Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00494-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2012-00494-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2012-00494-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de marzo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1º) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Demandantes: SOCIEDAD ODONTOIMAGEN LTDA
Demandados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA - PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Síntesis del caso: se formula el medio de control de reparación directa por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que dio lugar a la prescripción de la acción
penal en un proceso por el delito de estafa relacionada con la adquisición de un equipo
de rayos x, la sociedad demandante plantea la imposibilidad de ser reparada de los
perjuicios pretendidos en el proceso penal.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls.
496 a 508 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 16 de mayo de
2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral (fls. 478 a 494 cdno.
apelación) que dispuso:
“PRIMERO: DENIEGANSE (sic) las suplicas (sic) de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la esta
providencia.
SEGUNDO: Sin costas.
TERCERO: Notifíquese esta sentencia, en los términos del artículo 203
de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente (fl.
494 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 2012 (fl. 368 cdno. 1), en el
2
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
Tribunal Administrativo del Atlántico, el señor José Agustín Valbuena Castro, en
nombre y representación de la sociedad Odontoimagen Ltda, por medio de
apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (fls. 1
a 24 cdno. 1) con las siguientes súplicas:
“PRIMERA: Que se declare que La Nación Colombiana - Fiscalía
General de la Nación, es administrativamente responsable por los
perjuicios materiales y morales que fueron causados a la sociedad
ODONTOIMAGEN LTDA., como consecuencia del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, cuando se permitió la
prescripción del proceso penal radicado bajo el número No. S-193,299,
en donde la actora fungió como denunciante y se constituyó en parte
civil. Como consecuencia del anterior declaración sírvase proferir las
siguientes condenas:
SEGUNDA: Condenar a la entidad demandada La Nación
Colombiana - Fiscalía General de la Nación, al pago de la suma de
MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA
Y TRES CENTAVOS ($1.428.486.511.93.00.), por concepto de
perjuicios materiales.
TERCERA: Condenar a la entidad demandada La Nación
Colombiana - Fiscalía General de la Nación, al pago de la suma
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
concepto de perjuicios morales.
CUARTA: Se obligue, igualmente, a pagar a favor de los actores los
intereses comerciales señalados por la ley sobre las sumas que
resulten impuestas a títulos de condenas, conforme a reciente
jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional. (Sentencia C-188
de marzo 24 de 1.999).
QUINTA: La condena respectiva será actualizada de conformidad con
lo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y De Lo Contencioso Administrativo, y se reconocerán
los intereses legales desde la fecha de ejecutoria de la providencia que
ponga fin al proceso.
SEXTA. La Nación Colombiana - Fiscalía General de la Nación,
darán cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al presente proceso
en los términos establecidos en el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y De Lo Contencioso Administrativo (fls.
1 a 2 cdno. 1 – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, lo siguiente
(fls. 3 a 5 cdno. 1):
3
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
1) El 17 de marzo de 1998, entre la sociedad Odontoimagen Ltda, representada
legalmente por el señor Jorge Agustín Valbuena Castro, y la empresa Leasing
del Valle SA sucursal Barranquilla se celebró un contrato de leasing cuyo objeto
fue la financiación por más de $131.000.000 del equipo marca Gendex
conformado por un rayos x panorámico, un revelador automático, una mesa
reveladora y un chaleco cuello nacional, la sociedad Odontoimagen Ltda pagó la
suma de $20.000.000 y el saldo quedó financiado bajo el sistema de leasing.
2) El mencionado equipo fue vendido como nuevo pero en realidad era usado, sin
embargo, con el fin de cumplir el contrato, el 17 de abril de 2001 el señor Jorge
Agustín Valbuena Castro aceptó la formalización de la venta en favor de la
sociedad Odontoimagen Ltda mediante nota de entrega suscrita por la Jefe de
Operaciones de Leasing del Valle SA.
3) El 30 de septiembre de 2003, la Inspección Aduanera de Fiscalización de la
DIAN inmovilizó el equipo marca Gendex por carencia de la declaración de
importación, aspecto que era desconocido por Odontoimagen Ltda pues, en su
momento Leasing del Valle SA informó que el equipo fue comprado en el país.
4) La inmovilización del equipo generó perjuicios de orden material y moral los
cuales fueron liquidados por un perito quien valoró el lucro cesante en
$1.296.866.526.oo, el daño emergente en $131.619.985,93 y tasó los perjuicios
morales en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
5) Por lo anterior, el señor Jorge Agustín Valbuena Castro, como representante
legal de Odontoimagen Ltda, presentó el 12 de agosto de 2004 denuncia penal
en contra de los señores Jhon de Jesús Sanín Hernández (representante legal de
Leasing del Valle SA) y Noé de Jesús Cardona Cardona (representante de
Inversiones Cardona Sánchez1), por la supuesta comisión del punible de estafa
agravada pues, estos le vendieron en el año de 1998 un bien defectuoso y que
no tenía los documentos de importación.
1
Según se explicó en la demanda, la sociedad Inversiones Cardona Sánchez vendió el equipo de
rayos x a la Leasing del Valle SA, quien a su vez se lo entregó a Odontoimagen Ltda a través de
contrato de leasing.
4
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
6) La aludida denuncia fue conocida por la Fiscalía 45 Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito de Barranquilla (Atlántico), quien el 24 de agosto de 2004
ordenó abrir una investigación penal con el número de radicación S-193.299.
7) El 20 de septiembre de 2004, la sociedad Odontoimagen Ltda., por intermedio
de apoderado, presentó demanda de constitución de parte civil y solicitó la
vinculación como terceros civilmente responsables a Leasing del Valle e
Inversiones Sánchez Cardona, la cual fue admitida el 25 de octubre de 2004.
8) El 5 de noviembre de 2004, la Fiscalía 45 Delegada ante los Jueces Penales
del Circuito de Barranquilla (Atlántico) dictó resolución de apertura de instrucción
y ordenó la vinculación mediante indagatoria de los señores Jhon de Jesús Sanín
Hernández y Noé de Jesús Cardona Cardona.
9) El 4 de octubre de 2006, la investigación se trasladó a la Fiscalía 44 Delegada
ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla (Atlántico) quien el 4 de junio
de 2007 dictó resolución de cierre de la investigación, sin embargo, esta decisión
fue recurrida por el apoderado del procesado Noé de Jesús Cardona Cardona y,
en proveído del 16 de octubre de 2007 se resolvió reponer la actuación y decretar
la práctica de unas pruebas.
10) La investigación pasó a ser conocida por la Fiscalía 49 Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito de Barranquilla (Atlántico), la cual en resolución del
14 de enero de 2008 decretó el cierre de la investigación y el 23 de julio de 2008
calificó el mérito del sumario con acusación en contra de los señores Jhon de
Jesús Sanín Hernández y Noé de Jesús Cardona Cardona por el delito de estafa,
no obstante, los procesados interpusieron recurso de reposición y en resolución
del 9 de febrero de 2010 se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la
notificación de la resolución de cierre de la investigación.
11) El 12 de enero de 2011, la Fiscalía 49 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Barranquilla (Atlántico) profirió resolución de acusación en contra de
los señores Jhon de Jesús Sanín Hernández y Noé de Jesús Cardona Cardona
por el delito de estafa, decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación
5
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
que fue conocido por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla quien en resolución de 15 de julio de 2011 decretó la
prescripción de la acción penal y, en consecuencia, revocó el llamamiento a juicio
y ordenó la preclusión de la instrucción.
12) La prescripción de la acción penal llevó a que la sociedad Odontoimagen Ltda
perdiera la oportunidad de ser resarcida y, por ello, se debe declarar la
responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación
pues, el proceso prescribió “por la falta de notificación de resoluciones en debida
forma a los sujetos procesales, que fueron generadores de nulidades, y la
excesiva e injustificada prolongación del tiempo que tomaron los fiscales para
proferir decisiones al interior de la investigación, lo cual es un hecho constitutivo
de falla en la prestación del servicio de administración de justicia” (fol. 15 cdno.
1).
3. Contestación de la demanda
Por auto del 25 de febrero de 2013 el a quo admitió la demanda (fls. 370 a 371
cdno. 1) y ordenó la notificación personal del ente demandado quien contestó la
misma de manera extemporánea (fls. 380 y 405 cdno. 1).
4. La sentencia impugnada
En sentencia del 16 de mayo de 2014 (fls. 478 a 494 cdno. apelación), el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda (fls. 478 a 494 cdno.
apelación) con base en los siguientes argumentos:
1) Para que el daño adquiera la calidad de resarcible debe ser cierto, actual o
futuro, no puede ser eventual o hipotético como el esbozado en la demanda pues,
no puede aducirse que por la declaratoria de prescripción de la acción penal dejó
de ingresar en el patrimonio del demandante las sumas de dinero solicitadas a
título de indemnización de perjuicios.
6
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
2) No puede mutarse una expectativa en realidad, por lo cual, el “golpe aflictivo”
que la parte demandante solicita sea indemnizado no procede ya que “el dolor
debe experimentarse como consecuencia de lo que es y no de lo que pudiere ser”
(fl. 492 cdno. apelación).
3) La búsqueda de la reparación del daño considerado no debe supeditarse a la
declaratoria de la responsabilidad penal que le pudiera caber a quien se le imputa
su acaecimiento, máxime cuando existe otro mecanismo judicial para hacer valer
sus derechos, es decir, la indemnización del daño no se agota de forma exclusiva
en el proceso penal.
4) La demora en el trámite del proceso no fue por la actuación de la Fiscalía
General sino por las partes, quienes incesantemente hicieron uso de los medios
de impugnación consagrados en le ley, además, los hechos del proceso penal se
consumaron el 25 de marzo de 1998 y solo hasta el 12 de agosto de 2004 se
interpuso la denuncia, lo cual facilitó la ocurrencia del término prescriptivo,
agregándole a ello también el tránsito legislativo del Decreto 100 de 1980 y la Ley
599 de 2000, lo que favoreció notoriamente a los procesados.
5. El recurso de apelación
El 4 de junio de 2014, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 496 a
508 cdno. apelación) con el siguiente razonamiento:
1) Contrario a lo señalado por el tribunal de primera instancia, sí quedó
demostrado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el
ejercicio irregular de la función pública por parte de la entidad demandada, quien
por más de 7 años dilató de manera injustificada la instrucción, de allí a que se
deban resarcir los perjuicios ocasionados.
2) La prescripción de la acción penal dentro del proceso, en el que se constituyó
como parte civil, frustra la oportunidad de obtener mediante el mecanismo de
acción judicial escogido el resarcimiento de los perjuicios de los que fue víctima,
sin que pueda decirse que su expectativa era irreal pues, los señores Jhon de
7
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
Jesús Sanín Hernández y Noé de Jesús Cardona Cardona fueron llamados a
juicio por el delito de estafa, lo que conllevaba un alto grado de probabilidad de
que las pretensiones prosperaran y se obtuviera la indemnización reclamada.
3) El Consejo de Estado en sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente con
número de radicación 05001-23-26-000-1995-00082-01 (18.593), MP Mauricio
Fajardo Gómez, en un caso similar, señaló que la pérdida de la probabilidad de
obtener un provecho o de eludir un detrimento da lugar a una indemnización, tal
como pasó en el asunto por el cual se demanda en reparación directa, esto es,
no se trata de un daño consistente en la imposibilidad definitiva de acceder a una
ganancia o evitar un perjuicio, como erradamente lo advirtió el a quo en la
sentencia recurrida.
6. Actuación surtida en segunda instancia
1) El 30 de enero de 2015 se admitió el recurso de apelación (fl. 515 cdno.
apelación) y el 15 de mayo de 2015 (fl. 517 cdno. apelación) se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por
el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.
2) En dicha oportunidad procesal la parte demandante solicitó revocar la
sentencia de primera instancia (fls. 518 a 528 cdno. apelación).
3) Por su parte, la Fiscalía General de la Nación presentó alegatos de conclusión
en los que pide que se confirme el fallo proferido toda vez que, en su criterio, obró
de conformidad con las funciones establecidas en la ley y la Constitución,
asimismo, indicó que la declaratoria de prescripción penal se produjo por causas
propias del proceso que no pueden ser atribuidas al ente instructor, quien actúo
con diligencia durante toda la instrucción.
4) Mediante auto del 19 de diciembre de 2022 se reconocieron los efectos
jurídicos de la cesión de los derechos litigiosos de la parte actora Odontoimagen
Ltda en favor de Liceth Margarita Barrios Romero y, se tuvo a esta última como
litisconsorte de la parte actora (índice 36 SAMAI).
8
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto
sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia
y anuncio de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y 4) condena
en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar
si en el presente caso la Fiscalía General de la Nación es patrimonial y
extracontractualmente responsable del supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia debido a la ocurrencia de la prescripción de la acción
penal que le impidió a la demandante satisfacer la indemnización de perjuicios
que pretendía reclamar como consecuencia de la estafa ocasionada a
Odontoimagen Ltda y por la cual se inició una investigación penal.
El tribunal de primera instancia negó los requerimientos de la demanda, por
considerar que no se acreditó la pérdida de la oportunidad y porque no se
configuraron los elementos necesarios para acreditar un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por parte de la entidad
demandada; la demandante insiste en la responsabilidad de la Fiscalía General
de la Nación por estimar que con la declaratoria de prescripción en el proceso
penal, en el que se constituyó como parte civil, se frustró su oportunidad de
obtener el resarcimiento de los perjuicios de los que fue víctima.
2
El referido defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado por la demandante
se concretó en la decisión proferida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de
Barranquilla (Atlántico) el 15 de julio de 2011 a través de la cual precluyó la investigación por el
delito de estafa (fls. 354 a 364 cdno. 1); la decisión se notificó por estado de 25 de julio de 2011
(fl. 364 vto. ibidem), de manera que adquirió firmeza el 28 del mismo mes y año (artículos 178,
179 y 187 de la ley 600 de 2000), en consecuencia, la demanda del 13 de diciembre de 2012 (fl.
368 cdno. 1) se formuló dentro del término de dos años previsto en el numeral 2 literal i) del artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de
2011- (vigente a partir del 2 de julio de 2012), sin contar que los términos se ampliaron mientras
se llevó a cabo la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, esto es, desde
su presentación 7 de septiembre de 2012 hasta el 27 de noviembre de la misma anualidad cuando
se dio por agotado el aludido requisito de procedibilidad (fl. 276 a 278 cdno. 1).
9
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
El fallo apelado será confirmado debido a que en el presente caso no se demostró
el daño alegado por la actora, entendido como la pérdida de oportunidad
consistente en obtener una reparación de los perjuicios que pretendía reclamar,
pues, no se reúne el requisito relativo a que se trate de una oportunidad que se
hubiere perdido de manera definitiva.
2. Análisis de la impugnación
2.1 El daño
1) Según se enuncia en la demanda, la Fiscalía General de la Nación incurrió en
una dilación injustificada en la etapa de instrucción del proceso que llevó a la
prescripción de la acción penal seguida en contra de los señores Jhon de Jesús
Sanín Hernández y Noé de Jesús Cardona Cardona, circunstancia que provocó
un daño en la parte demandante, quien, tratándose de la sociedad Odontoimagen
Ltda, en ese proceso, se constituyó como parte civil.
2) En ese sentido, entiende la Sala que el asunto debe examinarse con el título
de imputación referente al defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia como hipótesis enmarcada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, debido
a las actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por la autoridad que llevó
consigo un incumplimiento en los términos de la instrucción y a la imposibilidad
para la parte aquí actora de obtener la reparación de los perjuicios que dice le
fueron supuestamente causados por la comisión del delito de estafa.
3) En esa perspectiva, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño
como primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual pues, en
casos como estos, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado3
ha establecido que lo que se suscita como daño, como concepto diferente del
perjuicio, es lo que se ha denominado pérdida de oportunidad, la cual no puede
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso
no. 13001-23-31-000-1999-00328-01 (25.327); del 2 de mayo de 2016, proceso no.
13001233100020010050601 (37.111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-000-
2007-00642-01 (42.334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.
10
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
reducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la decisión penal
definitiva, sino que, deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren
que la persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde a sus
intereses y que al precluir la investigación o cesar el procedimiento penal esta se
frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y
estar acreditada para que pueda reconocerse como daño indemnizable4.
4) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica
que permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés legítimo del
demandante.
Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del
eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la
oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en
ausencia del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de
obtener un provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad se
extinguió de forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería
eventual y por tanto no susceptible de indemnización.
5) Los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida
de oportunidad cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia tras haberse declarado la
prescripción de la acción penal han sido tratados por la jurisprudencia5, como se
explica a continuación:
a) El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca
de si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual
constituye un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que
4
En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30
de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45.530), MP Ramiro Pazos
Guerrero.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, proceso
no. 520012331000200800505 01 (41.073), MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por la misma
subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso no. 08001-23-31-000-2009-00618-01
(44.861), del 14 de marzo de 2019, proceso no. 13001-23-31-000-2009-00625-01 (45.890) y del
11 de abril de 2019, proceso no. 25000-23-26-000-2011-00292-01 (50.569), todas con ponencia
de Marta Nubia Velásquez Rico.
11
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
ello se oponga al carácter cierto del daño pues, la certeza en este caso debe
analizarse respecto de la oportunidad perdida y no del resultado.
b) El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha,
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado, es decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta para
obtener la indemnización de los perjuicios causados.
c) El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente para la parte civil por el hecho de declararse la
prescripción de la acción penal, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva
de la oportunidad puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda la
oportunidad no estaría perdida o frustrada.
6) En este asunto en particular, la Sala observa que no se cumplen con los
presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de
oportunidad, tal como se explica en el acápite siguiente.
2.2 Estudio del caso concreto
1) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:
a) El 20 de septiembre de 2004 (fl. 305 cdno. 1) la sociedad Odontoimagen Ltda,
por intermedio de apoderado, presentó demanda de constitución de parte civil
ante la Fiscalía 45 Unidad de Patrimonio de Barranquilla (Atlántico), dentro de la
actuación identificada con el número S193.299 y seguida en contra de los señores
Jhon de Jesús Sanín Hernández y Noé de Jesús Cardona Cardona, de quienes
adujo la engañaron con el arriendo y posterior venta de un equipo de rayos x
panorámico Gendex, un revelador automático Gendex, una mesa reveladora
Gendex y un chaleco de cuello nacional, los cuales fueron ofertados como nuevos
-lo que no fue así- sin entregarle los respectivos documentos de importación, lo
que conllevó a que fueron aprehendidos por la DIAN.
12
Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
b) En la misma fecha, la sociedad Odontoimagen Ltda le pidió al ente instructor
vincular en el sumario como terceros civilmente responsables a las sociedades
Leasing del Valle SA -representada legalmente por Jhon Sanín Hernández- e
Inversiones Cardona Sánchez Ltda - representada legalmente por Noé Cardona
Cardona- (fl. 309 cdno. 1).
c) Mediante resolución proferida el 25 de septiembre de 2004, la Fiscalía 45
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla (Atlántico) admitió
la demanda de parte civil y respecto de la vinculación de los terceros civilmente
responsables manifestó que se pronunciaría en resolución separada (fl. 313 a 314
cdno. 1).
d) El 23 de julio de 2009, la Fiscalía 49 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Barranquilla (Atlántico) calificó el mérito del sumario en contra de
Jesús Cardona Cardona y Jhon de Jesús Sanín Hernández con acusación por el
punible de estafa, sin embargo, en resolución del 9 de febrero de 2010, el ente
instructor repuso la anterior decisión y, en su lugar, declaró la nulidad procesal
desde la notificación de la resolución del 14 de enero de 2009 que cerró la
investigación, con el propósito que se notificara en debida forma a todos los
sujetos procesales (fl. 117 a 121 cdno. 1).
e) Terminada la etapa de instrucción, el 12 de enero de 2011 (fl. 127 a 133 cdno.
1) la Fiscalía 49 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barranquilla
(Atlántico) profirió resolución de acusación en contra de Jesús Cardona Cardona
y Jhon de Jesús Sanín Hernández por el punible de estafa, decisión contra la cual
los acusados interpusieron recurso de apelación, mientras que la apoderada
suplente de la parte civil, dentro del traslado de los no recurrentes, solicitó la
confirmación del pliego de cargos.
f) El 15 de julio de 2011, la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de
Barranquilla (Atlántico) revocó la resolución de acusación del 12 de enero de 2011
y, en su lugar, precluyó la investigación en favor de Jesús Cardona Cardona y
Jhon de Jesús Sanín Hernández por existir la prescripción de la acción penal.
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Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
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La fiscalía en su decisión explicó que si bien los hechos investigados ocurrieron
en el año de 1998, época en la cual se encontraba vigente el Decreto-Ley 100 de
1980 que contemplaba para el delito de estafa una pena de uno (1) a diez (10)
años de prisión, no lo era menos, que por el tránsito legislativo, era más favorable
para los investigados la norma de la Ley 599 de 2000, que contempla un máximo
de ocho (8) años de prisión, en ese sentido, dado que desde la fecha que
ocurrieron los hechos investigados hasta antes de calificar el mérito sumario
transcurrieron más de 12 años, incluso, desde la primera instancia la acción penal
se encontraba prescrita (fls. 354 a 364 cdno. ppal.).
2) A partir del anterior relato y constatación, la Sala encuentra satisfecho el primer
requisito referente a la pérdida de oportunidad, por cuanto la aquí demandante,
se constituyó como parte civil dentro del proceso penal para que fuera resarcida
por los perjuicios sufridos por la estafa de la que fue objeto, sin embargo, la
Fiscalía General de la Nación a través de una de sus delegadas declaró la
extinción del procedimiento por prescripción de la acción penal, situación que
demuestra que a la afectada con el supuesto delito se le vio frustrada la
posibilidad de conocer el resultado del proceso penal, con lo cual la incertidumbre
o aleatoriedad sobre el resultado final de la investigación se encuentra probada.
3) Pero no ocurre lo mismo frente al segundo requisito, referente a la existencia
de una situación fáctica y jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado por cuanto no hay evidencia de que, en efecto, la presunta oportunidad
perdida existía para la demandante de modo definitivo.
En efecto, resalta la Sala que ni en la demanda de constitución de parte civil ni en
el escrito a través del cual se solicitó la vinculación de los terceros civilmente
responsables se solicitaron medidas cautelares para que los bienes muebles e
inmuebles de los procesados fueran excluidos del comercio, de manera que no
se puede predicar que la actora contara con algún tipo de medida que permitiera
garantizar el pago de la indemnización.
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Adicionalmente, se tiene que el proceso prescribió en la etapa de instrucción,
antes de que se profiriera sentencia y, si bien es cierto en un principio los
acusados fueron llamados a juicio, dicha decisión no alcanzó a quedar en firme,
lo cual no quiere decir, que necesaria ni tampoco inequívocamente hubiera un
grado cierto de probabilidad de que los investigados fueran condenados en la
etapa judicial en la que se exige el grado de certeza para emitir condena.
De lo anterior se concluye que, no es posible determinar que sin la referida
declaratoria de prescripción de la acción penal se hubiera obtenido una decisión
de fondo favorable a sus intereses; en ese orden de ideas, no hay prueba de que
la sociedad demandante tenía una oportunidad seria y cierta de recuperar por la
vía del proceso penal los eventuales perjuicios derivados del delito investigado y,
por lo tanto, no se demostró una oportunidad real perdida, esto es, un daño cierto
que pueda ser objeto de reparación.
4) De igual manera, tampoco aparece probado el tercer elemento de la pérdida
de oportunidad consistente en demostrar que la opción de reparación se extinguió
de manera definitiva por haberse declarado la prescripción de la acción penal en
el proceso seguido por el delito de estafa, por lo siguiente:
a) Según el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, en su texto vigente para la época
en que se declaró la prescripción de la acción penal6, la acción civil derivada de
la conducta punible cuando se ejercita dentro de un proceso penal prescribe “en
relación con los penalmente responsables” en tiempo igual al de la prescripción
de la respectiva acción penal, pero, en los demás casos se aplicarán las normas
pertinentes de la legislación civil.
b) Lo anterior obliga a precisar que en el presente evento la acción civil no se
formuló dentro del proceso penal con el único objetivo de que los señores Jhon
Sanín Hernández y Noé Cardona Cardona respondieran por los perjuicios
ocasionados como penalmente responsables sino, para que también lo hicieran
6
En artículo 98 de la Ley 600 del 2000, Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de
en que se declaró la prescripción, consagraba: “Prescripción. La acción civil proveniente de la
conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los
penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En
los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.
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las empresas frente a las cuales figuraban como sus representantes legales, esto
es, Leasing del Valle SA e Inversiones Cardona Sánchez Ltda, quienes fueron
vinculadas como tercero civilmente responsables y de las cuales no prescribió la
acción civil con la prescripción de la acción penal, ya que se trata de personas
jurídicas distintas a los acusados de ser “penalmente responsables”.
c) En tales circunstancias, la declaración de la prescripción de la acción penal no
impedía a la demandante iniciar un proceso ordinario de responsabilidad
patrimonial extracontractual de naturaleza civil en contra de los terceros
considerados por ella civilmente responsables, de quienes también pretendían
obtener indemnización en los términos del citado artículo 98 del Código Penal, de
manera que la víctima también podía intentar la correspondiente acción ante la
jurisdicción civil7 que estaba sujeta al término ordinario de prescripción previsto
en el artículo 2536 del Código Civil.
d) Sobre este punto objeto de análisis, debe advertirse que para la época en que
sucedieron los hechos supuestamente delictivos (1998) la prescripción ordinaria
de la acción civil contra el tercero civilmente responsable aún era de 20 años, sin
desconocer que el 27 de diciembre de 2002 empezó a regir la Ley 791 de ese año
que modificó el artículo 2536 del Código Civil y redujo la prescripción ordinaria a
10 años.
7
Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 30
de junio de 2016, radicación número 11001-02-04-000-2016-00743.01, MP Ariel Salazar Ramírez,
expresó: “(…)Y es que no puede confundirse el significado de lo que el ordenamiento adjetivo
penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el de los terceros responsables
dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno de esos
ordenamientos tiene un significado y alcance distintos. En efecto, para el ordenamiento penal, la
noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que a pesar de no haber
cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su patrimonio
por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000). En cambio,
la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en el
artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del
hecho de un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado
“un tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en
el caso de las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo
con estas premisas, si un tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente
favorece a la víctima de los perjuicios, puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es
de 10 años, y no la trienal que refiere el artículo 2358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento
penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva, que en copiosa jurisprudencia, el
máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad punitiva para
investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la
justicia civil”.
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Frente a esto último es obligatorio remitirse a lo dispuesto en el artículo 41 de la
Ley 153 de 1887 según el cual:
“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere
completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá
ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente;
pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino
desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”.
Con fundamento en esos parámetros los terceros posiblemente civilmente
responsables, Leasing del Valle SA e Inversiones Cardona Sánchez Ltda, bien
podían escoger entre el término original de 20 años contados a partir de la
ocurrencia del hecho y el nuevo término de 10 años desde la entrada en vigor de
la Ley 791 de 2002.
e) En ese contexto fáctico y normativo, habida cuenta que los hechos tuvieron
lugar en el año 1998, la parte demandante podía intentar en tiempo la acción civil
ante la jurisdicción ordinaria, independientemente del término que eligiera el
prescribiente por cuanto: i) si elegía el término original de 20 años, la acción
hubiera prescrito hasta el año 2018 y, ii) si optaba por el término de 10 años
contados desde la entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002, que inició el 27 de
diciembre de ese año, tenía oportunidad de ejercer la acción civil hasta el 27 de
diciembre de 2012, fechas que son posteriores a la declaratoria de la prescripción
de la acción penal que tuvo lugar en el año 2011.
5) En las circunstancias antes descritas debe concluirse que no hay prueba de la
existencia de una pérdida de oportunidad definitiva porque no se demostró que
en realidad los demandantes perdieran la posibilidad de reclamar reparación ante
los terceros civilmente responsables como llamados a reparar los perjuicios
derivados de la presunta estafa causada a Odontoimagen Ltda, esto es,
Inversiones Cardona Sánchez Ltda y Leasing del Valle SA, la primera fue la
empresa que le suministró el equipo médico y la segunda la entidad que le
gestionó la financiación, de manera que no se probó la existencia de una
oportunidad perdida y de un daño cierto que pueda ser objeto de reparación.
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6) En suma, es importante anotar igualmente que la condición necesaria para que
se tenga por acreditado el daño dentro de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado es la certeza, toda vez que, no puede ser reparado
un daño eventual o hipotético, frente a lo cual la jurisprudencia ha sido pacífica y
reiterativa en sostener que no puede haber responsabilidad si no se encuentra
plenamente acreditado el daño8 y, en ese sentido, por sustracción de materia se
torna innecesario analizar la existencia de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.
3. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, como no hay certeza de la pérdida de
oportunidad y, por tanto, del daño alegado, se impone confirmar la sentencia
apelada que denegó las pretensiones de la demanda.
4. Condena en costas
El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En ese orden, el artículo 365 del Código General del Proceso aplicable al presente
proceso consagra que se condenará en costas “a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación…” y que “en la providencia del
superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda”.
8
Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de
mayo de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999-
1240-01 (20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01
(45530), MP Ramiro Pazos Guerrero.
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Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
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Dado que se ratificará el fallo apelado resulta procedente condenar a la parte
actora a pagar las costas que se hubieren causado en segunda instancia y acorde
con el artículo 366 del Código General del Proceso pues fue ella la que promovió
la apelación9.
Sobre las agencias en derecho, debido a que la Nación – Fiscalía General de la
Nación intervino en segunda instancia con la presentación de alegatos de
conclusión, estas se fijan en seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes
para la fecha de ejecutoria de esta providencia que deberán ser pagados por la
parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del 16 de mayo de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala Oral que negó las pretensiones de la demanda.
2º) Condénase en costas a la parte demandante las cuales deberán liquidarse
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico de manera concentrada
en caso de haberse causado.
3º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma total de seis (6) salarios
mínimos legales mensuales que deberán ser pagados por la demandante
Sociedad Odontoimagen Ltda en favor de la Nación – Fiscalía General de la
Nación.
9
“Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por
el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)” (se destaca).
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Expediente 08001-23-33-000-2012-00494-01 (52.625)
Actor: Sociedad Odontoimagen Ltda
Reparación directa
Apelación sentencia
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Presidente de Subsección
(firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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