Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00292-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2019 › Radicado 25000-23-26-000-2011-00292-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00292-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00292-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
11 de abril de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS POR EL DELITO / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
[N]o es posible concluir que la sola prescripción de la acción penal le produjo un daño antijurídico al demandante, pues, si bien es cierto que el proceso no pudo concluir con una sentencia, tampoco es posible determinar con los elementos probatorios arrimados al sumario [por qué] se produjo la supuesta mora que llevó a su terminación anormal. [U]na vez prescrita la acción penal, el demandante podía acudir a la jurisdicción ordinaria civil para demandar y solicitar la respectiva indemnización de perjuicios […], de conformidad con los artículos 2341 y siguientes del Código Civil […]; sin embargo, la parte actora no acudió a la jurisdicción civil ordinaria cuando tenía la posibilidad, aún de manera posterior a la declaratoria de la prescripción de la acción penal […]. Según lo expuesto, la parte actora contaba con la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil, después de haberse decretado la prescripción de la acción penal, cosa que no hizo y que no resulta atribuible a la Fiscalía General de la Nación. De todo lo expuesto, es posible concluir que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba del daño antijurídico que pudiere ser imputable al Estado […].
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2341
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REQUISITOS DE LA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS POR EL DELITO / PARTE CIVIL
[P]ara los asuntos en los cuales se demanda la ocurrencia de una falla del servicio bajo el título de imputación del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por mora judicial, tras haberse declarado la prescripción de la acción penal, se debe verificar que se cumplan los tres requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Subsección, de tiempo atrás, para tener por demostrado el daño denominado “pérdida de oportunidad”, estos son: i) Que la parte civil del proceso penal tenía la oportunidad de obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una conducta delictiva; ii) Que la posibilidad de obtener tal reparación se extinguió definitivamente al declararse la prescripción de la acción penal; iii) Finalmente, que los demandantes se encontraban en una situación “potencialmente apta” para obtener la indemnización de los perjuicios causados. El segundo de los presupuestos mencionados se debe estudiar bajo el entendido de que, para los delitos cometidos en vigencia del artículo 98 de la Ley 599 de 2000, una vez decretada la prescripción de la acción penal, la acción civil también corre con la misma suerte, pero únicamente frente al penalmente responsable, porque, frente a los obligados solidariamente a reparar el daño, dicha figura no opera; de ahí que el interesado puede acudir a la jurisdicción civil, si aún no se encuentra prescrita la acción ordinaria, a reclamar de estos últimos el pago de los perjuicios ocasionados.
FUENTE FORMAL: LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 98
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8, consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO
El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala, “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.
ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.
REQUISITOS DE LA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA
Según la jurisprudencia de esta Corporación, para efectos de determinar la responsabilidad del Estado derivada de la mora judicial, debe dilucidarse si ese retardo estuvo justificado o no, conclusión a la cual se llega luego de analizar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como se llevó el caso, el volumen de trabajo del despacho que lo tramitó y los estándares de funcionamiento de la autoridad judicial, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de procesos, como aquel que sirve de fundamento a las pretensiones, punto que debe analizarse desde la propia realidad de la administración de justicia y no desde un Estado ideal.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00292-01(50569)
Actor: LUIS GUILLERMO RODRÍGUEZ MORA
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – APELACIÓN DE SENTENCIA
Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / CARGA DE LA PRUEBA – Recae en las partes del proceso / DAÑO ANTIJURÍDICO – no se demostró en el presente caso / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL CONTRA “TERCEROS RESPONSABLES” PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2358 DEL CÓDIGO CIVIL – desarrollo jurisprudencial Corte Suprema de Justicia
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 28 de enero de 2011, el señor Luis Guillermo Rodríguez Mora, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habría incurrido esa entidad, al decretar, mediante providencia del 1 de octubre de 2008, la prescripción de la acción penal dentro de la investigación adelantada en contra del señor Juan de Dios Arcila Benítez por el delito de lesiones personales culposas.
Como consecuencia de la anterior declaración solicitó que se condenara a la entidad accionada a pagarle por concepto de perjuicios morales la suma de 400 SMLMV, por los daños ocasionados que no pudieron ser indemnizados en el proceso penal, porque la Fiscalía General de la Nación permitió que prescribiera la acción penal.
1.1. Hechos
De acuerdo con lo narrado en el escrito de demanda, el 26 de junio de 2003, en la vía que comunica del municipio de Girardot a Bogotá, se presentó un accidente de tránsito en el cual el vehículo conducido por el señor Juan de Dios Arcila Benítez arrolló a Luis Guillermo Rodríguez Mora y a Ana Susana Mancera Garzón, quienes se movilizaban en una motocicleta.
Como consecuencia de lo ocurrido, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales de Silvania y Granada inició una investigación en el marco de la cual se vinculó al señor Juan de Dios Arcila Benítez, a través de la indagatoria realizada el 4 de febrero de 2004.
El señor Luis Guillermo Rodríguez Mora presentó solicitud para constituirse como parte civil en el proceso penal, con el fin de reclamar los daños irrogados en el accidente de tránsito, la cual fue admitida el 13 de abril de 2005.
Así las cosas, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales de Silvania y Granada profirió resolución de acusación en contra del señor Juan de Dios Arcila Benítez por la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas; sin embargo, dicha decisión fue declarada nula por la misma entidad el 5 de febrero de 2008.
Posteriormente, el 11 de junio de 2008, se profirió nuevamente resolución de acusación por el delito de lesiones personales culposas, decisión apelada por la defensa del acusado.
Por último, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, al momento de resolver el recurso de apelación, declaró la prescripción de la acción penal, por haber transcurrido más de 5 años entre la ocurrencia de los hechos y la resolución de acusación.
Como consecuencia de lo anterior, el demandante afirmó que la prescripción de la acción se produjo por la negligencia y desatención del proceso por parte de la entidad demandada, lo cual lo privó de la posibilidad de ser indemnizado por los daños sufridos. Al respecto manifestó que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“En atención a que el lesionado optó por ejercitar la acción civil dentro del proceso penal, y habiéndose decretado por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca la prescripción de la acción penal, la consecuencia lógica es que la acción civil siguió el mismo camino, no quedándole otra alternativa al demandante para el cobro de los perjuicios ocasionados, por lo que se acude a la vía administrativa en busca de la indemnización de perjuicios por la inacción de la Fiscalía”.
2. Trámite de primera instancia
2.1. Admisión de la demanda y notificación
2.1.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 10 de junio de 2011, admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandada y al Ministerio Público.
2.1.2. La demanda se notificó en debida forma a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público.
2.2. Contestación de la demanda
La Fiscalía General de la Nación indicó que las actuaciones de sus funcionarios estuvieron enmarcadas en la Constitución y la ley; asimismo, adujo que en el caso sub examine no se encuentran probados los elementos que permitan afirmar que existió una falla en el servicio imputable a la entidad y que, en todo caso, se puede constatar la culpa exclusiva de la víctima, porque el apoderado del ahora demandante no interpuso los recursos pertinentes en contra de la decisión que declaró la prescripción de la acción en el proceso penal.
Por último, propuso la excepción de caducidad de la acción por haber transcurrido más de dos años desde que se decretó la prescripción de la acción penal y el momento de presentación de la demanda de reparación directa.
2.3. Etapa probatoria, alegatos de conclusión
A través de providencia del 9 de marzo de 2012, el Tribunal a quo decretó las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, por auto del 2 de septiembre de 2013 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
El demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda y sostuvo que la declaratoria de prescripción de la acción penal se produjo como consecuencia de la omisión y retardo de la parte demandada en presentar el escrito de acusación. Por lo anterior, manifestó que perdió el derecho a que se le resarcieran los daños derivados del accidente de tránsito en que resultó lesionado.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación adujo que la actuación de la entidad en el proceso penal se ajustó a los requerimientos legales y no se configuró una falla en el servicio, además, reiteró el argumento relacionado con la caducidad de la acción.
El Ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
En sentencia del 21 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda.
Sobre el particular sostuvo que, si bien se demostró que se presentó una mora en las actuaciones adelantadas por la Fiscalía en el proceso penal, dicha situación por sí sola no era suficiente para demostrar la ocurrencia del daño antijurídico. Al respecto cuestionó que el demandante no hubiera solicitado la práctica de medidas cautelares para garantizar el pago de perjuicios ante una eventual condena en el proceso penal y, además, reprochó, al ahora demandante, que después de ser reconocido como parte civil en el proceso penal, no hubiera adelantado actuación alguna ante la Fiscalía con el fin de buscar dar celeridad al proceso y proteger su propio interés jurídico.
Por otra parte, el Tribunal a quo manifestó que, al haberse declarado la extinción de la acción penal, dicha circunstancia no impedía al señor Luis Guillermo Rodríguez Mora ejercer la acción civil correspondiente en contra de los terceros responsables, es decir, los propietarios del vehículo involucrado en el accidente de tránsito. Al respecto manifestó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[L]a Sala tiene a bien señalar que para el momento en que se declaró la extinción de la acción penal aún la acción civil ordinaria no había prescrito, esto en atención a lo dispuesto en el artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002 que señala:
‘La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
‘(…).
“Como se tiene de la norma en cita, el actor había podido interponer la correspondiente acción ordinaria a efectos de que le fueran reconocidos los perjuicios que se le generaron con el accidente, la cual, para la fecha en que se declaró la extinción de la acción, no había prescrito, por cuanto no habían transcurrido los 10 años exigidos para declarar la prescripción de la acción civil ordinaria (…)” (se destaca).
La sentencia fue notificada por edicto fijado el 4 de diciembre de 2013 y desfijado el 6 del mismo mes y año.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
1. Parte demandante
La parte actora manifestó su inconformidad, mediante escrito presentado el 10 de diciembre de 2013, en el cual, respecto del cuestionamiento de la conducta desplegada en el proceso penal, expresó que el Tribunal a quo “no puede trasladar la responsabilidad estatal por ineficiencia de los funcionarios de la Fiscalía al demandante, como quiera que tratándose de un proceso penal el impulso era oficioso”.
En relación con la posibilidad de acudir a la acción ordinaria civil, aun después de haberse declarado la prescripción de la acción penal, el demandante discrepó de la interpretación realizada por el Tribunal, con fundamento en el artículo 2358 del Código Civil. Al respecto argumentó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“En lo atinente a que al demandante no se le cercenó su derecho a una indemnización, porque tuvo la alternativa de demandar a los terceros respónsales ante la justicia ordinaria (…), este servidor se permite disentir pues el artículo 2358 del código civil, en cuanto a la prescripción de la acción de reparación proveniente del delito o la culpa establece que: ‘(…) Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto’. Dicho en otras palabras, la prescripción de la acción civil en contra de los terceros civilmente responsables prescribió mucho antes que la acción civil adelantada en contra del penalmente responsable (…)” (se destaca).
Por último, solicitó que se revocara la sentencia objeto del recurso de apelación y se accediera a las pretensiones de la demanda.
2. Trámite de segunda instancia
2.1. El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 31 de enero de 2014; posteriormente, fue admitido por esta Corporación el 1 de abril del mismo año.
2.2. Por último, el 19 de mayo de 2014 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la que la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos de defensa y, además, afirmó que la parte actora tuvo la posibilidad de demandar en un proceso civil ordinario a los terceros responsables para buscar la reparación de los perjuicios ocasionados, lo cual no realizó.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.
IV. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia de la Sala
A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.
2. Oportunidad de la acción
El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8, consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
En este asunto, se demandó a la Fiscalía General de la Nación por la falla del servicio que habría cometido como consecuencia de la prescripción de la acción penal dentro de la investigación adelantada en contra del señor Juan de Dios Arcila Benítez por el delito de lesiones personales culposas, la cual fue declarada por medio de auto del 1 de octubre de 2008.
Así las cosas, la caducidad comenzó a correr a partir del día en que quedó ejecutoriada dicha providencia, lo que ocurrió el 28 del mismo mes y año, de modo que, en principio, el último plazo para ejercer el derecho de acción en término era el 29 de octubre de 2010; sin embargo, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el -28 de octubre de 2010-, es decir, cuando aún faltaban dos días para que venciera el término de caducidad, momento en el cual suspendió el termino de caducidad hasta el 28 de enero de 2011, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, debido a la imposibilidad de adelantar la audiencia de conciliación dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud.
De conformidad con lo anterior, el plazo para presentar la demanda se extendió hasta el 30 de enero de 2011, por tanto, como esta se presentó el 28 de enero de ese año, resulta forzoso concluir que se presentó de manera oportuna.
3. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
3.1. Legitimación en la causa del demandante
De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentra demostrado que el señor Luis Guillermo Rodríguez Mora se vio afectado como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 26 de junio de 2003 en la vía que comunica de Girardot a Bogotá; además, se puede evidenciar que se constituyó como parte civil en el proceso penal surgido a raíz de los hechos descritos, el cual finalizó porque se declaró la prescripción de la acción penal y, por último, fue la persona que promovió el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa por activa.
3.2. Legitimación de la demandada
En el caso bajo estudio, las omisiones invocadas a título de causa petendi en el escrito inicial permiten concluir que la Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.
En relación con su legitimación material, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita definir si existió o no una participación efectiva de esa entidad en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.
4. El objeto del recurso de apelación
En el caso bajo estudio se evidencia que el señor Luis Guillermo Rodríguez Mora apeló la sentencia, con el fin de que la misma sea revocada, debido a que, según su criterio, con la declaración de la prescripción de la acción penal se le privó de lograr la indemnización pretendida por los hechos ocurridos el 26 de junio de 2003, porque para la fecha en que prescribió la acción penal también había prescrito la acción civil ordinaria en relación con los terceros responsables, por tanto, a su juicio, resulta clara la evidencia del daño causado, el cual es imputable a la entidad demandada, que permitió que prescribiera la acción.
Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si en el sub lite se encuentran acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico; ii) la imputación del daño a la acción u omisión de la entidad demandada.
5. El caso concreto
5.1. Hechos probados
La Sala, de conformidad con el material probatorio debidamente allegado al expediente, encuentra acreditado lo siguiente:
El 26 de junio de 2003, se presentó un accidente de tránsito en la vía Girardot-Bogotá en el que se vieron involucrados un vehículo -buseta de servicio público- con placas MSA-054, conducido por el señor Juan de Dios Arcila Benítez y una motocicleta con placas NYW-33, conducida por el señor Luis Guillermo Rodríguez Mora, en el que resultó lesionado el último de los mencionados.
En virtud del accidente de tránsito, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales de Silvania y Granada ordenó la apertura de investigación preliminar en contra del señor Juan de Dios Arcila Benítez, por el delito de lesiones personales culposas.
De igual modo, se encuentra probado que el señor Luis Guillermo Rodríguez Mora presentó solicitud para constituirse como parte civil en el proceso penal, la cual fue aceptada por la Fiscalía por medio de auto del 13 de abril de 2005 y en el que se vinculó a los señores Gregorio Domínguez Macías y Luz Mary Rodríguez Alfonso -propietarios del vehículo- y a la empresa -COOTRANSFUSA-, a la cual se encontraba asociado el automotor, como terceros civilmente responsables.
El 5 de febrero de 2008 la entidad demandada profirió resolución de acusación en contra del señor Juan de Dios Arcila Benítez por la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas, decisión que posteriormente fue declarada nula por encontrarse que la actuación se adelantó después de que la abogada del procesado había renunciado a su defensa, sin que para ese momento el procesado contara con apoderado de confianza o se le hubiera designado un abogado de oficio.
Así las cosas, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales de Silvania y Granada formuló nuevamente la acusación en contra del señor Juan de Dios Arcila Benítez por el delito de lesiones personales culposas, el 11 de junio de 2008.
Por último, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, el 1 de octubre de 2008, al momento de resolver sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de acusación, advirtió que había ocurrido el fenómeno procesal de la prescripción, por haber transcurrido más de 5 años desde el momento de ocurrencia de los hechos, sin que existiera resolución de acusación en firme, por lo cual procedió a declarar la extinción de la acción penal y precluir la investigación en favor del procesado.
5.2. El daño antijurídico
El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala, “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado. En este sentido la Sala ha discurrido así:
“[P]orque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.
“La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”.
En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló:
“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.
“En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”.
Como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección respecto del daño, este debe ser cierto; es decir, “no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”. Así pues en la misma providencia se dispuso:
“La sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo”.
En este caso, la parte actora manifestó que el daño antijurídico le fue ocasionado por la Fiscalía General de la Nación, dado que, mediante providencia del 1 de octubre de 2008, declaró prescrita la acción penal en favor del señor Juan de Dios Arcila Benítez, por el delito de lesiones personales culposas, debido a la mora imputable a la entidad en proferir Resolución de Acusación, decisión que le impidió obtener una reparación por los daños y perjuicios que le habría causado el procesado con su conducta.
La Sala considera que en este caso no se demostró que el señor Luis Guillermo Rodríguez Mora hubiese padecido un daño antijurídico, por los motivos que se explicarán a continuación.
El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.
En el presente caso no se encuentran acreditados esos elementos del daño, derivados de: i) la decisión de preclusión de la investigación acaecida por la supuesta mora en que incurrió la Fiscalía General de la Nación y ii) la pérdida de la oportunidad de obtener una reparación patrimonial por los daños causados al demandante, tal como se procede a exponer.
5.2.1. Terminación anormal de la investigación por la aparente mora judicial
Según la jurisprudencia de esta Corporación, para efectos de determinar la responsabilidad del Estado derivada de la mora judicial, debe dilucidarse si ese retardo estuvo justificado o no, conclusión a la cual se llega luego de analizar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como se llevó el caso, el volumen de trabajo del despacho que lo tramitó y los estándares de funcionamiento de la autoridad judicial, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de procesos, como aquel que sirve de fundamento a las pretensiones, punto que debe analizarse desde la propia realidad de la administración de justicia y no desde un Estado ideal.
De esta manera, la sola afirmación consistente en que la entidad demandada permitió que prescribiera la acción penal no resulta suficiente para edificar el daño antijurídico; al respecto, con las decisiones arrimadas al sub lite únicamente se puede evidenciar que la Fiscalía Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales de Silvania y Granada profirió, dentro del término legal de 5 años, la resolución de acusación en contra del señor Juan de Dios Arcila Benítez -11 de junio de 2008-, decisión que fue apelada por el apoderado del procesado y que al momento de resolverse fue cuando se produjo la prescripción de la acción.
Sobre ese punto, la Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 26 de febrero de 2018, indicó (se transcribe de forma literal):
“Ahora bien, no basta con la verificación de la ocurrencia de la prescripción de la acción penal durante el curso de la investigación para que se configure, per se, un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Esta Corporación ha considerado que en este tipo de asuntos, en los que subyace la crítica por dilación injustificada de la actuación judicial, debe considerarse ‘si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento de los sujetos procesales, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora’.
“Este lineamiento jurisprudencial sigue el trazado del derecho convencional, en particular, del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la jurisprudencia de la CIDH, que ha manifestado que para determinar si un Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazo razonable, deben analizarse los siguientes criterios :
“a) Marco temporal del proceso.
“b) Complejidad del asunto
“c) Actividad procesal del interesado.
“d) Conducta de las autoridades
“e) Afectación jurídica de la parte interesada (…).
“Vista la complejidad del asunto, no encuentra la Sala forma de avanzar en el estudio de las condiciones decantadas para la configuración de la mora injustificada en el caso bajo su consideración. Las pruebas que la demandante ha traído al proceso contencioso resultan claramente insuficientes para valorar la actividad procesal que ella desplegó, como parte civil dentro del proceso penal, así como para apreciar la diligencia observada por la Fiscalía en función del esclarecimiento del complejo asunto puesto a su disposición”.
Así las cosas, de lo analizado en precedencia no es posible concluir que la sola prescripción de la acción penal le produjo un daño antijurídico al demandante, pues, si bien es cierto que el proceso no pudo concluir con una sentencia, tampoco es posible determinar con los elementos probatorios arrimados al sumario porqué se produjo la supuesta mora que llevó a su terminación anormal.
Si bien al proceso penal se arrimaron junto con el escrito de demanda, entre otros, la decisión por la cual se dio inicio al proceso penal, la providencia por medio de la cual se constituyó al señor Rodríguez Mora como parte civil, la resolución de acusación proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Municipales de Silvania y Granada y la decisión que declaró la prescripción de la acción penal, lo cierto es que con estos documentos independientes y aislados, no es posible realizar un análisis minucioso del trámite procesal en la investigación penal para establecer la causa determinante que produjo la terminación anormal del proceso.
Significa lo anterior que en el presente proceso no se acreditaron cuáles fueron las circunstancias concretas que rodearon las supuestas irregularidades que condujeron a la mora en el proceso penal, ni a quién pueden ser endilgadas, las cuales son fundamentales en esta clase de asuntos, a fin de corroborar que la parte demandada obró con desidia o negligencia, puesto que, se insiste, no se allegaron los documentos que contienen la totalidad del procedimiento penal adelantado en contra del señor Arcila Benítez con sus aciertos y/o errores.
En el mismo sentido, se debe indicar que el daño que dijo haber sufrido el demandante, como consecuencia de la declaratoria de prescripción de la acción penal, es hipotético, en la medida en que no es posible saber, a ciencia cierta, cuál habría sido la suerte del proceso penal que se le siguió al señor Juan de Dios Arcila Benítez por el delito de lesiones personales culposas, pues no existe certeza alguna acerca de que, si no se hubiera precluido la investigación, este habría sido condenado penalmente, frente a lo cual cabe recordar que la suerte de la demanda de parte civil, en el curso del proceso penal, estaba condicionada a que se declarara, previamente, la responsabilidad del implicado en los hechos investigados.
Para reforzar lo hipotético y eventual del daño en análisis, se advierte que el proceso penal prescribió cuando la Fiscalía tenía en su poder el expediente para resolver el recurso de apelación que el investigado impetró en contra de la resolución de acusación, de manera que esta podía ser revocada.
En gracia de discusión, al asumir que la decisión habría sido confirmatoria, aun restaba por agotar la etapa de juicio ante el juez de conocimiento, de conformidad con el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, la cual comenzaba con un traslado de 15 días hábiles “para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes”. Dentro de ese proceso, el implicado bien hubiera podido argumentar y probar la existencia de una causal eximente de responsabilidad, de atipicidad de la conducta, de ausencia de autoría o de inexistencia del hecho punible.
En suma, nada garantizaba que el proceso penal que se adelantó en contra del señor Arcila Benítez fuese a terminar con una condena en su contra, lo que hace que el daño alegado sea incierto y, por ende, no indemnizable.
5.2.2. La pérdida de la oportunidad de obtener el pago de la indemnización
Esta Subsección ha venido considerando desde tiempo atrás que, cuando se demanda la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque la acción penal prescribió, la parte civil que se había constituido debe demostrar, para que el daño sea cierto que, como consecuencia de la prescripción de la acción penal, perdió la oportunidad de ser reparada por los perjuicios ocasionados tras la comisión de un delito; con ese propósito, el fallador debe verificar la ocurrencia de tres requisitos, a saber (se transcribe de forma literal):
“(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo -pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual- (…).
“(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida; lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el ‘chance’ aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar (…).
“(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba (…)” .
En lo que se refiere al segundo de los criterios mencionados –imposibilidad definitiva de obtener la reparación del daño-, la parte actora debe probar que, en efecto, no le era posible realizar reclamación alguna en relación con ningún otro responsable a través de la acción civil, como se pasa a explicar.
Al respecto, se advierte que para la época de los hechos -26 de junio de 2003- se encontraba vigente la Ley 599 del 2000, que en su artículo 98 estableció lo siguiente: “[l]a acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció frente al tema y estableció que, cuando prescribe la acción penal, sucede lo mismo con la acción civil, pero únicamente en relación con los penalmente responsables, en la medida en que la prescripción de la acción civil no procede respecto de los obligados solidariamente a reparar el daño, tales como los terceros civilmente responsables y los llamados en garantía.
Frente al punto en análisis, la Sala de Casación Penal de esa Corporación, en sentencia del 31 de enero de 2018, explicó lo siguiente (se transcribe de forma literal):
“La Sala casará la sentencia impugnada porque es evidente que el Tribunal dejó de aplicar el artículo 98 del Código Penal que dispone:
‘La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil’.
“(…) 3. Al respecto, esta Corporación ha consolidado una línea jurisprudencial, según la cual, la prescripción de la acción penal, conlleva el mismo efecto de la acción civil para el penalmente responsable, cuando la misma ha sido ejercitada dentro del proceso.
“3.1. Inicialmente, en el pronunciamiento emitido el 23 de agosto de 2005, dentro del radicado 23.718, la Corte precisó el alcance del artículo 98 del Código Penal y dejó claro que la expresión ‘los demás casos’ contenida en tal precepto, hace referencia a las acciones civiles intentadas contra los terceros civilmente responsables
“Así discernió (…):
‘‘‘Los ‘demás casos’ a los que se refiere la norma, sólo pueden ser las acciones civiles intentadas contra los terceros civilmente responsables, pues como se dijo al inicio de estas consideraciones, de acuerdo con los artículos 96 del Código Penal (Ley 599 de 2000) y 46 del Código de Procedimiento Penal que rige el caso (Ley 600 de 2000), dos grupos de personas pueden ser vinculadas al proceso penal para que respondan civil y patrimonialmente por los daños y perjuicios causados con el delito, a saber: i) los penalmente responsables en forma solidaria y ii) los que de acuerdo con la ley sustancial están obligados solidariamente a reparar el daño, por lo que establecido que la prescripción de la acción civil contra los primeros, opera en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, es en relación con los segundos que debe acudirse a ‘las normas pertinentes de la legislación civil’.
“(…) Así se advirtió en la sentencia de casación CSJ SP 18 ene. 2012, Rad. 36841, donde esta Corporación, en una necesaria reiteración del criterio fijado de tiempo atrás, en distintos pronunciamientos, señaló:
‘El artículo 98 del Código Penal establece que la acción civil originada en la conducta punible, cuando se ejerce dentro del proceso penal, prescribe en un tiempo igual al previsto para la acción penal, esto, en relación con los penalmente responsables. En los demás casos, es decir, en el de los terceros civilmente responsables, ‘se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil’.
“(…)También se ha dicho que, en el entendido de que lo accesorio (la acción civil) sigue la suerte de lo principal (la penal), la vigencia de aquella depende de ésta, cuando se ejerce dentro del juicio penal, contexto dentro del cual la extinción de la acción penal a causa de la prescripción deja sin vigor los fallos de instancia, lo cual incluye la condena al pago de perjuicios, en relación con el penalmente responsable (auto del 18 de abril de 2007, radicado 26.328).
“Entonces, el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal comporta, respecto de los penalmente responsables, que prescrita la última, igual suerte corre la primera.
“Adicionalmente, se tiene establecido que la prescripción de la acción penal no abarca al tercero civilmente responsable, y de allí que la pretensión indemnizatoria en su contra corresponde definirla a la jurisdicción de esa especialidad, a la cual puede acudir el interesado, siempre que las normas civiles así lo permitan’”(se destaca).
En suma, se tiene que para los asuntos en los cuales se demanda la ocurrencia de una falla del servicio bajo el título de imputación del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por mora judicial, tras haberse declarado la prescripción de la acción penal, se debe verificar que se cumplan los tres requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Subsección, de tiempo atrás, para tener por demostrado el daño denominado “pérdida de oportunidad”, estos son:
i) Que la parte civil del proceso penal tenía la oportunidad de obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una conducta delictiva;
ii) Que la posibilidad de obtener tal reparación se extinguió definitivamente al declararse la prescripción de la acción penal;
iii) Finalmente, que los demandantes se encontraban en una situación “potencialmente apta” para obtener la indemnización de los perjuicios causados.
El segundo de los presupuestos mencionados se debe estudiar bajo el entendido de que, para los delitos cometidos en vigencia del artículo 98 de la Ley 599 de 2000, una vez decretada la prescripción de la acción penal, la acción civil también corre con la misma suerte, pero únicamente frente al penalmente responsable, porque, frente a los obligados solidariamente a reparar el daño, dicha figura no opera; de ahí que el interesado puede acudir a la jurisdicción civil, si aún no se encuentra prescrita la acción ordinaria, a reclamar de estos últimos el pago de los perjuicios ocasionados.
5.2.2.1. La prescripción de la acción civil contra “terceros responsables” prevista en el artículo 2358 del Código Civil
Conviene precisar que, de conformidad con el artículo 2358 del Código Civil, las acciones para la reparación del daño que pueden ejercerse en contra de los “terceros responsables” prescriben en un término de tres años; igualmente, que la Corte Suprema de Justicia, en sus Salas de Casación Penal y Civil, ha indicado que, para los casos en los que se demanda la responsabilidad civil extracontractual originada en los accidentes de tránsito, esa normativa no le resulta aplicable al propietario del vehículo ni a la empresa transportadora, porque su obligación de indemnizar, en materia civil, se fundamenta en la teoría de la guarda, de tal manera que su responsabilidad se considera directa, por lo cual esta última y la prescripción se rigen por las previsiones de los artículos 2341 y 2536 ibídem (se transcribe de forma literal):
“[D]el artículo 140 de la Ley 600 de 2000 se establece que los terceros civilmente responsables dentro del proceso penal, son aquellas personas naturales o jurídicas que no han participado en la ejecución del delito, pero que de acuerdo con la ley deben responder patrimonialmente por los daños causados con el delito por tener algún tipo de vinculación con los penalmente responsables”.
“Como la ley presume la responsabilidad por los hechos ajenos basada en la culpa predicable de quien tiene a otro bajo su dependencia al presumir que el daño ocurre por la negligencia del guardián obligado a vigilar al autor del daño, se ha de acreditar además del compromiso penal del dependiente, la relación de éste con el responsable indirecto, como por ejemplo en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, que abordan la responsabilidad de los patronos y empleadores por los daños causados por sus dependientes con ocasión del servicio prestado por éstos a aquellos por incurrir en la llamada culpa ‘in eligendo’ o ‘in vigilando’, esto es, por falencias en la selección de sus subordinados; o en la adopción de medios destinados a evitar accidentes”.
“Obviamente, no sólo por el vínculo o dependencia laboral es predicable la responsabilidad del llamado a asumir civilmente por las consecuencias del hecho punible de otro, ella puede derivarse de la obligación legal de resultado por actividades que tienen virtualidad para engendrar daños y por lo tanto son riesgosas, como la del tráfico automotor”.
“Pero también, es dable citar a las personas jurídicas a las cuales están vinculados los comprometidos penales, siempre y cuando ese comportamiento punible se haya producido en el cumplimiento o con ocasión de sus funciones dadas por su nexo con aquellas, evento en el cual propiamente no se trata de un tercero civil, sino que su responsabilidad se enmarca en las previsiones del artículo 2341 del Código Civil, sin que sea una especie de responsabilidad indirecta o refleja por el hecho ajeno, sino directa (…)”.
“[L]a Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en su labor de fijar con criterio de autoridad los criterios hermenéuticos de la materia, precisó los alcances de la responsabilidad civil por actividades peligrosas tratándose de la circulación y conducción de vehículos ante los riesgos potenciales de dañar más allá de los parámetros normales.
“Ha señalado que la acotación del responsable del daño y obligado a su reparación pesa sobre quien ejerce la actividad peligrosa y en quien al momento del daño, ostenta su gobierno, dirección, administración o control, y que sólo para exonerarse de tal carga puede demostrar que no tenía esas facultades (…)” (se destaca).
“Sobre la cuestión de quién debe responder por el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la de conducir vehículos automotores, se han expuesto diferentes tesis como son la del aprovechamiento económico, la de la guarda jurídica y la de la guarda material.
“La Sala, en línea de principio, ha tomado partido por la última, como quedó plasmado en sentencia de 4 de abril de 2013, exp. 2002-09414-01, cuando señala que ‘(…) A este respecto, la Corte ha precisado que ‘El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. … O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener. Y la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico (sentencia de 17 de mayo de 2011, exp. 2005-00345-0)’”.
De igual modo, este criterio ha sido desarrollado para afirmar que puede existir la guarda compartida entre el propietario del vehículo y el poseedor o tenedor del bien que es utilizado para realizar una actividad peligrosa -conducción de automotores-, lo cual permite predicar la concurrencia de varias personas responsables de manera directa, porque de distintas maneras ejercían una actividad de dirección o control efectivo sobre dicha actividad peligrosa, tal como se puede establecer entre la empresa de transporte y el propietario del vehículo.
En relación con lo mencionado en precedencia, se resalta que la Corte Suprema de Justicia ha considerado lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con los posibles errores):
“Por manera que, nada extraño, ciertamente, que una o varias personas pueden llegar a ejercer en mayor o menor grado injerencia en el manejo o control del bien con el que se cumple la actividad peligrosa, evento ante el cual, sin duda, asumen, in solidum, el compromiso de indemnizar a la víctima; en otros términos, si el control de la guarda resulta compartido por varias personas, igual número aparecerán llamados a resarcir solidariamente al dañado.
“Condición semejante, esto es, la de guardián, deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida entre la empresa de transporte y los propietarios del automotor, hipótesis ante la cual, dada la solidaridad que surge para una y otros, cualquiera puede ser involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual responsabilidad por los perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del posible compromiso de los titulares del dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, la transportadora estaba legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los demandantes. Por manera que, aún aceptando, en gracia de discusión, que los propietarios (…), tenían tal calidad, no por ello, debía exonerarse a la sociedad Expreso Brasilia S.A., pues la fuente de su responsabilidad, itérase, no puede hallarse exclusivamente en la titularidad del dominio en cabeza de otra persona, natural o jurídica, sino en el vínculo del automotor a su objeto social; esto es, en el control que ejerce por razón de la afiliación del vehículo. Puestas así las cosas, es patente que no habiéndose desvirtuado la anotada condición de la empresa recurrente, no incurrió el Tribunal en el dislate que se le atribuye” (se destaca).
Posteriormente, dicho criterio fue reiterado por la misma Corporación, en un caso similar, en el cual se consideró (se transcribe de forma literal, incluso con los posibles errores):
“La guarda, vale decir, el poder de mando sobre la cosa, que se materializa tanto en la capacidad de dirección, manejo y control, como cuando de ella se obtiene lucro o provecho económico, de la cual deriva la presunción de responsabilidad civil, puede ser material o jurídica, sin que resulte relevante si se es o no propietario del bien sobre el que aquella se ejerce.
“(…).
Entonces, en punto de responsabilidad civil por actividades peligrosas de que trata el artículo 2356 del Código Civil, a la cual se ajusta la conducción de vehículos, el criterio de autoridad acabado de citar fija las siguientes reglas: (i) la referida especie de responsabilidad recae sobre quien al momento de ocurrir el daño tiene la condición de guardián del bien con el que se cumple aquella; (ii) la anotada calidad se predica de la persona natural o jurídica que, sea o no dueño, tiene potestad, uso, mando, control o aprovechamiento efectivo del instrumento generador del daño mediante el cual se realiza la actividad peligrosa; (iii) la categoría de guardián pueden ostentarla, en forma concurrente, aquellas personas que tengan la calidad de propietario, poseedor o tenedor del bien utilizado en la actividad peligrosa; y, (iv) es procedente predicar que la mencionada condición sea compartida entre la empresa de transporte y los propietarios del automotor con la cual se ejerce” (se destaca).
De lo anterior se puede concluir que, si bien con la declaratoria de prescripción de la acción penal en favor del señor Juan de Dios Arcila Benítez prescribió también la acción civil frente al procesado, lo cierto es que en relación con los señores Gregorio Domínguez Macías y Luz Mary Rodríguez Alfonso -propietarios del vehículo involucrado en el accidente- y la empresa -COOTRANSFUSA- no se puede predicar la misma circunstancia.
Al respecto, se reitera que los mencionados en precedencia debían responder por su responsabilidad directa, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, derivada de la teoría de la guarda compartida, así: i) en relación con los señores Gregorio Domínguez Macías y Luz Mary Rodríguez Alfonso por ser propietarios del vehículo y ii) la responsabilidad de la empresa -COOTRANSFUSA-, a la cual se encontraba afiliado el vehículo que causo el accidente de tránsito.
Así las cosas, al ser considerados responsables directos y no terceros responsables se reitera que la prescripción de la acción civil ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 2536 del Código Civil, era de 10 años desde la ocurrencia de los hechos y no en 3 como lo afirmó el demandante.
Aunado a ello, vale la pena resaltar que, si el accidente de tránsito en que se lesionó al señor Rodríguez Mora ocurrió el 26 de junio de 2003, este podía realizar la reclamación civil en contra de los demás responsables directos hasta el 26 de junio de 2013, sin importar que con anterioridad -1 de octubre de 2008- se hubiera declarado la prescripción de la acción penal en contra del señor Arcila Benítez.
Dicho de otro modo, una vez prescrita la acción penal, el demandante podía acudir a la jurisdicción ordinaria civil para demandar y solicitar la respectiva indemnización de perjuicios por parte de los señores Gregorio Domínguez Macías y Luz Mary Rodríguez Alfonso y de la empresa -COOTRANSFUSA-, de conformidad con los artículos 2341 y siguientes del Código Civil, cuya prescripción, para la fecha de configuración de los delitos objeto de demanda -26 de junio de 2003- era de 10 años, según lo consagrado en el artículo 2536 ibídem -modificado para la época por la Ley 791 de 2002-.
Así las cosas, la demanda civil se podría presentar, en término, hasta el 26 de junio de 2013, en contra de los anteriormente mencionados; sin embargo, la parte actora no acudió a la jurisdicción civil ordinaria cuando tenía la posibilidad, aún de manera posterior a la declaratoria de la prescripción de la acción penal en favor del señor Arcila Benítez.
Según lo expuesto, la parte actora contaba con la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil, después de haberse decretado la prescripción de la acción penal, cosa que no hizo y que no resulta atribuible a la Fiscalía General de la Nación.
De todo lo expuesto, es posible concluir que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba del daño antijurídico que pudiere ser imputable al Estado, por lo cual, el juzgador se halla relevado de cualquier otro tipo de consideraciones y, por ende, se impone la necesidad de confirmar la sentencia impugnada.
7. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esta es, la proferida el 21 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 2 a 6 del cuaderno principal. Folio 6 del cuaderno principal. De conformidad con el poder que obra a folio 1 del cuaderno principal. Folio 3 del cuaderno principal. De manera previa a la admisión de la demanda, el asunto correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual, por auto del 22 de febrero de 2011-folios 9 y 10 del cuaderno principal- declaró su falta de competencia para conocer del asunto y remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Folio 14 del cuaderno principal. Folio 19 del cuaderno principal
Folio 14 reverso del cuaderno principal. Folios 29 a 33 del cuaderno principal. Folio 35 del cuaderno principal. Folio 52 del cuaderno principal. Folios 61 a 66 del del cuaderno de segunda instancia. Folio 66 del cuaderno de segunda instancia. Folios 68 y 69 del cuaderno de segunda instancia. Folio 68 y 69 del cuaderno de segunda instancia. Folio 72 del cuaderno de segunda instancia. Folio 75 del cuaderno de segunda instancia. Folio 80 del cuaderno de segunda instancia. Folios 81 a 83 del cuaderno de segunda instancia. Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 A de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. De acuerdo con la constancia de ejecutoria que obra a folio 62 del cuaderno de pruebas número 4. Artículo 21: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. Folio 6 del cuaderno principal. De conformidad con el informe del accidente realizado por la autoridad de tránsito del municipio de Silvania, lugar en que ocurrió el accidente, que obra a folios 4 a 6 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 7 y 8 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 16 a 22 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 23 a 27 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 47 a 50 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 51 y 52 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 54 a 58 del cuaderno de pruebas número 4. Folios 59 a 61 del cuaderno de pruebas número 4. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 2012, exp. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto.
Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) radicado No 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) radicado No 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) radicado No 42.121 del 23 de octubre de 2017; iv) radicado No 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) radicado No 43.447 del 19 de julio de 2017; vi) radicado No 39.321 del 26 de abril de 2017, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 250002326000 2001 02469 01 (32.570), M.P. Hernán Andrade Rincón. Ibídem. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 22322, CP. Ruth Stella Correa Palacio, criterio reiterado por la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de agosto de 2011, expediente número 27524, C.P. Hernán Andrade Rincón y, en sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente número 48.271. Sobre el tema consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de julio de 2018, radicado 45.718. Al respecto se advierte que el término de 5 años para que la resolución de acusación contra el procesado estuviera en firme vencía el 26 de junio de 2008. Expediente: 41.978. M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Cita original del texto: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 2013, rad. 30.495”. Esta es una tesis reiterada por la Subsección, al respecto consultar las siguientes sentencias: i) expediente 23.769 del 30 de enero de 2013. M.P. Mauricio Fajardo Gomez; ii) expediente 33.334 del 13 de mayo de 2015. M.P. Hernán Andrade Rincón y, iii) expediente 43.522 del 10 de noviembre de 2017. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Esta Subsección ha tenido la oportunidad de referirse a este tema en casos similares, al respecto se puede consultar la sentencia del 13 de noviembre de 2018, expediente (46.592), criterio que se reitera en esta providencia. Cita del original: “HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 159-160”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 8 de febrero de 2017, radicado número: 520012331000200800505 01 (41.073), reiterada por la misma subsección en sentencia del 24 de mayo de 2018, radicado número: 44.861. Radicación No. 50645. M.P. Eyder Patiño Cabrera.
“ARTICULO 2358. <PRESCRIPCION DE LA ACCION DE REPARACION>. Las acciones para la reparación del daño proveniente de delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean punibles por el delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal.
“Las acciones para la reparación del daño que puedan ejercitarse contra terceros responsables, conforme a las disposiciones de este capítulo, prescriben en tres años contados desde la perpetración del acto” (se destaca).
“ARTICULO 2341. <RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL>. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”. El artículo 2536 del Código Civil establece que la prescripción de la acción ordinaria es de 10 años. Sala de Casación Penal, sentencia del 11 de abril de 2012, proceso No 33085. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, reiterada por esa misma Sala en sentencia del 9 de mayo de 2012, proceso No 38.859. M.P.
Sigifredo Espinosa Pérez. Sobre el particular se puede consultar también la sentencia de la Sala de Casación Civil del 30 de junio de 2016, Radicación n°. 11001-02-04-000-2016-00743-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez, en la que se precisó:
“[N]o puede confundirse el significado de lo que el ordenamiento adjetivo penal considera como ‘terceros civilmente responsables’, con el de los terceros responsables dentro del proceso civil, puesto que el término ‘terceros responsables’ para cada uno de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos.
“En efecto, para el ordenamiento penal, la noción ‘tercero civilmente responsable’ hace alusión a la persona que a pesar de no haber cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su patrimonio por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000).
“En cambio, la expresión ‘tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo’, contenida en el artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio. De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado ‘un tercero’, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes”
“De acuerdo con estas premisas, si un tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere el artículo 2.358 ejusdem” (se destaca). Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de abril de 2014, proceso No. SC4428-2014. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Al Respecto, vale la pena destacar que, en el sub lite se evidencia tanto en la demanda presentada por la parte actora para constituirse como parte civil, como en el auto que la admitió y en el informe del accidente realizado por la Policía Nacional –folio 4 del cuaderno de pruebas número 4- se manifestó que el vehículo que causó el accidente se encontraba afiliado a la empresa COOTRANSFUSA. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2011, Proceso No. 4400131030012001-00050-01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de noviembre de 2013, Proceso No. 38430, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Artículo 2536 del Código Civil –modificado por la Ley 791 de 2002, que señala: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años, y la ordinaria por diez (10) (…)”. Fecha posterior a que se radicara la demanda de reparación directa -28 de enero de 2011-, es decir, que incluso en el momento en que se presenta la demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el señor Luis Guillermo Rodríguez Mora tenía la opción de acudir en término a la Jurisdicción civil.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.