Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04020-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04020-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04020-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
24 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04020-01
Demandante: Blanca Inés Flórez Pineda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE (E): MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04020-01
Demandante: BLANCA INES FLÓREZ PINEDA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Contra providencia judicial que denegó solicitud de desistimiento del
recurso de apelación presentado contra sentencia de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 2
de septiembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, que declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 22 de julio de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, Blanca Inés Flórez Pineda pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, que estimó vulnerados por la providencia del 21 de octubre de 2021, dictada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, la parte actora
propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:
5.1. Se Tutelen los derechos fundamentales invocados por la accionante y consecuentemente se
disponga:
Anular dentro del proceso distinguido con el número de radicación Nº
76001333301920190006700, todas las actuaciones que se han surtido con posterioridad al día
15 de julio de 2021, fecha en que la Accionante radicó ante la Accionada, el memorial de
desistimiento del recurso de apelación; procediendo especialmente a Revocar y dejar sin efectos
la Sentencia No. 73 proferida el día 16 de junio de 2022 por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca.
Como consecuencia de lo anterior, declarar en firme la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado Diecinueve Administrativo de Cali de fecha 12 de marzo de 2020.
Ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen a fin de que se surtan los tramites de
ejecutoría y archivo.
5.2. Advertir a la Corporación Judicial infractora para que se dé estricta aplicación al Código de
Procedimiento Administrativo, a fin de que no se reitere esta situación.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El 10 de agosto de 2018, la señora Blanca Inés Flórez Pineda solicitó al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al municipio de Cali y a la
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Demandante: Blanca Inés Flórez Pineda
Fiduprevisora S.A. la devolución de las sumas pagadas en exceso por concepto de
aportes al sistema de seguridad social en salud, por cuanto se efectuaron sobre el 12
% de las mesadas pensionales, cuando debieron ser sobre el 5 %, según el artículo 8
de la Ley 91 de 1989. Además, de manera subsidiaria, solicitó el reintegro de los
descuentos de salud realizados sobre las mesadas adicionales de junio y diciembre.
2.2. Por oficio del 23 de agosto de 2018, el municipio de Cali denegó la solicitud de
la actora.
2.3. Mediante oficio del 24 de septiembre de 2018, la Fiduprevisora también denegó
la solicitud de la demandante.
2.4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no respondió la
solicitud de la demandante.
2.5. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Flórez Pineda pidió la nulidad de los actos que denegaron la devolución de los aportes
a seguridad social en salud.
2.6. La demanda correspondió al Juzgado 19 Administrativo de Cali, que, por
sentencia del 12 de marzo de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones, pues
declaró la nulidad de los actos acusados, pero solo en cuanto denegaron el reintegro
de lo descontado por concepto de salud en las mesadas adicionales de junio y
diciembre. Además, el juzgado declaró prescritas las sumas causadas con anterioridad
al 1° de marzo de 2016.
2.7. La señora Flórez Pineda presentó recurso de apelación para que se reconociera
la devolución de los descuentos que superaron el 5 % de la mesada pensional y adujo
que la prescripción debe declararse solo respecto de las sumas anteriores al 10 de
agosto de 2015.
2.8. El 15 de julio de 2021, la demandante desistió del recurso de apelación, en
calidad de apelante única, «por cuanto los recientes pronunciamientos
jurisprudenciales han permitido que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle
adoptara una postura sobre el objeto del litigio, y de continuar con esta instancia judicial
mi representada será sancionada con el pago de costas procesales y agencias en
derecho».
2.9. Por auto del 21 de octubre de 2021, el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dispuso: (i) no aceptar el desistimiento del recurso
de apelación, porque la sentencia de primera instancia es contraria al nuevo lineamiento
unificado del Consejo de Estado y porque debían salvaguardarse los recursos públicos;
(ii) admitir el recurso de apelación, y (iii) correr traslado a las partes para alegar de
conclusión.
2.10. El 24 de noviembre de 2021, la señora Blanca Inés Flórez Pineda presentó
incidente de nulidad, con fundamento en la causal primera del artículo 133 del CGP,
esto es, «cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción
o de competencia».
2.11. Por sentencia del 16 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca (i) rechazó de plano el incidente de nulidad interpuesto y (ii) modificó la sentencia
de primera instancia, en el sentido de negar todas las pretensiones de la demanda.
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3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en violación directa de la Constitución y, por tanto, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.
3.2. Explicó que en el tribunal demandado existen dos posiciones frente al
desistimiento del recurso de apelación, por un lado, se acepta el desistimiento, con lo
cual queda en firme la sentencia de primera instancia, mientras que, por otro lado, lo
deniega y ordena continuar con el trámite de la segunda instancia. Que dicha situación
genera un trato discriminatorio que desconoce el derecho a la igualdad y la normativa
vigente frente al desistimiento de los actos procesales. Para el efecto, aportó dos autos
proferidos por otras salas del mismo tribunal, en los que se aceptó el desistimiento del
recurso de apelación en causas análogas.
3.3. De igual manera, indicó que el desistimiento de un recurso es un acto libre y
voluntario en cabeza de los sujetos procesales, que debe ser aceptado por el juez de
la causa, es decir, que, a su juicio, la potestad no está sujeta al criterio del juez ni debe
ser objeto de traslado a la contraparte, como sucedió en el caso bajo estudio, ya que
solo interesa a la parte que la ejerce. Adujo que el desistimiento fue presentado de
forma oportuna, pues no se había proferido sentencia que pusiera fin al proceso, lo que
constituye el único requisito para la aceptación, por lo que cualquier consideración
adicional constituye una extralimitación por parte del juez.
3.4. Sostuvo que el efecto del desistimiento del recurso es la firmeza y hace tránsito
a cosa juzgada de la providencia recurrida, con lo cual el juez de segunda instancia
pierde competencia para conocer del recurso de apelación. Que la decisión adoptada
es una violación al debido proceso y «así mismo la violación de principios legales y
constitucionales como lo es la aplicación del precedente Jurisprudencial de alta Corte
y el principio legal de la no Reformatio in Pejus y dado a que se trata de una acción
contenciosa de carácter laboral, se omitió la aplicación de la normatividad más
favorable».
4. Intervenciones
4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que la decisión de
denegar el desistimiento tiene sustento en la posición unificada por el Consejo de
Estado respecto de los descuentos por salud a mesadas pensionales de docentes. Que
aceptar el desistimiento implicaría un daño al patrimonio público.
4.1.1. Agregó que el apoderado de la parte actora conoce de la posición unificada del
Consejo de Estado, pero insiste en incidentes de nulidad para desconocerla. Que esa
situación solo genera congestión judicial.
4.2. El municipio de Cali adujo que la providencia cuestionada está justificada por
el interés por garantizar la aplicación uniforme del precedente fijado por el Consejo de
Estado. Que, en todo caso, carece de legitimación en la causa por pasiva, habida
cuenta de que la parte actora solo cuestiona actuaciones del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
4.3. La Fiduprevisora S.A. alegó que la tutela es improcedente, toda vez que la
providencia cuestionada está debidamente justificada y no se evidencia la existencia
de un error que derive en la vulneración de derechos fundamentales.
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5. Sentencia impugnada
5.1. Por sentencia del 2 de septiembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, declaró improcedente la tutela, pues «no le corresponde al juez
del amparo revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez natural del
asunto a los preceptos aplicados al resolver la controversia. Este recurso judicial
tampoco constituye una instancia adicional al proceso ordinario, ni es un escenario para
refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte
desfavorecida por una decisión proponga “una mejor solución” al caso. Como no se
advierte que las decisiones cuestionadas sean caprichosas o arbitrarias y los
argumentos expuestos por la solicitante están encaminados a volver sobre la
controversia decidida por los jueces naturales, la tutela es improcedente».
6. Impugnación
6.1. La parte actora impugnó la sentencia del 2 de septiembre de 2022, por cuanto
no pretende una instancia adicional, sino el reconocimiento del efecto que tiene la
manifestación de desistimiento del recurso de apelación. Que la sentencia cuestionada
es ilegal, toda vez que fue dictada a sabiendas de la pérdida de competencia derivada
del desistimiento del recurso de apelación.
6.2. Pidió que fuera tenido en cuenta la sentencia de tutela del 25 de agosto de 2022,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, en un caso
idéntico, advirtió la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por no
haberse aceptado el desistimiento del recurso de apelación.
6.3. Dijo que lo procedente es dejar sin efecto la providencia cuestionada y ordenar
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que acepte el desistimiento del recurso
de apelación.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20121, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20142, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el
Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de
órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha
establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de
tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»3.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. De manera preliminar, la Sala advierte que si bien la demandante cuestiona
todas las actuaciones desde el auto del 21 de octubre de 2021, lo cierto es que la
decisión que define el asunto es la sentencia de segunda instancia, habida cuenta de
que, por un lado, resolvió el incidente de nulidad propuesto por la señora Flórez Pineda
contra el auto del 21 de octubre de 2021 y, de otro, revocó la sentencia de primera
instancia para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, los
cargos de la demanda de tutela y de la impugnación se estudiarán únicamente respecto
de la sentencia del 16 de junio de 2022.
2.2. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala decidir si el a quo acertó al declarar
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Blanca Inés Flórez Pineda.
2.3. La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, pero no porque la acción
de tutela no cumpla el requisito de relevancia constitucional, que se advierte cumplido,
en la medida en que no se evidencia que la tutela sea utilizada como una instancia
adicional del proceso ordinario, sino porque, en realidad, no se cumple el requisito de
subsidiariedad, como pasa a explicarse.
2.4. Ahora bien, la subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que
tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que
la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
2.4.1. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección
idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional
manifestó4:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser
invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger
con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se
da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el
3 SU-573 de 2017.
4 Sentencia C-543 de 1992.
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último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a
las personas una plena protección de sus derechos esenciales […].
2.4.2. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
2.4.3. En el caso concreto, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en violación directa de la Constitución, porque, sin competencia,
dictó sentencia de segunda instancia y, además, desconoció el principio de la «no
reformatio in pejus».
2.4.4. Siendo así, la Sala advierte que la parte actora cuenta con otro medio de defensa
para la protección de los derechos invocados5, como lo es el recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 6, específicamente bajo la
causal de «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
2.4.5. Como se sabe, el recurso extraordinario de revisión7 es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento
del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como del
ordenamiento jurídico que suelen resultar desconocidos por hechos externos al proceso
judicial8.
2.4.6. El recurso extraordinario de revisión no está previsto para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativa
del juez, sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor
funcional del juez, que afectan el principio de justicia. De hecho, la mayoría de las
causales del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 de la Ley
1437 de 20119 tienen que ver justamente con vicios de naturaleza procesal, y no
sustancial, como ocurre, por ejemplo, con la causal de revisión denominada «nulidad
5 En el mismo sentido, puede consultarse la sentencia del 27 de octubre de 2022, dictada por esta Sección, en el
proceso 11001-03-15-000-2022-04140-01.
6 Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por
los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de 2004. M.P. María
Inés Ortiz Barbosa, expediente de N° 1999-0194.
8 En cuanto a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, ver, entre otras, providencia del 30 de
noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente N° 1999-0207,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
9 Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en
su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.
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originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso
de apelación».
2.4.7. En efecto, cuando en la sentencia se provee sobre aspectos que el juez carece
de competencia (que es lo que alega la parte actora), la Sala Plena de esta
Corporación10 ha aceptado que puede invocarse la causal de revisión de nulidad
originada en la sentencia, pues se trataría de una irregularidad procesal que surge,
justamente, con la expedición de la sentencia y que, como no es pasible del recurso de
apelación, puede cuestionarse mediante el recurso extraordinario de revisión. Esta
causal está prevista para proteger el debido proceso que fue desconocido al momento
en que se dictó la sentencia, que es el momento en que se advierte la violación.
2.4.8. Lo mismo ocurre con la violación al principio non reformatio in pejus, habida
cuenta de que este argumento también encaja en la causal de nulidad originada en la
sentencia. De hecho, la Sala de Decisión 811, al resolver un recurso extraordinario de
revisión en el que se invocó la causal de nulidad originada en la sentencia, expuso:
[…] para que esta causal de revisión prospere, entre otras, debe tratarse de situaciones originadas
bien en la misma sentencia recurrida o bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella
y que deben tener una influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate
de causales que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso
y no con posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades procesales
generadas en la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al cumplimiento de precisas
ritualidades que de ser desoídas dan lugar a que se configure aquella; que se presenta en los
casos en los que se dicta la sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción,
perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para
reanudarlo y cuando la sentencia aparece firmada con menor o mayor número de Magistrados o
adoptada con un número de votos no previsto en la ley o expedida completamente sin motivación,
con violación al principio de la non reformatio in pejus.
2.4.9. Este criterio ha sido adoptado en diferentes decisiones por esta Corporación. Por
ejemplo, la Sección Quinta en sentencia de 31 de mayo de 2018 12, señaló que los
argumentos relacionados con el desconocimiento de la non reformatio in pejus son
improcedentes a través de la acción de tutela, pues pueden ser alegados a través del
recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia.
Por su parte, esta Sección13 en recientes pronunciamientos ha sostenido que en los
eventos en los que se invoca la violación del aludido principio se debe acudir al recurso
extraordinario de revisión, porque es el mecanismo idóneo para discutir dicha
controversia.
2.4.10. En esas condiciones, se insiste, si la parte actora estima que la sentencia
cuestionada es nula por haberse dictado sin competencia y con violación del principio
de la non reformatio in pejus, puede ejercer el recurso extraordinario de revisión, con
fundamento en la causal denominada «nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación», prevista en el artículo
250 de la Ley 1437 de 2011.
10 Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente No. REV-93. M.P. Mario Alario Méndez. En sentido similar, ver,
entre otras, las siguientes providencias: (i) sentencia del 20 de abril de 2004. Expediente No. 11001-03-15-000-
1996-0132-01 (REV). M.P. María Inés Ortiz Barbosa; (ii) sentencia del 9 de marzo de 2010. Expediente No. 11001-
03-15-000-2002-1024-01. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, y (iii) sentencia del 31 de mayo de 2011.
Expediente No. 11001-03-15-000-2008-00294-00. M.P. Mauricio Torres Cuervo.
11 Sentencia del 6 de marzo de 2018. Expediente 11001-03-15-000-2009-01300-00(REV). MP. César Palomino
Cortés.
12 Consejo de Estado, sentencia del 31 de mayo de 2018. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-
03-15- 000-2018-01214-00.
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Sentencia del 7 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04135-00, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello. Sentencia del 15 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04008-00, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04020-01
Demandante: Blanca Inés Flórez Pineda
2.4.11. Por último, la Sala advierte que la sentencia de tutela invocada en el escrito de
impugnación no constituye precedente, toda vez que fue revocada mediante sentencia
del 27 de octubre de 202214, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Es
decir, el precedente invocado por la parte actora no existe.
2.4.12. Las anteriores razones son suficientes para concluir que sí era procedente
declarar la improcedencia de la tutela de la referencia, pero por no estar cumplido el
requisito de subsidiariedad. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia
impugnada, pero por las razones expuestas en precedencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la presente
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
14 Expediente 11001-03-15-000-2022-04140-01
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