Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05252-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05252-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05252-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
11 de noviembre de 2022
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 05252 00
Demandante: ELIZABETH JULIO RAMOS Y OTRO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05252-00
Demandante: ELIZABETH JULIO RAMOS Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: No es procedente la acción de tutela que se interpone más
de seis meses después de que fue notificada la decisión que
se considera violatoria de derechos fundamentales, si la
parte actora no presenta argumentos válidos que expliquen
la tardanza en la interposición de la solicitud de amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela interpuesta el 30 de septiembre
de 2022 contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Elizabeth Julio Ramos y Hernando José Lorett Julio, por intermedio de
apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad,
pretendiendo que se deje sin efectos la sentencia de 26 de enero de 2022,
notificada el 24 de marzo de 2022, proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el número de radicado 13001-23-31-
000-2010-00538-01 (52.217), dentro del cual demandaron a la Nación –
Fiscalía General de la Nación para obtener el pago de los perjuicios que les
fueron causados como consecuencia del presunto defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
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Demandante: ELIZABETH JULIO RAMOS Y OTRO
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
indicó que la “presente acción de tutela no es procedente porque la supuesta
irregularidad advertida por los actores no cumple con la exigencia
jurisprudencial de relevancia constitucional debido a que pretende crear una
tercera instancia […] y tampoco satisface el requisito de inmediatez, por
cuanto transcurrieron seis (6) meses y ocho (8) días desde la notificación
del fallo […] y la presentación de la tutela”.
2.2. La Fiscalía General de la Nación solicitó “declarar la improcedencia
de la presente acción de tutela por incumplimiento de las causales generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente el requisito de subsidiariedad”.
2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta
Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
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3.2.1. El 26 de enero de 20221, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado dictó sentencia de segunda instancia, dentro del proceso
de reparación directa identificado con el radicado 13001-23-31-000-2010-
00538-01 (52.217), por medio de la cual confirmó el fallo proferido el 29 de
mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las
pretensiones de la demanda interpuesta por la parte actora contra la Fiscalía
General de la Nación, con la cual persiguió el pago de los perjuicios que les
fueron causados como resultado del presunto defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia. Específicamente se cuestiona el hecho de haber
declarado la prescripción y extinción de la acción penal, en relación con la
denuncia que Elizabeth Julio Ramos presentó en contra de los profesionales
de la salud que atendieron la intervención quirúrgica (cesárea) de su hija
Rosa Mercedes Araque Julio, quien falleció en el procedimiento médico.
3.2.2. En la antecedente demanda ordinaria la parte actora argumentó que
la entonces demandada propició la prescripción de la acción penal porque
tardó dos años y medio en calificar el mérito del sumario, situación que
configuró una falla en la prestación del servicio público de la administración
de justicia por mora judicial.
3.2.3. La parte actora radicó la presente acción de tutela mediante escrito
remitido al correo electrónico de la Secretaría General de esta corporación el
día 30 de septiembre de 20222.
3.3. ANALISIS DE LA SALA
3.3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1
Notificada el 24 de marzo del mismo año, según consta en el índice número 24 del proceso ordinario
en el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.
2
Según consta en el índice número 2 en el expediente digital visible en el aplicativo Samai del Consejo
de Estado.
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Tratándose de tutela contra providencias judiciales, la
jurisprudencia constitucional adoptó los siguientes requisitos de carácter
general, los cuales han sido acogidos por esta corporación3:
“(…) a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de
asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas
y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la
doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos.
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María
Elizabeth García González).
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f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias
no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.”
En consideración a lo expuesto, la Sala advierte que, cuando se cuestiona
una providencia judicial por medio de una acción de tutela, el demandante
debe cumplir con los requisitos de procedencia. En este sentido, el éxito de
la solicitud de amparo en estos eventos se encuentra supeditado al
cumplimiento de los denominados requisitos generales de procedencia, a la
verificación de al menos una de las “causales específicas de procedibilidad”
que representan las razones concretas por las cuales se puede acusar una
providencia judicial de infringir derechos fundamentales, y a que el actor
despliegue una carga argumentativa consistente en explicar las anomalías
de la providencia, las cuales se pueden enmarcar dentro de las siguientes
categorías: a) Defecto material o sustantivo; b) Violación directa de la
Constitución; c) Defecto fáctico; d) Defecto procedimental; e) Decisión sin
motivación; f) Defecto orgánico; g) Desconocimiento del precedente, y h)
Error inducido, o, como mínimo, que en la petición de amparo haga una
exposición suficientemente clara de los hechos y derechos que la
fundamentan, de forma tal que el juez constitucional pueda deducir, sin
elucubraciones, cuál es el defecto que la parte actora reprocha de la
providencia.
3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
De conformidad con lo anterior, el análisis de las acciones de tutela contra
providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
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constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial.
En ese orden, corresponde a la Sala analizar, en primer lugar, si es procedente
decidir de fondo la acción de tutela instaurada por la parte actora en contra
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión
de la sentencia de segunda instancia dictada el 26 de enero de 2022, dentro
del proceso de reparación directa identificado con el radicado 13001-23-31-
000-2010-00538-01 (52.217), por medio de la cual confirmó el fallo
proferido el 29 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
que negó las pretensiones de la demanda interpuesta en contra de la Fiscalía
General de la Nación, con la cual se persiguió el pago de los perjuicios que
les habrían sido causados como consecuencia del presunto defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
3.3.3. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra
providencias judiciales
3.3.3.1. La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la
finalidad de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales del solicitante, éste debe formularla en un plazo razonable y
proporcionado, contado a partir del hecho que originó la amenaza o
vulneración de tales derechos, pues aceptar lo contrario desvirtuaría el
carácter excepcional de la acción de tutela.
Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20144, en
lo concerniente a la verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez
en los casos que se controvierten providencias judiciales, consideró que
dicha exigencia, por regla general, se debe tener por cumplida cuando la
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01 (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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acción se interpone dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación
de la providencia que se pretende controvertir.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de
los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. Este
plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que deberá ser analizado en cada
caso particular, teniendo en consideración las circunstancias especiales de
modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.
A este respecto, en sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional
destacó que la importancia de exigir un término razonable entre la
notificación de la sentencia que se controvierte y la interposición de la acción
de tutela radica en que dicho requisito: “[…] (i) garantiza una protección
urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o
vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las
solicitudes negligentes[…]”. En adición, la corporación reiteró que no existe
un término de caducidad para acudir al amparo constitucional, de manera
que cada caso debe ser analizado en concreto, teniendo en cuenta todos los
matices y circunstancias que puedan presentarse en el curso de los hechos.
Por lo mismo, la Corte Constitucional ha establecido criterios excepcionales
para valorar la admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de
que hubiese transcurrido un largo período respecto de la vulneración o
amenaza de derechos5. En ese orden de ideas, tratándose de los criterios
excepcionales para evaluar la presentación proporcional en el tiempo de la
acción de tutela, resulta necesario que el escrito de tutela despliegue un
mínimo de carga argumentativa en aras de acreditar: (i) si existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si esta inactividad vulnera
5
Sentencias T-584 de 2011 y SU-499 de 2016 entre otras.
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el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii)
si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de
la fecha de interposición6.
Una vez verificado lo anterior, el juez constitucional deberá examinar las
circunstancias propias del caso objeto de su estudio, en aras de establecer
si éstas se adecúan a los criterios excepcionales fijados por la Corte
Constitucional, los cuales pueden responder a parámetros de índole
subjetiva u objetiva según corresponda, a saber: El subjetivo, es aquel que
se circunscribe a las condiciones especiales del sujeto o sujetos que
instauran la acción de tutela. Así pues, el juez constitucional deberá evaluar:
(i) si el demandante pertenece a un grupo vulnerable; (ii) si de conformidad
con la situación personal o coyuntural del actor no era posible acudir de
forma inmediata al juez constitucional; (iii) si el accionante se encuentra en
condiciones de aislamiento geográfico o de vulnerabilidad económica que le
impidieron ejercer la tutela; (iv) si está en estado de indefensión que le
impidió hacer uso de la acción de tutela, y (v) si la vulneración a los derechos
fundamentales ha sido permanente en el tiempo. Por su parte, el criterio
objetivo hace referencia a aquellos eventos en que la Corte Constitucional
haya expresamente determinado un plazo especial para la interposición del
amparo dada las condiciones propias del caso en concreto, como sucede
cuando se discuten pensiones de sobrevivientes.
En conclusión, este requisito implica, como regla general, que la acción de
tutela debe interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de la providencia que se pretende controvertir. Sin embargo, si
6
En ese sentido, ver sentencias SU-961 de 1999 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-814 de 2004
(M. P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-743 de 2008 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-172 de 2013
(M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
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de conformidad con las explicaciones y circunstancias expuestas por el
demandante en el escrito de tutela, el juez constitucional evidencia que
existe una causal de justificación para que el actor no haya acudido al
procedimiento de amparo en ese plazo, deberá acudir a los criterios
excepcionales para el cumplimiento del requisito de inmediatez, esto es, el
objetivo o subjetivo, para analizar si el tiempo de presentación y la fecha en
que fue instaurada la tutela es proporcional a las condiciones del caso en
concreto.
3.3.3.2. En el caso bajo examen, la Sala advierte que, entre la fecha de
notificación (24 de marzo de 2022) de la sentencia dictada en segunda
instancia por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el 26 de enero de 2022, dentro del proceso de reparación directa identificado
con el radicado 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217), que se
pretende dejar sin efectos, y la interposición de la presente acción de tutela
(30 de septiembre de 2022), transcurrieron más de los 6 meses que la
jurisprudencia constitucional ha estimado como plazo razonable para la
interposición de las acciones de tutela contra providencias judiciales.
En ese orden de ideas, para la Sala la actuación desplegada por la parte
actora no resulta razonable ni proporcional, pues lo que se persigue a través
de la acción de tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales del solicitante, lo cual amerita una gestión diligente de su
parte. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que la parte actora no
adujo, ni menos demostró, encontrarse en una situación especial de
vulneración de derechos, encuadrable en alguno de los criterios arriba
reseñados, que eventualmente hiciera desproporcionada la exigencia de
acudir ante el juez constitucional con antelación suficiente.
Destaca la Sala que, si bien el escrito de tutela presentó argumentos de
fondo para el estudio del caso concreto, relativos a la teoría de la pérdida
de oportunidad para solucionar los casos de prescripción de la acción penal,
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lo cierto es que no explicó de ninguna forma el motivo de la tardanza en la
presentación del recurso de amparo. De hecho, no indicó nada respecto del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
Así las cosas, debe recordarse que, como se expuso en el acápite
precedente, el primer presupuesto para la prosperidad de una acción de
tutela contra providencias judiciales consiste en la acreditación del
cumplimiento de la totalidad de los requisitos generales de procedencia de
este mecanismo constitucional antes explicados. En esa medida, el
incumplimiento del requisito de inmediatez en el presente caso, aspecto que
no fue desvirtuado a partir de los argumentos expuestos en el escrito de
tutela, torna innecesario el análisis sobre los restantes requisitos generales.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela interpuesta
por la parte actora contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la parte actora en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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