Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05139-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-05139-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05139-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 15 de diciembre de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05139-00
Demandante: Nelson David Orrego Quintero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela.
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional.
Síntesis del caso: El demandante enjuició la Sentencia que resolvió una acción popular en
segunda instancia y ordenó a la Agencia Nacional de Minería exigir a los proponentes de
solicitudes de titulación minera nuevos requisitos no previstos en la ley.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Nelson David Orrego
Quintero en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 26 de septiembre de 2022, Nelson David Orrego Quintero, a nombre
propio, presentó acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de
Estado por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso
(defensa), así como también de los principios constitucionales de seguridad
jurídica y confianza legítima, con ocasión de la Sentencia de 4 de agosto
de 2022, proferida dentro del proceso de acción popular No. 25000-23-41-
000-2013-02459-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, LA SEGURIDAD
JURÍDICA Y LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL ESTADO, vulnerados por la SALA
PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO, al crear en el punto TERCERO punto 1.3.1.
de la parte resolutiva de la Sentencia No. 25000234100020130245901, un nuevo
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05139-00
Demandante: Nelson David Orrego Quintero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela.
Decisión: declara improcedencia
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requisito para el trámite de las propuestas de contrato de concesión minera, el
cual no se encuentra en la Ley 685 de 2011, Código de Minas.
2. DECLARAR la NULIDAD el punto TERCERO punto 1.3.1. de la parte resolutiva
de la Sentencia del CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA RADICADO
25000234100020130245901 M.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS del 04 de
agosto de 2022, por vulnerar el derecho al DEBIDO PROCESO, a LA SEGURIDAD
JURÍDICA y a LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL ESTADO.
SUBSIDIARIA
1. Que se declare la NULIDAD del proceso RADICADO
25000234100020130245901, por no vincular a los solicitantes de las propuestas de
contrato de concesión minera, en consideración a que las pretensiones tanto
de la demanda y las órdenes de la parte resolutiva de la Sentencia del 04 de
agosto de 2022, nos afecta de manera directa, vulnerándose de esta manera
el DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA, A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y
LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL ESTADO.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 2 de julio de 2013, el señor Orrego Quintero, en compañía de otras
personas, presentó ante la Agencia Nacional de Minería una propuesta de
contrato de concesión para la extracción de minerales y metales preciosos
en un área ubicada en los municipios de Caramanta, Supia, Aguadas,
Marmato y Pácora, a la cual le fue asignado el radicado No. OG2-090215.
5. 2) El 4 de agosto de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado
profirió Sentencia en el proceso de acción popular No. 25000-23-41-000-
2013-02459-012, en el cual decidió, entre otras cosas, lo siguiente (se
trascribe):
“1.3.1. La Agencia Nacional de Minería, en el término de dos (2) meses,
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, deberá exigir a los
proponentes que aporten con su solicitud de titulación un certificado de las
autoridades ambientales competentes en el que se informe: (i) si su proyecto
se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos
b) y c) del capítulo II.3.3. de esta sentencia; (ii) si tal territorio se encuentra
zonificado, y (iii) si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de
zonificación. En el evento en que se presenten dudas sobre la compatibilidad
del proyecto con el propósito de conservación, la Agencia Nacional de Minería
deberá abstenerse de resolver de fondo la propuesta hasta que exista certeza
sobre la referida compatibilidad, dando aplicación al principio de
precaución.”
6. 3) Tras haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley 685
de 2001 en relación con la propuesta de contrato de concesión No. OG2-
2 Se trascribe: “1. La parte actora, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución
Política y desarrollada por las Leyes 472 de 19983 y 1437 de 20114, demandó al Ministerio de Minas y Energía y a la
Agencia Nacional de Minería, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los
literales a), b), c), e) y g) del artículo 4º de la Ley 472, cuya vulneración atribuyó a: (i) los problemas de
desarticulación institucional de los sectores minero y ambiental; (ii) al déficit de información y de ordenamiento
minero-ambiental del territorio colombiano; (iii) a las debilidades del modelo de control y fiscalización de los títulos,
y (iv) al desconocimiento del derecho a la consulta previa.”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05139-00
Demandante: Nelson David Orrego Quintero
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Decisión: declara improcedencia
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090215, el señor Orrego Quintero presentó una petición ante la Agencia
Nacional de Minería con el fin de solicitar su impulso, a la cual se dio
respuesta el 22 de septiembre de 2022 en los siguientes términos (se
trascribe):
“Recientemente, las propuestas de contrato de Concesión Minera, se ven
afectadas por la Sentencia que ha emitido el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera el pasado 4 de agosto de 2022
(…)
Actualmente, la Agencia Nacional de Minería, está esperando la certificación
de su ejecutoria dado que se solicitaron aclaraciones por parte de la
Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Minas y Energía, y se
procederá a la implementación de la misma en el trámite de todas las
propuestas mineras, así como las demás decisiones de dicha sentencia que
afectan a la entidad.”
7. Como fundamento de la vulneración, el accionante mencionó que la
imposición de nuevos requisitos para el trámite de la propuesta de contrato
de concesión por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró
su derecho al debido proceso, los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, así como los artículos 29, 83 y 150.2 de la Constitución
Política, y 4.1 de la Ley 685 de 2001.
1.2. Posición de la parte demandada y terceros3
8. La Sección Primera del Consejo de Estado allegó informe y alegó que
la presente acción de tutela debía ser declarada improcedente en
consideración a que: 1) el proceso judicial sigue en trámite por la
presentación de solicitudes de aclaración y adición; 2) la parte actora no
demostró la configuración de un perjuicio irremediable; 3) el accionante
carecía de la legitimación activa en la causa, ya que no hizo parte del
proceso en que fue proferida la decisión que enjuició y 4) el actor no
acreditó la relevancia constitucional del asunto.
3 Mediante Auto de 28 de septiembre de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,
(2) tener como demandado a la Sección Primera del Consejo de Estado, y (3) vincular a la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia
Nacional de Minería, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior, Agencia Nacional de
Licencias Ambientales, las organizaciones Centro de Estudios para la Justicia Social - Tierra Digna, Asociación
Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo – CENSAT, Agua Viva, Pensamiento y Acción Social - PAS, Corporación
Servicios Profesionales Comunitarios – SEMBRAR, Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol,
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Fundación Educación, Investigación y Desarrollo
“FICHAP”, Corporación Nuevo Arco Iris, Asociación Colectivos de Mujeres al Derecho, a Iván Cepeda Castro,
Johana Rocha Gómez, Lila Tatiana Roa Avendaño, Diego Pérez Guzmán, Jhon Jairo Enríquez Clavijo, Teófilo
Manuel Acuña Ribón, Aida Julieta Quiñones Torres, Isabel Giselle Clavijo Flórez, Sergio Alejandro Usuga Sánchez,
Elson Leonardo Rodríguez, Hernando Alarcón Carbonell, Adelmo Mendoza, Fredy Fernando Romero, Rigoberto
Loaiza, Absalón de Jesús Arias Arias, Yimi Fernando Torres Fajardo, Sergio Raúl Chaparro, Cesar Rodríguez Garavito,
Nathalia Sandoval Rojas, Beatriz Botero Arcila, Alfredo Geraldo Ordoñez Paredes, Ricardo Sánchez Andrade,
Fernando Hernández Valencia, Gloria Stella Moreno Fernández, Luisa Fernanda Vargas Hernández, Abel Arturo
Sánchez, Patricia Bohórquez Piña, Fernando Vásquez Lalinde, Diana Luz Barrios Marceles, William Manuel Vega
Vargas, Alirio Uribe Muñoz, Rafael Colmenares Faccini y María Liliana Hernández Martínez, como terceros con
interés en el asunto.
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9. En relación con el fondo del asunto, mencionó que la exigencia a los
proponentes de la presentación de un certificado en donde las autoridades
ambientales informaran si su proyecto resultaba compatible con el
ordenamiento ambiental del territorio, no solo emanaba del mismo Estatuto
Minero (artículos 16, 34, 36, 53, 270, 201, 271, 273 y 274) y de
pronunciamientos de la Corte Constitucional (Sentencias C-339 de 2002, C-
443 de 2009 y C-389 de 2016) sino que permitía estructurar temporalmente
un método de entrega de títulos mineros que acogiera los principios de
desarrollo sostenible y de legalidad.
10. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales manifestó que
carecía de legitimación pasiva en la causa, toda vez que no tenía
responsabilidad alguna en la presunta afectación de los derechos
fundamentales cuya vulneración era alegada. Sumado a ello, también
mencionó que no se cumplió con ninguno de los requisitos específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
11. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó que se
declarara la improcedencia del amparo en razón a que la decisión
enjuiciada no se encontraba en firme, además de que no hubo amenaza o
vulneración de los derechos del accionante. De otro lado, también solicitó
su desvinculación por carecer de legitimación pasiva en relación con la
vulneración que se alegaba.
12. Un grupo compuesto por ciudadanos y organizaciones4 presentó un
escrito común en el cual manifestó que la acción de tutela no cumplía con
el requisito general de subsidiariedad, toda vez que, aunque el accionante
alegara no haber tenido ninguna oportunidad para participar en el
respectivo proceso, lo cierto era que el juez popular cumplió con su deber
de darle la debida publicidad, y prueba de ello era el gran número de
solicitudes de coadyuvancia presentadas. No obstante, a pesar de haber
tenido la oportunidad de participar, el accionante nunca se pronunció al
interior del proceso.
13. También mencionó que el accionante no desarrolló ni acreditó el
cumplimiento requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. Además de que el principio de confianza
legítima, cuya vulneración se alegaba, no es absoluto y su matización, en el
presente caso, estuvo perfectamente justificada. Finalmente, mencionó que
la decisión enjuiciada no imponía requisitos nuevos, pues estos se derivaban
4 El grupo está conformado por los ciudadanos Iván Cepeda Castro, William Manuel Vega Vargas, Isabel Clavijo
Florez, Aída Quiñones Torres, Mauricio Cabrera Leal, Jimy Fernando Torres Fajardo, Elson Leonardo Rodríguez, Renzo
Alexander García, y las organizaciones CENSAT Agua Viva y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
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de una obligación ya existente, como es la de dar cumplimiento a los
estándares constitucionales de protección del ambiente.
14. La Asociación Colectivo Mujeres al Derecho hizo un recuento de las
obligaciones nacionales e internacionales que pesan sobre el Estado
colombiano en relación con la conservación del ambiente y la satisfacción
de objetivos para el desarrollo sostenible. Con base en ello, solicitó negar el
amparo.
15. Los demás vinculados guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Cuestión Previa. 2.2 Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Conclusión.
2.1. Cuestión previa
16. En atención a las solicitudes de desvinculación que, por la supuesta
falta de legitimación pasiva, efectuaron la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Sala no
accederá a ellas ya que, en realidad, no obran como entidades
demandadas, pues su vinculación se hizo en calidad de terceros con interés,
con el objeto de que participaran en el debate de proceso que dará lugar
a una decisión que, eventualmente, podría llegar a afectarlas de manera
indirecta.
2.2. Fijación de la controversia
17. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si la Sección Primera del Consejo de
Estado vulneró el derecho al debido proceso del accionante como
consecuencia de la expedición de la Sentencia de 4 de agosto de 2022,
proferida dentro del proceso de acción popular No. 25000-23-41-000-2013-
02459-01, y la imposición de nuevos requisitos para el trámite de propuestas
de contratos de concesión.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5
18. La Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela,
toda vez que considera que esta no satisface el requisito general de
relevancia constitucional.
5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-66 de 2019.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05139-00
Demandante: Nelson David Orrego Quintero
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Referencia: Acción de tutela.
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19. En relación con este requisito, la Corte Constitucional ha establecido
que (se trascribe) “el juez [de tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara Y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
20. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela; que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad.
21. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional.
22. En ese orden, la Sala logró evidenciar que no se desplegó una carga
argumentativa suficiente para explicar por qué esta controversia tenía una
marcada trascendencia constitucional que amerite la intervención del juez
de tutela. En relación con ello, cabe destacar que la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales requiere de la satisfacción
de todos los requisitos generales, y al menos de un defecto o requisito
específico, a través del cual se materializa la posible vulneración.
23. Precisamente, de la lectura del escrito de tutela se advierte que la
parte demandante se limitó a enunciar derechos fundamentales y principios
constitucionales, así como también a citar normas de rango legal y
constitucional, pero lo cierto es que no desarrolló con suficiencia el
verdadero motivo de vulneración y, de hecho, no mencionó la
configuración de ningún defecto o requisito específico en el desarrollo del
escrito de tutela.
24. Así las cosas, si bien es cierto que la naturaleza de la acción de tutela
exige que su estudio sea realizado de conformidad con el principio de
informalidad, este tampoco puede gozar de una aplicación absoluta, y
menos cuando lo que se cuestiona es una providencia que ya hizo tránsito
a cosa juzgada, pues es necesario que, al menos, se satisfagan los
presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad los
aspectos fundamentales del caso, como lo es, en este asunto, la violación
a los derechos del accionante a través de la configuración de requisitos
específicos.
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25. También debe aclarase que las meras diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. La presentación simple de las discrepancias entre lo
decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía tutela,
no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este un mecanismo constitucional de amparo de
derechos fundamentales de carácter excepcional.
26. Finalmente, y en gracia de discusión, la Sala considera que el
accionante tampoco cumpliría el requisito de legitimación activa en la
causa, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, las
personas se encuentran legitimadas para presentar acciones de tutela
siempre que demuestren la existencia de un interés “directo y particular” en
el proceso y en la resolución del respectivo fallo6. En ese orden de ideas,
salta a la vista que el objeto de la presente acción estaría dado por la
supuesta vulneración de derechos fundamentales del accionante, surgida
con ocasión de la orden impartida por la Sección Primera del Consejo de
Estado en relación con la exigencia de nuevos requisitos en el trámite de
propuestas de contratos de concesión por parte de la Agencia Nacional de
Minería, no obstante, se observa que en realidad esta orden solo atañe de
manera directa a la propia Agencia Nacional de Minería, y es a dicha
entidad a quien le corresponde dar cumplimiento al deber constitucional
de garantizar los derechos fundamentales de las personas al interior de los
distintos trámites que esta adelanta.
2.4. Conclusión
27. Así las cosas, tras comprobar la ausencia de carga argumentativa
mínima que suponga la satisfacción del requisito general de relevancia
constitucional, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
6 Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2017. (Se trascribe): “(…) la Corte reitera la regla jurisprudencial que
establece que una persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo que se revisa en sede
constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental
reclamado es propio del demandante.”.
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RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE por falta de relevancia constitucional
el amparo de tutela solicitado por Nelson David Orrego Quintero en contra
de la Sección Primera del Consejo de Estado por las razones expuestas en
esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
7 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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