Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05233-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05233-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05233-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05233-01
Demandante: EPS Suramericana SA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-05233-01
Demandante EPS SURAMERICANA SA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales especiales
de procedibilidad. Desconocimiento del precedente judicial.
Indebida escogencia de la acción. Medio de control de reparación
directa. No pago de recobros derivados de medicamentos no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado de la EPS
Suramericana SA contra la sentencia del 4 de noviembre de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada la EPS Suramericana S.A., de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.”1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de septiembre de 20222, la EPS Suramericana SA, por conducto de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso,
con ocasión de la sentencia del 10 de junio de 2022, proferida dentro del proceso
Nro. 25000-23-26-000-2005-01546- 01(49.146), en la que declaró de oficio la
ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad EPS SURA.
vulnerado por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA- SUBSECCION B.
SEGUNDO. Dejar sin efecto la sentencia del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA- SUBSECCION B del 10 de junio
de 2022 del proceso propuesto por EPS SURA en contra de NACION-MINISTERIO DE
PROTECCION SOCIAL Y CONSORCIO FISALUD.
TERCERO. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA- SUBSECCION B, que emita una Sentencia de
fondo atendiendo la normas legales y constitucionales, y de acuerdo con los lineamientos que
se emita como Juez Constitucional.”3.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Página 9 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. Samai, índice 19.
2 La acción de tutela se radicó a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial. Samai, índice 2.
3 Página 13 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05233-01
Demandante: EPS Suramericana SA
2.1. El 22 de junio de 2005, la Compañía Suramericana de Servicios de Salud –
Susalud (hoy EPS Sura) promovió el medio de control de reparación directa
contra la Nación, Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y
Protección Social) y contra el Consorcio FISALUD, pretendiendo que se
declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas
por los perjuicios derivados del pago parcial de los recobros de los
medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, entregados
a los pacientes en virtud de fallos de tutela.
2.2. En primera instancia el conocimiento del asunto le correspondió al Tribunal
Administrativo del Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C (Radicado
Nro. 25000-23-26-000-2005-01546-00) que, mediante sentencia del 23 de
noviembre de 2002 negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, expuso que operó el fenómeno de la
caducidad de la acción respecto de las cuentas de cobro glosadas antes del
21 de junio de 2003. Respecto de las demás cuentas, manifestó que la parte
demandante no probó el daño, pues la prueba documental que obra en el
proceso es insuficiente para acreditar el detrimento patrimonial alegado en la
demanda.
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia; solicitó que se revocara y, en su lugar, se accediera a las
pretensiones de la demanda
2.3. En sentencia del 10 de junio de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declaró de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia de la acción.
Expuso que el medio de control de reparación directa no era el idóneo para
reclamar la indemnización de los perjuicios descritos en la demanda. Esto,
porque el daño reclamado proviene de actos administrativos, cuya legalidad
debió ser discutida en ejercicio de la pretensión idónea para tal fin.
La providencia se notificó a través de estado electrónico, el 12 de agosto
20224.
3. Fundamentos de la acción
La EPS Suramericana SA estima que, al proferir la sentencia del 10 de junio de
2022 la autoridad judicial accionada incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente judicial, porque su fundamentación contraría la sentencia de unificación
del 3 de septiembre de 2020 (Exp. 42003), sin cumplir con los requisitos de
transparencia y suficiencia desarrollados en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional para que una autoridad judicial pueda apartarse legítimamente de un
precedente vinculante (SU 354 de 2017).
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 4 de octubre de 2022, el despacho sustanciador de la
primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta por la EPS
Suramericana SA; y vinculó, en calidad de terceros, al Ministro de Salud y
Protección Social y a los integrantes del consorcio FISALUD (sujetos procesales
dentro del proceso de reparación directa nro. 25000-23-26-000- 2005-01546-00).
4 Notificado por mensaje de datos remitido al correo electrónico. Samai proceso nro.
25000232600020050154601, índice 57.
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Demandante: EPS Suramericana SA
También ordenó que se notificara la existencia de esta acción de tutela a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme lo establecido en
el artículo 610 del Código General del Proceso.
4.2. La Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, por intermedio de la
Jefe del Grupo de Acciones Constitucionales, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la acción de tutela, aduciendo que esa entidad no ha incurrido
en vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora. Explicó que
esa cartera no tiene la competencia para intervenir decisiones judiciales, por
lo que no tiene la potestad de satisfacer las peticiones de la acción
constitucional. Destacó que no tiene legitimación en causa por pasiva para
acudir al proceso y solicitó su desvinculación.
4.3. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del ponente de la decisión, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela, porque no supera los presupuestos de subsidiariedad y
relevancia constitucional. El primero, porque las pretensiones de la acción de
tutela debieron ser expuestas a través del recurso extraordinario de revisión,
el segundo, porque en todo caso, la acción de tutela se utiliza como una
instancia adicional al proceso ordinario ante una decisión desfavorable para
los demandantes.
4.4. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, ADRES, a través de abogado de la Oficina Asesora Jurídica,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplir
los requisitos generales de procedibilidad. Además, requirió que se declare la
falta de legitimación en causa por pasiva de esa entidad debido a que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante.
Relativo al examen general de procedibilidad dijo que no se hallaban
cumplidos los requisitos de relevancia constitucional y la identificación
razonable de los hechos que generaron la alegada vulneración ius
fundamental.
Para explicar lo anterior, manifestó que la acción de tutela se toma como una
instancia adicional con ocasión al desacuerdo de los demandantes con una
sentencia desfavorable, pero que se emitió en ejercicio de los principios de
autonomía e independencia judicial. A su juicio, la acción de tutela está
desprovista de medios de prueba que acrediten la materialización de los
defectos de la sentencia y de los derechos fundamentales invocados por los
accionantes.
En lo que refiere al fondo del asunto indicó que le asistió razón a la accionada
al declarar la ineptitud de la demanda, pues cierto es que se atacaban actos
administrativos a través de la pretensión inidónea para tal propósito.
4.5. La Previsora SA Compañía de Seguros solicitó ser desvinculada de la tutela
y que, en su lugar, se vinculara y notificara al Fideicomiso Patrimonio
Autónomo Fiduciaria La Previsora S.A.
4.6. La Fiduprevisora SA, por conducto de la directora de Procesos Judiciales y
Administrativos, solicitó ser desvinculada de la acción constitucional porque no
le asiste legitimación en causa por pasiva para satisfacer las pretensiones de
la sociedad accionante, ni le es atribuible la alegada vulneración de su derecho
al debido proceso.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 4 de noviembre de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado encontró acreditado el cumplimiento del examen general de
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procedibilidad. Dijo que la acción de tutela proponía una discusión de relevancia
constitucional comoquiera que la parte actora alegó la violación de su derecho al
debido proceso y a la igualdad derivado de la sentencia del 10 de junio de 2022. En
la misma línea, encontró que se expuso una argumentación suficiente en la que se
explicó el posible desconocimiento del precedente judicial vinculante para resolver
el caso concreto, sin que se evidencie que se toma la acción como una tercera
instancia.
En cuanto al fondo del asunto, el a quo concluyó que la autoridad judicial accionada
no incurrió en desconocimiento del precedente judicial en tanto que la sentencia de
unificación del 3 de septiembre de 2020 (exp. 42003), no constituía precedente
vinculante para decidir la demanda propuesta por la EPS Suramericana SA, proceso
nro. 25000-23-26-000- 2005-01546-01.
Para fundamentar la anterior afirmación, el juez de tutela de la primera instancia
explicó que en el proceso de reparación directa sub examine la demandante discutía
el daño causado por el no pago de recobros por medicamentos no POS entregados
a los pacientes vía acción de tutela. De otra parte, en la sentencia de unificación
que se invoca la Sección Tercera se refirió a actos precontractuales proferidos por
los prestadores de servicios públicos domiciliarios exceptuados del Estatuto
General de la Contratación y de la acción o medio de control procedente para
discutirlos.
Establecida esta diferencia, concluyó que “En este caso, los hechos de las discusiones no
tienen ninguna relación como para que se justifique extrapolar al proceso de la aquí demandante,
las consideraciones de la sentencia invocada como precedente. (…) la controversia planteada por la
EPS Sura, que culminó con la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que aquí se cuestiona, no hay discusiones sobre actos precontractuales o relacionadas con
la celebración de contratos de entidades exceptuadas del Estatuto General de la Contratación o con
régimen especial (…)”5
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia.
Explicó que la sentencia de unificación invocada (Exp. 42003) sí era vinculante para
decidir el caso particular, habida cuenta que definió el medio de control idóneo para
controvertir los actos que no tienen la característica de administrativos. Esa fue la
discusión que se propuso en ejercicio de la pretensión de reparación directa, esto
es, el pago parcial de recobros, pues estos no tienen la naturaleza de actos
administrativos.
También indicó que:
“Es claro que la sentencia de unificación no unifico el medio de control cuando el acto que no
es administrativo es expedido por una empresa de servicios públicos, ni la participación de
esta clase de empresas fue determinante para la unificación, lo determinante es la existencia
de actos que no tienen la naturaleza de administrativos, y que en estos casos el medio de
control es la reparación directa.”
Sostuvo que la autoridad judicial demandada debió aplicar el precedente vinculante
para resolver este asunto, en los términos que se indica en la sentencia T-292 de
2006. Y que existía un precedente de unificación vinculante que fue desatendido,
sin cumplir con la carga de suficiencia y transparencia para tal propósito. Esta
omisión concreta una vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
5 Página 18 de la sentencia de tutela de primera instancia.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso
3. Planteamiento del problema jurídico
Con fundamento en los antecedentes de la acción de tutela, y concretamente los
argumentos expuestos en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
establecer si le asistió o no razón al juez de tutela de primera instancia en negar las
pretensiones de la acción de tutela promovida por la EPS Suramericana SA, al no
encontrar acreditado el defecto por desconocimiento del precedente alegado
respecto de la sentencia del 10 de junio de 2022, proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4. La sentencia acusada no incurrió en desconocimiento del precedente
judicial aplicable y vinculante en la solución del caso concreto
4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 10.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical
como el horizontal. El primero, refiere a las reglas de decisión fijadas por
autoridad judicial de igual jerarquía. El vertical se relaciona con los
lineamientos establecidos por instancias superiores, es decir, por los órganos
de cierre de cada jurisdicción o por la Corte Constitucional11.
4.2. Conviene recordar que la providencia del 10 de junio de 2022, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión
de primer grado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar,
declaró la ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción; y se
inhibió de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones.
La autoridad judicial accionada precisó que el daño que reclamaba la
demandante provenía de “actos administrativos expedidos por el Ministerio de
Protección Social y el consorcio Fisalud en los cuales se negó (…) el reconocimiento del
100 % de los medicamentos recobrados (…)”12. Por lo tanto, el medio de control
idóneo para discutir su legalidad era el de nulidad y restablecimiento del
derecho o, el de simple nulidad, ya que en ese escenario se debe controvertir
la presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos y, si es el
caso, solicitar la consecuente indemnización de los perjuicios irrogados por
dicho acto.
Como fundamento de la anterior afirmación, la autoridad judicial accionada
manifestó que las decisiones que glosaron los recobros en el caso particular
son actos administrativos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social que contienen una declaración unilateral de voluntad de la
administración y que crea una situación jurídica particular y concreta.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1029 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
11 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
12 Página 15 de la sentencia de reparación directa del 10 de junio de 2022.
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Demandante: EPS Suramericana SA
Advirtió que esta declaración, una vez en firme, es vinculante para la EPS, el
operador de salud y la administración. Asimismo, destacó que estos actos se
traducen en el ejercicio de una función administrativa asignada a la cartera
ministerial en la Resolución 2312 de 1998.
Aclaró que las glosas fueron realizadas por Fisalud, pero en representación
del Ministerio con ocasión de un encargo fiduciario que dispuso el legislador
para manejar la cuenta del Fosyga.
A este punto conviene relacionar los siguientes apartes de la sentencia:
“… las declaraciones unilaterales que glosaron las reclamaciones presentadas por la
Compañía Suramericana de Servicios de Salud Susalud SA y que reconocieron el 50% para
el recobro de medicamentos, no incluidos en el POS y ordenados por vía de tutela constituyen,
sin lugar a duda, actos administrativos particulares y concretos, en los que se reconoció
parcialmente los créditos reclamados por la entidad demandante y negó lo que ahora se
reclama judicialmente, con lo cual se crearon situaciones jurídicas concretas y obligatorias
mientras no sean anuladas por la jurisdicción contencioso administrativa.
[…]
Es verdad que las glosas fueron efectuadas por Fisalud pero en nombre y representación del
Ministerio de Salud en virtud del encargo fiduciario (…): Por consiguiente, se entiende que las
decisiones de «glosar o rechazar» las solicitudes de recobro por servicios, medicamentos o
tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud no POS fueron adoptadas por el
Ministerio de Protección Social a través de la fiduciaria y, en tal virtud, constituyeron actos
unilaterales susceptibles de ser impugnadas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativa a través de la acción procesal específicamente preestablecida para el efecto.”
Establecido lo anterior, la autoridad judicial accionada advirtió que las normas
que consagran los presupuestos de escogencia de la acción son de orden
público, por lo que no están sujetas al arbitrio de los demandantes. Y teniendo
en cuenta el daño alegado en la demanda, en este caso no debió ejercerse el
medio de control de reparación directa, porque como presupuesto de la
reparación era necesario discutir la presunción de legalidad de los actos
administrativos en ejercicio de la pretensión idónea para ello.
4.3. Ahora, el accionante reitera que para decidir el caso concreto debió aplicarse
la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (exp. 42003), en la
que la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que las controversias
relativas a actos de la administración que no tengan la calidad de actos
administrativos deberán resolverse a través del medio de control de reparación
directa. En esa vía, estima la pretensión era idónea y el juez ordinario de
segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente judicial.
A efectos de resolver el cargo, conviene recordar el motivo que propició la
unificación que hizo la Sección Tercera y las reglas de decisión que allí se
establecieron.
4.4. Así pues, en la parte introductoria de la providencia de unificación, se indicó
que la Sección Tercera estimó pertinente unificar jurisprudencia en torno al
“conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de las controversias de
prestadores de servicios públicos domiciliarios, la naturaleza jurídica de los actos
precontractuales emitidos por estos y el medio de control procedente para demandar tales
actos precontractuales ante esta jurisdicción.”
Relativo a estas inquietudes, en el acápite “2.5. Unificación de jurisprudencia”,
la Sección Tercera del Consejo de Estado expuso las siguientes reglas de
decisión:
• “Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de
controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios,
deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso
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Demandante: EPS Suramericana SA
administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo
(…).
• Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, los actos
precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos
administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como, de resultar
aplicables, por los principios que orientan la función administrativa.
• Salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, las controversias
relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios públicos domiciliarios de
conocimiento de esta jurisdicción, que no correspondan a actos administrativos, deberán
tramitarse a través de la acción (medio de control en el CPACA) de reparación directa.
• Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador de
conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las demandas presentadas
antes de la notificación de esta providencia, resolverá la controversia de fondo, aunque
no se haya empleado la acción (medio de control) que corresponda, en el marco del
régimen jurídico aplicable a este tipo de actos”13.
4.5. Establecido lo anterior, esta Sala coincide con el criterio del a quo quien
consideró que en el caso particular no se materializó el defecto de
desconocimiento del precedente judicial, debido a que la sentencia que se cita
como precedente no era vinculante para decidir el caso particular, tal como
pasará a explicarse.
No existe identidad fáctica y jurídica entre la sentencia de unificación del 3 de
septiembre de 2020 (exp. 42003) y la sentencia objeto de tutela. En la primera
se establecieron reglas de unificación frente al control jurisdiccional, entre
otros, de los actos precontractuales emitidos por prestadores de servicios
públicos domiciliarios y de su naturaleza jurídica. La Sección concluyó que
aquellos, por regla general, no son actos administrativos, sino decisiones
precontractuales que se rigen por el derecho privado. De esta manera, las
controversias que de ellos deriven pueden ser expuestas en ejercicio de la
pretensión de reparación directa, pues no buscan atacar la legalidad de estos
actos, sino la indemnización de los daños que de estos deriven.
En razón a estas particulares circunstancias, la Sección estableció una regla
de decisión según la cual, “salvo las excepciones expresamente establecidas en la
ley vigente, las controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de
servicios públicos domiciliarios de conocimiento de esta jurisdicción, que no correspondan
a actos administrativos, deberán tramitarse a través de la acción (medio de control en el
CPACA) de reparación directa.”
Esta regla, como se ve, atiende a específicas circunstancias que no se
corresponden con el caso concreto, pues la EPS Suramericana SA no expuso
una controversia relativa a actos precontractuales ni acudió a la jurisdicción en
calidad de prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que es claro
que no se acredita el requisito de pertinencia para que la sentencia de
unificación antes citada se erigiera como precedente vinculante para resolver
el caso particular.
Como se explicó en el acápite de antecedentes de este fallo, la EPS
Suramericana SA acudió a la jurisdicción en ejercicio de la pretensión de
reparación directa para reclamar el daño derivado del pago apenas parcial de
los recobros por los medicamentos no POS que fueron brindados a pacientes.
La tesis que defiende la sociedad accionante es que, las decisiones de no
reconocimiento y pago de los recobros no son actos administrativos y, en razón
a ello, los perjuicios que derivan de aquellas deben reclamarse a través del
medio de control de reparación directa, como lo indicó la sentencia de
unificación del 3 de septiembre de 2020.
13 Página 41 de la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020. Radicación nro. 25000-23-26-000-
2009-00131-01(42003). M.P. Alberto Montaña Plata.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05233-01
Demandante: EPS Suramericana SA
Al respecto deben hacerse varias precisiones, la primera es que no es de
recibo que se pretenda variar la regla de unificación expuesta en la sentencia
para plantearla de manera genérica y extrapolarla a otros casos sin identidad
fáctica ni jurídica. Por el contrario, la aplicación de un precedente para resolver
un caso futuro exige que se respete y mantenga incólume la regla de decisión
para determinar si aplica o no al caso particular. Pues de lo contrario, la
aplicación del precedente variaría dependiendo del criterio de los operadores
jurídicos, lo cual afectaría la seguridad jurídica de las decisiones judiciales.
De otra parte, se advierte que los dos fallos parten de premisas jurídicas
diferentes. En la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (Exp.
42003), la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que el acto
precontractual del cual derivó la controversia no tenía la calidad de acto
administrativo y por ello no había lugar a discutir su legalidad a través de la
pretensión de controversias contractuales. Por el contrario, en la sentencia
acusada (Exp. 49.146), la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado concluyó que las decisiones que negaron los recobros eran actos
administrativos y en razón a ello debía discutirse su presunción de legalidad
en ejercicio del medio de control idóneo para tal fin, que no a través de la
pretensión de reparación directa.
Esta premisa es relevante para reforzar la afirmación de la falta de pertinencia
y de vinculatoriedad de la sentencia que se cita como precedente, pues precisa
la falta de identidad jurídica de los casos objeto de comparación. Es claro,
entonces, que para la autoridad judicial accionada la fuente del daño alegado
era un acto administrativo que no es susceptible de control a través de la
pretensión de reparación directa.
Finalmente, si bien en el escrito de impugnación se afirma que las decisiones
sobre el no pago de algunos recobros no tienen la calidad de actos
administrativos, se tiene que tal argumento no fue desarrollado, motivo por el
cual la Sala no puede adelantar un análisis de fondo al respecto, ya que se
trata tan sólo de una declaración que carece de carga argumentativa que la
soporte y, por tanto, de relevancia constitucional.
4.6. Así las cosas, dado que la sentencia de unificación citada no constituía
precedente vinculante para resolver el caso sub examine, y tampoco le asistía
el deber al juez de la causa de cumplir con los presupuestos de transparencia
y suficiencia para apartarse de aquel. Luego, la falta de mención de la
sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (Exp. 42003), en la
providencia examinada tampoco materializa defecto por desconocimiento del
precedente judicial.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala considera que la decisión del juez de tutela de
primera instancia fue acertada, pues el análisis del caso deja en evidencia que la
sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado no incurrió en desconocimiento del precedente judicial debido a que la
sentencia de unificación que se acusó como omitida no era vinculante en la decisión
de la demanda propuesta por la EPS Suramericana SA.
En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada, que negó el amparo
solicitado en la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 4 de noviembre de 2022, por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dadas las razones
expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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