Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04789-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04789-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04789-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04789-01
Accionante: Williams Andrés Pabón López
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Confirma amparo en acatamiento a la sentencia SU-
296 de 2023 – Derecho fundamental al descanso de los servidores de la Rama
Judicial que pertenecen al régimen de vacaciones individuales.
Procede la Sala a decidir las impugnaciones presentadas por el accionante y el Juez
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán contra la
sentencia proferida el 25 de septiembre 2023 por la Sección Tercera, Subsección B1
del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:
<< 1°) Concédese el amparo de los derechos constitucionales fundamentales
invocados por el demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2o) Ordénase a la titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contados a
partir de la notificación de esta providencia, permita el disfrute efectivo del derecho al
descanso del señor Williams Andrés Pabón López, en el periodo que fue solicitado, sin
supeditar la decisión a la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal
para nombrar a su reemplazo
3°) Exhórtase al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para que adopten las decisiones necesarias y expidan los actos
administrativos correspondientes con el fin de solucionar de una vez por todas las
situaciones administrativas que conlleva la autorización de las vacaciones de los
empleados judiciales y su consecuente reemplazo, sin que con las nuevas medidas
aadoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio de
administración de justicia en los despachos o dependencias de los que hacen parte
(…).>>.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1 Integrada por los Consejeros Martín Bermúdez Muñoz, Fredy Ibarra Martínez y Alberto Montaña Plata.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04789-01
Accionante: Williams Andrés Pabón López
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
1.- El señor Williams Andrés Pabón López presentó demanda de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán y el Juez Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de esa ciudad, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, dignidad humana, descanso
remunerado y salud. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por las
autoridades accionadas al no realizar las acciones presupuestales pertinentes para
garantizar el disfrute de sus vacaciones.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a que se impartan las siguientes órdenes:
<< 3.2. SE ORDENE a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN – CAUCA, que en el término de 48
horas contados a partir de la notificación del fallo de tutela correspondiente, adelante
las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para que se pueda
proveer mi reemplazo por parte del señor Juez Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán – Cauca, al momento en que yo pretenda
materializar mi derecho al disfrute del descanso remunerado que ya se encuentra
causado, y que fue aplazado por necesidades del servicio.
3.3. SE CONMINE al señor JUEZ PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE POPAYÁN, CAUCA, que una vez sea expedido el
CDP por parte de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL POPAYAN, CAUCA, decida nuevamente frente al disfrute de mis
vacaciones.
3.4. SE EXHORTE a las autoridades respectivas, en este caso al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA y CONSEJO SECCIONA DE LA JUDICATURA
(SALA ADMINISTRATIVA) y DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYAN, CAUCA, para que en el futuro esta
situación no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la apropiación de
recursos para designar en encargo a otra persona, para que los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir en la
eficiencia de la administración de justicia.>>
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- En la actualidad, el accionante se desempeña como Asistente Jurídico Grado 19
en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.
En ese contexto, solicitó al titular del aludido despacho la concesión de sus
vacaciones, causadas entre el 1º de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023, para
ser disfrutadas partir del 7 de noviembre hasta el 1º de diciembre de la presente
anualidad.
5.- Mediante Resolución número 17 del 28 de agosto de 2023, el juez en mención
concedió las vacaciones solicitadas por el accionante. A su vez, dispuso remitir copia
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04789-01
Accionante: Williams Andrés Pabón López
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de ese acto administrativo a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán a fin de que adelantara las gestiones administrativas y
presupuestales correspondientes para proveer el pago oportuno de esa prestación,
así como el remplazo del empleado mientras hace uso de su periodo vacacional,
conforme al criterio fijado por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-296 de
2023.
6.- La referida seccional, a través del oficio DESAJPOO23-1122 del 31 de agosto
de 2023 informó que los recursos para el pago de las vacaciones del actor se
encuentran garantizados ya que corresponden a los gastos de personal asignados
para esa vigencia. No obstante, indicó que no resultaba posible expedir certificado
de disponibilidad presupuestal para la designación de un remplazo, en atención a lo
previsto en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura, por lo que hasta que la misma no sea modificada
no puede disponer del presupuesto requerido, ya que éste es asignado por el nivel
central únicamente para los casos señalados en la citada reglamentación. Respecto
al fallo de unificación, precisó que si bien la Corte ordenó al Consejo Superior de la
Judicatura que en un plazo que no excediera los 6 meses reglamentara la forma de
garantizar la efectividad del derecho a las vacaciones de los empleados, lo cierto es
que la misma aún no ha sido expedida, por lo que no se han garantizado los recursos
para su ejecución.
7.- En consideración a lo anterior, el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Popayán, por medio de la Resolución número 18 del 1 º de
septiembre de 2023, revocó el acto administrativo emitido el 28 de septiembre
anterior y, en consecuencia resolvió aplazar indefinidamente el disfrute de las
vacaciones deprecadas por el demandante, argumentando que para garantizar la
efectiva prestación del servicio y evitar una sobrecarga laboral era necesario nombrar
un reemplazo.
8.- Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante alegó que impedir el
disfrute de sus vacaciones con fundamento en restricciones administrativas es una
carga desproporcionada que no está en la obligación de soportar, pues el descanso
constituye un derecho fundamental que le asiste a todos los servidores de la Rama
Judicial, más aun considerando que cumple con todas las condiciones para acceder
a las vacaciones.
9.- Además, aseveró que la Seccional accionada efectuó una interpretación errónea
de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, pues la misma no contiene
ninguna disposición que autorice negar los derechos de los empleados de la Rama
Judicial. Interpretación que además resulta ser desfavorable, si se tiene en cuenta
que la decisión de no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal requerido
se fundamentó en la circular en comento y no en la legislación vigente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04789-01
Accionante: Williams Andrés Pabón López
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
10.- También, manifestó que la negativa en proveer los recursos para la designación
de un remplazo durante su periodo vacacional, desconoce el “precedente judicial”
sentado por esta Corporación “de manera pacífica” en algunos pronunciamientos en
los que se discutieron asuntos similares, proferidos en el marco de acciones de
tutela.
B. Sentencia de primera instancia
11.- Mediante providencia del 25 de septiembre de 2023 la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados
por el accionante, tras advertir que el goce y disfrute del periodo vacacional que
legalmente le asiste se vio afectado con ocasión de asuntos de índole administrativa,
presupuestal y de organización interna, que no está en la obligación de soportar, más
aun si se tiene en cuenta que acorde con el procedimiento establecido en la Circular
PSAC11-44 de 2011, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al
disfrute de las vacaciones individuales, el único deber que tiene el empleado es
reportar la programación de las mismas ante la autoridad respectiva, el cual en este
caso se acreditó.
12.- Al respecto, resaltó que la falta de reglamentación de un procedimiento para la
solicitud de remplazos de los empleados cuyo régimen de vacaciones es individual
no puede servir de fundamento para desconocer su derecho al descanso, pues tanto
los funcionarios como los empleados judiciales tienen derecho indistintamente a
disfrutar de un período de descanso sin que sea dable distinguir o poner obstáculos
infundados en razón únicamente del cargo. Además, señaló que la presencia de
otros empleados en el Despacho o alguna otra razón similar tampoco resulta
suficiente para limitar su derecho al descanso, pues el servidor que los remplace
tendría que ocupar dos cargos simultáneamente con funciones diferentes pero
percibiendo el mismo salario del cargo de menor jerarquía.
13.- Aunado a lo anterior, sostuvo que el alcance y las finalidades del derecho al
descanso se ven comprometidas si las labores a cargo del trabajador no cesan
durante su periodo vacacional o no son asumidas por un remplazo, ya que por cada
día de vacaciones la carga laboral se incrementa debido a la naturaleza del servicio,
de manera que, una vez se reincorpore, el empleado deberá adelantar todo lo que
no pudo hacer durante el receso, tiempo en el que además tampoco podrá recuperar
sus fuerzas si subsiste la preocupación respecto al trabajo pendiente.
14.- No obstante, precisó que el juez constitucional carece de competencia para
ordenar apropiaciones presupuestales a la Nación, pues ello implicaría restringir el
marco de discrecionalidad conferido constitucional y legalmente a los órganos de
administración para ejecutar el presupuesto. Por esa razón, adujo que el hecho de
que el juez de tutela no ordene la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal reclamado y que ello ocasione la falta de nombramiento de un remplazo
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04789-01
Accionante: Williams Andrés Pabón López
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
así como la consecuente congestión judicial a la que se vería enfrentado el despacho
mientras el servidor disfruta de sus vacaciones, son problemáticas administrativas
propias del servicio de administración de justicia que deben ser atendidas por las
entidades representantes de la Rama Judicial, a fin de garantizar que el servicio se
preste en condiciones adecuadas y de manera oportuna, pero además, sin que se
afecte los derechos del empleado que ha dedicado sus esfuerzos durante todo un
año a prestar sus servicios y que no tiene que padecer dichas dificultades. Con
fundamento en lo expuesto, impartió la orden y el exhorto ya referidos.
C. La impugnación
15.- En desacuerdo con la decisión de primera instancia, el accionante y su autoridad
nominadora interpusieron impugnación. En síntesis, ambos reprocharon que si bien
el A quo reconoció el derecho al descanso del demandante y a disfrutar sus
vacaciones sin ningún tipo de condicionamiento, al mismo tiempo señaló que la
acción de tutela no es el mecanismo para ordenar apropiaciones de carácter
presupuestal, como las destinadas a la provisión de recursos para la designación de
remplazos de los servidores judiciales que entran a hacer uso de su periodo
vacacional, argumentos que resultan contradictorios entre sí y que, además
desconocen el “precedente” del Consejo de Estado sobre la materia.
16.- Al respecto, sostuvieron que aunque no desconocen que es el nominador quien
debe emitir el acto administrativo mediante el cual se concedan las vacaciones
solicitadas por su empleado, lo cierto es que también le corresponde a las
Direcciones Seccionales de Administración Judicial adoptar todas las medidas
necesarias para que en su ausencia no se vea afectada la prestación del servicio,
como acontece en el caso que nos ocupa, ya que la falta de designación de un
remplazo generaría traumatismos en la prestación del servicio, por lo que es evidente
que el nombramiento de un remplazo es la alternativa idónea para garantizar el
derecho el derecho fundamental al descanso del accionante.
17.- En ese sentido, alegaron que, a pesar de la orden impartida por el juez de tutela
de primera instancia, aún persiste la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, pues la negativa de la Seccional de proveer los recursos para el
nombramiento de un remplazo constituye un obstáculo para que pueda disfrutar de
su derecho fundamental al descanso.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
18.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04789-01
Accionante: Williams Andrés Pabón López
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
E. Análisis del caso concreto
19.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a las accionadas ante la omisión de realizar las acciones
presupuestales pertinentes para garantizar el disfrute de sus vacaciones.
20.- La posición mayoritaria de la Subsección2 frente a este tipo de asuntos3 partía
de considerar que en los mismos no se cumplía el presupuesto de la subsidiariedad
ante la existencia de otros medios idóneos y eficaces para obtener la protección de
los derechos fundamentales invocados.
21.- No obstante, la Sala mayoritaria debió abandonar esa postura4 en atención al
criterio de unificación jurisprudencial adoptado recientemente por la Corte
Constitucional en sentencia SU-296 de 2023 5 , según el cual, en estos casos se
acredita el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, en especial el
atinente a la subsidiariedad, lo que da lugar a que el juez de tutela examine el fondo
del asunto a fin de determinar la posible vulneración de los derechos fundamentales
que se invocan.
22.- A partir de ese análisis y luego de hacer un recuento jurisprudencial sobre el
descanso como derecho fundamental autónomo y su relación con el derecho al
trabajo en condiciones dignas, así como el marco normativo que regula el trámite
administrativo para el otorgamiento de las vacaciones a los empleados y funcionarios
judiciales que pertenecen al régimen de vacaciones individuales, la Corte consideró
que ante la falta de gestión por parte de las direcciones ejecutivas seccionales de
administración judicial para proveer los recursos necesarios para el nombramiento
de los remplazos de los servidores que desean disfrutar de su periodo vacacional, la
autoridad nominadora se ve forzada a decidir entre garantizar el correcto
funcionamiento del despacho a su cargo o velar por los derechos laborales de los
empleados que lo conforman, lo que no supone necesariamente algún capricho o
arbitrariedad.
2 Ver entre otras, las sentencias proferidas el 4 de junio de 2021 (11001-03-15-000-2021-01633-00), el 21 de
octubre de 2022 (11001-03-15-000-2022-02707-01), el 18 de noviembre de 2022 (11001-03-15-000-2022-05422-
00) y el 3 de febrero de 2023 (11001-03-15-000-2022-05047-01). En las mismas salvó su voto la consejera María
Adriana Marín.
3 Los casos analizados abordaron el estudio de asuntos en los que servidores de la Rama Judicial, que
ostentaban la calidad de empleados pertenecientes al régimen de vacaciones individuales, solicitaban el amparo
de sus derechos fundamentales, cuando les negaban la concesión de sus vacaciones y la expedición de un
certificado de disponibilidad presupuestal para la designación de un remplazo mientras disfrutaban de las
mismas.
4 Ver las sentencias de 4 de septiembre de 2023 proferidas en los casos 11001-03-15-000-2023-03556-00 y
11001-03-15-000-2023-04287-00.
5 Los presupuestos fácticos, la ratio decidendi, y las decisiones adoptadas en la misma fueron informados por la
Corte Constitucional, a través del Comunicado de Prensa No. 25, referido a las sesiones de Sala Plena de dicha
corporación, llevadas a cabo los días 2 y 3 de agosto de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04789-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
23.- Ello, si se tiene en cuenta que los despachos judiciales cuyo régimen de
vacaciones es individual tienen una gran carga laboral, en razón al tipo de asuntos
que deben tramitar, sumado al hecho de que dicha carga se incrementa por las
funciones que deben asumir ante el periodo de vacaciones colectivo de los demás
despachos de la Rama Judicial, lo que ha ocasionado la congestión de los mismos.
24.- Además, precisó que si bien la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la
Judicatura no regula el trámite para la concesión de vacaciones individuales a los
empleados judiciales, tampoco lo prohíbe, por lo que el hecho de que no se
reglamente tampoco significa que aquellos no tengan derecho a que se programen
sus vacaciones o a ser remplazados durante su periodo vacacional. A su vez, resaltó
que:
<<(…) el tiempo durante el cual el empleado se encuentra de vacaciones debe ser
usado exclusivamente para que este descanse, recupere sus energías y, en general,
para su propia realización personal y familiar a través de la disposición autónoma de
su tiempo libre, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con la garantía de la
dignidad humana. De esta manera, la garantía del derecho al descanso no solo implica
que se observe su dimensión temporal sino que responde a aspectos sustanciales
como la calidad del descanso, el bienestar físico y mental del trabajador, así como su
autonomía en la gestión del tiempo libre. Por ello, el derecho fundamental al descanso
se vería afectado si durante este periodo se le siguen asignando al trabajador tareas
o se le mantiene en incertidumbre respecto de la acumulación de las mismas al
momento de su reincorporación, lo cual tiene la capacidad de repercutir, sin duda, en
su salud física y mental, así como en su bienestar general.>>6
25.- Con fundamento en lo anterior, el Alto Tribunal Constitucional concluyó que
tanto la determinación de la autoridad nominadora de negar las vacaciones por
necesidades del servicio, así como la decisión de la administración de no expedir un
certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del remplazo del
servidor que sale a disfrutar de su periodo vacacional individual, comportan una
transgresión de su derecho fundamental al descanso y, además, podría repercutir en
la garantía de otras prerrogativas iusfundamentales como la salud física y mental, y
la dignidad humana. Situación que también impacta el adecuado funcionamiento de
la administración de justicia, si se tiene en cuenta que la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes incide en el desempeño de sus labores como
servidores judiciales.
26.- Así las cosas, de acuerdo al criterio fijado por la Corte, el descanso como
derecho fundamental autónomo, únicamente se entiende satisfecho si se atiende
integralmente, es decir, no basta con que el nominador conceda las vacaciones del
empleado que las reclama, sino que además, es necesario que se adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales necesarias para garantizar la efectiva
prestación del servicio en el despacho, pues ello no solo busca que no se generen
traumatismos en la administración de justicia, sino que además permite que el
6 Comunicado número 25 del 2 y 3 de agosto de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04789-01
Accionante: Williams Andrés Pabón López
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
trabajador recupere sus fuerzas, su salud física y mental, así como disponer de su
tiempo libre para su propia realización personal y familiar, sin ningún tipo de
preocupaciones que perturben su tranquilidad, como a las que eventualmente se
vería enfrentado en caso de que no le fuera designado un remplazo para la ejecución
de sus labores durante su periodo vacacional.
27.- Cabe precisar que aunque, en principio, al juez constitucional no le corresponde
inmiscuirse en asuntos de tipo presupuestal, lo cierto es que la problemática
estructural causada ante la omisión en la regulación de un procedimiento que permita
garantizar de forma plena el derecho fundamental al descanso de los empleados que
pertenecen al régimen individual de vacaciones y la ausencia de otro medio judicial
idóneo y eficaz para obtener la protección de dicha prerrogativa, conllevó a que la
Corte Constitucional determinara que en estos casos el juez de tutela debe intervenir
impartiendo órdenes en materia presupuestal, a fin de salvaguardar ese derecho,
hasta tanto no se emitan las reglamentaciones necesarias para dar solución a las
situaciones administrativas que impactan las garantías laborales de los servidores
de la Rama Judicial.
28.- Descendiendo al caso concreto, se observa que el mismo guarda similitud
fáctica y jurídica con la ya mencionada decisión de unificación, por lo que es claro
que esta última constituye un precedente que se impone como deber de observancia
para el juez de tutela en aras de resolver el problema jurídico planteado en la
presente acción constitucional.
29.- En ese escenario, se debe precisar que aunque el A quo amparó el derecho
fundamental al descanso del accionante, lo cierto es que únicamente ordenó a su
nominador que expidiera el acto administrativo por el cual concediera las vacaciones
solicitadas. Sin embargo, como se vio, de acuerdo con el precedente fijado por la
Corte Constitucional y lo indicado tanto por el accionante como por el Juez Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán en sus escritos de
impugnación, el amparo debe ser integral de cara a proteger materialmente el
derecho fundamental al descanso, por lo que además de ordenar a la autoridad
nominadora que conceda las vacaciones, es necesario que se ordene a la Seccional
accionada adelantar las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes para
garantizar la efectiva prestación del servicio a cargo de la autoridad judicial en
mención, mientras su empleado disfruta de su periodo vacacional.
30.- Por lo reseñado anteriormente, la Sala habrá de modificar el numeral 2º del fallo
impugnado, en el sentido de ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán que, en el término de diez (10) días contados a
partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, -en coordinación con la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-, expida el certificado de disponibilidad
presupuestal para la designación del remplazo del servidor William Andrés Pabón
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04789-01
Accionante: Williams Andrés Pabón López
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
López durante sus vacaciones. En lo demás, se confirmará la decisión que amparó
el derecho fundamental al descanso del accionante.
31.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2º de la sentencia proferida el 25 de septiembre
de 2023, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el cual
quedará así:
<<2º) Ordenase a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán para que, en el término de diez (10) días contados a partir del día siguiente
a la notificación de esta providencia, -en coordinación con la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial-, expida el certificado de disponibilidad presupuestal para la
designación del remplazo del accionante durante el periodo en que haga uso de sus
vacaciones. Cumplido lo anterior, Ordénase al titular del Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán que, en un plazo de cuarenta
y ocho (48) horas, contadas a partir de que se le comunique la provisión de los recursos
en mención, permita el disfrute efectivo del derecho al descanso del señor Williams
Andrés Pabón López >>.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo impugnado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Aclaración de voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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