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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02260-00

Fecha
26 de julio de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02260-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Humberto Rozo Moscoso, por considerar que existe cosa juzgada con la acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2022-04984-00/01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02260-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de julio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02260-00
Demandante: Humberto Rozo Moscoso

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-02260-00
Demandante HUMBERTO ROZO MOSCOSO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela. Cosa juzgada. Solicitud copias expediente judicial.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el señor Humberto Rozo Moscoso, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 3 de mayo de 20231, el señor Humberto Rozo Moscoso instauró acción de tutela,
en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, por considerar vulnerados «sus derechos
constitucionales», sin mencionarlos, pero que de la lectura de la demanda, se
entiende que invoca los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«1. Me sea entregado mes a mes los desprendibles o comprobantes de los sueldos devengados desde
enero 30 de 1999 a enero 30 de 2009, que son los que corresponden a los últimos 10 años
laborados en el SENA.
2. Se me informe por escrito por parte de quien corresponda por haberse dado allí el ultimo fallo:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA (2)- SUBSECCION
(B), si no pidió lo por mi laborado en los últimos 10 años como hizo para emitir el fallo al no tener
en su poder lo esencial para sustentar este fallo como era lo por mi laborado en esos últimos 10
años, pienso supuestamente que el Magistrado RODRIGO ROMERO ROMERO, omitió esta
certificación o no la solicito al SENA, de ser cierta esta mi supuesta suposición se me violo
flagrantemente el debido proceso, el derecho a la igualdad y el acceso a la Justicia?
De ser así mi suposición se cumplió, el termino popular que uno escucha en la radio y en la calle,
no se tuvo en cuenta la prueba reina que era así de sencillo la certificación por parte del SENA de
mis últimos 10 años.
¿Qué raro esta actuación de Magistrado ROMERO ROMERO, será que la culpa es mía, por pedir
impulso procesal en 3 ocasiones, o los 4 largos años que tuvo el proceso no le alcanzo este tiempo
para hacer esta gestión de pedirle al SENA esta certificación de mis últimos 10 años laborados y le
toco dar el fallo así por encima de Violando NUESTRA SAGRADA COSTITUCION?

1 Índice 2 en Samai.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02260-00
Demandante: Humberto Rozo Moscoso

Por todo esto señor Juez de TUTELA es que pido a se me entregue la solicitud que el Magistrado
le hizo al SENA de lo laborado en los últimos 10 años.
3. Ruego señor Juez Constitucional de Tutela Informe por escrito, porque el abogado que represento
al SENA, y que presento la apelación ante el Tribunal de Cundinamarca, no anexo en esta apelación
lo trabajado por mi en los últimos 10 años, si la base fundamental de esta apelación, era que se me
aplicara como base de la liquidación los últimos 10 años laborados.
4. Se le pida al SENA, informe porque no tuvo en cuenta las horas extras de 2003- 2004-2005-y 2006,
y parte del 2007, y la prima de antigüedad. En el momento de liquidarme mis servicios hasta el 30
de enero de 2009, donde ahí si se tuvo en cuenta el último año laborado, y no aplico directamente
los últimos 10 años como se puede apreciar en esta liquidación para mi pensión omitieron lo acá
peticionado.
5. Solicito muy respetuosamente señor Juez de Tutela pedir una explicación al SENA porque no se
me aplico artículo 1" del decreto 1158 de 1994, donde decreta la base para calcular las pensiones
en el NUMERAL C. aparece la prima de antigüedad, Y EN EL NUMERAL F. la remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras realizado en jomada nocturna.
6. Mi petición final señor Juez Constitucional, de Tutela es ordenar al magistrado JOSE RODRIGO
ROMERO ROMERO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA
(2)-SUBSECCION(B), modificar el fallo y se me aplique el mismo considerando que se le dio al
SENA, y se me restablezcan mis derechos vulnerados y que en este nuevo fallo so me pague lo
justo a lo que tengo derecho».

2. Hechos
Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes, los siguientes:

2.1. En el año 2013, el señor Humberto Rozo Moscoso promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pretendiendo la nulidad del acto
administrativo mediante el cual se negó la reliquidación pensional solicitada.

2.2. El Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá conoció del asunto en primera
instancia, bajo el radicado Nro. 11001-33-35-009-2013-00159-00. Mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2014, dicha autoridad judicial accedió
parcialmente las pretensiones.

Y en sentencia de 21 de febrero de 20192, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B revocó la decisión de primera
instancia, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. El 24 de febrero de 2023, el señor Humberto Rozo Moscoso remitió solicitud
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
en la cual pidió la copia de los desprendibles de pago de los últimos 10 años
que laboró en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); documentos que,
aseguró el actor, obraban en el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues, adujo, eran necesarios para el análisis del caso.

2.4. Mediante Oficio Nro. SB – 0102 del 31 de marzo de 2023, la Secretaría de la
Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
remitió la solicitud del tutelante al Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá,
en razón a que el expediente se devolvió a dicho juzgado desde el 10 de marzo
de 2021.

2.5. Mediante correo electrónico de 11 de abril de 2023, el Juzgado Noveno
Administrativo de Bogotá allegó el link del expediente con radicado Nro. 11001-

2 Información obtenida de la consulta del expediente 11001-33-35-009-2013-00159-01 a través de Samai.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02260-00
Demandante: Humberto Rozo Moscoso

33-35-009-2013-00159-00, a fin de que el señor Rozo Moscoso descargara las
copias de los documentos requeridos.

3. Fundamentos de la acción

El accionante explicó que, si bien considera que en el medio de control se cometió
una injusticia, ya se resignó a lo dispuesto en el fallo de la segunda instancia, en el
cual se negó la reliquidación pensional solicitada y, consecuentemente, no se tuvo
en cuenta la prima como factor de reliquidación. Sin embargo, manifestó que no se
le debió dar el mismo tratamiento a las horas extras y la prima de antigüedad.

A su vez, afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B era el que debía dar respuesta a la petición, pues esta fue la autoridad
que profirió el último fallo.

También, relató lo siguiente: «El 24 de abril 2023 fui al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA.SECCION SEGUNDA-SUBSECCION "B" para que se me informara que había
pasado con el derecho de peticion y un funcionario de esos tantos malgeniados que tratan mal al
usuario que laboran en el Estado, me regaño y me dijo que eso ya estaba juzgado y archivado y que
el Tribunal ya nada podía hacer nada, que ese derecho de peticion lo tenía que resolver era el
Juzgado NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO» (sic para toda la cita).

Aseguró que para proferir fallo de segunda instancia el magistrado ponente de la
decisión debió solicitar todos los comprobantes de pago correspondientes a sus
últimos 10 años laborados en el SENA; e indicó que en estos figuran las horas extras
laboradas en los años de 2003 a 2006 y parte del 2007 como coordinador
académico, así como la prima de antigüedad que le fue pagada en el mes de mayo
de 2001. Factores que, a su juicio, sí debieron tenerse en cuenta a efectos de la
reliquidación pensional, por haber sido devengados en los últimos 10 años de
servicio.

Y agregó que, a fin de ejercer su defensa, el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) también tenía el deber allegar al medio de control todo lo relacionado con
sus últimos 10 años de servicio, «porque finalmente eso era lo que apelaban, que se me
aplicaran los últimos 10 años».

Por último, transcribió jurisprudencia sobre los derechos al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 8 de mayo de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por
el señor Humberto Rozo Moscoso contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y el Juzgado Noveno
Administrativo de Bogotá; y se requirió al accionante para que allegara copia
de la solicitud presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4.2. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
sostuvo que, pese a que la petición se dirigió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante Oficio Nro. SB – 0102 del 31 de marzo de 2023 este
último le remitió la solicitud, bajo el argumento de que el expediente se devolvió
al juzgado desde el 10 de marzo de 2021.

Asimismo, sostuvo que mediante correo electrónico de 11 de abril de 2023 dio
respuesta al derecho de petición, en los siguientes términos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02260-00
Demandante: Humberto Rozo Moscoso

«SIGUIENDO EL HILO DEL CORREO, lo primero es indicarle que de acuerdo lo señalado por
la jurisprudencia, el derecho de petición es improcedente en el trámite de los procesos
judiciales sujetos a una reglamentación especial, toda vez que las solicitudes deben
presentarse y ser resueltas en los términos que la ley señale para el efecto.
Para el caso en concreto y al no ser esta instancia quien profirió el fallo al que se hace alusión
en su escrito, remitimos el fin de expediente para que usted tome las coplas que considere
necesarias.
Descargue los archivos aquí: 11001333500920130016900».

Informó que el 24 de abril de 2023 el señor Humberto Rozo Moscoso se
presentó en las instalaciones del juzgado solicitando la respuesta a su petición;
oportunidad en la cual se le indicó que esta se había remitido mediante correo
electrónico, se verificó que el correo al que había sido enviado sí le pertenecía
y se le dieron las indicaciones para que procediera con la consulta del
expediente electrónico a efectos de buscar allí los soportes documentales
solicitados.

A su vez, indicó que el 8 de noviembre de 2021 profirió auto de obedézcase y
cúmplase, que el 9 de noviembre de 2022 ordenó el archivo definitivo del
expediente y que, el 10 de abril de 2023 este fue desarchivado a solicitud del
demandante.

De otra parte, informó que «la presente tutela, es la tercera acción de amparo
constitucional que debe ser atendida por este Juzgado, formulada por el señor
Humberto Rozo Moscoso, en relación con la decisión del H. Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el radicado 11001333500920130015900».

El Juzgado se refirió, particularmente, a la acción de tutela de radicado Nro.
11001-03-15-000-2022-04984-00, que versó, entre otros aspectos, sobre la
solicitud del 26 de julio de 2022, remitida por el actor al juzgado, en el cual
pidió lo siguiente:
«III. Petición Como para la solución esta demanda se agotaron todos los fundamentos de la
ley 100 de 1993, y corno pruebas las por mi abogado en momento lo mismo hizo el SENA al
pedir en la Apelación se considerará el último año, y solo se tuviera en cuenta los últimos 10
años que ordena el articulo 21 lógico es que el abogado del SENA hizo este aporte de esta
historia laboral.
Baso mi petición en que se me entregue copias de lo aportado por el SENA en la apelación
de mi historial laboral de los últimos 10 años y de no haber sido así, es lógico que lo pidió el
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO o el TRIBUNÀL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA a través del magistrado ponente José Romero Romero.
Lo importante es que se me haga entrega de esta historia laboral de los últimos 10 años
laborados en el SENA, y que esta en el, proceso porque fue tomada como prueba decisoria a
esta apelación de segunda instancia».

El Juzgado informó que la acción de tutela de radicado Nro. 11001-03-15-000-
2022-04984-00 fue resuelta mediante sentencia de 20 de octubre de 2022, en
la cual se declaró la carencia actual de objeto frente al cargo relacionado con
la petición dirigida al juzgado.

Con fundamento en lo expuesto, la autoridad judicial aseguró que no ha
vulnerado los derechos fundamentales del tutelante, puesto que el 11 de abril
de 2023 dio respuesta a la solicitud del accionante.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02260-00
Demandante: Humberto Rozo Moscoso

Agregó que la inconformidad del tutelante radica principalmente en la falta de
respuesta por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda Subsección B, respecto de los elementos de prueba que soportaron
la decisión de negar las pretensiones en el fallo de segunda instancia del
medio de control instaurado contra el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA). Por ende, aseveró que no hay lugar a proferir ninguna orden de
amparo, en lo que tiene que ver con el derecho de petición incoado ante el
juzgado.

Además, con relación a lo anterior, aseveró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B es quien conoce los
documentos sobre los cuales adoptó determinada decisión. De manera que no
le compete «responder las preguntas del actor en torno a situaciones que, además, se
agotaron en las instancias establecidas para el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho e incluso también a través de la opción EXCEPCIONAL de tutela contra
providencia judicial, configurándose sobre lo decidido el fenómeno jurídico de la COSA
JUZGADA».

Por lo expuesto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela.

4.3. El tutelante allegó la solicitud de 24 de febrero de 2023, en la cual le pidió al
magistrado José Rodrigo Romero Romero, perteneciente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, lo
siguiente:
«en ejercicio del derecho de petición que consagran los artículos 23 de la Constitución Política
de Colombia, y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente: De acuerdo al
preparatorio para emitir, el fallo en segunda instancia, y que se resolvió en mi contra, donde
se aplicó el artículo 1 de la ley 100 Decreto 1158 de 1994, como tal solicito se me entreguen
copias de los siguientes documentos que reposan en el expediente y que fueron tenidos en
cuenta en este fallo.
1. Todo lo devengado en los últimos 10 años y que envió EI SENA para el análisis de la
sala.
2. La fecha en que labore los últimos 10 años, y que envió el SENA para el análisis de la
sala».

4.4. Luego, el actor allegó otro memorial en el cual solicitó «se me permita una
entrevista personal ante su despacho, para mostrarle un soporte valioso que poseo en
una respuesta que el SENA me entrego (sic) el año 2022, ante un derecho de petición
que hice al entonces Director General, doctor CARLOS MARIO ESTRADA».

A su vez, explicó lo siguiente sobre los motivos por los cuales solicita los
comprobantes de pago de sus últimos 10 años laborados:
(sic para toda la cita) «Mi interés de que se me entreguen los volantes de pago mes a mes de mis últimos
10 años, por parte del SENA al juez Constitucional de Tutela, es para compáralos con lo que a mí se me
entregaron, y que deben de ser iguales estas respuestas de no coincidir con la que tengo en mi poder
se cometió un presunto delito penal parecido a un fraude procesal. (…)
(…) es inexplicable que el abogado del SENA haya presentado la apelación de segunda instancia ante
el tribunal de Cundinamarca, y no haya aportado lo concerniente a mis últimos 10 años laborados donde
debía de aparecer mis horas extras laboradas del 2002 al 2007, y lo mismo las dos primas de antigüedad,
como si están en los originales que tengo en los volantes de pago tal como nos los entregaban cada mes
para que nos enteráramos de lo devengado ese mes de pago, al igual que los descuentos que se nos
hacían de acuerdo a nuestros compromisos de pagos que se hacían por descuento de nómina.
Advierto aquí hay una trampa por parte del SENA, y me presunción es que el Magistrado ROMERO
ROMERO. lo sabe y la evidencia es porque, no le solicito al SENA lo correspondiente a mis últimos 10
años que era lo que debió hacer al llegarle a su despacho este proceso para fallarlo en segunda instancia,

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y al no haberlo hecho me violo el debido proceso, y el derecho a la igualdad porque si al SENA le fallo a
favor teniendo como una de las bases los últimos 10 años lo mismo se me debió considerar a mi al tener
horas extras y dos primas de antigüedad que me favorecían.
Ruego señora Magistrada se me entienda mi situación, soy un adulto mayor con 70 años, y si tuviese la
mitad de esta edad me resignaría a esperar el paso del tiempo, pero es que ya llevo 14 años en espera
de se me dé una solución a lo peticionado».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, de manera preliminar, corresponde a
la Sala establecer si en el presente asunto se configura el fenómeno de cosa
juzgada, dada la existencia de una acción de tutela previa, interpuesta por el señor
Humberto Rozo Moscoso, al parecer con las mismas partes, hechos y pretensiones
que la acción objeto de este fallo.

En caso de superar el anterior estudio, la Sala determinará si el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B vulneró los
derechos fundamentales invocados por el actor, por la supuesta falta de respuesta
a la solicitud del 24 de febrero de 2023, en la que el actor pidió copia de los
desprendibles de pago de los últimos 10 años que laboró en el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA); documentos que, según asegura, obraban en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nro. 11001-33-35-009-2013-
00159-00/01.

3. Actuación temeraria y cosa juzgada

3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que existe actuación
temeraria «Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

A partir de esa norma, la jurisprudencia constitucional1 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: una, cuando el accionante
actúa de mala fe; otra, cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar.

Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
objeto o pretensiones, (iii) identidad de causa petendi o hechos y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda. Evento en
que procede la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
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Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que «deja al descubierto el abuso
del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción».

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-027 de 2021, subrayó que el juez
de tutela, al realizar el análisis para determinar si existe o no actuación
temeraria, «debe trascender un juicio meramente formal y realizar un estudio pormenorizado
del expediente. (…) Así, la labor del juez constitucional no es simplemente la de verificar los
elementos que constituirían la triple identidad entre las acciones de tutela para concluir que
hay una actuación temeraria y, en consecuencia, declarar su improcedencia. Si no que, de
acuerdo a todo lo expuesto, deben estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso
específico».

En ese estudio se deben considerar otros factores, pues es posible que incluso
existiendo multiplicidad de tutelas y cumpliéndose las tres identidades
referidas la acción no sea temeraria. Este evento se presenta, por ejemplo,
cuando la acción de tutela se funda en: «(i) la ignorancia del accionante; (ii) el
asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho»15 (Negrillas
propias).

3.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.

La Corte Constitucional ha explicado que «la cosa juzgada se configura cuando
existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que
se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar
engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela»3
(Negrilla fuera de texto original).

Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.

En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.

4. Análisis del caso

Expuesto lo anterior, la Sala encuentra que el actor ha presentado las siguientes
acciones de tutelas, relacionadas con su reliquidación pensional:

3 Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.
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Demandante: Humberto Rozo Moscoso

DATOS DEL PROCESO 2021-05748-00/01 2022-04984-00/01

Dejar sin efectos la sentencia de 21 de Obtener los desprendibles de pago,
febrero de 2019, proferida por el Tribunal mes a mes, de los sueldos devengados
Administrativo de Cundinamarca, durante los últimos 10 años laborados
Sección Segunda, Subsección B. en el SENA, es decir desde enero 30
Ordenar que se dicte una sentencia de de 1999 a enero 30 de 2009.
PRETENSIONES
reemplazo en la que se acceda a la
reliquidación de su pensión de jubilación,
con la inclusión del 75% del promedio de
todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios.

Tribunal Administrativo de • Juzgado Noveno Administrativo del
Cundinamarca, Sección Segunda, Circuito de Bogotá.
Subsección B • Tribunal Administrativo de
ACCIONADOS
Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
• Consejo de Estado, Sección Cuarta.

El actor aseguró que el Tribunal El actor consideró vulnerados sus
Administrativo de Cundinamarca, derechos fundamentales, por las
Sección Segunda, Subsección B, al siguientes razones:
proferir la sentencia de segunda (i) la omisión de respuesta por parte
instancia, vulneró sus derechos de la Sección Cuarta del Consejo
fundamentales. Esto debido a que aplicó de Estado, frente a la solicitud
el criterio jurisprudencial restrictivo presentada el 9 de junio de 2022,
contenido en la sentencia de unificación relacionada con obtener
de 28 de agosto de 2018, proferida por la información sobre pago de las
Sala Plena del Consejo de Estado. horas extras laboradas en los
A su juicio, se desconoció la regla años 2003 - 2005;
CARGOS jurisprudencial fijada en la sentencia de (ii) la omisión de respuesta por parte
unificación de 4 de agosto de 2010, la del Juzgado Noveno
cual constituye un criterio más amplio que Administrativo del Circuito de
materializa los principios constitucionales Bogotá, respecto a la petición
de progresividad y primacía de lo presentada el 19 de julio de 2022,
sustancial sobre lo formal. en la cual solicitó copia de las
pruebas aportadas por el SENA al
expediente sobre su historia
laboral de los últimos 10 años;
(iii) la sentencia de tutela proferida el 3
de febrero de 2022 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

JUEZ DE PRIMERA Consejo de Estado, Sección Primera Consejo de Estado, Sección Tercera,
INSTANCIA Subsección B

JUEZ DE SEGUNDA Consejo de Estado, Sección Cuarta Consejo de Estado, Sección Primera
INSTANCIA

De la anterior información, se observa que no existe cosa juzgada entre la acción
de tutela Nro. 11001-03-15-000-2021-05748-00/01 y la tutela objeto de esta
providencia, puesto que entre las dos acciones no existe identidad de partes,
hechos y pretensiones.

Como se desprende del cuadro, en esa oportunidad lo pretendido por el actor era
dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. En el curso de la tutela Nro. 11001-
03-15-000-2021-05748-00/01, el Consejo de Estado, Sección Primera declaró la
improcedencia de la acción, por considerar que no se cumplía con el requisito de
inmediatez. Decisión que fue confirmada por esta Sección, por compartir la
argumentación del juez de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02260-00
Demandante: Humberto Rozo Moscoso

Así las cosas, no podría concluirse que entre la referida tutela y la actual existe cosa
juzgada, pues si bien ambas se relacionan con la reliquidación pensional del actor,
una pretendía dejar sin efectos una providencia judicial, mientras que la otra
buscaba obtener una respuesta frente a una solicitud de copias. A lo cual se suma
que tampoco existe identidad de partes ni de hechos.

Aclarado lo anterior, y a diferencia de lo expuesto previamente, la Sala considera
que sí existe cosa juzgada entre la presente tutela y la Nro. 11001-03-15-000-2022-
04984-00/01, debido a que ambas comparten partes, hechos y pretensiones.

Al respecto, se acreditó que el 16 de septiembre de 2022 el accionante presentó
acción de tutela en contra del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Bogotá, de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

En dicha acción, el señor Rozo Moscoso aseguró que se transgredieron sus
derechos constitucionales, debido a que ni el Consejo de Estado ni el referido
juzgado respondieron una solicitud en la cual les pidió copia de todos los soportes
de pago de sus últimos 10 años laborados en el SENA, obrantes en el expediente
del medio de control. Así lo narró el accionante en esa otra tutela:
(sic para toda la cita)
«9. Conocido el fallo presenté tutela, narrando los hechos y en mis peticiones escritas en esta tutela
numeral 10 pedí lo siguiente: “10. Porque el SENA no me tuvo en cuenta el pago de las horas extras
laboradas en los años 2003, 2004, 2005, y un ajuste de salario que se me hizo en al año 2009”, o
sea que no se me tuvo en cuenta ni el último año ni los últimos 10 años. Como tal el, escrito de mis
horas extras fueron años 2003-2004-2005 y 2006 (...)
12. Presente un derecho de petición en junio 9 de 2022 al CONSEJO DE ESTADO, solicitando en mis
peticiones numeral 2 y como tal lo transcribo: "Que por favor se me entreguen coplas de toda la
relación que el Consejo le exigió al SENA, sobre lo pagado, de mi trabajo en los últimos 10 años
de que habla el artículo 21 de la ley 100" y en el numeral 3 solicito información porque no se me
dio respuesta. En el numeral 14 hago referencia a lo mismo
13. Al no recibir ninguna respuesta a este derecho de petición por parte del CONSEJO DE ESTADO,
me acerqué a la secretaria del CONSEJO DE ESTADO, fui atendido por una funcionaria quien (...)
y me respondió que eso no lo hacia el CONSEJO DE ESTADO, que esa parte la tenía que haber
hecho era el tribunal de Cundinamarca, pedirle al SENA, la relación de mis últimos, 10 años como
lo manda la ley 100 por parte del Magistrado que fue ponente en la segunda instancia, le conteste
a la funcionaria que para eso estaba la Constitución, para reclamar mis derechos a través del
derecho de petición y la tutela y no contaba con los medios económicos para contratar un abogado.
14. Me acerque personalmente al tribunal de Cundinamarca continuando mi lucha por conocer lo que
el SENA le había enviado anexo a la demanda respecto a la información de mi trabajo en los últimos
10 años como lo manda el articulo 21 de la ley 100, allí en el despacho del Magistrado JOSE
ROMERO, no me resolvieron nada, a pesar que yo habla impugnado la Tutela, recalcando lo mismo
sobre mi petición, después de larga espera el funcionario que me atendió me dijo que eso tenia era
que reclamarlo a través de un derecho de petición al Juzgado noveno porque este proceso se habla
devuelto para el lugar de origen y ese era el Juzgado Noveno que me había fallado en primera
instancia.
15. El mes de julio de 2022 a través de un correo certificado puesto en Servientrega, envió un derecho
de petición al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA, en mi
petición pido lo mismo que he venido reclamando desde el mes de febrero nadie de las QUE
SE ME ENTREGUE EL HISTORIAL LABORAL DE LOS ULTIMOS 101 AÑOS LABORADOS EN
EL SENA Y QUE DEBE DE ESTAR EN EL PROCESO.
16. En el recibo que anexo de Servientrega está muy clara la recepción por parte del juzgado
noveno, la fecha de la recepción de este derecho de petición, que fue el 2022-07-26, o sea ya
van 33 días hábiles y no he obtenido respuesta alguna a mi correo ni a mi casa, muy grave
este asunto porque si un Juez de nuestra República, no responde un derecho de petición que
podemos esperar del resto de los entes públicos y privados de este Estado de Derecho. (...)
II. MI INTERES ES Saber si al SENA le solicitaron mi historial laborado y pagado en los en los últimos
10 (diez), años POR CUALQUIERA DE LOS TRES ORGANISMOS DEL ESTADO ENCARGADO

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02260-00
Demandante: Humberto Rozo Moscoso

DE IMPARTIR JUSTICIA POR DONDE A TRANSITADO ESTE ESTA MI PETICION QUE AUN
ESTA GRAVITANDO, y poder tener claro que en este fallo de segunda instancia que tutele ante el
consejo de Estado no se me haya violado el debido proceso, lo mismo que el derecho a la igualdad
porque este derecho aplica para ambos casos demandado y demandante, y esto lo tengo claro es
así: sabiendo que por parte del Juzgado que emitió el fallo a mi favor en primera Instancia, o lo hizo
el Magistrado ponente JOSE ROMERO, pero lo que si esta claro es que me violo el debido proceso
y como tal se debló considerar mis últimos 10 años laborados en el SENA.
III. EN DERECHO. Es mi sentir se me han violados mis derechos Constitucionales, al no tener
esta respuesta que no se porque no me la entregan ¿Cómo fallaron violando la ley 100 artículo
21, y es claro que en el momento de producir el fallo favoreciendo al SENA, basándose en este
artículo 21 de la ley 100 igual derecho tenía yo porque en los últimos 10 años 2003-2004-
2005 y 2006 habla labora con horas extras?, mis últimos 10 años en el SENA, los labore de 1999
al 2009.» (Negrillas propias).

Con fundamento en tales cargos, en la tutela Nro. 11001-03-15-000-2022-04984-00/01,
el actor solicitó como pretensiones lo siguiente:
(sic para toda la cita)
«IV. PETICIONES.
1. Me sea entregado mes a mes los desprendibles o comprobantes de los sueldos devengados desde
enero 30 de 1999 a enero 30 de 2009, que son los que corresponden a los últimos 10 años laborados
en el SENA.
2. Se me informe por parte de quien corresponda:
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCION SEGUNDA (2) - SUBSECCION
(B).
CONSEJO DE ESTADO
¿Porque se me negó este derecho consagrado en el articulo 21 de la ley 100, al momento de emitir
el fallo en mi contra, negando la demanda de la reliquidación por parte de Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección segunda (2) Subsección (B)? en segunda instancia.
3. Se me Informe por parte del CONSEJO DE ESTADO, ¿PORQUE NO VALORARO ESTA PETICION,
DE QUE SE TUVIESE EN CUENTA LOS ULTIMOS 10 AÑOS LABORALES EN EL SENA EN EL
MOMENTO DE FALLO LA TUTELA NEGANDOLA? ¿LA INPUGNACION Y EL DERECHO DE
PETICION?
4. Se me informe Porque el SENA, no tuvo en cuenta las horas extras de 2003-2004 -2005-y 2006 en
el momento de liquidarme».

De las transcripciones, la Sala encuentra que tanto en la acción de tutela de
radicado Nro. 11001-03-15-000-2022-04984-00/01 como en la tutela objeto de esta
providencia, el actor busca que se le responda una solicitud relacionada con los
soportes de pago de sus últimos 10 años trabajados en el SENA.

Se advierte que la razón de dicha solicitud es corroborar si en el medio de control
que promovió, efectivamente se tuvieron en cuenta tales soportes para dictar fallo
de segunda instancia, pues en esa documentación, según asegura el actor,
aparecen como devengadas las horas extra por los años 2003 al 2006. Conceptos
que, en su criterio, sí debieron tenerse en cuenta en la reliquidación porque fueron
devengados en los últimos 10 años de servicio.

Dicha acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia de 20 de octubre de 2022,
en la cual se declaró «la carencia actual de objeto por hecho superado con respecto al
cargo dirigido en contra del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá».

La carencia de objeto se fundamentó en que el mencionado juzgado respondió la
solicitud del actor indicándole que podía acercarse a las instalaciones del juzgado
a fin de solicitar las copias de las piezas procesales requeridas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02260-00
Demandante: Humberto Rozo Moscoso

La siguiente fue la respuesta del mencionado juzgado al tutelante:
«173. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el acervo probatorio, el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante correo electrónico enviado el 27 de
julio de 2022, resolvió la petición del actor en los siguientes términos:
“[…] Señor HUMBERTO ROZO MOSCOSO Buen día, Dando alcance al escrito radicado por correo
electrónico el día 26 de julio del año que avanza “Derecho de petición pidiendo información y copias” del
proceso en el cual usted es accionante y el Sena demandado, nos permitimos informar que:
Siguiendo las directrices del Consejo Superior de la Judicatura este proceso no se digitalizó por la
antigüedad y al tener culminado el trámite procesal. Resulta oportuno manifestar que en junio del año
que avanza el contrato de digitalización se terminó. Por otra parte, desde junio del año 2021 el Consejo
Superior de la Judicatura autorizo el ingreso de los usuarios a las sedes judiciales en horario de lunes a
viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. Con Fundamento en lo anterior nos permitimos
comunicar que el proceso No. 2013-00159 se encuentra a su disposición en la Secretaría del Despacho,
para que si a bien lo tiene, se acerque a las instalaciones del Juzgado, consulte el proceso y tome las
copias que requiere […]”».

Además de pronunciarse sobre la carencia de objeto respecto de la solicitud
presentada ante el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, en la
sentencia de 20 de octubre de 2022 el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B también se pronunció sobre la petición que el señor Rozo Moscoso
elevó ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Sin embargo, se precisa que
aunque la tutela se presentó contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado por
considerar que esta no dio respuesta a dicha solicitud, las consideraciones del fallo
se efectuaron respecto de la Secretaría General de esta Corporación; área que dio
respuesta a la solicitud del actor.

Así, en el fallo de primera instancia, sobre este punto, se expresó lo siguiente:
«F. La Secretaría General del Consejo de Estado respondió la petición del 9 de junio de 2022 con
anterioridad de la presentación de la acción de tutela, por lo cual se niega el amparo
solicitado
11.- La Sala constata que el 14 de junio de 2022 la Secretaría General del Consejo de Estado respondió
la solicitud presentada por el actor el 9 de junio de 2022, por lo cual no se aprecia vulneración del
derecho de petición del accionante en este sentido. Se recuerda que el actor solicitó en ese
entonces que se le entregaran copias de los documentos que el Consejo de Estado exigió al SENA
en el trámite de la acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2021-05748-01.
11.1.-En la respuesta del 14 de junio de 2022 la Secretaría General del Consejo de Estado informó al
actor que: (i) su solicitud ya había sido resuelta el 8 de abril de 2022 con ocasión de otro derecho
de petición que el actor presentó el 6 de abril del mismo año; (ii) informó los canales digitales para
verificar el estado de los asuntos judiciales así como la forma de descargar documentos; y (iii)
explicó la manera como podría accederse a la consulta electrónica del proceso a través de la
ventanilla de atención virtual en SAMAI.
11.2.-Para la Sala, la respuesta del 14 de junio de 202210 atendió de forma clara, de fondo, precisa y
congruente la solicitud elevada el 9 de junio de 2022 con respecto a las copias de los documentos
que el Consejo de Estado exigió al SENA en el trámite de la acción de tutela. Por consiguiente, la
autoridad accionada no vulneró el derecho de petición del actor».

En consecuencia, frente a la petición elevada ante la Sección Cuarta, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B negó «el amparo de los derechos fundamentales
invocados frente al reproche por la presunta omisión de respuesta por parte del Consejo de
Estado».

Esta decisión (sentencia de 20 de octubre de 2022) fue confirmada en su totalidad
por la Sección Primera de esta Corporación, en fallo de 8 de junio de 2023.

Hasta aquí se observa que la acción de tutela de radicado Nro. 11001-03-15-000-
2022-04984-00/01 y la resuelta en esta providencia comparten la triple identidad de
objeto o pretensiones y de causa petendi o hechos y partes, puesto que ambas
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Demandante: Humberto Rozo Moscoso

fueron interpuestas contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (y otras autoridades judiciales) y en las dos se
perseguía (entre otras pretensiones) copia de los soportes obrantes en el
expediente del medio de control, sobre el pago de los últimos 10 años laborados.

Adicionalmente, aunque se encuentra que el actor no justificó las razones que lo
motivaron a interponer la tutela objeto de esta providencia, no se advierte un
propósito desleal o de mala fe de su parte.

Por el contrario, se considera que la razón por la que ha acudido al juez de tutela
en varias oportunidades, por los mismos hechos, obedece a la « necesidad extrema de
defender un derecho» (en los términos empleados por la Corte Constitucional). Esta
circunstancia lo hizo radicar (en junio y julio de 2022) solicitudes ante el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá y ante la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, en las cuales solicitó copia de los soportes de pago obrantes en el
expediente del medio de control, sobre sus últimos 10 años trabajados. Situación
que motivó la interposición de la anterior tutela (entre otros cargos allí expuestos)
contra el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

Por lo mismo, el actor presentó una nueva solicitud (radicado en febrero de 2023),
esta vez ante el tribunal referido, en la cual le solicitó a esa autoridad copia de los
soportes de pago ya pedidos anteriormente al juzgado y al Consejo de Estado. Esta
otra petición motivó la tutela objeto de esta providencia.

Así las cosas, aunque es innegable que las dos tutelas comparten identidad de
partes, hechos y pretensiones, lo advertido es que el actor presentó la actual tutela,
porque en esta nueva oportunidad pretendía obtener respuesta sobre la solicitud
que radicó ante el tribunal en febrero de 2023. A su juicio, este último era el
verdaderamente competente para otorgar las copias solicitadas, primero, porque
fue la última autoridad que profirió fallo; y, segundo, porque al dictar la sentencia de
segunda instancia, tenía la obligación de basar su decisión en los pagos de los
últimos 10 años trabajados, incluyendo las horas extra devengadas entre los años
2003 a 2006.

Quiere decir lo anterior que el actor interpuso la presente tutela a fin de obtener la
respuesta del Tribunal bajo la convicción de que este último era el verdaderamente
competente para suministrar las copias; mientras que en la tutela Nro. 11001-03-15-
000-2022-04984-00/01 buscaba, entre otras pretensiones, la respuesta a las
solicitudes radicadas ante el juzgado y el Consejo de Estado. En ese orden de ideas,
la errada convicción de que el tribunal era el llamado a otorgar las copias lo condujo
a la presentación de una nueva tutela.

Al respecto, la Sala le aclara al actor que el tribunal no es la autoridad competente
para suministrar las copias que obran en el expediente de los soportes de pago
solicitados, independientemente de que este haya sido quien profirió el fallo de
segunda instancia. El juzgado es el encargado de realizar tal gestión, pues es el
que cuenta físicamente con el expediente. Es del curso natural del proceso que una
vez se dicte sentencia de segunda instancia, el expediente se remita al juzgado de
origen, a fin de proferir el auto que ordena obedecer y cumplir lo ordenado por el
Superior, liquidar y aprobar la liquidación de costas en caso de haber sido
impuestas, y de proceder a su archivo. Por ende, como la autoridad que cuenta
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físicamente con el expediente es el juzgado, es este el llamado a otorgar las copias
de las piezas procesales requeridas.

Con base en lo anterior, la Sala considera que el actor no actuó de mala fe ni con el
propósito desleal de engañar al juez de tutela. Simplemente, acudió a este
mecanismo bajo el convencimiento errado de que en esta nueva tutela estaba
persiguiendo la respuesta a una solicitud no contestada (la interpuesta ante el
tribunal), sin saber que al ser el juzgado el competente de resolver la solicitud de
copias, esta última ya había sido resuelta de fondo por la autoridad competente.

Por lo expuesto, la Sala concluye que en el asunto se presenta el fenómeno de cosa
juzgada, mas no de actuación temeraria, razón por la cual se declarará la
improcedencia de la tutela.

En este punto, la Sala considera oportuno indicarle al actor que en caso de requerir
asesoría jurídica gratuita puede acercarse a los consultorios jurídicos de las
universidades del país. En general, la asesoría de un profesional en derecho puede
contribuir a que comprenda las razones de la negativa en el medio de control, los
factores incluidos en el cálculo pensional y las pruebas allí valoradas.

Asimismo, a fin de obtener copia de las piezas procesales obrantes en el expediente
del medio de control, puede acudir personalmente al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Bogotá. E igualmente puede descargar tales
documentos, a través del link del expediente digital, que dicha autoridad judicial le
remitió al actor en correo electrónico de 11 de abril de 2023, justamente en
respuesta al derecho de petición formulado por el actor ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pero traslado por competencia al citado juzgado.

Finalmente, son improcedentes las demás pretensiones del actor relacionadas con
que el juez de tutela solicite información al SENA sobre su actuar en el medio de
control, pues el objeto de la acción de tutela es la protección de derechos
fundamentales, mas no lo pretendido por el actor.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Humberto
Rozo Moscoso, por considerar que existe cosa juzgada con la acción de tutela
Nro. 11001-03-15-000-2022-04984-00/01, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

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Demandante: Humberto Rozo Moscoso

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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