Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-01546-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-01546-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2005-01546-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
10 de junio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diez (10) de junio de dos mil veintidos (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01(49.146)
Demandante: COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS
DE SALUD SA
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y
CONSORCIO FISALUD
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA- FALLA DEL SERVICIO –
PAGO PARCIAL DE MEDICAMENTOS NO POS -
INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA
Síntesis del caso: la compañía Suramericana de Servicios de Salud - SUSALUD solicita que
se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de la Protección Social y
otros y se condene al pago de perjuicios materiales que le fueron ocasionados por el pago
parcial de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, en cumplimiento
de sentencias de tutela anteriores a la vigencia de la Resolución no. 2949 de 2003.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sala de Descongestión (fls. 542 a 552 cdno. de apelación) en la cual
se denegaron las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
“FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Por Secretaría corregir la carátula del expediente respecto
del nombre del demandado.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría
liquídense los gastos del proceso y devuélvanse los remanentes al
interesado. Pasados 2 años sin que hubieran sido reclamados dichos
remanentes, se considerarán prescritos a favor de la Rama Judicial”
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
Demandante: Compañía Suramericana de Servicios de Salud SA
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
(fl. 551 vlto cdno. de apelación- negrillas y mayúsculas sostenidas del
texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 22 de junio de 2005 ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca la Compañía Suramericana de Servicios de Salud SA - Susalud
Medicina Prepagada a través de apoderado presentó demanda de reparación directa
para que se declare la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación -
Ministerio de la Protección Social y el consorcio FISALUD integrado por las
sociedades Fiducolombia SA, La Previsora SA y Cafetera SA – Fiducafe, con las
siguientes súplicas:
“PRETENSIONES PRINCIPALES
Solicito que en sentencia definitiva se hagan las siguientes
declaraciones y condenas:
PRIMERA. Que se declare que la NACIÓN — MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL y el consorcio FISALUD integrado por las
sociedades FIDUCOLOMBIA SA, LA PREVISORA SA y CAFETERA
SA — FIDUCAFE, a cuyo cargo está, contractualmente, la
administración de los recursos FOSYGA (Fondo de Solidaridad y
Garantía) son responsables del pago parcial de medicamentos no
incluidos en el POS, con o sin homólogo suministrados por dicha
E.P.S. a sus usuarios por SENTENCIAS DE TUTELA, anteriores a la
vigencia de la Resolución no. 2949 del año 2003.
SEGUNDA. Condénese a la NACIÓN — MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL y el consorcio FISALUD integrado por las
sociedades FIDUCOLOMBIA SA, LA PREVISORA SA y CAFETERA
SA — FIDUCAFE, a cuyo cargo está, contractualmente, la
administración de los recursos del FOSYGA (Fondo de Solidaridad y
Garantía) al pago de la totalidad de los perjuicios ocasionados a
SUSALUD, tanto por concepto de daño emergente como lucro
cesante, especialmente los siguientes:
a. La suma de CUATRO MIL UN MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
($4.001.783.796,00) correspondiente al saldo insoluto del valor de los
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
Demandante: Compañía Suramericana de Servicios de Salud SA
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
medicamentos no incluidos en el POS cuyo suministro a los usuarios
se dispuso en mil seis (1.006) fallos definitivos de tutelas proferidas
contra SUSALUD antes de la vigencia de la Resolución 2949 del 2003.
b. La suma correspondiente a los intereses comerciales a la tasa
máxima permitida por la ley, o subsidiariamente la pérdida de poder
adquisitivo de la moneda, de conformidad con las fechas de los pagos
parciales, y con lo dictaminado en el proceso.
TERCERA. Que en la sentencia se tenga en cuenta lo dispuesto en el
último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
CUARTA. Que se condene en costas a la parte Demandada
PRIMERAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
PRIMERA. Que se declare que la NACIÓN — MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL y el consorcio FISALUD integrado por las
sociedades FIDUCOLOMBIA SA, LA PREVISORA SA y CAFETERA
SA — FIDUCAFE, a cuyo cargo está, contractualmente, la
administración de los recursos FOSYGA (Fondo de Solidaridad y
Garantía) se enriquecieron sin justa causa, en virtud del pago parcial
de las solicitudes de recobro por medicamentos con o sin homólogo
ordenadas mediante SENTENCIAS DE TUTELA anteriores a la
vigencia de la Resolución no. 2949 del año 2003.
SEGUNDA. Condénese a la NACIÓN - MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL y el consorcio FISALUD integrado por las
sociedades FIDUCOLOMBIA SA, LA PREVISORA SA y CAFETERA
SA — FIDUCAFE, a cuyo cargo está, contractualmente, la
administración de los recursos del FOSYGA (Fondo de Solidaridad y
Garantía) al pago de Ia suma de $4.001.783.796,00, correspondiente
al "saldo insoluto del valor de los medicamentos no incluidos en el POS
cuyo suministro a los usuarios se dispuso en 1006 fallos definitivos de
tutelas proferidos contra SUSALUD antes de la vigencia de la
Resolución no. 2949 del año 2003, así como los intereses moratorios
a la tasa máxima permitida por la ley, o subsidiariamente la pérdida de
poder adquisitivo de la moneda, de conformidad con las fechas de los
pagos parciales, y con lo dictaminado en el proceso” (fls. 22 y 23 cdno.
ppal. no. 1 - negrillas, mayúsculas sostenidas y subrayas del texto
original).
1.1 Hechos
El fundamento fáctico de la demanda es, en síntesis, el siguiente:
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
Demandante: Compañía Suramericana de Servicios de Salud SA
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
1) La compañía Suramericana de Servicios de Salud SA Susalud Medicina
Prepagada, en un conjunto de mil seis (1.006) oportunidades ha tenido que reconocer
a sus afiliados, por órdenes de acciones de tutela, medicamentos que se encuentran
por fuera de la lista taxativa del Plan Obligatorio de Salud (POS), las referidas
providencias son anteriores a la expedición y vigencia de la Resolución no. 2949 de
20031.
2) En las sentencias de tutela se dispuso que Susalud podría repetir contra el
Ministerio de la Protección Social a través del Fondo de Solidaridad y Garantía
(FOSYGA) o directamente contra este último por el total de los sobrecostos en los que
incurrió, es decir, por el monto total de los medicamentos no incluidos en el POS y en
aquellos que se ordenó autorizar y pagar.
3) En cada uno de esos casos Susalud solicitó el recobro con los debidos soportes
ante el Ministerio de la Protección Social y el consorcio Fisalud (administrador
fiduciario de los recursos del FOSYGA) y, en consecuencia, se procedió a glosar2
aplicando de manera analógica las Resoluciones 5061 de 1997 y 2312 de 1.9983, sin
embargo, desconocieron el pago total de tales medicamentos.
Con fundamento en estos hechos, la parte actora estima que i) el Ministerio de la
Protección Social no le ha reconocido a Susalud el costo total de las prestaciones no
incluidas que han sido asumidas en virtud de las sentencias de tutela, tanto en lo que
se refiere a medicamentos con o sin homólogo en forma completa, como en lo que se
refiere a sentencias de tutela anteriores a la expedición y vigencia de la Resolución
1
Resolución no. 2949 de 2003 expedida por el Ministerio de Protección Social “Por la cual se establece
el procedimiento de recobro ante el Fosyga por concepto de prestaciones ordenadas por fallos de tutela
y se determinan los documentos que se deben anexar como soporte a las solicitudes de pago”.
2
El encargado de la revisión, auditoría, glosa y pago de las cuentas fue, en un primer momento el otrora
Ministerio de Salud y, en un segundo momento, el consorcio Fisalud, por virtud de lo establecido en el
contrato adicional y modificatorio no. 03 al contrato de encargo fiduciario no. 255 de 2000 celebrado
entre el Ministerio de la Protección Social y el Consorcio Fisalud el 8 de octubre de 2003; en efecto, en
este caso son glosas provenientes del entonces Ministerio de Salud y de Fisalud de conformidad con
las instrucciones proferidas por aquel pero, nunca actos administrativos en relación con la decisión de
las solicitudes de recobro.
3
Resoluciones que regulan los recobros en relación con medicamentos no incluidos en el POS
suministrados por trámite de Comités Técnico-Jurídicos.
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
Demandante: Compañía Suramericana de Servicios de Salud SA
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no. 2949 de 2003 del Ministerio de Protección Social; ii) el Ministerio de la Protección
Social ha glosado y pagado parcialmente cuentas a Susalud en los dos últimos años
por concepto de medicamentos no incluidos en el POS en cumplimiento de los
referidos fallos de tutela con anterioridad a la vigencia de la Resolución 2949 del año
2003 y en aplicación analógica de las Resoluciones números 5061 de 1997 y 2312 de
1998; iii) el Ministerio de la Protección Social y el Consorcio Fisalud desconocieron el
pago de las solicitudes de recobro generadas en virtud de las sentencias de tutela que
dan lugar a esta demanda lo que implica, a su vez, el desobedecimiento de dichas
providencias de amparo que consagraban la facultad de repetir a favor de susalud
todo, con el artificio de aplicarles a dichas solicitudes de recobro la normatividad
especial de recobros generados en el procedimiento de los Comités Técnico
Científicos (Resoluciones 5061 de 1997 y 2312 de 1998).
2. Contestación de la demandada
2.1 Las fiduciarias Fiducolombia SA, La Previsora SA y Cafetera SA, integrantes
del consorcio FISALUD
En escrito presentado el 26 de junio de 2007 (fls. 116 a 139 cdno. ppal. no.1) el
consorcio se opuso a cada uno de los hechos y las pretensiones de la demanda con
base en los siguientes argumentos:
a) La capacidad de Fisalud estaba estrictamente limitada por las instrucciones
contractuales impartidas por Ministerio de la Protección y que le dan contenido a las
limitaciones e instrucciones para el destino de los recursos del Fosyga,
particularmente en materia de recobros por fallos de tutela; en consecuencia,
cualquier infracción por extralimitación de las indicaciones de su contratante Fisalud
vería comprometida su responsabilidad contractual pues, no es más que un ejecutor
de las decisiones que le impartan las entidades competentes.
b) Propuso las excepciones de i) falta de legitimación por pasiva, porque solo actuaba
por cuenta del Ministerio de Protección Social y tenía la obligación de obrar dentro de
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
Demandante: Compañía Suramericana de Servicios de Salud SA
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las atribuciones conferidas y según sus instrucciones, ii) ningún tercero está facultado
para intervenir en la relación contractual de encargo fiduciario entre el Ministerio de la
Protección Social y Fisalud pues, el contrato de encargo fiduciario delimita las
obligaciones y facultades de la fiduciaria y, iii) caducidad de la acción, puesto que el
hecho de haber acumulado en una sola demanda diferentes eventos de recobro por
fallos de tutela no implica que cada uno de ellos pierda su individualidad, motivo por
el cual la caducidad de la acción debe ser examinada individualmente frente a cada
uno de ellos y vistos así se encuentran caducados.
2.2 La Nación - Ministerio de Protección Social
En escrito radicado el 27 de junio de 2007 (fls. 210 a 234 cdno. ppal. no.1) se opuso
a los hechos y las súplicas de la demanda por carecer de fundamento legal y
probatorio, por las siguientes razones:
a) El Consorcio Fisalud -que realiza los pagos que deben asumirse con cargo al
Fosyga- cumplía dicha obligación en estricta aplicación de las disposiciones legales y
reglamentarias y las instrucciones del Ministerio de la Protección Social.
b) El Consorcio Fisalud no ha pagado montos indebidamente pretendidos que
correspondan al 100% del valor de los medicamentos ya que en la totalidad de los
casos el valor real de los mismos es de menos del 50% y, además, porque los jueces
de tutela no pueden ordenar el pago de una suma determinada sino el costo del
medicamento que no puede aceptarse que sea el que fije las EPS, circunstancia por
la cual se debe verificar procedencia, monto y otros requisitos.
c) El Ministerio de la Protección Social, al determinar lo relativo a reconocimientos y
condiciones en que se producirá el suministro de medicamentos no POS y fallos de
tutela, salvaguarda los recursos del Fosyga de pretensiones indebidas, como por
ejemplo el reconocimiento del valor del 100% de los medicamentos sin tener
parámetros o referentes diferentes al valor de compra por parte de las EPS.
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
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d) La acción de reparación no procede porque lo que plantea el demandante es el
reconocimiento del 100% de lo pagado por medicamentos no incluidos en el POS
como consecuencia de fallos de tutela porque, a su juicio, ello causó un presunto
desequilibrio económico, empero, no está acreditado que ese sea el porcentaje que
deba reconocerse, la existencia de un desequilibrio económico, el perjuicio alegado ni
omisión atribuible al Ministerio de la Protección Social, por lo tanto, no existe nexo de
causalidad entre la omisión y el perjuicio reclamado, y en consecuencia, no resulta
procedente la reparación solicitada.
e) El Estado no se está enriqueciendo sin justa causa por el hecho de no pagar el
100% de los medicamentos no POS, por cuanto ello equivaldría a afirmar que la EPS
está cobrando lo no debido en la medida que esos valores ya le fueron reconocidos
en la cuantía y porcentajes previstos en el ordenamiento jurídico.
f) Propuso la excepción de caducidad de la acción debido a que el hecho de haber
acumulado en una sola demanda diferentes eventos de recobro por fallos de tutela no
implica que cada uno de ellos pierda su individualidad.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 15 de marzo de 2012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca corrió traslado a
las partes por el término de diez (10) para que alegaran de conclusión e igualmente al
Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 480 cdno. ppal. no. 1).
3.1 Fisalud
A través de escrito presentado el 17 de mayo de 2012 el consorcio Fisalud (fls. 506 a
522 cdno. no.1) sostuvo:
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
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a) Es simplemente el encargado fiduciario de los recursos del Fosyga, motivo por el
cual debió acatar obligatoriamente las instrucciones contractuales de su mandante, el
Ministerio de la Protección Social.
b) Solamente fue encargado de la auditoría de los recobros por los fallos de tutela con
posteridad a la suscripción de los contratos adicionales números 01 y 03, por lo tanto,
la mayoría de los recobros por fallos de tutela anteriores a la expedición de la
Resolución 2949 del 2003 fueron tramitados directamente por el Ministerio de la
Protección Social.
c) Según confesión del demandante, la aplicación de los procedimientos previstos en
las Resoluciones números 5061 de 97 y 2312 del 1998 del Ministerio de Protección
Social a los recobros por fallos de tutela proferidos antes de la expedición de la
Resolución 2349 de 2003 fue la instrucción del Ministerio de la Protección Social,
entidad que avaló la actuación del consorcio de pagar el 50 % del valor de los
medicamentos recobrados, circunstancia por la cual no puede imputarse
responsabilidad alguna al consorcio.
d) Debe condenarse en costas, porque la vinculación al consorcio es temeraria ya que
este tan solo era un ejecutor material de las decisiones del Ministerio de Protección
Social.
3.2 La parte demandante
En escrito radicado el 23 de mayo de 2012 (fls. 523 a 540 cdno. no.1) alegó lo
siguiente:
a) El daño antijurídico se encuentra probado4 ya que SUSALUD EPS tenía derecho a
que se rembolsara el 100% y no el 50% de los medicamentos no POS ordenados por
4
Señaló que se encuentra probado con el dictamen pericial rendido por Édgar Javier Erazo López.
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
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acciones de tutela lo cual causó un detrimento patrimonial del orden de $4.001.783.
796; la antijuridicidad radica en que la parte demandante desconoció órdenes
judiciales de tutela que reconocían el derecho de repetición sin limitación alguna y que
en contrario sentido las entidades demandadas aplicaron de manera analógica
normas restrictivas.
b) El daño es imputable a la parte demandada a título de falla del servicio en la medida
en que excedió sus competencias administrativas pues, las normas que regulaban los
recobros antes de la Resolución 2949 de 2003, no podían aplicarse de manera
analógica, máxime cuando los fallos de tutela consagraban el derecho de repetición
sin limitación alguna.
c) La parte demandada al aplicar las normas que regulan los recobros de comités
técnicos científicos a los recobros reconocidos por vía de tutela violó el artículo 121
de la Constitución Política porque las entidades públicas solo están autorizadas a
desplegar aquellas conductas que autorizan la Constitución y la ley.
El Agente del Ministerio Público no emitió concepto.
4. La sentencia de primera instancia
El 23 de noviembre de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C de Descongestión denegó las pretensiones de la demanda (fls.
542 a 551 cdno. de apelación) con base en lo siguiente:
a) Como la demanda fue presentada el 22 de junio de 2005 hay caducidad de la acción
respecto de las cuentas de cobro que fueron glosadas antes del 21 de junio de 2003
y, en consecuencia, solo se asume el estudio de las que registraron glosas con
posterioridad a esa fecha por haber sido presentadas en el término previsto en el
artículo 136 del CCA.
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
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Apelación de sentencia
b) No se encuentra probado el daño porque, por un lado, con el documento excel que
contenía la base de datos de los fallos de tutela y los recobros no se pudo establecer
el detrimento patrimonial alegado toda vez que no es posible determinar cuál fue el
objeto de la reclamación, el monto de la misma ni los valores que esta entidad habría
dejado de cancelar al demandante y, además, no se allegaron al expediente: i) los
1.006 fallos de tutela allí relacionados, ii) las constancias de radicación de las cuentas
por concepto de recobro, iii) las facturas de las IPS con los respectivos sellos de
cancelación por parte de la EPS, iv) las glosas devolutivas de las mismas, y v) otro
documento que confiera certeza respecto del recobro y el pago parcial aducidos en la
demanda.
Por otro lado, el dictamen pericial del contador Édgar Javier Erazo López no es posible
tenerlo como prueba del daño reclamado porque para rendir su experticia revisó y
analizó documentos que no fueron allegados al proceso5 y, por lo tanto, se realizó con
información distinta a la que obra en el expediente en clara violación del artículo 241
del CPC aplicable por remisión del artículo 268 del CCA.
5. El recurso de apelación
En escrito del 15 de julio de 2013 la parte demandante solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia y que se acceda a las pretensiones de la demanda (fls.
348 a 364 cdno. apelación) por cuanto:
5
El a quo advirtió que para la realización de dicho dictamen al auxiliar de justicia le "tocó trasladarse a
la ciudad de Medellín, a las instalaciones de la demandante donde le pusieron a su disposición "los
principales documentos contables, así como también sus respectivos auxiliares, con 34 cajas de cartón
que contiene 1.006 carpetas que corresponden a las tutelas presentadas y a los recobros objeto de la
reclamación", y revisó "copia de los documentos que soportan las bases de datos; sentencias de tutela
por virtud de las cuales se autorizaron los medicamentos cuyo recobro se reclama; formatos de
solicitudes de recobros radicados ante el Consorcio FISALUD; facturas de venta con el sello de
cancelado por parte de SUSALUD EPS; recibos de copagos-ordenes de servicios emitidas por
SUSALUD EPS; facturas y cuentas de corbo presentadas por SUSALUD EPS ante el Consorcio
FISALUD; comunicaciones y bases de datos en las cuales se informa de las glosas y pagos por parte
del Consorcio FISALUD a su SALUD EPS documentos facilitados por el consorcio FISALUD en visita
realizada a sus oficinas”.
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
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Apelación de sentencia
a) La caducidad parcial de la acción es improcedente porque con la base datos
anexada y el dictamen pericial se concluye que todos los recobros que se reclaman
fueron pagados de manera parcial por las demandadas dentro de los dos años
calendario anteriores a la fecha de presentación de la demanda, pues, era con el pago
que se podía verificar la aplicación analógica que se cuestiona en la demanda.
b) Se encuentran plenamente acreditados todos los elementos de la responsabilidad
del Estado (hecho, daño y nexo causal); el hecho dañoso lo constituye el pago parcial
de los recobros realizados a las demandadas en los eventos de medicamentos no
POS suministrados por órdenes de tutela, por lo tanto, es un asunto de puro derecho
en donde no se discute el recobro sino la cuantía en la que la demandada debió haber
realizado el mismo, circunstancia por la cual no era necesario acreditar la totalidad de
los fallos de tutela ni las facturas canceladas.
c) El dictamen pericial debe ser valorado, brinda elementos suficientes para acreditar
el daño y los perjuicios sufridos por la demandante, ya que los artículos 241 del CPC
y el 268 del CCA no prohíben que este tipo de prueba se fundamente en
documentación que no obra en el proceso, es más, se desconoce la razón de ser del
dictamen porque si hubiese existido suficiente prueba documental el peritazgo no era
necesario, por lo tanto, salta a la vista un grave de error de valoración probatoria en
que incurrió el a quo.
d) Si no se puede valorar el dictamen pericial debe tenerse en cuenta que la omisión
de las entidades demandadas (impago - conducta omisiva) constituye una negación
indefinida que traslada la carga de la prueba, es decir, a la parte demandada le
correspondía demostrar que había pagado de manera integral el recobro.
6. Actuación surtida en segunda instancia
El 15 de noviembre de 2013 se admitió el recurso de apelación (fl. 370 cdno.
apelación) y el 12 de mayo de 2013 (fl. 372 cdno. apelación) se corrió traslado a las
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Apelación de sentencia
partes para para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el
mismo lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto.
6.1 La parte demandante
Reiteró lo expresado en el recurso de apelación en torno a i) la ausencia de caducidad,
ii) la plena prueba de los elementos de la responsabilidad, iii) la inversión de la carga
de la prueba por tratarse de una negación indefinida, iv) la improcedencia de
aplicación analógica de la regulación de las resoluciones que regulan los Comités
Técnico Científicos a recobros por vía de tutela (fls. 373 a 375 cdno. de apelación).
6.2 Fisalud
El consorcio insistió en lo expresado durante el proceso y agregó que en el presente
caso las pruebas no prestan soporte suficiente a las pretensiones de la demanda,
máxime cuando incumplió la carga de probar los supuestos de hecho relativos al pago
de los recobros realizados (fls. 376 a 384 cdno. de apelación).
6.3 El Ministerio de Salud y Protección Social
En escrito presentado el 20 de junio de 2014 (fls. 395 a 404 cdno. de apelación)
sostuvo lo siguiente:
a) El recurso de apelación carece de fundamento toda vez que el presente litigio no
es de puro derecho, en la medida que la existencia de los fallos de tutela y de los
recobros es un tema por probar por cuanto la parte pasiva jamás aceptó las
afirmaciones vertidas en la demanda.
b) La aplicación analógica de la Resolución no. 2312 de 1998 del Ministerio de Salud
(hoy Ministerio de Salud y Protección Social) a los recobros constituye un hecho pero,
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Expediente: 25000-23-26-000-2005-01546-01 (49.146)
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Apelación de sentencia
jamás plena prueba del daño o perjuicio alegado, es decir, la existencia de una norma
y su aplicación a nivel nacional no exoneraba a la parte demandante de probar los
cargos de la demanda lo cual desvirtúa de plano la inversión de la carga de la prueba.
7. El concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado presentó concepto el 18
de junio de 2014 (fls. 386 a 404 cdno. apelación) en el que solicitó que se confirme la
sentencia apelada con sustento en lo siguiente:
a) Operó la caducidad parcial respecto de las cuentas de cobro que fueron glosadas
antes de junio de 2003 debido a que la demanda fue presentada en junio de 2005 y el
término de dos años para el ejercicio oportuno de la acción debía contarse a partir del
momento en el que aquellas fueron objeto de glosa por la actora, pues, ese hecho
acredita el pago del 50% de los recobros.
b) No se acreditó el daño consistente en las erogaciones que debió efectuar la actora
para el suministro de medicamentos no POS por vía de acciones de tutela y cuyo valor
no le fue reembolsado y, este aspecto no es un asunto de puro derecho -como lo
consideró el apelante-, sino que, el actor debió probar i) que le fue ordenado el
suministro de medicamentos no POS por sentencia de tutela, ii) el pago y suministro
efectivo de los medicamentos, y iii) las constancias del recobro y las glosas que
materializaron la negativa de la administradora del FOSYGA para pagar el 100%.
c) El dictamen pericial no es suficiente para demostrar los hechos y el daño objeto de
la causa debido a que no se allegaron al expediente los referidos 1.006 fallos de tutela,
las constancias de radicación de las cuentas de recobro, las facturas de la IPS con los
respectivos sellos de cancelación por parte de las EPS ni las glosas devolutivas; de
hecho, la muestra de 36 casos de los 1006 aducidos no es suficiente para crear
convicción en el juzgador de la existencia de los hechos alegados, en conclusión, el
dictamen pericial no puede sustituir la prueba documental.
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d) Si bien en el presente proceso hay una discusión en derecho en relación con el
recobro, el demandante tenía que probar la existencia del título para repetir contra la
demandada, por lo tanto, no es admisible el argumento de la negación indefinida.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y decisión que
se adoptará, 2) análisis de procedencia de la acción de reparación directa 3)
conclusión y 4) condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y decisión que se adoptará
El objeto de la controversia consiste en determinar si la acción de reparación directa
es la idónea para reclamar los perjuicios irrogados a la parte demandante y, solo si se
supera ese análisis se estudiará si se reúnen los elementos requeridos para declarar
extracontractual y patrimonialmente responsables al Ministerio de Salud y Protección
Social y al consorcio Fisalud por el presunto daño ocasionado a la parte demandante
con ocasión de pagos parciales de recobros por el suministro de medicamentos no
POS ordenados en fallos de acción de tutela anteriores a la vigencia de la Resolución
no. 2949 del año 20036.
El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por estimar, por
un lado, que se configuró parcialmente la caducidad respecto de los recobros que
fueron glosados por fuera de los dos años anteriores en relación con la fecha de
6
Resolución no. 2949 de 2003 expedida por el Ministerio de Protección Social “Por la cual se establece
el procedimiento de recobro ante el Fosyga por concepto de prestaciones ordenadas por fallos de tutela
y se determinan los documentos que se deben anexar como soporte a las solicitudes de pago”.
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presentación de la demanda y, en segundo lugar, porque con las pruebas que obran
en el proceso (principalmente una base de datos en excel y un dictamen pericial) no
se acreditó el daño antijurídico.
La sentencia de primera instancia será revocada porque en el presente caso la Sala
considera que la acción de reparación directa no es la idónea para reclamar los
perjuicios reclamados con la demanda, por cuanto el daño proviene de actos
administrativos expedidos por el Ministerio de Protección Social y el consorcio Fisalud
en los cuales se le negó a la parte demandante el reconocimiento del 100 % de los
medicamentos recobrados, luego, si la parte actora veía lesionados sus intereses con
esa decisión debía demandar tales actos administrativos que, dada su naturaleza
jurídica, gozan de presunción de legalidad y que por tanto debían ser sometidos a
control de legalidad a través del instrumento procesal preestablecido legalmente para
el efecto; en otros términos, la fuente del daño cuya reparación se pretende no es una
omisión sino un acto administrativo para cuya discusión la acción de reparación directa
no es la idónea según la regulación normativa aplicable sobre la materia.
2. Análisis de la procedencia de la acción de reparación directa
En relación con la procedencia del medio de control de reparación directa resulta
pertinente analizar la causa del daño alegado con el fin de establecer si dicha acción
era la idónea en el presente asunto.
1) Según la demanda, el daño consiste en el posible detrimento patrimonial
ocasionado por eventos de pagos parciales de recobros por el suministro de
medicamentos no POS ordenados por vía de sentencias en sendos procesos de
acción de tutela frente a los cuales, por lo tanto, la actora tenía el derecho que le
reembolsaran el 100% y no el 50% del valor de los medicamentos ordenados por los
jueces de tutela que reconocían el derecho de repetición sin limitación alguna.
Ahora bien, la parte demandante señaló que entre los años 1997 a 2003 se le ordenó
por vía de acción de tutela, en 1.006 fallos, reconocer el pago de medicamentos no
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incluidos en el POS, razón por la cual después de sufragarlos radicó con posterioridad
varios recobros que fueron objeto de glosas por parte del Ministerio de la Protección
Social y Fisalud en los cuales reconoció solo el 50% del valor de los medicamentos
pagados.
2) Luego, se impone definir el carácter de las decisiones que glosaron los recobros
referidos para efectos de determinar si se trata o no de actos administrativos, pues,
de ello depende la viabilidad del medio de control escogido y ejercido con la demanda.
a) En primer lugar, es necesario señalar que el Ministerio de la Protección Social (hoy
Ministerio de Salud y Protección Social) es el máximo órgano que dirige el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y, es el responsable de la reglamentación del
procedimiento administrativo de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía –
FOSYGA7- por concepto de suministro de medicamentos y servicios no incluidos en
el POS8.
En ese orden de ideas, el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Salud y Protección
Social) expidió la Resolución no. 5061 de 19979, que reguló, entre otros temas, lo
concerniente a la integración y operación de los comités técnico científicos, así como
los criterios de autorización de medicamentos no incluidos en el POS.
b) Posteriormente, este ministerio profirió la Resolución no. 2312 de 12 de junio de
199810 que modificó el artículo 1 de la resolución antes citada y reglamentó el recobro
7
El Fosyga se creó en el artículo 218 de la Ley 100 de 1993, como una cuenta adscrita al Ministerio de
Salud y Protección Social, que se maneja por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de
personal propia, y está conformada por cinco subcuentas independientes, a saber: a) de compensación
interna del régimen contributivo; b) de solidaridad del régimen de subsidios en salud; c) de promoción
de la salud; d) del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito; y e) de garantías para la
salud.
8
Conforme a lo previsto en el numeral 3º del artículo 173 de la Ley 100 de 1993.
9
“Por la cual se reglamentan los Comités Técnico Científicos dentro de la Entidades Promotoras de
Salud, Administradoras del Régimen Subsidiado e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y
se dictan otras disposiciones”.
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de medicamentos autorizados por los comités técnico científicos por parte de las EPS,
cuyo artículo 3, numeral 3 fue declarado nulo por esta Corporación11.
c) Seguidamente, expidió también la Resolución número 2949 del año 2003 por medio
de la cual estableció “el procedimiento de recobro ante el Fosyga por concepto de
prestaciones ordenadas por fallos de tutela y se determinan los documentos que se
deben anexar como soporte a las solicitudes de pago”.
d) Ahora bien, como en el presente caso no había entrado a regir la Resolución 2949
de 2003, los recobros con ocasión de reconocimiento por fallos de tutela fueron
tramitados en el marco de las Resolución 2312 de 1998, artículo 212, según la cual la
potestad de decidir sobre la procedencia y el reconocimiento del recobro estaba
radicada en el Ministerio de Salud (Hoy Ministerio de Salud y Protección Social).
10
“Por la cual se modifica el artículo 1º de la Resolución 5061 de 1997, y se reglamenta el recobro de
medicamentos autorizados por los Comités Técnico-Científicos de las EPS, ARS y entidades
adaptadas”.
11
La Sección Primera de esta Corporación en sentencia del 4 de septiembre de 2008, exp. 00327-01,
MP Camilo Arciniegas Andrade, declaró la nulidad del reconocimiento del 50% de los recobros que
hicieran las EPS previstos en el numeral 3º del artículo 3º de la Resolución 2312 de 1998, en virtud del
cumplimiento de las autorizaciones emitidas por los Comités Técnico Científicos como por fallos de
tutela, de medicamentos, tratamientos y procedimientos no incluidos en el POS, con el propósito de
permitir el reconocimiento y pago de estos en una cuantía del 100%.
12
Resolución 2312 de 1998 artículo 2. “Procedimiento para la presentación del recobro. Una vez
autorizado por parte del Comité Técnico-Científico el medicamento no incluido en el POS o en el POS-
S, la EPS deberá garantizar el acceso del usuario al tratamiento y tendrá los treinta (30) días calendario
posteriores para solicitar el recobro correspondiente, a través del siguiente procedimiento: 1. Enviará a
la Dirección General de Seguridad Social del Ministerio de Salud: a) La sustentación escrita de cada
medicamento, presentada por el médico tratante ante el Comité Técnico-Científico; b) Una copia del
acta del Comité Técnico-Científico con la autorización respectiva, inclusive la de aquellos
medicamentos dispensados en situaciones de urgencia y examinados posteriormente por el Comité; c)
Una cuenta de cobro que en Régimen Contributivo irá dirigida contra el rubro Pago Otros Eventos de
la subcuenta de Compensación del Fosyga; d) En Régimen Subsidiario la cuenta de cobro irá dirigida
contra la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga; 2. La Dirección General de Seguridad Social, en
coordinación con la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, adelantarán la auditoría médica que
se requiera para atender oportunamente el trámite de las reclamaciones, y verificarán el cumplimiento
de las condiciones y criterios contenidos en el Acuerdo 83, en la Resolución 5061/97 y en las
disposiciones que los adicionen o modifiquen. En el evento que se requiera, podrá solicitarse a la EPS
aclaración de los soportes del recobro. 3. Realizado lo anterior, la Dirección General de Seguridad
Social, con el apoyo de la Dirección de Estudios Económicos, determinará el monto de los recobros y
comunicará a la Dirección General de Gestión Financiera para que se proceda a su pago”.
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e) En este orden debe observarse que según la regulación existente para el momento
de los hechos, dado que con cargo al Fosyga (a través del Ministerio de Salud o el
encargo Fiduciario) y en desarrollo de su objeto y de sus funciones se efectúan un
sinnúmero de liquidaciones, operaciones y reconocimientos económicos derivados de
reclamaciones por vía administrativa presentadas por las EPS y operadores del
sistema de salud para el recobro de medicamentos, procedimientos y/o intervenciones
no incluidos en el POS, ordenados por comités técnico científicos y/o fallos de tutela
(como en este caso), para la Sala resulta claro que los documentos (glosas) que
reconocieron el 50% del valor de los medicamentos recobrados contienen una
declaración unilateral de una autoridad administrativa (Ministerio de Salud y
Protección Social), que produjo efectos jurídicos directos al crear una situación jurídica
(reconocimiento o no del valor recobrado) que, por sí misma, una vez en firme, es
vinculante tanto para la EPS, el operador de salud como para la administración y,
además, fue expedida en ejercicio de la función administrativa asignada a este
ministerio13.
f) En relación con la naturaleza jurídica del acto administrativo, la jurisprudencia de la
Sección Primera de la Corporación ha señalado lo siguiente:
“[…] para que un acto jurídico constituya acto administrativo
debe consistir en una i) declaración unilateral, ii) que se expida
en ejercicio de la función administrativa, que lo puede ser por
una autoridad estatal de cualquiera de sus ramas u organismos, o
incluso por entidades privadas en virtud de autorización legal, a
menos que por norma especial de orden Constitucional o legal
dicha declaración, no siendo expedida en ejercicio de función
administrativa sea demandable en acción contencioso
administrativa y (iii), que ella produzca efectos jurídicos por sí
misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de
que se trate y, por ende, vinculante […] Ese carácter esencial de
tales elementos aparece advertido también por la Sección Quinta
de esta Corporación, al considerar que “El sistema colombiano
no exige formalidades determinadas para la conformación del
acto administrativo, de tal manera que puede ser verbal,
escrito y hasta simbólico. Lo único importante es que reúna
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 5 de marzo de 2021 MP Jaime
Enrique Rodríguez Navas.
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los requisitos esenciales que la doctrina y la jurisprudencia le
han venido indicando, esto es que sea una declaración de la
voluntad administrativa con consecuencias jurídicas”14:
(negrillas propias).
g) Por consiguiente, las declaraciones unilaterales que glosaron las reclamaciones
presentadas por la Compañía Suramericana de Servicios de Salud Susalud SA y que
reconocieron el 50% para el recobro de medicamentos, no incluidos en el POS y
ordenados por vía de tutela constituyen, sin lugar a duda, actos administrativos
particulares y concretos, en los que se reconoció parcialmente los créditos
reclamados por la entidad demandante y negó lo que ahora se reclama judicialmente,
con lo cual se crearon situaciones jurídicas concretas y obligatorias mientras no
sean anuladas por la jurisdicción contencioso administrativa.
Es verdad que las glosas fueron efectuadas por Fisalud pero en nombre y
representación del Ministerio de Salud en virtud del encargo fiduciario (Contrato 255
de 4 de diciembre de 2000 y contrato adicional no. 01 de 25 de noviembre de 2002,
fls. 154 a 194 y 195 a 200) que ordenó el legislador para manejar la cuenta del
Fosyga, debido a que el ministerio conserva la dirección del fondo y la ordenación
del gasto tal como lo dispone la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1283 de 1996.
En efecto, el fideicomitente estatal encargó al consorcio, entre otras actividades, la
gestión de los recobros de fallos de tutela para su ulterior pago por parte del aquel,
lo cual, por tratarse de recursos públicos, necesariamente obligaba al consorcio a
auditar las cuentas pendientes por esos conceptos y realizar las glosas respectivas;
de ahí que si los acreedores del sector salud no se avenían a subsanar las glosas
tenían el deber de enjuiciarlas.
3) Por consiguiente, se entiende que las decisiones de «glosar o rechazar» las
solicitudes de recobro por servicios, medicamentos o tratamientos no incluidos en el
14
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de marzo de 2005, Exp. 11001-0324-000-
1999-02477-01 MP Rafael Osteau de Lafont Pianeta.
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Plan Obligatorio de Salud no POS fueron adoptadas por el Ministerio de Protección
Social a través de la fiduciaria y, en tal virtud, constituyeron actos unilaterales
susceptibles de ser impugnadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa
a través de la acción procesal específicamente preestablecida para el efecto.
4) La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica en señalar que “(…) la fuente
del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la
controversia y esta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de
las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por
la vía jurisdiccional”15; así las cosas, las normas que regulan las condiciones para el
ejercicio de cada medio de control no están al arbitrio de la escogencia del
interesado, pues, se trata de normas de orden público y de imperativo cumplimiento.
5) Finalmente, se hace hincapié en que los daños reclamados en esta causa
provienen de actos administrativos que el demandante cuestiona, básicamente,
porque el pago debía ser del 100% y no del 50% de los medicamentos recobrados y
se aplicó analógicamente una normativa para otro tipo de recobros, lo cual, sin duda,
pone en evidencia que el demandante no hace otra cosa que censurar la legalidad
de las decisiones administrativas proferidas por el Ministerio del Protección Social a
través del encargo fiduciario, razón por la cual no es procedente la acción de
reparación directa incoada en esta oportunidad.
3. Conclusión
No prospera el recurso de apelación por cuanto se encuentra demostrado que la
acción de reparación directa no es la idónea para reclamar los perjuicios aquí
demandados, por cuanto, el daño proviene de actos administrativos expedidos por el
Ministerio de Protección Social y el consorcio Fisalud en los cuales se le negó a la
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011. exp. 26.758. Así mismo,
ver, entre otras, las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16.474; del 19 de julio de 2007. exp.
30.905; del 31 de agosto de 2005. exp. 29.511.
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parte demandante el reconocimiento del 50% de los medicamentos recobrados, luego,
la parte actora debía demandar tales actos administrativos.
De esta forma, la Sala revocará la sentencia del 23 de noviembre de 2012 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar
de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia
de la acción y, por consiguiente, se inhibirá de pronunciarse sobre el fondo de la Litis,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 164 del Código Contencioso
Administrativo16.
4. Costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1º) Revócase la sentencia del 23 de noviembre de 2012 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión que negó las
pretensiones de la demanda la cual queda así:
16
Normatividad aplicable al asunto por ser la vigente para el momento de presentación de la
demanda y lo previsto sobre ese punto en la norma de transición legislativa contenida en el artículo
308 de la Ley 1437 de 2011.
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2) Declárase de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia de la acción y, en consecuencia, inhíbese de pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones de la parte demandante.
2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte
demandante.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal
de origen con las correspondientes constancias.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salva voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
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