Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05422-00
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Acción de tutela: ausencia de vulneración de derechos fundamentales /
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05422-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05422-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05422-00
Actor: JESÚS EMIRO OVALLE ASCANIO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIÓN DE TUTELA – Ausencia de vulneración de derechos fundamentales /
VACACIONES INDIVIDUALES – Certificado de disponibilidad presupuestal para
autorizar el reemplazo de vacaciones.
La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Jesús Emiro Ovalle Ascanio, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 4 de octubre de 2022, el señor Jesús Emiro Ovalle
Ascanio instauró demanda de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta – Norte de Santander y el Consejo Seccional de
la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al descanso, a la familia y al trabajo en
condiciones dignas.
La parte actora elevó las siguientes pretensiones (se transcribe de manera literal
con posibles errores incluidos):
Radicación: 110010315000202205422 00
Accionante: Jesús Emiro Ovalle Ascanio
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas y justas, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad.
SEGUNDO. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cúcuta — Norte de Santander, disponer lo necesario
para generar el presupuesto para nombramientos en reemplazo de los
empleados en vacaciones individuales, en concreto la disponibilidad para
disfrutar de mis vacaciones y por ende comunicar al Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Oralidad de la ciudad de Ocaña, sobre la
disponibilidad para acceder al disfrute de mi periodo de vacaciones.
2. Hechos
2.1. El señor Jesús Emiro Ovalle Ascanio se desempeña como oficial mayor del
Juzgado 2 Promiscuo de Familia de Ocaña.
2.2. El 26 de septiembre de 2022, el señor Jesús Ovalle Ascanio presentó solicitud
de vacaciones.
2.3. En virtud de lo anterior, el Juez 2 Promiscuo de Familia de Ocaña concedió la
anterior petición y, a su vez, solicitó a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta – Norte de Santander la expedición del correspondiente CDP
para atender la remuneración del reemplazo.
2.4. La anterior solicitud fue negada, mediante el oficio DESAJCUO22-1867 del 26
de septiembre de 2022.
2.5. Como consecuencia de lo anterior, en la Resolución No.043 del 27 de
septiembre de 2022, el Juez 2 Promiscuo de Familia de Ocaña negó el disfrute del
período de vacaciones con fundamento en la negativa de la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal.
3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
3.1. La demanda se presentó ante la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la que, por medio de auto del 6 de octubre de 2022, la
remitió a esta Corporación.
2
Radicación: 110010315000202205422 00
Accionante: Jesús Emiro Ovalle Ascanio
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
3.2. Efectuado el reparto correspondiente, mediante providencia del 19 de octubre
de 2022, se admitió la demanda de tutela y se ordenó notificar a las autoridades
accionadas.
3.3. El Juez 2 Promiscuo de Familia de Ocaña señaló que las pretensiones de la
demanda de tutela “son más que justas y, por tanto, deberían ser despachadas
favorablemente”.
Al respecto, indicó que la carga laboral de dichos despachos ha aumentado y cada
vez que un funcionario sale al disfrute de sus vacaciones son los demás
compañeros los que deben asumir su carga laboral respecto de los asuntos más
urgentes y frente a las labores que no se lograron evacuar debe retomarlas el
empleado al momento de su reintegro, destinado tiempo extra de su descanso
diario.
3.4. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta – Norte
de Santander solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, toda vez
que “no tiene entre sus facultades las de, a) conceder o autorizar vacaciones para
el personal titular de los despachos judiciales, ni b) emitir certificados de
disponibilidad presupuestal para cargos que no hayan sido creados o autorizados
por la Honorable Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
3.5. Por su parte, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca sostuvo que las pretensiones de la solicitud de amparo “escapan a la
competencia de esta Corporación”, razón por la cual solicitó su desvinculación del
presente asunto.
3.6. Finalmente, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declare su
falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la
parte actora, dado que “las acciones u omisiones que atribuye el accionante como
vulneradores, recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, entidad que actúa como ordenador del gasto de
conformidad con los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que
tiene a cargo expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para
3
Radicación: 110010315000202205422 00
Accionante: Jesús Emiro Ovalle Ascanio
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
designar los reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden
el disfrute de sus vacaciones”.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.
El señor Jesús Emiro Ovalle Ascanio promovió la demanda de tutela de la
referencia con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al descanso, a la familia y al trabajo en condiciones dignas; como consecuencia,
pidió que se ordenara a las entidades accionadas “disponer lo necesario para
generar el presupuesto para nombramientos en reemplazo de los empleados en
vacaciones individuales, en concreto la disponibilidad para disfrutar de mis
vacaciones”.
Respecto de este tema, la Subsección, de manera mayoritaria, ha fijado un
criterio, en los términos que a continuación se transcriben de manera literal1:
10.- Ante la negativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional del Valle del Cauca de tramitar el correspondiente CDP que
garantizara los recursos necesarios para proveer el reemplazo de las señoras
(…), mientras gozan de sus vacaciones, los actores solicitaron el amparo de
sus derechos fundamentales de descanso, igualdad, trabajo en condiciones
de dignidad humana y desempeño laboral libre de circunstancias que afecten
la salud física y mental.
11.- Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al descanso
debe ser entendido como una oportunidad que se le concede al empleado
para ‘reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud
física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples
manifestaciones’2.
1
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez,
sentencia de 4 de junio de 2021, radicación número: 11001031500020210163300, reiterada en
sentencia del 30 de julio de 2021, radicado 202104335-00 y en sentencia del 11 de octubre de
2021, expediente 2021-04202-01, entre muchas otras decisiones.
2
Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia del 20 de enero de 2004, MP. Jaime Araújo
Rentería”.
4
Radicación: 110010315000202205422 00
Accionante: Jesús Emiro Ovalle Ascanio
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
11.1.- Así las cosas, el descanso está consagrado como uno de los derechos
fundamentales del trabajador y como uno de los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo3.
12.- Bajo esta premisa, ab initio, la Sala advierte que en el presente caso no
se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por
los accionantes, como pasa a verse.
13.- El artículo 146 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 es claro al disponer
que los servidores judiciales de los Juzgados Penales Municipales que
pertenecen al régimen de vacaciones individuales tienen derecho a un
descanso remunerado de 22 días continuos por cada año de servicio, los
cuales deben ser concedidos por el respectivo nominador.
13.1.- Bajo el tenor de lo dispuesto en la norma que viene de citarse, se
advierte que le corresponde al Juez Once Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Cali y no a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Seccional del Valle del Cauca conceder las vacaciones de la
secretaria y la oficial mayor de ese despacho. Ello en la medida en que el
trámite y expedición del CDP, como decisión autónoma de la administración,
no tiene relación directa con el derecho fundamental al trabajo en condiciones
dignas ni con el beneficio del descanso remunerado, razón por la cual no se
advierte vulneración de los derechos fundamentales deprecados.
13.2.- Así las cosas, atendiendo a las necesidades del servicio, el juez Andrés
Fernando Muñoz Quintero es el llamado a establecer la fecha del disfrute del
derecho al descanso de sus servidores, previendo un eficiente funcionamiento
del despacho, potestad legal que debe ser efectuada sin requisito adicional
alguno, como el que se pretende con esta acción constitucional, al solicitar un
certificado de apropiación presupuestal previo, que en nada tiene que ver con
el disfrute individual de las vacaciones.
13.3.- En consecuencia, no resulta procedente, mediante este mecanismo
excepcional, buscar que se ordene a los entes demandados adelantar las
acciones tendientes a garantizar la provisión de recursos y, como
consecuencia, la entrega de un certificado de disponibilidad presupuestal,
previo al otorgamiento de las vacaciones.
13.4.- Este criterio ha sido acogido por esta Corporación4, en casos similares
en los cuales se ha establecido que:
<<En efecto, la orden pretendida —la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal, con el fin de cubrir vacantes provisionales
por vacaciones individuales— implicaría una indebida intromisión en el
ejercicio de funciones que son propias de dichas autoridades y de
su exclusiva competencia, y por tanto resulta ajena del todo a la
finalidad de protección inmediata de los derechos constitucionales
alegados, los que, por lo demás, no están amenazados ni pueden
resultar vulnerados, toda vez que su eficacia y efectividad no están
3
Original de la cita: “Artículo 53 de la Constitución Política”.
4
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de
enero de 2021, exp. 11001-03-15-000-2020-04490-01, CP. William Hernández Gómez; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, exp.
11001-03-15-000-2021-00681-00, CP. Gabriel Valbuena Hernández”.
5
Radicación: 110010315000202205422 00
Accionante: Jesús Emiro Ovalle Ascanio
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
sometidos, al trámite presupuestal dicho.>>5 (negrilla fuera del texto
original).
13.5.- Asimismo, en la sentencia de 13 de octubre de 20206 esta Corporación
señaló:
<<Se advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia al negar la asignación de recursos para sufragar el
pago del reemplazo de los accionantes cuando estos cumplan los
requisitos para acceder a las vacaciones, no tiene relación directa con el
derecho al descanso, comoquiera que es una decisión autónoma de la
administración y la petición respecto a las mismas, no resulta
procedente a través de la acción de tutela.
En tal sentido, no puede ser una excusa la falta de nombramiento de un
reemplazo para que el respectivo empleado pueda disfrutar de su
descanso, como se advirtió en precedencia, máxime cuando en este
caso no se demostró en qué medida la autorización de las vacaciones a
los respectivos empleados podía afectar el buen funcionamiento del
servicio o vulnerar los derechos fundamentales de estos o del resto de
servidores del juzgado, pues ni siquiera se aportó prueba de las cargas
del despacho o mucho menos de los respectivos empleados.
Además, la acción de tutela no es el instrumento idóneo para dictar
órdenes de carácter presupuestal que conlleven la necesidad de realizar
apropiaciones presupuestales, salvo que se advierta la inminencia de un
perjuicio irremediable, circunstancia que no se acreditó en el sub lite>>7.
13.6.- Así pues, se advierte que no resulta de la órbita del juez constitucional
ordenar que se tramite el CDP para proveer el reemplazo de los empleados
que gozarán de sus vacaciones, máxime cuando, en un caso como el que
llama la atención de la Sala, no se demostró un perjuicio irremediable, toda
vez que no se allegaron los soportes necesarios para probar que, al no
proveerse los recursos necesarios para contratar el reemplazo de los actores,
no se podían distribuir las funciones de manera equilibrada entre los demás
funcionarios del despacho ni tampoco que dicha situación generaría una
excesiva carga laboral, sobre la base de que ningún juicio de reproche podría
formularse a quien deba asumir otras funciones en encargo, con las
limitaciones de tiempo, experiencia, formación y horarios de trabajo, propias
del servicio.
14.- Aunado a lo anterior, recuerda la Sala que los mencionados funcionarios,
al posesionarse en los referidos cargos, los cuales forman parte de las plantas
de personal de los Juzgados Penales Municipales, aceptaron las condiciones
dispuestas para los mismos, es decir, que pertenecen al régimen de
vacaciones individuales y que el goce o disfrute de las mismas depende de las
necesidades del servicio.
14.1.- Las consideraciones precedentes no pretenden soslayar las dificultades
que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y no pocas veces, la acción
desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo la organización de los
asuntos administrativos, de recursos humanos y presupuestales de la rama,
puedan proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, exp.
11001-03-15-000-2020-04282-00, CP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
6
Original de la cita: “Radicado número 11001-03-15-000-2020-03973-00”.
7
Original de la cita: “En esta misma línea, ver sentencia de 31 de agosto de 2020, con número de
radicado 11001-03-15-000-2020-03100-01”.
6
Radicación: 110010315000202205422 00
Accionante: Jesús Emiro Ovalle Ascanio
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
judiciales, lo que en todo caso no se proyecta por sí mismo como una
afectación a derechos fundamentales, asunto que exige de un estándar
probatorio que se proyecta más allá de la organización y planeación oportuna
para el disfrute de los períodos individuales de vacaciones.
14.2. Así pues, al no evidenciarse vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, esta Sala negará el amparo
solicitado.
Así las cosas, la Sala considera que al señor Jesús Emiro Ovalle Ascanio no se le
vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que no le correspondía a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial conceder las vacaciones sino al
Juzgado 2 Promiscuo de Familia de Ocaña; además, porque la expedición de un
CDP no tiene relación directa los derechos fundamentales invocados y “no resulta
de la órbita del juez constitucional ordenar que se tramite el CDP”.
De otra parte, para la Subsección es pertinente precisar, como lo ha hecho en
anteriores oportunidades8, que el señor Jesús Emiro Ovalle Ascanio tiene la
posibilidad de debatir la legalidad de los actos mediante los que se le negó el
disfrute de sus vacaciones individuales en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, en los términos del artículo 138 del CPACA. Al
respecto, se dijo:
18.- Con todo, en virtud del carácter subsidiario de la acción de tutela, es
decir, del debido agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa al alcance del interesado para procurar la salvaguarda de las
prerrogativas iusfundamentales que estima vulneradas, a menos de que se
busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable9, la Sala advierte que
el asunto objeto de estudio pudo ser ventilado a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues, según lo previsto en el artículo
138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201110 ‘toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño’.
18.1.- Así pues, el actor pudo cuestionar la resolución mediante la cual se le
negó el disfrute de sus vacaciones, a través del referido mecanismo, por
tratarse de un acto administrativo de carácter particular.
Con fundamento en lo anterior, la Sala negará el amparo solicitado, por las
razones expuestas en precedencia.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez,
sentencia de 2 de julio de 2021, radicación Número: 190012333000202100141 01.
9
original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia T-643 de 2017”.
10
Original de la cita: “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”.
7
Radicación: 110010315000202205422 00
Accionante: Jesús Emiro Ovalle Ascanio
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
Con salvamento de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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