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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05052-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05052-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05052-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

10 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05052-00
Demandante: Praxede Isabel Paternina Villares

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05052-00
Demandante: PRAXEDE ISABEL PATERNINA VILLARES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Mora judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Praxede Isabel Paternina Villares
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de septiembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, Praxede Isabel Paternina Villares pidió la protección del derecho
fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A. En consecuencia, la demandante formuló,
textualmente, las siguientes pretensiones:

1. Tutelar el Derecho al Debido Proceso por Mora Judicial.

2. Ordenar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, M.P.
MARIA ADRIANA MARÍN del Expediente N° 23001-23-33-000-2017- 00143-01 (64769), que en
el término de 48 horas declare perdida de competencia por incurrir en Mora Judicial en los
términos del art. 121 del CGP.

3. Ordenar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, M.P.
MARIA ADRIANA MARÍN del Expediente N° 23001-23-33-000-2017- 00143-01 (64769),
consecuencialmente, que informe a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
y remita el expediente en el término de 48 horas al magistrado que le sigue en turno, quien asumirá
competencia y deberá proferir la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses

1. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

1.1. El 11 de septiembre de 2019, ingresó al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, el recurso de apelación formulado por Praxede Isabel Paternina Villares
y otros contra la sentencia del 1° de agosto de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso de acción de grupo promovido contra
el Instituto Nacional de Vías (Invías)1.

1.2. El 10 de diciembre de 2019, el expediente de acción de grupo ingresó al
despacho para dictar sentencia.

1.3. El 29 de abril de 2021, la parte actora formuló solicitud de impulso procesal.

1 Radicado 23001-23-33-000-2017-00143-01 (64769)

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05052-00
Demandante: Praxede Isabel Paternina Villares

1.4. Por auto del 24 de agosto de 2021, el despacho sustanciador del proceso de
acción de grupo informó a la parte actora que se deciden los procesos que ingresaron
para sentencia en el segundo semestre de 2016 y que debe respetarse el turno, según
el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

1.5. La parte actora solicitó la aclaración de la providencia del 24 de agosto de 2021,
para que la autoridad judicial demandada informara el turno correspondiente al proceso
de acción de grupo y en qué plazo sería dictada la sentencia de segunda instancia.

1.6. Mediante providencia del 30 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, informó a la demandante que debe respetarse el turno
para dictar sentencia.

1.7. Por memorial del 17 de enero de 2021, la parte demandante adujo que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, perdió competencia para decidir
el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 121 del Código General del
Proceso. Por consiguiente, la demandante también solicitó la declaratoria de pérdida
de competencia y que el expediente de acción de grupo fuera enviado al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.

1.8. El 17 de mayo y el 11 de agosto de 2022, la parte actora formuló solicitudes de
impulso procesal.

2. Argumentos de la acción de tutela

2.1. La demandante alegó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, incurrió en mora judicial, toda vez que no decidió de manera oportuna el recurso de
apelación propuesto contra la sentencia del 1° de agosto de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.2. La parte actora también adujo que la autoridad judicial demandada desconoció
que perdió competencia para resolver el recurso de apelación, de conformidad con el
artículo 121 del Código General del Proceso y la sentencia C-443 de 2019, proferida
por la Corte Constitucional.

3. Trámite

3.1. Por auto del 23 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador inadmitió la
demanda de tutela de la referencia y requirió al abogado Carlos Manuel Rodríguez
Santos para que acreditara la condición de apoderado de la señora Praxede Isabel
Paternina Villares.

3.2. Mediante memorial del 5 de octubre de 2022, el abogado Rodríguez Santos
aportó el poder requerido.

3.3. Por auto del 14 de octubre de 2022, el Despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela y dispuso la notificación, en calidad de demandados, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Asimismo, en
calidad de terceros con interés, se ordenó notificar al director del Instituto Nacional de
Vías (Invías), al alcalde municipal de La Apartada (Córdoba) y al ministro de transporte,
que intervienen como demandados en el proceso de acción de grupo con radicado
23001-23- 33-000-2017-00143-01 (64769).

3.4. La Secretaría General de la Corporación realizó las notificaciones ordenadas en
el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 20 de octubre de 20222.

2 Ver índice 10 de Samai.

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05052-00
Demandante: Praxede Isabel Paternina Villares

4. Intervenciones

4.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por conducto de la
magistrada sustanciadora del proceso de acción de grupo, informó que el proceso
23001-23- 33-000-2017-00143-01 (64769) tiene el turno 244 «respecto de todos los
procesos en la misma situación» y que «en cuanto a otras acciones de grupo, la
anteceden dos, con entrada para fallo el 11 de abril de 2016 y 9 de agosto de 2017».
Asimismo, la autoridad judicial demandada informó que el expediente «se encuentra a
cargo de un profesional del despacho, encargado de proyectar el fallo, de acuerdo con
el orden de entrada de las acciones de grupo referenciadas».

4.2. El Invías y el municipio de La Apartada no intervinieron, pese a que fueron
notificados de la admisión de la demanda de tutela de la referencia.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela

1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

2. Planteamiento y respuesta al problema jurídico

2.1. En los términos de la demanda de tutela, la Sala debe decidir si el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, incurrió en mora judicial injustificada al no
haber decidido la segunda instancia del proceso de acción de grupo con radicado
23001-23-33-000-2017-00143-01 (64769)

2.2. La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos
legales por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan
los siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para
adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique
la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión
sistemática de los deberes por parte del juez3.

2.2.1. El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial
genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces
cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se
presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.

3 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de

2018 y T-441 de 2020.
3

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05052-00
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2.2.2. Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer
si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la
administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el
agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos
y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una
diligencia razonable del juez que los atiende,

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras
circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se
comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.

2.2.3. Así mismo, la Corte Constitucional determinó que para identificar la ocurrencia
de un plazo irrazonable se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del
caso concreto (incluida la afectación actual que el procedimiento implica para los
derechos y deberes del procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta
procesal de las partes; (iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses
que se debaten en el trámite4.

2.3. En el caso concreto, la Sala verificó la información reportada en el sistema
Samai5 y en la copia magnética del expediente con radicado 23001-23-33-000-2017-
00143-01 (64769) y encontró lo siguiente:

(i) El 11 de septiembre de 2019, el expediente fue radicado y repartido al
despacho sustanciador.

(ii) Por auto del 2 de octubre de 2019, el despacho susanciador del proceso de
acción de grupo admitió el recurso de apelación.

(iii) Mediante providencia del 25 de octubre de 2019, se corrió traslado para
alegatos de conclusión.

(iv) El 10 de diciembre de 2019, el expediente ingresó a despacho para dictar
sentencia.

(v) El 9 de marzo de 2020, formularon renuncia los apoderados del municipio de
La Apartada.

(vi) Mediante memorial del 27 de julio de 2020, la parte actora presentó memorial
en el que allegó «pruebas indiciarias sobre hechos ocurridos con
posterioridad a la etapa probatoria pero que son indivisibles con los hechos
de la demanda de acción de grupo de la referencia, por permitir inferir
probatoriamente la persistencia actual del daño causado al grupo que
represento y los elementos jurídicos que estructuran la Responsabilidad
Patrimonial imputable tanto a la entidad demandada (INVIAS), así como al
Municipio de La Apartada y el Ministerio de Transporte y Obra Pública».

4 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(Corte IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la
violación al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad
del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs
Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso
Genie Lacayo Vs Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).
5 https://samairj.consejodeestado.gov.co/

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(vii) Por auto del 27 de octubre de 2020, fue aceptada la renuncia presentada por
los apoderados del municipio de La Apartada.

(viii) El 29 de abril de 2021, la parte actora formuló solicitud de impulso procesal.

(ix) Mediante auto del 24 de agosto de 2021, el despacho sustanciador del
proceso de acción de grupo informó a la parte actora que «se encuentra
decidiendo los procesos que se registraron para tal fin durante el segundo
semestre de 2016, por lo que en el presente asunto se elaborará el proyecto
de sentencia en el turno que le corresponda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998».

(x) La parte actora solicitó la aclaración de la providencia del 24 de agosto de
2021, para que la autoridad judicial demandada informara el turno
correspondiente al proceso de acción de grupo y en qué plazo sería dictada
la sentencia de segunda instancia.

(xi) Por providencia del 30 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, informó a la parte demandante lo siguiente: «se
advierte que el Despacho no pierde de vista que el asunto de la referencia es
una acción constitucional -acción de grupo- y, por tanto, goza de prelación
legal respecto de otros procesos; sin embargo, dicha prerrogativa solo puede
ser aplicada en el momento en que el Despacho conozca de los procesos
que ingresaron, en este caso, en el año 2019, pues, de lo contrario, se
desconocería el turno de otros asuntos de igual naturaleza que llegaron con
anterioridad y que aún se encuentran pendientes de fallo».

(xii) Mediante memorial del 17 de enero de 2022, la parte demandante adujo que
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, perdió competencia
para decidir el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 121 del
Código General del Proceso. Por consiguiente, la demandante también
solicitó la declaratoria de pérdida de competencia y que el expediente de
acción de grupo fuera enviado al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.

(xiii) El 17 de mayo y el 11 de agosto de 2022, la parte actora formuló solicitudes
de impulso procesal.

2.4. A juicio de la Sala, si bien existe mora judicial, lo cierto es que la demora en el
trámite no obedece a negligencia o descuido de la autoridad judicial demandada, sino
a las condiciones de congestión judicial que afectan a la juridicción de lo contencioso
administrativo. Como bien lo explicó la autoridad judicial demandada, al proceso
corresponde el turno 3 de los expedientes de acción de grupo y resulta imperioso
respetar ese orden, de conformidad con lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de
1998.

2.4.1. El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 indica que los jueces tienen la obligación de
dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los
expedientes al despacho para tal fin y sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal. De hecho, dicha norma prevé que
el desconocimiento injustificado del orden para dictar sentencia puede tener
consecuencias diciplinarias.

2.4.2. En este caso, la parte actora no alega circuntancias que pudieran derivar en la
modificación del orden para dictar sentencia o que ameriten la intervención transitoria
del juez de tutela. En todo caso, de existir motivos para solicitar la prelación de fallo, lo
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procedente es que la parte actora los ponga de presente ante la autoridad judicial
demandada, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 de la Ley 446 de 1998
y 63A de la Ley 270 de 1996.

2.4.3. Tambien se advierte trámites que derivan en la demora de la decisión de fondo,
a saber: la renuncia de apoderados, la solicitud de pruebas en segunda instancia, la
solicitud de aclaración de la providencia que informó sobre el estado del proceso y la
solicitud de pérdida de competencia. De hecho, a juicio de la Sala, actualmente no
podría dictarse sentencia de segunda instancia, puesto que están pendientes las
decisiones sobre la solicitud probatoria de segunda instancia y sobre la pérdida de
competencia que ha presentado la parte actora.

2.4.4. En este punto, la Sala advierte que no resulta procedente que en sede de tutela
se decida sobre la pérdida de competencia, pues, como se vio, se trata de un aspecto
propuesto en el proceso de acción de grupo y que deberá decidirse por parte de la
propia autoridad judicial demandada. La acción de tutela es un mecanismo residual y
subsdiadiario y, por ende, no procede para resolver aspectos propuestos al interior de
los procesos ordinarios.

2.4.5. Siendo así, la Sala denegará las pretensiones de la demanda de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Denegar la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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