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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05233-00

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05233-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada la EPS Suramericana S.A., de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05233-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS SURAMERICANA S.A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la EPS Suramericana S.A. (en
adelante EPS Sura) contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 29 de septiembre de la presente anualidad1, la EPS SURA, por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, por considerar vulnerado su derecho fundamental
al debido proceso, con ocasión de la sentencia proferida el 10 de junio de 2022 en
el proceso de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2005-01546-
01(49.146). Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

PRIMERO. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad
EPS SURA vulnerado por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B.

SEGUNDO. Dejar sin efecto la sentencia del CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B

1 Se advierte que, el 13 de octubre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

del 10 de junio de 2022 del proceso propuesto por EPS SURA en contra de
NACIÓN-MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y CONSORCIO FISALUD.

TERCERO. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B, que emita una
Sentencia de fondo atendiendo la normas legales y constitucionales, y de
acuerdo con los lineamientos que se emita como Juez Constitucional.

1.2 Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

La Compañía Suramericana de Servicios de Salud – Susalud (hoy EPS Sura)
presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de la
Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social) y el Consorcio
Fisalud, para que fueran declaradas patrimonialmente responsables del no pago
parcial de los recobros derivados de los medicamentos no incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud (POS) que fueron entregados a los pacientes, en virtud de las
órdenes de recobro emitidas en fallos de tutela.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2012.

La anterior decisión fue apelada y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en providencia del 10 de junio de 2022, la revocó, declaró la
ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción y, como
consecuencia, se inhibió de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora considera que la autoridad judicial accionada
incurrió en desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 3 de septiembre de
2020, expediente 42003, en la que se indica que el medio de control de reparación
directa es el procedente cuando se discuten decisiones que no tienen la
naturaleza de actos administrativos.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Sostuvo que es deber de las autoridades aplicar de manera uniforme las normas y
la jurisprudencia, pues, de lo contrario, se incurre en una flagrante violación del
derecho a la igualdad.

Cuestionó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no
motivara la decisión de apartarse del precedente fijado por el Consejo de Estado y
que no existen razones para deducir los argumentos por los cuales se separó de
la sentencia de unificación. Que, además, dicha autoridad judicial tampoco planteó
que se tratara de una nueva tesis y ni siquiera hizo mención del precedente.

De otra parte, sostuvo que el Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga no expide
actos administrativos susceptibles de control por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, de modo que cualquier litigio que se derive de sus
decisiones debe ventilarse por vía de reparación directa y no de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Insistió en que el medio de control procedente era el de reparación directa, por
cuanto el hecho dañoso fue el pago parcial de los medicamentos no previstos en
el POS, que fueron entregados a los pacientes por órdenes de acciones de tutela.

Por último, indició que en el fallo invocado como desconocido se fijó el criterio de
que se pueden solicitar perjuicios derivados de actos que no tienen la naturaleza
de actos administrativos y que el medio de control procedente es el de reparación
directa por su naturaleza residual, situación aplicable en este caso, pues las
decisiones de Fisalud no son actos administrativos, sino que hacen parte de la
«dinámica del sistema, de una base da datos que concluye lo pagado y lo no
pagado».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 4 de octubre de 2022, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como parte
demandada, y, como tercero con interés, al ministro de Salud y Protección Social y
a cada uno de los integrantes del consorcio Fisalud (fiduciarias Fiducolombia S.A.,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

La Previsora S.A y Cafetera S.A.). Así mismo, se ordenó la notificación de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó declarar improcedente la
acción de tutela respecto de dicho organismo, con fundamento en que no le
corresponde realizar actuaciones judiciales ni administrativas dirigidas a resolver
las pretensiones de la demandante.

2.3. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, expuso que la solicitud de amparo
no supera el requisito de procedibilidad de subsidiariedad, dado que la
demandante puede formular el recurso extraordinario de revisión, medio idóneo
para la protección del derecho fundamental reclamado.
De otra parte, sostuvo que con la tutela se pretende «revivir un debate procesal ya
concluido como como si se tratara de una tercera instancia». Que, además, debía
considerarse el precedente constitucional sobre la relevancia constitucional frente
a las tutelas formuladas contra un órgano de cierre contenido en las sentencias
SU-573 de 2019 y SU-215 de 2016.

Con fundamento en ello, solicitó declarar improcedente la tutela, o que, de emitirse
un pronunciamiento de fondo, fuera desestimatorio de las pretensiones.

2.4. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud – Adres explicó que, actualmente, es la encargada de administrar los
recursos del Fondo de Solidaridad y Garantías – Fosyga, del Fondo de
Salvamento de Garantías para el Sector Salud – Fonsaet y los copagos por
conceptos de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del régimen
contributivo y recaudados como consecuencia de las gestiones de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), y que, por tanto, desde la entrada en vigencia del
artículo 662 de la Ley 1753 de 2015 se entiende suprimido el Fosyga y la Dirección

2 ARTÍCULO 66. DEL MANEJO UNIFICADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS). Con
el fin de garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, créase una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado
del orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado que se denominará
Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS). La Entidad hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio de Salud y Protección
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de Administraciones de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y
de la Protección Social.

En cuanto a la tutela, expuso que no cumplía el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que lo pretendido es convertirla en «una instancia o
recurso adicional» para controvertir las decisiones de los jueces.

De igual forma, afirmó que no se acredita ninguna de las causales específicas de
procedencia de la tutela.

Por último, sostuvo que debía declararse la falta de legitimación en la causa
respecto de la Adres, por no haber vulnerado ninguno de los derechos
fundamentales de la EPS accionante.

2.5. La Previsora S.A. Compañía de Seguros solicitó ser desvinculada3 de la tutela
y que, en su lugar, se vinculara y notificara al Fideicomiso Patrimonio Autónomo
Fiduciaria La Previsora S.A.

2.6. La Fiduprevisora S.A. pidió que se declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que la solicitud de tutela se dirigió contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y no contra dicha entidad.

2.7. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

Social (MSPS), con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio
independiente.

En materia laboral los servidores de la Entidad se regirán por las normas generales aplicables a los
empleados de la rama ejecutiva del orden nacional; en materia de nomenclatura se regirá por el
sistema especial que establezca el Gobierno Nacional. En materia de contratación se regirá por el
régimen público.

La Entidad tendrá como objeto administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y
Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los
que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en
el plan de beneficios del Régimen Contributivo, los recursos que se recauden como consecuencia
de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); los cuales confluirán en la Entidad. En
ningún caso la Entidad asumirá las funciones asignadas a las Entidades Promotoras de Salud. (…).

3 Se advierte que el auto admisorio ordenó que se notificara a la Fiduciaria La Previsora y no a la

Compañía de Seguros; no obstante, esta última también presentó escrito con su intervención.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20124, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

4 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.
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Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
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Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional5».

2. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. Solo en caso de que se cumplan,
se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer si se configuró o no el
defecto por desconocimiento del precedente, atribuido a la sentencia del 10 de
junio de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en el proceso de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2005-
01546-01, y si, como consecuencia de ello, se deben conceder el amparo
solicitado por la EPS Suramericana S.A.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia con la que culminó el proceso de reparación directa data del 10
de junio de 2022, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 29 de
septiembre del año en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la
expedición de la decisión cuestionada. Este término resulta razonable, sin
necesidad de considerar la fecha de notificación de la providencia.

3.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.

De manera que no son de recibo los argumentos de la autoridad judicial
accionada, en cuanto refiere que la parte actora cuenta con el recurso
extraordinario de revisión, pues, al revisar las razones que sustentan la pretensión

5 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

constitucional, ninguna de ellas se ajusta a las causales de revisión de la
sentencia previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

3.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

3.1.4 De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante, con argumentos que
se dirigen a cuestionar la razonabilidad del juicio realizado por el órgano de cierre,
alegó que, con la providencia del 10 de junio de 2022, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, vulneró su derecho fundamental al debido
proceso.

De igual forma, se observa que se cumplió con el requisito de carga argumentativa
en la sustentación del vicio atribuido a la providencia, sin que la Sala considere
que se esté utilizando este mecanismo de protección constitucional como una
instancia adicional al proceso ordinario, en virtud de las razones que sustentan el
supuesto desconocimiento del precedente judicial.

En efecto, en la solicitud de amparo se sostiene que el fallo con que culminó el
proceso de reparación directa incurrió en desconocimiento del precedente fijado
por esta Corporación, al declarar la ineptitud de la demanda por indebida
escogencia de la acción, pues la autoridad accionada determinó que la acción a
ejercer debió ser la nulidad y restablecimiento de derecho y no la de reparación
directa. En sentir de la EPS demandante, la tesis que allí se plasmó se aparta, sin
ninguna justificación, del precedente fijado por la Sala Plena de la Sección de
Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 3 de septiembre
de 2020 (expediente 42003).

En este caso, las razones de la tutela apuntan a un supuesto riesgo de afectación
no solo del derecho fundamental al debido proceso, sino de los derechos a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, pues la providencia
cuestionada impidió resolver de fondo la litis por haberse configurado una indebida
escogencia de la acción, con lo que, en criterio de la parte actora, se desconoció
una regla fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
según la cual el medio de control de reparación directa es el procedente cuando
se discuten decisiones que no tienen la naturaleza de actos administrativos.

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Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Con todo, conviene precisar que nos encontramos en un debate contra una
providencia emitida por una alta corte, en cuyo caso el examen de relevancia
constitucional es más estricto6, pues no solo debe verificarse que (i) se presenten
razones serias en contra de la providencia atacada, (ii) que se invoque la
afectación de derechos fundamentales y (iii) que no se pretenda utilizar como una
instancia adicional al respectivo proceso, sino, además, (iv) que los argumentos
revelen, prima facie, una posible vulneración de derechos fundamentales por
desconocimiento un postulado constitucional o de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la que se le haya dado alcance a algún derecho fundamental.

3.2. Defecto específico alegado: el desconocimiento del precedente

El Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial idónea para generar
precedentes 7 , al resolver un determinado asunto, establece el alcance de una
norma o resuelve un problema jurídico específico. Si otros jueces desconocen ese
pronunciamiento del órgano de cierre, en el que se ha fijado una regla de una
decisión, en principio, la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del derecho a la igualdad y resguardar la eficacia de otros
principios básicos del orden constitucional, salvo que, en ejercicio del derecho de
apartamiento y en atención a los presupuestos de transparencia y razón suficiente,
se explique por qué en determinado caso no se va aplicar el precedente.

Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría
de los precedentes 8 , se tiene que, para identificarlos, es preciso realizar un
análisis técnico de la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir
entre el decisum, la ratio decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte
resolutiva de la sentencia, aquello que se dictamina en el caso concreto y que,
dependiendo del tipo de pretensión invocada ante el juez administrativo, tendrá
fuerza erga omnes o efecto inter partes 9 . Por su parte, la ratio decidendi
«corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que

6 Corte Constitucional, sentencia SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Esta
consideración constituye una reiteración de la regla adoptada por la Corte Constitucional en las
sentencias SU-917 de 2010 y SU-050 de 2017.

En el mismo sentido puede consultarse la sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-534 de 2017.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
9 En efecto, de acuerdo con el artículo 189 CPACA.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido
específico»10 o, en su definición original, a la «formulación del principio, regla o
razón general de la sentencia que constituye la base de la decisión judicial»11.
Finalmente, el obiter dictum será «lo que se dice de paso»12 en la providencia,
esto es, «aquello que no está inescindiblemente ligado con la decisión»13.

Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga
omnes o inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez,
se impone señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro
ordenamiento constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza
legítima, y de amparar derechos y garantías fundamentales como el debido
proceso, la jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la
fuerza vinculante de los precedentes judiciales que han resuelto situaciones
análogas anteriores14. Lo anterior, en el sentido antes descrito, conforme al cual
«únicamente se forma precedente a partir de la ratio decidendi que resuelve un
caso»15.

De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada
como ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene
que, conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la
sentencia T-292 de 2006, para determinar si un precedente es relevante o no «se
deben tener en cuenta factores como que: i) En la ratio decidendi de la sentencia
se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii) La
ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o a una cuestión constitucional semejante, iii) Los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de
derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será
razonable que cuando en una situación similar, se observe que los hechos
determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado
para no considerar vinculante el precedente».

10 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
11 Corte Constitucional. Sentencias SU-047 de 1999 y SU- 1300 de 2001.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-1300 de 2001. Ver también, entre otras, la sentencia SU-047

de 1999.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
14 Una completa reconstrucción de esta línea jurisprudencial puede verse en la sentencia C-634 de

2011 de la Corte Constitucional.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-960 de 2001.

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Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las
siguientes reglas16:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció17.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial
que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe
un caso análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si
se dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si
existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez
expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen
diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los
casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el
juez identifica el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las
razones para apartarse (principios de transparencia y razón suficiente18).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a
la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la
decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los
hechos y el material probatorio en cada caso concreto19.

16 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
17 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del

hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».
18 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,

ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
19 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las

particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido
proceso y la garantía de la confianza legítima.

• Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 20 y de esta
Corporación21, en armonía con lo establecido en el artículo 270 de la Ley 1437 de
201122, la sentencia de unificación proferida el 3 de septiembre de 2020 por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente con radicado 25000-23-
26-000-2009-00131-01(42003), constituye precedente vinculante; sin embargo, a
diferencia de lo que considera la parte demandante, no resulta aplicable al caso.

En efecto, aunque pudiera pensarse que la sentencia de unificación
supuestamente desconocida era una pauta interpretativa en la solución del litigio
promovido en su momento por la EPS Sura, lo cierto es que el juez natural de la
causa estaba en libertad de elegir la relación de ese pronunciamiento con el caso
estudiado y determinar su aplicación o no, pero, en el fondo, el razonamiento que
se estima ignorado no resultaba vinculante para la autoridad judicial accionada.
En efecto, en el proceso de reparación directa la discusión versaba sobre los
denominados recobros, propios del Sistema de Seguridad Social en Salud, por
medicamentos NO POS cubiertos por las EPS, como consecuencia de las órdenes
impartidas en fallos de tutela. La providencia de unificación invocada se ocupó del
análisis de la naturaleza de los actos precontractuales proferidos por los
prestadores de servicios públicos domiciliarios exceptuados del Estatuto General
de la Contratación y de la acción o medio de control procedente para el escrutinio

20 Al respecto, pueden consultarse las sentencias C-588 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo; C-179 de

2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SU-611 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-017 de
2022, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-207 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; entre otras.
21 Sentencia del 8 de agosto de 2022, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, recurso extraordinario de

unificación de jurisprudencia, exp. 0892-2017, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia del 7 de julio de
2022, Sección Segunda, Subsección A, exp. 3028-2021, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; sentencia del
7 de abril de 2022, Sección Tercera, recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, exp. 65.707, M.P.
José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 26 de mayo de 2022, Sección Tercera, recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, exp. 50935, C.P. Nicolás Yepes Corrales; entre otras.
22 ARTÍCULO 270. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL. <Artículo modificado
por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Para los efectos de este
Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido
el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad
de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas
mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por
el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de dichos actos, bajo el entendido de que no fuesen actos administrativos. Desde
el inicio de aquella sentencia se delimitó el tema a discutir, así:

La Sala Plena de la Sección Tercera, mediante Auto de 14 de mayo de 2020,
avocó, en segunda instancia, el conocimiento del asunto de la referencia, con el
fin de proferir Sentencia de Unificación jurisprudencial en relación con el
conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de las
controversias de prestadores de servicios públicos domiciliarios, la naturaleza
jurídica de los actos precontractuales emitidos por estos y el medio de control
procedente para demandar tales actos precontractuales ante esta jurisdicción.

Con sujeción a ese derrotero se unificaron estos puntos:

Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de
controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos
domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del
CPACA) para resolver el vacío normativo; si, con base en ello, no se desprende
el conocimiento de esta jurisdicción, corresponderá a la jurisdicción ordinaria.

• Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos
precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son
actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como, de
resultar aplicables, por los principios que orientan la función administrativa.

• Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las
controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios
públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción, que no correspondan
a actos administrativos, deberán tramitarse a través de la acción (medio de
control en el CPACA) de reparación directa.

• Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el
juzgador de conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las
demandas presentadas antes de la notificación de esta providencia, resolverá la
controversia de fondo, aunque no se haya empleado la acción (medio de control)
que corresponda, en el marco del régimen jurídico aplicable a este tipo de actos.

Así pues, vale la pena recordar que en el proceso de reparación directa promovido
por la Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. - Susalud (hoy EPS
Suramericana S.A.) se pretendió la declaratoria de responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Ministerio de la Protección Social (hoy de
Ministerio Salud y de la Protección Social) y el consorcio Fisalud, como
consecuencia del pago parcial de medicamentos no incluidos en el POS y
otorgados por las EPS, en virtud de fallos de tutela anteriores a la Resolución
2949 de 200323, expedida por el Ministerio de la Protección Social.

23 «Por la cual se establece el procedimiento de recobro ante el Fosyga por concepto de
prestaciones ordenadas por fallos de tutela y se determinan los documentos que se deben anexar
como soporte a las solicitudes de pago».
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda (i) por caducidad de la acción, respecto de los cobros
anteriores al 21 de junio de 2003, y (ii) por falta de prueba del daño, en relación
con los cobros posteriores a esa fecha.

Por cuenta del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia
en la que revocó el fallo apelado, declaró la ineptitud de la demanda por indebida
escogencia de la acción y se inhibió de examinar el asunto de fondo, pues estimó
que la acción que debió promover la EPS demandante era la de nulidad y
restablecimiento del derecho, por tratarse de una discusión derivada de la
ilegalidad de actos administrativos. Textualmente, sostuvo la providencia
cuestionada:

[S]egún la regulación existente para el momento de los hechos, dado que con
cargo al Fosyga (a través del Ministerio de Salud o el encargo Fiduciario) y en
desarrollo de su objeto y de sus funciones se efectúan un sinnúmero de
liquidaciones, operaciones y reconocimientos económicos derivados de
reclamaciones por vía administrativa presentadas por las EPS y operadores del
sistema de salud para el recobro de medicamentos, procedimientos y/o
intervenciones no incluidos en el POS, ordenados por comités técnico científicos
y/o fallos de tutela (como en este caso), para la Sala resulta claro que los
documentos (glosas) que reconocieron el 50% del valor de los medicamentos
recobrados contienen una declaración unilateral de una autoridad administrativa
(Ministerio de Salud y Protección Social), que produjo efectos jurídicos directos al
crear una situación jurídica (reconocimiento o no del valor recobrado) que, por sí
misma, una vez en firme, es vinculante tanto para la EPS, el operador de salud
como para la administración y, además, fue expedida en ejercicio de la función
administrativa asignada a este ministerio24.

(…)

[L]as declaraciones unilaterales que glosaron las reclamaciones presentadas por
la Compañía Suramericana de Servicios de Salud Susalud SA y que
reconocieron el 50% para el recobro de medicamentos, no incluidos en el POS y
ordenados por vía de tutela constituyen, sin lugar a duda, actos administrativos
particulares y concretos, en los que se reconoció parcialmente los créditos
reclamados por la entidad demandante y negó lo que ahora se reclama
judicialmente, con lo cual se crearon situaciones jurídicas concretas y obligatorias
mientras no sean anuladas por la jurisdicción contencioso administrativa. Es
verdad que las glosas fueron efectuadas por Fisalud pero en nombre y
representación del Ministerio de Salud en virtud del encargo fiduciario (Contrato
255 de 4 de diciembre de 2000 y contrato adicional no. 01 de 25 de noviembre de
2002, fls. 154 a 194 y 195 a 200) que ordenó el legislador para manejar la cuenta
del Fosyga, debido a que el ministerio conserva la dirección del fondo y la

24 (Cita original de la providencia) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 5 de

marzo de 2021 MP Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
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Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

ordenación del gasto tal como lo dispone la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1283
de 1996.

(…)

3) Por consiguiente, se entiende que las decisiones de «glosar o rechazar» las
solicitudes de recobro por servicios, medicamentos o tratamientos no incluidos en
el Plan Obligatorio de Salud no POS fueron adoptadas por el Ministerio de
Protección Social a través de la fiduciaria y, en tal virtud, constituyeron actos
unilaterales susceptibles de ser impugnadas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativa a través de la acción procesal específicamente preestablecida para
el efecto.

4) La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica en señalar que “(…) la
fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que
fundan la controversia y esta, a su vez, determina la técnica apropiada para la
formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo
para hacerlas valer por la vía jurisdiccional” 25 ; así las cosas, las normas que
regulan las condiciones para el ejercicio de cada medio de control no están al
arbitrio de la escogencia del interesado, pues, se trata de normas de orden
público y de imperativo cumplimiento.

5) Finalmente, se hace hincapié en que los daños reclamados en esta causa
provienen de actos administrativos que el demandante cuestiona, básicamente,
porque el pago debía ser del 100% y no del 50% de los medicamentos
recobrados y se aplicó analógicamente una normativa para otro tipo de recobros,
lo cual, sin duda, pone en evidencia que el demandante no hace otra cosa que
censurar la legalidad de las decisiones administrativas proferidas por el Ministerio
del Protección Social a través del encargo fiduciario, razón por la cual no es
procedente la acción de reparación directa incoada en esta oportunidad.

Si el precedente judicial corresponde a la regla de derecho extraída de un caso, es
decir, a la razón central de la decisión que surge de la valoración que el juez hace
de las normas frente a los hechos en cada caso, para que posteriores litigios o
conflictos que surjan de hechos iguales o similares, no puede concluirse una tesis
diferente a que el precedente lo constituye la determinación de la autoridad judicial
vinculada a unos hechos que le sirven de soporte o fundamento. En este caso, los
hechos de las discusiones no tienen ninguna relación como para que se justifique
extrapolar al proceso de la aquí demandante, las consideraciones de la sentencia
invocada como precedente.

En efecto, en la sentencia que sirvió de soporte a la causal específica objeto de
análisis, el pleno de la Sección Tercera de esta Corporación estudió los actos
precontractuales proferidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios,
en tanto entidades sometidas a un régimen especial de contratación de derecho

25 (Cita original de la providencia). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011.

exp. 26.758. Así mismo, ver, entre otras, las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16.474; del 19 de julio de
2007. exp. 30.905; del 31 de agosto de 2005. exp. 29.511.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

privado, y se concluyó por la Sala mayoritaria —se presentaron varias
aclaraciones y salvamentos de voto— que, por regla general, no eran actos
administrativos y, por tanto, debían demandarse por vía de reparación directa.

En cambio, en la controversia planteada por la EPS Sura, que culminó con la
decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
aquí se cuestiona, no hay discusiones sobre actos precontractuales o relacionadas
con la celebración de contratos de entidades exceptuadas del Estatuto General de
la Contratación o con régimen especial; mucho menos está vinculada una
empresa con la naturaleza de aquellas a las que alude la sentencia de unificación,
ni se observa que ese haya sido el origen de la disputa. No. La discusión
presentada por la EPS Sura se deriva del daño y detrimento patrimonial atribuido
al pago parcial de los rembolsos de los medicamentos no POS ordenados en
sentencias de tutelas, lo cual, se insiste, dista de la analogía fáctica y jurídica que
debe existir entre dos casos, para que pueda hablarse de precedente vinculante y,
sobre todo, aplicable al sub lite.

En definitiva, la providencia que se enuncia como desconocida no era aplicable al
caso de la parte demandante, de suerte que era innecesario descartar su
utilización en ese caso o simplemente mencionarla. Tampoco le era exigible a la
autoridad judicial demandada pronunciarse acerca de si se trataba de una
rectificación o de un nuevo criterio jurisprudencial.

Al tratarse, pues, de dos asuntos diferentes, se concluye que la autoridad
accionada tenía plena libertad, en ejercicio de la autonomía e independencia que
caracteriza la labor de los jueces, de concluir que se había configurado la ineptitud
de la demanda por indebida escogencia de la acción e inhibirse de examinar el
asunto de fondo. Aserto que, en este caso, se juzga razonable, pues no
corresponde a una decisión desprovista de motivación, ni luce caprichosa,
absurda o irracional.

Finalmente, conviene decir que la acción de tutela sigue siendo un mecanismo
subsidiario y excepcional y, por ende, no puede convertirse en el único y el
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona ha sido
proferida por un órgano de cierre, caso en el cual, se reitera, la propia Corte
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05233-00
Demandante: EPS Suramericana S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Constitucional ha venido sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es
necesario que la decisión contenga una anomalía de tal forma que riña
abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que esa Corporación ha
trazado al definir el alcance y límite de derechos fundamentales, circunstancias
que en este caso no se advierten a simple vista.

Por todo lo anterior, la Sala negará la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada la EPS Suramericana S.A.,
de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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