Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05123-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05123-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05123-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
30 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05123-01
Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05123-01
Demandantes: AURA LILI CRUZ SANDOVAL Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
Tema: Acción de tutela contra sentencia que declaró la caducidad del medio
de control de reparación directa.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Ministerio de Defensa, en calidad de
tercero vinculado, contra la sentencia del 24 de noviembre de 2022, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que resolvió:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de los demandantes.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 24 de marzo de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Casanare. ORDENAR a dicha autoridad judicial que en un
plazo no superior a veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
dicte una decisión de remplazo en la que tenga en cuenta los lineamientos a que ha hecho
referencia la parte motiva de este fallo.
TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”.
CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 23 de septiembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y mediante
apoderado judicial, los señores Aura Lili Cruz Sandoval, Juan José Salamanca Tojuelo,
Carolina Castro Mojica, Mayra Camila Salamanca Castro, Jhon Fredy Salamanca Cruz,
Fabián Danilo Trujillo Cruz, Juan David Salamanca Rojas, Laura Yineth Salamanca
Rojas1, Criselda Cruz Sandoval, Ediel Cruz Sandoval, Marisol Cruz Sandoval, Jonatan
Yanet Cruz Sandoval, Abimelec Cruz Sandoval, Yovany Cruz Sandoval y Luz Neida Cruz
pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la integridad personal y a la reparación a las
víctimas.
1.2. Los demandantes estimaron vulnerados sus derechos con ocasión de la sentencia
del 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que
1 El poder lo otorga en nombre propio y en representación de su hija Sharick Camila Salamanca Rojas.
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Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros
confirmó la caducidad del medio de control de reparación directa. En concreto,
formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que por favor y en honor de la supremacía de la Constitución Política de Colombia y del
Estado de Derecho (arts. 1°, 2º, 4°, 93 y 94 C.N.) y en garantía de los artículos 1.1., 2, 5.1, 8.1, 11,
17.1, 19, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en armonía con el
art 27 de la Convención de Viena sobre Derecho d los Tratados, los artículos 3 y 14.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 3 y 131 de la Convención de Ginebra, los
principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado en febrero 8 de 2005 por la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones contenidos en la
Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
con efectos inter comunis o inter pares sean tutelados los derechos fundamentales de acceso a la
Administración de Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), a la
integridad personal (Art. 12 C.N.), a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido proceso (Art. 29 CN) y a la
reparación integral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en favor de
AURA LILI CRUZ SANDOVAL; JUAN JOSÉ SALAMANCA TOJUELO; CAROLINA CASTRO
MOJICA; MAYRA CAMILA SALAMANCA CASTRO; EDILBERTO CRUZ SÁNCHEZ; ROSA INÉS
SANDOVAL DE CRUZ (Q.E.P.D) quien acude por medio de sus herederos universales o
causahabientes; JHON FREDY SALAMANCA CRUZ; FABIAN DANILO TRUJILLO CRUZ; JUAN
DAVID SALAMANCA ROJAS; LAURA YINETH SALAMANCA ROJAS; SHARICK CAMILA
SALAMANCA ROJAS, menor de edad (representada legalmente por su madre Laura Yineth
Salamanca Rojas); EDIEL CRUZ SANDOVAL; MARISOL CRUZ SANDOVAL; JONATAN YANE
CRUZ SANDOVAL; ABIMELEC CRUZ SANDOVAL; CRISELDA CRUZ SANDOVAL; YOVANY
CRUZ SANDOVAL; y LUZ NEIRA CRUZ SANDOVAL, los cuales les fueron vulnerados dentro del
proceso de Reparación Directa radicado 850013333001-2016-00084- 01 iniciado por ellos contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional, por causa de la decisión judicial
adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE contenida en su providencia del del
(sic) 24 de marzo de 2022, notificada el 28 de marzo de 2022, que CONFIRMÓ la sentencia de
primera instancia que fuera proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito
de Yopal, Casanare, a pesar de tratarse de un caso de alegada responsabilidad del Estado derivado
de un presunto delito de lesa humanidad calificado por las autoridades penales a título de Homicidio
en persona protegida cometido en el escenario del conflicto armado interno por agentes del Estado
en servicio activo, en un probable episodio de los llamados “falsos positivos” que afectó los derechos
de los actores.
Decisión judicial adoptada contra legem por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE en cuanto contradice la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes
legislativos del artículo 164 del CPACA y en contra de precedentes verticales habilitantes aplicados
inter comunis y vigentes a la época de presentación de la demanda y, dictada en desacato de la
interpretación constitucional acuñada con supremacía funcional en las sentencias T-352 de 2016 y
las propias sentencia (sic)denominadas de unificación SU- 312 de 2020 de la Corte Constitucional
y la SU de 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, trasgrediendo
adicionalmente la doctrina Convencional de las sentencias de la Corte IDH Barrios Altos vs Perú, T-
296 de 2018, Villamizar Durán y otros vs Colombia, Valle Jaramillo y otros vs Colombia, García
Lucero vs Chile y Familia Julien Grisones vs Argentina, Órdenes Guerra vs Chile vinculantes para
Colombia y aplicables al presente caso concreto conforme al principio de convencionalidad y al
bloque de constitucionalidad.
SEGUNDO: Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los demandantes, también
con efectos inter comunis o inter pares, por favor se declare nula por incompatibilidad con la
Constitución Política de Colombia y por ser transgresora del Bloque de Constitucionalidad y de la
expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del
CPACA, y, en consecuencia carente de efectos jurídicos, la providencia del 24 de marzo de 2022,
notificada el 28 de marzo de 2022, la cual CONFIRMÓ la decisión de primera instancia
DECRETANDO la caducidad en instancia de cierre, en decisión adoptada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso de Reparación Directa con radicado No.
850013333001-2016-00084-01, iniciado por AURA LILI CRUZ SANDOVAL; JUAN JOSÉ
SALAMANCA TOJUELO; CAROLINA CASTRO MOJICA; MAYRA CAMILA SALAMANCA
CASTRO; EDILBERTO CRUZ SÁNCHEZ; ROSA INÉS SANDOVAL DE CRUZ (Q.E.P.D) quien
acude por medio de sus herederos universales o causahabientes; JHON FREDY SALAMANCA
CRUZ; FABIAN DANILO TRUJILLO CRUZ; JUAN DAVID SALAMANCA ROJAS; LAURA YINETH
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05123-01
Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros
SALAMANCA ROJAS; SHARICK CAMILA SALAMANCA ROJAS, menor de edad (representada
legalmente por su madre Laura Yineth Salamanca Rojas); EDIEL CRUZ SANDOVAL; MARISOL
CRUZ SANDOVAL; JONATAN YANE CRUZ SANDOVAL; ABIMELEC CRUZ SANDOVAL;
CRISELDA CRUZ SANDOVAL; YOVANY CRUZ SANDOVAL; y LUZ NEIRA CRUZ SANDOVAL,
por el asesinato en persona protegida, Falso Positivo o Ejecución Extrajudicial, de WILLIAN
SALAMANCA CRUZ (Q.E.P.D.), asesinado en lo que aseveraron sus autores fue un fingido combate
del 26 de septiembre de 2006, en la que se “indicó que los miembros del Ejército Nacional el día 26
de septiembre de 2006, aproximadamente a las 11:00 horas organizaron un presunto operativo el
cual dicen haber iniciado en cumplimiento de la Orden de Operaciones “ENIGMA” Orden
Fragmentaria N° 104 “SOMBRA”, contra presuntos integrantes de las bandas emergentes al servicio
de la extorsión”.
TERCERA: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se
declare su anulación y por efecto de la expresa voluntad del legislador expresada en los
antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y de la unificación interpretativa respecto de
la imprescriptibilidad de las acciones administrativas de reparación o de responsabilidad civil del
Estado derivadas de los delitos de lesa humanidad, contenida en las sentencias de tutela T-352 de
2016 y T-296 de 2018, así como en las sentencias CIDH Valle Jaramillo y otros vs Colombia de
noviembre 27 de 2008, Órdenes Guerra contra Chile de 29 de noviembre de 2018 Y y (sic) Familia
Julien Grisonas vs Argentina de 23 de Septiembre de 2021 en los principios 1, 23 y 32 del Conjunto
de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la
lucha contra la impunidad adoptado desde febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ó con base en los precedentes habilitantes en
casos semejantes que en igualdad el Juez de Tutela decida aplicar, se ordene al Tribunal
Administrativo de Casanare a tratar con debida diligencia el proceso de Reparación Directa radicado
850013333001-2016-00084- 01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente
providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo
en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni, como quiera
que de acuerdo con el sistema de precedentes y el principio de Convencionalidad, para el presente
caso no aplica la regla general del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que estableció la caducidad para
las acciones de reparación directa sin distinguir su aplicabilidad a los delitos de lesa humanidad.
CUARTA: Solicito de manera respetuosa, para efectivizar la expresa voluntad del legislador
expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA y conforme al artículo 7° del
Decreto 2591 de 1991, por favor se conceda la siguiente medida provisional con la finalidad de que
se protejan los Derechos Fundamentales de mis representados a la igualdad (Art. 13 C.N.), al debido
proceso (Art. 29 C.N.), a la reparación integral (Art. 90 C.N.) y al acceso a la Administración de
Justicia en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), así: 1. Que por favor con
efectos inter comunis o inter pares se proceda a la suspensión provisional de los efectos de la
providencia proferida el 24 de marzo de 2022 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
dentro del proceso de Reparación Directa con radicado No. 850013333001-201600084-01, para que
de esta manera, a casos similares no se les apliquen los fundamentos y efectos de dicha
jurisprudencia hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela y de esta manera evitar el
menoscabo o vulneración de derechos fundamentales a los actores de la presente acción y la de
casos análogos.
QUINTA: Con la finalidad de que participen terceros intervinientes, tal cual lo indica el inciso 2° del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 solicito respetuosamente al Juez de Tutela que por favor, por
el medio más expedito y de amplia circulación a nivel Nacional se realice llamado a la comunidad
en general para que quien tenga interés legítimo en el resultado del proceso, ejerza su derecho e
intervenga en coadyuvancia con los accionantes o accionados dentro de la presente acción
constitucional.
SUBSIDIARIA
Si no prospera la petición principal TERCERA basada en el principio de imprescriptibilidad de la
acción de reparación directa cuando se trata de casos de lesa humanidad, respetuosamente pido el
favor se considere la siguiente solicitud. SUBSIDIRIA A LA TERCERA PETICIÓN PRINCIPAL: Que
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Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros
por favor, privada d efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su
anulación y por efecto de la aplicación interpretativa del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por integración
normativa y modulación del alcance de las Sentencias denominadas de Unificación de 29 de enero
de 2020 proferida por mayoría en la Sección Tercera del Consejo de Estado y la SU 312 de 2020
adoptada por mayoría en la Corte Constitucional el 13 agosto de 2020, pero publicada apenas en
marzo de 2021, se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare a tratar con debida diligencia el
proceso de Reparación Directa con radicado No. 850013333001-2016-00084-01, dando prioridad
para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo
perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro
homine, pro damnato y pro actioni, como quiera que, en un escenario de buena fe y sana crítica,
verificados los hechos probados de la presente acción, la demanda fue interpuesta en oportunidad,
esto es, dentro de los dos años de conocida por los actores la imputación al Estado, que se produjo
sólo a partir del 19 de diciembre de 2014, cuando a través de apoderado se constituye en parte civil
dentro del proceso judicial adelantado en la justicia penal militar y de lo que allí constaba que había
ocurrido con WILLIAN SALAMANCA CRUZ (Q.E.P.D.); e incluso por tratarse de un homicidio en
persona protegida aún está habilitado el ejercicio de la acción, pues, como se demuestra en el
capítulo de los hechos y conforme al principio iura novit curia, aún continúa el proceso penal, sin
responsable alguno».
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. En septiembre del 2006, se adelantó un operativo militar por parte de un grupo
perteneciente al Batallón de Infantería Núm. 44 “Ramón Nonato Pérez”, en el que fue
abatido el señor William Salamanca Cruz.
2.2. El 11 de marzo de 2016, los familiares del fallecido instauraron el medio de control
de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, para que se indemnizaran los perjuicios causados con ocasión de la muerte del
señor Salamanca Cruz.
2.3. El Juzgado Administrativo de Descongestión de Yopal, mediante sentencia del 12
de noviembre de 2020, declaró probada de oficio la excepción de caducidad. Lo anterior,
de conformidad con el numeral 2 del artículo 164 del CPACA y la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena del Consejo de Estado, debido a que los
familiares se enteraron de la muerte del occiso el 27 de septiembre de 2006, por lo que
tenían hasta el 27 de septiembre de 2008 para presentar la demanda, pero fue radicada
hasta el 11 de marzo de 2016.
2.4. Inconforme con la decisión, los demandantes apelaron y el Tribunal Administrativo
de Casanare, en providencia del 24 de marzo de 2022, la confirmó porque transcurrieron
más de dos años desde que los familiares tuvieron conocimiento de la ocurrencia de la
muerte de la víctima, y la parte demandante no demostró ningún hecho que le impidiera
ejercer el medio de control a tiempo.
2.5. Los demandantes solicitaron que se declarara la nulidad del proceso por violación
al debido proceso, pero mediante auto del 12 de septiembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Casanare declaró improcedente la solicitud.
3. Argumentos de la demanda de tutela
Luego de hacer un recuento de los hechos y sentencias que considera vinculantes, la
parte demandante manifestó que la providencia cuestionada incurrió en los siguientes
defectos:
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3.1. “Desconocimiento de la voluntad del legislador”, porque en los antecedentes
legislativos del artículo 164 del CPACA, el literal f) establecía que la demanda se podía
presentar en cualquier tiempo cuando se pretendía la reparación directa derivada de
conductas que constituyen delitos de lesa humanidad. Explicó que si bien en el segundo
debate de la Cámara de Representantes se suprimió el literal f), lo cierto es que el
legislador reconoció que la posibilidad de acudir a la justicia contencioso administrativa
en cualquier tiempo ya había sido prevista en leyes aprobatorias de los respectivos
tratados internacionales. Por ende, sostuvo que el legislador definió que el medio de
control de reparación directa, derivado de conductas que constituyan delitos de lesa
humanidad, no está sometido a caducidad.
3.2. Desconocimiento del bloque de constitucionalidad, del principio de
convencionalidad y del ius cogens, pues, a pesar de tratarse de un caso de lesa
humanidad, el tribunal demandado dimitió de su posición de Juez de Convencionalidad,
en contravía de los artículos 1.1, 2, 5, 8.1, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos y de la interpretación debida, expresada en los siguientes fallos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Barrios Altos vs Perú, García
Lucero vs Chile, Valle Jaramillo y otros vs Colombia, Órdenes Guerra vs Chile, ratificados
por el caso familia Julien Grisones vs Argentina.
3.2.1. Explicó que, conforme con la jurisprudencia de la CIDH, las acciones de reparación
civil o administrativa son imprescriptibles cuando se trata de delitos de lesa humanidad.
Que, esto fue reconocido por el Gobierno de Colombia, según Resolución 2005/81 de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, conjunto de principios para la lucha contra
la impunidad, y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968.
3.3. Desconocimiento del precedente horizontal y vertical existente al momento en
que se radicó la demanda de reparación directa, en lo que tiene que ver con la
oportunidad de la acción, por cuanto omitió que, en los casos de graves violaciones a
derechos humanos cometidos por agentes estatales, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional inaplicaron el término de caducidad contemplado en el artículo 164 del
CPACA. En esa medida, los demandantes hicieron una relación de las providencias2
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Alfonso Vargas Pinzón, Sentencia de tutela del 20 de junio
de 2011 con Rad. 11001-03-15-000-2011-00655- 00(AC). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P:
Gladys Agudelo Ordóñez, Auto del 11 de agosto de 2011 con Rad. 85001-23-31-000-2010-00177-01. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P: Stella Conto Díaz Del Castillo, Sentencia del 5 de abril de 2013 con Rad.
19001-23-31-0001999-00217-01(24984) y Auto de 30 de agosto de 2018 con Rad. 25000-23-36-000-2017-01976-
01(61798). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Auto del 17
de septiembre de 2013 con Rad. 25000-23-26-0002012- 00537-01 (45092), Sentencia del 7 de septiembre de 2015
con Rad. 85001-23-33-000-2013-00035- 01(51388), Sentencia del 7 de septiembre de 2015 con Rad. 85001-23-31-
000-2010-00178- 01(47671), Auto de 5 de septiembre de 2016 con Rad. 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57265),
Auto de 24 de octubre de 2016 con Rad. 05001-23-33-000-2016-01722-01 (58051), Sentencia de 10 de noviembre de
2016 con Rad. 19001-23 31-000-2010-00115-01(56282), Auto de 2 de mayo de 2016 con Rad. 18001-23-33-000-
201400069-01 (53518). Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de tutela del 12
de febrero de 2015 con Rad. 11001-03-15-000-2014-00747-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Sentencia de tutela del 12 de marzo de 2015 con Rad. 11001-03-15-000-2014-01352-
01. Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro (E), Sentencia de tutela del 7 de septiembre de
2015 con Rad. 11001-03-15-000-2015-01676-00(AC). Corte Constitucional, Sentencia T-352 de 2016, Referencia:
Expedientes T4.254.307 y T-5.086.690. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, Auto de 30 de marzo de 2017 con Rad. 25000-23-41- 000-2014-01449-
01 (AG), Auto del 12 de septiembre de 2019 con Rad. 44001-23- 31-000-2010-00238-01 (53833) y Sentencia de 30 de
abril de 2021 con Rad. 11001-03-15-000-2020-04068- 01110. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 12 de octubre de 2017. C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 05001-23-31-000-2010-01922-01(49416).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto de 7 de diciembre de 2017. C.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas, Rad. 05001-23-33-000-2017-01395-01(59601). Corte Constitucional, Sentencia T-296 de 2018, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado, Expediente T-6.630.845. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández, Sentencia de 30 de julio de 2020 con Rad. 11001-03-15- 000-2019-04842-01 y Sentencia de 20
de agosto de 2020 con Rad. 11001-03- 15-000-2019-01816-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05123-01
Demandante: Aura Lili Cruz Sandoval y Otros
sobre el término de caducidad, a través de las cuales se demuestra la postura vigente
para el año 2016 en casos relacionados con delitos de lesa humanidad.
3.4. Manifestó que no debió darse aplicación a la regla establecida en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado a hechos ocurridos con anterioridad a su expedición, la cual estableció que en
los daños derivados de delitos de lesa humanidad el término de caducidad empieza a
contar desde que las víctimas tuvieron conocimiento de la participación de agentes del
Estado en la conducta generadora del hecho dañoso.
3.5. Sostuvo que el plazo de caducidad se debió contar desde la imputación material,
pues en el juicio de imputación jurídica que se le hace al Estado, la fuente del daño es un
hecho punible, que se origina cuando se tiene certeza de la antijuridicidad de ese daño,
esto es, con la ejecutoria del proceso penal correspondiente. Que, como lo ha anotado la
teoría del daño al descubierto, se opta por no decretar la caducidad de la acción cuando
está probado en el expediente que la demanda sólo se interpuso cuando todavía el
proceso penal no había terminado, pues de él pende la presunción de legalidad del hecho
lesivo imputable al Estado.
4. Intervenciones
4.1. La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Casanare se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, toda vez que no cumple con los
requisitos de procedibilidad, por cuanto la sentencia cuestionada se encuentra ajustada
a derecho y acató los principios que rigen el debido proceso, se sustentó en razones
fácticas y jurídicas y se fundamentó en las normas que rigen la materia.
4.2. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con los requisitos generales contra
providencia judicial; o que se denegaran las pretensiones, al considerar que el fallo
cuestionado se encuentra ajustado a la ley, a la jurisprudencia, a los parámetros de
convencionalidad y no se demostró la existencia de los defectos invocados por los
accionantes.
4.2.1. Por un lado, adujo que no se cumplen con los requisitos para habilitar el estudio de
la acción de tutela, la cual no puede ser considerada como una tercera instancia. Que,
debido a que el reproche versa sobre la interpretación de la norma, para que se configure
la violación alegada es necesario que la hermenéutica sea completamente arbitraria y,
por lo tanto, violatoria de la Constitución. Que las sentencias de unificación no solo son
de obligatorio cumplimiento para los operadores judiciales por su efecto erga omnes, sino
que además se constituyen en un marco de referencia para la labor judicial, a diferencia
de aquellos pronunciamientos de casos particulares en los que los efectos son inter
partes y no atan al Juez.
4.2.2. Por otro lado, sostuvo que la solicitud constitucional omitió señalar con claridad los
defectos en los que incurrió el Tribunal Administrativo de Casanare, dado que hace
reparos contra el precedente unificador del Consejo de Estado y reitera argumentos
respecto de las sentencias de tutela de la Sección Quinta. También argumentó que no se
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la vulneración, los motivos
por los cuales se alegó la indebida valoración probatoria y el engaño inducido, así como
las normas inexistentes que provocaron los defectos imputados.
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4.2.3. Argumentó que no existe desconocimiento del precedente porque lo que se
pretende es reabrir procesos judiciales ordinarios bajo el pretexto de vulneración de
derechos fundamentales. Que existían diferentes posturas en las altas cortes sobre la
caducidad del medio de control de reparación directa por delitos de lesa humanidad, por
lo que el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 fijó
los criterios para el conteo del término de la caducidad desde el conocimiento del hecho
dañoso y del conocimiento de la participación del Estado. Que las sentencias de
unificación tienen efectos instantáneos, por lo que se aplican a todos los procesos
vigentes y venideros.
4.2.4. Respecto de la caducidad, explicó que si bien en el ámbito internacional existen
delitos de lesa humanidad imprescriptibles, lo cierto es que no se puede aplicar esa
premisa de forma automática en el ordenamiento jurídico interno, porque en Colombia ni
la Constitución Política ni el Código Penal colombiano establecen delitos que sean
absolutamente imprescriptibles.
4.2.5. En cuanto a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, puso de presente
que hizo un estudio sobre la inaplicabilidad de la imprescriptibilidad aludida por la CIDH
en el caso de Órdenes Guerra y otros vs. Chile, y al no contener una interpretación del
artículo 25 de la CADH –acceso a la administración de justicia-, concluyó que no resultaba
vinculante al Estado colombiano. Que no cambió la regla de caducidad del medio de
control de reparación directa del artículo 164 del CPACA, y la decisión de unificar el
término de caducidad en los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra surgió como
necesidad de fijar un criterio uniforme. Que la sentencia de unificación del Consejo de
Estado ya fue cuestionada en sede de tutela, por lo que tiene efectos de cosa juzgada.
4.2.6. Enfatizó que el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero desde
que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de conocer que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado. Que el
criterio se debe flexibilizar si se prueba que no contaba con la posibilidad de conocer
dicha situación o por la imposibilidad del ejercicio de la acción en tiempo.
4.2.7. Finalmente, trajo a colación providencias del Consejo de Estado que han declarado
improcedente3 la acción de tutela o han negado la vulneración de derechos
fundamentales4 en supuestos fácticos similares. Adujo que entre las diferentes Secciones
y Subsecciones de esta Corporación existe consenso sobre las reglas fijadas en la
sentencia de unificación sobre la caducidad de la acción cuando el daño proviene de
delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.
3 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Sentencia del 3 de septiembre de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-03381-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, M.P. Guillermo Sánchez
Luque, Sentencia del 7 de diciembre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-04069-01. Consejo De Estado, Sección
Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Sentencia del 7 de diciembre de 2021). referencia: ACCIÓN DE TUTELA.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05664-01.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia del 21 de octubre
de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-03381-01. Consejo De Estado, Sección Cuarta, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez, Sentencia del 22 de octubre de 202, Rad. 11001-03-15-000-2020-04069-00. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino Cortés, Sentencia del 26 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-
2020-04068-00. Consejo de Estado, Sección Cuarta. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Sentencia del 13 de mayo
de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-01537-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, M.P. Martín
Bermúdez Muñoz, Rad. 11001-03-15-000-2021-01582-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. (E): Rocío Araújo
Oñate, Sentencia del 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-04855-00. Consejo de Estado, Sección
Primera, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Sentencia del 30 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-
03582-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 15 de diciembre de 2021, Rad.
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4.2.8. En relación con las premisas fácticas, reiteró que no se configura una desaparición
forzada, pues la muerte de la víctima directa ocurrió el 26 de septiembre de 2006 y ese
mismo día la señora Aura Lili Cruz Sandoval recibió una llamada telefónica donde le
informaron sobre la muerte de su hijo William Salamanca Cruz. Que la demanda fue
radicada el 11 de marzo de 2016, y para ese entonces, habían transcurrido más que 2
años desde cuando el hecho lesivo, el daño y la autoría de aquel habían quedado al
descubierto.
4.2.9. Concluyó que operó la caducidad del medio de control incoado por los
demandantes, de acuerdo con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
vigente para el día de los hechos, pues los familiares sólo tenían hasta el 27 de
septiembre de 2008 para presentar la correspondiente reclamación administrativa, pero
la demanda fue presentada 10 años después de la ocurrencia de los hechos.
5. Sentencia impugnada
5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
providencia del 24 de noviembre de 2022, amparó los derechos fundamentales
invocados, dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare y le
ordenó dictar decisión de reemplazo, en la que se tuvieran en cuenta los lineamientos de
la parte motiva del fallo.
5.2. Explicó que, para la fecha de radicación del medio de control de reparación directa,
esto es, el 11 de marzo de 2016, la posición mayoritaria de la Sección Tercera del
Consejo de Estado sostenía que cuando las pretensiones de la demanda estaban
encaminadas a obtener la reparación de los perjuicios causados por crímenes de lesa
humanidad, la imprescriptibilidad de la acción penal se extendía a la responsabilidad
patrimonial del Estado.
5.3. Adujo que, tal y como lo ha sostenido esa Sala de Subsección en casos similares,
la sentencia de unificación de la Sección Tercera no moduló sus efectos, por lo que se
entiende que opera hacia el futuro y el tribunal demandado debió dar aplicación a la
jurisprudencia vigente para el momento de la interposición de la demanda. En esa
medida, concluyó que se desconoció el precedente vigente para el año 2016 sobre la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
6. Impugnación
6.1. El Ministerio de Defensa Nacional impugnó la sentencia en su calidad de tercero
interesado y argumentó que existe desconocimiento de las sentencias SU-406 del 2016,
SU-312 de 2020 y T-210 de 2022 de la Corte Constitucional, al inaplicar el efecto
retrospectivo de las reglas dadas por el Consejo de Estado al fenómeno jurídico de la
caducidad, en tratándose de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
6.2. Explicó que la postura adoptaba por el a quo fue rechazada por la Corte
Constitucional en la sentencia T-210 de 2022, en la que se hizo un recuento
jurisprudencial sobre los efectos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, se
examinó detalladamente la SU-312 de 2020 y la T-044 de 2022, y concluyó que los
efectos temporales de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera deben aplicarse de forma general e inmediata a todos los procedimientos que
guarden similitud con el criterio unificado.
6.3. Enfatizó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare
acató el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional,
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al igual que estuvo motivada en los medios probatorios aportados por la demandante, por
lo que la consecuencia procesal se encuentra ajustada a la Constitución y a la ley,
razones suficientes para hacer una rectificación constitucional en procura de la seguridad
jurídica.
6.4. Argumentó que la acción de tutela interpuesta no cumple con los requisitos para
habilitar su estudio, porque el actor no realizó un análisis de los requisitos específicos de
procedencia ni tampoco acreditó la presunta vulneración del derecho fundamental.
Sostuvo que la acción de tutela no puede ser una tercera instancia en la que se
controvierta una decisión adversa, y para que se configure la violación alegada es
necesario que la hermenéutica sea completamente arbitraria.
6.5. Por último, trajo nuevamente a colación las providencias del Consejo de Estado
sobre la improcedencia de la acción de tutela contra resolución judicial y la ausencia de
vulneración de derechos fundamentales en casos similares. Reiteró que existe un
consenso generalizado en la Corporación judicial sobre las reglas fijadas en la sentencia
de unificación, que a su vez fue acatada por el Tribunal Administrativo del Casanare.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se
vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la
República5.
1.2. La Corte Constitucional ha determinado dos tipos de requisitos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En primer lugar, están los requisitos
generales de procedibilidad que son de naturaleza procesal y, por lo tanto, deben
estudiarse de manera previa a cualquier análisis de fondo. Esos requisitos fueron fijados
en la sentencia C-590 de 2005, así: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez;
el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la
identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico6, defecto sustantivo7,
procedimental8, fáctico9, error inducido10, decisión sin motivación11, desconocimiento del
precedente judicial12 o violación directa de la Constitución13.
5 Sentencia C-543 de 1992.
6 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU-050 de 2018,
SU-041 de 2018.
7 Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU-041 de 2018,
SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016.
8 Sentencia SU-061 de 2018.
9 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.
10 Sentencia SU-261 de 2021.
11 Sentencia SU-489 de 2016.
12 Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015.
13 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.
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1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los requisitos
específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin efectos una
decisión judicial.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. Corresponde a la Sala determinar si el a quo acertó o no al conceder las
pretensiones de la tutela de la referencia, por encontrar que el Tribunal Administrativo de
Casanare, al dictar la sentencia del 24 de marzo de 2022, incurrió en desconocimiento
del precedente vigente para el año 2016 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad.
2.2. La Sala advierte que limitará el estudio a la providencia del 24 de noviembre de
2022, habida cuenta de que fue la decisión que cerró la discusión sobre la caducidad del
medio de control de reparación directa.
2.3. Ahora bien, para efectos de resolver el problema jurídico, la Sala estudiará lo
siguiente: (i) de la providencia cuestionada, y (ii) de la respuesta al problema jurídico
planteado.
3. De la providencia del 24 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare
3.1. La providencia cuestionada estudió el cómputo del término de caducidad en los
eventos imputables al Estado, que puedan calificarse como delitos de lesa humanidad o
graves infracciones a los derechos humanos, diferentes a la desaparición forzada.
Explicó que, con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29
de enero de 2020, se aplica el régimen de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 y los dos años deben contarse desde que el interesado advirtió o tuvo la
posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos y que le era imputable el
daño.
3.2. El tribunal demandado advirtió que la sentencia de unificación del Consejo de
Estado ya referida, nada dispuso sobre la aplicación de las reglas de caducidad en los
procesos en trámite, y concluyó que esa providencia debía guiar la solución de los casos
que aún no habían sido resueltos, sin consideración de las reglas jurisprudenciales
existentes para cuando se presentó la demanda. Puso de presente que las Subsecciones
de la Sección Tercera le han dado continuidad a la tesis de unificación, al igual que otras
secciones del Consejo de Estado que han conocido de esos conflictos vía tutela.
3.3. Frente a la sentencia T-352 de 2016, explicó que se trata de un fallo de la Sala de
Revisión, en el que se acogió una de las tres opciones interpretativas que en esa época
se ventilaron en el Consejo de Estado, precisamente la minoritaria, la de la Subsección
C de la Sección Tercera, conforme con la cual el conteo del término de caducidad iniciaba
desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo penal condenatorio. Adujo que ni en la
motivación ni en la resolutiva se indicó que esa regla de interpretación tuviera que
seguirse por todos los jueces y en todos los casos semejantes, de manera que sus
efectos fueron inter partes y solo para invalidar las decisiones acusadas.
3.4. La autoridad judicial demandada enfatizó que, según la jurisprudencia consolidada
del Consejo de Estado, el juzgamiento de la responsabilidad del Estado es autónomo,
por lo que se pondera la actividad u omisión de la Administración, con prescindencia de
haberse declarado o no la responsabilidad personal de los servidores públicos. Por ende,
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sostuvo que es infundado predicar que solo cuando la jurisdicción penal haya condenado
al agente estatal se estructura el daño antijurídico para los efectos del artículo 90 de la
Carta.
3.5. Resaltó que, en el espectro de posiciones jurisprudenciales del Consejo de Estado
sobre la forma en que debía entenderse el daño al descubierto, existían dos variantes en
la Sección Tercera y otra distinta en la Sección Quinta cuando conocía como juez de
tutela, por lo que los jueces quedaron en libertad de ejercer su autonomía judicial, por
inexistencia de un precedente vinculante en un solo sentido.
3.6. En ese contexto, el tribunal demandado manifestó que, conforme con la sentencia
de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020,
basta con que se haya podido dilucidar que el daño atribuido al Estado tiene un nexo
fáctico y jurídico con la actividad (por hecho o por omisión) de los agentes estatales, para
que en sede contencioso administrativa se haga imputación, averiguación y juzgamiento.
Sostuvo a favor de la sentencia de unificación referida lo siguiente: i) es inexpugnable
ante los órganos judiciales nacionales, en virtud de cosa juzgada constitucional; ii) es
compatible con la Convención y con la jurisprudencia de la CIDH; iii) es consistente con
el sistema de fuentes y con los lineamientos de la CIDH, como lo ha reconocido la Corte
Constitucional, dado que no se ha negado el acceso a la administración de justicia a las
víctimas; y iv) se preserva adecuadamente el derecho de las víctimas a perseguir la
responsabilidad del Estado, si honran sus cargas de debida diligencia.
3.7. Al decidir el caso concreto, la autoridad judicial demandada manifestó que el
mismo día de la muerte de la víctima directa, el 26 de septiembre de 2006, la familia tuvo
conocimiento del fallecimiento, a través de una llamada telefónica que recibió la
progenitora. En relación con la autoría del hecho lesivo, adujo que los familiares podían
saber que la vida se la quitaron las tropas del Ejército Nacional porque tras practicar la
diligencia de inspección al cadáver de la víctima, el mismo 26 de septiembre de 2006, la
Fiscalía Seccional informó que se había dado de baja por el personal del Batallón de
Infantería 44 “Ramón Nonato Pérez del Ejército, en cumplimiento de un operativo y del
combate que allí se desarrolló.
3.8. Sostuvo que, en los términos de los artículos 191 y 193 del CGP, el apoderado
judicial de la parte actora confesó en la demanda que la misma noche del 26 de
septiembre de 2006 se tuvo conocimiento del hecho de la muerte y la autoría. Acorde con
lo anterior, adujo que desde entonces para la familia del occiso y para los demás
integrantes de la parte actora quedaron abiertas las opciones para acudir a la jurisdicción,
bien fuere en calidad de víctimas en el proceso penal o por vía de reparación contra la
Administración.
3.9. No obstante, el tribunal demandado adujo que la demanda fue radicada el 11 de
marzo de 2016, por lo que, para entonces, habían transcurrido más de 2 años desde el
hecho lesivo, el daño y la autoría de aquel, sin duda atribuible a tropas del Ejército
Nacional. Manifestó que no se adujo ni se demostró algún hecho que impidiera
inexorablemente demandar por vía de reparación directa dentro de los dos años previstos
por la legislación nacional.
4. De la respuesta al problema jurídico planteado
4.1. En primer lugar, es importante señalar que la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 de la Sección Tercera de esta Corporación señaló los criterios generales
para definir la caducidad del medio de control de reparación directa, formulados con
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ocasión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el
que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, con
excepción de la desaparición forzada.
4.2. En concreto, las sub reglas fijadas fueron las siguientes: «i) en tales eventos
resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo,
salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,
y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley».
4.3. La propia Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-312 de 2020,
estimó que la posición fijada por la Sección Tercera del Consejo de Estado resultaba
«razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso
en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio».
4.4. Asimismo, indicó que «el referido plazo es razonable para que las víctimas de
violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la administración
de justicia con el fin de obtener la declaración de responsabilidad de la administración y
gestionar el resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término respectivo
sólo empieza a contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin
han trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el delito de lesa
humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior,
comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la
posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados
a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación
respectiva».
4.5. Ahora, en cuanto a los efectos temporales de la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, conviene decir que la Sección Tercera del Consejo de Estado nada dijo
al respecto. Luego, en principio, se entiende que esa decisión resulta aplicable para todos
los casos que se encuentren en discusión. Al respecto, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-406 de 2016, explicó que «el cambio de una determinada posición
jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre implica una modificación en la
interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada disposición y
que, en atención al carácter vinculante general e inmediato del precedente, determina
la aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical- del derecho sustancial o procesal,
según sea el caso».
4.6. De manera que la providencia del 24 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare, hizo bien al aplicar las reglas de unificación contenidas en
la sentencia del 29 de enero de 2020, dictada por la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Esa decisión de unificación sí resultaba aplicable porque precisamente el caso
propuesto por la parte actora se encontraba en discusión, de ahí que, contra lo afirmado
por el a quo, la providencia acusada no incurrió en desconocimiento del precedente
judicial.
4.7. Adicionalmente, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Casanare
aplicó razonablemente las reglas de unificación, pues encontró que la muerte de la
víctima ocurrió el 26 de septiembre de 2006, y ese mismo día, la familia recibió una
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llamada telefónica en la cual les informaron que el occiso había sido abatido en un
presunto combate con las tropas del Ejército del Batallón de Infantería 44 “Ramón Nonato
Pérez. También puso de presente que, en el acta de inspección al cadáver del 26 de
septiembre de 2006, la Fiscalía Seccional identificó al fallecido e informó que se había
dado de baja por el personal del Batallón de Infantería 44 “Ramón Nonato Pérez” del
Ejército, en cumplimiento de un operativo y del combate que allí se desarrolló. Advirtió
que, en esa acta consta que se comunicaron con la madre del fallecido, por lo que desde
ese momento los familiares conocían de la imputación a agentes del Estado.
4.8. Incluso, el tribunal demandado enfatizó en que el apoderado judicial de la parte
actora confesó en la demanda ordinaria que los familiares conocieron de la muerte y de
la autoría, la misma noche del suceso, esto es, el 26 de septiembre de 2006, por lo que
a partir de esa fecha podían acudir a la administración de justicia para solicitar la
indemnización de perjuicios. En ese sentido, la autoridad judicial demandada concluyó
que debido a que la parte demandante tuvo conocimiento de la muerte y de la imputación
al Estado desde el 26 de septiembre de 2006, el término para demandar corrió desde el
27 de setiembre de 2006 al 27 de septiembre de 2008, pero la demanda se radicó el 11
de marzo de 2016, esto es, fuera del término legalmente previsto.
4.9. Por último, también se advierte que el tribunal demandando tuvo en cuenta si los
demandantes se encontraban en alguna circunstancia que hubiera impedido el acceso a
la administración de justicia, pero no encontró probada. Es más, puso de presente que la
propia sentencia de unificación reconoció la posibilidad de hacer uso del amparo de
pobreza cuando existe una limitación de ese tipo para acudir a la jurisdicción.
4.10. Lo anterior es suficiente para concluir que el Tribunal Administrativo de Casanare
no solo tuvo en cuenta el precedente judicial vigente, sino que lo aplicó debidamente al
caso concreto.
4.11. Siendo así, queda resuelto el problema jurídico: a quo no acertó al conceder la
tutela formulada por la parte actora, pues el Tribunal Administrativo de Casanare, en la
sentencia del 24 de marzo de 2022, aplicó de forma acertada el precedente de unificación
vigente. Por consiguiente, será revocada la sentencia impugnada y, en su lugar, se
denegarán las pretensiones de la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En
su lugar, se dispone:
2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
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Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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