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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05047-01

Acción de tutela: ausencia de vulneración de derechos fundamentales /

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05047-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 28 de octubre de 2022, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará así: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05047-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05047-01

Actor: IVÁN CAMILO PEÑA LOAIZA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIÓN DE TUTELA – Ausencia de vulneración de derechos fundamentales /
VACACIONES INDIVIDUALES – Improcedencia para obtener el certificado de
disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de vacaciones.

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 28 de octubre de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado1, por medio de la cual se declaró improcedente el amparo
solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Por escrito presentado el 20 de septiembre de 2022, el señor Iván Camilo Peña
Loaiza, actuando en nombre propio, instauró demanda de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santiago de Cali – Valle
del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo, a la dignidad humana y a la salud.

1 El proceso ingresó a despacho para fallo el 16 de diciembre de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05047-01
Actor: Iván Camilo Peña Loaiza
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela

El tutelante elevó las siguientes pretensiones (se transcribe de manera literal con
posibles errores incluidos):

PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas, al descanso, a la salud de IVAN CAMILO PEÑA LOAIZA.

SEGUNDA: En consecuencia con lo anterior, ordenar a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca, previa autorización
del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, que de acuerdo con sus competencias, de
forma coordinada, en el término que usted señor Juez, estime conveniente
considerando los hechos de la tutela, para que adelanten las todas las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para que el Juez
5° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali nombre el reemplazo
de IVAN CAMILO PEÑA LOAIZA, quien funge como Oficial Mayor del referido
Juzgado, para que se materialice su derecho al disfrute del descanso
remunerado y se-permita mantener un debido funcionamiento del Juzgado.

TERCERO: Se ordene al JUEZ 5° DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE CALI VALLE DEL CAUCA, ANDRÉS FERNANDO
MUÑOZ QUINTERO, que una vez sea, expedida la respectiva partida
presupuestal por parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALI VALLE DEL CAUCA, me conceda las
vacaciones solicitadas a partir del 20 de diciembre de 2022 por 25 días, del
período del 18 de noviembre de 2019. al 17 de noviembre de 2020.

CUARTO: Requerir a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
para que en adelante, eviten realizar conductas como la expuesta en el
presente caso, y procedan a emitir los respectivos certificados de disponibilidad
presupuestal para poder realizar el nombramiento de un reemplazo de la
persona que sale a disfrutar sus vacaciones.

QUINTO: Se conmine a las autoridades respectivas para que, en el futuro, esta
situación no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la autorización
de recursos para designar empleados encargando a otras personas, para que
los funcionarios y empleados de vacaciones individuales de la Rama Judicial
puedan disfrutar las mismas sin interferir en la eficiencia de la administración
de justicia.

2. Hechos

2.1. El señor Iván Camilo Peña Loaiza, en su calidad de oficial mayor del Juzgado
5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali, solicitó a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esa ciudad, la
asignación de una partida presupuestal para el nombramiento de la persona que lo
reemplace durante el disfrute de sus vacaciones.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05047-01
Actor: Iván Camilo Peña Loaiza
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela

2.2. Mediante el Oficio DESAJCLO22-2636 del 4 de agosto de 2022, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santiago de Cali – Valle del Cauca
negó la anterior petición.

2.3. El 1° de septiembre de 2022, el señor Peña Loaiza presentó solicitud de
vacaciones al Juez 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago
de Cali.

2.4. Dicha petición fue negada por medio de la Resolución No. 20 del 7 de
septiembre de 2022, argumentando la necesidad del servicio.

3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

3.1. Mediante providencia del 26 de septiembre de 2022, se admitió la demanda de
tutela y se ordenó notificar a las autoridades accionadas.

3.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santiago de Cali
– Valle del Cauca indicó que le corresponde al titular del despacho, en ejercicio de
su función administrativa, decidir sobre el disfrute de las vacaciones del tutelante;
sin embargo, tal situación “no le confiere competencia para ordenar o solicitar CDP,
para el reemplazo, toda vez que desborda el ámbito de competencia administrativa”.

Asimismo, indicó que la negativa de la expedición del CDP se fundamentó en la
Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, según la cual “no es dable
disponer de presupuesto por reemplazo de vacaciones a los servidores judiciales
que ostentan la calidad de empleados”.

En línea con lo anterior, sostuvo que no se puede autorizar el CDP para el
reemplazo de vacaciones “por cuanto no se reúne con el requisito legal, como es el
de tener ante todo la apropiación”. Finalmente, trajo a colación varias sentencias del
Consejo de Estado que han negado la tutela al no ser el mecanismo procedente.

3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardó silencio.

4. La sentencia de primera instancia

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05047-01
Actor: Iván Camilo Peña Loaiza
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela

Mediante sentencia del 28 de octubre de 2022, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, al
considerar que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales que se alega
como vulnerados y, a su vez, precisó que “no se avista la configuración de un
perjuicio irremediable que le imponga a este juez constitucional el deber de actuar
ex ante de que el juez natural se pronuncie sobre la ilegitimidad del acto motivo de
reproche e incluso sobre la posibilidad de suspenderlo de manera provisional”.

5. La impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión. Al respecto, allegó diversos fallos de
tutela en los cuales se ampararon los derechos fundamentales en supuestos
similares al caso sub examine; asimismo, afirmó que “frente al fallo emitido dentro
del radicado 2022-05083, la demanda de tutela fue idéntica y se le fue amparado el
derecho”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.

El señor Iván Camilo Peña Loaiza promovió la demanda de tutela de la referencia
con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo,
a la dignidad humana y a la salud; como consecuencia, pidió que se ordenara a las
entidades accionadas “que adelanten todas las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan, para que el Juez 5° de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali nombre el reemplazo de IVAN CAMILO PEÑA
LOAIZA, quien funge como Oficial Mayor del referido Juzgado, para que se
materialice su derecho al disfrute del descanso remunerado y se-permita mantener
un debido funcionamiento del Juzgados”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05047-01
Actor: Iván Camilo Peña Loaiza
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela

Respecto de este tema, la Subsección ha fijado un criterio mayoritario, en los
términos que a continuación se transcriben de manera literal2:

10.- Ante la negativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional del Valle del Cauca de tramitar el correspondiente CDP que
garantizara los recursos necesarios para proveer el reemplazo de las señoras
(…), mientras gozan de sus vacaciones, los actores solicitaron el amparo de
sus derechos fundamentales de descanso, igualdad, trabajo en condiciones de
dignidad humana y desempeño laboral libre de circunstancias que afecten la
salud física y mental.

11.- Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al descanso
debe ser entendido como una oportunidad que se le concede al empleado para
‘reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud física y
mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de encuentro
fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar
más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para
acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones’3.

11.1.- Así las cosas, el descanso está consagrado como uno de los derechos
fundamentales del trabajador y como uno de los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo 4.

12.- Bajo esta premisa, ab initio, la Sala advierte que en el presente caso no se
evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por los
accionantes, como pasa a verse.

13.- El artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 es claro al disponer
que los servidores judiciales de los Juzgados Penales Municipales que
pertenecen al régimen de vacaciones individuales tienen derecho a un
descanso remunerado de 22 días continuos por cada año de servicio, los cuales
deben ser concedidos por el respectivo nominador.

13.1.- Bajo el tenor de lo dispuesto en la norma que viene de citarse, se advierte
que le corresponde al Juez Once Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Cali y no a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional del Valle del Cauca conceder las vacaciones de la secretaria y la
oficial mayor de ese despacho. Ello en la medida en que el trámite y expedición
del CDP, como decisión autónoma de la administración, no tiene relación directa
con el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas ni con el beneficio
del descanso remunerado, razón por la cual no se advierte vulneración de los
derechos fundamentales deprecados.

13.2.- Así las cosas, atendiendo a las necesidades del servicio, el juez Andrés
Fernando Muñoz Quintero es el llamado a establecer la fecha del disfrute del
derecho al descanso de sus servidores, previendo un eficiente funcionamiento
del despacho, potestad legal que debe ser efectuada sin requisito adicional
alguno, como el que se pretende con esta acción constitucional, al solicitar un

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia

de 4 de junio de 2021, radicación número: 11001031500020210163300, reiterada, entre muchas
otras, en sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-04202-01.
3 Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia del 20 de enero de 2004, MP. Jaime Araújo

Rentería”.
4 Original de la cita: “Artículo 53 de la Constitución Política”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05047-01
Actor: Iván Camilo Peña Loaiza
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela

certificado de apropiación presupuestal previo, que en nada tiene que ver con
el disfrute individual de las vacaciones.

13.3.- En consecuencia, no resulta procedente, mediante este mecanismo
excepcional, buscar que se ordene a los entes demandados adelantar las
acciones tendientes a garantizar la provisión de recursos y, como consecuencia,
la entrega de un certificado de disponibilidad presupuestal, previo al
otorgamiento de las vacaciones.

13.4.- Este criterio ha sido acogido por esta Corporación5, en casos similares
en los cuales se ha establecido que:

<<En efecto, la orden pretendida —la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal, con el fin de cubrir vacantes provisionales por
vacaciones individuales— implicaría una indebida intromisión en el
ejercicio de funciones que son propias de dichas autoridades y de
su exclusiva competencia, y por tanto resulta ajena del todo a la
finalidad de protección inmediata de los derechos constitucionales
alegados, los que, por lo demás, no están amenazados ni pueden resultar
vulnerados, toda vez que su eficacia y efectividad no están sometidos, al
trámite presupuestal dicho.>>6 (negrilla fuera del texto original).

13.5.- Asimismo, en la sentencia de 13 de octubre de 2020 7 esta Corporación
señaló:

<<Se advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia al negar la asignación de recursos para sufragar el
pago del reemplazo de los accionantes cuando estos cumplan los
requisitos para acceder a las vacaciones, no tiene relación directa con el
derecho al descanso, comoquiera que es una decisión autónoma de la
administración y la petición respecto a las mismas, no resulta procedente
a través de la acción de tutela.

En tal sentido, no puede ser una excusa la falta de nombramiento de un
reemplazo para que el respectivo empleado pueda disfrutar de su
descanso, como se advirtió en precedencia, máxime cuando en este caso
no se demostró en qué medida la autorización de las vacaciones a los
respectivos empleados podía afectar el buen funcionamiento del servicio
o vulnerar los derechos fundamentales de estos o del resto de servidores
del juzgado, pues ni siquiera se aportó prueba de las cargas del despacho
o mucho menos de los respectivos empleados.

Además, la acción de tutela no es el instrumento idóneo para dictar
órdenes de carácter presupuestal que conlleven la necesidad de realizar
apropiaciones presupuestales, salvo que se advierta la inminencia de un
perjuicio irremediable, circunstancia que no se acreditó en el sub lite>> 8.

5 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de enero

de 2021, exp. 11001-03-15-000-2020-04490-01, CP. William Hernández Gómez; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-
00681-00, CP. Gabriel Valbuena Hernández”.
6 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de

noviembre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-04282-00, CP. Rafael Francisco Suárez Vargas”.
7 Original de la cita: “Radicado número 11001-03-15-000-2020-03973-00”.
8 Original de la cita: “En esta misma línea, ver sentencia de 31 de agosto de 2020, con número de
radicado 11001-03-15-000-2020-03100-01”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05047-01
Actor: Iván Camilo Peña Loaiza
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela

13.6.- Así pues, se advierte que no resulta de la órbita del juez constitucional
ordenar que se tramite el CDP para proveer el reemplazo de los empleados que
gozarán de sus vacaciones, máxime cuando, en un caso como el que llama la
atención de la Sala, no se demostró un perjuicio irremediable, toda vez que no
se allegaron los soportes necesarios para probar que, al no proveerse los
recursos necesarios para contratar el reemplazo de los actores, no se podían
distribuir las funciones de manera equilibrada entre los demás funcionarios del
despacho ni tampoco que dicha situación generaría una excesiva carga laboral,
sobre la base de que ningún juicio de reproche podría formularse a quien deba
asumir otras funciones en encargo, con las limitaciones de tiempo, experiencia,
formación y horarios de trabajo, propias del servicio.

14.- Aunado a lo anterior, recuerda la Sala que los mencionados funcionarios,
al posesionarse en los referidos cargos, los cuales forman parte de las plantas
de personal de los Juzgados Penales Municipales, aceptaron las condiciones
dispuestas para los mismos, es decir, que pertenecen al régimen de vacaciones
individuales y que el goce o disfrute de las mismas depende de las necesidades
del servicio.

14.1.- Las consideraciones precedentes no pretenden soslayar las dificultades
que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y no pocas veces, la acción
desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo la organización de los
asuntos administrativos, de recursos humanos y presupuestales de la rama,
puedan proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos
judiciales, lo que en todo caso no se proyecta por sí mismo como una afectación
a derechos fundamentales, asunto que exige de un estándar probatorio que se
proyecta más allá de la organización y planeación oportuna para el disfrute de
los períodos individuales de vacaciones.

14.2. Así pues, al no evidenciarse vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, esta Sala negará el amparo
solicitado.

Así las cosas, la Sala considera que al señor Iván Camilo Peña Loaiza no se le
vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que no le correspondía a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santiago de Cali – Valle
del Cauca conceder las vacaciones sino al Juzgado 5 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Santiago de Cali; además, porque la expedición de un
CDP no tiene relación directa los derechos fundamentales invocados y “no resulta
de la órbita del juez constitucional ordenar que se tramite el CDP”.

Con fundamento en lo anterior, la Sala modificará la sentencia proferida el 28 de
octubre de 2022, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05047-01
Actor: Iván Camilo Peña Loaiza
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 28 de octubre de 2022, por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará así:

NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
Con salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

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