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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2010-00538-01

Fecha
26 de enero de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2010-00538-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1°) Confírmase la sentencia proferida el 29 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala Especial de Descongestión no. 5 de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente proveído. 2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 18 Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217) Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro Reparación directa - apelación de sentencia 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2010-00538-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de enero de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: ELIZABETH JULIO RAMOS Y OTRO
Demandados: LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

Síntesis del caso: se adelantó una investigación penal por el fallecimiento de la hija y hermana
de los demandantes después de una intervención quirúrgica, en la cual se declaró la prescripción
de la acción por lo que no pudieron ser reparados en su condición de parte civil, hecho que se
le imputa a la demandada por haber dejado vencer los términos procesales injustificadamente.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo
de Bolívar – Sala Especial de Descongestión no. 5 por medio de la cual denegó
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 16 de julio de 2010 (fl. 1 cdno. 1) los señores
Elizabeth Julio Ramos y Hernando José Lorett Julio promovieron demanda de
reparación directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación con el
fin de que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

2
Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

“PRIMERA: Que se declare que la Nación Colombiana – Fiscalía
General de la Nación son administrativamente responsables (sic) por
los daños y perjuicios de orden material e inmaterial causados a los
demandantes por los hechos y omisiones constitutivos del aludido
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que
incurrió la entidad demandada.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, que se
CONDENE a la NACIÓN COLOMBIANA – FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN a pagar una suma equivalente, en moneda nacional, a
los QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES, distribuidos de la siguiente manera, sin
perjuicio de que aparezca probada una suma superior, a la cual cabría
condenar:

1°. Para la señora ELIZABET JULIO RAMOS, perjuicios morales y/o
extrapatrimoniales, también por concepto de indemnización de
perjuicios morales y/o extrapatrimoniales, también denominados
inmateriales, el equivalente a DOSCIENTOS CINCUENTA (250)
SALARIOS MÍNlMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES;

2°. Para el menor HERNANDO JOSÉ LORETT JULIO, por concepto
de indemnización de perjuicios morales y/o extrapatrimoniales,
también denominados inmateriales, el equivalente a
CIENTOCINCUENTA (150) SALARIOS MÍNlMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES;

3°. Y por concepto de perjuicios materiales, dividido este monto por
partes iguales para los actores, el equivalente a CIEN (100)
SALARIOS MÍNlMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, o la
cuantía que resulte probada en el proceso. En estos perjuicios están
comprendidos el daño emergente, como son, entre otros, los gastos
ordinarios del proceso, los gastos de papelería, de honorarios
profesionales al suscrito, de tratamiento y consultas sicológicas de
mis representados para restablecer su equilibrio psíquico perdido por
la frustración que les ha generado la impunidad a que ha dado lugar
la culpa de la demandada.

La anterior estimación la hacemos amparados en el artículo 97 del
Código Penal, no obstante criterios jurisprudenciales que consideran
inaplicable dicha norma, pero que no están animados por la
protección y la reparación integral de los perjuicios causados al
ciudadano, sino más bien por el afán de proteger los intereses
estatales, subordinando aquellos a estos, cuando en un Estado social
de derecho el centro de gravedad de toda actividad pública y privada
es la persona, el ciudadano.

TERCERA: Que se ordene a la demandada a que, por escrito dirigido
a mis representados, reconozca el error, falla o culpa cometida y, por
consiguiente, pida a estos las disculpas debidas; asimismo las demás
medidas simbólicas tendientes a la reparación integral de todos y
cada uno de los perjuicios irrogados a los actores.

CUARTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores,
se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en
derecho.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

QUINTA: Que las anteriores sumas de dinero sean actualizadas al
momento de dictarse la sentencia condenatoria.

SEXTA: Que la demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los
términos de los artículos 174 y s.s. del C.C.A.” (fls. 1, 2 y 328 cdno. 1
• mayúsculas sostenidas del original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) Por el fallecimiento de la señora Rosa Mercedes Araque Julio con ocasión de
una intervención quirúrgica (cesárea) la señora Elizabeth Julio Ramos presentó
denuncia penal en contra de los médicos que la atendieron.

2) La investigación le fue asignada a la Fiscalía Seccional 30 de la Unidad de
Vida de Cartagena.

3) La Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena declaró la prescripción y extinción de la acción penal.

1.3 Cargos

1) A las víctimas dentro del proceso penal se le causaron perjuicios por “la
frustración de la aspiración de reparación integral, justicia y verdad” (fl. 2 cdno.
1).

2) La entidad demandada propició la consumación de la prescripción de la acción
penal porque tardó dos años y medio en calificar el mérito del sumario cuando
solo debía tardar 15 días (artículo 393 de la Ley 600 de 2000) a pesar de los
insistentes requerimientos por cada uno de los sujetos procesales; ni siquiera le
bastaron casi seis años para llevar a feliz término la etapa de instrucción.

3) Lo anterior configuró una falla en la prestación del servicio público de la
administración de justicia por mora judicial.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

2. Posición de la demandada

La Nación – Fiscalía General de la Nación (fl. 355 cdno. 1) se opuso a las
pretensiones de la demanda por considerar que no se demostró que actuó con
negligencia o irregularidad en el trámite del proceso penal, que, a pesar de que
este culminó por prescripción de la acción ello no fue ocasionado por la entidad,
que durante la investigación recaudó suficiente material probatorio y hubo
permanente impulso procesal, pero, la carga laboral y la falta de comparecencia
de las personas llamadas a declarar dilataron la actuación, además, los términos
procesales no pueden cumplirse de manera literal y, bien el proceso duró hasta
el 2008, “nunca existió parálisis de la actuación” (fl. 361 cdno. 1).

Solicitó tener en cuenta que a los médicos investigados nunca se les probó
responsabilidad por el delito de homicidio culposo sino que, por el contrario, se
precluyó la investigación en su favor, motivo por el cual los demandantes no
tienen derecho a que se los indemnice.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) La entidad demandada presentó los mismos argumentos expuestos en la
contestación del libelo introductorio (fl. 656 cdno. 1).

2) La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. La sentencia apelada

El tribunal de primera instancia (fl. 673 cdno. ppal.) denegó las pretensiones de
la demanda por no haber certeza del daño, explicó que era incierto el resultado
del proceso penal porque cuando sobrevino la prescripción ya se había calificado
el mérito del sumario con preclusión de la investigación por falta de material
probatorio que demostrara falla en la praxis médica, lo cual quiere decir que en
primera instancia los médicos investigados ya habían sido favorecidos, motivo
por el cual si se consideraban ciertos los planteamientos de la demanda se
desconocería el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Por tanto, le
fue imposible considerar que la condena por el delito de homicidio culposo

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
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hubiere sido cierta de no haber operado la prescripción, también estimó que no
era posible “afirmar el carácter inexorable de la condena civil en el marco del
mencionado proceso penal, puesto que ella se encontraba supedita (sic) a lo que
hubiere encontrado probado en el expediente el juez de la causa” (fl. 683
respaldo cdno. ppal.).

5. El recurso de apelación

La parte demandante (fl. 686 cdno. ppal.) solicitó la revocatoria de la sentencia
apelada toda vez que la parte civil, como víctima del hecho delictivo, no
solamente tiene derecho a la reparación económica sino también a que se haga
justicia y se establezca la verdad, motivo por el cual alegó que la motivación de
la decisión de primera instancia, esto es, la falta de certeza del daño, podía
aplicarse solamente respecto de los perjuicios materiales pero no así sobre los
de índole moral.

En este caso se debía hacer un análisis objetivo e imparcial de las actuaciones
procesales y los medios probatorios con el fin de determinar las posibilidades de
éxito de la víctima dentro de la actuación penal y no efectuar un “prejuzgamiento”
sobre el hecho de que “la víctima vería fracasados sus intentos de reparación
patrimonial” (fl. 688 cdno. ppal.), afirmó que incluso con una sentencia
desfavorable a sus intereses al menos habría obtenido justicia y verdad, razón
por la cual adujo que debió haberse condenado, como mínimo, a la
indemnización de perjuicios morales.

Por otra parte, sostuvo que la sentencia apelada fue violatoria del derecho a la
igualdad por cuanto en otros procesos, con similares hechos, se ha condenado
a la entidad demandada, el a quo se equivocó al mencionar el derecho a la
presunción de inocencia de los procesados por cuanto en este proceso no se
debaten los hechos delictivos sino el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia que, es un proceso completamente distinto; asimismo,
adujo que tampoco podía suponer que el proceso terminaría en favor de ellos y
fracasadas las pretensiones de la parte civil puesto que no se podía descartar
que la decisión de precluir la investigación podía ser revocada, y finalmente
insistió en los mismos argumentos expuestos en la demanda.

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Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
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6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

1) La Fiscalía General de la Nación (fl. 702 cdno. ppal.) comparte completamente
la decisión recurrida en tanto se determinó que no está probado el daño
antijurídico, para cuya justificación expuso los mismos planteamientos
presentados en la contestación de la demanda y, agregó, que cuando se decretó
la prescripción de la acción penal la víctima contaba con la opción de iniciar la
acción civil ante la jurisdicción ordinaria para reclamar los perjuicios ocasionados
con la conducta de los galenos, de modo que no hubo certeza del daño debido
a que no perdió toda oportunidad de obtener el resarcimiento.

2) La parte actora guardó silencio.

3) El Ministerio Público (fl. 725 cdno. ppal.) considera que la sentencia de primera
instancia debe ser confirmada debido a que el retardo en la actuación penal
estuvo justificado por el “importante esfuerzo probatorio” efectuado por la fiscalía
que llevó a que se precluyera la investigación en favor de los médicos en primera
instancia, aseguró que no era cierto que la declaratoria de prescripción penal
hubiera impedido un pronunciamiento de fondo sino, que este no fue definitivo,
por cuanto al momento en que debía ser resuelta la apelación de la resolución
de preclusión ocurrió el fenómeno prescriptivo.

Además, encontró que la ahora demandante también interpuso demanda en
ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la ESE Rafael Calvo por
la presunta falla médica, circunstancia que denota que la víctima no estuvo en la
imposibilidad de satisfacer sus expectativas de verdad y justicia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y decisiones
que se adoptarán, 2) análisis probatorio, 3) análisis de la responsabilidad
extracontractual del Estado, 4) conclusión, y 5) condena en costas.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

1. Objeto de la controversia y decisiones que se adoptarán

Presentada la demanda de manera oportuna1 corresponde a la Sala determinar
si en el presente caso la Nación – Fiscalía General de la Nación es
extracontractualmente responsable del supuesto daño ocasionado por el
supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que
habría incurrido por el hecho de precluir la investigación penal iniciada en contra
de los señores Ángel de Jesús Vásquez Pájaro y Hernando Castro.

La sentencia de primera instancia será confirmada por ser denegatoria de
pretensiones debido a que no se demostró el daño alegado, en tanto no hay
certeza de la oportunidad perdida; en primer lugar, la Sala explicará el concepto
de pérdida de oportunidad como daño derivado de la prescripción de la acción
penal por mora judicial y sus presupuestos, luego, que uno de estos no fue
probado en el caso concreto, consistente en la certeza de la oportunidad perdida,
motivo por el cual no habrá lugar a pronunciarse sobre la actuación de la
demandada.

2. Análisis probatorio

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

1) El 19 de abril de 2002 la señora Elizabeth Julio Ramos presentó denuncia
penal por la muerte de su hija Rosa Mercedes Araque Julio como consecuencia
de la intervención quirúrgica realizada por los galenos Ángel de Jesús Vásquez
Pájaro y Hernando Castro (fl. 13 cdno. 1).

1 En razón de que el supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado

por la parte demandante se concretó en la decisión proferida por la Fiscalía Quinta de la Unidad
Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena el 10 de marzo de 2008, a través de la cual
declaró la prescripción de la acción penal (f. 296 cdno. 1) que cobró ejecutoria el 23 de abril de
2008 (la última notificación se surtió por estado el 18 de abril de 2008, fl. 298 respaldo cdno. 1),
el plazo legal para interponer la demanda, en principio, vencía el 24 de abril de 2010; sin
embargo, se presentó solicitud de conciliación prejudicial el 16 de abril de ese mismo año, de
modo que el término se suspendió cuando faltaban cinco días hasta cuando se declaró fallida
según constancia expedida el 15 de julio de 2011 (fl. 11A cdno. 1). Como la demanda se presentó
el 16 de julio de 2010, se impone concluir que se presentó en tiempo según el numeral 8 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

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Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

2) La Fiscalía 30 Seccional de Cartagena – Unidad de Delitos contra la Vida y
Otros avocó el conocimiento de las diligencias y ordenó la apertura de cuestión
previa el 24 de abril de 2002, al tiempo que ordenó la práctica de unas pruebas
y diligencias (fl. 15A cdno. 1).

3) Los ahora demandantes presentaron demanda de constitución de parte civil
(fl. 235 cdno. 1) la cual fue admitida el 18 de marzo de 2003 respecto de la señora
Elizabeth Julio Ramos (fl. 256 cdno. 1) y el 22 de junio de 2004 en relación con
el menor Hernando José Lorett Julio, en segunda instancia (fl. 283 cdno. 1).

4) El 8 de abril de 2003 la aludida fiscalía expidió resolución de apertura de
investigación y dispuso la práctica de pruebas y diligencias (fl. 23 cdno. 1).

5) El 23 de abril de 2003 los investigados rindieron indagatoria (fls. 24 y 28 cdno.
1) y después de haberse practicado varias pruebas la fiscalía encargada del caso
decretó el cierre del ciclo instructivo el 19 de abril de 2005 (fl. 133 cdno. 1).

6) El 19 de noviembre de 2007 la misma fiscalía profirió resolución de preclusión
de la investigación en favor de los investigados con base en los siguientes
argumentos:

“Haciendo entonces el análisis de esta declaración en conjunto
con las otras declaraciones que fueron aportadas a la
investigación vemos, que hay certeza de que el médico EUSEBIO
VARGAS PUCHE sí dialogó con los familiares de ROSA
MERCEDES (fallecida), y coinciden los testimonios en que
efectivamente les informó que la paciente estaba en muy mal
estado, que estaba grave y que había hecho lo posible por
salvarle la vida, haciendo los procedimientos necesarios y
requeridos que según la historia clínica fue REPARACIÓN DE LA
ARTERIA ILIACA INTERNA CON SEDA y la histerectomía
abdominal subtotal.

No obstante, los familiares de ROSA MERCEDES afirman que debido
a lo que les informó el médico es que ellos proceden a presentar la
denuncia y que de manera concreta les dijo que a su colega se le fue
la mano con el bisturí lesionando la arteria iliaca profunda y que debido
a esto fue que se produjo la hemorragia.

Pues bien, como se ha dicho, la cesárea es un procedimiento que tiene
riesgos para la madre y para el feto y que la hemorragia es la
complicación más frecuente en este procedimiento y se origina por la
ruptura en los bordes de la herida o por una atonia uterina y que las
lesiones intestinales y de la vejiga son extremadamente raras.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
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También se ha dicho que las arterias hipogástricas se encuentran
dentro del campo operatorio de una cesárea, mas no así las iliacas
profundas, de modo que al analizar los distintos elementos de prueba
existentes en la investigación, que para el caso son la historia clínica
de la paciente y el reconocimiento médico legal practicado sobre dicho
documento, ha de indicarse que este despacho descarta de una, la
base sobre el cual los familiares de ROSA MERCEDES fundan su
denuncia, en virtud de que mal podría el Medico VARGAS PUCHE,
expresarles a sus familiares que al médico se le fue el bisturí y lesionó
la arteria iliaca profunda, si la misma se encuentra fuera del campo
operatorio de una cesárea.

Entiende este despacho, que cuando se habla de reparación de la
arteria, se está indicando que tal procedimiento fue motivado como
medida salvadora para corregir el sangrado que presentaba la
paciente, pues son estos los mecanismos a que se acude cuando se
presentan complicaciones hemorrágicas después de una cesárea, en
virtud de que reparar con seda es equivalente a ligar; pues se hubiese
tratado de una sutura por lesión de la arteria, indiscutiblemente no se
hubiese utilizado seda, sino el material el denominado catgun crómico
tal y como lo ha indicado la declarante MARELVIS RODRIGUEZ
TORRES.

Entonces si descartamos la lesión de la arteria iliaca profunda,
la pregunta que sin lugar a dudas surge es: ¿qué pasó en este
caso?, ¿cuál fue la causa de la hemorragia que le causó la muerte
a ROSA MERCEDES ARAQUE JULIO, la respuesta indiscutible es
que le material probatorio traído a la investigación no fue el
suficiente y conducente para dar claridad a lo ocurrido, pues se
echa de menos el testimonio de los médicos de turno, a quienes les
correspondió hacerse cargo de la paciente luego de la cesárea, pues
se tendría que haber establecido la magnitud de la hemorragia
para establecer si realmente la asistencia y la decisión en adoptar las
medidas salvadoras del caso, fueron tomadas en el tiempo oportuno,
pues desde las 7 de la noche aproximadamente cuando la paciente
empezó a mostrar alguna alteración en su salud hasta la una de la
madrugada aproximadamente, hora que fue intervenida
posteriormente para hacer histerectomía y ligamento de la atería como
medida salvadora, es un tiempo bastante considerable.

Todo lo anterior, nos impregna de muchas dudas sobre las
circunstancias que rodearon el hecho y nos impiden tener un
conocimiento real sobre si la muerte de ROSA MERCEDES fue
producto de una mala praxis o por el contrario fue debido a una
complicación insalvable originada en alguna causa atribuible a la
misma paciente, ya que como se ha dicho. la hemorragia es la
complicación más frecuente después de una cesárea y puede ocurrir
por una atonia uterina, que ocurre cuando el útero no se contrae y por
lo tanto, los vasos sanguíneos existentes en dicho órgano no se
cierran debido a la falta de contracción de este órgano, también puede
ocurrir por la ruptura en los bordes de la herida.

En consecuencia de lo anterior, vale la pena precisar, que la
investigación en referencia, como ya lo anotamos es inferior a lo que
realmente merecía el caso, pues si bien, es muy probable que un
resultado infausto ocurra por los riegos que conlleva no solo un parto
natural, sino una cesárea cuando existe la necesidad de acudir a ella,

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Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
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no es menos cierto, que ante la imputación que hicieran los familiares
de la señora ROSA MERCEDES, no le logró tener una visión clara y
precisa sobre lo que realmente ocurrió.

Es por ello, salvo mejor concepto en contrario, que esta Fiscalía
considera que no se dan los presupuestos probatorios para
proferir en contra de los procesados una resolución acusatoria”
(fl. 155 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del original – negrillas
adicionales).

7) La parte civil interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión
(fl. 174 cdno. 1) el cual fue concedido el 18 de diciembre de 2007 (fl. 207 cdno.
1).

8) Cuando estaba el asunto en segunda instancia para decidir el recurso de
alzada la Fiscalía Quinta de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, a través de resolución proferida el 10 de marzo
de 2008, declaró la prescripción y extinción de la acción penal (fl. 296 cdno. 1).

3. Análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado

En el presente asunto se cuestiona la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado por la prescripción de la acción penal iniciada en
contra de los señores Ángel de Jesús Vásquez Pájaro y Hernando Castro por el
delito de homicidio culposo y la consecuente imposibilidad para que la señora
Elizabeth Julio Ramos y su hijo Hernando José Lorett Julio pudiesen obtener la
reparación de los perjuicios que le fueron presuntamente causados por la
comisión del aludido hecho punible.

Esta situación se enmarca claramente en la hipótesis consagrada en el artículo
69 de la Ley 270 de 1996, es decir, un supuesto defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia; en ese sentido la Sala analizará la responsabilidad
extracontractual del Estado para lo cual verificará, en primera medida, la
acreditación del daño.

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Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

3.1 El daño

Los demandantes alegan que la prescripción de la acción penal les impidió
acceder a la indemnización de perjuicios que reclamaban como víctimas del
delito investigado; no obstante, como lo consideró el tribunal de primera
instancia, la Sala no encuentra probada la certeza del daño por cuanto no se
trata de una pérdida de oportunidad seria y verificable.

Si bien en el recurso de apelación alegaron que el daño consistió en que no
pudieron conocer la decisión final de fondo, independientemente de si les era
favorable o no, esto es, que se les frustró el derecho a una tutela judicial penal
efectiva, la verdad es que esto no fue alegado en la demanda y la causa petendi
no se puede cambiar en esta instancia.

Ahora bien, en los casos en los que se decreta la prescripción de la acción penal
y como consecuencia de ello se deja a la víctima y/o parte civil sin la
indemnización patrimonial a la que habría tenido derecho si la decisión era
favorable a sus intereses, la Sección Tercera ha reconocido la posibilidad de que
el daño pueda enmarcarse en el concepto de pérdida de oportunidad2; sin
embargo, esta última no puede reducirse al simple hecho de la incertidumbre
sobre la decisión penal definitiva sino que, deben presentarse las suficientes
pruebas que demuestren que la persona tenía una amplia posibilidad de obtener
un resultado acorde a sus intereses y que al precluirse la investigación esta se
frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y
estar acreditada para que pueda reconocerse como daño indemnizable3.

Esta Subsección ha explicado que se trata de un daño con identidad y
características propias, consistente en “la vulneración de una expectativa o

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso

no. 13001-23-31-000-1999-00328-01(25327); del 2 de mayo de 2016, proceso no.
13001233100020010050601 (37111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-000-
2007-00642-01(42334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.

3 En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30

de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45530), MP Ramiro Pazos
Guerrero.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

interés legítimo tutelados que deben repararse”, por ende, la pérdida de
oportunidad “debe ser susceptible de advertirse como seria” en tanto “permita
concluir que, la acción u omisión de la autoridad pública generadora de daño,
disminuyó la probabilidad de ganar o, aumentó la de perder, de manera relevante
para el derecho” y “debe tratarse de una posición de ventaja reservada para el
titular del interés”. Por lo anterior, el daño debe cumplir con los siguientes
requisitos: “1) la aleatoriedad del resultado, 2) la certeza respecto de la
oportunidad propiamente dicha y 3) que la oportunidad de evitar esa aminoración
o de obtener un provecho, se extinguió de manera irreversible para la víctima” 4.

En estos casos el momento en el cual se decreta la preclusión de la investigación
por prescripción de la acción penal resulta ser un criterio importante para efectos
de determinar la seriedad o relevancia de la oportunidad perdida, por cuanto, la
expectativa de ganar un pleito penal y obtener una condena en perjuicios no será
la misma si la prescripción fue declarada en la etapa de investigación o de
juzgamiento, pues, lógicamente la superación de etapas de un proceso penal
eleva la probabilidad de obtener ventaja o un resultado favorable a sus
pretensiones.

De conformidad con lo anterior, la oportunidad perdida debe estar dotada de una
cierta relevancia jurídica que permita calificarla como valiosa o real, que justifique
el interés legítimo del demandante, es decir, aunque para acreditar la pérdida de
oportunidad basta con la aleatoriedad del eventual resultado favorable debe
existir certeza sobre la existencia de la oportunidad, entendida como la
expectativa real, seria y relevante perdida, esto es, que en ausencia del hecho
dañoso la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un
provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad se extinguió de
forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería eventual y
por tanto no indemnizable.

Ahora bien, los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño
por pérdida de oportunidad -cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por mora judicial, tras haberse

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de mayo de 2019,
proceso no. 76001-23-31-000-2011-01470-01(52889), MP Alberto Montaña Plata.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

declarado la prescripción de la acción penal- señalados en la citada sentencia,
han sido tratados por la jurisprudencia5 como se explica a continuación:

El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca de
si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual constituye
un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que ello se
oponga al carácter cierto del daño pues, la certeza en este caso debe analizarse
respecto de la oportunidad perdida y no del resultado.

El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha,
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado, es decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta
para obtener la indemnización de los perjuicios causados.

El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente para la parte civil por el hecho de declararse la
prescripción de la acción penal, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva
de la oportunidad puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda la
oportunidad no estaría perdida.

En este caso concreto la Sala encuentra satisfecho el primer requisito toda vez
que los demandantes fueron víctimas del delito investigado y, a su vez, se
constituyeron como parte civil dentro del proceso penal para que fueran
resarcidos los perjuicios sufridos con ocasión del fallecimiento de su hija y
hermana, sin embargo, cuando se iba a resolver el recurso de apelación
interpuesto por ellos en contra de la resolución de preclusión, la Fiscalía Quinta
de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena declaró la prescripción y extinción de la acción penal, situación que
demuestra que a los afectados con el delito se les vio frustrada la posibilidad de

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017,
proceso no. 520012331000200800505 01 (41.073), MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por
la misma subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso no. 08001-23-31-000-
2009-00618-01(44861), del 14 de marzo de 2019, proceso no. 13001-23-31-000-2009-00625-
01(45890) y del 11 de abril de 2019, proceso no. 25000-23-26-000-2011-00292-01(50569), todas
con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

conocer el resultado del proceso penal, con lo cual la incertidumbre o
aleatoriedad sobre el resultado final de la investigación se encuentra probada.

No ocurre lo mismo frente al segundo requisito debido a que no hay evidencia
de que la presunta oportunidad perdida existía para los demandantes; en efecto,
el material probatorio obrante en el expediente da cuenta de que la Fiscalía 30
Seccional de Cartagena de la Unidad de Delitos contra la Vida decidió precluir la
investigación iniciada en contra de los galenos por cuanto, luego de efectuar el
análisis de todos los elementos de prueba recaudados, pudo desvirtuar la razón
que presentó la señora Elizabeth Julio Ramos en la denuncia por la cual se inició
el proceso penal, esto es, que la hemorragia causante del fallecimiento de la
señora Rosa Mercedes Araque Julio fue producida por una lesión en una arteria
causada por uno de los galenos que participaron en la cesárea, y como de dichos
elementos no fue posible establecer la causa de la hemorragia no se pudo saber
tampoco si el fallecimiento fue producto de una mala praxis o de una
complicación inherente a la situación de salud de la paciente, máxime si se tiene
en cuenta que la hemorragia es la complicación más frecuente después de una
cesárea que puede ocurrir por una atonia uterina6 o, una ruptura natural en los
bordes de la herida, motivo por el cual la fiscalía consideró que no se daban los
presupuestos probatorios para proferir resolución acusatoria en contra de los
procesados.

Si bien esa decisión no era definitiva, toda vez que fue objeto de recurso de
apelación interpuesto por la parte civil y que cuando el proceso subió a segunda
instancia para resolverse fue decretada la prescripción, lo cierto es que no
permite tener certeza de que los ahora demandantes se encontraban en una
situación fáctica y jurídica para alcanzar el resultado esperado pues, como no se
había agotado la etapa de investigación y mucho menos se había llevado a cabo
la etapa de juzgamiento, no es posible avizorar una oportunidad seria de
resolverse la controversia en favor de las víctimas debido a que no hay certeza
sobre si en segunda instancia la decisión iba a ser revocada y, luego, se

6 Ocurre cuando los vasos sanguíneos existentes en el útero no se cierran debido a la falta de

contracción de este órgano, según se explicó en la resolución de preclusión con base en las
pruebas técnicas practicadas en el curso de la investigación.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00538-01 (52.217)
Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

proferiría sentencia condenatoria con orden de indemnización de perjuicios en
favor de los ahora demandantes por haberse constituido como parte civil.

De lo anterior se concluye que los demandantes no se encontraban en una
situación potencialmente apta para obtener la indemnización de los perjuicios
reclamados pues, de cara a que en primera instancia se profirió resolución de
preclusión por no encontrarse pruebas respecto de la conducta delictiva, en este
caso una mala praxis médica por parte de los galenos indiciados, y frente al
momento procesal en el que se decretó la prescripción de la acción penal
respecto del delito investigado, no es posible determinar que sin esta se hubiera
obtenido una decisión de fondo favorable a sus intereses; en ese orden de ideas,
no hay prueba de que los señores Elizabeth Julio Ramos y Hernando José Lorett
Julio tenían una oportunidad seria y cierta de recuperar por la vía del proceso
penal los eventuales perjuicios derivados del delito investigado y, por lo tanto, no
se demostró una oportunidad real perdida y, esto es, un daño cierto que pueda
ser objeto de reparación.

Como no se superó el segundo requisito necesario para la configuración de una
pérdida de oportunidad se torna innecesario el análisis del tercero. Así, en el
presente asunto no se satisfacen los presupuestos para que se tenga por
establecida la seriedad de la pérdida de la oportunidad, es decir, que se trate de
una expectativa, real y relevante para el derecho, por lo cual no hay certeza de
aquella y, por tanto, certitud sobre el daño alegado por los demandantes, tal y
como en el mismo sentido se pronunció el a quo.

Es importante recordar que la condición necesaria para que se tenga por
acreditado el daño dentro de la responsabilidad patrimonial extracontractual del
Estado es la certeza, porque, no puede ser reparado un daño eventual o
hipotético, en razón de que este debe estar materializado o debe ser
materializable, frente a lo cual la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterativa en
sostener que no puede haber responsabilidad si no se encuentra plenamente
acreditado el daño7; en este orden de ideas, no es posible analizar la actuación
de la entidad demandada en términos de imputación.

7 Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de

mayo de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999-

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Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

Importante es precisar, frente al argumento de los apelantes según el cual la falta
de certeza del daño podía aplicarse solamente respecto de los perjuicios
materiales pero no de los morales porque no obtuvo justicia y verdad, que los
perjuicios, tanto morales como materiales, derivan de un mismo daño, en este
caso, la oportunidad de obtener una decisión favorable a sus intereses, de
manera que si no hay certeza sobre esta no es posible analizar la imputación y
mucho menos la acreditación de los perjuicios, por tanto, la decisión de primera
instancia estuvo ajustada a la realidad procesal y probatoria del asunto sub
judice.

En relación con el reproche de que en este caso se debía hacer un análisis
objetivo e imparcial de las actuaciones procesales y las pruebas con el fin de
determinar las posibilidades de éxito de la víctima dentro de la actuación penal
y no efectuar un “prejuzgamiento” sobre el hecho de que “la víctima vería
fracasados sus intentos de reparación patrimonial”, la Sala observa que
precisamente eso fue lo que realizó el a quo cuando concluyó que las pruebas
practicadas en este caso no demuestran que había una oportunidad cierta de
que la resolución del proceso penal fuera acorde con los intereses de los
demandantes, en ese sentido, contrario a lo alegado por la parte apelante, el
tribunal de primera instancia no supuso que el proceso terminaría en favor de los
investigados y fracasadas las pretensiones de la parte civil, sino, que no encontró
certeza sobre que la decisión de precluir la investigación sería revocada, luego
condenados los sindicados y finalmente reparado a las víctimas, tal y como en
esta instancia también se afirmó.

Respecto del argumento de que la sentencia apelada fue violatoria del derecho
a la igualdad por cuanto en otros procesos con similares hechos se ha
condenado a la entidad demandada, la Sala precisa que las decisiones se
adoptaron en casos de los cuales no se tiene datos precisos que permitan
efectuar un análisis pormenorizado de la situación, pues, no hay ningún
elemento de contexto sobre ese específico aspecto.

Por último, la Sala les da la razón a los apelantes en cuanto a que el a quo se

1240-01 (20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01
(45530), MP Ramiro Pazos Guerrero.

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equivocó al mencionar el derecho a la presunción de inocencia de los
procesados, por cuanto, es cierto que en este proceso no se debaten los hechos
delictivos sino el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
situación que en todo caso no cambia en nada su decisión ni la confirmación de
esta en segunda instancia.

4. Conclusión

Como no hay certeza de la pérdida de oportunidad y, por tanto, del daño alegado,
se impone confirmar la sentencia apelada, en tanto fue denegatoria de
pretensiones.

5. Costas

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1°) Confírmase la sentencia proferida el 29 de mayo de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar – Sala Especial de Descongestión no. 5 de acuerdo
con las consideraciones expuestas en el presente proveído.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

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Actor: Elizabeth Julio Ramos y otro
Reparación directa - apelación de sentencia

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

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