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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04287-00

Fecha
4 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04287-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Amparar el derecho fundamental al descanso de la señora de la señora Lida Pastrana Vargas, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia, se ordena: a. A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, realice los trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio a cargo del Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de Garzón - Huila , mientras la señora Pastrana Vargas disfruta de sus vacaciones. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2023-04287-00 Actor: Lida Pastrana Vargas Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros Sentencia de tutela de primera instancia b. Al juez segundo penal municipal con Funciones Mixtas de Garzón - Huila, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de que reciba el certificado de disponibilidad presupuestal para designar el reemplazo de la señora Pastrana Vargas, le conceda las vacaciones solicitadas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04287-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04287-00
Demandante: LIDA PASTRANA VARGAS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Lida Pastrana Vargas
contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva y el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones Mixtas de Garzón – Huila.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

La señora Lida Pastrana Vargas interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Huila y el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de Garzón, porque consideró
vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, al descanso, a la familia y a la
igualdad. Formuló las siguientes pretensiones:

A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, la provisión
de los recursos necesarios y la expedición del correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal para el nombramiento de mi remplazo y con ello la
titular del Juzgado 2° Penal Municipal con Funciones Mixtas de Garzón, adopte
las medidas que sean necesarias para conceder las vacaciones equivalentes a
22 días continuos por cada año de servicio, solicitadas por este servidor.

Al Juez 2° Penal Municipal con Funciones Mixtas de Garzón, para que una vez
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apropie los recursos
solicitados, me conceda de inmediato el disfrute de las vacaciones solicitadas,
a partir del 4 de septiembre de 2023.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04287-00
Actor: Lida Pastrana Vargas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

A la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, hacer las
gestiones pertinentes para que expida certificado de disponibilidad
presupuestal cada vez que se adelante el trámite de vacaciones a efectos de
no incurrir en temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que solicite
las vacaciones me las nieguen por no contar con dicho certificado y tenga que
acudir a esta acción constitucional por los mismos hechos y derechos.

De conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, solicito que el fallo
de tutela se prevenga a la entidad accionada para que en ningún caso vuelva
a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela,
y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de
las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

La accionante manifestó que ejerce el cargo de citadora en propiedad en el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de Garzón, Huila, desde el 6 de
julio de 2022, al «haber renunciado a la licencia no remunerada concedida mediante
la Resolución 014 del 22 de mayo de 2019».

Expuso que, según certificación de Talento Humano, el derecho a las vacaciones
ya está causado, por haber prestado sus servicios del 6 de julio de 2022 al 5 de julio
de 2023. Por ese motivo, solicitó al titular del Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones Mixtas de Garzón el disfrute de sus vacaciones a partir del 4 de
septiembre de 2023.

Previo al estudio de fondo de la solicitud, el titular del juzgado solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva emitir el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar el respectivo reemplazo.
Mediante Oficio DESAJNEO23-2519 del 3 de agosto de 2023, el área de Talento
Humano le informó que la expedición de CDP sólo estaba prevista para el
reemplazo de vacaciones de los funcionarios judiciales y excepcionalmente para
empleados cuando los despachos judiciales contaran con tres cargos o menos.

A través de la Resolución 14 del 3 de agosto de 2023, el titular del juzgado le negó
el disfrute de sus vacaciones, basado en «razones del servicio, por el cúmulo de
trabajo que caracteriza al ser dicho despacho con funciones mixtas (función de
control de garantías y conocimiento); así como ser oficina de reparto cada semana
de por medio al no existir la misma ni centro de servicios».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04287-00
Actor: Lida Pastrana Vargas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

Señaló que, en su criterio, no es viable proceder a la redistribución de tareas por la
cantidad de audiencias, solicitudes y trámites que se adelantan día a día en ese
despacho, que son atendidas por la titular y tres servidores judiciales más, de los
cuales sólo uno tiene funciones de sustanciación. Explicó que los demás servidores
no podrían asumir sus funciones, de manera que durante sus vacaciones no podrían
ser ejecutadas y «lo más grave es que estas serían acumuladas hasta mi reintegro».

Sostuvo que se está vulnerando su derecho a la igualdad, toda vez que el Tribunal
Administrativo de Caquetá y el Consejo de Estado han amparado los derechos de
los servidores judiciales a las vacaciones que se encuentran en sus mismas
condiciones.

Finalmente, en relación con la subsidiariedad, expresó que el Consejo de Estado ha
considerado que la acción de tutela resulta procedente, a pesar de que dichos actos
administrativos pueden ser controvertidos a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, por cuanto ese instrumento judicial no es idóneo y
eficaz para garantizar sus derechos fundamentales.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 14 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al director y a la
coordinadora financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva y al juez segundo penal municipal de Garzón -Huila, como parte
demandada. Asimismo, se dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El titular del Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones Mixtas de
Garzón señaló que, de conceder las vacaciones a la accionante, quedarían s ólo
dos empleados para el desarrollo de todas laborales del despacho resultando
insuficiente, por cuanto tienen asignadas etapas de conocimiento y de control de
garantías, y turno de disponibilidad semana de por medio.

Manifestó que ante la inexistencia de oficina judicial en ese circuito judicial le
corresponde realizar turno durante toda una semana para realizar el reparto
correspondiente de las acciones constitucionales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04287-00
Actor: Lida Pastrana Vargas
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Precisó que en atención a todas esas situaciones es necesario contar con toda la
planta de personal con el fin de no sobrecargar y vulnerar los derechos de quienes
quedarían laborando, al ser imposible asumir la carga laboral de la citada entre la
escribiente (quien se encuentra en estado de gestación) y la secretaria.

Sostuvo que, si bien no se puede desconocer el derecho al descanso de la
accionante, de concedérsele las vacaciones, «sería un total despropósito para las
personas que quedarían laborando, atendiendo la excesiva carga laboral y
múltiples funciones asignadas, por cuanto no se podría cumplir con todas ellas en
término y no se prestaría de manera eficaz el servicio».

Por todo lo anterior, solicitó que se ampararan los derechos fundamentales de la
demandante y, por tanto, pidió que se ordenara a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Neiva la provisión de los recursos necesarios y la
expedición del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para el
nombramiento de un reemplazo.

2.2. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó la desvinculación de la acción de
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las acciones y
omisiones atribuidas por la accionante dependen única y exclusivamente de la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, la cual actúa como
ordenadora del gasto, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 6 del
artículo 103 de la Ley 270 de 1996.

2.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva manifestó
que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, por cuanto el
juez segundo penal municipal con funciones mixtas de Garzón es el competente
para resolver la solicitud y designar las funciones a otro servidor del despacho por
el tiempo de disfrute de las vacaciones de la accionante.

Asimismo, sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
344 de 1996, los servidores encargados para asumir empleos diferentes para los
cuales han sido nombrados no tienen derecho al pago de la remuneración señalada
para el empleo que desempañan temporalmente.

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Actor: Lida Pastrana Vargas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

Señaló que la Presidencia de la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura emitió la Circular No. 44 de 2011, en la que establece el
procedimiento para la «programación de vacaciones de los funcionarios judiciales
del régimen de vacaciones individuales». Que, de conformidad con esa circular, la
figura del reemplazo por vacaciones sólo es aplicable a funcionarios judiciales en
los términos allí establecidos, así:

1. Los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales, deberán
hasta el mes de marzo de cada año, reportar la programación de vacaciones
correspondientes al siguiente año, ante el Consejo Seccional de la Judicatura,
Sala Administrativa y Dirección Seccional, del respectivo distrito judicial.

2. El Consejo Seccional del respectivo distrito judicial, dentro de la
programación de turnos de vacaciones que efectúe, tendrá como prioridad la
de los funcionarios judiciales que tienen mayor número de periodos
acumulados de vacaciones, siempre que no afecte la prestación del servicio
público de Administrar Justicia. Una vez concedidas y reconocidas las
vacaciones a dichos servidores, no habrá lugar a su aplazamiento.

3. El reporte realizado por los funcionarios deberá contener como mínimo los
siguientes datos: despacho, cargo, periodos pendientes por disfrutar,
aplazados, periodos a disfrutar y fecha del disfrute, con el visto bueno del
respectivo nominador.

4. Tal como está previsto en el artículo 132 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, las designaciones en encargo son procedentes
cuando las necesidades del servicio lo exijan. Por tanto, tratándose de Jueces,
los nominadores deberán ejercer esa potestad en todos los casos en que exista
un empleado que cumpla los requisitos para ser designado como Juez. Por su
parte, el empleado encargado asumirá este deber conforme lo prevé el artículo
153 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, sin derecho a percibir
la remuneración señalada para el empleo que se desempeña temporalmente,
mientras su titular lo esté devengando. En los casos de incapacidad médica o
inhabilidad legal de la persona a encargar, debidamente certificados por el
órgano o entidad competente, procederá el trámite de asignación de recursos
para nombrar el reemplazo, anexando los documentos pertinentes.

5. Cuando no sea posible designar en encargo a alguno de los servidores del
correspondiente despacho judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá
incluir dentro del proyecto de presupuesto del año siguiente, la asignación de
recursos que permita efectuar el nombramiento en provisionalidad de sus
reemplazos.

[…]

Expuso que, como la accionante no ostenta la calidad de funcionaria judicial, sino
de empleada, no es posible expedir el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal.

Adicionalmente, citó el contenido del Concepto DEAJRHO17-5287 del 12 de
octubre de 2017, según el cual sólo resulta posible expedir certificado de
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Actor: Lida Pastrana Vargas
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Sentencia de tutela de primera instancia

disponibilidad presupuestal cuando el Despacho cuente con una planta de tres
cargos o menos.

Por último, indicó que la solicitud de amparo es improcedente por cuanto la
demandante cuenta con otro medio de defensa judicial para garantizar sus
derechos fundamentales.

En memorial del 17 de agosto de 2023, aportó copia de la providencia del pasado
4 de agosto proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, «con el fin de anexarla como prueba del trámite».

2.4. En escrito del 25 de agosto de 2023, la accionante indicó que la tutela no es
improcedente, por cuanto el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es ineficaz. Para tal efecto, citó la sentencia del 9 de septiembre de 2019,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. De
igual modo, puso de presente que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-296
de 2023, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que «en un plazo que no
exceda los seis meses y previa consulta y o participación de los jueces, adopte la
reglamentación necesaria para garantizar la efectividad del derecho a las
vacaciones que se disfrutan en forma individual al interior de la Rama Judicial y, a
partir de la debida planeación, se prevenga la aplicación de razones de orden
presupuestal, logístico o administrativo como barreras para el disfrute de dicho
derecho».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, en especial, el de subsidiariedad. De cumplirse, se abordará el
estudio de fondo, con el fin de establecer si las autoridades demandadas vulneraron
los derechos fundamentales al trabajo, al descanso, a la familia y a la igualdad de
la señora Lida Pastrana Vargas.

2. Análisis de la Sala

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la pretensión de amparo
constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial para

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la protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta condición se
encuentra reiterada en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y en la
jurisprudencia constitucional1, los cuales, en general, insisten en la improcedencia
de la tutela para propiciar debates respecto de los cuales existen otros recursos o
instrumentos judiciales y, en particular, para discutir la legalidad de decisiones
contenidas en actos administrativos, salvo que se acredite la falta de eficacia de
esos mecanismos.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en
presencia de un perjuicio irremediable 2, es decir, que se trate de un riesgo cierto y
real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales,
riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica,
esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio.

En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga
de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a l os
derechos fundamentales.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico planteado

La accionante argumentó que las autoridades demandadas le vulneraron sus
derechos fundamentales, por cuanto le negaron el goce o disfrute material de sus
vacaciones, aduciendo razones de disponibilidad presupuestal y necesidad del
servicio, lo que le impide disfrutar de su derecho al descanso. Que, de hecho, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva no ha tramitado
el correspondiente CDP, a fin de apropiar los recursos necesarios para nombrar a
la persona que la va a reemplazar.

1 Alrespecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se
destacan las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de
2019 y T-451 de 2022.
2 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a:

Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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En anteriores oportunidades 3, La tesis mayoritaria4 de esta Subsección consistía en
que en este tipo de casos la parte demandante debía agotar los mecanismos
ordinarios de defensa para obtener la protección de sus garantías fundamentales,
esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la
solicitud de medidas cautelares, que le permitirían debatir la legalidad de los actos
administrativos que le negaron sus vacaciones y la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal para designar su reemplazo.

No obstante, a partir de este pronunciamiento, la Sala modifica su posición en
atención a lo resuelto recientemente por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
296 de 2023 5, bajo el entendido de que en asuntos como el que aquí se examina,
la solicitud de amparo sí cumple con el requisito de subsidiariedad y, por ende, es
procedente analizar el fondo de la controversia. Textualmente, esto dijo la Corte:

(…)
En primer lugar, verificó si se cumplían los requisitos de procedencia de la acción
constitucional en los casos acumulados, en particular en lo relacionado con el requisito
de subsidiariedad. En este caso la Sala encontró que las tutelas sub examine (bajo
examen) eran procedentes y que, por tanto, era necesario analizar el fondo de dichos
asuntos.

Considera la Sala que, a pesar de que la accionante puede instaurar demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que le
negaron el derecho a disfrutar sus vacaciones, lo cierto es que este no sería un
mecanismo eficaz de protección de sus derechos, si se considera la duración
promedio de un proceso ordinario, lo que claramente podría repercutir sobre su
estado de salud, al punto de representar un serio riesgo de enfermedad física y
sicológica.

Lo anterior no significa que el derecho a gozar de las vacaciones esté
condicionado a que el trabajador padezca de alguna enfermedad, sino que el
riesgo de adquirir patologías psicosociales como consecuencia de la falta de
descanso da cuenta de la ineficacia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para proteger los derechos fundamentales

3
Al respecto, ver, entre muchas otras, las sentencias del 8 de mayo de 2023, exp. 2022-06182-01,
y del 4 de julio de 2023, exp. 2023-02118-00 y 2023-01218-01.
4 Criterio que no era compartido por la magistrada ponente de esta sentencia, quien, por tanto, salvó

el voto en esas ocasiones.
5 Comunicado 25 de la Presidencia de la Corte Constitucional, agosto 2 y 3. Disponible en:

https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2025%20-
%20Agosto%202%20y%203%20de%202023.pdf
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invocados. De hecho, así lo consideró la Corte Constitucional en la sentenci a
SU-296 de 2023, cuando concluyó que «la actuación de las accionadas no solo
impacta en el derecho fundamental al descanso de los actores, sino que podría
tener incidencia en la garantía de otros derechos como la salud física y mental,
así como en la dignidad humana de los funcionarios y empleados judiciales a
quienes se les ha impedido acceder a las vacaciones en igualdad de condiciones
debido a la imposición de barreras administrativas».

En efecto, en la misma línea de la Corte Constitucional, es claro que las
vacaciones no sólo permiten recuperarse del desgaste propio de las actividades
laborales, sino que constituyen una verdadera prerrogativa de naturaleza
iusfundamental mediante la cual los trabajadores pueden realizarse plenamente
en otras facetas de su existencia, de acuerdo con el plan de vida trazado, que
es, en últimas, una de las expresiones del principio de dignidad humana 6. De ahí
que, como beneficio mínimo irrenunciable, el disfrute de las vacaciones puede
garantizarse a través de la acción de tutela, sin que ello desconozca el carácter
residual y subsidiario de este mecanismo constitucional.

Con respecto a las vacaciones, se precisa que el artículo 25 de la Constitución
Política prevé que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de
especial protección por parte del Estado. Tal disposición, a su vez, indica que toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Por su parte, en el artículo 53 ibídem se señalan varios principios mínimos
fundamentales de forzosa observancia, entre los que se encuentran la igualdad de

6
En la sentencia T-881 de 2022, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional realizó
la siguiente síntesis de la configuración jurisprudencial de la naturaleza jurídica de la dignidad
humana:

(…)
10. Para la Sala una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del
contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad normativa, puede
presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de
su funcionalidad normativa.

Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad
humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres
lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como
autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según
sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como
ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad
humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física
e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Énfasis de la Sala).
(…).
9

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oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos consagrados en
normas laborales y se establece como uno de los principios de los trabajadores el
«descanso necesario» para la recuperación de las energías por el desgaste normal
originado por la actividad laboral 7.

La Corte Constitucional, en sentencia C-171 de 2020, estableció que las vacaciones
tienen especial relevancia en el ejercicio del trabajo y que «no tienen como único
propósito que el trabajador se recupere del desgaste que le ocasionan las
actividades laborales, sino que tiene por objeto permitirle al individuo espacios en
los cuales realice actividades en desarrollo de sus propias expectativas y las de su
familia», por lo que se reconoce el derecho a las vacaciones que se perfecciona a
través del goce del descanso remunerado.

En el mismo sentido, la Sección Cuarta de esta Corporación ha expresado que:

El descanso remunerado, denominado vacaciones, tiene por objeto que el
empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo
dedicado a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las
vacaciones, tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha
cumplido con los requisitos legales establecidos para que se causen. El
empleador o nominador, es la persona que está llamada a otorgar las
vacaciones al trabajador8.

Ahora bien, el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, es claro al disponer que los
servidores judiciales de los Juzgados Penales Municipales que pertenecen al
régimen de vacaciones individuales tienen derecho a un descanso remunerado
de 22 días continuos por cada año de servicios, los cuales deben ser concedidos
por el respectivo nominador.

En el caso concreto, se tiene que el titular del Juzgado Segundo Penal Municipal
con Funciones Mixtas de Garzón - Huila, mediante Resolución 14 del 3 de agosto
de 2023, le negó el derecho a disfrutar de las vacaciones de la señora Lida
Pastrana Vargas del período comprendido entre el 6 de julio de 2022 y el 5 de
julio de 2023, en atención a razones de necesidad del servicio y, adicionalmente,
porque la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, en
Oficio DESAJNEO23-2519 de esa misma fecha, se abstuvo de expedir el

7 Consejo de estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de enero de 2011, exp. 17001-23-31-000-

2010-00345-01(AC), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
8 Consejo de Estado. Sección Cuarta. sentencia de 12 de diciembre de 2018, radicado: 08001-23-

33-000-2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
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respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, ya que este sólo procede
cuando se requiera para funcionarios y, de manera excepcional, cuando los
despachos judiciales cuenten con plantas de personal con tres cargos o menos.

En este punto, la Sala considera pertinente citar las razones que esgrimió la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-396 de 2023, para conceder el amparo
solicitado por los allí demandantes:

La Sala tuvo en cuenta que la situación administrativa a la cual se enfrentan los
diferentes nominadores como directores de los despachos judiciales es
compleja y refleja que su negativa a conceder las vacaciones a los actores no
es necesariamente caprichosa e injustificada, como lo sostuvieron las
diferentes Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Para
arribar a esta conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial a realizar determinadas
actuaciones administrativas y financieras, el nominador se encuentra
compelido a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del
despacho a su cargo y la satisfacción de los derechos laborales de los
empleados que lo conforman.

Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es
individual tienen una característica en común que se refiere a la urgencia,
importancia y volumen de los asuntos que deben tramitar de forma
ininterrumpida, lo cual implica, además, la necesidad de garantizar la
evacuación expedita de los trámites a su cargo. Además, se trata de
despachos que se encuentran altamente congestionados y, sumado a ello, ven
intensificada su carga laboral con ocasión del periodo vacacional colectivo de
los demás despachos de la Rama Judicial, pues los juzgados cuyo régimen
de vacaciones es individual asumen también la carga laboral en asuntos
de tutela cuando los demás despachos se encuentran en receso por la
vacancia judicial.

Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no
regula el trámite para la concesión de vacaciones individuales a los
empleados judiciales, la Sala destacó que esto no significa que aquellos
no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser
eventualmente remplazados durante el periodo en el cual disfrutan de
dicha prestación, pues ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo
prohíbe, como parecieran entenderlo las Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial en sus respuestas durante los diferentes trámites
de tutela.

Al proseguir su análisis, la Sala destacó que el tiempo durante el cual el
empleado se encuentra de vacaciones debe ser usado exclusivamente para
que este descanse, recupere sus energías y, en general, para su propia
realización personal y familiar a través de la disposición autónoma de su
tiempo libre, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con la
garantía de la dignidad humana. De esta manera, la garantía del derecho al
descanso no solo implica que se observe su dimensión temporal sino que
responde a aspectos sustanciales como la calidad del descanso, el bienestar
físico y mental del trabajador, así como su autonomía en la gestión del tiempo
libre. Por ello, el derecho fundamental al descanso se vería afectado si durante
este periodo se le siguen asignando al trabajador tareas o se le mantiene en
incertidumbre respecto de la acumulación de las mismas al momento de su
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04287-00
Actor: Lida Pastrana Vargas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

reincorporación, lo cual tiene la capacidad de repercutir, sin duda, en su salud
física y mental, así como en su bienestar general.

(…)

Además, insistió en que esta situación también puede incidir en el adecuado
funcionamiento de la administración de justicia, porque la vulneración de
los derechos de los actores impacta en la cantidad de trabajo a su cargo,
la eficiencia de sus labores y, según lo informado la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, ha repercutido en el aumento de la litigiosidad
en materia de tutela para obtener la garantía de este derecho, por lo cual
es posible señalar que se trata de una situación estructural.

En síntesis, la Corte consideró que:

(i) La negativa de los nominadores a conceder las vacaciones individuales de
los empleados judiciales no es injustificada, ni caprichosa, por cuanto debe
elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho o la
satisfacción de los derechos laborales de los empleados.

(ii) Los despachos judiciales que tienen régimen de vacaciones individuales se
caracterizan por la urgencia, importancia y volumen de los asuntos que
deben conocer de forma ininterrumpida, sumado al hecho de que asumen el
conocimiento de las acciones de tutela de los demás despachos que se
encuentran en receso por vacancia judicial.

(iii) Si bien es cierto que la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la
Judicatura no regula el trámite para la concesión de vacaciones individuales
de los empleados judiciales, también lo es que no lo prohíbe.

(iv) Las decisiones adoptadas por las autoridades demandadas podrían incidir
en el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, al impactar
la cantidad de trabajo, la eficiencia de sus labores y el aumento de la
litigiosidad, de ahí que se trate de una situación estructural al interior de la
Rama Judicial.

Dicho esto, conviene precisar que en la referida sentencia la Corte Constitucional
le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de 6 meses,
adoptara la reglamentación necesaria para garantizar la efectividad del derecho
a las vacaciones que se disfrutan en forma individual al interior de la Rama
Judicial y que se abstuviera de aplicar razones de orden presupuestal, logístico
o administrativo como barreras para el disfrute del derecho al descanso.
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Actor: Lida Pastrana Vargas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada, en el presente asunto el
nominador deberá garantizar el derecho al descanso de la señora Lida Pastrana
Vargas, quien pertenece al régimen de vacaciones individuales, pues de esta
manera no sólo se le da contenido al postulado constitucional del trabajo en
condiciones dignas, sino que se precaven eventuales escenarios de afectación
de otros derechos fundamentales como la salud y la vida.

Asimismo, dada la alta carga laboral y las múltiples funciones que pusieron de
presente la demandante y el titular del juzgado accionado en el informe de
contestación, resulta necesario que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, efectúen las apropiaciones presupuestales con miras a
designar el reemplazo de la accionante, mientras disfruta de sus vacaciones, con
el fin de eliminar las justificaciones de carácter puramente administrativo que
permita conjurar situaciones como la ralentización de los procesos y la excesiva
carga de trabajo, que terminan por malograr el funcionamiento de la
administración de justicia.

Al respecto, conviene señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 989, 99 (numeral 2) 10 y 103 (numerales 2 11 y 612), la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial es la entidad encargada de adelantar las funciones
necesarias para el funcionamiento de la Rama Judicial y, en esos términos, le
corresponde al director de ese organismo administrar los bienes y recursos y
actuar como ordenador del gasto. Por su parte, a las Direcciones Ejecutivas
Seccionales de Administración Judicial, en virtud de la desconcentración, se le
asignaron esas mismas funciones.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que tanto la decisión del
Juzgado accionado de negarle las vacaciones a la señora Lida Pastrana Vargas,
por razones de necesidad del servicio, como la de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva de no apropiar los recursos

9 «Es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades
administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura (…)».
10 Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
«
responder por su correcta aplicación o utilización ».
11 « Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y

responder por su correcta aplicación o utilización».
12 « Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan».

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Actor: Lida Pastrana Vargas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

necesarios para designar un reemplazo mientras aquella se encuentra en
vacaciones, atentan contra su derecho fundamental al descanso y, además,
entorpecen el desarrollo armónico, eficiente y eficaz del Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Garzón, pues con menos servidores
judiciales se tendría que sobrellevar la alta carga laboral propia de la
especialidad penal.

Por lo anterior, con el fin de garantizar los derechos fundamentales al descanso
y al trabajo en condiciones dignas de la señora Lida Pastrana Vargas, la Sala
accederá a las pretensiones de la demanda y ordenará al juez segundo penal
municipal con funciones mixtas de Garzón – Huila, que le conceda las
vacaciones solicitadas, y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Neiva, que, en coordinación la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, realice los trámites administrativos y financieros necesarios para
garantizar la correcta prestación del servicio a cargo del Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones Mixtas, mientras la demandante disfruta de sus
vacaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Amparar el derecho fundamental al descanso de la señora de la señora
Lida Pastrana Vargas, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. Como
consecuencia, se ordena:

a. A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, que, en
el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de la presente
providencia, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
DEAJ, realice los trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar
la correcta prestación del servicio a cargo del Juzgado Segundo Penal Municipal
con Funciones Mixtas de Garzón - Huila , mientras la señora Pastrana Vargas
disfruta de sus vacaciones.

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Actor: Lida Pastrana Vargas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Sentencia de tutela de primera instancia

b. Al juez segundo penal municipal con Funciones Mixtas de Garzón - Huila, que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de que reciba el
certificado de disponibilidad presupuestal para designar el reemplazo de la señora
Pastrana Vargas, le conceda las vacaciones solicitadas.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidado
r.aspx

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