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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00618-01

Fecha
24 de mayo de 2018
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
23 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-31-000-2009-00618-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A : PRIMERO: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera y, por tanto, separarlo del conocimiento del presente asunto. SEGUNDO: Revocar la sentencia del 25 de mayo de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, por las razones expuestas. TERCERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia. CUARTO: Declarar a la Nación – Rama Judicial patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por haber perdido la oportunidad de obtener, dentro del proceso penal, la indemnización de los perjuicios que sufrieron por la estafa de la que fueron víctimas. QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Nación – Rama Judicial a pagar, por concepto de pérdida de oportunidad, al señor Luis Eduardo Puccini Rosa y a la sucesión del señor Aldo Antonio Puccini Rosa el equivalente a 300 s.m.l.m.v. y la suma de $209’983.107, para cada uno. SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SÉPTIMO: Sin condena en costas. OCTAVO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del C.C.A. NOVENO: EXPEDIR al apoderado de la parte actora que ha venido actuando las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del C.P.C. DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-31-000-2009-00618-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

24 de mayo de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Accede parcialmente. Caso: En sede de casación se declaró la prescripción de la acción penal instaurada por el delito de estafa agravada / DAÑO ANTIJURÍDICO - Pérdida de oportunidad / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - Alta probabilidad de recuperar el predio objeto de estafa y de obtener la indemnización de perjuicios reconocida en las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro proceso penal / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - Por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Por mora en la adopción de decisión judicial / MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA - Se configuró. Juez penal excedió término dispuesto en la ley para proferir sentencia en primera instancia / MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA - Dio lugar a la prescripción de la acción penal declarada en sede de casación / DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Impidió que se profiriera decisión de fondo en sede de casación

[L]a Subsección estima que la Rama Judicial deberá responder a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial injustificada, habida cuenta de que, (…) incumplió los términos que establecía el C.P.P. vigente para la época de los hechos y ello contribuyó a que se declarara la prescripción de la acción penal. (…) [T]ranscurrieron más de 5 años desde que se calificó el mérito del sumario hasta que se dictó el fallo de primera instancia, término que, evidentemente, sobrepasó en exceso los 65 días hábiles que establecía el Decreto 2700 de 1991 para adoptar una decisión de fondo dentro de un proceso penal, lo que necesariamente contribuyó a que el 26 de mayo de 2006 -6 años después de que se dictó la resolución de acusación- operara el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal. (…) [L]a declaratoria de la prescripción de la acción penal extinguió la posibilidad de que los hermanos Puccini Rosa obtuvieran la reparación de los perjuicios causados, pues, si bien es cierto que tenían la opción de reclamarlos por una acción independiente al proceso penal, también lo es que para el momento en que se adoptó tal decisión ya había prescrito la acción que podía ejercerse ante la jurisdicción civil. (…) [E]s evidente que los hermanos Puccini Rosa tuvieron la oportunidad cierta de que la propiedad del predio de la vía 40 quedara en cabeza de su padre -Alberto Puccini Lux - y que, una vez realizado el respectivo juicio de sucesión, pudieran obtener el derecho de dominio sobre el mismo. Además, tenían la oportunidad de acceder a una indemnización por los daños y perjuicios causados por la estafa de la que fueron víctimas y por la que se promovió el proceso penal contra los señores Vilaró Velilla. (…) A Juicio de la Sala, también se cumple el segundo presupuesto (…), esto es, que la posibilidad de recuperar el predio y de obtener la reparación pretendida desapareciera por la declaratoria de la prescripción de la acción penal. (…) Finalmente, la Subsección estima que también se cumple el tercer presupuesto, es decir, que los demandantes se encontraban en una situación “potencialmente apta” para obtener la indemnización de los perjuicios causados. (…) [S]e tenía una alta probabilidad de acceder a la reparación integral reconocida a favor de los hermanos Puccini Rosa, habida cuenta de que en el proceso penal adelantado contra los señores Vilaró Velilla ya se había tramitado la etapa de juicio y tanto el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla consideraron que los mencionados señores eran penalmente responsables del delito de estafa agravada. (…) [A] juicio de la Sala, la Rama Judicial incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, lo que impidió que quedara en firme la decisión adoptada en el proceso penal adelantado contra los señores VIlaró Velilla y que se reconocieran los perjuicios a las víctimas del delito, dentro de las cuales se encontraban los aquí demandantes. (…) [L]a Sala revocará la decisión apelada y, en su lugar, condenará patrimonialmente a la Rama Judicial porque con su proceder negligente generó que los demandantes perdieran la oportunidad de hacer valer las decisiones penales de primera y segunda instancia que condenaron a los señores Vilaró Velilla por el delito de estafa y que les reconocieron la reparación de los perjuicios en calidad de víctimas de ese delito.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Eventos / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Dilaciones injustificadas en trámites administrativos y judiciales / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR LA DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Regulación normativa / RETARDO JUSTIFICADO EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES JUDICIALES - Eventos, causales / ETAPA DE JUZGAMIENTO - Término para dictar sentencia judicial en proceso penal

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos. Por su parte, el artículo 29 de la Constitución Política al consagrar la garantía del debido proceso proscribe las dilaciones injustificadas en los trámites tanto administrativos como judiciales y en el artículo 228 ibídem estableció los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. La misma garantía se prevé en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que el juicio sin dilaciones es un elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales. (…) [E]sta Corporación ha establecido que existen algunas situaciones que pueden llegar a justificar el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido impulsado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora. (…) [S]e tiene que, en vigencia del Decreto 2700 de 1991 (norma aplicable), luego de que el juez penal asumía el conocimiento del proceso, es decir, que iniciaba la etapa de juzgamiento, contaba con un período no mayor a sesenta y cinco (65) días hábiles para dictar la sentencia correspondiente. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la responsabilidad del Estado derivada de la declaración de prescripción de la acción penal, cita sentencia de 8 de febrero de 2007, Exp. 52001-23-31-000-2008-00505-01(41073), MP. Hernán Andrade Rincón.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 228 / DECRETO 2700 DE 1991

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Consecuencias / DAÑOS GENERADOS POR LA DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Pérdida de oportunidad / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD POR DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Presupuestos para su configuración

[E]sta Subsección ha establecido que para tener por cierto el daño, en casos como el presente, se debe demostrar que, como consecuencia de la prescripción de la acción penal, la parte civil perdió la oportunidad de ser reparada por los perjuicios sufridos por la comisión de un delito. (…) [P]ara que pueda tenerse por probada la existencia del daño, debe acreditarse: 1) que la parte civil del proceso penal tenía la oportunidad de obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una conducta delictiva; 2) que la posibilidad de obtener tal reparación se extinguió definitivamente al declararse la prescripción de la acción penal y 3) que los demandantes se encontraban en una situación “potencialmente apta” para obtener la indemnización de los perjuicios causados.

ACCIÓN CIVIL INICIADA DENTRO DE PROCESO PENAL - Término de prescripción / ACCIÓN CIVIL - Término de prescripción

Según el artículo 108 del Decreto–Ley 100 de 1980 (Código Penal vigente en la época de los hechos), si la acción civil proveniente del delito se iniciaba dentro del proceso penal prescribía “en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal” y si se ejercía por fuera del proceso penal (jurisdicción civil) prescribía en “20 años”.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1980 - ARTÍCULO 108

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - Cuantía fijada conforme al principio de equidad / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - Reconocimiento

La jurisprudencia de esta Subsección ha señalado que, como la pérdida de oportunidad constituye un perjuicio autónomo, que, en este caso, deviene de la imposibilidad de acceder a los perjuicios reclamados por los aquí demandantes como parte civil dentro del proceso penal promovido contra los señores Vilaró Velilla, la cuantía se valora de acuerdo con el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 (…) con el fin de evitar condenas en abstracto, como ya lo ha hecho esta Subsección en casos de indemnización del perjuicio autónomo de la pérdida de la oportunidad. (…) [E]n el presente asunto los actores tenían una alta probabilidad de percibir las indemnizaciones fijadas en las sentencias penales de primera y segunda instancia y de acceder a la propiedad del bien, por vía del trámite sucesorio respectivo, aunque no se tenga certeza de que el recurso extraordinario de casación promovido por los condenados prosperaría. Siendo así, en atención a esa probabilidad, para la Subsección, se deberá reconocer, por concepto del daño consistente en la pérdida de la oportunidad, a cada uno de los demandantes, el equivalente al 60% de lo que, en principio, se les reconoció en el proceso penal como indemnización integral (500 s.m.l.m.v.) y el equivalente al 60% de la cuota parte del predio a la que tendrían derecho en calidad de sucesores y que dejaron de percibir con ocasión de la declaratoria de prescripción.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00618-01(44861)

Actor: ALDO ANTONIO PUCCINI ROSA Y OTRO

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – mora judicial / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – prescripción de la acción penal

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia y denegó las pretensiones de la acción de reparación directa.

I.- ANTECEDENTES

1.- La demanda

El 19 de junio de 2009, en ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, los señores Aldo Antonio Puccini Rosa y Luis Eduardo Puccini Rosa presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial y el Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de que se declararan patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con ocasión del error judicial y/o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que los privó de “… la posesión material y disfrute de inmuebles y de su explotación comercial de propiedad de su fallecido padre, descendiente de inmigrantes italianos, don ALBERTO PUCCINI LUX cuando justamente adelantaban judicialmente la sucesión que involucraba e implicaba la adjudicación sobre tales derechos patrimoniales con respecto al inmueble a que hace referencia el primer hecho de la minuta de la demanda” .

Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $6.626’478.400 y la suma de $5.218’174.000, a título de lucro cesante.

Así mismo, por concepto de perjuicios morales, los demandantes indicaron: “… es susceptible de recibir valoración pecuniaria de acuerdo a los mandatos legales y en el presente caso fueron reconocidos y sentenciados antecedentemente en los estrados judiciales a favor de los actores por la misma justicia penal ordinaria”.

Además, los señores Aldo Antonio Puccini Rosa y Luis Eduardo Puccini Rosa solicitaron “que se condene a la demandada a reconocer, indemnizar y pagar a los demandantes, el valor de los daños y perjuicios ocasionados a su vida de relación o condiciones materiales de existencia, en la cuantía que resulte demostrada de las bases probadas en el juicio”.

Por último, la parte actora pidió que se ordenara el pago del valor de lo que costara el pleito, “… incluyendo los honorarios de abogado por hacer valer procesalmente sus derechos, fijándose su monto de conformidad con el contrato de mandato para litigar y de la remuneración allí estipulada entre las partes para la atención de la causa, pactada en la modalidad de cuota litis”.

1.1.- Fundamentos fácticos de la demanda

Del expediente se advierten los siguientes hechos relevantes:
El señor Aldo Antonio Puccini Rosa otorgó poder especial amplio y suficiente al abogado Remberto Vilaró Velilla (hijo) para que instaurara demanda civil con el fin de que se “declarara rescindido el contrato de venta por simulación y por lesión enorme que recayó en el 50% de un lote de terreno ubicado en la vía 40 # 69 – 135 (…) celebrado entre el padre del primero ALBERTO PUCCINI LUX y el sr. RUBEN DARÍO PANESSO CARONA, el 28 de marzo de 1978”.

Manifestó la parte actora que, una vez recuperado el inmueble, el mencionado abogado desbordó el mandato de su cliente y se apoderó del predio en compañía de su padre del mismo nombre, esto es, Remberto Vilaró Velilla (padre), para lo que se suscribió la escritura de compraventa número 1874 de 1985, mediante la cual se traspasó el 50% del inmueble que le pertenecía a los sucesores del señor Alberto Puccini Lux a la sociedad Vilaro V. & Vilaro V. Abogados Asociados Ltda.

En razón de lo anterior, el 7 de julio de 1993, uno de los herederos del señor Alberto Puccini Lux denunció a los señores Remberto Vilaró Velilla (padre) y Remberto Vilaró Velilla (hijo), por el delito de estafa agravada en concurso con el de infidelidad a los deberes profesionales. Dentro del proceso penal, los sucesores del señor Alberto Puccini Lux se constituyeron en parte civil.

Una vez adelantado el trámite respectivo, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla, por sentencia del 18 de octubre de 2005, condenó a los señores Vilaró Velilla como coautores del delito de estafa agravada, ordenó la cancelación de las escrituras públicas suscritas con ocasión de los negocios jurídicos celebrados sobre el bien de la vía 40 y condenó a los mencionados señores a pagar, como indemnización integral, el equivalente a 500 s.m.l.m.v. a favor de cada uno de los sucesores de Alberto Puccini Lux.

Esa decisión se apeló ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, el cual, mediante fallo del 5 de mayo de 2006, confirmó la sentencia de primera instancia.

Posteriormente, los señores Remberto Vilaró Velilla (padre) y Remberto Vilaró Velilla (hijo) promovieron recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, la que, mediante providencia del 30 de noviembre de 2006, declaró prescrita la acción penal, dispuso la cesación del procedimiento y ordenó la cancelación de las medidas restrictivas de la libertad personal y las que recaían sobre los bienes de propiedad de los mencionados señores.

Contra esa decisión, la parte civil (constituida por los sucesores del señor Alberto Puccini Lux) interpuso el recurso de reposición. Mediante providencia del 18 de abril de 2007, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, resolvió no reponer el proveído del 30 de noviembre de 2006.

1.2.- Fundamentos jurídicos de la demanda

Los demandantes alegaron que la Rama Judicial incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque no tramitó oportunamente el proceso penal promovido contra los señores Vilaró Velilla (padre e hijo), lo que, a su juicio, generó que se declarara la prescripción de la acción penal y que se les impidiera acceder al restablecimiento de los derechos que les asistían como sucesores de quien fuera el propietario del predio objeto del litigio.

La parte actora explicó que, según lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, la prescripción de la acción penal operó el 24 de mayo de 2006 y, por tanto, antes de esa fecha debió adoptarse una decisión de fondo y como no se hizo era “… obvia la negligencia de la Rama Judicial, es decir, resultan estas sentencias condenatorias e indemnizatorias totalmente inoperantes para su cumplimiento judicial efectivo ya que no fueron resoluciones judiciales oportunamente dictadas, como está expresado, dentro del marco de la ley…”.

2.- Trámite en primera instancia

2.1.- La admisión de la demanda y su notificación

La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, Corporación que la admitió a través de providencia del 25 de agosto de 2009.
Posteriormente, mediante auto del 13 de mayo de 2010, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró, de oficio, la nulidad de lo actuado a partir de la fijación en lista de proveído del 25 de agosto de 2009, porque no se notificó del auto admisorio al Ministerio del Interior y de Justicia. Por lo anterior, en esa providencia se ordenó notificar al Ministerio del Interior y de Justicia, a través del Gobernador del departamento del Atlántico, pero se tuvo como válida la contestación de la Rama Judicial y las pruebas que aportó.

2.2.- La contestación de la demanda

2.2.1.- La Rama Judicial contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que las actuaciones desplegadas por los despachos judiciales que conocieron del proceso penal adelantado contra los señores Vilaró Velilla (padre e hijo) se ajustaron a la Constitución y a la ley y, por ende, no podía atribuírsele una conducta irregular o fraudulenta.

Explicó que el operador judicial, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, se limitó a “… dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación reguladora de la materia, al decretar la prescripción de la acción penal por cumplirse los presupuestos para tal efecto sin que haya lugar a actuaciones caprichosas que vislumbren una ILEGALIDAD en el proceder de las autoridades competentes”.

Mencionó que los jueces penales fallaron en derecho y, en su momento, condenaron a los responsables del delito de estafa. Agregó que aunque la providencia dictada por la Corte Suprema de Justicia pudo resultar desfavorable a los intereses de los hermanos Puccini Rosa, esa decisión se adoptó por hechos por los que no debía responder la Rama Judicial, pues “… no puede entenderse que la utilización de los mecanismos de defensa tales como el recurso extraordinario de casación, son herramientas que dilatan e impiden el correcto desarrollo de la administración de justicia, de igual manera no debe predicarse que la prescripción de la acción penal evidencia una falla en el servicio a la justicia”.

De otra parte, la Rama Judicial señaló que no había lugar a reconocer los perjuicios reclamados por la parte actora, por cuanto no se probó la existencia del daño ni de la falla que se alegó en la demanda.

Por último, propuso las siguientes excepciones: i) “indebida legitimación por pasiva”; ii) “inexistencia del error judicial”; iii) “inexistencia del daño antijurídico” y iv) “la inmonimada”, pero no expuso ningún argumento para fundamentarlas.

2.2.2.- El Ministerio del Interior y de Justicia propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, la que, según su dicho, se configuró porque dentro de las competencias legales asignadas a ese ministerio no se encontraba la de representar a la Rama Judicial. Agregó que tampoco se evidenció una relación real entre la entidad y las pretensiones formuladas por la parte demandante y, por tanto, debía ser desvinculada de la acción de reparación directa.

2.3.- La etapa probatoria y los alegatos de conclusión

Mediante auto del 24 de agosto de 2010, el Tribunal a quo abrió a pruebas el proceso. Concluido el período probatorio, por providencia del 19 de enero de 2012, se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la que intervino la parte actora y la Rama Judicial.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, mediante sentencia del 25 de mayo de 2012, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia y denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

En primer lugar, el a quo aclaró que el Ministerio del Interior y de Justicia no era el llamado a responder por los hechos expuestos en la demanda, por cuanto las actuaciones que se consideran irregulares provinieron de un juzgado penal y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, despachos judiciales que hacían parte de la estructura orgánica de la Rama Judicial, entidad que, según el artículo 5º de la Ley 270 de 1996, era independiente y autónoma y estaba representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

Respecto del fondo del asunto, el Tribunal Administrativo de primera instancia sostuvo que se encontraba probado el daño, por cuanto la prescripción de la acción penal adelantada contra los señores Vilaró generó que el 50% del bien inmueble situado en la vía 40 de la ciudad de Barranquilla (que era de propiedad del padre de los demandantes) no pudiese ser recuperado y, por ende, perdieran los derechos que tenían como herederos sobre dicho inmueble.

Empero, según el Tribunal a quo, no se acreditó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habida cuenta de que las decisiones penales de primera y de segunda instancia fueron adoptadas antes de configurarse la prescripción de la acción penal. En efecto, el término prescriptivo acaeció el 24 de mayo de 2006 y las sentencias penales se dictaron por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 18 de octubre de 2005 y el 5 de mayo de 2006, respectivamente.

Expuso que, si bien el proceso penal permaneció por un lapso de 5 años en primera instancia, lo cierto era que la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla fue emitida dentro del término permitido por la ley, así como también lo hizo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

El a quo agregó que tampoco se probó que, de manera arbitraria, los jueces penales demoraron o dilataron el proceso penal. Que, por el contrario, según se pudo constatar con el informe rendido por el juez penal de primera instancia ante la Procuraduría General de la Nación, la tardanza estuvo justificada, si se tiene en cuenta que ello obedeció a la congestión del despacho judicial y a la existencia de trámites que gozaban de prelación legal, como las tutelas, los habeas corpus, las decisiones sobre peticiones de libertad, las sentencias anticipadas y las sentencias con procesados detenidos, entre otros.

Precisó que, si bien en la demanda se indicó que la actuación de los apoderados de la parte civil dentro del proceso penal –ahora demandantes– fue idónea y acertada, lo cierto es que no se demostró que se hiciera algún tipo de requerimiento a los despachos judiciales que conocieron el proceso penal, con el fin de impulsarlo.

Finalmente, explicó que la congestión del Despacho en el que cursaba el proceso en primera instancia “… es un hecho que afrontan la mayoría de despachos judiciales en el país, y encontrándose que el proceso fue tramitado y fallado en sus dos instancias antes de la operancia de la prescripción de la acción penal, no es dable considerar que existió negligencia o fallas de la administración de justicia durante su trámite, pues para que ello sea así, corresponde a la parte actora demostrar que de manera injustificada, el fallador no adelantó los tramites que la ley ordenaba pudiendo hacerlo; pero la congestión de dicho despacho y la existencia de trámites que gozan de prelación legal en el mismo, se consideran como una incontrovertible justificación para no decidir con antelación en ese asunto”.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1.- El recurso de la parte demandante

En primer lugar, la parte apelante indicó que el a quo desacertó cuando declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia, pues la persona jurídica demandada por los hechos expuestos en la demanda de reparación directa es la Nación, “… representada por el órgano creador del derecho lesivo, que involucra al referenciado Ministerio del Interior y justicia, vigente para cuando ocurrieron los hechos materia de la demanda y a la Rama Judicial / Consejo Superior de la Judicatura, quien está acreditado en el expediente que también quedó debidamente notificado de tal demanda”.

La parte apelante agregó que tanto el Ministerio del Interior y de Justicia como la Rama Judicial gozaban de “personería por virtud de la competencia o funciones”, razón por la cual se encontraban legitimados para comparecer al proceso como demandados.

Por otra parte, indicó que si bien las decisiones de primera y de segunda instancia se dictaron antes de configurarse el término de prescripción, lo cierto fue que el juez de primera instancia advirtió “… el hecho potencial e inminente de la prescripción”, pero esa advertencia fue desatendida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

Además, alegó que en el presente proceso quedó claramente establecido que las condenas impuestas en los fallos penales resultaron invalidadas por la prescripción de la acción penal que declaró la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, a juicio de la parte apelante, no se requería prueba de la omisión del cumplimiento de los términos, habida cuenta de que “… de lo que se trata aquí es de la relevante circunstancia objetiva sobreviniente, generadora del daño, independiente de la consideración a que llegó el A- quo [de] que no hubo omisión de términos legales”.

Finalmente, mencionó que en el expediente existía prueba suficiente del valor económico del daño y de los perjuicios materiales y morales que debían reconocerse a la parte demandada.

2.- Trámite en segunda instancia

El recurso presentado en los términos expuestos se admitió por auto calendado el 14 de septiembre de 2012. Luego, mediante providencia del 3 de octubre de 2012, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

3.- Los alegatos de conclusión

3.1.- La parte actora informó que, el 10 de mayo de 2010, el señor Aldo Antonio Puccini Rosa falleció y, por tanto, quien continuaba con el proceso era el señor Carlos Alberto Puccini Páez, en su condición de heredero.

Insistieron los demandantes en que el daño se causó porque al declararse la prescripción de la acción penal, se les privó de la posibilidad de recuperar la propiedad del inmueble al que tenían derecho en su condición de herederos del señor Alberto Puccini Lex y a que se les reconocieran los perjuicios causados por el delito del que fueron víctimas.

Indicó que el Tribunal Administrativo de primera instancia desconoció que en este caso lo que se presentó fue una denegación total del derecho de acceso a la administración de justicia.

Mencionó que la Rama Judicial debía responder, aun cuando la tardanza para adoptar la decisión se hubiere dado “sin intención” y, por ende, bastaba demostrar que operó la prescripción de la acción penal y que eso ocasionó el daño antijurídico.

Señaló que no le asistió razón al Tribunal a quo cuando afirmó que las providencias penales se dictaron oportunamente, porque para el cumplimiento del término de prescripción de la acción penal (24 de mayo de 2006) se encontraba en trámite el recurso de casación, es decir, que la decisión de segunda instancia no estaba en firme, pues tal recurso hace parte del proceso penal y, por ello, el tiempo trascurrido en el trámite de la casación no podía dejar de contabilizarse para efectos de la prescripción.

Adujo que, si bien el juez penal de conocimiento informó que la demora para dictar la decisión dentro del proceso penal, en el que los aquí demandantes actuaron como parte civil, se debió a la congestión del despacho judicial, lo cierto fue que no se aportó prueba que acreditara esa supuesta congestión y, por ello, a su juicio, no se podía tener como razón válida para justificar el retardo en el que incurrieron los jueces penales.
Resaltó que la Rama Judicial era la que debía probar la diligencia con la que adelantó las actuaciones surtidas dentro del proceso penal, toda vez que era la que conocía si un despacho estaba congestionado o no y si la demora estaba justificada.

Reiteró que era evidente el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque fue su inactividad la que generó que se declarara la prescripción de la acción penal y esto fue lo que evitó que se hiciera efectivo el derecho de reparación que les asistía a los señores Aldo Antonio y Luis Eduardo Puccini Rosa, como víctimas del delito de estafa agravada.

3.2.- El Ministerio Público solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia, por cuanto la parte actora no demostró que la declaratoria de la prescripción de la acción penal obedeció a la demora o tardanza injustificada de la Rama Judicial, al adelantar las actuaciones penales correspondientes.

Puntualmente, sostuvo que la prescripción penal decretada contra los intereses de los demandantes no constituyó una falla en el servicio y, por ende, “… no son actos de los que se pueda derivar responsabilidad estatal, ya que como fue expuesto, la parte actora no logró probar la antijuridicidad de la conducta de los demandados, ni aportó las pruebas que demostraran la relación directa entre los hechos de los demandados y los perjuicios expuestos”.

Por otra parte, el Ministerio Público refirió que la conducta desplegada por la parte demandante no fue idónea ni adecuada, por cuanto solo hasta la verificación de la prescripción de la acción penal manifestó su preocupación por la configuración de dicho fenómeno jurídico y pidió la intervención de los organismos de control para impedirlo, lo que resultó extemporáneo y contribuyó a la configuración del daño alegado.

La Subsección, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

IV. CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 25 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia y denegó las pretensiones de la demanda.

1.- Impedimento

En primer lugar, se advierte que el Consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia, por considerarse incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1° del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que su hija se encuentra vinculada laboralmente en el Ministerio del Interior y de Justicia.

Para la Sala se configura la causal invocada y, por tanto, es del caso declarar fundado el impedimento y separar del conocimiento del proceso al doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

2.- Cuestión previa

Se debe precisar que, en las pretensiones de la demanda de reparación directa, los señores Aldo Antonio y Luis Eduardo Puccini Rosa solicitaron que se condenara a la Rama Judicial por error jurisdiccional y/o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

No obstante, en los fundamentos de la demanda, la parte actora solo le imputó a la entidad demandada un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por no tramitar oportunamente el proceso penal promovido contra los señores Vilaró Velilla, lo que habría generado que se declarara la prescripción de la acción penal y que se les impidiera acceder al restablecimiento de los derechos que les asistían como herederos del propietario del predio objeto del litigio.

Siendo así, la Sala advierte que en la presente providencia se analizará únicamente la responsabilidad de la Rama Judicial por la posible configuración del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

3.- Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine

3.1- Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

3.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.

3.2.1.- Legitimación en la causa de los demandantes

Los señores Aldo Antonio Puccini Rosa y Luis Eduardo Puccini Rosa corresponden a los demandantes en este asunto, pues fueron las personas que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.

En cuanto a la legitimación material, la Sala estima que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que los señores Aldo Antonio Puccini Rosa y Luis Eduardo Puccini Rosa se constituyeron como parte civil en el proceso penal adelantado contra los señores Vilaró Velilla, en el que se declaró prescrita la acción penal, de suerte que les asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctimas directas del daño.

3.2.2.- Legitimación en la causa de las entidades demandadas

Observa la Sala que la imputación hecha en la demanda de reparación directa consistió en la omisión en la cual habrían incurrido las autoridades penales al no dictar oportunamente sentencia dentro del proceso seguido contra los señores Vilaró Velilla, por el delito de estafa agravada.

En atención a dicha imputación y a los hechos que fundamentan las pretensiones indemnizatorias, la Subsección considera que no es procedente atribuirle ningún tipo de responsabilidad al Ministerio del Interior y de Justicia, como lo pretendía la parte actora, ni por la participación directa en los hechos ni porque tenga que representar a la Rama Judicial en el proceso de reparación directa. Basta que la Rama Judicial haya sido notificada del auto admisorio y que haya comparecido por conducto del Director Ejecutivo de Administración Judicial.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que, de conformidad con los artículos 99 de la Ley 270 de 1996 y 149 del C.C.A. (norma aplicable), el Director Ejecutivo de Administración Judicial es el encargado de representar a la Rama Judicial en los procesos en los que actúe, sin importar si interviene como demandado o como demandante.

Como en el caso bajo estudio se cumplió dicho presupuesto, es decir, la comparecencia de la Rama judicial se hizo por conducto del Director Ejecutivo de Administración Judicial, a juicio de la Sala, se debe confirmar en este punto la decisión del Tribunal Administrativo de primera instancia, que declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia.

3.3.- El ejercicio oportuno de la acción

El artículo 136 – 8 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable) consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.

En el caso bajo estudio, la Sala considera que el término de caducidad debe contabilizarse desde que se tuvo conocimiento del daño, esto es, desde que los señores Aldo Antonio Puccini Rosa y Luis Eduardo Puccini Rosa tuvieron la certeza de que, como consecuencia de la declaración de prescripción de la acción penal, no podrían recuperar el dominio del bien respecto del cual consideraban que tenían derecho (en su condición de herederos del señor Alberto Puccini Lux), ni tampoco podrían acceder al reconocimiento de perjuicios como víctimas del delito de estafa agravada.

La Sala tomará como fecha de conocimiento del daño el 18 de abril de 2007 –fecha en que la que la Corte Suprema de Justicia resolvió no reponer el auto que declaró prescrita la acción penal–, por cuanto en el expediente no obra constancia de ejecutoria de esa decisión ni tampoco se tiene certeza de la fecha en que la misma se notificó a la totalidad de los interesados. De modo que el término de caducidad de la acción de reparación directa inició a correr el 19 de abril de 2007 y, en principio, vencería el 19 de abril de 2009.

No obstante, obra constancia de la Procuraduría 14 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo del Atlántico en la que se indicó que, el 20 de marzo de 2009, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial, es decir, que el término de caducidad se suspendió faltando veintinueve (29) días para su vencimiento. Dicho término se reanudó el 16 de junio de 2009, esto es, cuando se expidió la certificación en la que consta que la diligencia de conciliación se declaró fallida.

Así las cosas, en esa fecha se retomó el conteo de los 29 días que restaban para el vencimiento del término de caducidad, lo que implica que el mismo feneció el 15 de julio de 2009. Como la demanda se presentó el 19 de junio de 2009, la Sala concluye que se promovió dentro de la oportunidad prevista en el artículo 136 – 8 del C.C.A.

4.- Objeto del recurso de apelación

En el caso bajo estudio se tiene que la parte demandante pretende que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, porque, a su juicio, se encuentra acreditada la falla en el servicio de administración de justicia en la que incurrió la Rama Judicial y el daño que les causó.
En efecto, según la parte apelante, fue con ocasión de la declaratoria de la prescripción de la acción penal promovida contra los señores Vilaró Velilla que a los aquí demandantes –quienes constituyeron la parte civil dentro del proceso penal– se les impidió beneficiarse de los fallos penales de primera y de segunda instancia para recobrar los derechos que como herederos les correspondían sobre el bien objeto del litigio y la indemnización que les fue reconocida como víctimas del delito de estafa agravada.

5.- Análisis de responsabilidad de la Rama Judicial en el caso concreto

En atención al material probatorio obrante en el expediente, en relación con el proceso adelantado contra los señores Vilaró Velilla –en el que los demandantes actuaron como parte civil–, se tienen debidamente demostrados los siguientes hechos:

El 7 de julio de 1993, el señor Enzo Puccini Rosa instauró denuncia penal contra los señores Remberto Vilaró Velilla (padre) y Remberto Vilaró Velilla (hijo), por el delito de estafa agravada. Dicha denuncia se fundamentó en lo siguiente (se trascribe de forma literal, con posibles errores incluidos):

“… el señor ALDO PUCCINI ROSA, confirió poder al abogado REMBERTO VILARÓ VELILLA (Jr), para que adelantara un proceso ordinario ante la jurisdicción civil, contra el señor DARÍO PANESSO BARONA, el cual versaba sobre un lote de terreno situado en la vía 40 cuyo (sic) parte equivalente al 50% correspondía al padre del denunciante. La finalidad de dicho proceso civil era demostrar que la venta efectuada por el señor ALBERTO PUCCINI LUX, padre de los PUCCINI ROSA, había sido una simulación, siendo el señor RUBÉN DARÍO PANESSO BARONA un simple testaferro en esta operación. Como consecuencia de lo anterior se pactaron como honorarios entre el señor ENZO PUCCINI ROSA y el abogado REMBERTO VILARÓ VELILLA (Jr.), una séptima parte del total del predio objeto de la litis, proceso que terminó por común acuerdo entre las partes, que consistió en la cesión del lote de la vía 40, previa cancelación al señor PANESSO BARON de la suma de SEIS CIENTOS MIL PESOS ($600.000) por los años que éste había tenido el bien inmueble, cumpliendo con los gravámenes y la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000).

“Una vez recuperado el inmueble se corrió la escritura pública de compraventa No. 1874 de junio 28 de 1985, figurando como nuevo propietario la sociedad de nombre VILARÓ V & VILARÓ V. ABOGADOS ASOCIADOS LTDA, cuyos socios son REMBERTO VILARÓ VELILLA (Jr.) y REMBERTO VILARÓ VELILLA (padre) éste último representante legal; el acto de compra venta fue por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($4’749.000).
“Este acto escriturado fue debidamente registrado y protocolizado en la oficina de instrumentos públicos de esta ciudad. Ya en 1995, se materializó otro negocio de compraventa sobre el mismo inmueble, entre la sociedad representada por REMBERTO VILARÓ VELILLA (padre) –actuando como vendedor– y la sociedad comercial denominada PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE BARRANQUILLA VÍA 40 S.A. (comprador), mediante escritura No. 2631 de octubre 12 de 1995, otorgada ante la Notaría Tercera del Círculo de esta ciudad, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250’000.000).

“Lo anterior ocurrió sin el consentimiento de la familia PUCCINI, ya que el apoderado de ellos REMBERTO VILARÓ VELILLA (Jr.), desconoció las claras instrucciones de los herederos de ALBERTO PUCCINI LUX, en el sentido de que el traspaso del inmueble debía ser de siete partes iguales o el producto de su venta debía ser distribuido en siete partes iguales, correspondiéndole solamente una parte al señor abogado”.

El 13 de marzo de 2000, la Fiscalía 42 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Barranquilla formuló resolución de acusación contra los señores Vilaró Velilla, como posibles coautores del delito de estafa agravada. Esa decisión fue confirmada el 24 de mayo de 2000 por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior.

Una vez terminada la etapa de investigación, el proceso fue asignado al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla. Ese despacho judicial manifestó impedimento para conocer el asunto, razón por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por providencia del 9 de marzo de 2001, admitió dicho impedimento y le asignó el conocimiento del proceso al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla.

Posteriormente, el proceso se remitió al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla. El 22 de abril de 2005, la parte civil le solicitó a la Procuraduría Delegada ante ese despacho intervenir para que se dictara sentencia, habida cuenta de que “… la intervención de los sujetos procesales y el mismo juez de la causa están pretermitiendo los términos para dictar sentencia”.

El 10 de mayo de 2005, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barraquilla le informó a la Procuraduría General de la Nación las razones por las que no se había adoptado una decisión de fondo.

Mediante fallo del 18 de octubre de 2005, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barraquilla resolvió:

“PRIMERO. Condenar a los señores REMBERTO VILARÓ VELILLA (padre) (…) y a REMBERTO VILARÓ VELILLA (hijo) (…) a las penas de treinta (30) meses de prisión y sendas multas de quinientos mil pesos ($500.000), que deberán ser canceladas una vez quede ejecutoriada la sentencia (…).

“(…).

“CUARTO. Condenar a los señores REMBERTO VILARÓ VELILLA (padre) y REMBERTO VILARÓ VELILLA (hijo) a pagar, solidariamente, como indemnización integral una suma de dinero equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales al momento de su pago, a favor de cada uno de los sucesores de ALBERTO PUCCINI LUX que son los perjudicados con el delito de estafa. (…).

“QUINTO. Ordenar la cancelación total, por una parte, de la escritura pública número 2464 otorgada el 10 de octubre de 1978 en la Notaria Primera del Circuito de Barranquilla mediante la cual, simuladamente, ALBERTO PUCCINI LUX le transfiere, a título de venta pura simple, a RUBÉN DARÍO PANESSO BARONA del derecho de dominio y la posesión material (…) del globo de terreno ubicado en esta ciudad en la vía 40 número 69 -134 (…).

“SEXTO. Ordenar la cancelación total, por una parte, de la escritura pública número 1874 (…) por medio de la cual, el señor RUBÉN DARÍO PANESSO (…) le transfirió a la sociedad VILARÓ V. Y VILARÓ V ABOGADOS ASOCIADOS LTDA., a título de venta pura simple, el derecho de dominio y la posesión material y real (…) del globo de terreno ubicado en esta ciudad en la vía 40 número 69 -134 (…).

“SÉPTIMO. Ordenar la cancelación parcial de la escritura pública número 2631 (…) mediante los cuales, la sociedad VILARÓ V. Y VILARÓ V ABOGADOS ASOCIADOS LTDA. le transfirió a la sociedad PARQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA el derecho de dominio que había obtenido del cincuenta y uno por ciento del predio en el cual se realizó el registro (…).

“El suscrito Juez deja constancia, [de] que, dado el alto volumen de actuaciones que se manejan en el despacho, la presente sentencia fue proferida dentro del término y oportunidad que le corresponde, de acuerdo al turno prestablecido para sentencias de primera instancia, con eventual prescripción. (…)” (negrilla fuera del texto).

Esa decisión se apeló ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Decisión Penal, que, por sentencia del 5 de mayo de 2006, confirmó el fallo de primera instancia. Respecto de la prescripción, en dicha providencia se expuso (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“… si nos referimos a la presunta prescripción que arguye el actor operó entre la fecha de ocurrencia de los hechos y la ejecutoria de la resolución de acusación, ya sobre el particular hubo un pronunciamiento certero y ponderado de la fiscalía, pues teniendo como referente para ello el 28 de junio de 1985, cuando se consumó el ilícito dado que en la misma fue que se consolidó el apoderamiento del bien inmueble (terrenos de la vía 40 calle 69-35), en virtud de que ese día fue que se corrió la escritura pública No. 1874 a través de la cual se transfirió la propiedad de los mismos a la sociedad VILARÓ V & VILARÓ V ABOGADOS ASOCIADOS LTDA., de la cual son socios los aquí acusados.

“En consecuencia, desde entonces, para que feneciera la acción penal tendría que haber transcurrido quince (15) años desde la anterior fecha, pues siendo el punible enrostrado a los procesados el de ESTAFA AGRAVADA el cual consagraba el Código Penal de 1980, vigente para la fecha de los hechos, en su artículo 356, sancionándolo con pena máxima de prisión de diez (10) años, misma que debía ser incrementada en cinco (5) años en consideración a lo dispuesto en el artículo 372 de la misma obra, este lapso no se logró superar al ser proferida la resolución de acusación emanada de la Fiscalía Delegada por el Tribunal de Antioquia en contra de los antes citados, el 24 de mayo de 2000, cuando se desató la alzada que se interpusiera contra la providencia que calificó el mérito del sumario en primera instancia.

“Si bien del mismo tema se trata, pero referido a la fase del juicio, tampoco es viable tal postulación, toda vez que el término a tener en cuenta a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación (mayo 24 de 2000), se empieza a contabilizar nuevamente, pero reducido esta vez a la mitad conforme a las claras previsiones del artículo 86 del CP. Siendo aplicable por favorabilidad la Ley 599 de 2000, que entró a regir el 24 de julio de 2001 por aparejar al autor o a los autores del punible de ESTAFA AGRAVADA pena máxima de prisión de ocho (8/) años, aumentada a la mitad, por lo enunciado en el artículo 86+ del C.P. (Ley 599 de 2000), que lo viene a ser de seis (6) años, término que está distante de la presente decisión. (…)”.

Contra la anterior decisión, los señores Vilaró Velilla interpusieron recurso extraordinario de casación.

El 21 de octubre de 2006, los señores Luis Eduardo y Aldo Antonio Puccini Rosa le solicitaron a la Procuraduría General de la Nación “vigilancia especial sobre el proceso contra REMBERTO VILARÓ HIJO Y REMBERTO VILARÓ PADRE”. En dicho escrito se manifestó: “Esos ABOGADOS deshonestos, intentaron por todos los medios hacer PRESCRIBIR LA ACCIÓN PENAL, y casi lo logran, utilizando toda clase de MANIOBRAS DILATORIAS. Observe usted, señor Procurador cuantas veces el señor Juez Quinto Penal del Circuito de Barranquilla se vio precisado a aplazar audiencias de juzgamiento, por la inasistencia de los abogados defensores de los hoy condenados, además, utilizando otros medios ajenos a la justicia, como falsas alarmas, presuntamente organizadas por ellos” (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos).

Por escrito del 9 de noviembre de 2006, los señores Remberto Vilaró Velilla (padre) y Remberto Vilaró Velilla (hijo) le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que declarara “… extinguida la acción penal por haber operado en exceso el fenómeno de la prescripción…”.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante providencia del 30 de noviembre de 2006, resolvió: i) declarar prescrita la acción penal en el proceso adelantado por el delito de estafa agravada en contra de los señores Vilaró Velilla; ii) ordenar la cesación del procedimiento seguido contra los mencionados señores y iii) ordenar la cancelación de las medidas restrictivas personales impuestas a los señores Vilaró Velilla y a los bienes de su propiedad. Como fundamento de esa decisión, la Corte Suprema de Justicia expuso (se trascribe con posibles errores incluidos):

“… de conformidad con las reglas de prescripción previstas en los artículo 83 y 86 del Código Penal 2000 (artículos 80 y 84 del Código Penal de 1980), la acción penal por el ilícito por el cual se condenó a los señores VILARÓ VELILLA prescribió el 24 de mayo de 2006, pues la resolución de acusación fue confirmada por la segunda instancia el 24 de mayo de 2000, según se hizo constar en los antecedentes reseñados, por lo que, entonces, al día siguiente comenzó a correr el lapso prescriptivo por un término igual a la mitad del máximo de la sanción establecida para el punible en cuestión -72 meses-, tiempo éste que se cumplió cuando se encontraba el proceso en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla corriéndose el traslado para la presentación de las demandas de casación respectivas”.

Contra el anterior proveído, el apoderado de los señores Aldo Antonio y Luis Eduardo Puccini Rosa (parte civil) interpuso el recurso de reposición. Este recurso también fue presentado por el apoderado del señor Enzo Puccini Rosa (que también conformó la parte civil).

Mediante providencia del 18 de abril de 2007, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal, resolvió no reponer el auto del 30 de noviembre de 2006. En esa decisión se señaló (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“… la declaratoria de prescripción constituye, en efecto, una sanción para el Estado, en virtud de la cual pierde la potestad legal para continuar con el ejercicio del ius puniendi, de allí que la acción penal queda extinguida y debe por tanto disponerse la cesación de procedimiento mediante auto interlocutorio que tiene la virtud de dar por terminado el proceso.

“En este orden de ideas, es claro que si la acción penal es de carácter personal, en la medida que propende por el castigo de quien ha ejecutado una conducta punible, la acción civil que tiene connotación patrimonial, toda vez que busca la indemnización de los daños y perjuicios causados a la víctima, depende directamente del resultado de la primera, atendiendo a la conocida máxima del derecho, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

“Mírese cómo, la decisión de intentar el resarcimiento civil de perjuicios, opera facultativa para el afectado, pues, suficientemente se conoce, este cuenta con plena potestad para adelantar una tal pretensión dentro de la órbita civil, desde luego, atendiendo a las especificidades sustanciales y formales de esa forma de jurisdicción.

“Pero, si opta por tabular su deseo resarcitorio dentro del proceso penal, debe entender que ella es una materia si se quiere accesoria al procesamiento de orden público que rige la materia y, en consecuencia, es posible que fenómenos como el analizado se presenten, afectando necesariamente la dicha pretensión que, como lo señalábamos atrás, indefectiblemente se encuentra atada a la suerte del trámite que le sirve de soporte, a la manera de entender, como un criterio lógico jurídico elemental lo enseña, que si se elimina el sustrato material de la acción, esta no puede pervivir por sí misma, ni, desde luego, las medidas tomadas en razón de ello, comportan autonomía suficiente para prolongar efectos respecto de un trámite ya inexistente por ocasión del fenómeno prescriptivo.

“(…) Por lo anterior, el efecto de la extinción de la acción penal a causa de la prescripción, deja sin vigor los fallos de instancia, por manera que en lo que respecta al restablecimiento de derechos invocado por uno de los impugnantes, es claro que ha perdido vigencia no solo la condenación en perjuicios, sino también las medidas que se adoptaron con miras a garantizar el efectivo resarcimiento de los mismos. De allí que en el auto recurrido se haya dispuesto la cancelación de ellas.

“Nada, entonces, tiene que aclarar la Corte en punto de las medidas cautelares ordenadas en los fallos de instancia, pues, como lo ordena la ley y por ocasión de las consecuencias propias del fenómeno prescriptivo, claramente en el auto emitido por la Sala, fechado el 30 de noviembre de 2006, se advirtió que quedaban sin ningún efecto dichas medidas”.

Dicho lo anterior, la Sala procederá a realizar un análisis sobre la existencia de los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado (por error judicial), esto es, el daño y la imputación fáctica y jurídica.

5.1.- Daño

Según lo expuesto por los señores Aldo Antonio y Luis Eduardo Puccini Rosa, el daño causado con ocasión de la declaratoria de la prescripción de la acción penal consistió en que “… frustraron a los PUCCINI para obtener el restablecimiento del derecho de propietario y el resarcimiento”. En otras palabras, se les coartó la posibilidad de disponer, en calidad de herederos, del bien del que fue despojado el señor Alberto Puccini Lux (padre de los demandantes) y de obtener la indemnización reconocida como víctimas de la conducta delictiva.

Pues bien, esta Subsección ha establecido que para tener por cierto el daño, en casos como el presente, se debe demostrar que, como consecuencia de la prescripción de la acción penal, la parte civil perdió la oportunidad de ser reparada por los perjuicios sufridos por la comisión de un delito. Puntualmente sostuvo:

“… Es decir, el solo hecho de la prescripción de la acción penal por lesiones personales respecto de los sindicados no le daba carácter de cierto al daño, puesto que en casos como el presente, se requiere que el particular haya perdido cualquier oportunidad de obtener el resarcimiento solicitado como parte civil en el proceso penal por la conducta activa u omisiva de la entidad pública demandada, lo cual no ocurrió en el sub lite.

“En este sentido, en la mencionada providencia de 30 de enero de 2013, la Subsección estimó que esta valoración debía realizarse a la luz del criterio acogido por la Sala en torno a la pérdida de oportunidad, cuya configuración, en cada caso concreto, gira en torno a tres criterios, a saber:

‘(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo -pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual- (…).

‘(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida; lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el “chance” aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar (…).

‘(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba (…)’.

“Ahora bien, encuentra la Sala que no se cumplen los señalados criterios (ii) y (iii), puesto que, por un lado, la señora López de Acosta no se encontraba en una situación de ‘imposibilidad definitiva’ de obtener el resarcimiento esperado y, por el otro, tampoco se puede considerar, que en este caso la sola existencia de la resolución de acusación fuera requisito suficiente para que se encontrara probado el punible que se investigaba.

“La Sección Tercera, en sentencia del 31 de mayo de 2016, reconoció la posibilidad que tienen los integrantes de la parte civil de acudir ante la jurisdicción civil a hacer valer sus pretensiones y obtener una sentencia de fondo sobre las mismas, si una vez declarada la prescripción de la acción penal todavía no se encuentra configurada la prescripción de la acción civil. Así lo dijo:

‘Al respecto, sin perjuicio de que reiteradamente se ha aducido que los integrantes de la parte civil de un proceso penal pueden acudir ante el operador judicial civil competente para elevar las pretensiones que hubiesen manifestado y que no se solventaron adecuadamente, luego de que dicho procedimiento finaliza por prescripción de la acción penal, la Sala no pierde de vista que para cuando ello sucede es posible que ya no les sea dable acudir ante la jurisdicción en virtud de la configuración de la prescripción de la acción civil, por lo que evidentemente se ven privados de la tutela judicial efectiva de sus derechos y en consecuencia, pierden en forma definitiva la ocasión de ver materializadas sus pretensiones.

‘(…) En consecuencia, es claro que el aducido demandante perdió de manera conclusiva su expectativa de percibir las reparaciones que pretendía a partir de las lesiones que se le infligieron, comoquiera que al haberse fiado de que en el proceso penal se resolverían sus peticiones tanto en contra de la tercera civilmente responsable como en contra del causante de las lesiones, dejó de acudir al juez civil, lo que en todo caso no le estaba dado mientras durara el trámite penal, por lo que cuando finalmente éste cesó por extinción de la acción penal, ya no le era viable ejercitar el medio de control civil ordinario para tener la oportunidad de que sus pretensiones se fallaran de fondo y a su favor, punto en el que se debe precisar que el argumento esbozado por la Nación-Rama Judicial en el sentido de que antes de demandarla todavía tenía la posibilidad de haber ejercido la acción civil, está llamado a fracasar’.

“Descendiendo las anteriores consideraciones al caso concreto, encuentra la Sala que la señora Luz Marina López de Acosta, una vez declarada la prescripción de la acción penal, contaba todavía con la posibilidad de acudir ante la jurisdicción civil, pues el término de 10 años de la prescripción civil vencía para ella el 7 de diciembre de 2012, contado a partir de la ocurrencia del hecho. Así, pues, una vez declarada la prescripción en el proceso penal -27 de marzo de 2007- a la hoy demandante le quedaban 5 años, 8 meses y 10 días para acudir ante la jurisdicción civil en procura del resarcimiento de los perjuicios ocasionados como consecuencia del accidente de tránsito en el que resultó lesionada. La decisión del proceso penal en el presente caso no implicó para la actora la pérdida del derecho a lograr la reparación integral de los perjuicios causados, quien podía hacerlo valer ante la jurisdicción civil”.

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, para que pueda tenerse por probada la existencia del daño, debe acreditarse: 1) que la parte civil del proceso penal tenía la oportunidad de obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una conducta delictiva; 2) que la posibilidad de obtener tal reparación se extinguió definitivamente al declararse la prescripción de la acción penal y 3) que los demandantes se encontraban en una situación “potencialmente apta” para obtener la indemnización de los perjuicios causados.

En el caso bajo estudio, se encuentra cumplido el primer presupuesto, pues, —tal y como se desprende de las providencias del 18 de octubre de 2005 y 5 de mayo de 2006, trascritas con anterioridad—, tanto en primera como en segunda instancia, los jueces penales condenaron a los señores Vilaró Velilla por el delito de estafa agravada. Así mismo, en aplicación de lo establecido en los artículos 21 y 66 de la Ley 600 de 2000 (aplicada por favorabilidad), ordenaron la cancelación de las escrituras en las que se formalizaron los negocios jurídicos celebrados respecto del bien objeto del litigio, al punto de quedar en cabeza del señor Puccini Lux (padre de los aquí demandantes) y, reconocieron a cada una de los sucesores del señor Puccini Lux el pago de 500 s.m.l.m.v. como indemnización por los perjuicios materiales y morales causados por la conducta punible.

Respecto del restablecimiento y reparación del derecho, puntualmente, en la sentencia de primera instancia, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla indicó (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“… a juicio del despacho, el verdadero restablecimiento del derecho solo se logra cancelando la simulada venta y tradición que ALBERTO PUCCINI LUX realizó a favor de PANESSO BARONA, para que los perjudicados sucesores puedan acceder, por vía del trámite sucesorio respectivo, a la propiedad del bien. Por tanto, así se ordenará en la parte resolutiva de la presente sentencia (…).

“(…) En cuanto a los daños materiales, encuentra el despacho que es evidente que a los perjudicados se les ha privado por 20 años del título y disfrute de la propiedad que tienen sobre el bien objeto del delito, también se les ha obligado a incurrir en gastos de abogado durante los largos años que ha demorado el presente proceso y adicionalmente habrán de incurrir en nuevos y cuantiosos gastos judiciales y de abogado a causa de la venta a terceros que los encausados hicieron del predio de propiedad de las víctimas, la cual, a su vez, ha generado una multiplicación de ventas, segregaciones, englobes y construcciones posteriores que habrán de generarles a los perjudicados múltiples y complicados procesos judiciales.

“En cuanto a los daños morales, estos se traducen en las angustias, sufrimientos y depresiones que padecieron los sucesores de PUCCINI LUX durante estos largos años de pleito y los que habrán de enfrentar por las construcciones realizadas sobre su predio por los terceros que derivan sus derechos de la venta realizada por los sentenciados condenados.

“Por tanto, el despacho estima prudente fijar como indemnización integral una suma de dinero equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su pago, pagaderos solidariamente por los sentenciados condenados a favor de cada uno de los sucesores de ALBERTO PUCCINI LUX que son los perjudicados con el delito de estada que han realizado”.

Siendo así, es evidente que los hermanos Puccini Rosa tuvieron la oportunidad cierta de que la propiedad del predio de la vía 40 quedara en cabeza de su padre –Alberto Puccini Lux– y que, una vez realizado el respectivo juicio de sucesión, pudieran obtener el derecho de dominio sobre el mismo. Además, tenían la oportunidad de acceder a una indemnización por los daños y perjuicios causados por la estafa de la que fueron víctimas y por la que se promovió el proceso penal contra los señores Vilaró Velilla.
A Juicio de la Sala, también se cumple el segundo presupuesto al que se hizo referencia con anterioridad, esto es, que la posibilidad de recuperar el predio y de obtener la reparación pretendida desapareciera por la declaratoria de la prescripción de la acción penal.

Pues bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Decreto 2700 de 1999 –vigente al momento en que se inició el proceso penal–, los señores Aldo Antonio y Luis Eduardo Puccini Rosa tenían dos mecanismos para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la conducta ilícita de los señores Vilaró Velilla. La primera, ejercer la acción civil dentro del proceso penal adelantado contra los mencionados señores y, la segunda, promover una acción independiente ante la jurisdicción civil.

Según el artículo 108 del Decreto–Ley 100 de 1980 (Código Penal vigente en la época de los hechos), si la acción civil proveniente del delito se iniciaba dentro del proceso penal prescribía “en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal” y si se ejercía por fuera del proceso penal (jurisdicción civil) prescribía en “20 años”.

Siendo así, como la estafa (delito por el que se investigó a los señores Vilaró Velilla) se habría materializado en 1985 –fecha en la que, de manera engañosa, la sociedad Vilaró V. y Vilaró V. Asociados Ltda. adquirió el bien de propiedad del señor Alberto Puccini Lux–, los hermanos Puccini Rosa tenían hasta el 2005 para promover, de manera independiente al proceso penal, la acción civil para reclamar la indemnización a la que consideraran tener derecho por la comisión de ese delito.

Entonces, es evidente que para el 18 de abril de 2007, fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia confirmó el auto mediante el que se declaró la prescripción del proceso penal (30 de noviembre de 2006), los aquí demandantes ya habían perdido la oportunidad de solicitar, por la otra vía dispuesta por el legislador –acción ante la jurisdicción civil–, los perjuicios causados por la conducta punible de la que fueron víctimas con ocasión del proceder delictivo de los señores Vilaró Velilla.

En definitiva, la declaratoria de la prescripción de la acción penal extinguió la posibilidad de que los hermanos Puccini Rosa obtuvieran la reparación de los perjuicios causados, pues, si bien es cierto que tenían la opción de reclamarlos por una acción independiente al proceso penal, también lo es que para el momento en que se adoptó tal decisión ya había prescrito la acción que podía ejercerse ante la jurisdicción civil.

Finalmente, la Subsección estima que también se cumple el tercer presupuesto, es decir, que los demandantes se encontraban en una situación “potencialmente apta” para obtener la indemnización de los perjuicios causados.

En efecto, como se dijo, tanto el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla como la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenaron a los señores Vilaró Velilla como coautores del delito de estafa agravada y ordenaron la reparación integral de las víctimas. Por tanto, los aquí demandantes tenían una alta probabilidad de acceder a sus pretensiones indemnizatorias con ocasión de la estafa de la que fueron víctimas.

Conviene precisar que si bien es cierto que se ignoraba si se iba a mantener la condena penal y la reparación de los perjuicios a la parte civil después de que la Corte Suprema de Justicia adoptara una decisión de fondo, también lo es que no se tiene la certeza de que el recurso extraordinario de casación promovido por los condenados prosperaría, es más, ni siquiera se sabía si la demanda de casación se tramitaría, pues, tal y como lo establecían los artículos 212 y 213 de la Ley 600 de 2000, para ello se requería del cumplimiento de unos requisitos formales o de lo contrario se inadmitiría, quedando en firme las decisiones de primera y segunda instancia adoptadas por los jueces penales de conocimiento.

Al respecto, esta Sección, en sentencia del 6 de julio de 2017, señaló:

“… el último requisito también se encuentra acreditado ya que existe certeza de que los demandantes estaban en una situación potencialmente apta para obtener el resultado esperado, que no era otro que la indemnización de los perjuicios causados con el hecho punible, pues, como ya se señaló, cuando se declaró la prescripción de la acción penal, el señor Miguel Ángel Osorio Salazar ya había sido encontrado penalmente responsable del delito que se le imputó (homicidio culposo). Y si bien es cierto que para ese momento subsistía un margen de incertidumbre por cuanto la sentencia condenatoria aún no había cobrado fuerza ejecutoria en virtud del recurso de casación interpuesto en su contra por la defensa del sindicado, también lo es que no hay nada en el expediente que ofrezca a la Sala razones para concluir –siendo esta una carga exigible a la parte demandada– que la sentencia habría sido casada por la Corte Suprema de Justicia y que, por cuenta de este hecho, los demandantes habrían perdido toda posibilidad de obtener la reparación de los perjuicios causados dentro del proceso penal.

“24. Antes bien, teniendo en cuenta las estrictas causales que regulan el ejercicio del recurso de casación, el hecho de que se demostró que el señor Miguel Ángel Osorio se encontraba en estado de alicoramiento cuando ocurrió el accidente en el que perdió la vida el familiar los demandantes, y que las pruebas testimoniales practicadas dentro del trámite penal desvirtuaron lo dicho por el sindicado en su defensa, en punto a que el accidente se produjo por la imprudencia del conductor de la motocicleta, la Sala concluye que, pese a que la sentencia condenatoria fue recurrida en casación ante la Corte Suprema de Justicia, los demandantes se hallaban en una situación jurídica idónea para obtener el provecho por el cual propugnaban”.

Siendo así, para la Subsección es evidente que los hermanos Puccini Rosa sí se encontraban en una posición idónea para acceder a la indemnización reclamada dentro del proceso penal adelantado contra los señores Vilaró Velilla.

En definitiva, se encuentra acreditado el daño alegado, en tanto la parte actora perdió la oportunidad de que se adoptara una decisión de fondo en el proceso penal en el que actuaron como parte civil y, consecuentemente, de ser indemnizados por la estafa de la que fueron víctimas.

Finalmente, es pertinente mencionar que esta Subsección, en sentencia del 10 de noviembre de 2017, al estudiar un caso como el que ahora se analiza estableció que el daño era incierto porque: i) no se tenía certeza respecto de la suerte del proceso, es decir, no se sabía si iba a declararse la responsabilidad penal del sindicado ni si se reconocerían perjuicios a las víctimas del delito y ii) porque no demostró la imposibilidad de obtener en un proceso distinto al penal la indemnización de los perjuicios causados con la conducta punible.

Si bien es cierto que en el presente asunto no se tenía certeza de lo que resolvería la Corte Suprema de Justicia al desatar el recurso extraordinario de casación, esa situación no es suficiente para considerar que el daño alegado por los demandantes no es indemnizable, por cuanto se tenía una alta probabilidad de acceder a la reparación integral reconocida a favor de los hermanos Puccini Rosa, habida cuenta de que en el proceso penal adelantado contra los señores Vilaró Velilla ya se había tramitado la etapa de juicio y tanto el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla consideraron que los mencionados señores eran penalmente responsables del delito de estafa agravada.

Entonces, el hecho de que no existiera una decisión penal definitiva y en firme, no se traduce en la inexistencia del daño, por el contrario, como se explicó con anterioridad, es justamente por esa situación y porque la parte civil perdió definitivamente la posibilidad de obtener el reconocimiento de los perjuicios causados por la declaratoria de la prescripción de la acción penal, que se considera que el daño es por pérdida de oportunidad.

5.2.- La imputación

La parte actora le imputó a la entidad demandada un error judicial, sin embargo, según se explicó, sus reproches corresponden con un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por no tramitar oportunamente el proceso penal promovido contra los señores Vilaró Velilla, lo que habría generado que se declarara la prescripción de la acción penal y que se les impidiera acceder al restablecimiento de los derechos que les asistían como herederos del propietario del predio objeto del litigio.

De conformidad con la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, existen tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1) el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y, 3) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos.

Por su parte, el artículo 29 de la Constitución Política al consagrar la garantía del debido proceso proscribe las dilaciones injustificadas en los trámites tanto administrativos como judiciales y en el artículo 228 ibídem estableció los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. La misma garantía se prevé en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que el juicio sin dilaciones es un elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales.

Respecto de la responsabilidad del Estado derivada de la declaración de prescripción de la acción penal, esta Subsección ha sostenido:

“… en lo atinente a la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la preclusión por vencimiento del término de prescripción de una investigación penal y la consecuente imposibilidad para que la víctima del delito obtenga la reparación de los perjuicios presuntamente causados por la comisión del delito investigado, esta Subsección ha considerado que este supuesto se enmarca en la hipótesis consagrada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, es decir, bajo la óptica de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, puesto que, en estos casos, no existe una providencia judicial que se pueda considerar como generadora de un posible y eventual error judicial como tampoco se demanda la privación injusta de la libertad o de algún otro derecho, ni la retención injusta de bienes muebles o inmuebles”.

Pues bien, el artículo 444 del Decreto 2700 de 1991 (norma aplicable) establecía que la etapa de juzgamiento iniciaba cuando quedaba ejecutoriada la resolución de acusación y que, a partir de ese momento, la Fiscalía General de la Nación perdía la dirección de la investigación y adquiría la calidad de sujeto procesal.

A su vez, el artículo 446 de esa norma consagraba que “… al día siguiente de recibido el proceso, previa constancia secretarial, el expediente quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta días hábiles, para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto y las pruebas que sean conducentes”.

Por su parte, el artículo 447 del C.P.P. disponía que si no se declaraba la invalidez del proceso, vencido el término de 30 días hábiles en los cuales el expediente estaría a disposición de las partes, se debía fijar fecha y hora para la audiencia de juicio, sin exceder de diez días hábiles. Además, ese artículo establecía que en esa misma decisión, se decretarían las pruebas que se consideraran procedentes.

Así mismo, el artículo 448 de ese código señalaba que las pruebas decretadas “… se practicarán en la audiencia pública, excepto las que deban realizarse fuera de la sede del juzgado o requieran de estudios previos, las cuales se practicarán en el término que fije el juez, el cual no podrá exceder de quince días hábiles”.

Por último, el artículo 456 del Decreto 2700 de 1991 indicaba que finalizada la práctica de pruebas y la intervención de las partes en audiencia, el juez debía dictar sentencia dentro de los diez días siguientes.
Siendo así, se tiene que, en vigencia del Decreto 2700 de 1991 (norma aplicable), luego de que el juez penal asumía el conocimiento del proceso, es decir, que iniciaba la etapa de juzgamiento, contaba con un período no mayor a sesenta y cinco (65) días hábiles para dictar la sentencia correspondiente.

En el caso bajo estudio, según información extractada del proveído de la Corte Suprema de Justicia, la providencia mediante la cual la Fiscalía General de la Nación confirmó la resolución de acusación contra los señores Vilaró Velilla se dictó el 24 de mayo de 2000.

Así mismo, la Corte Suprema de Justicia expuso que “… la etapa de juzgamiento estuvo en principio a cargo del Juzgado 3º Penal del Circuito de la capital del Departamento del Atlántico, luego del Juzgado 4º Penal del Circuito de la misma ciudad y, finalmente, del Juzgado 5º Penal del Circuito de Barranquilla, despacho este que el 18 de octubre de 2005 emitió el fallo correspondiente”. Posteriormente, el 5 de mayo de 2006, se dictó la sentencia de segunda instancia.

Entonces, es evidente que transcurrieron más de 5 años desde que se calificó el mérito del sumario hasta que se dictó el fallo de primera instancia, término que, evidentemente, sobrepasó en exceso los 65 días hábiles que establecía el Decreto 2700 de 1991 para adoptar una decisión de fondo dentro de un proceso penal, lo que necesariamente contribuyó a que el 26 de mayo de 2006 -6 años después de que se dictó la resolución de acusación- operara el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal. Por ende, a juicio de la Sala, la Rama Judicial incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, lo que impidió que quedara en firme la decisión adoptada en el proceso penal adelantado contra los señores VIlaró Velilla y que se reconocieran los perjuicios a las víctimas del delito, dentro de las cuales se encontraban los aquí demandantes.

Conviene precisar que esta Corporación ha establecido que existen algunas situaciones que pueden llegar a justificar el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido impulsado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora.

Pues bien, mediante informe del 10 de mayo de 2005, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barraquilla le comunicó a la Procuraduría General de la Nación que (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):

“… como mi nivel de egreso no es suficiente para absolver el volumen de actuaciones que ingresan al juzgado, el despacho, acatando los mandatos legales de prelación y el imperativo constitucional de eficiencia, ha implementado diversos turnos para adoptar las decisiones que resulten necesarias, así:

“En primer lugar, se resuelven, procurando acatar el término legalmente establecido, todos los asuntos de mero trámite y los que guardan prelación legal. Dentro de éstos se encuentran las tutelas, los habeas corpus, las decisiones sobre libertad, las sentencias con procesados detenidos, las sentencias anticipadas, etc.

“Este tipo de actuaciones copa más del 80% de los asuntos que tramita el despacho.

“En segundo lugar, se resuelven los asuntos atinentes con procesos de Ley 30 y porte de armas, que también presentan un alto volumen de ingreso, pero revisten relativamente bajo nivel de complejidad. Dado que la combinación de estos dos fenómenos, resulta altamente incidentes en la eficacia de la función judicial, el despacho estima que se justifica la creación del turno especial que se le ha asignado a estos asuntos.

“En tercer y último lugar, se encuentran los procesos penales ordinarios sin presos, los cuales, por obvias razones, carecen de prelación legal y presentan, por lo general, mayor nivel de complejidad, de tal suerte que su evacuación, necesariamente resulta mucho más lenta.

“El proceso al cual se refiere la solicitud de la referencia corresponde a este grupo y por tanto su lapso de evacuación toma casi dos años.

“El despacho consciente de la eventual sobreviniencia del fenómeno de la prescripción que puede aquejar a este proceso (la cual se habría consolidado en su mayoría en otros despachos) ha programado su evacuación anticipada y ya ha iniciado su estudio.

“Sin embargo, la complejidad del asunto y el alto volumen de folios del expediente, permiten anticipar que la sentencia habrá de ser expedida alrededor de los meses de septiembre u octubre del presente año” (se destaca).
Las situaciones descritas por el operador judicial, en principio, podrían evidenciar que existieron circunstancias que imposibilitaron dictar sentencia dentro del término establecido por la ley penal aplicable y que obedecieron a la complejidad del asunto y el volumen de trabajo de ese Despacho judicial.

Empero, para la Sala, no puede concluirse que la inobservancia de los términos que consagraba el Decreto 2700 de 1991 se encuentra justificada, habida cuenta de que, tal y como lo indicó el mismo juzgado penal, se advirtió la “… eventual sobreviniencia del fenómeno de la prescripción que puede aquejar a este proceso” y, sin embargo, no se actuó de manera diligente para evitar la declaración del mismo y, de esta manera, hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, lo que, según lo considerado por la Corte Constitucional, “… conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados”.

Por otra parte, se debe mencionar que, pese a que la parte actora solicitó que se oficiara a la Rama Judicial para que se allegara copia del proceso penal adelantado contra los señores Vilaró Vellila y así se ordenó en el auto de pruebas, lo cierto es que al proceso de reparación directa no se allegó la totalidad del expediente penal para que de su análisis se pudiera descartar que fue la inactividad del Despacho Judicial lo que generó la mora judicial y, consecuentemente, la declaración de la prescripción de la acción penal.

En definitiva, la Subsección estima que la Rama Judicial deberá responder a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial injustificada, habida cuenta de que, se reitera, incumplió los términos que establecía el C.P.P. vigente para la época de los hechos y ello contribuyó a que se declarara la prescripción de la acción penal.

Por lo expuesto, la Sala revocará la decisión apelada y, en su lugar, condenará patrimonialmente a la Rama Judicial porque con su proceder negligente generó que los demandantes perdieran la oportunidad de hacer valer las decisiones penales de primera y segunda instancia que condenaron a los señores Vilaró Velilla por el delito de estafa y que les reconocieron la reparación de los perjuicios en calidad de víctimas de ese delito.

6.- Liquidación de perjuicios

6.1.- Perjuicios derivados de la pérdida de la oportunidad

La jurisprudencia de esta Subsección ha señalado que, como la pérdida de oportunidad constituye un perjuicio autónomo, que, en este caso, deviene de la imposibilidad de acceder a los perjuicios reclamados por los aquí demandantes como parte civil dentro del proceso penal promovido contra los señores Vilaró Velilla, la cuantía se valora de acuerdo con el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998:

“5.- Indemnización de perjuicios.

“Toda vez que no obran en el expediente más elementos probatorios que puedan ser valorados con miras a establecer, con fundamento en criterios técnicos, estadísticos y apoyándose en información objetiva y contrastada, la cuantía del daño que por concepto de pérdida de oportunidad le fue irrogado a la parte demandante, la Sala acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico ─artículo 16 de la Ley 446 de 1998─ impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable ─por no decir que materialmente imposible─ recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar.

“5.1.- Perjuicios derivados de la pérdida de la oportunidad de la víctima directa.

“(…) la Sala no se pronunciará respecto de los perjuicios materiales solicitados en la demanda, comoquiera que ellos derivan de la muerte de la víctima directa, motivo por el cual se reconocerá, con fundamento en el principio de equidad antes mencionado, una suma genérica para cada demandante, habida cuenta que cada uno de ellos demostró su interés para demandar dentro de este proceso y su consiguiente legitimación en la causa por activa dentro del mismo” (negrillas y subrayas de la Sala).

Este reconocimiento, se insiste, surge de la dificultad de indemnizar con base en datos estadísticos o exactos de cuya prueba adolecen casos como el que se examina, razón por la cual se acude al criterio de equidad (artículo 16 de la Ley 446 de 1998), con el fin de evitar condenas en abstracto, como ya lo ha hecho esta Subsección en casos de indemnización del perjuicio autónomo de la pérdida de la oportunidad.

Respecto de la liquidación de perjuicios en un caso igual al que ahora se analiza, esto es, en el que se condenó al Estado por la pérdida de oportunidad generada con ocasión de la declaratoria de la prescripción de la acción penal, la Subsección B de esta Sección señaló:

“En este caso, dado que se demostró que el señor Miguel Ángel Osorio fue encontrado penalmente responsable del delito de homicidio culposo y a que no se probó por la parte demandada que el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia condenatoria tenía vocación de éxito, la Sala considera que los actores tenían una altísima probabilidad de percibir las indemnizaciones que fueron fijadas en las sentencias proferidas por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia. Esta probabilidad se estima en un 90% ante la imposibilidad de determinar científica o estadísticamente su valor exacto.

“48. Entonces, habida cuenta de que el Juzgado Único del Circuito de Calarcá, en decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, reconoció a favor María Yaneth Holguín y sus dos hijos Henry Junior y David Alejandro Campos cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de los hechos, equivalentes a $14 212 500, la Sala considera que la indemnización que corresponde a estos tres demandantes es el 90% de este valor ($12 791 250), el cual será actualizado ($51 868 519) y repartido en partes iguales entre cada uno de ellos ($17 289 506).

“(…)”.

En el caso bajo estudio, se estableció que, por fallo del 18 de octubre de 2005, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla condenó a los señores Vilaró Velilla como coautores del delito de estafa agravada y los sentenció “… a pagar, solidariamente, como indemnización integral una suma de dinero equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales al momento de su pago, a favor de cada uno de los sucesores de ALBERTO PUCCINI LUX que son los perjudicados con el delito de estafa” (se destaca).

Además, como restablecimiento de los derechos de los afectados, ese despacho judicial ordenó la cancelación de las siguientes escrituras públicas: i) 2464 de 1978, mediante la cual Alberto Puccini Lux le transfirió a Rubén Darío Panesso Barona del derecho de dominio sobre el bien de la vía 40; ii) 1874 de 1985, por medio de la cual el señor Panesso le transfirió el bien a la sociedad Vilaró V. y Vilaró V Abogados Asociados Ltda. y iii) 2631 de 1995, mediante la cual dicha sociedad le transfirió a la sociedad Parque Comercial e Industrial de Barranquilla el mencionado predio. Respecto de esta escritura se aclaró que “… la venta –de la cuota parte del derecho de dominio- realizada en el mismo documento por LUISA EDITH PUCCINI DE LEAL queda indemne”.

De otra parte, se demostró que esa decisión se confirmó por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 5 de mayo de 2006.

Igualmente, se constató que tales providencias no quedaron en firme, porque, el 30 de noviembre de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró prescrita la acción penal y ordenó la cesación del procedimiento seguido contra los señores Vilaró Velilla, decisión confirmada mediante auto del 18 de abril de 2007.

A juicio de la Sala, al igual que en el caso analizado por esta Corporación en el pronunciamiento trascrito, en el presente asunto los actores tenían una alta probabilidad de percibir las indemnizaciones fijadas en las sentencias penales de primera y segunda instancia y de acceder a la propiedad del bien, por vía del trámite sucesorio respectivo, aunque no se tenga certeza de que el recurso extraordinario de casación promovido por los condenados prosperaría.

Siendo así, en atención a esa probabilidad, para la Subsección, se deberá reconocer, por concepto del daño consistente en la pérdida de la oportunidad, a cada uno de los demandantes, el equivalente al 60% de lo que, en principio, se les reconoció en el proceso penal como indemnización integral (500 s.m.l.m.v.) y el equivalente al 60% de la cuota parte del predio a la que tendrían derecho en calidad de sucesores y que dejaron de percibir con ocasión de la declaratoria de prescripción.

En efecto, la Sala reconocerá a los señores Aldo Antonio y Luis Eduardo Puccini Rosa el equivalente a 300 s.m.l.m.v., que corresponde al 60% de la suma reconocida por los jueces penales por concepto de reparación integral.

Para determinar el equivalente al otro 60% (cuota parte del predio que le correspondería a los demandantes en calidad de sucesores), se considera pertinente traer a colación lo dicho respecto del precio del predio en el fallo del 18 de octubre de 2005, en el que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla señaló (se trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):

“… según el avalúo realizado en el proceso (fs. 106 a 117, 138 cuaderno No. 6 o segundo del juicio) en el año de 1985 el predio –cuando pasó a poder de los encausados– tenía un avalúo comercial superior a los noventa y ocho millones de pesos ($98’000.000), subió a mil cuatrocientos millones ($1’400.000.000) en 1995 cuando los encausados lo vendieron y alcanzó una cifra superior a los tres mil seiscientos millones de pesos ($3.600’000.000) en el año 2001.

“(…).

“… a juicio del despacho prueba plenamente que en 1984, no solo ALDO, sino los seis sucesores (incluida doña Isabel de Puccini), por una parte, ya reconocían a VILARO hijo como su apoderado en las gestiones de recuperación del predio –de manos de PANESSO–, y por la otra, en ese momento los únicos honorarios del abogado, incluyendo la gestión a nombre de ALDO, serían los que correspondiesen a una séptima parte del predio a recuperar.

“(…) En cuanto al precio del bien, ya hemos visto que tenía un altísimo valor de noventa y ocho millones de pesos en 1985 y que la séptima parte del 50% de ese valor ($7’000.000) le correspondía a los abogados por su gestión.

“… los encausados habrían pagado por la propiedad de las seis séptimas partes del predio que ya se habían hecho escriturar, la suma de trece millones de pesos ($13’000.000), cuando en realidad esta porción tenía un valor que superaba los 40’000.000 millones de pesos, según se deduce de hacerle al avalúo -ya reseñado en precedencia y que no fue objetado en el proceso-, las deducciones de la cuota de la séptima parte que correspondía a los encausados (poco más de siete millones de pesos), sus gastos (cuyo monto acreditado con recibos no alcanza ni los tres millones de pesos) y el porcentaje del 50% del predio que era ajeno)” (se destaca).

Pues bien, de la anterior trascripción se desprende que en el proceso penal en el que se condenó a los señores Vilaró Velilla quedó establecido lo siguiente: i) que para la época en que los señores Vilaró Velilla se apropiaron del predio de la vía 40 (1985), esto es, se configuró el delito de estafa, dicho bien tenía un valor de $98’000.000; ii) que el señor Alberto Puccini Lux era propietario del 50% de ese lote y iii) que el mencionado señor tenía 6 sucesores.

En esas condiciones, a juicio de la Sala, no resultaría adecuado reconocer a los aquí demandantes la totalidad del valor del lote ubicado en la vía 40, habida cuenta de que, según se estableció en el proceso penal, existían otras personas que tenían derecho sobre el bien y que también resultaron víctimas de la conducta punible cometida por los señores Vilaró Velilla.

Entonces, para efectos de establecer la cuota parte del predio al que podían acceder los aquí demandantes, en calidad de sucesores del señor Alberto Puccini Lux, la Sala actualizará el valor del predio ($98’000.000) a la fecha de la presente providencia, dividirá en 2 la suma resultante (teniendo en cuenta que el mencionado señor solo era propietario del 50% del predio) y luego la dividirá en 6, por ser el número de sucesores del señor Puccini Lux, así:

Ca = Ch x índice final
Índice inicial

En donde:

Ca: Capital actualizado a establecer.
Ch: Capital histórico a traer a valor presente: $98’000.000.
Índice final: IPC vigente a la fecha de esta sentencia: mayo 2018:142,06
Índice inicial: IPC vigente a la fecha en que se suscribió la escritura mediante la que los señores Vilaró Velilla se apropiaron del predio, es decir, se materializó el delito: junio de 1985: 3,315

Ca = $98’000.000 x 142,06
3,315

Ca = $4.199’662.141 (valor total del predio)

Dado que el señor Puccini Lux solo era propietario del 50% del predio, la anterior suma ($4.199’662.141) se dividirá en 2. Entonces, el porcentaje del predio que le correspondía al mencionado señor equivale a $2.099’831.071.

Ahora, según lo indicó el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla, el señor Alberto Puccini Lux tenía 6 sucesores. Por tanto, dividiendo los $2.099’831.071 en los 6 se tiene que a cada uno de los sucesores del mencionado señor, incluidos los aquí demandantes, les correspondería la suma de $349’971.845.

Con todo, como se explicó con anterioridad, la Sala solo reconocerá el 60% de ese monto ($349’971.845) para cada uno de los demandantes, lo que equivale a $209’986.107, por cuanto la indemnización obedece a que los señores Aldo Antonio y Luis Eduardo Puccini Rosa perdieron la oportunidad de acceder a la propiedad del bien, por vía del trámite sucesorio respectivo, con ocasión de la declaratoria de prescripción.

En definitiva, como fueron dos los reconocimientos hechos en la sentencia penal y a los que perdieron la oportunidad de acceder los mencionados señores, la Subsección reconocerá a cada uno de estos la suma de $209’986.107 –por la pérdida de la oportunidad de obtener la propiedad del bien– y el equivalente a 300 s.m.l.m.v. –por perder la oportunidad de percibir la indemnización integral–.

7.- Precisión final

Mediante escrito del 8 de febrero de 2012, el apoderado de la parte actora le informó al Tribunal Administrativo de primera instancia que el señor Aldo Antonio Puccini Rosa –uno de los demandantes– falleció el 10 de mayo de 2010 y, para probar lo dicho, aportó copia del registro civil de defunción.
En vista de lo anterior, la Sala considera que el reconocimiento económico se debe hacer a favor de los herederos del mencionado señor, pues, como lo ha expresado esta Corporación, “… la acción de reparación directa tiene un contenido puramente patrimonial y la indemnización que haya de ordenarse hace parte del derecho a la reparación que es de contenido económico, es evidente que procede ordenar el pago de la condena a la sucesión”.

8.- Condena en costas

Dado que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera y, por tanto, separarlo del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: Revocar la sentencia del 25 de mayo de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, por las razones expuestas.

TERCERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia.

CUARTO: Declarar a la Nación – Rama Judicial patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por haber perdido la oportunidad de obtener, dentro del proceso penal, la indemnización de los perjuicios que sufrieron por la estafa de la que fueron víctimas.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Nación – Rama Judicial a pagar, por concepto de pérdida de oportunidad, al señor Luis Eduardo Puccini Rosa y a la sucesión del señor Aldo Antonio Puccini Rosa el equivalente a 300 s.m.l.m.v. y la suma de $209’983.107, para cada uno.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Sin condena en costas.

OCTAVO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del C.C.A.

NOVENO: EXPEDIR al apoderado de la parte actora que ha venido actuando las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del C.P.C.

DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Según sello de presentación personal (fl. 30 c. principal). Poder a folio 162 del cuaderno principal. Padre e hijo tienen los mismos nombres y apellidos. Fl. 8 c. principal. Fls. 170 – 171 c. principal. Fls. 195 – 196 c. principal. Fls. 223 – 229 c. principal. Fls. 215 – 217 c. principal. Fls. 263 – 240 c. principal
Fl. 544 c. principal. Fls. 545 – 547 c. principal. Fls. 549 – 554 c. principal. Fls. 557 – 571 c. segunda instancia. Fl. 579 c 4. Fls. 573 – 582 c. segunda instancia. Fls. 589 – 592 c. segunda instancia. Fl. 594 c. segunda instancia. Fls. 596 – 608 c. segunda instancia. Fls. 612 – 615 c. segunda instancia.
“Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:
“(…).
“2. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso”. Consejo de Estado, Sala Plena. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Auto del 9 de septiembre de 2008. Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00. Fl. 85 c. principal.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
“(…).
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 establece que “los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior” (se resalta). Siendo así, la Subsección precisa que al caso bajo estudio resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 01 de 1984, por tratarse de un proceso promovido con anterioridad al 2 de julio de 2012 –fecha de entrada en vigencia del CPACA–. Fl. 156 c. principal. Fl. 30 c. principal. Hechos extractados del fallo penal de segunda instancia (Fls. 94 – 95 c. principal). Información contenida en la providencia de la Corte Suprema de justicia (Fls. 437 – 438 c. principal). Fls. 317 – 319 c. principal. Fl. 54 c. principal. Fls. 57 – 58 c. principal. Fls. 109 – 139 c. principal. Fls. 94 – 108 c. principal. Fls. 419 – 420 c. principal. Fls. 61 – 63 c. principal. Fls. 426 – 429 c. principal. Fls. 66 – 81 c. principal. Fl. 450 – 451 y 467 – 469 c. principal. Fl. 475 c. principal. Fls. 82 – 93 c. principal. Cita del original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Expediente No. 18593”. Cita del original: “HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 159-160”. Cita del original: “En el mismo sentido ver sentencia de 12 de marzo de 2014; exp. 28.442”. Cita del original: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2016, Expediente No. 38267. Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 8 de febrero de 2017, radicado número: 520012331000200800505 01 (41.073).
“Artículo 21. Restablecimiento y reparación del derecho. El funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible”.
“Artículo 66. Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente.

En cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos.
“También se ordenará la cancelación de la inscripción de títulos valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.
“Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de cancelación, para que tomen las decisiones correspondientes.
“Las anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental.
“El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente, el embargo de los bienes, sin necesidad de requisitos especiales, por el tiempo que sea necesario”. Fl. 137 c. principal.
“Artículo 43. Titulares de la acción civil. La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por el hecho punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil, o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, o por los herederos o sucesores de aquellas, o por el Ministerio Público o el actor popular cuando se afecten intereses colectivos.
“Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes, y optare por ejercitarla dentro del proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante legal. Si por cualquier causa el incapaz careciere de representante legal, estuviere ausente o impedido, o se presentare conflicto entre sus padres cuando aquél estuviere sujeto a patria potestad, se procederá a designarle un curador ad litem por el mismo funcionario que conoce de la investigación o del juzgamiento, conforme a lo previsto en la legislación procesal civil. El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que tratan los artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil” (se destaca). En los mismos términos se estableció en el artículo 45 de la Ley 600 de 2000.
“Artículo 108. Prescripción de la acción civil. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> La acción civil proveniente del delito prescribe en veinte (20) años si se ejercita independientemente del proceso penal y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de éste” (se destaca). El artículo 98 de la Ley 599 de 2000 (norma aplicable al momento en que se decretó la prescripción de la acción penal en el caso bajo estudio) indicaba que “la acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”. Mediante Escritura Pública No. 1874 del 28 de junio de 1985, el señor Rubén Darío Panesso Barona transfirió a título de venta, pura y simple, a favor de la sociedad Vilaró V. y Vilaró V Abogados Asociados Ltda. el derecho de dominio y la posesión real y material del predio ubicado en la vía 40 (fl. 37 – 40 c. principal).
“Artículo 212. Requisitos formales de la demanda. La demanda de casación deberá contener:
“1. La identificación de los sujetos procesales y de la sentencia demandada.
“2. Una síntesis de los hechos materia de juzgamiento y de la actuación procesal.
“3. La enunciación de la causal y la formulación del cargo, indicando en forma clara y precisa sus fundamentos y las normas que el demandante estime infringidas.
“4. Si fueren varios los cargos, se sustentarán en capítulos separados.
“Es permitido formular cargos excluyentes de manera subsidiaria”.
“Artículo 213.

Calificación de la demanda. Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen. En caso contrario se surtirá traslado al Procurador delegado en lo penal por un término de veinte (20) días para que obligatoriamente emita concepto” (se destaca). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P.: Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 6 de julio de 2017, radicado número: 63001-23-31-000-2005-00719-01(41579). El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, en sentencia del 10 de noviembre de 2017, radicación número: 76001-23-31-000-2006-02210-01(43522), estableció:
“En el presente caso, se encuentra acreditado que: i) el 12 de febrero de 1998, … (madre del joven que falleció en el accidente de tránsito ocurrido el 4 de febrero anterior) se constituyó en parte civil dentro del proceso penal adelantado, por el delito de homicidio culposo y otro, contra el responsable de aquel accidente, ii) el 24 de marzo de 1998, la Fiscalía 24 de la Unidad Primera de Vida y Libertad Sexual y Dignidad Humana dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra … como presunto autor del delito de homicidio culposo y otro, iii) el 27 de abril de 1998, la Fiscalía ordenó la clausura de la investigación, iv) (…) ix) el 22 de abril de 1999, la Fiscalía dictó resolución de acusación en contra de … como presunto autor del delito de homicidio culposo y otro, x) el 19 de mayo de 1999, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Cali avocó el conocimiento del asunto, xi) (…) xiv) el 17 de mayo de 2004, el apoderado del sindicado le solicitó al Juez cesar el procedimiento por prescripción de la acción penal y xv) el 26 de mayo de 2004, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Cali declaró la cesación del procedimiento, por prescripción de la acción penal, por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas imputados a …
“A pesar de todo lo anterior, a juicio de la Sala el daño que dijo haber sufrido la demandante como consecuencia de la declaratoria de prescripción de la acción penal es incierto, en la medida que no es posible saber, a ciencia cierta, cuál habría sido la suerte del proceso penal por el homicidio culposo del hijo de aquélla, pues no existe certeza alguna acerca de que, si no se hubiera precluido la investigación, el responsable del accidente habría sido condenado penalmente, frente a lo cual cabe recordar que la suerte de la demanda de parte civil, en el curso del proceso penal, estaba condicionada a que se declarara, previamente, la responsabilidad del implicado en los hechos investigados.
“(…).
“En el presente asunto, la actora no demostró la imposibilidad de obtener en un proceso distinto al penal la indemnización de los perjuicios causados por la muerte de su hijo en el accidente de tránsito ocurrido el 4 de febrero de 1998, pues, como se vio, ella tenía la posibilidad de acudir directamente a un proceso de responsabilidad civil extracontractual, alternativa de la que no hizo uso; es decir, la acción civil en el curso del proceso penal no era la única que tenía la actora para obtener la reparación de los perjuicios.

A esto se agrega que la prosperidad de la acción civil dentro del proceso penal estaba condicionada a que se declarara la responsabilidad del causante del accidente y, por ende -se reitera-, el daño que dijo haber sufrido el actor no tiene la connotación de ser cierto, sino hipotético, circunstancia que impide, desde luego, la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por lo mismo que el daño, siendo hipotético, simplemente no existe.
“(…).
“En un caso similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, esta Subsección negó las pretensiones de la demanda formuladas contra la Nación – Rama Judicial, por estimar que la parte actora no acreditó el daño que dijo haber sufrido como consecuencia de la ‘prescripción de la acción penal que le garantizaba el pleno restablecimiento de sus derechos patrimoniales vulnerados con el delito que oportunamente denunció’, decisión cuyos planteamientos la Sala acoge en esta oportunidad (se transcribe textualmente):
‘(…)’
‘Descendiendo los anteriores argumentos al caso concreto se tiene que si bien el señor … se constituyó como parte civil en el proceso penal adelantado por el presunto delito de Fraude a Resolución Judicial contra el señor … y que dicha instrucción terminó con la declaratoria de preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal, el daño alegado por el señor … no puede tenerse por cierto en atención a dos razones fundamentales:
‘La primera razón tiene que ver con el carácter incierto de las resultas del proceso penal surtido contra el señor… , en efecto, el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación se encontraba en la etapa anterior a la calificación del sumario, es decir en la instrucción del sumario, faltándole todavía la calificación y el juicio.(…).
‘(…)
‘i) La segunda razón tiene que ver con el hecho de que el señor … tuvo la posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil para que, al cabo de un proceso ordinario de responsabilidad extrancontractual, se ordenara el pago de los perjuicios derivados de la conducta del señor ….Es decir, el solo hecho de la prescripción de la acción penal por Fraude a Resolución Judicial respecto del señor … no le da carácter de cierto al daño (…)’.
“Así, pues, el daño alegado por la parte actora no ostenta el carácter de cierto y, por lo mismo, habrá lugar a confirmar la sentencia recurrida, pero por las razones que acaban de exponerse”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301), CP: Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 8 de febrero de 2017, radicación número: 52001-23-31-000-2008-00505-01(41073). Original de la cita: “En este sentido se puede consultar la sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 23769, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez”. Original de la cita: “En auto de 15 de diciembre de 2011, expediente 40425, la Subsección B de la Sección Tercera se refirió al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los siguientes términos:
‘El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
‘Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran, no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales.
‘En conclusión, los daños causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia provienen de todas aquellas acciones u omisiones que se den durante el trámite del proceso y que no provengan de un error jurisdiccional o de la privación injusta de la libertad’”. Fl.

72 c. principal. Fl. 73 c. principal. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Fls. 57 – 58 c. principal. Cita del original: “Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández”. Sentencia T–687 de 2015. Fl. 25 c. principal. Fls. 236 – 240 c. principal. Original de la cita: “Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: ‘Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’”. Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 18.593, CP: Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 24 de mayo de 2017, número interno (41319). Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A, Sentencias del 13 de marzo de 2013, exp. 500012331000199605793-01 (25.569) y del 21 de marzo de 2012, exp. 54001233100019972919-01 (22.017), ambas con ponencia del Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 1º de marzo de 2018, número interno (43269). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P.: Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 6 de julio de 2017, radicado número: 63001-23-31-000-2005-00719-01(41579). Cita del original: “En 1996 el valor del salario mínimo era $142 125”. Fls. 118 – 127 c. principal. Fls. 191 c. principal. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 14 de marzo de 2013, radicación número 50001-23-31-000-1996-05793-01 (25569).

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