Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00354-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00354-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00354-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
8 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 8 de mayo de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00354-00
Demandante: Nelson Restrepo Patiño
Demandados: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto procedimental por
falta de vinculación y notificación de litisconsorcio necesario en acción popular – no se
configura
Síntesis del caso: El demandante enjuició las sentencias proferidas por las autoridades
judiciales demandadas dentro de una acción popular, por considerar que le vulneraron
sus derechos al no haber sido vinculado ni notificado en dicho proceso como litisconsorte
necesario.
De conformidad con el Auto de 8 de febrero de 20231 y la competencia
asignada2, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de
tutela presentada por Nelson Restrepo Patiño en contra de la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Sección Primera del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 26 de enero de 2023, Nelson Restrepo Patiño, mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección
Primera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso (defensa), con ocasión de las
providencias de 6 de diciembre de 2018 y 4 de agosto de 2022, que fueron
proferidas, respectivamente, por las autoridades judiciales en la acción
1 Mediante el cual el magistrado ponente decidió (se trascribe) “PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento
manifestado por el magistrado Fredy Ibarra Martínez, de conformidad con los argumentos expuestos. En
consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto de la referencia. SEGUNDO: AVOCAR CONOCIMIENTO
de la acción de tutela identificada con el radicado No. 11001-03-15-000-2023-00354-00”.
2 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00354-00
Demandante: Nelson Restrepo Patiño
Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
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popular con radicado No. 25000-23-41-000-2013-02459-00/01, sin que se le
hubiera vinculado ni notificada la demanda.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“Con fundamento en los argumentos expuestos en el presente escrito y con el
propósito de evitar la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
SOLICITO DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 04 de agosto de 2022 dentro de
la Acción Popular referenciado con el Número 25000234100020130245901,
proferida en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado y
en primera instancia por la subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 06 de diciembre de 2018 y en su lugar,
retrotraer todas las actuaciones incluso hasta el Auto admisorio de la
demanda de Acción Popular para que se vincule a todas aquellas personas
que sean consideradas litisconsortes de las entidades demandadas.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) El 9 de marzo de 2010, Nelson Restrepo Patiño presentó propuesta
de contrato de concesión de “esmeraldas en bruto, sin labrar o
simplemente aserradas o desbastadas esmeraldas sin tallar”, en un área
ubicada el municipio de Muzo, Boyacá, la cual fue radicada con el No.
LC9- 14051.
5. 2) En el 2013, unos ciudadanos en nombre propio y/o en
representación de diversas organizaciones presentaron una acción
popular3 para obtener la protección de diferentes derechos colectivos4, al
pretender, entre otras, que se suspendiera la radicación de solicitudes de
concesión minera o se tuvieran por no presentadas y, además, se
suspendiera el otorgamiento de títulos mineros.
6. 3) En Auto de 12 de diciembre de 2013, la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la
fijación de un aviso para que cualquier persona interviniera. Sin embargo,
el señor Restrepo Patiño mencionó que el tribunal no realizó la notificación
a los proponentes o concesionarios que podrían verse afectados, tal y
como era su caso, ya que su solicitud de contrato de concesión estaba en
trámite cuando se presentó la aludida demanda.
7. 4) El 6 de diciembre de 2018, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera
3 En contra del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería. Otras autoridades como el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles y el Ministerio del Interior fueron vinculadas con posterioridad para
integrar la parte demandada.
4 1) gozar de un medio ambiente sano y en condiciones de equilibrio ecológico; 2) la seguridad y salubridad
públicas; 3) al patrimonio público; y 4) a la moralidad administrativa.
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Referencia: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
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instancia, en la cual amparó los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, equilibrio ecológico y defensa del patrimonio público,
asimismo negó los de moralidad administrativa y seguridad y salubridad
públicas.
8. Con fundamento en la protección concedida, ordenó: 1) la
suspensión inmediata de los efectos de la Resolución No. 484 de 30 de
octubre de 2012, mediante la cual la Agencia Nacional de Minería fijó la
fecha de inicio de radicación de propuestas de contratos de concesión
minera, hasta tanto se tuviera la información del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible sobre los polígonos de las áreas excluidas de minería5,
2) la realización de estudios por parte del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para la delimitación y/o establecimiento de zonas de
reserva de recursos naturales, y 3) la verificación por parte de los
demandados de que los procedimientos y requisitos en materia de títulos
de concesión cumplieran con lo previsto en el ordenamiento jurídico y, en
el evento de no ser así, adoptaran las respectivas medidas correctivas6.
9. 5) La anterior sentencia fue apelada por la parte demandada y la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la Sentencia de 4 de
agosto de 2022, confirmó el amparo de los derechos colectivos, pero
modificó las órdenes impartidas7.
10. En relación con los proponentes, decidió que la Agencia Nacional
de Minería, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de
dicha providencia, debía exigirles que aportaran con su solicitud de
titulación un certificado de las autoridades ambientales competentes en el
que se informara: (a) si su proyecto se superponía o no con alguno de los
ecosistemas, (b) si tal territorio se encontraba zonificado, y (c) si las
actividades mineras estaban permitidas en el instrumento de zonificación.
Y que, en el evento en que se presentaran dudas sobre la compatibilidad
del proyecto con el propósito de conservación, la Agencia Nacional de
Minería debía abstenerse de resolver de fondo la propuesta hasta que
existiera certeza sobre la referida compatibilidad, dando aplicación al
principio de precaución.
11. 6) La anterior decisión fue aclarada y adicionada a solicitud de
parte y de oficio, mediante la providencia de 29 de septiembre de 20228.
5 Con la advertencia de que la suspensión no era aplicable a las solicitudes de legalización minera tradicional y
de las que se concedan en el ejercicio del derecho de prelación de las comunidades étnicas de que tratan los
artículos 124 y 133 del Código de Minas.
6 Para lo cual otorgó un plazo perentorio de 2 años contados a partir de la notificación de la sentencia.
7
Para el accionante, en dicha providencia (se trascribe) “se ordena la exigencia de mayor documentación a
los proponentes de contratos de concesión que estén en curso, sin diferenciar si serán sobre las propuestas a
presentar a futuro o sobre las que están en curso y vigentes”.
8 En relación con la orden descrita en el párrafo 10 de esta providencia, la Sección Primera del Consejo de
Estado la adicionó en el sentido de que (se trascribe) “Para tal efecto, en el término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria de esta sentencia, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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12. 7) El señor Restrepo Patiño indicó que sólo hasta la expedición de la
Resolución VCT 545 de 25 de octubre de 2022, mediante la cual se dio
cumplimiento a la Sentencia de 4 de agosto de 2022, tuvo conocimiento
de dicha providencia, pero que como la misma estaba ejecutoriada no
tuvo la posibilidad de presentar solicitud de nulidad.
13. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en la
violación directa de la Constitución porque, en su parecer, las autoridades
judiciales demandadas trasgredieron el derecho al debido proceso
(defensa), al no acatar los lineamientos trazados en el artículo 61 del
Código General del Proceso (CGP) y, en ese orden, desconocer la calidad
de litisconsorte necesario del señor Restrepo Patiño, quien desde 2010
había presentado una solicitud de contrato de concesión ante la Agencia
Nacional de Minería.
14. También alegó la configuración de un defecto procedimental
absoluto porque, a pesar de existir solicitudes de contrato de concesión
minera para la fecha de radicación de la demanda de acción popular y
que las pretensiones podían afectarlas, se omitió vincular a los solicitantes,
entre esos a él, como litisconsorte necesario de los demandados, a través
del mecanismo idóneo – artículo 61 del CGP-, sino que, por el contrario, las
autoridades judiciales demandadas consideraron que con la simple
fijación del aviso previsto en la Ley 472 de 1998 era suficiente para
vincularlos, a pesar de que el Consejo de Estado ha indicado que (se
trascribe):
“(…) no puede utilizarse la publicación del aviso por el cual se informa la
iniciación del proceso de acción popular, como mecanismo para vincular o
integrar el contradictorio con los litisconsortes necesarios, en primer lugar y
principalmente, porque no es un medio eficaz para garantizar la efectiva
comparecencia de éstos; y, en segundo lugar, puesto que su finalidad no es
otra que enterar a la comunidad sobre la existencia del proceso para que, si
así lo desean, intervengan como coadyuvantes de la parte activa para
procurar la protección de los derechos de tercera generación, es decir, para
concurrir en defensa de intereses colectivos, no de intereses individuales,
particulares y concretos, tal como se desprende de los artículos 21 y 24 de la
Ley 472 de 19989”.
15. Por lo anterior, afirmó que el procedimiento y los requisitos en materia
de títulos de concesión fueron analizados y modificados dentro de la
acción popular No. 2013-02459-00/01, lo cual, en su parecer, afectó de
manera directa sus derechos y expectativas legítimas, sin que hubiera
tenido la oportunidad correspondiente de defenderlos.
Sostenible y el Ministerio de Minas y Energías, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, y junto
con las entidades de los sectores minero y ambiental que estimen competentes, establecerán previamente: (i) el
procedimiento y los mecanismos de coordinación intersectorial que se utilizarán para la expedición de los
certificados, (ii) los plazos máximos para la expedición de los certificados, y (iii) las garantías al debido proceso
de los peticionarios. (…)”.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 27 de enero de 2011, Rad. 23001-23-31-000-2010-00365-
01(AC).
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Referencia: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
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1.2. Posición de la parte demandada y terceros10
16. La Sección Primera del Consejo de Estado indicó que el accionante
no demostró una afectación a su derecho fundamental al debido
proceso, ni un perjuicio irremediable, dado que en la acción popular no se
cuestionó ningún título minero o propuesta de concesión específica y, en
consecuencia, ningún concesionario o proponente debía ser vinculado al
litigio como litisconsorte necesario, máxime cuando no existía una situación
jurídica consolidada.
17. Sostuvo que la tutela era improcedente, pues, (se trascribe) “no
puede fungir como una tercera instancia que deje sin efecto las etapas
procesales que ya concluyeron, más aún cuando el tutelante no era un
litisconsorte necesario por pasiva, y tampoco solicitó oportunamente su
reconocimiento como coadyuvante a efectos de participar en el litigio”. A
su juicio, el actor carecía de legitimación activa en la causa para incoar la
tutela porque no tenía la calidad de parte o coadyuvante dentro de la
acción popular No. 2013-02459-01.
18. Por otra parte, indicó que la tutela carecía de relevancia
constitucional11 porque se pretendía reabrir el debate jurídico que ya
había sido zanjado respecto de un asunto frente al cual al demandante le
asistía un interés meramente económico, ya que la evaluación de los
mínimos ambientales exigibles a los proyectos extractivos podría afectar la
mera expectativa que le asistía al interior del procedimiento administrativo
de valoración de la propuesta de contrato de concesión minera LC9-
14051.
19. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, luego de hacer un recuento procesal de la acción
popular que decidió en primera instancia e informar del cumplimiento del
10 Mediante Auto de 8 de febrero de 2023, el despacho ponente resolvió, además de declarar fundado el
impedimento, (1) avocar conocimiento y admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como
demandados a la Sección Primera del Consejo de Estado y a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, (3) vincular al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Licencias Ambientales,
las organizaciones Centro de Estudios para la Justicia Social - Tierra Digna, Asociación Centro Nacional Salud,
Ambiente y Trabajo – CENSAT, Agua Viva, Pensamiento y Acción Social - PAS, Corporación Servicios Profesionales
Comunitarios – SEMBRAR, Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol, Corporación Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo, Fundación Educación, Investigación y Desarrollo “FICHAP”, Corporación Nuevo
Arco Iris, Asociación Colectivos de Mujeres al Derecho, a Iván Cepeda Castro, Johana Rocha Gómez, Lila
Tatiana Roa Avendaño, Diego Pérez Guzmán, Jhon Jairo Enríquez Clavijo, Teófilo Manuel Acuña Ribón, Aida
Julieta Quiñones Torres, Isabel Giselle Clavijo Flórez, Sergio Alejandro Usuga Sánchez, Elson Leonardo Rodríguez,
Hernando Alarcón Carbonell, Adelmo Mendoza, Fredy Fernando Romero, Rigoberto Loaiza, Absalón de Jesús
Arias Arias, Yimi Fernando Torres Fajardo, Sergio Raúl Chaparro, Cesar Rodríguez Garavito, Nathalia Sandoval
Rojas, Beatriz Botero Arcila, Alfredo Geraldo Ordoñez Paredes, Ricardo Sánchez Andrade, Fernando Hernández
Valencia, Gloria Stella Moreno Fernández, Luisa Fernanda Vargas Hernández, Abel Arturo Sánchez, Patricia
Bohórquez Piña, Fernando Vásquez Lalinde, Diana Luz Barrios Marceles, William Manuel Vega Vargas, Alirio Uribe
Muñoz, Rafael Colmenares Faccini y María Liliana Hernández Martínez, y (4) negar la medida provisional
solicitada.
11 Como la Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-05139-00, que resolvió la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por similares razones fácticas a las de este litigio.
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artículo 21 de la Ley 472 de 1998 con la publicación de avisos, manifestó
que el actor no podía alegar la vulneración de sus derechos
fundamentales cuando no hizo uso de las herramientas previstas en la ley
para acudir a dicho proceso y cuando las decisiones adoptadas fueron
ajustadas a la normatividad que regula la materia. En esa medida, solicitó
que se denegara el amparo solicitado.
20. La ANLA señaló que no tuvo participación alguna en el desarrollo de
las actuaciones u omisiones que motivaron la presentación de la tutela
bajo estudio, por lo que se configuraba la excepción de legitimación
pasiva en la causa. Adicionalmente, mencionó que la acción
constitucional no cumplía con los requisitos de procedencia y, por ende,
debía ser negado el amparo impetrado.
21. La Agencia Nacional de Minería adujo que no tenía competencia
de satisfacer las pretensiones del accionante, consistentes en dejar sin
efectos las sentencias proferidas en la acción popular No. 2013-02459-
00/01, por lo que también invocó su falta de legitimación pasiva en la
causa.
22. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible consideró que se le
debía desvincular del presente trámite porque no le era atribuible la
presunta vulneración de los derechos que se dio en el marco de un
proceso judicial.
23. El Ministerio del Interior refirió que no vulneró por acción u omisión los
derechos que el accionante alegó como vulnerados, ya que (se trascribe)
“los hechos propuestos por la accionante suponen actuaciones
efectuadas ante la rama judicial del poder público”. En ese orden, solicitó
que se le desvinculara y se declarara la improcedencia la tutela por
configurarse el fenómeno de la falta de legitimación pasiva en la causa.
24. El Ministerio de Minas y Energía se opuso a las pretensiones de la
tutela porque su procedencia contra providencia judicial era excepcional.
Adujo que, en el presente caso, no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable ni la vulneración de los derechos, habida cuenta que el
despacho judicial cumplió con la carga procesal establecida en el artículo
21 de la Ley 472 de 1998 y (se trascribe) “el Consejo de Estado en sentencia
de segunda instancia del 4 de agosto de 2022, no ordenó ni suspender el
inicio de la radicación de las solicitudes de concesión minera, ni suspender
indefinidamente el otorgamiento de títulos mineros, ni tener por no
presentadas las solicitudes de concesiones mineras. Por el contrario, (…)
impartió directrices para garantizar la protección de los intereses y
derechos colectivos”.
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25. En todo caso, puso de presente que en el trámite se presentó una
coadyuvante en favor de la parte demandada, quien manifestó que no
existía relación de causalidad entre la apertura de la ventanilla de
radicación de solicitudes mineras y la supuesta violación o amenaza de los
derechos colectivos, por lo que los argumentos que formuló el accionante
fueron analizados por el Consejo de Estado, de cara a la vulneración de los
derechos e intereses colectivos y no sobre los intereses particulares y
concretos de los solicitantes mineros, quienes apenas tienen una mera
expectativa.
26. La Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios
solicitó su vinculación como coadyuvante de la parte accionada, es decir,
de la Sección Primera del Consejo de Estado, por asistirle un interés legítimo
en el resultado del proceso, ya que dicha autoridad judicial, en la
Sentencia de 4 de agosto de 2022, le encomendó el cumplimiento de las
ordenes que dio en esa providencia, así como la presentación de informes
anuales acerca de las decisiones y acciones que llegare a adoptar.
27. Las demás personas naturales y jurídicas vinculadas, que actuaron
como demandantes en el proceso ordinario, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Identificación de defectos. 2.3. Solicitud
de coadyuvancia. 2.4. Fijación de la controversia. 2.5. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.6. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.7. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
28. La ANLA, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior, en sus informes, solicitaron su
desvinculación del proceso de la referencia por carecer de legitimación
pasiva en la causa. La Sala negará dichas solicitudes porque (1) la
vinculación de las referidas autoridades se hizo en calidad de terceros
interesados en el proceso y (2) la eventual decisión de amparo de los
derechos fundamentales que reclama la parte actora podría llegar a tener
incidencia en el proceso ordinario (acción popular) en el que fueron
demandadas y/o vinculadas.
2.2. Identificación de defectos
29. Si bien, la parte accionante, en el escrito de tutela, invocó la
violación directa de la Constitución, la Sala considera que no desplegó
argumentos autónomos que permitieran su estudio, pues, los esgrimidos se
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reiteran en la sustentación del defecto procedimental invocado, por lo
que, únicamente, se estudiará este último.
2.3. Solicitud de coadyuvancia
30. Para la Sala es pertinente indicar que, sobre el tema de intervinientes
en el trámite de la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991
estableció expresamente que “[...] [q]uien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor
o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud”.
31. Sobre este tema en particular, la Corte Constitucional, en Sentencia
T-1062 de 2010, sostuvo (se trascribe):
“[...] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación
de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir
las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin
que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues
de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que
desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.”
32. En ese orden de ideas, se procederá a vincular a la Procuraduría
delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios como coadyuvante de la
autoridad judicial demandada.
2.4. Fijación de la controversia
33. Corresponde a la Sala establecer, luego de verificados los requisitos
de procedencia de la acción de tutela, si la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Primera
del Consejo de Estado incurrieron en un defecto procedimental, al no
vincular en la acción popular No. 2013-02459-00/01 al señor Restrepo
Patiño, quien, con anterioridad, había presentado una solicitud de
contrato de concesión, y sólo ordenar la fijación de un aviso.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial12
34. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente porque: (1)
hubo un plazo razonable entre la ejecutoria de la Sentencia de 4 de
agosto de 2022 (29/9/2022) y la presentación de la tutela (26/1/2023).
(2) No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relaciona con providencias proferidas en el marco de una acción popular,
12 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019.
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de las cuales se reprocha el hecho de que las autoridades judiciales no
hubieran vinculado al señor Restrepo Patiño como litisconsorte
necesario. (3) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (4) La controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación del
derecho fundamental al debido proceso (defensa) del accionante porque
en la acción popular anteriormente identificada se profirieron las
providencias de primera y segunda instancia sin que el señor Restrepo
Patiño hubiera sido vinculado, debiendo, según el mismo, haber sido parte
en el proceso por la presunta existencia de un litisconsorcio necesario entre
él y los demandados.
35. Asimismo, la Sala considera que (5) no existe recurso idóneo y eficaz
que permitiera al demandante alegar los reparos planteados vía tutela y
procurar la defensa del derecho que considera vulnerado con ocasión de
su falta de vinculación a la acción popular No. 2013-02459-00/01 como
litisconsorte necesario, es decir, se satisface el requisito de subsidiariedad.
36. Lo anterior obedece a que, si bien, tal reparo se hubiera podido
invocar a través de la causal de nulidad contemplada en el numeral 8 del
artículo 133 del CGP13, cuya aplicación resulta admisible en virtud de lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 472 de 199814, lo cierto es que ello
debía ser antes de que se dictara sentencia, lo cual no ocurrió en el caso
concreto, pues el accionante manifestó que sólo hasta la expedición de la
Resolución VCT 545 de 25 de octubre de 2022, mediante la cual se dio
cumplimiento a la Sentencia de 4 de agosto de 2022, tuvo conocimiento
de dicha providencia y no antes, por lo que resultaría irrazonable exigirle al
señor Restrepo Patiño la presentación de un incidente de nulidad en el
proceso respecto del cual alega su falta de vinculación y notificación de
la demanda en calidad de litisconsorte necesario.
37. Ahora, pese a que el artículo 134 del CGP prevé que la nulidad por
falta de notificación puede también alegarse mediante el recurso de
revisión, si no se pudo alegar en las anteriores oportunidades, no resulta
admisible exigir el agotamiento de tal trámite habida cuenta de que dicho
recurso extraordinario no está previsto para las acciones populares. En
efecto, esta Corporación ha establecido lo siguiente (se trascribe):
13 “ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos: (…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado”.
14 “ARTICULO 44. ASPECTOS NO REGULADOS. En los procesos por acciones populares se aplicarán las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo (hoy CGP)
dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no
se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00354-00
Demandante: Nelson Restrepo Patiño
Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
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“Resulta evidente que la ley 472 de 1998 no tiene previsto el recurso
extraordinario de revisión en materia de acciones populares como sí lo hace
para las acciones de grupo, para las cuales consagra expresamente la
procedencia del recurso de revisión y el de casación según lo indica el artículo
67 de la misma ley. La jurisprudencia de esta Corporación, ha reiterado que
cuando la ley 472 de 1998, en su artículo 44, remite en los aspectos no
regulados al Código Contencioso Administrativo, lo hace en el entendimiento
de que los recursos que proceden son los referentes al trámite de primera y
segunda instancia, es decir, a los recursos ordinarios. Por lo tanto, una vez
resuelto el recurso de apelación contra la sentencia proferida en la segunda
instancia que resuelve una acción popular, no cabe ningún recurso de
naturaleza extraordinario contra la misma y por ello hace tránsito a cosa
juzgada, porque la ley así lo tiene consagrado15.”
38. Por otra parte, sobre la presunta falta de legitimación activa en la
causa del accionante, alegada por la Sección Primera del Consejo de
Estado bajo el argumento de que el señor Restrepo Patiño no tiene la
condición de parte o coadyuvante dentro de la acción popular No. 2013-
02459-01, la Sala considera que, contrario a lo anterior, sí la hay, en la
medida que, como lo que él pretende es obtener su notificación y
vinculación a dicho proceso, no hay lugar a exigirle que sea parte o
coadyuvante del mismo para la presentación y procedencia de esta
tutela.
2.6. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales
39. La Sala negará el amparo solicitado por no encontrar configurado el
defecto procedimental en el que, según el demandante, incurrieron las
autoridades judiciales demandadas por no haberlo vinculado a la acción
popular No. 2013-02459-00/01 como litisconsorte necesario de los
demandados, en virtud del artículo 61 del CGP, y sólo haber ordenado la
fijación del aviso que contempla la Ley 472 de 1998 y que, a su juicio, no
era suficiente para la vinculación pretendida.
40. En atención a lo anterior y de conformidad con el informe rendido
por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, la Sala evidenció que la admisión de la acción popular
cuestionada fue notificada a los demandados, es decir, a los presuntos
responsables del hecho u omisión que motivó la presentación de la acción
popular y, además, fue comunicada a la comunidad, tal y como lo prevé
el artículo 21 de la Ley 478 de 199816.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Autos de 10 de febrero de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2010-01519-00 (AP);
Sección Cuarta, Auto de 113 de mayo de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2010-01370-00(AP). En el mismo sentido, la
Corte Constitucional ha señalado que contra las sentencias que resuelven acciones populares no procede en
ningún caso el recurso extraordinario de revisión. Al respecto ver las Sentencias C-622 de 2007 y SU-585 de 2017.
16 “ARTICULO 21. NOTIFICACION DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. En el auto que admita la demanda el
juez ordenará su notificación personal al demandado. A los miembros de la comunidad se les podrá informar a
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00354-00
Demandante: Nelson Restrepo Patiño
Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
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41. Así, la Sala evidenció que, mediante Auto de 29 de octubre de 2013,
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la acción popular No. 2013-02459-00 y ordenó
notificar dicha decisión a los demandados – Ministerio de Minas y Energía y
Agencia Nacional de Minería-, y, a costa de la parte actora, informar a la
comunidad en general, a través de un medio masivo de comunicación de
amplia circulación o en una radioemisora de amplia difusión dentro del
territorio nacional.
42. En esa medida, a través de memorial de 13 de febrero de 2014, el
apoderado de la accionada Nación - Ministerio de Minas y Energía allegó
constancia de la publicación del aviso en el que se le informó a la
comunidad en general de la existencia del presente asunto, entre el 6 y el
12 de febrero de 201417. Igualmente, la accionada Agencia Nacional de
Minería allegó memorial de 14 de febrero de 2023, con la publicación del
mismo aviso y en los mismos días18 , en el que se le informó a la comunidad
en general de la existencia del presente asunto.
43. Posteriormente, a través del Auto de 13 de junio de 201419, vinculó a
los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Interior para
integrar la parte demandada y, además, en los términos del artículo 21 de
la Ley 472 de 1998, le comunicó la existencia del proceso a la ANLA.
44. Por lo anterior, la Sala considera que las autoridades judiciales
actuaron conforme con la normatividad aplicable, sin que ello suponga un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, es decir, un apego
estricto a las reglas procesales en perjuicio de derechos sustanciales, pues,
si bien, el señor Restrepo Patiño alega que se le debió vincular bajo la
figura jurídica de litisconsorcio necesario, la Sala considera que no era
procedente porque, de un lado, el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 prevé
la citación, en el curso del proceso, de otros posibles responsables del
hecho u omisión causante de la violación o amenaza de los derechos
colectivos, calidad que no ostentaba el señor Restrepo Patiño.
45. De otro lado, el artículo 61 del CGP20 contempla la figura de
litisconsorcio necesario cuando la relación debatida en el proceso sea
través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta de los
eventuales beneficiarios. (..)”.
17 Folios 476 a 478 del expediente de la acción popular No. 2013-02459-00/01.
18 Folios 539 a 542 ibidem.
19 Folios 611 a 614 ibidem.
20 “ARTÍCULO 61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse
sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de
resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que
sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o
dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar
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Referencia: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
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única e inescindible y por esa razón deba ser resuelta de manera uniforme
y en presencia de todos los que intervinieron en ella. Sin embargo, la
relación jurídica que se debatió en la acción popular No. 2013-02459-00/01
atañe a la colectividad, representada por el actor popular, y a las
entidades públicas demandadas por la habilitación de la ventanilla para
la recepción de solicitudes de titulación minera en el país a la que se le
atribuye la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano, al equilibrio ecológico y a la defensa del patrimonio público, y no las
relaciones jurídicas que el accionante y otros tienen con la Agencia
Nacional de Minería con ocasión de las solicitudes de contratos de
concesión minera.
46. De manera que, para la protección de los derechos colectivos no es
menester la participación del señor Restrepo Niño, quien presentó una
solicitud de contrato de concesión21, ni de otros solicitantes al interior de
alguna de las partes que integran la acción popular referida, pues, ni por
disposición legal22 ni por las relaciones jurídicas aludidas se configura el
litisconsorcio necesario invocado y, en esa medida, no se puede pretender
que, a través de la acción de tutela, se deje sin efectos la Sentencia de 4
de agosto de 2022 por un fenómeno que, como se explicó, es inexistente.
2.7. Conclusión
47. Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que no se
configuró el defecto procedimental alegado y, en esa medida, negará el
amparo solicitado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
ANLA, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior.
traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia
dispuestos para el demandado. (...)”.
21 Bajo el radicado No. LC9-14051. Ver certificación de 29 de noviembre de 2022, expedida por el grupo de
información atención al minero de la Agencia Nacional de Minería.
22 Dado que no existe norma jurídica alguna que obligue al juez que conoce de una acción popular, en la que
se pretende que se constate si, por una decisión administrativa - habilitación de la ventanilla para la recepción
de solicitudes de titulación minera en el país-, se vulneraron derechos colectivos, a que vincule como
litisconsortes necesarios a todas las personas que se beneficien o no de este. En el mismo sentido, ver Auto de 7
de octubre de 2020, Rad. 25000-23-27-000-2010-02540-01(AP)D.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00354-00
Demandante: Nelson Restrepo Patiño
Demandados: Consejo de Estado - Sección Primera y otro
Referencia: Acción de tutela
Decisión: Niega amparo
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SEGUNDO: VINCULAR a la Procuraduría delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios como coadyuvante de la autoridad judicial
demandada
TERCERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Nelson Restrepo
Patiño, por las razones expuestas.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello23.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Impedido
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
23 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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