Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00108-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00108-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00108-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de agosto de 2024
Demandantes: Práxedes Isabel Paternina Villeras y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00108-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., primero (1.º) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00108-01
Demandantes: PRÁXEDES ISABEL PATERNINA VILLERAS Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Modifica sentencia de
primer grado. Declara improcedente por falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 14 de febrero de 2024, por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En esta providencia se declaró
improcedente el cargo por defecto sustantivo y se negó lo relativo al defecto
fáctico.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Práxedes Isabel Paternina Villeras y otros 1, actuando por
conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A2. Con la solicitud de amparo
pretenden la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
1
Las señoras Práxedes Isabel Villeras Paternina, Victoria María Ricardo Flórez, Neyis Judith
Rojas Morena, María Saide Jaramillo Rojas, Katia Judith Gelis Rojas, Yenis Cheila Gelis Rojas,
Diovergina Esther Polonia Arrieta, Luz Elvira Suárez Alian, Cordelia Ricardo Flórez, Bertina del
Socorro Padilla Romero, Betzaida del Carmen Correa Argumedo, Liseth Vanessa Mazo Rendón,
Enilsa del Carmen Martínez López, Lilia Rendón Arbeláez, Teresa de Jesús Ayala Plaza, Norys
Ester Ortiz Terán, Viviana Marcela Rojas Moreno, y Esther Solina Pino Salgado y los señores
Fernando Enrique Sierra Vergara, Héctor Fernando Meneses Ortega, Jairo Rojas Villada, Jairo
Montes Pabuena, Ángel Mejía Mejía, Dairo de Jesús Rohenes Betín, Arturo de Jesús Martínez
Vera, Javier Enrique Cervantes Ayala, Mariano Cervantes Ayala, Gustavo Adolfo Mejía Barroso,
Juan Chinola Bejar, Rubén Darío Ricardo Flórez, Domingo Antonio Flórez, Luis Magin Mestra
García, y Daner Andrés Vergara Rojas.
2
El 12 de enero de 2024.
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Demandantes: Práxedes Isabel Paternina Villeras y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
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2. Estimaron que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas
con ocasión de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023, por la autoridad
judicial accionada dentro del proceso de reparación de los perjuicios causados a
un grupo identificado con el radicado 23001-23-33-000-2017-00143-01.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1. Tutelar el <Derecho al Debido Proceso>, el <Derecho de Acción> y,
consecuencialmente, el <Derecho al Trabajo>.
2. En consecuencia, ordenar al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A,
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN que se revoque en todas sus partes
la Sentencia diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023), notificada el 30
de noviembre de 2023, dentro del proceso de Acción de Grupo, Radicación
número: 23001-23-33-000-2017-00143-01 (64769),
3. De igual manera, que se ordene al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A,
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN: Declarar la responsabilidad de los
Perjuicios morales y materiales sufridos por el Grupo y cada uno de sus
integrantes, a el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS, Establecimiento
Público del orden nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa y
financiera, cuyo representante legal es el Director General Carlos Alberto García
Montes o quien haga sus veces.
3. De igual manera, consecuencialmente, que se ordene al CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN:
Ordenar a INVÍAS pagar la indemnización por los perjuicios sufridos por el Grupo,
así:
• Daño Moral: Estimado en Doscientos (200) SMLMV para los señores Cordelia
Ricardo Florez, Juan Chinola Bejara y Betsaida del Carmen Correa Argumedo,
individualmente a cada uno, por ser los más afectados. A los demás integrantes
del grupo, integrado por las 32 personas restantes, una indemnización por el daño
moral equivalente a Cien (100) S.M.L.M.V., individualmente a cada uno. Arrojando
una cuantía total por concepto de indemnización del daño moral al grupo en
cuestión, equivalente a $ 2.803.324.600. Pesos m/c, a la fecha de la presentación
de la demanda.
• Lucro Cesante: Por concepto de lucro cesante consolidado la suma de
$ 1.464.841. y de lucro cesante futuro, la suma de $ 13.367.440, un total de
$ 14.832.124, distribuido así entre los miembros del grupo:
(…)
4. De igual manera, consecuencialmente, que ordene al CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A, Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN: Disponer la
liquidación de mis Honorarios en mi calidad de Abogado Apoderado, que
corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización total que obtenga cada
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uno de los miembros del grupo, por concepto de daño moral y lucro cesante de
sus negocios. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El 31 de mayo de 2015, entró en funcionamiento un puente vehicular en la
vía Caucasia – Planeta Rica en el municipio de La Apartada (Córdoba). Con
ocasión de ello, los accionantes, quienes se identifican como «restauranteros,
pescadores y dueños de pescaderías del corregimiento de Puerto Córdoba»,
presentaron el medio de control de reparación de los perjuicios causados al grupo
contra el Instituto Nacional de Vías (en adelante Invías), el Ministerio de
Transporte y el municipio de La Apartada, pues al haberse desviado el tráfico por
una nueva ruta, se afectaron de forma negativa las ventas de sus
establecimientos de comercio.
6. En la demanda solicitaron que se declarara la responsabilidad de las
accionadas por ponerlos en condiciones de soportar un exceso de cargas
públicas y que se les condenara por los perjuicios morales y materiales causados
al pago de sumas por concepto de daño moral y lucro cesante.
7. En sentencia del 1.º de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de
Córdoba declaró probadas las excepciones de ausencia de nexo causal entre la
actuación administrativa expuesta y el presunto daño alegado por los accionantes
e inexistencia de un daño imputable a las demandadas. Por ende, negó la
condena solicitada por el grupo actor.
8. Aludió que no se logró probar la disminución de las ventas, aunado a que
previo a la construcción del puente «se surtieron todos los requisitos de rigor para
la contratación administrativa, entre ellos, la evaluación económica, social y
ambiental que debió hacerse previamente a la obra». Agregó que no se demostró
que la obra vial hubiese generado un desequilibrio de las cargas públicas, pues
su construcción se realizó en procura del interés general de la comunidad.
9. Los accionantes apelaron la decisión de primer grado. Aludieron que el a
quo ignoró los medios de prueba que demostraban el daño, especialmente «la
depresión psicológica, la aflicción, la tristeza y las ideaciones suicidas sufridas
por el grupo». En su sentir, no se analizaron los libros contables, los estados
financieros realizados por un contador y por medio de los cuales se acreditaba
su calidad de comerciantes y se dio por probado sin estarlo el agotamiento del
impacto social, económico y ambiental que previo a la construcción de la obra
debió realizar el Invías.
10. Mediante decisión judicial del 17 de octubre de 2023, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A confirmó el fallo de primer grado. Explicó que
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solo Práxedes Isabel Paternina Villares, Fernando Enrique Sierra Vergara,
Victoria María Ricardo Flórez, María Zayde Jaramillo Rojas, Yenis Cheila Gelis
Rojas y Bertina del Socorro Padilla Romero demostraron su condición de
comerciantes y por ello únicamente respecto de ellos podría predicarse la
causación de un daño.
11. No obstante lo anterior, expuso que no había lugar a la indemnización
reclamada dado que los establecimientos de comercio de la zona no fueron
intervenidos de alguna forma, ni fueron privados de ejercer su actividad mercantil.
Tampoco encontró fundamento legal con base en el cual fuera viable establecer
que el Invías debía indemnizar predios o establecimientos de comercio ubicados
en zonas aledañas a donde se desarrollaran obras de infraestructura vial.
12. Sostuvo que la construcción del puente en cuestión no impuso cargas
excesivas sobre los comerciantes del sector, dado que no se probó una
afectación especial o anormal sobre sus establecimientos de comercio que
hubiese impedido su operación o continuación. Aclaró que «el mejoramiento de
la malla vial contribuye al desarrollo y progreso de la Nación y, en esa medida,
las molestias que pudiere producir dicha intervención estatal, se considera una
carga legítima en pro del bienestar general».
13. Por último, puso de presente que la vía antigua continúa abierta y que allí
se dispuso señalización sobre la existencia de los restaurantes y zona de
comercio, y condenó en costas al grupo demandante.
1.4. Sustento de la vulneración
14. La parte actora precisó que se configuraron los defectos sustantivo y
fáctico.
15. Sobre el primero, explicó que se desconoció el inciso 1 del artículo 320 y
los incisos 1 y 2 del artículo 328 del Código General del Proceso (en adelante
CGP). Indicó que las normas citadas contemplan el deber a cargo del superior
judicial de estudiar solamente los argumentos de la apelación, y pese a que
establece algunas excepciones, en el caso en cuestión no se presentaron.
16. Citó in extenso los alegatos de conclusión de la segunda instancia y los
reparos de la apelación, respecto de lo cual, aseveró que el ad quem fue
incoherente en su decisión. Especialmente, porque la condición de comerciantes
no fue cuestionada o debatida en primera instancia.
17. En cuanto al fáctico, señaló que se desconocieron los siguientes medios
de prueba allegados al trámite de la acción de grupo:
a) Informe Técnico-Línea de Tiempo, Cartografía Social y Documento de Análisis
de Contexto, caso comerciantes del antiguo Puente San Jorge, Corregimiento
Puerto Córdoba, Municipio La Apartada, departamento de Córdoba.
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b) Estudios técnicos de aforo y comportamiento económico de los negocios de
mis poderdantes, emitidos por los ingenieros industriales mediante el análisis
realizado conforme el sistema STAR GRAPHIC
c) Declaración de los ingenieros industriales que realzaron los estudios de aforo y
comportamiento económico de los negocios de mis poderdantes.
18. Adujo que los referidos elementos probatorios acreditaban que los
accionantes eran comerciantes por la situación económica y financiera que de
allí se extrae. Alegó que el «certificado de fecha de 5 de febrero de 2018, emitido
por la secretaría de hacienda del Municipio de La Apartada, no desvirtúa
razonadamente la calidad de comerciante de cada uno de los miembros del grupo
(…) ni el nexo de causalidad entre la construcción del nuevo puente y el daño
especial causado al grupo en sus condiciones uniformes de restaurantes y
pesqueros».
19. Aludió que la cartografía demostraba la disminución del paso de vehículos
por sus negocios y la disminución en sus ingresos. Asimismo, que, el Invías no
demostró haber elaborado los estudios técnicos, económicos y ambientales
correspondientes.
20. Agregó que la decisión careció de apoyo probatorio, de motivación y que
la relación o secuencia de los argumentos no fue lógica, aunado a que
consideraron que no debieron ser condenados en costas.
1.5. Trámite de primera instancia
21. Por auto del 16 de enero de 2024, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó
notificar como accionada a la Sección Tercera, Subsección A de la corporación,
y como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Córdoba, al Invías, al
Ministerio de Transporte, al municipio de La Apartada y a «todos los que ostentan
la calidad de demandantes de la acción de grupo cuestionada».
1.6. Informes
1.6.1. Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
22. Consideró que resolvió la alzada con base en los reparos estructurados
en el recurso. Arguyó que delimitó el estudio a la acreditación del daño y la
posibilidad de ser indemnizados y que era necesaria la comprobación del
desarrollo de la actividad comercial aludida para verificar el daño alegado y la
causa generadora de los perjuicios en caso de que la hubiere.
23. Añadió que valoró de forma objetiva todo el material probatorio allegado al
proceso. En ese sentido, explicó con base en la sentencia enjuiciada cómo valoró
cada uno de los elementos aludidos por la parte tutelante y sobre la condena en
costas precisó que procedía de forma objetiva, de conformidad con el artículo
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365 del CGP.
24. Con base en lo esbozado, indicó que no incurrió en ninguno de los cargos
invocados y que los aspectos relacionados en la tutela fueron resueltos, de
acuerdo con el material probatorio que contenía el proceso y los argumentos de
la apelación.
1.6.2. Ministerio de Transporte
25. Señaló, que los tutelantes no hicieron uso de los mecanismos
extraordinarios y que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
adicional o en la que se reabran etapas probatorias zanjadas con anterioridad.
Agregó que no se desconocieron los derechos fundamentales invocados, y que
el asunto no ostenta relevancia constitucional.
1.6.3. Invías
26. Consideró que con la tutela se pretenden reabrir etapas probatorias y
jurídicas resueltas en la decisión objetada y que se debe declarar que el asunto
es improcedente porque no satisface los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial. Aclaró que, en todo caso, no se
está en presencia de un perjuicio irremediable.
1.6.2. El Tribunal Administrativo de Córdoba y el municipio de La Apartada,
pese a ser notificados del auto admisorio, guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
27. Mediante sentencia del 14 de febrero de 2024, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado negó la protección de los derechos
invocados respecto del defecto fáctico y declaró improcedente el cargo del yerro
sustantivo.
28. Consideró que ante la presunta incongruencia que en sentir de la parte
actora vicia la sentencia cuestionada, es viable ejercer el recurso extraordinario
de revisión, de conformidad con la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
29. En lo que atañe al defecto fáctico, sostuvo que la autoridad judicial
accionada justificó su análisis en la totalidad de las pruebas allegadas al
expediente. Sin embargo, de ellas se estableció que el perjuicio moral y
económico que llevó a que presentaran la demanda en cuestión no tuvo
conexidad con la obra civil de la cual lo derivaban. Lo anterior, pues no se les
impidió el ejercicio de su actividad mercantil.
1.8. Impugnación
30. El grupo actor impugnó la decisión de tutela de primera instancia. Aseveró
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que previo a declarar improcedente el mecanismo de amparo se debían estudiar
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
Estimó que no era posible negar un punto de la tutela y despachar otro por
improcedente.
31. Insistió en que hubo un desconocimiento de los artículos 320 y 328 del
CGP y que el ad quem del proceso de grupo solamente estaba legitimado para
estudiar los cargos de la alzada.
1.9. Trámite de segunda instancia
32. Por auto del 26 de junio de 2024, el ponente de esta decisión ordenó
vincular en calidad de terceros con interés en las resultas del trámite tutelar a
Ricardo Flórez Cordelia, Ángel Mejía Mejía 3, Bertina del Socorro Padilla Romero 4,
Luis Magin Mestra García 5, Lilia Rendón Arbeláez 6, Norys Ester Teherán Ortiz y
Daner Andrés Rojas Vergara, dado que, pese a ser incluidos como tutelantes, no
se allegó el poder correspondiente.
33. Adicionalmente, se ordenó al Tribunal Administrativo de Córdoba y a la
autoridad judicial accionada que fijaran una anotación en el expediente de la
acción de grupo cuya sentencia de segunda instancia se cuestiona por esta vía,
en la que se comunicara sobre la existencia de esta tutela y se informara que
quienes conformaron el proceso se encuentran vinculados como terceros con
interés y pueden participar en el trámite tutelar, dado el interés que les asiste 7.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
34. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 14 de febrero
de 2024 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
3
Sus herederos informaron que falleció y le dieron poder al abogado de los tutelantes para
representarlos en este trámite.
4
Aportó poder conferido al abogado de los tutelantes para representarla en este mecanismo.
5
Sus herederos informaron que falleció y le dieron poder al abogado de los tutelantes para
representarlos en este trámite.
6
Ídem.
7
Las constancias de publicación se corroboran en los índices 11 y 12 del expediente electrónico
dispuesto en Samai.
7
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de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
36. La Sala advierte que el grupo accionante tiene legitimación en la causa
por activa para reclamar la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia al interior del trámite tutelar.
Lo anterior, por haber promovido el proceso que dio lugar a la expedición de la
sentencia cuestionada.
37. Por otro lado, se evidencia que la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por haber
dictado la sentencia del 17 de octubre de 2023.
2.3. Problema jurídico
38. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto, en aras a establecer si procede confirmar, modificar
o revocar la sentencia de primera instancia, es el siguiente:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
39. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora al dictar la sentencia del
17 de octubre de 2023 e incurrir en los defectos fáctico y sustantivo?
40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de
superarse, (iv) el caso concreto.
2.4. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
41. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
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posible vulneración de una garantía constitucional 8.
42. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
43. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
44. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
45. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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analizada a la luz de la Constitución».
46. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.
2.4.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
47. La parte actora cuestiona a través del presente mecanismo constitucional
la sentencia del 17 de octubre de 2023, por considerarla viciada de los yerros
fáctico y sustantivo. Frente al primero, adujo que se desconocieron distintos
medios de prueba con base en los cuales se corroboraba su posición de
comerciantes y el daño alegado, consistente en la disminución de sus ventas.
Sobre el segundo, refirió que se desconocieron los artículos 320 y 328 del CGP,
dado que la autoridad judicial tutelada estudió argumentos que no fueron
planteados en la apelación.
48. Resulta importante destacar que, para la procedencia de la acción de
tutela, especialmente cuando se alega la concreción de un defecto fáctico, se
deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, identificar el o los medios
de prueba dejados de valorar, comprobar que fueron aportados y su incidencia
en la decisión. No basta solamente con alegar que fueron desconocidos de
manera aislada y sin un enfoque constitucional, particularmente cuando se
cuestionan sentencias dictadas por el órgano de cierre en la materia, como ocurre
en esta oportunidad.
49. Sobre el efecto, se tiene que en sentir de la parte actora las pruebas en
las que cimentan el cargo probaban el daño, esto es, las pérdidas económicas y
que son comerciantes. Sin embargo, lo que llevó a confirmar la decisión de primer
grado de la acción de grupo fue la inexistencia de nexo de causalidad entre el
daño alegado y los hechos que en sentir del grupo actor los generaron, aunado
a que no hubo un rompimiento del equilibrio de las cargas públicas.
50. Se agrega que, los tutelantes no precisaron la incidencia de las pruebas
en las que fundan el cargo de cara a la decisión cuestionada, teniendo en cuenta
las consideraciones del párrafo anterior. Máxime si se recuerda que, si bien
algunos accionantes no fueron considerados comerciantes, y otros sí, respecto
de ellos también se negaron las pretensiones.
51. Ahora bien, sobre el cargo por defecto sustantivo, se tiene que el
desconocimiento de los artículos 320 y 328 del CGP radica, en palabras de los
actores, en que se estudiaron cuestiones externas a la apelación por haberse
analizado si tenían la calidad de comerciantes. Sin embargo, la autoridad judicial
explicó la necesidad de abordar este punto en aras a establecer la existencia del
daño.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Práxedes Isabel Paternina Villeras y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00108-01
52. Finalmente, en lo que tiene que ver con las costas, por tratarse de un
asunto netamente económico, es postura reiterativa de la Sala considerar que lo
atinente a este punto no tiene relevancia constitucional.
53. En ese sentido, lo que plantea el grupo tutelante es una inconformidad con
la decisión cuestionada por no haberse accedido a sus pretensiones, sin que sea
relevante en este punto si ostentaban la calidad de comerciantes. Lo anterior, se
itera, porque pese a que una parte de los demandantes se consideraron
comerciantes, ante la inexistencia de nexo de causalidad entre el hecho
presuntamente generador del daño y el daño, sumado a la inexistencia del
rompimiento de las cargas públicas y la primacía del interés general que rodeó la
construcción del puente, se negaron las pretensiones del medio de control.
54. Así las cosas, del estudio del requisito en cuestión, la Sala concluye en el
asunto bajo estudio no se supera el criterio de la relevancia constitucional, y que
corresponde modificar el fallo de tutela de primera instancia que declaró
improcedente uno de los cargos por no superar el examen de la subsidiariedad -
defecto sustantivo- y negar el otro por no encontrarlo concretado.
55. De la revisión de la providencia atacada, se advierte que los argumentos
expuestos recaen en inconformidades de la parte actora con el fin de que se
reabra el estudio zanjado al interior de la acción de grupo. A lo anterior se agrega
que los cargos del escrito de tutela son argumentos reiterados y estudiados en la
sentencia cuestionada.
56. Adicionalmente, la providencia controvertida fue expedida por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado que es la Sala de cierre en la
materia. Ello implica que, al pretenderse controvertir una decisión judicial como
la del asunto de la referencia, se exija una mayor argumentación en torno a la
configuración de los defectos. Circunstancia que no se cumplió, pues el grupo
tutelante se limitó a cuestionar que todos contaban con la calidad de
comerciantes sin que ello incida de alguna forma en la decisión que se adoptó en
la sentencia del 17 de octubre de 2023.
57. Así las cosas, contrario a la proposición de cargos constitucionales contra
las providencias objeto de reproche, se evidencia que la parte actora no está
conforme con el fallo objetado.
58. En vista de lo esbozado, corresponde modificar la sentencia del 14 de
febrero de 2024, en la que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado declaró improcedente por subsidiariedad el cargo por defecto sustantivo
y negó lo que atañe al fáctico. En su lugar, se declarará improcedente el
mecanismo de amparo por no encontrar superado el criterio general de la
relevancia constitucional en su totalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
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Demandantes: Práxedes Isabel Paternina Villeras y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00108-01
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 14 de febrero de 2024, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE el mecanismo constitucional de la referencia en su totalidad
por no superar el requisito de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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