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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05201-01

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05201-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05201-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05201-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FIDEL ANGULO CORREA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE
CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
LOS ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO GUARDAN
IDENTIDAD CON LOS EXPUESTOS EN EL ESCRITO DE APELACIÓN
INTERPUESTO DENTRO DEL TRÁMITE DEL PROCESO ORDINARIO,
DESACUERDOS QUE FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR
PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO E IGUALDAD

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 10 de noviembre de 2022, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo por no

satisfacer el requisito de la relevancia constitucional.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2022 05201 01
Actor: FIDEL ANGULO CORREA

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor FIDEL ANGULO CORREA, actuando a través de apoderado

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales consideró

vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

MAGDALENA2 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO3, al proferir las providencias de 8 de julio de

2020 y 25 de noviembre de 2021, respectivamente, dentro del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con

el número único de radicación 47001-23-33-000-2018-00323-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que fue vinculado como agente del cuerpo profesional al

servicio de la POLICÍA NACIONAL desde el 12 de abril de 1982.

2
En adelante el Tribunal.
3
En adelante la Sección Segunda.

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3

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Actor: FIDEL ANGULO CORREA

Sostuvo que fue promovido como como agente profesional especial

mediante Resolución núm. 4495 de 30 de agosto 1982, fecha a partir

de la cual empezó a percibir la bonificación del 30% del sueldo básico

mensual, la cual incrementó en un 10% cada año al punto de recibir

el 100% de dicho emolumento hasta la fecha de su retiro.

Indicó que la Dirección General de la Policía Nacional expidió la

Resolución núm. 01021 de 17 de mayo de 2004, por medio de la cual

lo retiró del servicio activo por llamamiento a calificar servicios.

Adujo que presentó solicitud ante la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO

DE LA POLICÍA NACIONAL4, a fin de que se le reliquidara la

asignación de retiro incluyendo como partida computable la

bonificación que percibió durante el servicio a la institución como

agente profesional especial.

Aseguró que CASUR atendió desfavorablemente su petición a través

del Oficio 2629 – GAG de 5 de marzo de 2015, al considerar que la

asignación de retiro fue liquidada de acuerdo con los factores

prestaciones que dispone la ley.

Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control

4
En adelante CASUR.

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Actor: FIDEL ANGULO CORREA

de nulidad y restablecimiento del derecho contra CASUR, con el fin

de obtener la nulidad del acto administrativo que denegó el

reconocimiento del 100% equivalente a la bonificación de agente

profesional especial y el reajuste de la asignación de retiro incluyendo

dicha prestación a partir de la fecha de su retiro.

Señaló que la demanda le correspondió por reparto al TRIBUNAL

que, en sentencia de 8 de julio de 2020, denegó las pretensiones,

decisión que fue confirmada en segunda instancia por la SECCIÓN

SEGUNDA mediante sentencia de 25 de noviembre de 2021.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Señaló que las autoridades judiciales incurrieron en violación

directa de la Constitución al desconocer los principios de

favorabilidad y confianza legítima.

Mencionó que el defecto se configuró porque las autoridades

judiciales accionadas omitieron la aplicación del artículo 127 del

Código Sustantivo del Trabajo que señala como elemento integrante

del salario las bonificaciones percibidas habitualmente y comoquiera

que la bonificación como agente especial la percibió por más de 22

años al servicio de la Policía Nacional, tal prestación constituye un

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factor salarial que debería ser liquidado e incluido en la reliquidación

de su asignación de retiro.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] - Tutelar el derecho fundamental a la igualdad al debido
proceso al principio de la confianza legítima.

• En consecuencia, solicito al señor Magistrado, dejar sin efecto
lo decidido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTA
MARTA (sic), CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCION SEGUNDA -
SUBSECCION A, y ordenar al tribunal administrativo de Santa
Marta (sic) declarar la nulidad del acto administrativo de carácter
particular No. 2015000017 de 5 de marzo de 2015, por medio
del cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -
CASUR, le negó a mi poderdante la reliquidación y reajuste a mi
asignación de retiro o pensión, con inclusión de la bonificación
que percibió como agente del cuerpo profesional especial de la
policía nacional de que trata el artículo 53 del decreto 1213 de
1990.

• Y en consecuencia conceder las pretensiones incoadas en la
demanda […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA indicó que la acción de tutela es

improcedente por incumplir el requisito de la inmediatez, toda vez

que el actor presentó la solicitud de amparo fuera del término

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previsto como adecuado y prudente para alegar la presunta

vulneración de las garantías constitucionales en torno a la expedición

de las providencias cuestionadas.

I.5.2.- El TRIBUNAL manifestó que no incurrió en violación de las

garantías fundamentales, por cuanto no llevó a cabo ninguna

actuación que pueda ser censurada.

Afirmó que la solicitud de amparo está dirigida a revivir términos,

razón por la que debe rechazarse la petición en aplicación de los

criterios jurisprudenciales disponibles sobre la materia.

Finalmente, aseguró que el actor no cumplía con los requisitos

necesarios para incluir la bonificación como factor salarial, en tanto

no cumplió con el tiempo de servicio requerido para tal efecto.

I.6.- Interviniente

I.6.1. CASUR pese a haber sido notificado en debida forma, guardó

silencio.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 10 de noviembre de 2022, la SECCIÓN

TERCERA declaró improcedente el amparo solicitado al considerar

que no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia

constitucional, por cuanto los argumentos que se plantearon en la

instancia ordinaria fueron reiterados en la acción de tutela.

Igualmente, sostuvo que a la autoridad judicial accionada le asistió

razón al determinar que el actor no tiene derecho a la reliquidación

de la asignación de retiro con base en el cómputo de la bonificación

por agente profesional especial, pues no acreditó el cumplimiento de

los 30 años de servicio, conforme lo prevé el artículo 53 del Decreto

1213 de 1990.

Indicó que la acción de tutela sí cumplió con el requisito de la

inmediatez, toda vez que la sentencia cuestionada fue proferida el

25 de noviembre de 2021 y notificada el 10 de diciembre de ese

mismo año. Asimismo, advirtió que la solicitud de amparo fue

presentada inicialmente ante la Corte Constitucional y remitida a esta

Corporación el 28 de septiembre de 2022, esto es, dentro del plazo

razonable fijado por la jurisprudencia.

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Aclaró que: […] con base en un precedente del 6 de julio de 2011 de

la misma Corporación11, la Subsección A de la Sección Segunda del

Consejo de Estado precisó que existe un criterio jurisprudencial que

resultaba pertinente reiterar. Esto, pues se demostró con suficiencia

que el actor no acumuló 30 años o más de servicio que le permitieran

tener la bonificación por agente profesional especial como partida

computable para el cálculo de su asignación de retiro […].

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la providencia de primera instancia, al señalar que

se está desatendiendo los principios del derecho laboral, en especial,

el de favorabilidad.

Insistió en que su retiro del servicio se efectuó con violación del

principio de confianza legítima, donde las expectativas están sujetas

a la conducta de un tercero que le genera un grado de confianza y

protección constitucional y legal, situación que, a su juicio, fue

desconocida por las autoridades judiciales accionadas.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría

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el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

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que se dejen sin efecto las providencias de 8 de julio de 2020 y

25 de noviembre de 2021, proferidas por el TRIBUNAL y la

SECCIÓN SEGUNDA, respectivamente, dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 47001-23-33-000-2018-00323-01.

A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en violación directa

de la Constitución al desconocer los principios de favorabilidad y

confianza legítima pues, a su juicio, la bonificación como agente

especial fue percibida por más de 22 años al servicio de la Policía

Nacional y, por lo tanto, dicho factor salarial debió ser incluido en la

reliquidación de su asignación de retiro.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 10 de noviembre

de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar

que no se cumplió el presupuesto de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia, al señalar que se desatendió los principios del

derecho laboral en especial el de favorabilidad.

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Insistió que su retiro del servicio se efectuó con violación del principio

de confianza legítima, donde las expectativas están sujetas a la

conducta de un tercero que le generó un grado de protección

constitucional y legal, situación que, a su juicio, fue desconocida por

las autoridades judiciales accionadas

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos

expuestos en la impugnación y, en primer lugar, debe determinar si

el presente caso cumple con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de

ser así, determinar si las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en los defectos alegados.

Es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos, tanto la providencia de 8 de julio de 2020 proferida por

el TRIBUNAL, como la dictada el 25 noviembre de 2021 por la

SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a la

sentencia proferida por el ad quem, toda vez que fue esta la que dio

por terminado el proceso.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

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requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se

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exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos

que invoca el actor como fundamento de la presunta vulneración de

los derechos deprecados, son los mismos que fueron puestos a

consideración ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Así se desprende de la lectura del escrito de apelación que fue

interpuesto en el proceso ordinario origen de la controversia y su

comparación con el escrito de tutela, como se explica a continuación:

Argumentos del escrito de Argumentos de la demanda de
apelación15 tutela16

15
Índice No. 2, aplicativo Samai, anexos expediente digital proceso No. 11001-03-15-000-2022-05201-
00 anexos demanda folios 3-6 - pestaña gestión de documentos – otras instancias.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002
02205201001100103

16
Índice No. 2, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 11001-03-15-000-2022-05201-00 -
anexos demanda folios 68-72 pestaña gestión de documentos – otras instancias.

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“[…] podemos dilucidar por que el “[…] DECIMO CUARTO: A la luz de lo
legislador de esa época indico que preceptuado en el artículo 127 del
para obtener la bonificación de Código Sustantivo del Trabajo quedo
agente especial para los efectos decantado que la bonificación como
pensionales tenía que trabajar 30 agente profesional especial, que
años físicos como tal porque la recibió mi poderdante por más de 22
inmensa mayoría de los agentes años continuos en la policía nacional
empezaron como agentes especiales constituye factor salarial y por lo tanto
contaban con más de 20 años físicos debería el Tribunal Administrativo de
como lo señala el numeral 2 literal A Santa Marta (sic) y el Consejo de
de la Ley 21 de 1979. […] Estado haberle dado aplicación al
principio constitucional de la
Es oportuno formularse la pregunta si favorabilidad.
después de 22 años continuos
recibiendo unos recursos laborales DECIMO QUINTO: La bonificación
por concepto de bonificación si estos recibida por más de 22 años,
constituyen factores salariales para lo constituye salario tal y como lo señala
cual acudimos a conceptos legales, el artículo 127 del código sustantivo
jurisprudenciales y doctrinales. del trabajo. […]

El artículo 127 del Código Sustantivo Lo decidido por el tribunal
del Trabajo preceptúa como salario administrativo de Santa Marta (sic)
“constituye salario no solo la Consejo de Estado – Sala de lo
remuneración ordinaria, fija o Contencioso Administrativo - Sección
variable sino todo lo que recibe el Segunda - Subsección A, constituye
trabajador en dinero o en especie una causal especifica de
como contraprestación directa del procedibilidad de la acción de
servicio sea cualquiera la forma o tutela contra providencia
denominación que adopte, como judiciales como es la violación
prima, sobresueldo, bonificaciones directa de la constitución que se
habituales, valor del trabajo deriva del principio de supremacía de
suplementarios, o de las horas la constitución el cual reconoce a la
extras, valor de trabajo en días carta política como documento
descanso obligatorios porcentaje plenamente vinculante con fuera
sobre ventas y comisiones. normativa, desde mismo modo el
ARTICULO 4°. En todo caso de
En cuanto a los conceptos doctrinales incompatibilidad entre la Constitución
son muchas las definiciones que se le y la ley u otra norma jurídica, se
han dado de la palabra salario entre aplicarán las disposiciones
ellas “salario es toda retribución que constitucionales. Es deber de los
percibe el trabajador en cambio de un nacionales y de los extranjeros en
servicio que con su trabajo ha Colombia acatar la Constitución y las
prestado” (lloverá). leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades.
La jurisprudencia en la sentencia C-
521 de 1995 (Corte Constitucional)
define salario en los mismos términos Según los fundamentos facticos
del artículo 127 del Código Sustantivo narrados y los establecidos en estas
del Trabajo y del concepto doctrinal. normas constitucionales, el parágrafo
3° del decreto 1213 del 1990 es
De cantar el factor salarial podemos incompatible con las normas
decir que es un beneficio prestacional constitucionales IBIDEM, por lo que
contenido en la norma legal que consideramos que esta acción

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amplia de manera general el valor constitucional es procedente porque a
integral de todas las prestaciones todas luces se evidencia que no se
asistenciales, la cual al momento de tuvo en cuenta los principios y
liquidarse se tienen en cuenta con el preceptos de la norma superior que
salario; esto nos indica que a la luz de prevalecen sobre otras disposiciones
la ley la doctrina y la jurisprudencia normativas.
no cabe duda alguna que la
bonificación como agente profesional DECIMO SEXTO: El Tribunal
especial de la Policía Nacional que Administrativo de Santa Marta (sic) y
percibió mi mandante FIDEL el Consejo de Estado, no se
ANGULO CORREA por más de 22 pronunciaron sobre la violación al
años, si es un factor salarial, por lo principio de la Confianza Legitima
que pido que debe ser incluida en su infringida por el director general de la
asignación pensional […]” policía cuando retiro del servicio, de
manera sorpresiva a mi representado
A través de resolución No. 01021 del
17 de mayo de 2004, […] (Negrilla
pertenece al texto)

Ahora bien, la Sala al estudiar el contenido de la providencia

cuestionada17, observa que la autoridad judicial accionada abordó el

problema jurídico planteado de la siguiente manera:

“[…] Con base en las pruebas y hechos demostrados y enlistados
anteriormente, la Sala colige que si bien el demandante se
desempeñó como agente profesional especial al servicio de la
Policía Nacional por más de 22 años, durante los cuales percibió
como factor de salario la bonificación de que trata el artículo 53
del Decreto 1213 de 1990, ello debido a la prementada calidad
de su vinculación, tal situación no detenta la entidad suficiente
para suplir la exigencia prevista en aquella norma sobre la
posibilidad de tener tal emolumento como partida computable
para liquidar prestaciones como la asignación de retiro.

Se reitera que el marco regulatorio de los agentes de la Policía
Nacional que se encuentran adscritos al cuerpo profesional
especial de la institución, contempla que estos tienen derecho a
devengar la referida bonificación, sin embargo, ello no consolida
per se su inclusión en la base salarial con la cual se fija el monto
de la asignación bajo estudio, pues necesariamente se debe
acreditar la acumulación de 30 años o más de labor oficial en
dicha entidad, con el objetivo de colmar la finalidad de la norma
en cita tendiente a retribuir la permanencia en el organismo

17
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anexos demanda folios 74-86

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policial.

Ahora, el hecho de que el libelista en este caso haya sido
desvinculado de la Fuerza Pública por la causal de llamamiento
a calificar servicios y no por su propia voluntad, constituye una
situación ajena al debate prestacional suscitado en esta causa
judicial a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada por aquel mismo, dado que no está en
discusión formalmente la legalidad de la decisión de retiro.

En todo caso, tampoco puede concederse un efecto económico
previsto en una norma impositiva en virtud de sendos requisitos
no satisfechos, solo con la hipótesis en la que se asume que si
no hubiera sido por la decisión de la administración, el señor
Angulo Correa sí habría permanecido los 30 años en la Policía
Nacional, tal como lo exige el referido artículo 53 del Decreto
1213 de 1990 […].

Como se observa, existe un criterio jurisprudencial esbozado
para casos como el particular, el cual resulta pertinente
reiterarlo para definir el asunto de marras, toda vez que se
demostró con suficiencia que el demandante no acumuló 30 años
o más de servicio físico en la Policía Nacional que le permitieran
tener la bonificación por agente profesional especial como una
partida computable para el cálculo de su asignación de retiro,
ello al margen de las circunstancias que hubiesen rodeado su
retiro o el de la efectividad y excelencia de toda su experiencia
al interior de la entidad, pues tales factores no son los elementos
requeridos normativamente para acceder a lo pretendido, sino
solo el del referido tiempo de labor oficial castrense.

Por lo anterior, el acto administrativo demandado que no accedió
a la solicitud de reliquidación examinada en esta oportunidad,
debe permanecer incólume y no se desvirtuó su presunción de
legalidad, ello al punto de ser imperioso confirmar la sentencia
de primera instancia que denegó las pretensiones de la parte
activa.

En conclusión: el libelista no tiene derecho a la reliquidación de
su asignación de retiro con base en el cómputo de la bonificación
por agente profesional especial devengada durante más de 22
años de servicio en la Policía Nacional, habida cuenta de que este
no acreditó el cumplimiento del requisito temporal previsto en el
artículo 53, parágrafo 2.° del Decreto 1213 de 1990, relacionado
con la acumulación de 30 años o más de labor oficial en la
mentada entidad a fin de que el emolumento referido pudiera
ser tenido en cuenta como factor salarial susceptible de
incrementar la base para la determinación del monto de la

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prerrogativa periódica en comento.

Lo anterior cobra sentido en la medida en que paralelamente a
la legalidad o no de la decisión administrativa de desvinculación
del demandante, el hecho de que la mentada bonificación tenga
carácter salarial no la hace per se una partida computable en
materia prestacional, pues el artículo 100 del Decreto 1213 de
1990 no contempló como tal ni de manera general a todos los
conceptos remunerativos del servicio, sino a unos específicos y
taxativos en atención a la libertad de configuración del
legislador, dentro de los cuales, pese a encontrarse el haber en
cuestión, este está condicionado al cumplimiento de una
exigencia temporal que el señor Angulo Correa no logró colmar,
esto es, más de 30 años de servicios.[…]” (Negrilla pertenece al
texto).

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.

Por el contrario, se destaca que sus argumentos fueron analizados y

resueltos por la SECCIÓN SEGUNDA y, en esa medida, solo se

procura su discusión en sede de tutela para buscar la oportunidad de

debatir, en una tercera oportunidad, la posición del actor, lo cual

resulta improcedente.

Como quedó visto, resulta improcedente por esta vía constitucional

plantear un debate legal como si se tratara de un recurso o una

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instancia adicional frente a actuaciones que han hecho tránsito a cosa

juzgada, que fueron proferidas por autoridades judiciales investidas

de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger

las garantías constitucionales, así lo precisó la Sala Plena de la Corte

Constitucional en sentencia de unificación SU-215 de 2022, en la que

al efecto sostuvo:

“[…] Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”.

Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios
ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. […]

En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del
ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para reabrir debates meramente legales.
Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

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improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 18, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201719, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre

18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por

el juez natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir

la competencia y la independencia del juez ordinario.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de relevancia

constitucional, razón por la que se confirmará la decisión del a quo

que declaró improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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