mala praxis médica en el año 2008”,
razón por la cual tardó 5 meses redactando la tutela y no cuenta con recursos
económicos para pagar un abogado, “2. En estos momentos estoy padeciendo las
secuelas que deja el covid y que me ha dejado sin memoria”, seguidamente,
agregó que “[s]i en el escrito del artículo 86 hubiese advertido esta parte de la
inmediatez yo no hubiese podido instaurar este derecho constitucional para pedir
mis derechos que me fueron violados. (…)”.
Aseguró que el a quo “no analiz[ó] los hechos concretos para aplicar la fácil
ciencia cronológica, (…), pero el as en la manga que tiene la Rama Judicial y el
Consejo de Estado es apague y vámonos miran fecha y listo negada por
inmediatez no obstruyan señores la justicia no se conviertan en los que promulgan
la injusticia en nuestro sufrido País, así no es”.
Citó la sentencia C-543 de 1992 proferida por la Corte Constitucional, para
referirse a la “caducidad de la acción de tutela”, y en relación con el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad e incapacidad física,
mencionó la sentencia T-158 de 2006 de la misma corporación judicial.
Por último, adujo que la sentencia objeto de reproche constitucional fue notificada
el 13 de marzo de 2021.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala, en atención a los argumentos expuestos en el escrito de
impugnación, establecer si debe revocar la sentencia de 16 de septiembre de
2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en tanto no debe
aplicarse la regla jurisprudencial que establece los seis (6) meses como criterio de
plazo razonable para interponer la acción de tutela contra providencia judicial,
dado que según afirma el actor (i) no tener conocimiento del requisito de la
inmediatez, (ii) que la incapacidad física que padece le impidió ejercer la acción
tutelar desde el momento en que su abogado le notificó la sentencia objeto de
reproche constitucional, en tanto tardó cinco meses redactándola, (iii) que no
cuenta con recursos para pagar un abogado que lo represente, (iv) que se trata de
5
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una persona de la tercera edad, y (v) que la sentencia demandada fue notificada el
13 de marzo de 2021.
De encontrar que dicho requisito general de procedibilidad se encuentra cumplido,
se debe determinar si la providencia de 21 de febrero de 2019, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, a la “[l]iquidación justa a la realidad”, así como el
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal invocados por el
accionante, con la decisión de la autoridad judicial accionada de revocar la
sentencia de primera instancia que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en relación con la reliquidación pensional a efectos
de que se incluyera el 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios de conformidad con la Ley 33 y 62 de
1985.
3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional4 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 5
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar6, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20167, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace
desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término
4
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
5
Ibídem.
6
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
7
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6
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breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos
de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos,
para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el
momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación
de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó;
(iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si
la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de
vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación
contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se
identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela.
Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la
demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos
que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”8.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria
de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal
que también ha sido acogido por la Corte Constitucional10.
4. Estudio y solución del caso concreto
En el asunto bajo examen, de conformidad con las piezas procesales contenidas
en el expediente ordinario, la Sala encuentra que la providencia atacada se profirió
el 21 de febrero de 2019 y se notificó de manera personal mediante correo
electrónico de 13 de noviembre de 2020, como se observa a continuación:
8
Ibídem.
9
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Sentencia T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7
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La solicitud de amparo se recibió mediante correo electrónico el 26 de agosto de
2021, lo que significa que transcurrieron nueve (9) meses y ocho (8) días, entre
el momento de la notificación de la providencia objetada y el de la interposición de
la acción constitucional, término que desborda el límite razonable de seis (6)
meses establecidos jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación.
Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no
se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o
la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual.
Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en decisiones
recientes ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión”11,
respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo
razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que
12
dicho término es perentorio” .
En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el
juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en
riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6
meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su
fijación se debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en
cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que
caractericen al caso concreto”13.
Como se indicó en precedencia, cuando se trata de una acción de tutela contra
providencia judicial, se tiene como parámetro para identificar la razonabilidad del
término de su presentación el momento en el que la parte demandante tiene
conocimiento de la providencia objeto de reproche, es decir, a partir de su
notificación.
En el caso bajo examen, el demandante insiste que de la lectura del artículo 86 de
la Constitución Política no es posible concluir que allí se haga referencia al
presupuesto de la inmediatez. Empero, en esa disposición constitucional se
11
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05748-01
Demandante: Humberto Rozo Moscoso
establece expresamente que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, “la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales”, lo que ha sido el sustento normativo
para desarrollar y precisar el requisito de la inmediatez, bajo el entendido de que
la acción de tutela no tiene un término de caducidad, y que se debe proponer
dentro de un término razonable, lo cual se analizará caso a caso.
Ahora bien, en el presente caso se cuestiona una providencia judicial que revocó
el fallo favorable de primera instancia en el que se había accedido a una
reliquidación pensional, lo que significa que el análisis del requisito de la
inmediatez u oportunidad se hace más estricto, teniendo en cuenta que, en
principio, se deben privilegiar los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial.
Ese orden de ideas, para la Sala, sin desconocer las eventuales dificultades de
salud que haya tenido el demandante, lo que no demostró, no encuentra de recibo
las razones para excepcionar el término razonable que ha precisado la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional, a lo que se debe
agregar que de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto 2591 de
199114, tenía la posibilidad de interponer la acción de tutela verbalmente para la
época en la que fue notificado por correo electrónico de la decisión (13 de
noviembre de 2020).
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-352 de 1994, señaló que “La
Constitución no exige que, para provocar la actuación del aparato judicial, sea
indispensable la presentación de una demanda escrita, pues se parte del supuesto
de que la posibilidad de escribir no está al alcance de toda la población, bien por
analfabetismo, ya por dificultades físicas, por minoría de edad o por la propia
necesidad de acudir sin demora ante el juez para plantear los hechos que
configuran violación o amenaza de derechos fundamentales”.
Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que la prueba con resultado positivo para
“NUEVO CORONAVIRUS SARS- CoV-2”, data de 29 de septiembre de 2020,
fecha para la cual no se había notificado la sentencia demandada. Como ya se
indicó, la providencia atacada se profirió el 21 de febrero de 2019 y se notificó de
manera personal mediante correo electrónico de 13 de noviembre de 2020, por lo
que el accionante tenía hasta el 13 de mayo de 2021 para presentar la solicitud de
amparo, tiempo para el cual ya habían transcurrido más de 7 meses de haber
contraído el virus, sumado a que no aportó prueba alguna que certifique que
durante ese periodo tuvo complicaciones de salud derivadas del COVID-19.
Cabe resaltar que si bien no existe un término de caducidad que limite el ejercicio
de este mecanismo constitucional éste no puede presentarse en cualquier tiempo,
pues admitir que se controvierta una decisión judicial después de cumplido dicho
plazo razonable, pondría en riesgo el principio de la seguridad jurídica y el valor de
cosa juzgada de las decisiones judiciales.
En este sentido, el plazo de seis (6) meses establecido por esta Corporación en la
sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, no es un término de caducidad,
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“ARTICULO 14. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. Informalidad. En la solicitud de tutela se expresará, con la mayor
claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la
autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás
circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o
amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de
comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de
apoderado.
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente.
El juez deberá atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su
posterior presentación personal para recoger una declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al
secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno”.
.
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Sentencia T-584 de 2011.
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sino una pauta para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo
transcurrido entre la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue
interpuesta la solicitud de amparo.
En esta ocasión, dicho plazo no resulta desproporcionado, ya que tal y como lo
advirtió la Sala Plena del Consejo de Estado en dicha providencia, el accionante
debió demostrar que (i) la vulneración es permanente en el tiempo o (ii) que su
especial situación le impidió acudir al mecanismo constitucional, circunstancias
que no se comprobaron en este caso.
En conclusión, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del
requisito de la inmediatez y, en esa medida, se impone confirmar la decisión
objeto de impugnación proferida el 16 de septiembre de 2021, por la Sección
Primera de esta Corporación.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 16 de septiembre de 2021, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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