Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2006-00677-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-31-000-2006-00677-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-31-000-2006-00677-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
11 de noviembre de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Demandantes: FÉLIX HUMBERTO ROJAS SILVA Y OTROS
Demandados: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA POR MORA JUDICIAL - PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN PENAL
Síntesis del caso: se formula el medio de control de reparación directa por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial que dio lugar a la
prescripción de la acción penal en un proceso por los delitos de homicidio culposo y
lesiones personales culposas ocurridas en un accidente de tránsito, los demandantes
plantean la imposibilidad de ser reparados de los perjuicios solicitados en el proceso
penal donde se constituyeron como parte civil.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls.
262 a 276 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 25 de febrero de 2015
por el Tribunal Administrativo del Huila - Sala Quinta de Decisión Escritural (fls.
245 a 259 cdno. apelación) que dispuso:
“FALLA
Primero.- Negar las pretensiones de la demanda.
Segundo.- Sin costas en la instancia.
Tercero.- Una vez en firme esta sentencia, archívese el expediente
dejando las constancias del caso.” (fl. 259 cdno. apelación – negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 16 de junio de 2006 (fl. 23 cdno. ppal.), los señores
Félix Humberto Rojas Silva, Óscar Espinosa Pérez y Jorge Armando Pérez
Espinosa, este último quien actúa en nombre propio y en representación de sus
hermanos Carlos Alberto, Nelson Enrique, Jhon Jairo, Milton Eduardo e Ivonne
Amparo Espinosa Pérez, promovieron acción de reparación directa consagrada en
el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo con las siguientes súplicas:
“1. DECLARAR que LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, es civil y
administrativamente responsable por fallas del servicio y mal
funcionamiento de la Administración de Justicia, al haber retardado
injustificadamente la expedición de sentencia que pusiera fin al proceso,
dando lugar a la prescripción de la acción penal promovida en contra de
LUIS EDUARDO ZAMBRANO DELGADO, como autor de los punibles
de homicidio culposo y lesiones personales en concurso, por haber
causado la muerte de la señora AMPARO PÉREZ DE ESPINOSA
(q.e.p.d.), en accidente de tránsito ocurrido el 04 de marzo de 1999,
hacia las 14:10 horas, en la altura de la calle 80B, con carrera 2ª de
Neiva.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a LA
NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de los demandantes la
suma equivalente a CUATROCIENTOS SESENTA (460) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, o la suma que resulte demostrada
en el proceso, que ellos hubieran percibido a título de indemnización o
resarcimiento de perjuicios si como consecuencia de las fallas y del mal
funcionamiento de la administración de justicia no hubiera operado la
prescripción de la acción penal.
3. Que la suma anterior se pague debidamente indexada y con intereses
a la tasa del corriente bancario, desde la fecha en que las sentencias
debieron quedar ejecutoriadas (31 de mayo de 2005) y hasta cuando se
produzca el pago total y definitivo de las sumas ordenadas.
4. Declarar que LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL deberá dar cumplimiento
a la sentencia que se profiera en el presente asunto en el término
señalado en el artículo 176 del C.C.A.
5. Se condene a la entidad demandada al pago de las costas,
incluyendo las agencias en derecho.” (fls. 9 a 10 cdno. ppal. - negrillas y
mayúsculas sostenidas del texto original).
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El 4 de marzo de 1999, la señora Amparo Pérez de Espinosa se transportaba
en su motocicleta por la ciudad de Neiva (Huila) cuando fue embestida y arrollada
por un bus de servicio público de transporte de pasajeros conducido por el señor
Luis Eduardo Zambrano Delgado, automotor afiliado a la empresa Cooperativa de
Motoristas del Huila y Caquetá Coomotor Ltda y de propiedad del señor Julio
Vicente Castellanos, vehículo que se desplazaba por el carril contrario al que
transitaba la señora Pérez de Espinosa, quien falleció en el lugar de los hechos.
2) Por lo anterior, ese mismo 4 de marzo de 1999 la Fiscalía Tercera Seccional de
Neiva declaró abierta la investigación penal y ordenó vincular al señor Luis
Eduardo Zambrano Delgado como autor del punible de homicidio culposo en
concurso con lesiones personales.
3) El 9 de junio de 2000, durante la etapa de instrucción, el compañero
permanente e hijos de la señora Amparo Pérez de Espinosa presentaron demanda
de constitución de parte civil con el fin de obtener la indemnización de los
perjuicios ocasionados, la demanda se dirigió en contra del sindicado Luis
Eduardo Zambrano Delgado y los terceros civilmente responsables Coomotor Ltda
y Julio Vicente Castellanos.
4) El 8 de mayo de 2000 se profirió resolución de acusación en contra del
investigado, la cual cobró ejecutoria el 8 de mayo de 2000.
5) El 14 de junio de 2000, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva avocó el
conocimiento de la causa y durante la etapa de juicio se produjo una mora
injustificada en el trámite del proceso que impidió la realización oportuna de la
audiencia pública, retrasó la expedición del fallo de primera instancia y, finalmente,
propició la prescripción de la acción penal la cual fue decretada por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.
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Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
6) La prescripción de la acción penal dio lugar a la extinción de la acción civil en
contra del procesado y de los terceros civilmente responsables lo cual frustró la
posibilidad a los demandantes de obtener el resarcimiento de los perjuicios
causados con el accidente de tránsito que segó la vida de la señora Amparo
Pérez1.
3. Contestación de la demanda
La Nación-Rama Judicial contestó la demanda el 21 de abril de 2009 (fls. 150 a
159 cdno. ppal.) con oposición a las pretensiones con sustento en los argumentos
que se resumen a continuación:
1) La actuación del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva se adelantó de
conformidad con el ordenamiento vigente para la época de los hechos, por lo
tanto, no puede predicarse la ocurrencia de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.
2) El Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva profirió sentencia condenatoria
de primera instancia el 18 de febrero de 2005 y la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva confirmó íntegramente lo decidido; no obstante,
mientras se surtía la notificación de esta última decisión el defensor del procesado
Luis Eduardo Zambrano Delgado solicitó la cesación del procedimiento por
prescripción de la acción penal a lo cual accedió el Tribunal Superior de Neiva en
auto del 10 de junio de 2005. La declaratoria de la prescripción no implica por sí
misma la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia.
1 El proceso de la referencia fue conocido en un inicio por el Tribunal Administrativo del Huila,
quien admitió la demanda el 23 de junio de 2006 (fl. 88 a 89 cdno. ppal.), sin embargo, con la
entrada en operación de los juzgados administrativos el asunto se remitió al Juzgado Segundo
Administrativo de Neiva (fls. 90 a 91 cdno. ppal.), despacho que estuvo a cargo del proceso hasta
el 10 de octubre de 2008 cuando declaró su falta de competencia (fls. 127 a 129 cdno. ppal.). El 14
de noviembre de 2008 el Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad de lo actuado por el
Juzgado Segundo Administrativo de Neiva a partir del auto del 22 de agosto de 2006 y reasumió el
conocimiento del asunto (fl. 133 a 135 cdno. ppal.).
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
3) Debe declararse la excepción de “falta de causa para demandar” por cuanto no
se presentó una mora injustificada en el trámite del proceso penal ni mucho menos
una violación de los términos procesales.
4. La sentencia impugnada
El 25 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo del Huila - Sala Quinta de
Decisión del Sistema Escritural negó las pretensiones de la demanda (fls. 245 a
259 cdno. apelación) por las siguientes razones:
1) Quien pretende el resarcimiento de los perjuicios causados con una conducta
punible cuenta con dos alternativas procesales para obtener la respectiva
indemnización: la acción civil ordinaria y la constitución de parte civil en el proceso
penal.
2) Si la responsabilidad patrimonial por la comisión de un delito se debate en el
marco de un proceso penal la declaratoria de indemnización se encuentra ligada a
la condena efectiva del investigado, en otras palabras, las pretensiones de la parte
civil en un proceso penal dependen del alea propio de este último pues, se
requiere el reconocimiento de la responsabilidad penal como requisito previo e
indispensable para acceder a las pretensiones resarcitorias, aspecto que se
diferencia de quienes acuden a la acción ordinaria por cuanto sus pretensiones no
dependen de la condena del penalmente responsable.
3) En este caso objeto de análisis, si bien el señor Luis Eduardo Zambrano
Delgado fue declarado penalmente responsable en primera y segunda instancias
dentro del proceso que se siguió en su contra por el delito de homicidio, el hecho
de que se declarara la prescripción de la acción penal llevaría a pensar, en
principio, que los aquí demandantes no pudieron obtener la indemnización
esperada; sin embargo, estos señalan que la prescripción ocurrió por la morosidad
en la que los jueces penales adelantaron el proceso, aspecto que no fue
demostrado y, en todo caso, los actores contaban con la acción civil ordinaria para
obtener la indemnización de perjuicios pretendida.
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
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4) La prescripción de la acción no ocurrió por la inactividad del juez penal sino por
la conducta de los sujetos procesales, en ese sentido jugó un papel determinante
la inasistencia del fiscal del caso para la sesión de audiencia pública fijada para el
10 de marzo de 2004, así como el hecho de que la parte civil fue inactiva y erró en
la identificación de uno de los terceros civilmente responsables lo cual también
influyó en la dilación del proceso.
5. El recurso de apelación
El 13 de abril de 2015, la parte demandante interpuso recurso de apelación (fls.
262 a 276 cdno. apelación) con el siguiente razonamiento:
1) Fue la demora y el mal funcionamiento de la administración de justicia los que
propiciaron la prescripción de la acción penal, hecho que, a su vez, llevó a que los
demandantes vieran truncada la posibilidad de resarcimiento de los perjuicios
causados.
2) El a quo consideró que el daño no era cierto por el hecho de que la parte actora
contaba con otros mecanismos procesales para el resarcimiento de los perjuicios
causados por la muerte de su familiar, entre ellos la acción civil indemnizatoria o
acción civil de responsabilidad extracontractual contemplada en el artículo 1494
del Código Civil; sobre el particular, si bien la ley establece diferentes mecanismos
para acceder a la administración de justicia, ello no significa que se deba predicar
mayor o menor efectividad entre una vía y otra dado que todas las opciones
legales permitidas deben asegurar de forma eficiente y oportuna una recta y
cumplida administración de justicia, en el caso objeto de análisis los demandantes
acudieron al proceso penal y era allí donde debían ser indemnizados.
3) En su momento se solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva el retiro de la demanda de constitución de parte civil con el
propósito de iniciar la acción a través de la jurisdicción civil ordinaria; empero,
dicha petición se negó y con ello se anuló toda posibilidad de ejercicio de acción
indemnizatoria efectiva.
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
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Apelación sentencia
4) Si la extinción de la acción penal se produjo por la inasistencia injustificada del
fiscal acusador, entonces existe responsabilidad de la Nación-Rama Judicial pues,
el juez penal aplazó la audiencia pública sin exigir justa causa de su ausencia al
fiscal lo cual constituyó una acción negligente de la administración de justicia que
permitió que los términos se dilataran más de lo normal.
5) No es obligación de la parte civil solicitar al juez penal el impulso procesal,
aquel debe seguir los términos que dicta la ley que, en el caso en concreto, no se
cumplieron pues la sentencia se demoró más de 10 meses en expedirse.
6. Actuación surtida en segunda instancia
El 24 de junio de 2016 se admitió el recurso de apelación (fl. 289 cdno. apelación)
y el 26 de agosto de 2016 (fl. 291 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo
lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 292 cdno. apelación).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto
sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia
y anuncio de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y 4) condena
en costas.
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
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1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar si
en el presente caso la Nación-Rama Judicial es patrimonial y
extracontractualmente responsable del supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia debido a la ocurrencia de la prescripción de la acción
penal que le impidió a los demandantes satisfacer la indemnización de perjuicios
que reclamaban como consecuencia del deceso de la señora Amparo Pérez de
Espinosa, quien falleció víctima de un accidente de tránsito por el que se inició un
proceso penal.
El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por estimar
que no hubo una mora injustificada del proceso penal que diera lugar a un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; los demandantes
insisten en la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por considerar que sí
hubo actos que dilataron el proceso sin justificación legal alguna conforme lo
revelan las pruebas que fueron aportadas al proceso de reparación directa pero,
que no valoró con suficiencia o no tuvo en cuenta la primera instancia.
El fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda será confirmado debido
a que en el presente caso no se demostró el daño alegado por los demandantes,
entendido como la pérdida de oportunidad potencialmente apta de obtener la
reparación de los perjuicios reclamados en el proceso penal, dado que no se
reúne el requisito relativo a que se trate de una oportunidad que se hubiere
perdido de manera definitiva.
2 El daño alegado por los demandantes se hizo evidente a partir de la decisión proferida el 10 de
junio de 2005 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva (fls.
500 a 503 cdno. 1 pruebas) que declaró extinguida por prescripción la acción penal seguida en
contra de Luis Eduardo Zambrano Delgado por los delitos de homicidio culposo y lesiones
personales culposas en accidente de tránsito y como consecuencia cesó todo procedimiento a su
favor. La aludida providencia adquirió firmeza el 22 de junio de 2005 (fl. 506 cdno. 1 pruebas), en
consecuencia la demanda del 16 de junio de 2006 (fl. 23 cdno. ppal.) se formuló dentro del término
de dos años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
2. Análisis de la impugnación
2.1 El daño
1) Según se anuncia en la demanda, la Nación-Rama Judicial incurrió en un
retardo injustificado que llevó a la prescripción de la acción penal seguida contra el
señor Luis Eduardo Zambrano Delgado como circunstancia que provocó un daño
en los actores quienes, en ese proceso, se constituyeron como parte civil.
2) En ese sentido, entiende la Sala que el asunto debe examinarse con el título de
imputación referente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
como hipótesis enmarcada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, debido a
actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por las autoridades que
llevaron consigo a una mora judicial y a la imposibilidad para los aquí
demandantes de obtener la reparación de los perjuicios que les fueron
supuestamente causados por la comisión del delito de homicidio culposo en
concurso con el punible de lesiones personales culposas.
3) De este modo, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño como
primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual pues, en casos
como estos la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado3 ha
establecido que lo que se suscita como daño, como concepto diferente del
perjuicio, es lo que se ha denominado pérdida de oportunidad la cual no puede
deducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la decisión penal
definitiva, sino que deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren que
la persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde a sus
intereses y que al precluirse la investigación o cesar el procedimiento penal esta
se frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y
estar acreditada para que pueda reconocerse como daño indemnizable4.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso
no. 13001-23-31-000-1999-00328-01(25.327); del 2 de mayo de 2016, proceso no.
13001233100020010050601 (37.111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-000-
2007-00642-01(42.334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.
4 En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de
marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45.530), MP Ramiro Pazos Guerrero.
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
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4) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica que
permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés legítimo del
demandante.
Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del
eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la oportunidad entendida
como la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia del hecho dañoso, la
víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un provecho o de evitar
un perjuicio, de manera que la oportunidad se extinguió de forma irreversible para
la víctima pues, de lo contrario, el daño sería eventual.
5) Los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida
de oportunidad cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial tras haberse
declarado la prescripción de la acción penal han sido tratados por la
jurisprudencia5 como se explica a continuación:
a) El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca
de si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual
constituye un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que
ello se oponga al carácter cierto del daño pues, la certeza en este caso debe
analizarse respecto de la oportunidad perdida y no del resultado.
b) El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha,
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado, es decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta para
obtener la indemnización de los perjuicios causados.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, proceso
no. 520012331000200800505 01 (41.073), MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por la misma
subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso no. 08001-23-31-000-2009-00618-
01(44.861), del 14 de marzo de 2019, proceso no. 13001-23-31-000-2009-00625-01(45.890) y del
11 de abril de 2019, proceso No. 25000-23-26-000-2011-00292-01(50.569), todas con ponencia de
Marta Nubia Velásquez Rico.
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
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c) El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente para la parte civil por el hecho de declararse la
prescripción de la acción penal, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva
de la oportunidad puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda la
oportunidad no estaría perdida o frustrada.
6) En este asunto particular, la Sala observa que no se cumplen con los
presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de
oportunidad, tal como se explica en el acápite siguiente.
2.2 Estudio del caso concreto
1) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:
a) Mediante resolución proferida el 14 de septiembre 1999, la Fiscalía Tercera
delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Neiva (Huila) dictó apertura de
instrucción penal en contra del señor Luis Eduardo Zambrano Delgado por la
supuesta comisión del delito de homicidio culposo debido al accidente de tránsito
ocurrido el 4 de marzo de 1999 y en el que perdió la vida la señora Amparo Pérez
de Espinosa (fls. 145 a 149 cdno. 1 pruebas).
b) El 8 de mayo de 2000, la Fiscalía Tercera Seccional de Neiva (Huila) profirió
resolución de acusación en contra del señor Luis Eduardo Zambrano Delgado,
quien conducía un bus de servicio público de transporte de pasajeros como
posible autor del aludido de homicidio culposo en la persona de Amparo Pérez
Espinosa (fls. 155 a 160 cdno. 1 pruebas).
c) El 19 de julio de 2000, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva admitió la
demanda de parte civil presentada por Félix Humberto Rojas Silva, Carlos Alberto,
Nelson Enrique, John Jairo, Milton Eduardo, Ivonne Amparo, Jorge Armando y
Oscar Iván Espinosa Pérez, respectivamente compañero e hijos de la señora
Amparo Pérez de Espinosa, en contra del sindicado Luis Carlos Zambrano
Delgado y de los terceros civilmente responsables, esto es, el señor Julio Vicente
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
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Castellanos (propietario del bus involucrado en el accidente de tránsito) y la
empresa Inversiones Coomotor SA (fls. 840 a 843 cdno. 4 pruebas).
d) El 24 de octubre de 2000, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva
revocó parcialmente el auto del 19 de julio de 2000 para desvincular a la empresa
Inversiones Coomotor SA y, en su lugar, vincular como tercero civilmente
responsable a la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Coomotor Ltda
(fls. 879 a 884 cdno. 4 pruebas).
e) El 28 de abril de 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva emitió
sentencia condenatoria en contra del señor Luis Eduardo Zambrano Delgado
como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo en la persona
de la señora Amparo Pérez de Espinosa; asimismo, condenó al señor Julio
Vicente Castellanos y la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Coomotor
Ltda, terceros civilmente responsables, al pago de perjuicios en favor de los aquí
actores (fl. 259 a 274 cdno. 1 pruebas).
f) La anterior decisión fue confirmada en sentencia de segunda instancia proferida
el 28 de abril de 2005 por la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva (fls. 474 a 487 cdno. 1 pruebas) y contra la cual, tanto
el defensor del procesado Luis Eduardo Zambrano Delgado como el apoderado de
los terceros civilmente responsables, mediante memoriales del 24 y 31 de mayo
de 2005 formularon recurso extraordinario de casación (fls. 491 y 497 cdno. 1
pruebas).
g) Con antelación a que la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva resolviera sobre la procedencia o no del recurso
extraordinario de casación, el señor Luis Eduardo Zambrano Delgado, mediante
su apoderado, solicitó la prescripción de la acción penal, petición a la que el
tribunal accedió en providencia dictada el 10 de junio de 2005 en la cual se
consideró lo siguiente:
“(…) Debe resaltarse que tanto la norma en cita de la Ley 100 de 1980
como el art. 86 del actual C. Penal (Ley 599 de 2000), disponen que la
prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución de
acusación ejecutoriada o su equivalente; así mismo que ocurrido tal
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
Actores: Félix Humberto Rojas Silva y otros
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hecho, se cuenta de nuevo el término prescriptivo por un término igual a
la mitad del establecido en los artículos 80 y 83, en su orden, lapso que
no puede ser inferior a cinco (5) años (…).
En este orden de ideas, no se hace necesario entrar en mayores
disquisiciones para concluir que le asiste razón al sujeto procesal
solicitante, pues a simple vista se observa que la pena máxima de la
conducta más grave desplegada por el encausado era de seis años, y
que una vez interrumpida la acción penal por la resolución acusatoria en
mayo 22 de 2000, se empieza contar de nuevo, “la mita de dicha
sanción” (3 años” que se cumplieron en mayo de 2003, sin embargo,
como las disposiciones legales en comento (art. 80 Ley 100 y 86 de la
Ley 599 de 2000) refieren que tal término no podrá ser inferior a cinco
(5) años, es así como ese lapso concluyó el 22 de mayo de 2005 cuando
transcurría el término para interponer recurso de casación excepcional,
el cual corresponde al exigido en el actual Código para que opere el
fenómeno prescriptivo – art. 83-.
En conclusión, el término prescriptivo se interrumpió con la resolución
acusatoria calendada en mayo 8 de 2000 cuya firmeza ocurrió el 22 del
mismo mes y año; este lapso entonces, pese a que la norma alude a la
mitad del señalado en los artículos 80 y 86 citados, no puede ser inferior
a cinco años, los cuales se hallan superados (desde entonces han
transcurrido poco más de 5 años), en consecuencia, es procedente la
declaratoria de prescripción de la acción penal”. (fls. 502 a 503 cdno. 1
pruebas).
2) A partir del anterior relato, la Sala encuentra satisfecho el primer requisito
referente a la pérdida de oportunidad, por cuanto los aquí demandantes se
constituyeron como parte civil dentro del proceso penal para que fueran resarcidos
los perjuicios sufridos con ocasión del deceso de la señora Amparo Pérez de
Espinosa, sin embargo, la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva declaró la extinción del procedimiento por prescripción de
la acción penal, situación que demuestra que a los afectados con el delito se les
vio frustrada la posibilidad de conocer el resultado del proceso penal, con lo cual la
incertidumbre o aleatoriedad sobre el resultado final de la investigación se
encuentra probada.
3) No ocurre lo mismo frente al segundo requisito referente a la existencia de una
situación fáctica y jurídicamente idónea para alcanzar el resultado esperado pues,
si bien los demandantes se encontraban en una situación potencialmente apta
para obtener la indemnización de los perjuicios causados, no solo porque el señor
Luis Carlos Zambrano Delgado fue condenado penalmente y obligado a resarcir
los perjuicios causados, sino que, también fueron condenados en forma solidaria
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Expediente 41001-23-31-000-2006-00677-01 (54.177)
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los terceros civilmente responsables, lo cierto es que de las pruebas aportadas al
expediente no se tiene que los actores solicitaron algún tipo de medida cautelar
que permitiera garantizar el pago de la indemnización.
4) De igual forma, tampoco aparece probado el tercer elemento de la pérdida de
oportunidad consistente en demostrar que la opción de reparación se extinguió de
manera definitiva por haberse declarado la prescripción de la acción penal en el
proceso seguido por el delito de homicidio culposo en concurso con lesiones
personales culposas, por lo siguiente:
a. Según el artículo 98 de la Ley 599 del 2000, en su texto vigente para la época
en que se declaró la prescripción de la acción penal6, la acción civil derivada de la
conducta punible cuando se ejercita dentro de un proceso penal prescribe “en
relación con los penalmente responsables” en tiempo igual al de la prescripción de
la respectiva acción penal, pero, en los demás casos se aplicarán las normas
pertinentes de la legislación civil.
b. Lo anterior obliga a precisar que en el presente evento la acción civil no se
formuló dentro del proceso penal con el único objetivo de que el conductor del bus
de servicio público (Luis Eduardo Zambrano Delgado) respondiera por los
perjuicios ocasionados como penalmente responsable sino, para que también lo
hicieran el propietario del vehículo y la empresa de transporte a la cual se
encontraba afiliado el automotor involucrado en el accidente, quienes fueron
vinculados como terceros civilmente responsables y de los cuales no prescribió la
acción civil con la prescripción de la acción penal ya que se trata de personas
distintas a la acusada de ser “penalmente responsable”.
c. En tales circunstancias, la declaración de la prescripción de la acción penal no
impedía a los demandantes iniciar un proceso ordinario de responsabilidad civil
contra los terceros considerados por ellos civilmente responsables, esto es, el
señor Julio Vicente Castellanos y la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá
Coomotor Ltda, de quienes también pretendían obtener indemnización en los
6 En artículo 98 de la Ley 599 del 2000, Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de
los hechos, consagraba: “Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando
se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en
tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán
las normas pertinentes de la legislación civil”.
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términos del citado artículo 98 del Código Penal, de manera que las víctimas
podían intentar la correspondiente acción ante la jurisdicción civil 7 que estaba
sujeta al término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código
Civil.
d. Sobre este punto objeto de análisis, debe advertirse que para la época en la
que ocurrió el accidente (4 de marzo de 1999) la prescripción ordinaria de la
acción civil contra el tercero civilmente responsable aún era de 20 años, sin
desconocer que el 27 de diciembre de 2002 empezó a regir la Ley 791 de ese año
que modificó el artículo 2536 del Código Civil y redujo la prescripción ordinaria a
10 años.
Frente a esto último es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 41 de la
Ley 153 de 1887 según el cual:
“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere
completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá
ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero
eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde
la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”.
Con fundamento en esos parámetros los terceros posiblemente civilmente
responsables, Julio Vicente Castellanos y la Cooperativa de Motoristas del
Huila y Caquetá Coomotor Ltda, bien podían escoger entre el término original
7 Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 30 de junio de
2016, radicación número 11001-02-04-000-2016-00743.01, MP Ariel Salazar Ramírez, expresó:
“(…)Y es que no puede confundirse el significado de lo que el ordenamiento adjetivo penal
considera como “terceros civilmente responsables”, con el de los terceros responsables dentro del
proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno de esos ordenamientos
tiene un significado y alcance distintos. En efecto, para el ordenamiento penal, la noción “tercero
civilmente responsable” hace alusión a la persona que a pesar de no haber cometido la conducta
punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su patrimonio por los perjuicios
irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000). En cambio, la expresión
“tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en el artículo 2.358
del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de un
tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado
“un tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en
el caso de las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo
con estas premisas, si un tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente
favorece a la víctima de los perjuicios, puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de
10 años, y no la trienal que refiere el artículo 2358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento
penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva, que en copiosa jurisprudencia, el
máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad punitiva para
investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la
justicia civil”.
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de 20 años contados a partir de la ocurrencia del hecho y el nuevo término de
10 años desde la entrada en vigor de la Ley 791 de 2002.
e. En ese contexto fáctico y normativo, habida cuenta que los hechos tuvieron
lugar el 4 de marzo de 1999, la parte demandante podía intentar en tiempo la
acción civil ante la jurisdicción ordinaria, independientemente del término que
eligiera el prescribiente por cuanto: (i) si elegía el término original de 20 años la
acción no prescribiría sino hasta el 4 de marzo de 2019, y (ii) si optaba por término
de 10 años contados desde la entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002, que
inició el 27 de diciembre de ese año, tenía oportunidad de ejercer la acción civil
hasta el 27 de diciembre de 2012, fecha que es posterior a la declaratoria de la
prescripción de la acción penal que tuvo lugar en el año 2005.
5) En las circunstancias antes descritas no hay prueba de la existencia de una
pérdida de oportunidad definitiva porque no se demostró que en realidad los
demandantes perdieran la posibilidad de reclamar reparación ante los terceros
civilmente responsables como llamados a reparar los perjuicios derivados por
la muerte de la señora Amparo Pérez de Espinosa, esto es, el propietario del
bus de servicio público y la empresa de transporte a la cual estaba afiliado el
vehículo involucrado en el accidente automovilístico al que se refieren los
hechos de la demanda en este proceso, de manera que no se demostró la
existencia de una oportunidad perdida y de un daño cierto que pueda ser objeto
de reparación.
6) El apelante argumentó que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva en la sentencia de segunda instancia negó la solicitud de
retiro de la demanda de parte civil formulada en el proceso penal lo cual impidió
ejercer la acción civil ante la jurisdicción ordinaria.
Al respecto, si bien se acreditó que en la sentencia del 28 de abril de 2005 la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva (fl. 486 cdno. 1 pruebas)
negó por improcedente la solicitud de retiro de la demanda presentada por la
apoderada de la parte civil por considerar que se había desplegado actividad
en el proceso -en la audiencia pública y en el traslado a los no recurrentes ante
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la apelación de la sentencia- y por disposición del artículo 53 de la Ley 600 de
2000 que dispone que el retiro de la demanda es permitido tan solo cuando “no
se hubiere realizado gestión alguna o dirigido petición diferente a su
formulación”, en modo alguno puede considerarse que la decisión que negó la
solicitud de retiro de la demanda de parte civil en el proceso penal cercenó la
posibilidad de ejercer acción civil ante la jurisdicción ordinaria en contra de los
terceros civilmente responsables, por cuanto se demostró que en el proceso
penal no se profirió sentencia ejecutoriada que decidiera frente a su
responsabilidad patrimonial con efectos de cosa juzgada y en tal sentido podía
acudir a la administración de justicia con tal propósito.
7) En suma, es importante anotar igualmente que, la condición necesaria para
que se tenga por acreditado el daño dentro de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado es la certeza, no puede ser reparado un daño
eventual o hipotético, frente a lo cual la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterativa
en sostener que no puede haber responsabilidad si no se encuentra plenamente
acreditado el daño8 y, en ese sentido, por sustracción de materia se torna
innecesario analizar la existencia de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.
3. Conclusión
No prospera el recurso de apelación por cuanto no se demostró el daño
consistente en la pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización de los
perjuicios derivados del delito presuntamente cometido por Luis Eduardo
Zambrano Delgado con la prescripción de la acción penal, dado que no se
comprobó la existencia de una oportunidad seria, cierta y definitiva de recuperar
por la vía del proceso penal los eventuales perjuicios sufridos por la víctima del
ilícito.
8 Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de
mayo de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999-
1240-01 (20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45530), MP
Ramiro Pazos Guerrero.
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En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 25 de febrero de 2015 del
Tribunal Administrativo del Huila – Sala Quinta de Decisión Escritural mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
4. Costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1º) Confírmase la sentencia del 25 de febrero de 2015 del Tribunal Administrativo
del Huila – Sala Quinta de Decisión del Sistema Escritural que negó las
pretensiones de la demanda.
2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte
demandante.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
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Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de
2022.
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