Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2017-00143-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2017-00143-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2017-00143-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 23001-23-33-000-2017-00143-01 (64769)
Actor: PRÁXEDES ISABEL PATERNINA VILLARES Y OTROS
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS- Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO
Temas: ACCIÓN DE GRUPO / DAÑO- El análisis del daño precede al estudio de la
imputación. Sólo ante la acreditación del daño antijurídico, se debe estudiar la imputación
del mismo al Estado / COMERCIANTE- La condición de comerciante se adquiere por la
ejecución de actividades mercantiles, no por la inscripción en la Cámara de Comercio,
aunque esa es una obligación a cargo de todo comerciante.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 1º de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La construcción de un puente vehicular, en una vía nacional, desvió el tráfico por
una nueva ruta, lo cual repercutió de manera negativa en las ventas de los
establecimientos de comercio ubicados en inmediaciones de la antigua vía. Los
comerciantes afectados que constituyen el grupo demandante solicitan
indemnización por los perjuicios que han sufrido.
Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 24 de marzo de 2017 (fls. 1-19 c. n.° 1), el grupo conformado por la señora
Práxedes Isabel Paternina Villares y otros, por intermedio de apoderado judicial (fls.
17-24 c. n.° 1), interpusieron el medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo en contra del Instituto Nacional de Vías -Invías, la Nación-
Ministerio de Transporte y el municipio de La Apartada, Córdoba, con el fin de que
se les declarara patrimonialmente responsables de los perjuicios causados a los
propietarios de algunos restaurantes, a raíz de la construcción de un puente
vehicular, que modificó la trayectoria de los vehículos, en una vía nacional.
Para el efecto, se elevaron las siguientes pretensiones:
I. Declarar la responsabilidad de los perjuicios morales y materiales sufridos
por el grupo y cada uno de sus integrantes, al Instituto Nacional de Vías,
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica y
autonomía administrativa y financiera, cuyo representante legal es el director
general Carlos Alberto García Montes o quien haga sus veces, y
solidariamente a la Nación-Ministerio de Transporte, cuyo representante legal
es el ministro Jorge Eduardo Rojas Giraldo o quien haga sus veces y el
municipio de La Apartada, cuyo representante legal es el alcalde Nellys
Piedad de Aguas o quien haga sus veces.
II. Ordenar al responsable pagar la indemnización por los perjuicios sufridos
por el grupo, así:
-Daño Moral: estimado en doscientos (200) SMLMV para los señores Cordelia
Ricardo Flórez, Juan Chinola Bejara y Betsaida del Carmen Correa
Argumedo, individualmente a cada uno, por ser los más afectados, a los
demás integrantes del grupo, integrado por las 32 personas restantes, una
indemnización por el daño moral equivalente a cien (100) SMLMV,
individualmente a cada uno. Arrojando una cuantía total por concepto de
indemnización del daño moral al grupo en cuestión, equivalente a
$2.803’324.600 pesos m/c, a la fecha de la presentación de la demanda.
-Lucro cesante:
ACCIÓN DE GRUPO PUERTO CÓRDOBA
INFORME DE LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y FUTURO
Item Identificación Dv Apellidos y Lucro cesante
nombres Consolidado Futuro Total
1 25.804.430 6 PATERNINA 52.695.566 410.731.735 463.427.300
VILLERAS
PRÁXEDES
ISABEL
2 25.987.216 RICARDO FLOREZ 52.260.807 465.295.882 517.556.689
VICTORIA MARIA
2
Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
3 25.988.988 2 ROJAS MORENO 52.214.867 482 088.174 534.303.041
NEYIS JUDITH
4 29.886.049 8 MARIA SAIDE 52.200.707 360.043.924 412.244.631
JARAMILLO
ROJAS
5 39.282.812 5 GELIS ROJAS 52.604.288 552.611.130 605.215.419
KATIA JUDITH
6 39.284.667 2 GELIS ROJAS 52.248.557 552.277.814 604.526.370
YENIS CHEILA
7 50.670.016 3 POLONIA 52.080.482 436.895.906 488.976.388
ARRIETA
DIOVERGINA
ESTER
8 50.872.585 1 SUAREZ ALIAN 52.137.222 508.839.510 560.976.732
LUZ ELVIRA
9 66.757.730 8 RICARDO FLOREZ 53.015.552 513.446.378 566.461.931
CORDELIA
10 78.320.647 1 SIERRA 52.074.435 470.961.778 523.036.214
VERGARA
FERNANDO
ENRIQUE
11 8.012.730 1 MENESES 42.263.350 412.815.099 455.078.449
ORTEGA HECTOR
FERNANDO
12 8.047.764 - ROJAS VILLADA 42.984.005 416.658.428 459.642.434
JAIRO
13 9.130.394 7 MONTES 41.881.352 322.221.479 364.102.831
PAPABUENA
JAIRO
14 10.991.794 7 MEJIA MEJIA 40.986.242 258.388.631 299.374.873
ANGEL
15 15.745.090 5 ROHENES BETIN 42.204.153 434.640.101 476.844.254
DAIRO DE JESUS
16 70.541.511 8 MARTINEZ VERA 43.910.940 392.107.679 136.018.619
ARTURO DE
JESUS
17 78.321.493 9 CERVANTES 45.008.360 424.639.268 469.647.627
AYALA JAVIER
ENRIQUE
18 78.322.504 6 CERVANTES 45.039.541 448.960.678 494.000.219
AYALA MARIANO
19 1.067.091.177 9 MEJIA BARROSO 44.838.764 475.088.716 519.927.479
GUSTAVO
ADOLFO
20 26.050.226 6 PADILLA 41.781.674 338.318.832 380.100.506
ROMERO
BERTINA DEL
SOCORRO
21 17.970.357 7 BEJAR JUAN 41.422.163 331.615.482 373.037.645
CHINOLA
3
Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
22 50.885.396 - CORREA 40.401.340 422.908.241 463.309.581
ARGUMEDO
BETZAIDA DEL
CARMEN
23 1.066.570. 868 1 MAZO RENDON 39.992.363 429.959.984 469.952.347
LISETH VANESSA
24 78.292.938 9 RICARDO FLOREZ 38.127.715 344.827.484 382.955.199
RUBEN DARIO
25 50.945.423 1 MARTINEZ LOPEZ 35.138.446 331.519.839 366.658.285
ENILSA DEL
CARMEN
26 71.994.858 5 RICARDO FLOREZ 36.868.453 351.083.102 387.951.555
DOMINGO
ANTONIO
27 3.635.692 3 MESTRA GARCIA 37.993.902 202.292.298 240.286.200
LUIS MAGIN
28 32.475.115 3 RENDON 53.268.775 406.534.483 459.803.259
ARBELAEZ LILIA
29 50.884.168 3 AYALA PLAZA 39.304.041 306.352.477 345.656.518
TERESA DE
JESÚS
30 50.949.598 8 ORTIZ TEHERAN 38.698.531 392.800.303 431.498.835
NORYS ESTER
31 1.043.965.945 3 ROJAS MORENO 36.908.250 395.202.065 432.110.315
VIVIANA
MARCELA
32 1.066.570.865 1 PINO SALGADO 37.101.298 398.877.994 435.979.292
ESTHER SOLINA
33 1.068.421.247 7 VERGARA ROJAS 35.027.985 376.435.819 411.463.804
DANER ANDRES
TOTALES 1.464.684.126 13.367.440.714 14.832.124.84
0
III. Ordenar a INVIAS en relación con la laguna de agua represada y
contaminada entre la vía nueva que conduce al nuevo puente y la vía vieja que
conduce al antiguo puente, donde se encuentran ubicados las viviendas y
negocios de los miembros del Grupo, a tomar las medidas sanitarias para
proteger la vida y la salud de la comunidad de Puerto Córdoba, Municipio La
Apartada, previendo que en su territorio no se introduzcan plagas o
enfermedades que atenten contra dicha comunidad.
IV. Disponer la liquidación de mis Honorarios en mi calidad de Abogado
Apoderado, que corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización
total que obtenga cada uno de los miembros del grupo, por concepto de daño
moral y lucro cesante de sus negocios.
V. Declarar responsable solidariamente a la Nación-Ministerio de Transporte y
al Municipio de La Apartada a pagar los daños antijurídicos, por los argumentos
jurídicos expuestos en el acápite de Fundamentos y Consideraciones de
Derecho, Punto V.
Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente:
4
Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Mediante contrato de obra pública no. 3794 de 23 de diciembre de 2013, el Invías
acordó la construcción de un puente vehicular -San Jorge-, en la carretera
Caucasia-Planeta Rica, ruta 2513, en el municipio La Apartada, Córdoba, con el fin
de mejorar las condiciones de conectividad de la vía, entre el sur del país y el Caribe
Colombiano1. El puente entró en funcionamiento el 31 de mayo de 2015.
Los demandantes son comerciantes (restauranteros, pescadores y dueños de
pescaderías del corregimiento de Puerto Córdoba, municipio de La Apartada),
cuyos establecimientos de comercio se encuentran ubicados junto a la carretera
que conducía al antiguo puente y, debido a la nueva construcción vial, quedaron
aislados, lo que les ha generado pérdidas económicas, según se acredita con el
“Informe técnico-línea de tiempo, cartografía social y documentos de análisis de
contexto, caso comerciantes del antiguo puente San Jorge, corregimiento Puerto
Córdoba, municipio La Apartada, departamento de Córdoba”.
El 5 de mayo de 2015, 40 familias presentaron petición ante el Invías, en la que
solicitaron información sobre la nueva construcción, la contemplación de
indemnizaciones para los establecimientos de comercio ubicados en la antigua vía
y reubicación de las familias; además, el estado de operación del antiguo puente.
En respuesta, el subdirector nacional de carreteras del Invías manifestó que no era
competencia de esa entidad llevar a cabo procesos de reubicación, y que
continuaba abierto el paso vehicular por el antiguo puente; así mismo, que se
habían instalado señales informativas.
El total de vehículos que se desplazan por el antiguo puente corresponde al 5,54%
del total de automotores que transitan por la zona. De los vehículos con mayor
capacidad de ocupantes, como camiones, buses, microbuses y vehículos livianos,
sólo el 3,74% se moviliza por la antigua vía, con un total de 1,94 clientes que
consumen en un restaurante, por cada vehículo que se detiene, según el
documento de Aforo vehicular y comportamiento económico, que se anexó a la
demanda.
El grupo demandante ha sufrido daños con la puesta en marcha del nuevo puente,
así: perjuicios morales, por la “depresión exteriorizada en miedo, tristeza, duelo
intenso, desesperanza, sentimientos de injusticia, desconfianza, ruptura del tejido
1 La adjudicación se realizó mediante Licitación Pública LP-SGT-SRN-041-2013. El contrato se pactó
por un monto de $13.983.245.520, con plazo de ejecución de 8,5 meses, y se presentaron 6
adiciones al contrato.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
social, separación a nivel familiar” e incluso ideas suicidas en tres de los
demandantes; y lucro cesante, por la pérdida de utilidades netas, a raíz de la puesta
en funcionamiento del nuevo puente.
La construcción implicó hacer terraplén, lo que dio lugar a la formación de una
“laguna de agua represada y contaminada entre dicha vía y la vía vieja”, donde se
ubican las viviendas y establecimientos de comercio de los demandantes.
En el acápite de fundamentos y consideraciones de derecho de la demanda, se
indicó que el proceso de selección y contratación de la obra imponía la necesidad
de adelantar estudios y diseños para establecer la viabilidad del proyecto y su
impacto social, económico y ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
25 de la Ley 80 de 1993; no obstante, al revisar “los documentos contentivos del
proceso contractual del contrato de obra 3794 de 2013”, el Invías no estableció el
impacto social, económico y ambiental de la obra. Se aclaró que las señales
informativas no son efectivas para mitigar el impacto social, económico y ambiental.
Se adujo que el grupo accionante sufrió un daño de naturaleza especial y anormal,
que “excede el sacrificio que normalmente los ciudadanos deben soportar”, lo que
rompe el principio de igualdad frente a las cargas.
2. Trámite en primera instancia
2.1. Mediante auto de 18 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Córdoba
admitió la demanda (fls. 1-4 c. n.º 7). Las notificaciones se efectuaron en debida
forma (fls. 8-9 c. n.° 7). El 24 de mayo de 2017 se publicó aviso a la comunidad,
sobre la existencia del proceso, en el diario La Piragua, de Montería (fls. 28-31 c.
n.º 7).
2.2. Las entidades demandadas contestaron la demanda, de manera oportuna. Los
principales argumentos de su defensa se resumen a continuación:
La Nación -Ministerio de Transporte- manifestó que la persona jurídica
encargada de construir, conservar y mantener las carreteras nacionales, según la
Ley 64 de 1967, el Decreto 2171 de 1992 y la Resolución 66 de 1994, era el Fondo
Vial Nacional, hoy Instituto Nacional de Vías -Invías. Por lo anterior, propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 17-23 c. n.º 7).
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
El municipio de La Apartada, Córdoba, también, propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la construcción y mantenimiento de
la vía implicada, al ser del orden nacional, correspondía a la Nación; además, el
proceso contractual estuvo a cargo del Invías, y el municipio no realizó ninguna
intervención. También alegó la falta de nexo causal entre las actuaciones de ese
ente territorial y el daño referido en la demanda, así como la inexistencia de alguna
obligación frente a los demandantes (fls. 32-37 c. n.º 7).
El Instituto Nacional de Vías -Invías se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda. Manifestó que con las obras públicas se perseguía la prevalencia
del interés general sobre el particular, por lo que era una carga que debían soportar
las personas que con su ejecución se veían afectadas. Indicó que la construcción
del puente San Jorge no ocasionó ningún perjuicio a los demandantes; por el
contrario, mejoró sus condiciones de vida y de movilidad, y los negocios no se
afectaron porque la vía sobre la que se ubican continúa abierta al público.
Hizo alusión a la naturaleza de la acción de grupo e indicó que no se rompió el
equilibrio de las cargas públicas, dado que el Invías, “en cumplimiento de su objeto
estatutario, actúa siempre en aplicación del principio constitucional de la prevalencia
del interés general sobre el particular”. Se refirió a la teoría de las cargas públicas y
precisó que “la igualdad no solo gira en la medida de la particularidad de las
personas, igualdad de hecho; está dada desde un punto de vista generalizado, es
decir igualdad en toda su esencia, en su naturaleza con sus ventajas o desventajas,
y aplicabilidad en la sociedad, todos somos iguales ante la ley y debemos ser
tratados de la misma forma. Que la igualdad no puede interpretarse como absoluta,
sino en el sentido que todos los hombres deben ser igualmente protegidos por la
ley; es por esto que, al asumir una carga pública, no deben ser aritméticamente
iguales, sino proporcionales”.
Explicó los títulos de imputación de falla del servicio, riesgo excepcional y daño
especial, e hizo referencia a pronunciamientos jurisprudenciales relativos a dichos
regímenes subjetivos y objetivos de responsabilidad, y señaló que el cruce sobre el
río San Jorge está ubicado en el municipio de La Apartada, en límites de los
departamentos de Antioquia y Córdoba; allí fue construido un puente en concreto
que, debido a su antigüedad, presentaba problemas estructurales, por lo que fue
necesario construir un camino acorde a las normas del Código Colombiano de
Estructuras Sismo-resistentes.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Mencionó que el contrato 1715 de 2007, tuvo por objeto “los estudios y diseños del
puente San Jorge, carretera Caucasia-Planeta Rica, código vía 2513”, y en éste se
determinó un plan de manejo ambiental; además, contenía una descripción de las
actividades a realizar, y describía el entorno físico, ambiental y sociocultural del
área. Por las características del subsuelo, se construyó una “infraestructura
apoyada en pilotes preexcavados”:
Aportó datos estadísticos sobre la tasa de crecimiento del departamento de
Córdoba, la población económicamente activa en el municipio de La Apartada, la
tasa de desempleo, de analfabetismo y, el coeficiente de desigualdad, entre otra
información. Manifestó que existía una problemática de inundaciones, porque “el
suelo actual de las viviendas queda en la ronda hidrográfica del río”, así mismo,
aseguró que el río San Jorge se ha visto afectado por el vertimiento de aguas
residuales que provienen del casco urbano, por falta de alcantarillado, lo que
produce malos olores y es un foco de infecciones. Agregó que la zona es de alto
riesgo porque los habitantes viven a la orilla del río.
Señaló que el Invías compró los predios que se requerían para la realización de la
obra2 y, “en aras de mejorar las condiciones sociales con la comunidad, que viven
alrededor de la contracción del Puente San Jorge, procedió a realizar unas obras
concertadas con ellos”3.
Añadió que el lucro cesante solicitado en la demanda no obedece a ingresos
percibidos, sino a proyecciones basadas en posibles clientes; además, “si es
verdad que cada uno de los accionantes, percibían esos ingresos sus condiciones
sociales y económicas, mínimo se verían reflejadas en sus negocios, en su estatus
social y lo que es más en el cumplimiento de sus deberes como ciudadano, de
cumplir con sus obligaciones tributarias, como lo es el de declarar renta, por los
ingresos que dicen percibir, estar inscrito ante la Cámara de Comercio por la
actividad mercantil que están desarrollando, tener cuenta de ahorro o corriente en
una entidad bancaria, para mover esos recursos que dicen percibir, tener una
2 Ubicados en la trayectoria del nuevo puente. Para el efecto, se invirtió la suma de $711’898.466,
para compra de mejoras, compra de 18 viviendas, 35 traslados, 22 “hacinamiento” y 29 “unidades
mínimas económicas”.
3 Construcción de cancha y parque infantil en el corregimiento de Puente San Jorge, del municipio
de La Apartada; capacitación en decoración de sandalias artesanales con técnica de piedra y cintas,
dirigido a 38 mujeres del corregimiento de Puente San Jorge; capacitación en programa de buenas
prácticas de manufactura y gastronomía en servicios de alimentación, dirigido a 70 personas, de los
corregimientos de Puerto Córdoba y Puente San Jorge.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
contabilidad real, antes y después de la construcción del puente que refleje el giro
ordinario de la actividad mercantil que están desarrollando”.
Mencionó que en nuestro “Estado social de derecho el modelo económico es
capitalista”, por lo que se rige por las leyes de la oferta y la demanda; el Estado
debe garantizar el desarrollo de las actividades económicas, con fundamento en
los mandatos establecidos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.
Hizo alusión al objeto y las funciones de esa entidad, conforme al artículo 53 del
Decreto 2171 de 1992 y el Decreto 2056 de 2003, modificado por el Decreto 2056
de 2003, e indicó que ha realizado las obras de infraestructura vial que se requieren,
con los recursos asignados4, en cumplimiento de su misión institucional y con el
objetivo de preservar la vida de los usuarios en las vías a su cargo, por lo que las
indemnizaciones que se solicitan no son de su competencia.
Propuso las excepciones que denominó ausencia de nexo causal; inexistencia de
un daño imputable jurídicamente a la accionada; falta de relación de causalidad
entre la actuación administrativa alegada y el supuesto daño causado; e
imposibilidad constitucional y legal de indemnizar perjuicios imputables al Instituto
Nacional de Vías, en concreto, bajo el argumento de que el daño que se alega en
la demanda no guarda relación con la actividad de la entidad, y los perjuicios,
corresponden a meras expectativas (fls. 43-62 c. n.º 7).
2.2. Mediante auto de 7 de septiembre de 2013, se citó a las partes, al Defensor del
Pueblo delegado en Córdoba y al Ministerio público a audiencia de conciliación (fls.
533-534 c. n.º 9). El día programado se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la
cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio (fls. 539-541 c. n.º 9).
2.3. En proveído de 14 de diciembre de 2017 se abrió el proceso a pruebas (fls.
587-560 c. n.º 9). La parte actora interpuso recurso de reposición contra esa
decisión, con el fin de que se “excluyera” el decreto de algunas pruebas
documentales5 solicitadas por el Invías (fls. 562-564 c. n.º 9). En auto de 24 de
enero de 2018, se confirmó la decisión recurrida, por considerarse que lo solicitado
4 Precisó que los recursos que le han sido asignados deben ser invertidos, únicamente, en su objeto
social, so pena de infringir el artículo 121 de la Constitución Política y la Ley 38 de 1989.
5 Pruebas relacionadas con la inscripción de la actividad comercial alegada por los demandantes en
la Cámara de Comercio; la existencia de cuentas bancarias a nombre de los accionantes; el pago
de impuestos de industria y comercio a favor del Municipio de La Apartada, y la presentación de
declaraciones de renta y pago de impuestos a la venta.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
por la entidad demandada no afectaba los derechos de los demandantes y cumplía
con los requisitos de pertinencia, conducencia e idoneidad (fls. 576-577 c. n.º 9).
2.4. El 7 de febrero de 2018 se celebró audiencia de pruebas (fls. 614-618 c. n.º
10). La diligencia se reanudó el 15 de marzo de 2018 (fls. 822-824 c. n.º 11)
2.5. En auto de 18 de abril de 2018 se corrió traslado para alegar de conclusión (fl.
1039 c. n.º 12).
2.5.1. La parte actora adujo que la calidad de comerciante de los demandantes se
prueba con los libros contables, balances, estados financieros y declaración de
renta aportados al proceso, información que fue ratificada por el contador público
que rindió declaración en el proceso. Indicó que los documentos aludidos gozan de
“presunción legal por haber sido firmados y presentados por un contador”, conforme
al artículo 10 de la Ley 43 de 1990. Además, señaló que en Colombia no es
obligatorio para los comerciantes tener cuenta de ahorros o corriente en entidad
bancaria. Agregó que el no pago del impuesto de industria y comercio por parte de
los demandantes no desvirtúa su condición de comerciantes, pues corresponde a
una obligación personal “propio de los denominados derechos crediticios o
personales a que se refiere el art. 666 del código civil, cuyo acreedor es el municipio
como entidad territorial y que no es de incumbencia de este proceso”. Señaló que
las declaraciones de renta aportadas corresponden a los períodos 2012 a 2015, y
demuestran que los demandantes son contribuyentes del régimen simplificado, por
lo que no declaran impuestos a las ventas (IVA); además, reiteró que la certificación
emitida por la Dian acerca de las declaraciones de renta presentadas por los
accionantes no guarda consonancia con la realidad.
Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso, relacionados
con la falta del estudio de impacto socioeconómico y ambiental para el desarrollo
del proyecto, y se refirió a la connotación de los documentos aportados por el Invías
(contrato 1715 de 2007, acta de reunión de 27 de febrero de 2014); la adquisición
de viviendas para la construcción del nuevo puente; la falta de indemnización al
grupo demandante; la prueba de los elementos de la responsabilidad, por daño
especial; la responsabilidad solidaria del Ministerio de Transporte y del municipio
de La Apartada; y lo probado con la inspección judicial respecto a la existencia de
una laguna de agua represada y contaminada entre los dos puentes; así como la
falta de un conducto artificial para la salida de las aguas, en época de invierno (fls.
1052-1081 c. n.º 12).
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
2.5.2. El Invías reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación a la
demanda, y manifestó que de las pruebas aportadas al proceso, se podía concluir
lo siguiente: i) de la experticia sobre aforo vial y comportamiento económico, no
existe prueba que soporte el porcentaje de 25% de vehículos que, según los peritos,
hubieran consumido productos ofrecidos por los demandantes; ii) del informe
psicológico, no es cierto que el proyecto de obra no se haya socializado, por cuanto
obra Acta que da cuenta de dicho hecho, en la que se anotaron las solicitudes de
la comunidad para la realización de algunas actividades (construcción de cancha y
parque infantil, y capacitaciones), a manera de compensación; y iii) de la experticia
rendida por contador público se desprende que no existe prueba conducente y
pertinente que acredite la actividad económica de los demandantes; tampoco, hay
prueba sobre los supuestos ingresos y egresos que se tomaron en cuenta para el
cálculo del lucro cesante; iv) de la inspección judicial puede establecerse la
existencia de un puente antiguo sobre el río San Jorge que presenta problemas de
socavación; el Invías construyó una nueva estructura, para lo cual invirtió un
presupuesto. Se presentaron conflictos sociales y se dispusieron gestiones para su
solución o mitigación. Las personas que están al lado de la vía se encuentran
invadiendo una zona de carretera; empero, se dejó abierta la antigua vía para que
los usuarios pudieran acceder a los servicios ofrecidos por ellos. “Las casas (...)
están construidas a modo de palafitos con el único fin de que las crecientes del río
San Jorge no los afecte en la época invernal, ya que la zona donde están
construidas las mismas es el sitio natural donde la creciente del río San Jorge
deposita esos mayores caudales de agua” (fls. 1041-1051 c. n.º 12).
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia de primera instancia, el 1º
de agosto de 2019, en la que resolvió lo siguiente:
Primero. Declárense probadas las excepciones de ausencia de nexo causal,
inexistencia de un daño imputable, falta de relación de causalidad entre la
actuación administrativa alegada y el supuesto daño causado, imposibilidad
constitucional y legal de indemnizar perjuicios no imputables presentadas por
el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, según lo motivado.
Segundo: Declárese probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por los demandados Ministerio de Transporte y Municipio
de La Apartada, conforme a lo expuesto en la motivación de esta providencia.
Tercera: Deniéguense las pretensiones de la demanda.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Cuarto: Sin condena en costas conforme a lo motivado.
Como sustento de la decisión, se indicó, en síntesis, lo siguiente:
En la prueba de inspección judicial al lugar de los hechos que se practicó en el
proceso, se advirtió que el puente nuevo se encuentra a una corta distancia del
antiguo (38 metros) y está habilitado el paso vehicular a través de las dos
estructuras viales; adicionalmente, en los dos sentidos de la vía, es decir, desde el
municipio de Planeta Rica hacia La Apartada, y de vuelta, existen letreros que
anuncian la proximidad de restaurantes, así como la llegada al río San Jorge. A la
zona de restaurantes del grupo demandante se tiene acceso por el puente viejo y
hay una zona de parqueo para vehículos; sin embargo, los automotores pesados
no pueden transitar por dicho puente. En la “laguna” a la que hizo referencia la
demanda, se observó una plantación de plátano, por lo que no se corroboró la
existencia de un supuesto represamiento de agua.
Se tuvo por demostrada la construcción de un nuevo puente, denominado “San
Jorge”, en la carretera Caucasia-Planeta Rica, ruta 2513, el cual entró a operar el
31 de mayo de 2015. Los restaurantes del grupo demandante están ubicados en el
trayecto que conduce al antiguo puente; no obstante, no se demostró que los
accionantes hubieran sufrido una disminución en las ventas, pues aunque se
aportaron declaraciones tributarias de algunos miembros del grupo, “hay ausencia
de las declaraciones por concepto de ventas que bien podrían demostrarnos si
efectivamente disminuyeron las mismas desde la entrada en funcionamiento del
nuevo puente”; además, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -Dian-
certificó que los accionantes no han presentado declaración sobre el impuesto a las
ventas, la cual aplica para los regímenes simplificado y común, cuando se cumplen
los topes y presupuestos que establecía el artículo 483 y siguientes del Estatuto
Tributario.
En la construcción del nuevo puente, “se surtieron todos los requisitos de rigor para
la contratación administrativa, entre ellos, la evaluación económica, social y
ambiental que debió hacerse previamente a la obra”, según se desprende del
estudio denominado “Plan de Adaptación de la Guía Ambiental”. El componente
socioeconómico y cultural debía estudiarse “de manera general en el entorno de la
obra y no de manera particular”.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
No se demostró que la obra vial hubiera generado un desequilibrio de las cargas
públicas, por cuanto el Invías actuó dando prevalencia al interés general sobre el
particular, “y como es lógico con la construcción de la obra pública generó impactos
negativos frente a unas personas, pero ese impacto negativo debe superar el
umbral de molestia al que está sometido la generalidad del grupo a que pertenece”,
lo que no ocurrió en el caso analizado.
Se mejoró el entorno “ya que el puente viejo no reunía las condiciones técnicas
para estar en una troncal y que fuera eficiente para los usuarios de la vía y por
necesidad”; además, el antiguo puente siguió habilitado, de modo que los
restaurantes pudieron seguir brindado el servicio que venían prestando; de otra
parte, se mejoró la señalización en la vía y se dejó una zona de parqueo; luego, no
se comprobó que el Invías hubiera causado un daño a los demandantes.
Por último, se encontró que el Ministerio de Transporte y el municipio de La
Apartada no tenían legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no
participaron en la realización o contratación de la obra (fls. 1258-1283 c. ppal.).
4. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso, de forma
oportuna, recurso de apelación.
Manifestó que el tribunal a-quo incurrió en error de hecho, por cuanto: i) ignoró los
medios probatorios que demuestran el daño especial y el nexo causal con la obra
realizada por el Invías, y ii) supuso la existencia de la evaluación económica, social
y ambiental que se debió adelantar, previo a la celebración del contrato. En criterio
del apelante, no se expuso el mérito probatorio asignado a cada prueba allegada al
plenario, así mismo, se desconoció “la depresión psicológica, la aflicción, la tristeza
y las ideaciones suicidas sufridas por el grupo”, acreditados mediante experticia de
psicólogos debidamente allegada al proceso.
En cuanto al perjuicio material alegado, indicó que no se tuvieron en cuenta los
libros contables, balances y estados financieros firmados por contador, a través de
los cuales se probó la calidad de comerciantes de los demandantes, la actividad
desarrollada por ellos y los ingresos y egresos que percibían antes y después de la
construcción del nuevo puente, pruebas que no fueron desvirtuadas por el Invías.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Agregó que las pruebas mencionadas gozan de “presunción legal por haber sido
firmado y presentado por un contador”, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 43
de 1990. Adicionalmente, se anexaron las declaraciones de renta de todos los
integrantes del grupo, no de algunos de ellos como afirmó la sentencia recurrida, y
por encontrarse en el régimen simplificado no estaban obligados “a declarar ventas
para efecto de pagar el IVA”.
Señaló que el tribunal a-quo incurrió en error de derecho, dado que los
contribuyentes del régimen simplificado no están obligados a declarar el impuesto
a las ventas, carga que sí le corresponde a quienes se hallan en el régimen común.
Agregó que en la sentencia recurrida se incurrió, también, en “falso juicio de
existencia”, al suponer que se surtieron los estudios de impacto social, económico
y ambiental para la realización de la obra, de que habla el artículo 87 de la Ley 1474
de 2011, “confundiéndolo con los estudios y diseños técnicos que permiten
establecer la viabilidad del proyecto, que fue lo que constituyó el objeto del contrato
de consultoría 1715 de 2007”, regulados en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
Puso de presente que los estudios de impacto económico, social y ambiental del
contrato de obra para la construcción del nuevo puente se aportaron con la
demanda, y demuestran un daño especial, que pudo traer beneficios a la
comunidad en general, pero causó al grupo demandante “perjuicios considerable,
superior, anormal, excepcional, de orden material (lucro cesante consolidado y
futuro en sus negocios comerciales) y de orden moral en cada una de las personas
del grupo (depresión y afectación psicológica)”. En el entender de los apelantes, si
el Invías hubiera realizado el respectivo estudio, habría indemnizado o reubicado a
los demandantes “para garantizar la igualdad del grupo respecto a la comunidad en
general”.
A diferencia de lo expuesto en el fallo apelado, consideró que el daño especial
corresponde al perjuicio moral, y al lucro cesante consolidado y futuro 6, sufrido por
los demandantes, en la cantidad de $14.832’124.840, de acuerdo con “la experticia
emitida por el contador de los integrantes del grupo”, en la que se observa el
comportamiento de las utilidades obtenidas en los años 2015 y 2016, con una
6 Explicó que el perjuicio moral se estableció, conforme al dictamen pericial de psicología aportado
al proceso, en el que se utilizó la prueba H.T.P., basada en el cuestionario Golberd, para identificar
el grado de afectación psicológico de cada demandante. En cuanto al lucro cesante, se mencionó la
fórmula empleada para el cálculo, y se explicó que, en el caso del lucro cesante consolidado se tuvo
en cuenta un período de 18 meses, y para el lucro cesante futuro, la expectativa de vida cada
afectado.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
disminución considerable respecto al año 2014. Cuestionó, además, la mención al
“umbral de molestia”, al que hizo alusión la sentencia recurrida, cuando indicó que
los perjuicios padecidos no cumplían las condiciones de ser considerables,
superiores, anormales y excepcionales; por el contrario, afirmó que no se tuvieron
en cuenta las pruebas sobre las condiciones uniformes de los integrantes del grupo
y los estudios técnicos de aforo y comportamiento económico de los
establecimientos de comercio.
Precisó que la demanda versa sobre el impacto económico, social y ambiental que
la construcción del puente nuevo generó en la comunidad vecina, especialmente
en el grupo demandante y sus comercios, por la disminución del flujo vehicular a
través del puente antiguo, en comparación con los automotores que transitan por
el puente nuevo, situación que ocasionó perjuicios a los accionantes. Aseveró que
el Invías no demostró el agotamiento del estudio de impacto social, económico y
ambiental, previo a la construcción de la obra vial, por lo que incurrió en “falla del
servicio, causando una carga considerable, superior, anormal y excepcional, que
constituye un daño especial y que Invías por equidad, debe indemnizar respecto al
grupo en cuestión”.
Adujo que no es cierto que se hubieran dejado zonas de parqueo; además, no se
puso en tela de juicio el funcionamiento del antiguo puente o la señalización en la
zona, pues lo que se alega es el daño derivado de la disminución de ingresos en
los establecimientos de comercio de los demandantes, porque los vehículos se
desvían por la carretera que conduce al nuevo puente.
Finalmente, señaló que era viable proferir condena bajo el título de falla del servicio
o el de daño especial, sin que se hubiera demostrado ninguna causal de
exoneración (fls. 1287-1310 c. ppal.).
5. El trámite en segunda instancia
5.1. Mediante auto de 27 de agosto de 2019 se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y, en proveído de 27 de septiembre de 2019, se
admitió dicho recurso (fls. 1326 y 1331 c. ppal.).
5.2. En providencia de 25 de octubre de 2019, se dispuso prescindir de la audiencia
de alegaciones y juzgamiento, y se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fls. 1334 c. ppal.).
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
La parte actora adujo que en la sentencia de primera instancia se violaron los
artículos 280 y 281 del Código General del Proceso, relacionados con el contenido
y congruencia, dado que no se expuso razonadamente el mérito probatorio
otorgado al material acreditativo aportado al proceso. Por lo demás, reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, en relación con la prueba del
daño y sus causas, la forma en la que se calcularon los perjuicios y el nexo causal
entre “los hechos causantes y los perjuicios causados” (fls. 1336-1351 c. ppal.).
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Régimen jurídico aplicable
La presente acción de grupo se encuentra regulada por las disposiciones de la Ley
472 de 19987, con las modificaciones que introdujo el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, en materia
de pretensiones, caducidad y competencia8.
2. Jurisdicción y competencia
El inciso primero del artículo 50 de la Ley 472 de 1998 prevé que corresponde a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de los procesos que se
susciten con ocasión de las acciones de grupo, originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas.
Como el litigio versa sobre la responsabilidad que le pueda asistir al Instituto
Nacional de Vías -Invías- por los daños ocasionados a los demandantes a partir de
la construcción de una obra vial, el asunto debe ser dirimido por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
De otra parte, corresponde al Consejo de Estado resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, proferida el 1º de agosto de
7 Ello, por cuanto la demanda se radicó en vigencia de esa Ley.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 10 de febrero de 2016, exp. 2015-
00934, M.P. Hernán Andrade Rincón y autos de 18 de mayo de 2017 exp. 2016-00131, M.P. Hernán
Andrade Rincón y de 18 de julio de 2017, exp. 2013-00583.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
2019 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1509 y 15210 del CPACA.
3. Legitimación en la causa y debida integración del grupo
El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 prevé que las acciones o medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo son “aquellas interpuestas por un
número plural o conjunto de personas [20 o más] que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas
personas”.
Mediante sentencia C-569 de 2004, la Corte Constitucional declaró inexequible el
requisito que preveía la ley, consistente en la demostración de la preexistencia de
las condiciones uniformes del grupo, aplicables a todos los elementos de la
responsabilidad.
En tal virtud, el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
permite una acumulación subjetiva de pretensiones, siempre que se verifique un
número plural de demandantes igual o superior a 20 y, además, que se constate
que los perjuicios reclamados tienen una misma causa. Así se ha pronunciado la
Sala:
Conforme a lo anterior, la Sala puntualizó que el análisis de las condiciones
uniformes respecto de una misma causa que generó perjuicios, como requisito
de procedibilidad de la acción, debe realizarse así: i) en primer término
identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y determinar
si éstos son uniformes para todo el grupo; ii) en segundo término, mediante el
análisis de la teoría de la causalidad adecuada, determinar si éstos hechos
generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por
los miembros del grupo; y iii) finalmente, ‘… el resultado de este análisis debe
ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren unos daños
originados en uno o varios hechos generadores comunes a todos; (sic) si se
descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la
inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de la acción …’
(…) No se trata, pues, de que las situaciones particulares de todos los miembros
del grupo sean idénticas, pues es claro que pueden resultar diferencias o
9 Art. 150. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos”.
10 Art. 152. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)
16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados
a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que
dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
perjuicios o daños disímiles en cuanto a su modalidad e intensidad, sino que es
menester que entre las mismas exista un común denominador o núcleo que
pertenece o se extiende a todos ellos, derivado de la conducta dañina del
demandado.
Por consiguiente, no obstante la naturaleza divisible de los daños subjetivos
ocasionados a un grupo por una misma acción u omisión, los cuales, en
principio, podrían ser reclamados de manera individual o litisconsorcial a través
del proceso ordinario contencioso administrativo, ese núcleo en el cual
convergen los miembros de ese conglomerado, sumado a la conveniencia y
trascendencia social de la situación en que se encuentran, impone que deba
darse una solución a través de un único proceso tendiente a repararlos, a través
de un juicio concentrado que, en caso de prosperar, culminará con la orden de
pago de una indemnización colectiva, resultado de la suma ponderada de las
indemnizaciones individuales11.
La Sala observa que el grupo demandante está debidamente integrado, en la
medida en la que se elevaron pretensiones resarcitorias a favor de más de 20
personas, quienes manifestaron haber sufrido daños individuales a raíz de la
realización de una obra pública que aisló sus “negocios” de venta de comida y;
además, generó un impacto ambiental negativo en la zona. La imputación al Invías
obedece a una misma causa: la falta de estudio socioeconómico y ambiental para
determinar el daño generado a los comercios de los demandantes y la omisión de
indemnizar a los perjudicados, o reubicarlos.
Los demandantes se encuentran legitimados, de hecho, en la causa por activa, en
tanto afirmaron tener la condición de comerciantes afectados con la obra vial, que
aseguraron haber acreditado con los estados financieros e informes técnicos sobre
las actividades mercantiles que desarrollan y el perjuicio material irrogado,
aportados con la demanda. Aclara la Sala que el alcance y validez de dichos medios
acreditativos se abordará en acápite subsiguiente.
El Instituto Nacional de Vías -Invías- se encuentra legitimado en la causa por
pasiva, toda vez que en la demanda se atribuyó la producción del daño antijurídico
al desarrollo de una obra pública, a su cargo.
En la sentencia de primera instancia se declaró la falta de legitimación en la causa
por pasiva del Ministerio de Transporte y el Municipio de La Apartada, decisión que
no fue controvertida en la alzada.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de diciembre de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2004-00120-01(AG), M.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
4. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el artículo 164 del CPACA12, el medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo debe instaurarse dentro de los
dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se causó el daño,
cuando éste no proviene de un acto administrativo.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, se le atribuye responsabilidad a la
entidad demandada, por los perjuicios ocasionados a los demandantes a partir de
la puesta en funcionamiento del nuevo puente “San Jorge”, lo cual ocurrió el 31 de
mayo de 2015.
Con base en lo anterior, el término de caducidad corrió entre el 1 de junio de 2015
y el 1 de junio de 2017. Como la demanda se presentó el 24 de marzo de 2017, se
concluye que no operó el fenómeno de la caducidad.
5. Caso concreto
De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, corresponde a la Sala
determinar si está acreditado el daño, material e inmaterial, por el cual se solicita
reparación y si éste es susceptible de ser indemnizado, por exceder las cargas que
normalmente deben asumir los ciudadanos que se hallan en la misma situación que
los demandantes.
La parte actora hizo consistir el daño en la disminución de los ingresos percibidos
por los integrantes del grupo, en sus “negocios” (restaurantes y pesquerías), por la
pérdida de clientes potenciales, debido a la realización de una obra vial (puente)
que desvió la vía nacional y aisló el comercio ubicado en la antigua carretera. Como
medida de reparación, se solicitó indemnización a favor de todos los demandantes,
por concepto de perjuicios morales, con sustento en la afectación psicológica que
experimentaron, y el lucro cesante generado a 33 de ellos, por la reducción de las
ventas en sus negocios.
12 Como se expuso en acápite anterior, los aspectos relativos a la competencia, la caducidad y la
pretensión, en las acciones de grupo, se rigen por el CPACA.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
De acuerdo con el planeamiento efectuado en el libelo introductorio, para entender
configurado el daño, es menester acreditar el desarrollo de la actividad comercial
que los demandantes refieren en la demanda, esto es, la venta de alimentos, en
establecimientos de comercio ubicados en inmediaciones del antiguo puente San
Jorge del departamento de Córdoba, con anterioridad a la construcción del nuevo
puente, al cual atribuyen el origen del daño. Para que el daño se repute antijurídico
se deberá comprobar, además, que es excesivo o que los demandantes no estaban
en la obligación de soportarlo.
La sola condición de comerciante de los demandantes no resulta, así, suficiente
para entender configurado el daño que manifiestan, teniendo en cuenta que la
disminución de sus ingresos la atribuyen al aislamiento en el que quedaron sus
negocios, lo que impone constatar el desarrollo de la actividad económica, de
manera formal. En la demanda, se aludió al grupo demandante como
“restauranteros, pescadores y dueños de pescaderías”; sin embargo, la Sala
entiende que la mención de “pescadores” hace referencia a la venta de pescado en
un establecimiento permanente, y no a la actividad de pesca, la cual en nada se
vería afectada con la realización de la obra vial.
El artículo 10 del Código de Comercio define que “son comerciantes las personas
que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera
mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil
se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona”.
El artículo 20 del mismo ordenamiento jurídico enlista algunos13 de los actos,
operaciones y empresas mercantiles. Mediante Resolución 2306 de 2022, el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane modificó la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas
(CIIU)14, adaptada para Colombia. La actividad 561, de la División 56, comprende
las “actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas”.
13 En el numeral 19 de dicho artículo se establece que también se consideran mercantiles “los demás
actos y contratos regulados por la ley mercantil”. El artículo 24 del Código de Comercio dispone, por
su parte, que las enumeraciones contenidas en los artículos 20 y 23 son declarativas y no limitativas.
14 “La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) es
la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su objetivo principal es
proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan utilizarse para la recopilación y
la presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas actividades”.
Tomado del documento “”CIIU Revisión 4 adaptada para Colombia (2022)”, publicado por el DANE,
en diciembre de 2022.
Disponible en el siguiente enlace:
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf
Búsqueda efectuada el 21 de septiembre de 2023.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
El artículo 13 del Código de Comercio dispone que, para todos los efectos legales,
se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos:
1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil;
2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y
3) Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio.
El desarrollo de operaciones mercantiles impone ciertas obligaciones para los
comerciantes, según el artículo 19 del Código de Comercio:
1) Matricularse en el registro mercantil;
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto
de los cuales la ley exija esa formalidad;
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones
legales;
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos
relacionados con sus negocios o actividades;
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus
obligaciones mercantiles, y
6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.
De las disposiciones enunciadas se desprende, como afirma la parte actora, que la
condición de comerciante se adquiere por la ejecución de actividades mercantiles,
no por la inscripción en la Cámara de Comercio, aunque ésta sea una obligación a
cargo de todo comerciante15.
Ahora bien, según el mismo ordenamiento de comercio, el registro mercantil tiene
por objeto “llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de
comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto
de los cuales la ley exigiere esa formalidad” (art. 26). En dicho registro, deben
inscribirse, entre otros, las personas que ejerzan profesionalmente el comercio, así
como la apertura de establecimientos de comercio, y los actos que modifiquen o
afecten la propiedad de los mismos (art. 28). Según el artículo 52, al iniciar las
actividades comerciales y, por lo menos una vez al año, “todo comerciante elaborará
un inventario y un balance general que permitan conocer de manera clara y
completa la situación de su patrimonio”.
15 Sobre la prueba de la calidad de comerciante, consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta,
sentencia de 13 de junio de 2011, exp. 2007-00226-01(17983), M.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Es una obligación a cargo de todos los comerciantes dejar fiel copia de la
correspondencia que dirija en relación con sus actividades comerciales (art. 54); así
como conservar, por diez años, los comprobantes de las cuentas en las que se
basan los asientos de sus libros de contabilidad (art. 55 y 60), información que debe,
además, coincidir, so pena de que carezcan de eficacia probatoria en favor del
comerciante obligado a llevarlos (art. 59).
El artículo 515 del Código de Comercio define, por su parte, el establecimiento de
comercio como “un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar
los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de
comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a
varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales”.
En el presente asunto, el grupo demandante alegó que la calidad de comerciante
de cada uno de sus integrantes se prueba con los libros contables, balances,
estados financieros y las declaraciones de renta aportados al proceso; documentos
que, además, fueron reconocidos por el contador público que rindió declaración en
el proceso.
Para delimitar el estudio, conviene precisar que el grupo demandante está
conformado por las siguientes personas:
Práxedes Isabel Paternina Villeras
Victoria María Ricardo Flórez
Neyis Judith Rojas Moreno
María Zaide Jaramillo Rojas
Katia Judith Gelis Rojas
Yenis Cheila Gelis Rojas
Diovergina Ester Polonia Arrieta
Luz Elvira Suárez Alean
Cordelia Ricardo Flórez
Fernando Enrique Sierra Vergara
Héctor Fernando Meneses Ortega
Jairo Rojas Villada
Jairo Montes Pabuena
Ángel Mejía Mejía
Dairo de Jesús Rohenes Betin
Arturo de Jesús Martínez Vera
Javier Enrique Cervantes Ayala
Mariano Cervantes Ayala
Gustavo Adolfo Mejía Barroso
Bertina del Socorro Padilla Romero
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Juan Chinola Béjar
Betzaida del Carmen Correa Argumedo
Liseth Vanessa Mazo Rendón
Rubén Darío Ricardo Flórez
Enilsa del Carmen Martínez López
Domingo Antonio Ricardo Fórez
Luis Magín Mestra García
Lilia Rendón Arbeláez
Teresa de Jesús Ayala Plaza
Norys Ester Ortíz Terán
Viviana Marcela Rojas Moreno
Esther Solina Pino Salgado
Daner Andrés Vergara Rojas
Fabriciano Rojas Riaño
Jorge Luis Rojas Morales
Para demostrar la condición de comerciantes de los demandantes y la existencia de
los restaurantes aledaños al puente antiguo, obran las siguientes pruebas:
● Informe Técnico “Cálculo de daño patrimonial, lucro cesante consolidado y
futuro, causado por la construcción del nuevo puente sobre el río San Jorge a la
altura del corregimiento Puerto Nuevo, municipio de La Apartada, Departamento de
Córdoba”, elaborado por el contador público Fernando Quinto Caballero Rodríguez
(fls. 514 c. n.º 3, c. n.º 4, c. n.º 5 a fl. 106 c. n.º 6). Al dictamen se anexaron los
documentos referidos por la parte apelante: i) copia de los estados de resultados
de los años 2012 a 2016; ii) copia del balance general de los años 2012 a 2016, y
iii) copia de las declaraciones de renta, de cada uno de los 33 demandantes que
solicitaron indemnización por concepto de lucro cesante.
En la audiencia de pruebas celebrada el 7 de febrero de 2018, el contador público
Fernando Caballero Rodríguez explicó las conclusiones del informe antes citado.
Manifestó que había tenido en cuenta la información contable entregada por los
demandantes, su expectativa de vida y el resultado obtenido de la comparación
entre las utilidades de los años 2014 y 2016, información que le sirvió para
determinar el menoscabo consignado en la experticia, con las fórmulas allí
señaladas. Afirmó que no es necesario el registro mercantil para establecer la
condición de comerciante, sino que esa calidad depende de la actividad mercantil
desarrollada; además, explicó que los demandantes pertenecen, en materia
tributaria, al régimen simplificado, por lo que no tienen que expedir facturas ni
declarar IVA (min. 1:25 CD anexo a fl. 621 c. n.º 10).
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
● La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante oficio de 20 de
marzo de 2018, certificó que los señores Práxedes Paternina Villera, Victoria
Ricardo Flórez, Neyis Rojas Moreno, Katia Gelis Rojas, Diovergina Polonia Arrieta,
Luz Suárez Alean, Cordelia Ricardo Flórez, Fernando Sierra Vergara, Héctor
Meneses Ortega, Jairo Rojas Villada, Jairo Montes Pabuena, Dairo Rohenes Bettin,
Arturo Martínez Vergara, Javier Cervantes Ayala, Mariano Cervantes Ayala, Ángel
Mejía Mejía y Gustavo Mejía Barroso “presentaron declaraciones de renta de los
años gravables 2012, 2013, 2014, sin pago hasta la fecha; de igual forma les
manifestamos que declaraciones del impuesto a las ventas no han presentado” (fl.
856 c. n.º 11).
La parte actora cuestionó la veracidad de dicha certificación, por cuanto al proceso
se allegó copia de las declaraciones de renta presentadas por el grupo accionante,
correspondientes a los períodos gravables 2012 a 2015; además, se adjuntó copia
del RUT de cada demandante, documentos que acreditan su condición de
contribuyentes pertenecientes al régimen simplificado (fls. 861-862 c. n.º 11). En la
copia de las declaraciones de renta mencionadas se observa que todas fueron
radicadas el 20 de enero de 2017.
● La Cámara de Comercio de Montería, en oficio de 8 de febrero de 2018,
informó que, al revisar sus registros, encontró que los siguientes demandantes se
encuentran matriculados allí, como propietarios de establecimientos de comercio,
ubicados en la carretera troncal Puente San Jorge:
Restaurantes:
Demandante Nombre Fecha de Último año
restaurante matrícula renovado
Práxedes Isabel “El Sabrosón” 28/10/2002 2017
Patrnina Villares
Victoria María “El paraíso El 24/08/2015 2015
Ricardo Flórez Puente”
María Zayde “El Antioqueñito” 1/09/2015 2015
Jaramillo Rojas
Yenis Cheila Gelis “Medellín Cheila” 1/09/2015 2015
Rojas
Diovergina Ester “Mi jardín D.P.” 26/05/2014 2014
Polonia Arrieta
Fernando Enrique “El buen gusto 26/05/2014 2017
Sierra Vergara F.S.”
La señora Bertina del Socorro Padilla Romero aparece registrada como propietaria
del establecimiento de comercio “Tienda el mejor punto B.P.”, dedicado al
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
“comercio, al por menor, de surtido compuesto principalmente por alimentos,
bebidas o tabaco”, con fecha de matrícula mercantil 3/06/2014, y último año de
renovación 2015.
El señor Juan Chinola Bejar, está registrado como propietario del establecimiento
de comercio “Billares San Jorge de La Apartada”, con la actividad “expendio de
bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento” y “otras
actividades recreativas y de esparcimiento N.C.P.”.
El señor Javier Cervantes Ayala registra vínculo como miembro de la Junta
Directiva en la Asociación Comunitaria de Trabajadores Agrarios del San Jorge en
liquidación (fls. 654-674 c. n.º 10).
● El secretario de hacienda del municipio de La Apartada, Córdoba, mediante
oficio de 5 de febrero de 2018, hizo constar que, del grupo demandante, las señoras
Práxedes Paternina, María Jaramillo, Cordelia Ricardo y Neyis Rojas se encuentran
registrados en la base de datos de industria y comercio, pero sus establecimientos
se encuentran cerrados desde el año 2013 (fl. 620 c. n.º 10).
● Con la demanda se aportó copia de una petición de información de fecha 5
de mayo de 2015, sin constancia de recibido, dirigida a la Ministra de Transporte,
en la que un grupo de personas16 señaló habitar en “el corregimiento Puerto
Córdoba (Puente San Jorge) del municipio de La Apartada”, ubicado a orillas del
río San Jorge, e informó que 40 familias vivían de la venta de pescado frito,
sancocho de pescado, bebidas y demás alimentos en la vía que comunica al interior
del país con la costa Atlántica. Se mencionó en la misiva que no se realizó una
socialización con los miembros de la comunidad, previo a la construcción del nuevo
puente para escuchar sus observaciones frente a los perjuicios que les acarrearía
la obra, al ver aislados sus negocios. Con base en esa exposición de motivos, se
solicitó allegar copia del contrato de obra celebrado para la construcción del nuevo
puente, e informar si se había estipulado alguna indemnización para las familias
que se verían perjudicadas, o un programa de reubicación; además, si el puente
antiguo seguiría funcionando (fls. 171-176 c. n.º 1).
Obra respuesta otorgada por el Invías, dirigida a la señora Práxedes Paternina
Villeras, de fecha 29 de julio de 2015, con la que se envió copia del contrato 3794
16 La petición fue firmada por 39 personas.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
de 2013, y se comunicó que esa entidad adelantó el trámite para la adquisición de
37 predios requeridos para la construcción del puente, y se realizaron reuniones de
socialización con la comunidad afectada; se aclaró, además, que el Invías no tenía
la facultad de efectuar la reubicación de familias afectadas con el desarrollo de
proyectos viales, y se informó que el puente existente y sus accesos continuarían
en servicio, de modo que los vehículos podrían continuar acudiendo a la zona de
restaurantes; adicionalmente, se instalaron señales informativas (fls. 178-179 c. n.º
1).
● En auto de 14 de diciembre de 2017, la magistrada ponente decretó, de
oficio, la prueba de interrogatorio de parte a la señora Práxedes Isabel Paternina
Villeras, integrante del grupo demandante (fls. 557-560 c. n.º 9). El interrogatorio
fue realizado en la audiencia de pruebas, celebrada el 7 de febrero de 2018 (min.
2:04 CD anexo a fl.621 c. n.º 10).
La declarante manifestó que desde hacía 46 años tenía un restaurante en la zona
en la que se ubica el puente antiguo al que hace referencia la demanda, y que la
construcción del nuevo puente ocasionó perjuicios morales y materiales a los
propietarios de los restaurantes. Afirmó que llevaba libros contables desde el año
2011, con el señor “Fernando Caballero Rodríguez”, y que anteriormente vendía
entre 70 a 100 comidas diarias, pero con posterioridad a la obra vial, la ventas
disminuyeron a 5 comidas diarias. Agregó que en abril de 2015, el entonces
vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras le indicó que el gobierno
reubicaría o indemnizaría a los dueños de los restaurantes afectados, pero esa
promesa no fue cumplida. Mencionó que antes de la construcción del puente se
realizaron algunas reuniones de socialización en las que la comunidad siempre
solicitaba indemnización o reubicación, sin que se hubieran dejado actas de esos
encuentros; además, precisó que en el grupo demandante estaban 35 personas,
pero algunas personas no quisieron demandar. Afirmó que en el sector funcionaban
25 o 26 restaurantes; sin embargo, al momento de la declaración sólo quedaban 9,
pues los demás cerraron por quiebra.
● Con la demanda se aportó el documento denominado “Informe técnico -
Línea de tiempo y cartografía social, recolección de información comunitaria caso
comerciantes restauranteros y otros del antiguo puente San Jorge”. Corregimiento
Puerto Córdoba, municipio La Apartada-Departamento de Córdoba”. En la
presentación del informe se indicó que “el ejercicio de recolección de información
comunitaria se implementó con el equipo de profesionales del área jurídica el día
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
15 de julio de 2016” (fls. 181-200 c. n.º 1 y 201-285 c. n.º 2). En el informe se
muestran fotografías de los supuestos restaurantes de propiedad de los
demandantes, se transcribieron declaraciones que se dijo haber recepcionado de
los demandantes sobre la historia de sus negocios, se anexaron formatos firmados
por estos sobre la finalidad de la “jornada de recolección de información
comunitaria”, y 2 diagramas, uno con el listado de los demandantes, y otro con una
representación gráfica, al parecer, de la zona en la que se ubican los restaurantes
de los demandantes y los puentes (antiguo y nuevo) sobre el río “San Jorge”.
Además de las pruebas enunciadas, no existe en el proceso otro medio acreditativo
dirigido a demostrar las actividades comerciales aducidas en la demanda, en el
lugar indicado en ésta17.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye lo siguiente:
El informe técnico “Cálculo de daño patrimonial, lucro cesante consolidado y futuro,
causado por la construcción del nuevo puente sobre el río San Jorge a la altura del
corregimiento Puerto Nuevo, municipio de La Apartada, Departamento de Córdoba”,
elaborado por el contador público Fernando Quinto Caballero Rodríguez, constituye
prueba de los estados financieros reportados por los demandantes ante el
profesional que los certificó, por las actividades que dijeron desarrollar, lo que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 199018, hace presumir su
consonancia con los requisitos legales y la real situación financiera de cada uno de
ellos, para la fecha en la que fueron elaborados los balances que le sirvieron de
base.
Dicha información da cuenta de la actividad económica ejercida por los accionantes,
pero no acredita una condición uniforme entre ellos, respecto a su calidad de
comerciantes en la forma, época y lugar aducidos en la demanda, esto es,
“restauranteros y dueños de pescaderías”, en cercanías del antiguo puente ubicado
sobre el río San Jorge, en la vía que comunica a los municipios de Ayapel y
17 La parte actora aportó con la demanda otros documentos dirigidos a demostrar los perjuicios
morales y materiales irrogados a los accionantes.
18 “Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y
se dictan otras disposiciones”.
Artículo 10. De la fe pública. “La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de
su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a
los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose
de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos
se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la
correspondiente situación financiera en la fecha del balance”.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Montelíbano, con anterioridad al 2015, año en el que entró en operación el nuevo
puente “San Jorge”.
Del contenido del citado informe técnico y de las declaraciones de renta de los
demandantes se desprende que, únicamente, en los estados de resultados y en las
declaraciones de renta presentadas por los señores Práxedes Isabel Paternina
Villeras, Victoria María Ricardo Flórez, María Zaide Jaramillo Rojas, Yenis Cheila
Gelis Rojas, Diovergina Ester Polonia Arrieta, Fernando Enrique Sierra Vergara y
Lilia Rendón Arbeláez se registró la actividad económica que corresponde a
restaurantes.
En el caso de los demandantes Héctor Fernando Meneses Ortega, Jairo Rojas
Villada, Jairo Hernando Montes Pabuena, Neyis Judith Rojas Moreno, Katia Judith
Gelis Rojas, Ángel Mejía Mejía, Dairo de Jesús Rohenes Betin, Arturo de Jesús
Martínez Vera, Javier Enrique Cervantes Ayala, Mariano Cervantes Ayala, Gustavo
Adolfo Mejía Barroso, Bertina del Socorro Padilla Romero, Betzaida del Carmen
Correa Argumedo, Liseth Vanessa Mazo Rendón, Rubén Darío Ricardo Flórez,
Enilsa del Carmen Martínez López, Domingo Antonio Ricardo Fórez, Luis Magín
Mestra García, Teresa de Jesús Ayala Plaza, Norys Ester Ortíz Terán, Esther Solina
Pino Salgado y Daner Andrés Vergara Rojas, se declaró la actividad económica
8299, que corresponde a “otras actividades de servicio de apoyo a las empresas” y,
en los estados de resultados firmados por el profesional en contaduría se certificó
“actividad de pesca, vendedores de pescado”. Las señoras Luz Elvira Suárez Alea
y Lilia Rendón Arbeláez también presentaron sus declaraciones de renta por la
actividad 8299; en los estados financieros elaborados por contador público,
registraron la actividad relacionada con restaurantes.
En lo que concierne a la señora Cordelia Ricardo Flórez, se declaró la actividad
económica 5211, “empresas dedicadas al comercio al por menor, en
establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de
alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco”.
En las declaraciones de renta del señor Juan Chinola Béjar se indicó la actividad
económica 9329 “otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.”, pese a
que en los estados de resultados se anotó “actividad de pesca”.
En los estados de resultados de la señora Viviana Marcela Rojas Moreno se registró
“actividad de pesca”, mientras que en la declaración de renta se señaló la actividad
7499 “otras actividades empresariales”.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
En adición a lo expuesto, se tiene que, aunque constituía una obligación 19 a cargo
de los demandantes, únicamente los señores Práxedes Paternina, María Jaramillo,
Cordelia Ricardo y Neyis Rojas se encontraban registrados en la base de datos de
industria y comercio de la secretaría de hacienda del municipio de La Apartada;
pero, sus establecimientos aparecían cerrados desde el año 2013.
De lo anterior no puede colegirse que todos los integrantes del grupo se ocupaban
de la venta de alimentos en restaurantes o pescaderías, pues las actividades que
reportaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Secretaría de
Hacienda del Municipio de La Apartada y la información registrada en sus estados
financieros no, en todos los casos, concuerda con dicha labor.
El oficio de 8 de febrero de 2018, presentado por la Cámara de Comercio de
Montería, de acuerdo con el citado artículo 13 del Código de Comercio, acredita la
condición de comerciantes y propietarios de establecimientos de comercio en
inmediaciones del puente San Jorge, de los señores Práxedes Isabel Paternina
Villares, Victoria María Ricardo Flórez, María Zayde Jaramillo Rojas, Yenis Cheila
Gelis Rojas, Diovergina Ester Polonia Arrieta, Fernando Enrique Sierra Vergara,
Bertina del Socorro Padilla Romero y Juan Chinola Bejar; no obstante, sólo los
señores Práxedes Isabel Paternina Villares, Diovergina Ester Polonia Arrieta,
Fernando Enrique Sierra Vergara y Bertina del Socorro Padilla Romero se
encontraban desarrollando su actividad mercantil, con anterioridad a la entrada en
funcionamiento del puente nuevo (31 de mayo de 2015).
Además de lo anterior, se aprecia que, en el caso de las señoras Victoria María
Ricardo Flórez, María Zayde Jaramillo Rojas, Yenis Cheila Gelis Rojas y Bertina del
Socorro Padilla Romero, el último año en el que se renovaron los respectivos
registros fue el 201520, por tanto, pudieron notar una afectación una vez entró a
19 “El impuesto de industria y comercio es un gravamen obligatorio por la realización de actividades
industriales, comerciales y de servicios, por personas naturales, jurídicas, bien sea que se presten
en establecimientos de comercio o no”.
Definición tomada de la publicación ¿qué es el impuesto de industria y comercio?, de la Cámara de
Comercio de Manizales, disponible en el enlace:
https://www.ccmpc.org.co/clinica-empresarial/impuesto-de-industria-y-
comercio/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20Impuesto%20de,o%20no%20establecimi
ento%20de%20comercio.
Busqueda efectuada el 25 de septiembre de 2023.
20 La renovación de la matrícula mercantil se debe realizar, entre el 1º de enero y el 31 de marzo de
cada año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio y en el Decreto 668
de 1989. Como el puente nuevo entró en funcionamiento el 31 de mayo de 2015, no puede colegirse
que la falta de renovación de los registros mercantiles obedeció a la disminución en las ventas.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
operar la obra de infraestructura vial. No ocurre lo mismo con la señora Diovergina
Ester Polonia Arrieta, quien renovó su registro mercantil sólo hasta el año 2014, lo
que impide a la Sala conocer si en el año 2015, cuando entró en funcionamiento el
nuevo puente, aún desarrollaba la actividad económica que refirió en la demanda.
De acuerdo con las pruebas señaladas, únicamente, los señores Práxedes Isabel
Paternina Villares, Fernando Enrique Sierra Vergara, Victoria María Ricardo Flórez,
María Zayde Jaramillo Rojas, Yenis Cheila Gelis Rojas y Bertina del Socorro Padilla
Romero demostraron su condición de comerciantes, con establecimientos de
comercio ubicados en la carretera troncal Puente San Jorge con anterioridad a la
entrada en funcionamiento del nuevo puente “San Jorge”, por lo que sólo respecto
de ellos podría predicarse la causación de un daño. En lo que concierne a los
demás integrantes del grupo accionante, forzoso resulta para la Sala concluir la
inexistencia de los perjuicios aducidos en la demanda, ante la falta de certeza sobre
el tipo de actividad mercantil que desarrollaban, así como el lugar y el período en
el que ésta era explotaba.
Ahora bien, en cuanto a los demandantes que ejercían el comercio en la zona, se
advierte que los elementos acreditativos aportados al plenario impiden estructurar
la existencia de un daño que sea susceptible de ser reparado, pues a pesar de que
demostraron desarrollar una actividad económica lícita en la “carretera troncal
puente San Jorge”21 y que se allegaron pruebas22 dirigidas a demostrar el perjuicio
moral y económico que dijeron haber padecido, lo cierto es que no se observa una
21 De los medios probatorios aportados al proceso no es posible conocer la ubicación exacta de los
establecimientos de comercio; sin embargo, como la apertura de éstos se dio antes de la entrada en
funcionamiento del nuevo puente, es posible deducir que la vía en la que se ubican coincide con la
antigua carretera del puente San Jorge.
22 El Informe psicológico-aplicación proyectiva HTP, valoración individual caso comerciantes-
restauranteros y otros del “antiguo puente San Jorge”, corregimiento Puerto Córdoba, municipio La
Apartada, departamento de Córdoba concluye que cada uno de los demandantes experimentaron
sentimientos de tristeza, ansiedad y, en algunos casos, trastornos depresivos, por la construcción
del nuevo puente, al ver desmejoradas las condiciones de sus negocios. Esta prueba se aportó para
acreditar el perjuicio moral que se aduce en la demanda. En el proceso se recibió la declaración de
los psicólogos Manuel Figueroa Vilora y Ángela Cadena Martínez, quienes corroboraron las
conclusiones plasmadas en el informe psicológico.
Para demostrar el perjuicio material alegado, se aportaron las siguientes pruebas: i) Informe Técnico
Cálculo de daño patrimonial, lucro cesante consolidado y futuro, basado en los libros contables,
balances y declaraciones de renta de cada integrante del grupo; ii) Informe Técnico Línea de tiempo,
cartografía social-caso comerciantes del antiguo puente San Jorge; iii) Análisis de contexto,
complementario al anterior informe técnico; y iv) Aforo vehicular corregimiento Nuevo Córdoba,
municipio La Apartada, departamento de Córdoba. Dichos documentos muestran una disminución
de los ingresos percibidos por los demandantes, en el período de entrada en funcionamiento del
nuevo puente San Jorge; así como la reducción de vehículos que se movilizan por el nuevo puente.
En el proceso se escucharon, también, las declaraciones de los ingenieros industriales Luis Alfonso
Garzón Aguirre y Jorge Mario López, quienes se pronunciaron sobre la disminución del tráfico
vehicular en el antiguo puente. El contador público Fernando Caballero Rodríguez también
corroboró, en audiencia pública, las conclusiones a las que arribó en el Informe Técnico Cálculo de
daño patrimonial, lucro cesante consolidado y futuro.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
relación de conexidad entre dicho menoscabo y la construcción del nuevo puente
“San Jorge”, en la medida en la que los demandantes no tenían que ser
indemnizados, al no haber sido intervenidos sus establecimientos de comercio para
el desarrollo de la obra, ni haberse impedido el ejercicio de la actividad mercantil.
Tampoco se alegó -y no se advierte- un fundamento legal que imponga al Invías la
obligación de indemnizar predios o establecimientos de comercio ubicados en
cercanías de las zonas en las que se desarrollan obras de infraestructura vial. Tal
como indicó la entidad encartada en el escrito de contestación a la demanda, sus
facultades se restringen a los mandatos legales que regulan su objeto y funciones,
sin que pueda extralimitarse o invertir el presupuesto que le ha sido asignado en
cuestiones ajenas, como supone el grupo accionante, lo cual no obsta para que las
autoridades gubernamentales implementen proyectos de inversión social en
procura de mitigar los posibles impactos negativos que puedan generar las obras
de infraestructura vial en sus comunidades.
Frente al argumento que apela a la aplicación, en el presente asunto, del régimen
objetivo de responsabilidad por daño especial, cabe mencionar que dicho título de
imputación encuentra fundamento en la equidad y en la solidaridad, ante el
rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, derivado del perjuicio
especial y anormal que debe soportar el administrado. Dicha teoría fue abordada
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 3 de mayo de
200723, así:
El daño especial ha sido entendido como un título de imputación de aplicación
excepcional, que parte de la imposibilidad de resarcir un daño claramente
antijurídico con fundamento en un régimen subjetivo de responsabilidad.
Aunque la situación a partir de la Constitución de 1991 ha cambiado
radicalmente, el aparte trascrito resulta especialmente esclarecedor de los
elementos que soportan la teoría del daño especial, ya que el mismo resalta
claramente el papel que dentro del razonamiento jurídico realizado por el juez
juega el principio de equidad. (…)
Como se anotó, la justicia material se concreta en los casos de daño especial
en el objetivo de reequilibrar la asunción de cargas públicas, en virtud a que el
perjuicio sufrido presenta características de excepcional y anormal. En otras
palabras es un perjuicio que, desde la perspectiva del principio de igualdad
frente a las cargas públicas, resulta considerablemente superior al que
normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del ejercicio de los poderes
de actuación con que cuenta la administración. (…)
23 Rad. 1991-06081-01(16696), M.P. Enrique Gil Botero.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que conlleva
a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.
Sin embargo, no debe entenderse dicho principio como el anhelo de lograr una
equiparación matemática entre los administrados frente a la actividad
administrativa; el contenido que el mismo involucra es, evidentemente, el
mantenimiento de un relativo balance en esta materia. En consecuencia, es
posible considerar como legítimas las imposiciones que puedan ser
ubicadas dentro de los parámetros que, de acuerdo con la jurisprudencia,
acepta el principio de igualdad ante las cargas públicas; y, en este mismo
sentido, el Estado deberá responder cuando quiera que una actividad
administrativa haya ocasionado un grado de perjuicio que exceda el ámbito de
molestia que debe ser soportado.
La igualdad, y como se antepuso, su manifestación en el equilibrio ante las
cargas públicas, aparece como el bien jurídico a restituir en estos casos, fruto
directo de postulados equitativos a los que repugna, como lo expresan el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los eventos de extrema
desigualdad en la repartición de las cargas públicas. Esta reparación igualitaria,
en cuanto responsabilidad del Estado, es reforzada en su razón de ser por la
solidaridad, valor que debe animar el actuar del Estado colombiano, no sólo por
su calidad de Social -y por ende redistributivo-, sino además porque el
constituyente ratificó este carácter al consagrar en el art. 1º a la solidaridad
como uno de los valores fundantes del Estado, lo que ha sido reconocido por
la jurisprudencia del Consejo de Estado
Al estudiar el caso puesto en consideración, observa la Sala que la realización de
la obra de infraestructura vial llevada a cabo sobre el río “San Jorge” no impuso
cargas excesivas a los señores Práxedes Isabel Paternina Villares y Fernando
Enrique Sierra Vergara, pues no se advierte una afectación especial y anormal a
los establecimientos de comercio de su propiedad, que hubiera impedido su
operación o continuación. Ciertamente, se pudo constatar que la vía que conduce
al antiguo puente continúa abierta; luego, no se ha impedido el desarrollo de la
actividad comercial que ejecutan los demandantes; por otro lado, es indiscutible
que el mejoramiento de la malla vial contribuye al desarrollo y progreso de la Nación
y, en esa medida, las molestias que pudiere producir dicha intervención estatal24,
en ciertos sectores, se considera una carga legítima, en pro del bienestar general.
24 Constitución Política. Artículo 334. “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.
Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos
y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en
un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar
de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público
social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y
asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos,
tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la
productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. (…)”.
32
Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Aceptar lo contrario, implicaría paralizar la planificación y ordenamiento territorial,
anteponiendo el interés particular de unos cuantos, sobre el bien general.
Se concluye, así, que el daño alegado por los accionantes no es especial, en tanto
no impuso un gravamen particular, excesivo y/o injustificado a los accionantes o a
sus establecimientos, ni es anormal, al ser una consecuencia indirecta de la
ejecución de un proyecto público, que puede presentarse en el desarrollo de
cualquier obra vial.
Finalmente, en lo que concierne a la imputación relacionada con la contaminación
provocada por la realización de la obra, conviene precisar que el medio de control
procedente para lograr la protección de los derechos e intereses colectivos es la
acción popular y no la acción de grupo, la cual tiene por finalidad exclusiva obtener
el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios (art. 46 Ley 472 de
1998). Con todo, se aprecia que el supuesto represamiento de aguas generado
entre las dos estructuras viales no fue señalado de haber ocasionado la disminución
de las ventas en los restaurantes de los demandantes; luego, no comporta la causa
del daño cuya reparación se depreca. Igual sucede con la falta del estudio
socioeconómico y ambiental que refiere la parte apelante, el cual, además de ser
un aspecto relacionado con la actuación contractual adelantada para el desarrollo
de la obra, no tiene incidencia en el hecho dañoso que, se reitera, se hizo consistir
en la realización de un proyecto de infraestructura vial que aisló una zona comercial
de la carretera nacional.
Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
6. Condena en costas
De conformidad con el artículo 65 de la Ley 472 de 199825 y el artículo 365 del
Código General del Proceso, correspondería imponer condena en costas de
segunda instancia26, a cargo de la parte vencida, es decir, la parte demandante.
25 Artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
“5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas
necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”.
26 Artículo 365. Condena en costas. “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…)
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…)
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho. Para su liquidación, se observa lo señalado en el artículo 366 ibídem,
según el cual, corresponde al magistrado sustanciador fijar las agencias en
derecho, aunque se litigue sin apoderado, y al tribunal que conoció la primera
instancia liquidar los demás gastos procesales.
Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en el
artículo 5º, numeral 1º del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone la tarifa de agencias en derecho, tratándose de procesos declarativos,
entre uno (1) y seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la
segunda instancia.
En el caso de la referencia, las entidades demandadas ejercieron su defensa en el
proceso, de manera oportuna27. Así, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión
desarrollada por los profesionales del derecho que ejercieron su representación
legal, se tasará a favor de cada una de ellas, por concepto de agencias en derecho,
la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1º de agosto de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al grupo demandante. Se fija por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
27 El Invías contestó la demanda y presentó alegatos de conclusión de primera instancia. La Nación-
Ministerio de Transporte y el municipio de La Apartada contestaron la demanda.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2015-00143-01(64769)
Actor: Práxedes Isabel Paternina y otros
Demandado: Invías y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
vigente, a favor de cada una de las entidades demandadas, Nación-Ministerio de
Transporte, municipio de La Apartada e Instituto Nacional de Vías -Invías-.
Por Secretaría de la Sección Tercera, liquídense los gastos procesales.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente link:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidadoraspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
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