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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05201-00

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05201-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05201-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

10 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05201-00
Accionante: Fidel Angulo Correa
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05201-00
Accionante: Fidel Angulo Correa
Accionados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reliquidación de asignación de retiro / Bonificación
de agentes profesionales especiales / Artículo 53 del Decreto 1213 de 1990 / Se declara
improcedente por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra la sentencia del 25 de
noviembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que confirmó la sentencia del 8 de julio de 2020 dictada por el Tribunal
Administrativo de Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 47-001-2333-000-2018-00323-00.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05201-00
Accionante: Fidel Angulo Correa
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 5 de mayo de 20221 Fidel Angulo Correa interpuso, a través de apoderado judicial,
una acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las sentencias del 25 de noviembre
de 2021 y del 8 de julio de 2020 proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Magdalena, respectivamente.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

<<Con los fundamentos facticos relacionados, solicito señor Magistrado, disponer y
ordenar a la parte accionada y a favor de mi mandante lo siguiente:

• Tutelar el derecho fundamental a la igualdad al debido proceso al principio de la confianza
legítima.

• En consecuencia, solicito al señor Magistrado, dejar sin efecto lo decidido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA, CONSEJO DE ESTADO - SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCION SEGUNDA - SUBSECCION A, y
ordenar al tribunal administrativo de Santa Marta declarar la nulidad del acto administrativo
de carácter particular No. 2015000017 de 5 de marzo de 2015, por medio del cual la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR, le negó a mi poderdante la
reliquidación y reajuste a mi asignación de retiro o pensión, con inclusión de la bonificación
que percibió como agente del cuerpo profesional especial de la policía nacional de que
trata el artículo 53 del decreto 1213 de 1990.

• Y en consecuencia conceder las pretensiones incoadas en la demanda>>.

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 16 de abril de 1982 el actor fue nombrado agente del cuerpo profesional de la
Policía Nacional en la especialidad de Vigilancia. El 30 de agosto de 1982 fue nombrado
como agente profesional especial, y a partir de esa fecha empezó a devengar una

1 La tutela fue inicialmente radicada ante la Corte Constitucional. El 28 de septiembre de 2022 esa autoridad judicial

envió un auto del 23 de junio de 2022 a la Secretaría General del Consejo de Estado, mediante el cual resolvió remitir
el expediente de tutela de referencia por no ser la autoridad competente para resolverlo de fondo.

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Accionante: Fidel Angulo Correa
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

bonificación del 30% del sueldo básico mensual, la cual se incrementó un 10% cada
año, al punto de recibir en 1989 el 100% por concepto de dicho emolumento. Esto, de
conformidad con el artículo 53 del Decreto 1213 de 19902.

3.2.- La Dirección General de la Policía Nacional expidió la Resolución 01021 del 17 de
mayo de 2004, en virtud de la cual retiró del servicio activo al actor por llamamiento a
calificar servicios. En consecuencia, el actor percibió la bonificación como agente
profesional especial desde el 30 de agosto de 1982 hasta la fecha de su retiro, es decir,
por más de 22 años.

3.3.- Mediante la Resolución 05283 del 23 de septiembre del 2004, la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (en adelante, CASUR) concedió al actor una asignación
de retiro equivalente al 82% del sueldo en actividad, monto dentro del cual no incluyó la
bonificación como agente profesional especial. Lo anterior, con base en el parágrafo
segundo del artículo 53 del Decreto 1213 de 19903.

3.4.- El 29 de diciembre de 2014 el actor solicitó a CASUR que se reliquidara su
asignación de retiro para incluir como partida computable la bonificación que recibía por
ser agente profesional especial.

3.5.- Mediante oficio 2629 – GAG del 5 de marzo de 2015, CASUR negó la solicitud del
actor porque la asignación de retiro había sido debidamente calculada con base en los
factores previstos normativamente para el efecto.

3.6.- El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener
la nulidad del oficio 2629 – GAG del 5 de marzo de 2015. A título de restablecimiento
del derecho solicitó que se ordenara a CASUR reliquidar la asignación de retiro que
devengaba para adicionar dentro de su cálculo el 100% de la bonificación que recibía al
momento de su retiro de la institución.

3.7.- En sentencia del 8 de julio de 2020 el Tribunal Administrativo del Magdalena negó
dichas pretensiones. La autoridad judicial aclaró que la bonificación que pretendía incluir

2 <<Agentes del cuerpo profesional especial, tendrán derecho a una bonificación del treinta por ciento (30%) del

sueldo básico mensual, la cual se incrementará en un diez por ciento (10%) por cada año de servicio sin sobrepasar
del ciento por ciento (100%) del sueldo básico […]>>.
3 <<[…] La bonificación de que trata este artículo solamente se liquidará para efectos de prestaciones sociales, cuando

el Agente de la Policía Nacional haya cumplido treinta (30) o más años de servicio físico como tal>>.

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Accionante: Fidel Angulo Correa
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el actor en la liquidación de su asignación de retiro solo se constituye como factor salarial
para la liquidación de prestaciones una vez se hayan acumulado más de 30 años de
labor oficial; sin embargo, el actor tan solo sumó 22 años, 6 meses y 1 día.

3.7.1.- En cuanto al argumento del actor según el cual no pudo cumplir con el tiempo de
servicio exigido en el parágrafo segundo del artículo 53 del Decreto 1213 de 1990 debido
a que su retiro del servicio se dio por la causal de llamamiento a calificar servicios y no
por voluntad propia, el tribunal aseguró que ese no era el escenario para cuestionar la
legalidad del acto administrativo de retiro pues, si no estaba de acuerdo con la decisión
allí adoptada, el actor debió demandar la Resolución 01021 de 2004.

3.7.2.- Añadió que si bien el actor percibió la bonificación especial de que trata el artículo
53 del Decreto 1213 de 1990, ello no implica el deber de ser incluido dentro de la base
de liquidación de la asignación de retiro, pues en este evento el legislador fijó
expresamente bajo qué condiciones esa bonificaciones constituirían un factor para
determinar la cuantía de las prestaciones. Para respaldar su tesis, el tribunal citó una
sentencia del Consejo de Estado del 6 de julio de 20114.

3.8.- El actor presentó recurso de apelación contra la decisión del tribunal, por considerar
que no le era aplicable el parágrafo segundo del artículo 53 del Decreto 1213 de 1990.
Manifestó que a partir de la lectura del artículo 2 de la Ley 21 de 1979, se evidencia que
la intención del legislador con el ingreso de los miembros de la Policía Nacional al cuerpo
de agentes profesionales especiales era estimular la experiencia de 20 años de servicio
a la institución, y a la vez evitar que estos se retiraran con posterioridad a dicho tiempo.
Esto, con el fin de que duraran por lo menos 10 años más en la entidad y de esta forma
poder computar la bonificación en su asignación pensional.

3.8.1.- Recalcó que estas fueron las razones que motivaron al actor a ingresar a la
Policía Nacional. Adujo que al hacer una comparación con los agentes que ingresaron
en la señalada calidad según el literal a) del artículo 2 de la Ley 21 de 1979, con solo 10
años o menos de servicio, ellos tuvieron la posibilidad de que la bonificación fuera tenida
en cuenta en su asignación de retiro.

3.8.2.- Precisó que un factor salarial es un beneficio económico que amplía el valor
integral de todas las prestaciones, pues estas deben liquidarse con base en el salario

4 Radicado interno 1277-2009.

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Accionante: Fidel Angulo Correa
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entendido en términos generales. Aseguró que a la luz de la ley, la doctrina y la
jurisprudencia, la bonificación de un agente profesional especial es un elemento
remunerativo del servicio que debe ser incluido en el cómputo de la asignación de retiro.

3.9.- En sentencia del 25 de noviembre de 2021, Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado confirmó el fallo apelado5. Consideró que el accionante no tiene
derecho a la reliquidación de su asignación de retiro con base en el cómputo de la
bonificación por agente profesional especial devengada durante más de 22 años de
servicio en la Policía Nacional. Esto, pues no acreditó el cumplimiento del requisito
temporal previsto en el parágrafo segundo del artículo 53 del Decreto 1213 de 1990,
relacionado con la acumulación de 30 años o más de labor oficial en la entidad para que
el emolumento referido pudiera ser tenido en cuenta como factor salarial susceptible de
incrementar la base para la determinación del monto de la asignación de retiro.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El actor considera que el fallo atacado incurrió en violación directa de la Constitución
porque la autoridad accionada no aplicó la norma más favorable para el actor: el artículo
14 de la Ley 50 de 1990, el cual modificó el artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo6. Aduce que el parágrafo segundo del artículo 53 del Decreto 1213 de 1990
contempla un requisito temporal para tener en cuenta la bonificación por agente
profesional especial como factor computable en materia pensional, el cual es
incompatible con la Constitución Política, en especial su artículo 53.

4.1.- Aduce que el mencionado parágrafo no es aplicable al actor porque el retiro del
servicio no obedeció a su solicitud, sino a la causal de llamamiento a calificar servicios.
Agrega que para aplicar el artículo 57 del Decreto 1791 de 20007, se debía acreditar que
había pasado más de 15 años de servicios y <<siempre y cuando fuera la junta de
evaluación y calificación respectiva que asuma esa función y emita su concepto>>.
Además, al retirarlo del servicio también se omitió aplicar el artículo 62 del Decreto 1791

5 Radicado 47001-23-33-000-2018-00323-01 (1072-2021).
6 <<El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: ARTÍCULO 127. Elementos integrantes. Constituye

salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie
como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas,
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en
días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones>>.
7 <<El personal de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional sólo podrá ser retirado por llamamiento a

calificar servicios, después de haber cumplido quince (15) años de servicio. El personal del Nivel Ejecutivo solo podrá
ser retirado por llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido veinte (20) años de servicio>>.

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de 20008, lo cual causó <<un perjuicio irremediable porque le impidió llegar a [30] o más
años de servicio físico>>.

4.2.- Afirma que la discrecionalidad en el retiro de los miembros de la Policía Nacional
debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y
razonabilidad, lo cual es verificable a través de los procedimientos previos de evaluación
y las acciones judiciales de defensa correspondientes. Añade que se desconocieron los
principios de confianza legítima y favorabilidad, pues fue desvinculado de la Policía
Nacional de manera sorpresiva. Agregó que, en todo caso, el artículo 14 de la Ley 50
de 1990 establece que las bonificaciones habituales constituyen salario, por lo que exigir
el cumplimiento de 30 años de servicio para incluir la bonificación por agente profesional
especial como factor de liquidación prestacional, atenta contra la Constitución Política.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (accionado)
considera que la acción de tutela es improcedente porque el actor pretende utilizarla
como tercera instancia, no hubo vulneración de derechos fundamentales, no se acreditó
la configuración de ningún defecto y no se cumplió con el requisito de inmediatez.

5.1.- Afirma que si bien se alegó el defecto por violación directa de la Constitución, no
se señaló cuál precepto supralegal fue vulnerado. Resalta que en la sentencia atacada
se concluyó que aunque el actor se desempeñó como agente profesional especial de la
Policía Nacional por más de 22 años, durante los cuales percibió como factor salarial la
bonificación de que trata el artículo 53 del Decreto 1213 de 1990, tal situación no suplía
la exigencia prevista en aquella norma para incluir esa bonificación como partida para
liquidar la asignación de retiro: acreditar 30 años o más de labor oficial en dicha entidad.

5.2.- Precisa que la sentencia atacada fue proferida el 25 de noviembre de 2021 y
notificada el 10 de diciembre de 2021, por lo cual la tutela interpuesta el 28 de
septiembre de 2022 no se adecúa al criterio de inmediatez propio de las tutelas contra
providencias judiciales.

8 <<Por razones del servicio y en forma discrecional, la Dirección General de la Policía Nacional por delegación del

Ministro de Defensa Nacional, para el nivel ejecutivo y agentes podrán disponer el retiro del personal con cualquier
tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva para los demás
uniformados>>.

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Accionante: Fidel Angulo Correa
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

6.- El Tribunal Administrativo de Magdalena (accionado) envió copia digital del
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 47-
001-2333-000-2018-00323-00. Aduce que no existe ninguna vulneración de derechos
fundamentales y solicita negar de la solicitud de amparo. Considera que las decisiones
del proceso cuestionado se ajustaron a la normativa al concluir que el actor no cumplía
con los requisitos para que le fuera incluida la bonificación especial como factor salarial
dentro de la liquidación de su asignación de retiro. Esto, pues el tiempo de servicio
prestado por él no superaba el requerido por la normativa aplicable para tal efecto.

7.- La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (tercero con interés) y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (interviniente), pese a estar debidamente
notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

8.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará improcedente la acción
de tutela por no acreditarse el requisito de relevancia constitucional, en la medida en
que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso
ordinario9; tanto en la apelación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
como en la tutela, el argumento central es la indebida aplicación del parágrafo segundo
del artículo 53 del Decreto 1213 de 1990. De cualquier manera, se advierte que la tutela
no podía prosperar por las siguientes razones:

9.- En cuanto al argumento de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado según el cual la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez en
tanto la sentencia atacada fue notificada el 10 de diciembre de 2021 y la tutela
interpuesta el 28 de septiembre de 2022, se observa que este no es correcto. En efecto,
es cierto que la sentencia del 25 de noviembre de 2021 fue notificada el 10 de diciembre
de 2021; sin embargo, no es cierto que la tutela se haya interpuesto el 28 de septiembre
de 2022. En realidad, la acción constitucional fue presentada el 5 de mayo de 2022 ante

9 El magistrado ponente advierte que considera que la presente acción debe estudiarse de fondo porque el accionante

alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad, y desarrolla el defecto que
considera configurado en la decisión atacada: violación directa de la Constitución. Sin embargo, acoge la posición
mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario,
no se cumple con el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, máxime cuando tanto en la apelación del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho como en la tutela el argumento central es la indebida aplicación
del parágrafo segundo del artículo 53 del Decreto 1213 de 1990.

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la Corte Constitucional, que el 28 de septiembre de 2022 la remitió al Consejo de Estado.
En síntesis, el argumento de la autoridad accionada se basa en una confusión entre la
fecha de interposición de la acción de tutela y aquella de remisión del proceso por parte
de la Corte Constitucional al Consejo de Estado.

10.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó de
manera adecuada en el fallo atacado que el actor no tiene derecho a la reliquidación de
su asignación de retiro con base en el cómputo de la bonificación por agente profesional
especial, pues no acreditó el cumplimiento del requisito temporal previsto en el parágrafo
segundo del artículo 53 del Decreto 1213 de 1990, esto es, 30 años de servicios. Para
respaldar la interpretación dada a la norma, la autoridad accionada hizo un recuento
normativo en relación con la liquidación de la asignación de retiro de los agentes del
cuerpo especial de la Policía Nacional y la bonificación reclamada por el actor10.

10.1.- La autoridad accionada precisó que la determinación de los factores laborales que
deben conformar la base de liquidación de un derecho patrimonial, como el que es objeto
de examen, es un aspecto que se encuentra sometido a la libertad de configuración
legislativa y reglamentaria del legislador y del ejecutivo, quienes pueden delimitarlo a
ciertos emolumentos, como ocurrió en el caso de los miembros retirados de la Policía
Nacional. Esta Sala considera que esta interpretación no desconoce la Constitución
Política y, por el contrario, es consecuente con las competencias atribuidas por aquella
a las autoridades encargadas de establecer la normativa aplicable en la materia.

10.2.- En consecuencia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
concluyó de forma adecuada que si bien el actor se desempeñó como agente profesional
especial al servicio de la Policía Nacional por más de 22 años, durante los cuales
percibió como factor salarial la bonificación de que trata el artículo 53 del Decreto 1213
de 1990, esa situación no releva al actor de acreditar la acumulación de 30 años o más
de labor oficial en dicha entidad.

10.3.- Por último, la autoridad accionada aclaró que el hecho de que el actor haya sido
desvinculado por la causal de llamamiento a calificar servicios y no por su propia
voluntad, no permite asumir que si no hubiera sido por la decisión de la Administración,
el actor sí habría permanecido los 30 años en la Policía Nacional, tal como lo exige el

10 Entre otros, la autoridad accionada citó y explicó los siguientes antecedentes normativos: Ley 21 de 1979, Decreto

2063 de 1984, Decreto 97 de 1989 y Decreto 262 de 1994.

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referido artículo 53 del Decreto 1213 de 1990. Con base en un precedente del 6 de julio
de 2011 de la misma corporación11, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado precisó que existe un criterio jurisprudencial que resultaba pertinente reiterar.
Esto, pues se demostró con suficiencia que el actor no acumuló 30 años o más de
servicio que le permitieran tener la bonificación por agente profesional especial como
partida computable para el cálculo de su asignación de retiro. Lo anterior, al margen de
las circunstancias que hubiesen rodeado su retiro o la excelencia de su experiencia al
interior de la entidad, pues tales factores no son los elementos requeridos
normativamente para acceder a lo pretendido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 6 de

julio de 2011. Radicado: 76001-23-31-000-2004-04114-01(1277-09).

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Accionante: Fidel Angulo Correa
Se declara improcedente por falta de relevancia constitucional

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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