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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06303-00

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06303-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Hernández González, respecto de la violación del principio de congruencia y el defecto sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela frente al defecto procedimental absoluto, por lo aquí expuesto. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001-03-15-000-2022-06303-00 Demandante: Juan Hernández González 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06303-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

2 de febrero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06303-00
Demandante: Juan Hernández González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06303-00
Demandante: JUAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y
OTROS

Temas: Contra providencia judicial en medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Juan Hernández González
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

ANTECEDENTES
1. Pretensiones

1.1. El 25 de noviembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Juan
Hernández González pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, al trabajo y el mínimo vital, que estimó vulnerados por las
sentencia del 7 de febrero de 2018 y del 13 de noviembre de 2020 dictadas,
respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, así como por
el auto del 7 de febrero de 2022, dictado también por la última Corporación, que denegó
la solicitud de aclaración frente a la sentencia de segunda instancia. En concreto,
formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, salud, debido proceso,
y demás que se evidencien vulnerados, estipulados en la Constitución Política de Colombia respecto
a las consideraciones expuestas anteriormente.

2. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección C con expediente 25000-23-42-000-2015-
04654-01 (2480-2018) dejar sin efectos las sentencias del 13 de noviembre de 2020 y 7 de febrero
de 2018, respectivamente, y, en su lugar, emitir Providencia de reemplazo en la que se nieguen las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad,
promovida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en mi contra, por
considerar que el reconocimiento de la pensión jubilación a que tengo derecho se encuentra acorde
al ordenamiento jurídico.

3. ORDENAR la suspensión provisional de la Sentencia de fecha 13 de noviembre de 2020, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-04654-01 (2480-2018).

4. De manera subsidiaria, ORDENAR a Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,
reconozca, liquide y pague en mi favor una pensión de jubilación, en los términos descritos en esta
providencia y, continúe con el pago de aportes a salud correspondiente, hasta tanto se defina mi
situación pensional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06303-00
Demandante: Juan Hernández González

2. Hechos

Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El señor Juan Hernández González nació el 29 de enero de 1943 y prestó
servicios en diferentes entidades públicas por 17 años, 8 meses y 13 días. La última
entidad fue el Congreso de la República, en calidad de representante a la cámara.

2.2. El Fondo de Previsión del Congreso de la República (en adelante FONPRECON),
mediante Resolución No. 0397 del 22 de junio de 1993, reconoció y ordenó el pago de
la pensión de jubilación a favor del señor Hernández González, al aceptar una
equivalencia en tiempo de cuatro años de servicio por la publicación del libro “El hombre
y el Medio Ambiente” y el periódico “Periódico didáctico educativo”.

2.3. Mediante la Resolución No. 1223 del 16 de diciembre de 1993, FONPRECON
revocó la Resolución No. 0397 del 22 de junio de 1992 y, en su lugar, reconoció y ordenó
el pago de pensión de jubilación a favor del señor Hernández González conforme con la
Ley 4 de 1992, de modo que para la liquidación de la pensión tomó como base el 75 %
del último ingreso mensual promedio e incluyó como factores, además del salario base,
los gastos de representación, la prima de localización y vivienda y la prima de salud.

2.4. Mediante la Resolución No. 0821 del 8 de julio de 1996, FONPRECON reliquidó
la pensión del señor Juan Hernández González e incluyó, además de los factores ya
reconocidos, la prima de navidad y prima de transporte.

2.5. Mediante la Resolución No. 0758 del 29 de septiembre de 1997, FONPRECON
reconoció intereses de mora por valor de $26.008.682,38 y una diferencia de reajustes
por valor de $302.481,92.

2.6. Con ocasión de la sentencia C-258 de 2013, FONPRECON interpuso acción de
nulidad y restablecimiento del derecho (en modalidad de lesividad) contra el señor Juan
Hernández González y pidió la nulidad de las Resoluciones No. 1223 del 16 de diciembre
de 1993, 0821 del 8 de julio de 1996 y 0758 del 29 de septiembre de 1997.

2.6.1. A título de restablecimiento del derecho, FONPRECON pidió que se declarara que
el libro “El hombre y el medio ambiente” de autoría del señor Hernández González no
cumplía con los requisitos previstos en la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974 para
ser homologado por tiempo de servicio, por cuanto fue adoptado y registrado con
posterioridad al retiro definitivo del servicio del señor Juan Hernández Gómez. De modo
que el demandado no cumplía con 20 años de servicio que permitieran el reconocimiento
pensional en los términos de los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 y debía
reintegrar las sumas de dinero recibidas por concepto de pensión de jubilación e
intereses.

2.7. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que, por sentencia del 7 de febrero de 2018, declaró la nulidad
de los actos demandados, pero no ordenó el reintegro de las sumas percibidas por el
demandado con ocasión al reconocimiento pensional. En concreto, la autoridad judicial
estimó que no estaba acreditado que los textos hubieran sido producidos en ejercicio de
la profesión docente, porque el señor Hernández González ejerció la docencia hasta el
año 1974 y los textos “Periódico didáctico educativo” y “El hombre y el medio ambiente”
fueron avalados en 1992 y 1993, respectivamente. Que, por lo tanto, conforme con la

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Demandante: Juan Hernández González

jurisprudencia del Consejo de Estado1, no podían ser convalidados como tiempo de
servicio.

2.8. Inconforme con la decisión, la parte demandada apeló y previo a que fuera
desatado el recurso, presentó solicitud de nulidad porque no se celebró la audiencia de
conciliación de que trata el artículo 192 del CPACA, a pesar de que la sentencia de
primera instancia fue condenatoria.

2.9. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante providencia del
13 de noviembre de 2020, resolvió tanto la solicitud de nulidad como el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.

2.9.1. Respecto de la nulidad, precisó que si bien se trataba de una sentencia
condenatoria, lo cierto era que no había derechos de naturaleza económica sobre los
cuales conciliar y, por lo tanto, no se había configurado ninguna nulidad.

2.9.2. Por otra parte, confirmó la decisión de primera instancia, porque para el 1º de abril
de 1994 (fecha en que entró en vigor la Ley 100 de 1993) el señor Juan Hernández
González no tenía la calidad de congresista, habida cuenta de que esa dignidad la
ostentó hasta el 30 de noviembre de 1991. Que, por lo tanto, estaba amparado por el
régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mas no por
el régimen especial previsto en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994.

2.9.2.1. Que, en todo caso, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 -aplicable al señor
Hernández González- no permite sustituir semanas de cotización con el cumplimiento
de otros requisitos distintos a cotizaciones o tiempo de servicio efectivamente prestado.
Que, por lo tanto, los cuatro años de trabajo que faltaban para completar los 20 años de
servicio no podían homologarse con dos obras de su autoría para efectos del
reconocimiento pensional. Que, además, el trámite y presentación de la obra literaria se
realizó con posterioridad al retiro del servicio del demandado, lo que evidencia que para
ese momento no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión.

2.10. La parte demandada solicitó aclaración de sentencia, porque no se tuvo en cuenta
que el señor Juan Hernández González había sido elegido representante a la cámara
por el periodo comprendido entre el 20 de julio de 1990 y el 19 de julio de 1994. Que el
hecho de que el presidente hubiera suspendido las funciones del congreso entre el 30
de noviembre de 1991 y el 19 de julio de 1994 no impedía contar ese tiempo de servicio.
Que del texto del parágrafo del artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, se entendía que
ese periodo debía computarse a efectos pensionales.

2.11. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante providencia del
7 de abril de 2022 (notificada el 24 de junio de 2022) denegó la solicitud de aclaración y
expuso que la sentencia del 13 de noviembre de 2020 se limitó a resolver sobre los
argumentos propuestos en el recurso de apelación y que, por lo tanto, sólo examinó la
acreditación de tiempos de servicio por la homologación del texto de enseñanza
conforme con lo previsto en la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974. Que no se
pronunció sobre el aspecto reclamado en la solicitud de aclaración, pues no estaba
dentro de su competencia como juez de segunda instancia.

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia del 6

de mayo de 2015, Exp. 0768-2014.

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Demandante: Juan Hernández González

3. Argumentos de la tutela

3.1. De manera preliminar, la parte actora explicó las razones por las que estima que la
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que las sentencias de primera y segunda
instancia dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000234200020150465400, incurrieron en los siguientes vicios de fondo:

3.2.1. En defecto procedimental, porque la autoridad judicial demandada pretermitió
una etapa procesal, al no citar a audiencia de conciliación de que trataba el inciso 4º del
artículo 192 del CPACA. Que, a pesar de que solicitó que se declarara la nulidad a partir
del auto que concedió el recurso de apelación, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en providencia del 13 de noviembre de 2020, no accedió a la solicitud.

3.2.1.1. Que la omisión en la celebración de dicha audiencia constituye la causal de
nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 133 del CGP, causal que insaneable porque
afecta el derecho al debido proceso y, por lo tanto, ha debido declararse.

3.2.2. En defecto sustantivo, por interpretación errónea de las normas que regulan el
régimen pensional y las normas de homologación de obras literarias.

3.2.2.1. En cuanto al régimen pensional, señaló que para cuando fueron expedidas las
Resoluciones 397 del 22 de junio 1993 y 1223 del 16 de diciembre del mismo año, era
aplicable el régimen de transición de los congresistas previsto en el Decreto 1293 de
1994, y no el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3.2.2.2. Frente a la homologación de textos de enseñanza expuso que las sentencias
cuestionadas incurrieron en indebida aplicación de la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753
de 1074, pues al momento de solicitar la homologación del libro “El hombre y el medio
ambiente” cumplía los requisitos previstos en esas normas. Que el hecho de que la obra
literaria se realizara con posterioridad al retiro del servicio, no implica la pérdida del
beneficio.

3.2.2.3. Agregó que con la aplicación de la sentencia C-258 de 2013 el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, afectó los principios de confianza legítima,
buena fe y seguridad jurídica y reiteró que la pensión de jubilación le había sido
reconocida precisamente porque FONPRECON encontró acreditados los requisitos para
el efecto.

3.2.2.4. Para reforzar ese argumento, citó las sentencias C-147 de 1997, C-836 de 2001,
C-131 de 2004 de la Corte Constitucional, que, según dice, señalan que en aplicación
del principio de confianza legítima el Estado no debía sorprenderlo con una actuación
posterior al reconocimiento de un derecho, cuyo único propósito era quitárselo, máxime
cuando ello ocurrió en aplicación retroactiva de la sentencia C-258 de 2013.

3.2.3. Señaló que las providencias dictadas por las autoridades judiciales demandadas
desconocieron el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del CGP. Que,
en efecto, FONPRECON presentó la demanda para que se verificara si el texto “El
hombre y el medio ambiente”, cuyo registro de autoría era posterior al retiro del servicio,
cumplía con los requisitos para ser homologado por 2 años de servicio. Que, sin
embargo, las sentencias objeto de tutela efectuaron un análisis distinto.

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3.2.3.1. Que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, para la equivalencia de un texto de enseñanza por
tiempo de servicio, la producción intelectual de la obra debe tener su génesis en el
ejercicio de la labor docente, asunto que no era el que discutió FONPRECON.

3.2.3.2. Que, por su parte, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
decidió que al demandante no se le aplicaba el régimen pensional de congresistas, sino
el de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando ese asunto no
hacía parte del debate propuesto por FONPRECON. Que, incluso, luego de cambiarle el
régimen pensional, la autoridad judicial demandada señaló que el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no admitía la homologación de tiempos
de servicios y que, aunque estudiara la homologación, el trámite y presentación de la
obra literaria se realizó con posterioridad al retiro del servicio del demandado, lo que
evidencia que para ese momento no cumplía con los requisitos para acceder a la
pensión.

3.2.3.3. Que, por lo tanto, ninguna de las instancias resolvió el verdadero debate
propuesto por FONPRECON y terminó por afectar los derechos fundamentales del actor.

3.3. Sobre el auto del 7 de febrero de 2022, que denegó la solicitud de aclaración de la
sentencia de segunda instancia, señaló que incurrió en defecto sustantivo por falta de
aplicación del parágrafo del artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, que señala que “Si las
Corporaciones Públicas no se hubieren reunido por cualquier causa, se aplicará el presente
parágrafo para los efectos de tiempo y asignación como si dichas Corporaciones hubiesen estado
reunidas”. Que la falta de aplicación de esa norma generó un error en el cómputo del tiempo
de servicios, pues se pasó por alto que, pese a la suspensión presidencial de las
funciones del Congreso de la Republica entre el 30 de noviembre de 1991 y el 19 de julio
de 1994, ese tiempo de servicio debía computarse, en los términos del parágrafo del
artículo 7 del Decreto 1359 de 1993.

3.4. Por último, alegó que las anteriores razones demostraban que las decisiones objeto
de tutela le causan un perjuicio irremediable, por cuanto es una persona de 79 años que
no cuenta con otra fuente de ingresos. Que, además, las autoridades judiciales omitieron
señalar cuál sería la autoridad competente para efectuar el reconocimiento pensional al
que tiene derecho o qué pasaría con los aportes a pensión que hoy se encuentran en
FONPRECON.

4. Trámite procesal

4.1. Mediante auto del 1º de diciembre de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la
demanda de tutela. En consecuencia, entre otras cosas, (i) ordenó notificar en calidad
de demandados a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C. Además, se vinculó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República, en calidad de tercero con interés y (ii) denegó la solicitud de medida
provisional formulada por el demandante.

4.2. En cumplimiento de la anterior providencia, la Secretaría General de la
Corporación practicó las correspondientes notificaciones, mediante correos electrónicos
enviados el 7 de diciembre de 20222. Además, publicó el aviso a la comunidad.

2 Índice 8 Samai.

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5. Intervenciones

5.1. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
ponente de la providencia acusada, manifestó que “en lo concerniente a los hechos sobre
los cuales se fundamenta me atengo a lo que se demuestre durante el trámite, y en cuanto dice
relación con los motivos de inconformidad con la providencia de 13 de noviembre de 2020
proferida dentro del referido asunto, somos del criterio que las razones que le sirvieron de
fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar suficientemente cuenta
de aquellas”.

5.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, ponente de la providencia objeto de tutela, solicitó que se denegara la
solicitud de amparo y señaló que la decisión cuestionada se ajustó a las normas y
jurisprudencia vigente al momento que la dictó, que en el proceso fueron garantizados
los derechos fundamentales del señor Juan Hernández González, sumado a que lo
pretendido es crear una tercera instancia en la que se valoren nuevamente los medios
de prueba.

5.3. El director general de FONPRECON pidió que se declarara improcedente la acción
de tutela. Expuso que carece de relevancia constitucional porque el accionante pretende
convertir ese mecanismo en una tercera instancia que desconoce la competencia del
juez natural del asunto, sumado a que no acredita una situación de perjuicio irremediable
y no se configura ninguno de los defectos descritos por la jurisprudencia.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20123, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

3 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
4 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el
Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de
órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido
un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad
que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»5.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. La Sala comienza por precisar que si bien el demandante cuestiona la sentencia del
7 de febrero de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, que declaró la nulidad de los actos demandados, lo cierto es
que no hay lugar a analizar los argumentos propuestos contra esa decisión, por cuanto
no es la que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2. Por lo tanto, el análisis se limitará a la sentencia del 13 de noviembre de 2020,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que denegó la
nulidad alegada por el actor y confirmó el fallo de primera instancia, y a la providencia
del 7 de abril de 2022, dictada por esa misma Corporación, que denegó la solicitud de
aclaración frente a la sentencia del 13 de noviembre de 2020, habida cuenta de que se
trata de las decisiones que pusieron fin al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por FONPRECON.

2.3. Ahora bien, respecto de los defectos invocados por el actor, la Sala advierte que la
violación del principio de congruencia y el defecto sustantivo (que lo invoca respecto de
la sentencia del 13 de noviembre de 2020 y del auto del 7 de febrero de 2022), se
encuentran estrechamente relacionados, pues el defecto sustantivo por indebida
interpretación de las normas que regulan el régimen pensional es una consecuencia
directa de la violación del principio de congruencia. Luego, estos cargos se analizarán
conjuntamente.

2.4. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si los cargos
por violación del principio de congruencia y defecto sustantivo cumplen el requisito de
procedibilidad de la subsidiariedad. Seguidamente, se analizará si la sentencia del 13 de
noviembre de 2020 incurrió o no en el defecto procedimental endilgado.

3. Sobre la violación del principio de congruencia y el defecto sustantivo.

3.1. En el sub-lite, el actor alega que la sentencia del 13 de noviembre de 2020 violó el
principio de congruencia, pues no resolvió sobre lo solicitado en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho. Que, en efecto, mientras FONPRECON presentó la
demanda para que se verificara si el texto “El hombre y el medio ambiente”, cuyo registro
de autoría era posterior al retiro del servicio, cumplía con los requisitos para ser
homologado por 2 años de servicio, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, decidió sobre el régimen pensional aplicable al demandante, asunto que
no estaba en discusión.

3.1.1. Que, además, la autoridad judicial demandada, al modificar el objeto de la
demanda, incurrió en defecto sustantivo, por interpretación errónea de las normas que
regulan el régimen pensional del demandante, así como de las normas de homologación
de obras literarias.

3.2. Sobre el auto del 7 de febrero de 2022, que denegó la solicitud de aclaración de la
sentencia de segunda instancia, el actor también alegó que incurrió en defecto sustantivo

5 SU-573 de 2017.

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Demandante: Juan Hernández González

por falta de aplicación del parágrafo del artículo 7 del Decreto 1359 de 1993. Pues, de
haberse considerado, se habría concluido que sí es beneficiario del régimen pensional
de los congresistas. Lo anterior, por cuanto a pesar de la suspensión presidencial de las
funciones del Congreso de la Republica entre el 30 de noviembre de 1991 y el 19 de julio
de 1994, ese tiempo de servicio debía computarse, en los términos del parágrafo del
artículo 7 del Decreto 1359 de 1993, que establece que para efectos pensionales “Si las
Corporaciones Públicas no se hubieren reunido por cualquier causa, se aplicará el presente
parágrafo para los efectos de tiempo y asignación como si dichas Corporaciones hubiesen estado
reunidas”.

3.3. Como se anticipó al plantear el problema jurídico, los argumentos expuestos sobre
el defecto sustantivo y la violación del principio de congruencia están estrechamente
relacionados, habida cuenta de que los errores en la interpretación o aplicación de las
normas que regulan el régimen pensional del demandante se derivaron justamente del
del hecho de haber decidido sobre un asunto que no fue propuesto en la demanda que
promovió FONPRECON.

3.4. Siendo así, la Sala estima que la demanda de tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad, por cuanto el demandante cuenta con otro medio de defensa idóneo y
eficaz para la protección de los derechos invocados6, como lo es el recurso extraordinario
de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 7, específicamente bajo la
causal de «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».

3.4.1. Como se sabe, el recurso extraordinario de revisión8 es un medio de impugnación
excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento del principio de
cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento
jurídico que suelen resultar desconocidos por hechos externos al proceso judicial9.

3.4.2. El recurso extraordinario de revisión no está previsto para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativa
del juez, sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor
funcional del juez, que afectan el principio de justicia. De hecho, la mayoría de las
causales del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 de la Ley 1437
de 201110 tienen que ver justamente con vicios de naturaleza procesal, y no sustancial,

6 En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias dictadas por esta Sección del 27 de octubre y 24 de

noviembre de 2022, en los procesos 11001-03-15-000-2022-04140-01 y 11001-03-15-000-2022-04020-01.
7 Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas

por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de 2004. M.P. María Inés

Ortiz Barbosa, expediente de N° 1999-0194.
9 En cuanto a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, ver, entre otras, providencia del 30 de

noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente N° 1999-0207, M.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
10 Artículo 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal
necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella
fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada.

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Demandante: Juan Hernández González

como ocurre, por ejemplo, con la causal de revisión denominada «nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación».

3.4.3. En efecto, cuando en la sentencia se provee sobre aspectos que el juez carece de
competencia, que es lo que alega la parte actora cuando señala que la autoridad judicial
demandada se pronunció sobre asuntos que no eran objeto de debate: como el régimen
pensional aplicable, la Sala Plena de esta Corporación11 ha aceptado que puede
invocarse la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia, pues se trataría de
una irregularidad procesal que surge, justamente, con la expedición de la sentencia y
que, como no es pasible del recurso de apelación, puede cuestionarse mediante el
recurso extraordinario de revisión. Esta causal está prevista para proteger el debido
proceso que fue desconocido al momento en que se dictó la sentencia, que es el
momento en que se advierte la violación, tal y como ocurre en este caso.

3.4.4. En conclusión, lo propio es que el demandante interponga recurso extraordinario
de revisión contra la sentencia del 13 de noviembre de 2020 y la providencia del 7 de
febrero de 2022, por haber resuelto sobre el régimen pensional aplicable, a pesar de que
no fue un asunto que se discutió en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

3.5. Lo anterior es suficiente para concluir que los cargos de violación del principio de
congruencia y el defecto sustantivo no cumplen el requisito de subsidiariedad. Por lo
tanto, la demanda de tutela será declarada improcedente sobre este punto.

4. Sobre el presunto defecto procedimental de la sentencia del 13 de noviembre
de 2020

4.1. El demandante alegó que la providencia del 13 de noviembre de 2020, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, también incurrió en defecto
procedimental, al no acceder a la nulidad solicitada por haber omitido la citación a
audiencia de conciliación de que trataba el inciso 4º del artículo 192 del CPACA. A juicio
del actor, la nulidad propuesta hace parte de aquellas que el legislador denominó
insaneables y, por lo tanto, al no declararse, afectó el derecho al debido proceso.

4.2. Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, el demandante solicitó la nulidad del
proceso, a partir del auto que concedió el recurso de apelación, porque no se celebró la
audiencia de conciliación que preveía el artículo 192 del CPACA, antes de la vigencia de
la Ley 2080. Sin embargo, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 13 de noviembre de 2020, denegó la nulidad solicitada, por cuanto si bien
se omitió la citación a dicha audiencia, lo cierto es que no generó la nulidad procesal
alegada, por cuanto no existían asuntos económicos sobre los cuales se podría conciliar.
En lo pertinente, la providencia dice:
(…) en el presente asunto si bien hubo una sentencia condenatoria, lo cierto es que no existen
derechos de naturaleza económica frente a los cuales pueda conciliarse, por cuanto la decisión del a
quo versó sobre la declaratoria de nulidad de los actos acusados, pero negó las pretensiones de
restablecimiento del derecho de carácter pecuniario; por lo tanto, una audiencia con ese propósito
sería inane.

En un caso similar, esta Corporación, en providencia de 12 de diciembre de2019 12. discurrió:

11 Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente No. REV-93. M.P. Mario Alario Méndez. En sentido similar, ver,

entre otras, las siguientes providencias: (i) sentencia del 20 de abril de 2004. Expediente No. 11001-03-15-000- 1996-
0132-01 (REV). M.P. María Inés Ortiz Barbosa; (ii) sentencia del 9 de marzo de 2010. Expediente No. 11001- 03-15-
000-2002-1024-01. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, y (iii) sentencia del 31 de mayo de 2011. Expediente No.
11001-03-15-000-2008-00294-00. M.P. Mauricio Torres Cuervo.
12 Cita del texto original: Sección Primera, expediente 25000-23-24-000-2006-00115-01

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Demandante: Juan Hernández González

i) cuando el fallo proferido, en primera instancia, sea de carácter condenatorio y contra el mismo
se interponga el recurso de apelación, se deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá
celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso; y ii) es necesario agotar ese
procedimiento cuando se trate de conflictos de carácter particular y de contenido económico,
teniendo en cuenta que es precisamente el aspecto económico el que es susceptible de
conciliación, más no la legalidad de los actos administrativos

4.2.1. En consecuencia, a pesar de que en el trámite surtido en primera instancia se
omitió la citación para celebrar la audiencia de conciliación de que trata el artículo 194
(inciso 4) del CPACA, esta Sala evidencia que no se trataba de una actuación necesaria
que, al no haber sido realizada, tampoco comporta una causal de nulidad procesal,
como lo alegó el demandado, motivo por el que se negará su petición en ese sentido.

4.3. A partir de lo anterior, la Sala estima que la autoridad judicial demandada no incurrió
en el defecto procedimental endilgado, por cuanto no se apartó abierta e
injustificadamente de la normativa procesal aplicable. Ocurre que, a pesar de que se
trató de una sentencia condenatoria, no había asuntos económicos sobre los que se
pudiera conciliar, en la medida en que el juez de primera instancia del proceso ordinario
anuló actos administrativos, pero no accedió al restablecimiento económico pedido por
FONPRECON. De ahí que la autoridad judicial demandada razonablemente concluyera
que la omisión en la citación a la audiencia de conciliación no constituye una pretermisión
de una etapa sustancial del proceso que genere una nulidad.

4.3.1. En este punto, conviene precisar que para la configuración del defecto
procedimental absoluto es necesario que la omisión en la aplicación del procedimiento
afecte etapas sustanciales del proceso. En este caso, no se advierte que la omisión de
la audiencia de conciliación hubiese afectado el derecho de defensa y contradicción del
señor Juan Hernández González. Pues, se insiste, no existían aspectos susceptibles de
conciliación originados en la sentencia condenatoria, que habría sido el objeto de la
audiencia.

4.4. Por lo anterior, se denegarán las pretensiones de la acción de tutela respecto del
defecto procedimental alegado.

4.5. Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: i) la acción de tutela
promovida por el señor Juan Hernández González no cumple el requisito de
subsidiariedad, respecto de los cargos de violación del principio de congruencia y el
defecto sustantivo, y ii) la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto
procedimental.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Hernández
González, respecto de la violación del principio de congruencia y el defecto
sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela frente al defecto procedimental
absoluto, por lo aquí expuesto.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06303-00
Demandante: Juan Hernández González

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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11

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