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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05177-01

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05177-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05177-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

26 de enero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05177-01
Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE (E): MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05177-01
Demandante: MISTELVA ROSA GARCÉS ÁLVAREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que modificó el régimen pensional aplicable
y retiró factores salariales para la liquidación pensional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Mistelva Rosa Garcés Álvarez contra la
sentencia del 10 de noviembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
que declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela, mediante apoderado judicial, la señora Mistelva Rosa
Garcés Álvarez, pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia e igualdad, que estimó vulnerados por la sentencia
del 17 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En
concreto, formuló las siguientes pretensiones:

1.- Solicito del señor Magistrado se conceda la presente acción constitucional por vía de hecho por los
defectos material sustantivo, fáctico y violación directa a la Constitución.

2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA en particular la sala presidida (sic) por la Doctora ANA MARGOTH CHAVARRO
BENAVIDES, decretar la nulidad de la providencia judicial proferida y en su lugar se ordene la
protección de los derechos demandados, debiendo proferir nueva sentencia en la que se mantengan
las condiciones de la pensión de sobrevivientes reconocida mediante resolución RDP 006143 del 16
de 2015 mediante la cual se reliquido (sic) la pensión.

3.- Solicito del Honorable Magistrado, que, como medida cautelar, se ordene a la UGPP abstenerse de
dar cumplimiento a la sentencia proferida TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
dentro del radicado 76001-3333-012-2018-00054-01. Hasta tanto no se resuelva la presente acción de
tutela.

4. Solicito del Honorable Magistrado, se ordene la correspondiente notificación a la accionada, para
que haga valer sus derechos y se pronuncie sobre los hechos de la presente acción.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Mediante Resolución No. 004922 del 31 de mayo de 2010, la entonces Caja Nacional
de Previsión Social –Cajanal EICE– (hoy UGPP) reconoció pensión de vejez a favor del
señor Horacio Elías Madachi de Ávila, en cuantía de $1.107.805 y con efectividad a partir

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05177-01
Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez

del 1° de julio de 2009. El reconocimiento se hizo conforme con los requisitos previstos en
la Ley 32 de 19861, pero para el IBL aplicó las reglas de la Ley 100 de 1993, esto es, el 75
% de lo devengado sobre el salario promedio de los últimos 10 años de servicios.

2.2. El señor Horacio Elías Madachi de Ávila disfrutó de la pensión hasta el 5 de junio de
2012, fecha en que falleció.

2.3. El 21 de mayo de 2014, la señora Mistelva Rosa Garcés Álvarez solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, en su calidad de cónyuge supérstite del
causante, habida cuenta que el 16 de diciembre de 1976 había contraido matrimonio con
el señor Madachi de Ávila.

2.4. Por Resolución No. RDP 021947 del 16 de julio de 2014, la UGPP accedió a lo
solicitado por la señora Mistelva Rosa Garcés Álvarez.

2.5. El 16 de diciembre de 2014, la señora Garcés Álvarez solicitó a la UGPP la
reliquidación de la pensión sustituida con inclusión de la totalidad de los factores salariales
devengados por el causante durante el último año de servicios.

2.6. Por Resolución No. RDP 06143 del 16 de febrero de 2015, la UGPP ordenó la
reliquidación de la pensión causada por el señor Horacio Elías Madachi de Ávila con el 75%
de los salarios sobre los cuales cotizó durante el último año de servicios.

2.7. La señora Garcés Álvarez interpuso recurso de apelación, pero la UGPP, mediante
Resolución No. RDP 021251 del 27 de mayo de 2015, confirmó la decisión.

2.8. La señora Mistelva Rosa Garcés Álvarez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el objeto de obtener la nulidad de las
Resoluciones Nos. 004922 del 31 de mayo de 2010, 021947 del 16 de julio de 2014 y
021251 del 27 de mayo de 2015. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se
ordenara el reajuste de la pensión de jubilación, en un equivalente al 75 % de la totalidad
de factores salariales que devengó el señor Madachi de Ávila en el año inmediatamente
anterior a la fecha de retiro del servicio, es decir, además de los ya reconocidos, los factores
de prima de riesgo, unidad familiar y bonificación por recreación.

2.9. La demanda correspondió al Juzgado 12 Administrativo de Oralidad de Cali, que, por
sentencia del 10 de junio de 2019, denegó las pretensiones. La autoridad judicial estimó
que si bien el cuerpo de custodia y vigilancia penitencial nacional vinculados con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2002, gozan del régimen especial
previsto en la Ley 32 de 1986, lo cierto es que la base de liquidación pensional debía
determinarse teniendo en cuenta los factores salariales sobre los cuales se hubieran
realizado cotizaciones al sistema pensional, es decir, los contemplados en el Decreto 1045
de 1978, tal como fue realizado por la UGPP, por lo que consideró que no había lugar a la
inclusión de los factores reclamados por la demandante.

2.10. Inconforme con la anterior decisión, la demandante apeló y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por sentencia del 17 de agosto de 2022, la revocó y, en su lugar, anuló
las Resoluciones No. 004922 del 31 de mayo de 2010 y 006143 del 16 de febrero de 2015
y ordenó a la UGPP que reconociera la pensión de sobreviviente con fundamento en el
régimen general de prima media con prestación definida de que trata el Decreto Ley 2090
de 2003, tomando como IBL el promedio de lo devengado en los últimos diez años y los
factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.

1 Régimen especial de guardianes del INPEC

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05177-01
Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez

2.10.1. La decisión de anular los actos demandados no obedeció a que la UGPP hubiese
denegado la reliquidación pensional que pretendía la demandante, sino porque, a juicio del
tribunal, esos actos reconocieron una pensión con un régimen pensional que no era
aplicable. En efecto, el tribunal encontró que el señor Horacio Elías Madachi de Ávila no era
destinatario de la Ley 32 de 1986 y que, por lo tanto, debía aplicarse lo dispuesto en el
Decreto Ley 2090 de 2003, el IBL de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de
1994.

2.10.2. El tribunal también precisó que estaba obligado a declarar la nulidad de los actos
administrativos sometidos al control jurisdiccional, por infracción del ordenamiento jurídico
en que debían fundarse, porque prima la protección del patrimonio público y la sostenibilidad
financiera del sistema pensional sobre el principio de la no reformatio in pejus.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto
al fondo del asunto, sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en los siguientes vicios
de fondo:

3.1.1.Desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencias (i) del 28 de febrero de 20202, que reconoció que según lo previsto
en el artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 cuando se acreditan 500 semanas de cotización
en actividades de alto riesgo a la entrada en vigencia de esa norma, lo procedente es aplicar
el régimen anterior, y (ii) del 25 de abril de 20193, que señaló que en el caso de los
miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria se les aplicaría la Ley 32 de
1985, incluyendo los factores del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Que el tribunal
demandado ni siquiera explicó las razones por las cuáles se apartó del precedente y, por
lo tanto, se configuró el defecto endilgado.

3.1.2. Que, por otra parte, la sentencia cuestionada desconoció el principio de la «no
reformatio in pejus», porque hizo más gravosa su situación de apelante único al modificar
las condiciones en que había sido reconocido el derecho pensional, situación que, a su
juicio, disminuyó la cuantía de la pensión. Que, además, la autoridad judicial demandada
dictó sentencia por fuera de sus competencias, habida cuenta de que lo pretendido en el
proceso de nulidad y restablecimiento era la reliquidación de la pensión con la inclusión de
nuevos factores salariales y no se discutía el régimen aplicable.

4. Intervenciones

4.1. La magistrada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ponente de la
providencia acusada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, porque la
demandante pretendía abrir un debate que ya fue resuelto en el proceso ordinario.

4.1.1. Señaló que cuando la demandante sometió los actos demandados a control de
legalidad, habilitó a ese tribunal a dictar la decisión que se controvierte. Que, en todo caso,
era perentorio adoptar una medida de protección del patrimonio público y la sostenibilidad
financiera del sistema. Que, por lo tanto, revocó los actos administrativos demandados y
dispuso la liquidación de la pensión conforme a la ley, esto es, el Decreto Ley 2090 de 2003,
el IBL de la ley 100 de 1993 y solamente los factores del Decreto 1158 de 1994.

4.2. La directora Jurídica de la UGPP solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela, porque la actora pretende reabrir una discusión que ya fue resuelta por el juez natural,

2 Expediente 4048- 2017 C.P. Willam Hernández Gómez
3 Expediente 3482-16 C.P. Sandra Liset Ibarra Vélez

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Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez

sumado a que no es el mecanismo idóneo para el reconocimiento de prestaciones
económicas.

4.2.1. De manera subsidiaria pidió que se denegara el amparo dado que la decisión
adoptada por el tribunal demandado no incurrió en los defectos alegados ni vulneró los
derechos fundamentales de la actora.

4.3. El Juzgado 12 Administrativo de Cali se limitó a remitir el expediente digital del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero nada dijo sobre el fondo del asunto.

5. Sentencia impugnada

5.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 10 de noviembre de
2022, declaró improcedente la acción de tutela presentada por Mistelva Rosa Garcés
Álvarez.

5.2. En concreto, el a quo señaló́ que la discusión planteada por la demandante no proponía
un debate en torno a la validez de la decisión cuestionada y se limitaba a discutir la
interpretación y aplicación de los decretos enunciados en el escrito de tutela, que, por lo
tanto, carecía de relevancia constitucional. Además, consideró que la discusión giraba en
torno a prestaciones económicas y que no se evidenciaba afectación al mínimo vital de la
demandante.

6. Impugnación

6.1. Inconforme con la decisión, la actora impugnó. En concreto, explicó que el a quo
desconoció que la sentencia atacada se pronunció sobre asuntos que no hacían parte del
recurso de apelación y, por lo tanto, infringió el artículo 328 del C.G.P. y menoscabó sus
derechos en calidad de apelante único.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20124, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, se precisó que la acción de
tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el
Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese
mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios
ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede
conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes
defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto
sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v)
error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución.

4 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
5 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido
aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en
una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias
de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión
propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de
Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre
en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito
adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional»6.

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. De manera preliminar, la Sala pone de presente que en el escrito de tutela la
demandante propuso dos argumentos: (i) el desconocimiento del precedente fijado en
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el régimen pensional
aplicable en el caso de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y (ii)
el desconocimiento del principio de la “non reformatio in pejus”, así como la falta de
competencia para pronunciarse sobre el régimen pensional aplicable.

2.1.1. Sin embargo, el a quo solo se pronunció sobre el primer cargo y nada dijo sobre el
segundo. Justamente por eso, en la impugnación, la actora insistió en que la decisión objeto
de tutela desconoció la condición de apelante único y se dictó sin comptencia.

2.2. Siendo así, en los términos de la impugnación, corresponde a la Sala verificar, en primer
término, si la acción de tutela cumple los requisitos generales para la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, específicamente, el requisito de
subsidiariedad. De encontrarse acreditado, la Sala continuará con el análisis de fondo
propuesto por Mistelva Rosa Garcés Álvarez.

Sobre la subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Análisis del caso concreto

2.3. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

2.3.1. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de
otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la
acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección
que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos
fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó7:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad
del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia
entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para

6 SU-573 de 2017.
7 Sentencia C-543 de 1992.

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Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez

alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado
a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer
el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales […].

2.3.2. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la
interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las
decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

2.4. En el caso concreto, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al anular las Resoluciones No. 004922 de 2010 y 006143 de 2015 y ordenar el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente con fundamento en el régimen general de
prima media con prestación definida de que trata el Decreto Ley 2090 de 2003, desconoció
el principio de la «no reformatio in pejus», pues al ser apelante única no podía tomarse una
decisión que hiciera más gravosa su situación. Que, además, el tribunal desatendió el
principio de congruencia, en la medida en que decidió sobre el régimen pensional aplicable,
asunto que no fue objeto de controversia.

2.4.1. Sería del caso resolver los argumentos propuestos por la actora. Sin embargo, la
Sala advierte que la demandante cuenta con otro medio de defensa para la protección de
los derechos invocados8, como lo es el recurso extraordinario de revisión previsto en el
artículo 248 de la Ley 1437 de 20119, específicamente bajo la causal de «nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

2.4.2. Como se sabe, el recurso extraordinario de revisión10 es un medio de impugnación
excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento del principio de
cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento jurídico
que suelen resultar desconocidos por hechos externos al proceso judicial11.

2.4.3. El recurso extraordinario de revisión no está previsto para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativa del
juez, sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que afectan el principio de justicia. De hecho, la mayoría de las causales del recurso
extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 12 tienen que

8 En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias dictadas por esta Sección del 27 de octubre y 24 de noviembre

de 2022, en los proceso 11001-03-15-000-2022-04140-01 y 11001-03-15-000-2022-04020-01.
9
Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por
las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de 2004. M.P. María Inés

Ortiz Barbosa, expediente de N° 1999-0194.
11 En cuanto a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, ver, entre otras, providencia del 30 de

noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente N° 1999-0207, M.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
12 Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada.
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Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez

ver justamente con vicios de naturaleza procesal, y no sustancial, como ocurre, por ejemplo,
con la causal de revisión denominada «nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede el recurso de apelación».

2.4.4. En efecto, cuando en la sentencia se provee sobre aspectos que el juez carece de
competencia, que es lo que alega la parte actora cuando señala que el tribunal demandado
se pronunció sobre el régimen pensional aplicable, asunto que no era objeto de debate, la
Sala Plena de esta Corporación13 ha aceptado que puede invocarse la causal de revisión
de nulidad originada en la sentencia, pues se trataría de una irregularidad procesal que
surge, justamente, con la expedición de la sentencia y que, como no es pasible del recurso
de apelación, puede cuestionarse mediante el recurso extraordinario de revisión. Esta
causal está prevista para proteger el debido proceso que fue desconocido al momento en
que se dictó la sentencia, que es el momento en que se advierte la violación.

2.4.5. Lo mismo ocurre con la violación al principio non reformatio in pejus, habida cuenta
de que este argumento también encaja en la causal de nulidad originada en la sentencia.
De hecho, la Sala de Decisión 814, al resolver un recurso extraordinario de revisión en el
que se invocó la causal de nulidad originada en la sentencia, expuso:

[…] para que esta causal de revisión prospere, entre otras, debe tratarse de situaciones originadas bien
en la misma sentencia recurrida o bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y que
deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de
causales que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y no
con posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades procesales generadas en
la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser
desoídas dan lugar a que se configure aquella; que se presenta en los casos en los que se dicta la
sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente
suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece
firmada con menor o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos no previsto
en la ley o expedida completamente sin motivación, con violación al principio de la non reformatio in
pejus.

2.4.6. En esas condiciones, se insiste, si la parte actora estima que la sentencia
cuestionada es nula por haberse dictado sin competencia y con violación del principio de la
non reformatio in pejus, puede ejercer el recurso extraordinario de revisión15, con
fundamento en la causal denominada «nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede el recurso de apelación», prevista en el artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011.

2.4.7. Las anteriores razones son suficientes para concluir que sí era procedente declarar
la improcedencia de la tutela de la referencia, pero por no estar cumplido el requisito de
subsidiariedad. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia impugnada, por las
razones aquí expuestas en precedencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

13 En recientes pronunciamientos la Sala ha sostenido que en los eventos en los que se invoca la violación del aludido

principio se debe acudir al recurso extraordinario de revisión, porque es el mecanismo idóneo para discutir dicha
controversia. Ver, entre otras, sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente No. REV-93. M.P. Mario Alario Méndez. En
sentido similar, ver, entre otras, las siguientes providencias: (i) sentencia del 20 de abril de 2004. Expediente No. 11001-
03-15-000- 1996-0132-01 (REV). M.P. María Inés Ortiz Barbosa; (ii) sentencia del 9 de marzo de 2010. Expediente No.
11001- 03-15-000-2002-1024-01. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, y (iii) sentencia del 31 de mayo de 2011.
Expediente No. 11001-03-15-000-2008-00294-00. M.P. Mauricio Torres Cuervo.
14 Sentencia del 6 de marzo de 2018. Expediente 11001-03-15-000-2009-01300-00(REV). MP. César Palomino Cortés.
15 Sentencia del 7 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04135-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez

Argüello. Sentencia del 15 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04008-00, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto
7

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05177-01
Demandante: Mistelva Rosa Garcés Álvarez

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA

8

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