Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2009-00625-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Caducidad acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2009-00625-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-31-000-2009-00625-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
14 de marzo de 2019
CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8, consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CALIDAD DE HEREDERO
[L]a Sala considera que el señor (…) se encuentra legitimado para reclamar, en nombre de su menor hijo fallecido, la indemnización de los daños que la prescripción de la acción penal le hubiese podido ocasionar; pues es claro que, de conformidad con los artículos 1040 y 1046 del Código Civil, ostenta la condición de heredero. A este respecto, la Sala comparte las apreciaciones que la primera instancia realizó sobre el particular, en cuanto concluyó que por la corta edad del menor, de conformidad con las reglas de la experiencia, no tenía descendencia, de tal manera que resultaba natural que su padre le heredara, como su ascendiente más próximo. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el tema, consultar sentencia de 14 de marzo de 2018, Exp. 40175, M.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULOS 1040 Y 1046
ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad (…) Como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección respecto del daño, este debe ser cierto, es decir, “no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”. (…) El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el daño antijurídico como elemento de la responsabilidad del Estado, cita sentencia de 13 de agosto de 2008, Exp. 16516, MP. Enrique Gil Botero y de 6 de junio de 2012, Exp. 24633, M.P. Hernán Andrade Rincón.
DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / CONSTITUCIÓN DE PARTE CIVIL / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS POR EL DELITO
[C]uando se demanda la existencia un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque la acción penal prescribió, la parte civil que se había constituido debe demostrar, para que el daño sea cierto que, como consecuencia de la prescripción de la acción penal, perdió la oportunidad de ser reparada por los perjuicios ocasionados tras la comisión de un delito; con ese propósito, el fallador debe verificar la ocurrencia de tres requisitos, a saber (…) i) Que la parte civil del proceso penal tenía la oportunidad de obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una conducta delictiva. ii) Que la posibilidad de obtener tal reparación se extinguió definitivamente al declararse la prescripción de la acción penal. iii) Finalmente, que los demandantes se encontraban en una situación “potencialmente apta” para obtener la indemnización de los perjuicios causados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre requisitos de la pérdida de oportunidad, ver sentencia de 8 de febrero de 2017, Exp. 41073, MP. Hernán Andrade Rincón.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
El artículo 108 del Decreto Ley 100 de 1980 dispuso que si la acción civil se ejercitaba dentro del proceso penal su prescripción sucedería “en tiempo igual” a la acción penal; entre tanto, el artículo 109 indicó que “las causas de extinción de la punibilidad no [comprendían] las obligaciones civiles derivadas del hecho punible”. En ese contexto, la Sala entiende que el artículo 109 se refirió a las causales de extinción de la punibilidad, diferentes a la prescripción, dado que, frente a esta última, el artículo 108 estableció una regulación especial, en el sentido de indicar, expresamente, que la prescripción de la acción civil ocurría con la prescripción de la acción penal, siempre que se ejercitaran de manera conjunta en el proceso penal, porque, si se demandaban por separado, las prescripciones serían independientes. NOTA DE RELATORÍA: En relación con los efectos de la prescripción de la acción penal en las pretensiones patrimoniales alegadas por la parte constituida como parte civil, ver sentencias de 13 de mayo de 2015, Exp. 33334, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 8 de febrero de 2017, Exp. 41073, M.P. Hernán Andrade Rincón; y sentencia de 10 de noviembre de 2017, Exp. 43522, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 100 DE 1980 - ARTÍCULO 108 Y 109
CONFIGURACIÓN DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DILACIÓN INJUSTIFICADA EN EL PROCESO PENAL / MORA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / PRINCIPIO DE CELERIDAD / PRINCIPIO DE EFICACIA / DILACIÓN JUSTIFICADA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos. Por su parte, el artículo 29 de la Constitución Política al consagrar la garantía del debido proceso proscribe las dilaciones injustificadas en los trámites tanto administrativos como judiciales y en el artículo 228 ibídem estableció los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. La misma garantía se prevé en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que el juicio sin dilaciones es un elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales. (…) Por ende, a juicio de la Sala, la Rama Judicial incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, lo que impidió que quedara en firme la decisión adoptada en el proceso penal (…) y que se reconocieran los perjuicios a las víctimas del delito, es decir, a los aquí demandantes. Conviene precisar que esta Corporación ha establecido que existen algunas situaciones que pueden llegar a justificar el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido impulsado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora. (…) [L]a Rama Judicial deberá responder a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial injustificada, habida cuenta de que, se reitera, incumplió los términos que establecía el C.P.P. vigente para la época de los hechos y ello contribuyó a que se declarara la prescripción de la acción penal. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivada de la declaración de prescripción de la acción penal, ver sentencia de 8 de febrero de 2017, Exp. 41073, M.P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 Y 228 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - ARTÍCULO 8
ETAPAS DEL PROCESO PENAL / AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO / OPORTUNIDAD PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBA / TÉRMINO PARA PROFERIR SENTENCIA / TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN
[E]l artículo 444 del Decreto 2700 de 1991 (norma aplicable) establecía que la etapa de juzgamiento iniciaba cuando quedaba ejecutoriada la resolución de acusación y que, a partir de ese momento, la Fiscalía General de la Nación perdía la dirección de la investigación y adquiría la calidad de sujeto procesal. (…) Por su parte, el artículo 447 del C.P.P. disponía que si no se declaraba la invalidez del proceso, vencido el término de 30 días hábiles en los cuales el expediente estaría a disposición de las partes, se debía fijar fecha y hora para la audiencia de juicio, sin exceder de diez días hábiles. Además, ese artículo establecía que en esa misma decisión, se decretarían las pruebas que se consideraran procedentes. (…) El artículo 456 del Decreto 2700 de 1991 indicaba que finalizada la práctica de pruebas y la intervención de las partes en audiencia, el juez debía dictar sentencia dentro de los diez días siguientes. Por último, el artículo 214 ibídem establecía que, en la segunda instancia, el recurso de apelación debía resolverse en un plazo de 10 días. Siendo así, se tiene que, en vigencia del Decreto 2700 de 1991, luego de que el juez penal asumía el conocimiento del proceso, es decir, que iniciaba la etapa de juzgamiento, contaba con un período no mayor a setenta y cinco días hábiles para dictar las sentencias de primera y de segunda instancia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 444 Y 456
TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD
[C]omo la pérdida de oportunidad constituye un perjuicio autónomo, que, en este caso, deviene de la imposibilidad de acceder a los perjuicios reclamados por los aquí demandantes como parte civil dentro del proceso penal (…), la cuantía se valora de acuerdo con el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. (…) en el presente asunto los actores tenían una alta probabilidad de percibir las indemnizaciones fijadas en las sentencias penales de primera y segunda instancia, aunque no se tenga certeza de que el recurso extraordinario de casación promovido por los condenados se concedería y si prosperaría. Siendo así, en atención a esa probabilidad, para la Subsección, se deberá reconocer, por concepto del daño consistente en la pérdida de la oportunidad, a cada uno de los demandantes, el equivalente al 60% de lo que, en principio, se les reconoció en el proceso penal como indemnización integral. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la cuantía del daño por concepto de pérdida de oportunidad, cita sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 18593, MP. Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 24 de mayo de 2017, Exp. 41319. Respecto de la liquidación de perjuicios en un caso igual al que ahora se analiza, esto es, en el que se condenó al Estado por la pérdida de oportunidad generada con ocasión de la declaratoria de la prescripción de la acción penal, ver sentencia de 6 de julio de 2017, Exp. 41579, MP. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 13001-23-31-000-2009-00625-01(45890)
Actor: GUSTAVO ADOLFO LORA PEDROZA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - APELACIÓN DE SENTENCIA
Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por prescripción de la acción penal - DAÑO ANTIJURÍDICO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / Padre que demandó en nombre de su hijo menor de edad, quien falleció antes de la presentación de la demanda de reparación directa.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra la sentencia proferida el 14 de octubre de 2011, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal, incluso con errores):
“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL por los daños antijurídicos sufridos por Gustavo Adolfo Lora Pedroza, Gustavo Adolfo Lora Villadiego y Pedro Javier Lora Villadiego.
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a Gustavo Adolfo Lora Pedroza y Gustavo Adolfo Lora Villadiego las siguientes sumas:
“A) Por perjuicio material a favor del señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza la suma de $550’722.933.32.
“B) Por perjuicio material a favor del señor Gustavo Adolfo Lora Villadiego la suma de $275’361.466.66.
“TERCERO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.
“CUARTO: Sin costas (….)”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
EL 27 de noviembre de 2009, el señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza, quien dijo actuar en nombre propio y en nombre y representación de su menor hijo, Pedro Javier Lora Villadiego, “hoy fallecido”, así como el señor Gustavo Adolfo Lora Villadiego, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que supuestamente habría incurrido esa entidad al permitir que prescribiera la acción penal en contra del médico ginecólogo Orlando Junior Bustillo Pareja, condenado en primera y segunda instancia por el delito de homicidio culposo y al pago de una “millonaria” indemnización en su favor.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a la entidad accionada a pagarles 2.000 SMLMV por concepto de “violación a los derechos fundamentales a la verdad y a la justicia”; asimismo, por perjuicios materiales, sin explicar la modalidad, se solicitó el pago de 989 SMLMV para el señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza y 460 SMLMV para el señor Pedro Javier Lora Villadiego.
1.1. Hechos
En suma, la parte actora expuso los siguientes:
El 13 de enero de 1998, la señora Mery Georgina Villadiego, luego de iniciar trabajo de parto, ingresó al Hospital Bocagrande S.A. de Cartagena, Bolívar, para ser atendida por su médico ginecólogo personal Orlando Junior Bustillo Pareja.
En horas de la madrugada nació su hijo, Pedro Javier Lora Villadiego, con serios problemas respiratorios, debido al tamaño de su cuerpo y a su peso, “los cuales le impidieron pasar libremente por el canal cérvico-vaginal”.
La situación descrita le ocasionó a la señora Mery Georgina Villadiego “una seria hemorragia post-parto no controlada a tiempo” por el médico Bustillo Pareja, quien incurrió en una “violación en el deber objetivo de cuidado”.
La señora Mery Georgina Villadiego falleció y su hijo, Pedro Javier Lora Villadiego, quedó con graves problemas neurológicos; además, se vio obligado a vivir una existencia “seudo-vegetativa por incapacidad absoluta para valerse por sí mismo; todo lo cual se habría podido evitar a tiempo mediante una oportuna cesárea”. El menor Pedro Javier Lora Villadiego falleció el “10 de noviembre de 2006”.
El señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza radicó una denuncia penal por esos hechos y la Fiscalía General de la Nación adelantó la investigación correspondiente; esta institución, mediante providencia del 31 de marzo de 2003, profirió resolución de acusación en contra del médico Orlando Junior Bustillo Pareja por los delitos de homicidio y lesiones personales culposas. Esta decisión se confirmó, en segunda instancia, el 26 de junio de 2003.
A partir del 26 de junio de 2003, el Juez 4 Penal del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Bolívar tenían un “plazo legal y razonablemente suficiente” de 5 años para dictar sentencia de primera y de segunda instancia, así como para resolver el eventual recurso de casación.
El Juzgado 4 Penal del Circuito de Cartagena dictó sentencia condenatoria el 12 de junio de 2006 en contra del señor Orlando Junior Bustillo Pareja y lo condenó, junto con el Hospital Bocagrande S.A., a pagar en favor del señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza la suma de 989 SMLMV y 460 SMLMV para el señor Gustavo Adolfo Lora Villadiego.
Esta decisión fue objeto del recurso de apelación y el 12 de febrero de 2008 la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Bolívar, la confirmó.
En contra de esta providencia se radicó el recurso extraordinario de casación, que no se tramitó porque el tribunal referido, mediante auto del 13 de agosto de 2008, decretó la prescripción de la acción penal.
Los demandantes advirtieron en diferentes oportunidades a las autoridades judiciales mencionadas sobre la posibilidad de que prescribiera la acción penal y, a pesar de esto, permitieron que sucediera, situación que les ocasionó un daño antijurídico, en la medida en que no pudieron cobrar ejecutivamente las sumas de dinero que se decretaron en su favor por concepto de indemnización de perjuicios, puesto que las sentencias penales no cobraron ejecutoria.
2. Trámite de primera instancia
2.1. Admisión de la demanda y notificación
La demanda se admitió mediante auto proferido el 13 de mayo de 2010, decisión que fue notificada a la Rama Judicial, así como al Ministerio Público.
2.2. Contestación de la demanda
La Rama Judicial indicó que en el presente caso no se demostró la existencia de un daño antijurídico ni la falla en el servicio, porque con las actuaciones de los funcionarios judiciales que intervinieron dentro del proceso penal no resultaron afectados los demandantes.
Explicó que no se cumplieron los requisitos que la Corte Constitucional indicó en la sentencia C-037 de 1996 y que son necesarios para que se configure la responsabilidad del Estado por una falla en la Administración de la Justicia, tales como “una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”.
En último lugar, propuso las siguientes excepciones: i) carencia del derecho que se invocó e inexistencia de la obligación, dado que los argumentos de la demanda carecían de sustento jurídico y porque las providencias cuestionadas “se produjeron con base en lo dispuesto expresamente en la Constitución y la ley”; ii) la innominada.
2.3. Etapa probatoria y alegatos de conclusión
A través de providencia del 31 de agosto de 2010, el Tribunal a quo decretó las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, por auto del 19 de noviembre de ese mismo año corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
El demandante reiteró los argumentos de la demanda, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
En sentencia del 14 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones de la demanda. Sobre el particular sostuvo que, de conformidad con los artículos 228 de la Constitución Política y 4 de la Ley 270 de 1996, la Rama Judicial se encontraba en la obligación de cumplir pronta y eficazmente los términos procesales.
Señaló que dicha entidad incurrió en una falla del servicio, porque de las pruebas obrantes en el expediente se desprendía que conocía del peligro que se corría si no le impartía un trámite ágil al proceso penal objeto de la demanda, en especial, en la segunda instancia, puesto que se podía configurar la prescripción de la acción penal, como en efecto sucedió.
Explicó que en el plenario no se demostró la existencia de una causal que justificara la omisión por el retardo en que incurrió la entidad demandada, la cual, en la contestación de la demanda, se limitó a indicar que su actuación se ajustó a la legalidad “cuando lo que se discutía en el presente proceso no era legalidad de la actuación como tal, sino el retardo en realizar la misma”.
Indicó que el daño antijurídico se encontraba probado, pues los demandantes, en su condición de parte civil, con la prescripción de la acción penal, perdieron la posibilidad de ser resarcidos, por lo cual la condena en este proceso debía corresponder a las sumas de dinero que se ordenaron pagar en su favor en las sentencias penales.
Manifestó que en la sentencia penal de segunda instancia, que modificó la de primer grado, se condenó al pago de 1.449 SMLMV en favor de los hoy demandantes; es decir, que esta suma “debía distribuirse en partes iguales”; igualmente, que ese monto debía convertirse al valor del salario mínimo vigente “a la fecha de la presente providencia, por resultar dicha conversión más favorable” (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“Es decir que, 989 smlmv equivalen a 529’708.400 y que 460 smlmv equivalen a $246’376.000, para un valor total de $826’084.400, el cual dividido entre tres (3) arroja una suma de $275’361.466.66, que es entonces el valor que corresponde reconocer a cada uno de los demandantes”.
Aclaró que en el presente caso el señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza se encontraba legitimado para demandar en favor de su menor hijo fallecido a los siete años de edad, Pedro Javier Lora Villadiego (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[C]omo se desprende del registro civil y de defunción allegados al expediente. Que conforme a las reglas de la experiencia a la sana crítica es evidente que, a la edad de 7 años el menor Pedro Javier Lora Villadiego no tenía descendencia, razón por la cual de conformidad con lo previsto en el Art. 1046 del C.C., el único llamado a heredar es su padre, el señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza. Razón por la cual, la parte correspondiente al menor fallecido será reconocida al señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza como heredero de aquel”.
En último lugar, negó el reconocimiento de los perjuicios morales, por cuanto no se demostraron en el proceso.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
La Rama Judicial manifestó que en el proceso no “aparece (…) la demostración objetivada de los daños antijurídicos” y que, además, no se acompañó prueba alguna de la investigación penal en contra del funcionario judicial de conocimiento “escenario propicio para ello”.
Explicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, al estudiar el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, señaló que el error jurisdiccional debía ser analizado desde una perspectiva funcional; desde la cual el juez, por mandato del artículo 228 de la Constitución Política, tenía autonomía y libertad para interpretar los hechos sometidos a su conocimiento y para aplicar las normas que juzgara apropiadas; de esta manera, la falla en la Administración de Justicia no debía corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de su libre interpretación jurídica; por el contrario, tenía que enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso.
Sostuvo que las pretensiones del demandante no guardaban relación con esa jurisprudencia, “de allí que el perjuicio no es antijurídico y por lo mismo la administración no está obligada a responder”.
Destacó que la prescripción de la acción penal “se dio, entre otras razones, por la complejidad del asunto que se debatía en el proceso penal, como era probar el delito culposo cometido por el doctor Orlando Junior Bustillo Arrieta”.
En último lugar, explicó que se ratificaba en las excepciones que propuso en la contestación de la demanda, estas son, carencia del derecho que se invocó e inexistencia de la obligación que se demandó.
3. Trámite de segunda instancia
Mediante providencia del 14 de febrero de 2013 se admitió el recurso de apelación y el 7 de marzo del mismo año se corrió traslado para alegar de conclusión.
El Ministerio Público presentó su concepto y solicitó que se confirme la sentencia objeto del recurso de apelación, puesto que la Rama Judicial no demostró, a pesar de tener esas pruebas en su poder, la complejidad del asunto dentro del que permitió que prescribiera la acción penal, así como su diligencia, el comportamiento del recurrente en el proceso, la forma como este se tramitó y el volumen de trabajo del despacho de conocimiento. Agregó que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“En suma, en el presente caso se dan los elementos indicados por la jurisprudencia del Consejo de Estado como son: i) la culpa del agente (que no fue desvirtuada por la Rama Judicial), ii) la pérdida de la oportunidad, que se concreta en la terminación del proceso penal por prescripción de la acción y iii) la aleatoriedad del resultado que hubiere obtenido el demandante, si bien con una probabilidad real de éxito”.
Finalmente, solicitó que se le recordara a la Rama Judicial la necesidad de iniciar una demanda de repetición en contra de los funcionarios judiciales que tramitaron el proceso penal y que permitieron su prescripción.
La Rama Judicial y los demandantes no intervinieron durante esta oportunidad procesal.
Encontrándose el proceso para resolver el recurso de apelación, el 8 de mayo de 2013, el 23 de agosto de ese mismo año y el 6 de noviembre de 2015, el apoderado de los demandantes solicitó que se convocara a una audiencia de conciliación; el magistrado sustanciador de la época, mediante autos del 28 de mayo de 2013 y del 30 de noviembre de 2015, accedió a las peticiones y las diligencias se llevaron a cabo el 22 de agosto de 2013, el 3 de octubre de ese mismo año y el 25 de febrero de 2016; la Rama Judicial manifestó no tener ánimo conciliatorio, por lo que se declararon fallidas.
La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.
IV. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia de la Sala
A la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.
2. Oportunidad de la acción
El Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al asunto en cuestión), en su artículo 136.8, consagraba un término de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impedía solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
En este asunto se demandó a la Rama Judicial por el supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por mora judicial, en el que habría incurrido y que se hizo evidente en el proveído del 13 de agosto de 2008, por medio del cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena declaró prescrita la acción penal dentro del proceso que por los punibles de homicidio culposo y lesiones personales culposas adelantó en contra del señor Orlando Junior Bustillo Pareja.
Así las cosas, la caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria de esa providencia, la cual ocurrió el 5 de septiembre de 2008, de modo que el último plazo para ejercer el derecho de acción, en término, feneció el 6 de septiembre de 2010 y como la demanda se radicó el 27 de noviembre de 2009, se concluye que fue oportuna.
3. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
3.1. Legitimación en la causa de los demandantes
El señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza, quien dijo actuar en nombre propio y en nombre y representación de su menor hijo, Pedro Javier Lora Villadiego, “hoy fallecido”, así como el señor Gustavo Adolfo Lora Villadiego son los demandantes en este asunto, en cuanto promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
Respecto de la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que esos ciudadanos se constituyeron como parte civil, en su condición de víctimas, dentro del proceso penal en el cual se habría cometido el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y que, en su favor, se decretó el pago de una indemnización, por lo que les asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como afectados directos del supuesto daño antijurídico alegado en la demanda.
Como ya se anotó, el señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza demandó a la Rama Judicial en nombre propio y en representación de su menor hijo, Pedro Javier Lora Villadiego, quien, para la fecha de la presentación de la demanda —27 de noviembre de 2009— había fallecido; circunstancias que se encuentran probadas, pues se aportaron sus registros civiles de nacimiento y de defunción; en estos se observa que su madre fue la señora Mery Georgina Villadiego Hamón, quien murió en su parto, hechos por los que se radicó la denuncia que originó el proceso penal en el que prescribió la acción penal; del mismo modo, que su padre fue el mencionado Gustavo Adolfo Lora Pedroza.
La muerte del menor ocurrió el 10 de noviembre de 2005 a la edad de 7 años, cabe anotar que, según se extrae del proceso penal, él nació con alteraciones neurológicas.
Bajo este estado de cosas, la Sala considera que el señor Lora Pedroza se encuentra legitimado para reclamar, en nombre de su menor hijo fallecido, la indemnización de los daños que la prescripción de la acción penal le hubiese podido ocasionar; pues es claro que, de conformidad con los artículos 1040 y 1046 del Código Civil, ostenta la condición de heredero.
A este respecto, la Sala comparte las apreciaciones que la primera instancia realizó sobre el particular, en cuanto concluyó que por la corta edad del menor, de conformidad con las reglas de la experiencia, no tenía descendencia, de tal manera que resultaba natural que su padre le heredara, como su ascendiente más próximo.
Cabe aclarar que la Subsección, mediante sentencia del 14 de marzo de 2018, confirmó la providencia de primera instancia que declaró la existencia de una falta de legitimación en la causa por activa, dado que, en ese proceso, la demandante, en su condición de madre de la víctima del daño, quien, para la fecha de presentación del libelo introductorio había fallecido, no demostró ser su heredera (se transcribe de forma literal):
“En el proceso no se estableció en modo alguno si existían o no otros herederos de Edwin Albeiro Rojo Restrepo, así como tampoco se definió si este tenía cónyuge o compañera(o) permanente con el que hubiere podido constituir una sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Sobre el particular, el artículo 1040 del Código Civil preceptúa que ‘son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de estos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar’”.
“No obstante, en la sucesión intestada los hijos integran el primer orden hereditario y, por tanto, excluyen a otros herederos, sin perjuicio de la porción conyugal (art. 1045 C.C.), lo cual significa que de tener hijos y no haber hecho testamento el causante, la demandante, en calidad de madre, no recibiría herencia”.
La Subsección debe exponer que el presente asunto difiere de la situación fáctica que se presentó en la sentencia transcrita, porque en esta última el ciudadano que falleció tenía la condición de mayor de edad y no se demostró si tenía hijos y/o esposa, quienes habrían desplazado a la demandante en un eventual proceso de sucesión; es decir, a su madre, por lo cual, ella tenía la obligación ineludible de acreditar su condición de heredera.
En el caso sub examine, como ya se explicó, se trata de un padre que demandó en nombre de su menor hijo, muerto a los 7 años, respecto de quien se debe entender que por su corta edad no tenía hijos ni esposa, de tal manera que sería su progenitor el llamado a heredarle.
3.2. Legitimación de la demandada
En el caso bajo estudio, las omisiones invocadas a título de causa petendi en el escrito inicial permiten concluir que la Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.
En relación con su legitimación material, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita definir si existió o no una participación efectiva de esa entidad en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.
4. El objeto del recurso de apelación
La Sala deberá examinar si con la declaratoria de prescripción de la acción penal por parte de Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en providencia del 13 de agosto de 2008, dentro del proceso que se le siguió al señor Orlando Junior Bustillo Pareja por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, se le ocasionó un daño antijurídico a los demandantes y se hizo evidente la configuración de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por mora judicial.
Para tales efectos, se deberá determinar si en el sub lite se encuentran acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial del Estado, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico; ii) la imputación del daño a la acción u omisión de las entidades demandadas.
5. Estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación formulado por la parte demandada
En ese estado de cosas, la Sala procederá, en primer lugar, a relacionar, en cuanto importa para resolver el recurso de apelación, los hechos que se encuentran probados dentro del plenario. Así:
5.1. Hechos probados
Se debe precisar que el expediente penal no se anexó completo al presente caso, a pesar de que la primera instancia requirió a los jueces que lo tramitaron y quienes lo tenían en su poder; bajo ese contexto, la omisión descrita le es imputable a la Rama Judicial.
— El señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza, en nombre propio y en representación de sus menores hijos Gustavo Adolfo Lora Villadiego y Pedro Javier Lora Villadiego, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del médico Orlando Junior Bustillo Pareja por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas. Los hechos se describieron así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[E]n el Hospital de Bocagrande de la ciudad de Cartagena (Bolívar), en la madrugada del 14 de enero de 1998, cuando la señora Mery Georgina Villadiego Hamón de 31 años de edad ingresó a ese establecimiento médico para que le atendieran el parto; fue así como una vez evaluada por la médico de turno María José Guerrero a eso de la media noche, quien al verificar que presentaba 8 centímetros de dilatación, procedieron a comunicarse telefónicamente con la vivienda del médico Gineco - Obstetra, doctor Orlando Junior Bustillo Pareja para que atendiera a la parturienta, toda vez que era su médico particular.
“Efectivamente el galeno se hizo presente en las instalaciones del Hospital, encontrando según él a la paciente en trabajo de parto con una dilatación de solo 3 centímetros, por lo que ordenó trasladarla a la habitación y prepararla, no obstante que se quejaba de fuertes dolores, para luego al cabo de 20 o 30 minutos la paciente manifestar tener sensación de pujo, esto es, ya había iniciado el proceso expulsivo, razón por la cual de inmediato se le llevó hasta la sala de partos, donde nació el bebé en mal estado de salud, pues presentó serios problemas respiratorios que a la postre le generaron secuelas irreversibles de una encefalopatía hipóxica, caracterizada por daño cerebral difuso.
“Seguidamente la parturienta fue trasladada hasta su habitación encontrándose pálida, fría y sudorosa, para luego verificar la enfermera que a la paciente se le bajó la presión arterial, por lo que requirió la presencia del médico, quien previa valoración, la trasladó nuevamente a la sala de partos, donde se le efectuaron varios procedimientos médicos en procura de tratar de estabilizarla con resultados negativos, falleciendo la paciente sobre las 5:00 de la mañana”.
— Durante el trámite de la investigación penal, los hoy demandantes se constituyeron, en su condición de víctimas, como parte civil, a fin de obtener la indemnización por los daños y perjuicios que, al parecer, padecieron; la demanda se presentó en contra del médico Orlando Junior Bustillo Pareja y del Hospital de Bocagrande S.A., la cual fue aceptada por el fiscal del caso en proveído del 31 de mayo de 2000.
— La Fiscalía General de la Nación, mediante auto del 10 de marzo de 1999, ofició al Director Administrativo de Tránsito de la ciudad de Cartagena para que se abstuviera de inscribir cualquier tipo de negociación respecto de un vehículo propiedad del señor Orlando Junior Bustillo Pareja; asimismo, requirió a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa misma ciudad, con el objeto de que dejara “fuera del comercio” un inmueble que también figuraba a su nombre.
El 23 de abril de 1999, la Oficina de Tránsito de Cartagena le indicó a la Fiscalía General de la Nación que el vehículo descrito no figuraba en sus bases de datos; a su vez, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad, a través de un oficio radicado ante el ente investigador el 23 de abril de 1999, le informó que la medida respecto del bien inmueble se había inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.
— El 31 de marzo de 2003, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación en contra del señor Bustillo Pareja “como coautor y presunto responsable de la conducta de homicidio culposo en la humanidad de la señora Mery Georgina Villadiego Hamón, en concurso con la infracción penal de lesiones personales culposas, por las infringidas al nasciturus”.
— La entidad mencionada, mediante resolución del 26 de junio del mismo año, en segunda instancia, confirmó esa determinación.
— El 30 de septiembre de 2003, el proceso le fue repartido para su conocimiento al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, Bolívar, que realizó la audiencia preparatoria el 3 de julio de 2004, en la cual, entre otras cosas, negó el decreto de algunas pruebas solicitadas por la defensa del implicado; decisión que se recurrió en apelación, la cual se resolvió por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de esa misma ciudad el 24 de agosto de 2004.
— El apoderado de los hoy demandantes le solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, Bolívar, que procediera a agilizar el trámite procesal, porque se podría correr el riesgo de que se configurara la prescripción de la acción penal. Estos oficios son de las siguientes fechas: 12 de agosto y 21 de septiembre de 2004, 28 de marzo, 29 de junio y 8 de agosto de 2005, 13 de enero y 17 de abril de 2006.
— El 12 de junio de 2006, el Juzgado en cita dictó la sentencia de primera instancia y condenó al señor Orlando Junior Bustillo Pareja como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, a la pena principal de 35 meses de prisión; del mismo modo, condenó al mencionado procesado y al tercero civilmente responsable Hospital de Bocagrande S.A. al pago “de los perjuicios causados con el delito, por lo tanto en lo que hace relación a la señora Mery Georgina Villadiego Hamón, en (…) 989 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y en cuanto al menor Pedro Javier Lora Villadiego un total de (460) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes”.
— En contra de esa decisión, el procesado, el Hospital de Bocagrande S.A. y la parte civil interpusieron sendos recursos de apelación.
— El proceso llegó a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 19 de julio de 2006, el reparto se realizó el 27 de julio y pasó al despacho del magistrado ponente el 1 de agosto del mismo año.
— El apoderado de la parte civil le advirtió al magistrado ponente que la acción penal podía prescribir si el proceso no se resolvía de forma célere, como se observa en los escritos que radicó el 17 de agosto y el 5 de diciembre de 2006, el 11 de enero, el 25 de febrero, el 23 de marzo, el 15 de junio, el 11 y el 24 de septiembre, el 26 de octubre, el 21 de noviembre y el 3 de diciembre de 2007; por ejemplo, en el escrito del 17 de agosto de 2006, señaló (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“Como apoderado de la parte civil, atentamente le solicito:
“1º- No dejar prescribir la acción penal; tenga en cuenta, señor magistrado, que la resolución de acusación de segunda instancia, que confirmó la de primera instancia, tiene fecha junio 26 del año 2003. Lo que quiere decir que la prescripción de la acción penal se consuma el día 26 de junio de 2008. Además, tenga también consideración que la sentencia de segunda instancia tiene recurso de casación discrecional (…)”.
— El 12 de febrero de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Bolívar, Sala Penal, confirmó la condena impuesta en la primera instancia y aclaró que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores)
“[E]l pago solidario de los perjuicios tasados en la sentencia sean realizados por la sociedad Hospital Bocagrande S.A., y adicionarlo, en el sentido de que la condena en daños y perjuicios es a favor del señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza y de sus menores hijos Lora Villadiego, habidos con la señora Mery Georgina Villadiego de Lora, constituidos como parte civil y representados por su padre”.
— El 22 de febrero de 2008, los apoderados del Hospital de Bocagrande S.A. y del señor Bustillo Pareja radicaron, en contra de la sentencia anotada, el recurso extraordinario de casación; por su parte, el 27 del mismo mes y año, el condenado solicitó la aclaración y complementación de la sentencia.
— El 25 de marzo de 2008, el tribunal citado no accedió a las solicitudes de aclaración y complementación; asimismo, ordenó que se le corriera traslado a los recurrentes por el termino de 30 días para que presentaran la demanda de casación. El 2 de abril de 2008, los apoderados del Hospital de Bocagrande S.A. y del señor Bustillo Pareja radicaron dos recursos de reposición en contra de esa decisión y en esa misma fecha el tribunal los negó por improcedentes.
— El 3 de abril de 2008, el tribunal corrió traslado para que los recurrentes presentaran la demanda de casación; en contra de esa decisión, el 4 de abril de 2008, los apoderados del Hospital de Bocagrande S.A. y del señor Bustillo Pareja radicaron dos recursos de reposición; estos mismos sujetos procesales, mediante escritos del 27 de junio y del 3 de julio de 2008, solicitaron que se decretara la prescripción de la acción penal.
— El proceso ingresó al despacho del magistrado ponente el 3 de julio de 2008, con un informe de la secretaría que indicó, entre otras cosas: “los recurrentes presentaron las demandas de casación el día 16 de mayo y julio 1 del año en curso, respectivamente”.
— Finalmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Bolívar, Sala Penal, a través de providencia del 13 de agosto de 2008, declaró que el 26 de junio de 2008 prescribió la acción penal en favor del señor Orlando Junior Bustillo Pareja y, como consecuencia, decretó el cese del procedimiento que se le seguía.
En vista de lo probado dentro del plenario, la Sala procederá a examinar, en línea con los argumentos del recurso de apelación, si dentro del presente caso se encuentra demostrado un daño antijurídico y si este le es imputable a la Rama Judicial.
5.2. El daño antijurídico
El primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad Estatal es la existencia del daño, el cual, además, debe ser antijurídico, dado que constituye un elemento necesario de la responsabilidad, toda vez que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación hay lugar a explorar la posibilidad de imputación del mismo al Estado.
En este sentido la Sala ha discurrido así:
“[P]orque a términos del art. 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona de derecho público.
“La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión”.
En época más reciente, sobre el mismo aspecto se señaló:
“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.
“En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que ‘es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”.
Como ya lo ha precisado esta Sala de Subsección respecto del daño, este debe ser cierto, es decir, “no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas”. Así pues (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“[L]a sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo”.
En este caso, los demandantes manifestaron que el daño antijurídico les fue ocasionado por la Rama Judicial, dado que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante providencia del 13 de agosto de 2008, declaró prescrita la acción penal en favor del señor Orlando Junior Bustillo Pareja, por los delitos de homicidio y lesiones personales culposas, prescripción que, a su modo de ver, les impidió cobrar las sumas de dinero que dentro de las sentencias penales condenatorias de primera y de segunda instancia se había ordenado pagarles, a título de indemnización, por los daños y perjuicios que padecieron.
El daño antijurídico, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño es antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal y; iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura.
En el sub lite se encuentran acreditados esos elementos, por las razones que se pasan a exponer.
5.2.1. La pérdida de la oportunidad de obtener el pago de la indemnización
Esta Subsección ha venido considerando desde tiempo atrás que, cuando se demanda la existencia un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque la acción penal prescribió, la parte civil que se había constituido debe demostrar, para que el daño sea cierto que, como consecuencia de la prescripción de la acción penal, perdió la oportunidad de ser reparada por los perjuicios ocasionados tras la comisión de un delito; con ese propósito, el fallador debe verificar la ocurrencia de tres requisitos, a saber (se transcribe de forma literal):
“(i) Certeza respecto de la existencia de una oportunidad que se pierde, aunque la misma envuelva un componente aleatorio, lo cual significa que esta modalidad de daño da lugar a un resarcimiento a pesar de que el bien lesionado no tiene la entidad de un derecho subjetivo -pues se trata de un mero interés legítimo, de la frustración de una expectativa, sin que ello suponga que se trata de un daño puramente eventual- (…).
“(ii) Imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento, vale decir, la probabilidad de obtener la ventaja debe haberse convertido en inexistente, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en indebida; lo expuesto se antoja lógico en la medida en que si el resultado todavía puede ser alcanzado, el ‘chance’ aún no estaría perdido y nada habría por indemnizar (…).
“(iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es decir que debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en una situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba (…)” .
En lo que refiere al segundo de los criterios mencionados –imposibilidad definitiva de obtener la reparación del daño-, la Sala, en su jurisprudencia, explicó que, para los delitos cometidos en vigencia de los artículos 108 y 109 del Decreto Ley 100 de 1980, la prosperidad de la demanda de reparación directa estaba supeditada a que la parte demandante acreditara que, una vez prescrita la acción penal, también había ocurrido lo mismo con la acción civil; de no haber sido así, la pérdida de la oportunidad no surgiría, porque la parte actora habría podido acudir al juez civil a solicitar el pago de los daños y perjuicios ocasionados con el punible y, por tanto, se estaría frente a un daño incierto e hipotético y no indemnizable.
Al respecto, la Sección Tercera, Subsección A de la Corporación, en sentencia del 30 de enero de 2013 –reiterada en lo sucesivo–, explicó lo siguiente (se transcribe de forma literal):
“(…) En el caso que compete analizar a la Sala en esta oportunidad, la parte actora alega que el fundamento del deber de reparar del Estado se deriva de la imposibilidad en que quedó el demandante de obtener la reparación de los perjuicios que alega le fueron causados, por cuanto por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia no podrá ver restablecidos sus derechos patrimoniales por la conducta delictual del señor (…).
“(…) El Código Penal de 1980, contenido en el Decreto-ley 100 de 1980, norma aplicable al momento de ocurrencia de los hechos, reguló de manera completa las consecuencias patrimoniales de la comisión de delitos en el Título V.
“(…)Varias reglas se pueden colegir de las normas legales aducidas: en primer lugar resulta claro que la comisión de un hecho punible puede traer consigo efectos patrimoniales respecto de ciertas personas; que éstas cuentan con dos cauces procesales en aras de obtener el resarcimiento de los perjuicios que se les hubieren causado: la acción civil –cuya caducidad es de 20 años si se incoa de manera independente– y la constitución de parte civil en el proceso penal –en cuyo caso, la prescripción se iguala a la de la acción penal–; finalmente se tiene que la extinción de la acción penal no extingue los derechos patrimoniales que se hayan podido producir, los cuales se podrán ventilar ante la jurisdicción ordinaria.
“(…) Dado que en el caso que ocupa a la Sala en esta oportunidad, la preclusión de la investigación tuvo como causa la prescripción de la acción penal, el señor (…) se encontraba facultado por el ordenamiento jurídico para perseguir los perjuicios alegados en un proceso ordinario de carácter civil.
“Lo anterior se debe entender en un todo con lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del Código Penal vigente para la época en que se cometió el aludido presunto delito:
‘ARTICULO 108. PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL. La acción civil proveniente del delito prescribe en veinte (20) años si se ejercita independientemente del proceso penal y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de éste’.
‘ARTICULO 109. OBLIGACIONES CIVILES Y EXTINCION DE LA PUNIBILIDAD. Las causas de extinción de la punibilidad no comprenden las obligaciones civiles derivadas del hecho punible’.
“(…) se tiene que si bien el señor (…) se constituyó como parte civil en el proceso penal adelantado por el presunto delito de Fraude a Resolución Judicial contra el señor (…) y que dicha instrucción terminó con la declaratoria de preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal, el daño alegado por el señor (…) no puede tenerse por cierto en atención a dos razones fundamentales:
“i) La primera razón tiene que ver con el carácter incierto de las resultas del proceso penal surtido contra el señor (….), en efecto, el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación se encontraba en la etapa anterior a la calificación del sumario, es decir en la instrucción del sumario, faltándole todavía la calificación y el juicio (…).
“i) La segunda razón tiene que ver con el hecho de que el señor (…) tuvo la posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil para que, al cabo de un proceso ordinario de responsabilidad extrancontractual, se ordenara el pago de los perjuicios derivados de la conducta del señor (…). Es decir, el solo hecho de la prescripción de la acción penal por Fraude a Resolución Judicial respecto del señor (…) no le da carácter de cierto al daño, puesto que en casos como el presente, se requiere que el particular haya perdido cualquier oportunidad de obtener el resarcimiento solicitado como parte civil en el proceso penal por la conducta activa u omisiva de la entidad pública demandada, lo cual no ocurrió en el sub lite (…)’’’ (se destaca).
Vistas así las cosas, la Sala interpretaba que, para los hechos ocurridos en vigencia del Decreto Ley 100 de 1980, una vez prescribía la acción penal no sucedía lo mismo con la acción civil, de modo que la víctima conservaba la posibilidad de acudir al juez civil a demandar el pago de los perjuicios que se le hubieren podido ocasionar con el punible.
En esta oportunidad, la Subsección reconsiderará esa postura, por las siguientes razones:
El artículo 108 del Decreto Ley 100 de 1980 dispuso que si la acción civil se ejercitaba dentro del proceso penal su prescripción sucedería “en tiempo igual” a la acción penal; entre tanto, el artículo 109 indicó que “las causas de extinción de la punibilidad no [comprendían] las obligaciones civiles derivadas del hecho punible”.
En ese contexto, la Sala entiende que el artículo 109 se refirió a las causales de extinción de la punibilidad, diferentes a la prescripción, dado que, frente a esta última, el artículo 108 estableció una regulación especial, en el sentido de indicar, expresamente, que la prescripción de la acción civil ocurría con la prescripción de la acción penal, siempre que se ejercitaran de manera conjunta en el proceso penal, porque, si se demandaban por separado, las prescripciones serían independientes.
La pérdida de oportunidad en el caso concreto
Bajo los parámetros indicados, la Subsección entrará a estudiar si en el caso sub examine la parte actora demostró los tres presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de oportunidad, así:
i) Que la parte civil del proceso penal tenía la oportunidad de obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una conducta delictiva.
ii) Que la posibilidad de obtener tal reparación se extinguió definitivamente al declararse la prescripción de la acción penal.
iii) Finalmente, que los demandantes se encontraban en una situación “potencialmente apta” para obtener la indemnización de los perjuicios causados.
El primer requisito se encuentra probado –que la parte civil del proceso penal tenía la oportunidad de obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una conducta delictiva–, dado que el 12 de junio de 2006 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena condenó al señor Orlando Junior Bustillo Pareja por los delitos de homicidio y lesiones personales culposas, entre otras cosas, a la pena principal de 35 meses de prisión; asimismo, condenó solidariamente al señor Bustillo Pareja y al Hospital de Bocagrande S.A. al pago de perjuicios materiales en la suma de 1.449 SMLMV en favor de los perjudicados con la conducta punible.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena modificó la decisión mediante sentencia del 12 de febrero de 2008, en el sentido de aclarar que la condena en daños y perjuicios era a favor del señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza y sus dos hijos menores de edad.
Cabe anotar que los hoy demandantes, en su condición de esposo e hijos de la ciudadana que falleció como consecuencia de la conducta penal, estaban constituidos como parte civil dentro de ese proceso.
El segundo de los requisitos también se encuentra satisfecho, en cuanto, como ya se anotó, según el artículo 108 del Decreto Ley 100 de 1980, una vez prescrita la acción penal, la acción civil corría con la misma suerte.
Finalmente, la Subsección estima que también se cumple el tercer presupuesto, es decir, que los demandantes se encontraban en una situación “potencialmente apta” para obtener la indemnización de los perjuicios causados.
En efecto, como se dijo, tanto el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena como la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad condenaron al señor Orlando Bustillos Pareja como autor de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas y le ordenaron que, junto con el tercero civilmente responsable, el Hospital de Bocagrabde S.A., repararan a las víctimas.
Aunado a ello, como se indicó en los hechos probados, dentro del proceso penal se decretó el embargo de un inmueble propiedad del señor Bustillo Pareja con la finalidad de asegurar el pago de los posibles perjuicios surgidos con la comisión del delito.
Por lo expuesto, los aquí demandantes tenían una alta probabilidad de acceder a sus pretensiones indemnizatorias.
Conviene precisar que, si bien es cierto que se ignoraba si se iba a mantener la condena penal y la reparación de los perjuicios a la parte civil después de que la Corte Suprema de Justicia adoptara una decisión de fondo, también lo es que no se tiene la certeza de que el recurso extraordinario de casación promovido por los condenados prosperaría, es más, ni siquiera se sabía si la demanda de casación se tramitaría, pues, tal y como lo establecían los artículos 212 y 213 de la Ley 600 de 2.000, para ello se requería del cumplimiento de unos requisitos formales o de lo contrario se inadmitiría, quedando en firme las decisiones de primera y de segunda instancia adoptadas por los jueces penales de conocimiento.
Entonces, el hecho de que no existiera una decisión penal definitiva y en firme, no se traduce en la inexistencia del daño, por el contrario, como se explicó con anterioridad, es justamente por esa situación y porque la parte civil perdió definitivamente la posibilidad de obtener el reconocimiento de los perjuicios causados por la declaratoria de la prescripción de la acción penal, que se considera que el daño es por pérdida de oportunidad.
Siendo así, para la Subsección es evidente que los hoy demandantes sí se encontraban en una posición idónea para acceder a la indemnización reclamada dentro del proceso penal adelantado contra el señor Orlando Junior Bustillo Pareja y el Hospital de Bocagrande S.A.
En definitiva, se encuentra acreditado el daño alegado, porque la parte actora perdió la oportunidad de que se adoptara una decisión de fondo en el proceso penal en el que actuaron como parte civil y, consecuentemente, de ser indemnizados por la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas del que fueron víctimas.
En último lugar, se debe precisar que ese daño tiene la connotación de antijurídico, imputable a la Rama Judicial, como se pasará a explicar.
5.3. La Imputación
De conformidad con la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, existen tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1) el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y, 3) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.
En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos.
Por su parte, el artículo 29 de la Constitución Política al consagrar la garantía del debido proceso proscribe las dilaciones injustificadas en los trámites tanto administrativos como judiciales y en el artículo 228 ibídem estableció los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. La misma garantía se prevé en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que el juicio sin dilaciones es un elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales.
Respecto de la responsabilidad del Estado derivada de la declaración de prescripción de la acción penal, esta Subsección ha sostenido:
“(…) en lo atinente a la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la preclusión por vencimiento del término de prescripción de una investigación penal y la consecuente imposibilidad para que la víctima del delito obtenga la reparación de los perjuicios presuntamente causados por la comisión del delito investigado, esta Subsección ha considerado que este supuesto se enmarca en la hipótesis consagrada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, es decir, bajo la óptica de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, puesto que, en estos casos, no existe una providencia judicial que se pueda considerar como generadora de un posible y eventual error judicial como tampoco se demanda la privación injusta de la libertad o de algún otro derecho, ni la retención injusta de bienes muebles o inmuebles”.
Pues bien, el artículo 444 del Decreto 2700 de 1991 (norma aplicable) establecía que la etapa de juzgamiento iniciaba cuando quedaba ejecutoriada la resolución de acusación y que, a partir de ese momento, la Fiscalía General de la Nación perdía la dirección de la investigación y adquiría la calidad de sujeto procesal.
A su vez, el artículo 446 de esa norma consagraba que:
“(…) al día siguiente de recibido el proceso, previa constancia secretarial, el expediente quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta días hábiles, para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan originado en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto y las pruebas que sean conducentes”.
Por su parte, el artículo 447 del C.P.P. disponía que si no se declaraba la invalidez del proceso, vencido el término de 30 días hábiles en los cuales el expediente estaría a disposición de las partes, se debía fijar fecha y hora para la audiencia de juicio, sin exceder de diez días hábiles. Además, ese artículo establecía que en esa misma decisión, se decretarían las pruebas que se consideraran procedentes.
Así mismo, el artículo 448 de ese código señalaba que las pruebas decretadas “(…) se practicarán en la audiencia pública, excepto las que deban realizarse fuera de la sede del juzgado o requieran de estudios previos, las cuales se practicarán en el término que fije el juez, el cual no podrá exceder de quince días hábiles”.
El artículo 456 del Decreto 2700 de 1991 indicaba que finalizada la práctica de pruebas y la intervención de las partes en audiencia, el juez debía dictar sentencia dentro de los diez días siguientes.
Por último, el artículo 214 ibídem establecía que, en la segunda instancia, el recurso de apelación debía resolverse en un plazo de 10 días.
Siendo así, se tiene que, en vigencia del Decreto 2700 de 1991, luego de que el juez penal asumía el conocimiento del proceso, es decir, que iniciaba la etapa de juzgamiento, contaba con un período no mayor a setenta y cinco días hábiles para dictar las sentencias de primera y de segunda instancia.
En el caso bajo estudio, la resolución de acusación quedó en firme el 26 de junio de 2003; posteriormente, el 12 de junio de 2006, se dictó la sentencia de primera instancia y, el 12 de febrero de 2008, la de la segunda; finalmente, el 13 de agosto de 2008 se declaró la prescripción de la acción penal, sin que se decidiera si se concedía o no el recurso de casación que se radicó en contra de la providencia del 13 de agosto de 2008.
Entonces, es evidente que, desde que se calificó el mérito del sumario y hasta que se emitió la sentencia de primera instancia, se sobrepasó en exceso los 65 días hábiles que establecía el Decreto 2700 de 1991 para adoptar una decisión de fondo; lo mismo sucedió con los 10 días que, según la norma referida, tenía el juez colegiado para decidir la segunda instancia, lo que contribuyó necesariamente a que el 13 de agosto de 2008 se declarara la ocurrencia de la prescripción de la acción penal.
Por ende, a juicio de la Sala, la Rama Judicial incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial, lo que impidió que quedara en firme la decisión adoptada en el proceso penal adelantado contra el señor Orlando Junior Bustillo Pareja y el Hospital de Bocagrande S.A. y que se reconocieran los perjuicios a las víctimas del delito, es decir, a los aquí demandantes.
Conviene precisar que esta Corporación ha establecido que existen algunas situaciones que pueden llegar a justificar el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido impulsado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora.
En el presente caso, la Rama Judicial no aportó ningún medio de prueba para acreditar las anteriores situaciones; por el contrario, se probó que el apoderado de la parte civil, a lo largo del proceso penal en cuestión, tanto en la primera como en la segunda instancia, de forma insistente, le hizo saber a los jueces penales que el proceso podía prescribir, por lo que era necesario que se le impartiera un trámite ágil, lo que no ocurrió.
De esta manera, en este asunto no se hizo efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, que, según lo considerado por la Corte Constitucional (se transcribe de forma literal):
“(…) conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste sea resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados”.
Por otra parte, se debe mencionar que, pese a que la parte actora solicitó que se oficiara a la Rama Judicial para que se allegara copia del proceso penal adelantado contra el señor Orlando Junior Bustillo Pareja y así se ordenó en el auto de pruebas, lo cierto es que al proceso de reparación directa no se allegó la totalidad del expediente penal para que de su análisis se pudiera descartar que fue la inactividad del Despacho Judicial lo que generó la mora judicial y, consecuentemente, la declaración de la prescripción de la acción penal.
En definitiva, la Subsección estima que la Rama Judicial deberá responder a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial injustificada, habida cuenta de que, se reitera, incumplió los términos que establecía el C.P.P. vigente para la época de los hechos y ello contribuyó a que se declarara la prescripción de la acción penal.
6.- Liquidación de perjuicios
Se precisa que, si bien el ente demandado presentó el recurso de apelación sobre la base de la ausencia de responsabilidad, lo cierto es que esta comprende la estimación de los perjuicios efectuada por el Tribunal, por lo que se entenderá que la misma sí fue objeto de cuestionamiento por parte de la mencionada entidad.
Lo anterior con fundamento en la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Sección, providencia en la cual se unificó el criterio respecto de la competencia del juez de segunda instancia, para lo cual se expusieron, entre otras, las siguientes consideraciones:
“(…) Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada (…)” (se destaca).
De conformidad con lo expuesto, la Subsección entrará a analizar si los reconocimientos económicos efectuados por el Tribunal a quo a favor de los actores deben o no mantenerse.
6.1.- Perjuicios derivados de la pérdida de la oportunidad
La jurisprudencia de esta Subsección ha señalado que, como la pérdida de oportunidad constituye un perjuicio autónomo, que, en este caso, deviene de la imposibilidad de acceder a los perjuicios reclamados por los aquí demandantes como parte civil dentro del proceso penal promovido contra el señor Orlando Junior Bustillo Pareja y el Hospital de Bocagrande S.A., la cuantía se valora de acuerdo con el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998:
“5.- Indemnización de perjuicios.
“Toda vez que no obran en el expediente más elementos probatorios que puedan ser valorados con miras a establecer, con fundamento en criterios técnicos, estadísticos y apoyándose en información objetiva y contrastada, la cuantía del daño que por concepto de pérdida de oportunidad le fue irrogado a la parte demandante, la Sala acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico ─artículo 16 de la Ley 446 de 1998─ impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable ─por no decir que materialmente imposible─ recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar.
“5.1.- Perjuicios derivados de la pérdida de la oportunidad de la víctima directa.
“(…) la Sala no se pronunciará respecto de los perjuicios materiales solicitados en la demanda, comoquiera que ellos derivan de la muerte de la víctima directa, motivo por el cual se reconocerá, con fundamento en el principio de equidad antes mencionado, una suma genérica para cada demandante, habida cuenta que cada uno de ellos demostró su interés para demandar dentro de este proceso y su consiguiente legitimación en la causa por activa dentro del mismo” (se destaca).
Este reconocimiento, se insiste, surge de la dificultad de indemnizar con base en datos estadísticos o exactos de cuya prueba adolecen casos como el que se examina, razón por la cual se acude al criterio de equidad (artículo 16 de la Ley 446 de 1998), con el fin de evitar condenas en abstracto, como ya lo ha hecho esta Subsección en casos de indemnización del perjuicio autónomo de la pérdida de la oportunidad.
Respecto de la liquidación de perjuicios en un caso igual al que ahora se analiza, esto es, en el que se condenó al Estado por la pérdida de oportunidad generada con ocasión de la declaratoria de la prescripción de la acción penal, la Subsección B de esta Sección señaló:
“En este caso, dado que se demostró que el señor (…) fue encontrado penalmente responsable del delito de homicidio culposo y a que no se probó por la parte demandada que el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia condenatoria tenía vocación de éxito, la Sala considera que los actores tenían una altísima probabilidad de percibir las indemnizaciones que fueron fijadas en las sentencias proferidas por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia. Esta probabilidad se estima en un 90% ante la imposibilidad de determinar científica o estadísticamente su valor exacto.
“48. Entonces, habida cuenta de que el Juzgado Único del Circuito de Calarcá, en decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, reconoció a favor (…) y sus dos hijos (…) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de los hechos, equivalentes a $14 212 500, la Sala considera que la indemnización que corresponde a estos tres demandantes es el 90% de este valor ($12 791 250), el cual será actualizado ($51 868 519) y repartido en partes iguales entre cada uno de ellos ($17 289 506).
“(…)”.
En el caso bajo estudio, se estableció que, por fallo del 12 de junio de 2006, el Juzgado Cuarto Penal de Cartagena condenó al señor Bustillo Pareja y al Hospital de Bocagrande S.A. al pago “de los perjuicios causados con el delito, por lo tanto en lo que hace relación a la señora Mery Georgina Villadiego Hamón, en (…) 989 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y en cuanto al menor Pedro Javier Lora Villadiego un total de (460) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes”.
En la sentencia de segunda instancia del 12 de febrero de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal, dio a entender que la condena se pagaría a los demandantes en partes iguales (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores)
“(L)a condena en daños y perjuicios es a favor del señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza y de sus menores hijos Lora Villadiego, habidos con la señora Mery Georgina Villadiego de Lora, constituidos como parte civil y representados por su padre”.
A juicio de la Sala, al igual que en el caso analizado por esta Corporación en el pronunciamiento trascrito, en el presente asunto los actores tenían una alta probabilidad de percibir las indemnizaciones fijadas en las sentencias penales de primera y segunda instancia, aunque no se tenga certeza de que el recurso extraordinario de casación promovido por los condenados se concedería y si prosperaría.
Siendo así, en atención a esa probabilidad, para la Subsección, se deberá reconocer, por concepto del daño consistente en la pérdida de la oportunidad, a cada uno de los demandantes, el equivalente al 60% de lo que, en principio, se les reconoció en el proceso penal como indemnización integral (1.449 s.m.l.m.v.).
En efecto, la Sala reconocerá a los señores Gustavo Adolfo Lora Pedroza y Gustavo Adolfo Lora Villadiego 289.8 s.m.l.m.v., para cada uno, que corresponde al 60% de la suma reconocida por los jueces penales por concepto de reparación integral.
Los 289.8 s.m.l.m.v. que le corresponden al menor Pedro Javier Lora Villadiego, quien, como ya se explicó, falleció antes de la presentación del sub lite, se le asignarán a su padre, el señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza, pues, según se indicó en el acápite de legitimación en la causa, al morir a los 7 años, su padre era el llamado a heredarle.
7. Condena en costas
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 14 de octubre de 2011, la cual quedará así:
1. DECLARAR a la Nación – Rama Judicial patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a los demandantes por haber perdido la oportunidad de obtener, dentro del proceso penal, la indemnización de los perjuicios que sufrieron por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas de los que fueron víctimas.
2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar, por concepto de pérdida de oportunidad, al señor Gustavo Adolfo Lora Pedroza el equivalente a 579,6 s.m.l.m.v. y al señor Gustavo Adolfo Lora Villadiego el equivalente a 289.8 s.m.l.m.v.
3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
4. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que se encuentre reconocido en la actuación.
6. SIN condena en costas.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 27 y 196 del cuaderno 1. De conformidad con el poder obrante en los folios 1 y 2 del cuaderno 1. Folio 201 del cuaderno 1. Folio 204 del cuaderno 1. Folio 201 vuelto del cuaderno 1. Folios 205 a 212 del cuaderno 1. Folios 218 y 219 del cuaderno 1. Folio 226 del cuaderno 1. Folios 227 a 229 del cuaderno 1. Folios 266 a 287 del cuaderno de segunda instancia. Folios 289 a 296 del cuaderno de segunda instancia. Folios 329 a 332 del cuaderno de segunda instancia. Folio 334 del cuaderno de segunda instancia. Folios 336 a 344 del cuaderno de segunda instancia. Folios 347, 367 y 385 del cuaderno de segunda instancia. Folios 350 a 351 y 386 del cuaderno de segunda instancia. Folios 363 a 366, 369 a 370 y 395 a 397 del cuaderno de segunda instancia. Folios 850 a 852 y 866 a 868 del cuaderno de segunda instancia. Acuerdo 58 de 1999, dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado y modificado por los siguientes Acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015; ix) 306 de 2015 y x) 269 A de 2017. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…) 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. La constancia de ejecutoria obra en el folio 369 vuelto del cuaderno de pruebas 2. Folios 27 y 196 del cuaderno 1. Cabe anotar que, según lo certificó la Procuraduría General de la Nación, la parte actora agotó el trámite de la conciliación extrajudicial, la solicitud respectiva se radicó el 20 de mayo de 2009 y la constancia de no acuerdo se expidió el 11 de agosto del mismo año; durante el lapso descrito, el termino de caducidad se suspendió (folio 69 del cuaderno 1). El mencionado menor nació, según el registro civil que obra en el folio 67 del cuaderno 1, el 14 de enero de 1998. Folio 68 del cuaderno 1.
“ARTICULO 1040. <PERSONAS EN LA SUCESION INTESTADA>. <Artículo subrogado por el artículo 2o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:>
“<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de éstos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.
“ARTICULO 1046. <SEGUNDO ORDEN HEREDITARIO - LOS ASCENDIENTES DE GRADO MAS PROXIMO>.<Artículo modificado por el artículo 5o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente:>
“<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas” (se destaca). Radicado No 05001-23-31-000-2004-04194-01(40175). M.P. María Adriana Marín. Cita textual del fallo: “La expresión 'cónyuge' subrayada fue declarada exequible de forma condicionada, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-238 del 22 de marzo de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, bajo el entendido que ‘ella comprende al compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó con el causante, a quien sobrevive, una unión de hecho’”. Según se observa en los oficios obrantes a folios 220 y 221 del cuaderno 1. Sobre este punto, se debe indicar que el abogado de los demandantes allegó las copias del expediente penal al sub lite y manifestó: “(…) respetuosamente me permito aportar la totalidad del expediente penal que contiene el proceso penal con radicado No. 0199 de 2003, debidamente autenticado en todos sus folios por el Dr.
Leonardo Larios, en su calidad de Secretario de la Sala Penal del Tribunal de Cartagena” (folio 223 del cuaderno 1). La manifestación referida se corrobora con la constancia que obra a folio 162 del cuaderno de pruebas 2, en la que el secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena sostuvo: “Doctor: Miguel Yacaman Yidi (…) Mediante el presente le estamos remitiendo el proceso penal seguido en contra de Orlando Junior Pareja por el delito de homicidio culposo, en copias auténticas, tal y como fue autorizado por esta Corporación (…)”. La fecha de presentación de la denuncia penal no se acreditó en el expediente; sin embargo, la Sala da por acreditada esa situación, puesto que así se desprende de las siguientes pruebas: i) la resolución de acusación del 31 de marzo de 2003 y la providencia que la confirmó del 26 de junio del mismo año vistas de folios 1 a 51 del cuaderno de pruebas 1; ii) de la sentencia de segunda instancia que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 12 de febrero de 2008 (fl. 86 a 138 del cuaderno de pruebas 1). Folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas 1. La fecha de radicación de la demanda aparece ilegible. Los documentos mencionados se encuentran en los folios 670 a 687 del cuaderno de pruebas 4. Folios 535 y 536 del cuaderno de pruebas No 3. Folios 608 a 612 del cuaderno de pruebas No 3. Folios 1 a 28 del cuaderno de pruebas 1. Folios 30 a 51 del cuaderno de pruebas 1. Según se desprende del oficio visto a folio 181 del cuaderno de pruebas 2. Así se lee en las consideraciones del auto que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena profirió el 13 de agosto de 2008 (folios 150 a 206 del cuaderno de pruebas 1). Folios 168 a 181 del cuaderno 1. Folios 52 a 84 del cuaderno de pruebas 1. Folios 53 a 55 del cuaderno de pruebas 1. Folios 164 a 167 del cuaderno de pruebas 2. Folios 168 a 210 del cuaderno de pruebas 2. Folios 211 a 265 del cuaderno de pruebas 2. Folios 281 a 287 del cuaderno de pruebas 2. Folios 307 a 310 del cuaderno de pruebas 2. Folios 318 a 322 del cuaderno de pruebas 2. Folios 326 a 356 del cuaderno de pruebas 2. Folio 357 del cuaderno de pruebas 2. Folios 358 a 369 del cuaderno de pruebas 2. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 2012, exp. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) radicado No 38.824 del 10 de noviembre de 2017; ii) radicado No 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) radicado No 42.121 del 23 de octubre de 2017; iv) radicado No 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) radicado No 43.447 del 19 de julio de 2017; vi) radicado No 39.321 del 26 de abril de 2017, entre otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2015, exp. 250002326000 2001 02469 01 (32.570), M.P. Hernán Andrade Rincón. Ibídem. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.516 MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras. Cita del original: “HENAO, Juan Carlos, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pp. 159-160”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 8 de febrero de 2017, radicado número: 520012331000200800505 01 (41.073), reiterada por la misma subsección en sentencia del 24 de mayo de 2018, radicado número: 44.861.
Establecían esas normas:
“ARTICULO 108. PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> La acción civil proveniente del delito prescribe en veinte (20) años si se ejercita independientemente del proceso penal y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de éste”.
“ARTICULO 109. OBLIGACIONES CIVILES Y EXTINCION DE LA PUNIBILIDAD. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> Las causas de extinción de la punibilidad no comprenden las obligaciones civiles derivadas del hecho punible”. Sentencia proferida dentro del proceso No. 66001-23-31-000-2000-00876-01(23769) por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre el punto consultar las siguientes decisiones de la Sección Tercera, Subsección A de la Corporación: i) sentencia del 13 de mayo de 2015, expediente No. 76001-23-31-000-2003-03584-01 (33334). M.P. Hernán Andrade Rincón; ii) sentencia del 8 de febrero de 2017, expediente No. 52001-23-31-000-2008-00505-01(41073). M.P. Hernán Andrade Rincón; iii) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 76001-23-31-000-2006-02210-01(43522). M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y iv) sentencia del 19 de julio de 2018, expediente No. 76001-23-31-000-2006-00583-01(41749), M.P. María Adriana Marín. Cita textual del fallo: “Al respecto la doctrina nacional ha afirmado que:
‘(…) es de señalar que el artículo 57 del CPP en momento alguno refiere, como al parecer equivocadamente lo entiende Tamayo Jaramillo, que tiene efectos de cosa juzgada absolutoria la decisión ejecutoriada que declara que el delito causante del perjuicio no ocurrió o que ese delito causante del perjuicio no lo cometió el sindicado. Repárese que allí, si bien es cierto se dice algo parecido, en todo caso se trata de algo distinto, pues lo que literalmente expresa es que hay lugar a hablar de cosa juzgada frente al tema civil cuando se declare que el hecho no ocurrió o que no lo cometió el sindicado, y ciertamente no es lo mismo afirmar que el delito no ocurrió a afirmar que el hecho causante del perjuicio no ocurrió; en otras palabras, si el delito no ocurrió pero sí ocurrió el hecho que causó el perjuicio no se ve cómo pueda predicarse la cosa juzgada penal absolutoria” (Gaviria, Vicente, La acción civil…, Ob. Cit., p. 196)’”. Cita textual del fallo: “Frente al particular no sobra recalcar lo afirmado por la Sala en torno a las diferencias entre los conceptos de prescripción y caducidad:
‘A pesar de que antes del 8 de julio de 1998 se acudió a la figura de la prescripción en los procesos ejecutivos contractuales ante la inexistencia de una disposición legal que señalara el término de caducidad para la acción ejecutiva contractual, lo cierto es que se trata de conceptos diferentes, en tanto la caducidad es un fenómeno procesal, mientras que la prescripción es de carácter sustancial y, por tanto, no se pueden confundir.
La Sección Tercera ha explicado el tema, así:
‘La caducidad se refiere a la extinción de la acción, mientras que la prescripción a la del derecho; la primera debe ser alegada, mientras que la caducidad opera ipso iure; la prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es, en ningún caso, y mientras que los términos de prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos, los de caducidad no son susceptibles de suspensión, salvo expresa norma legal, como es el caso de la conciliación prejudicial establecida en la Ley 640 de 2001.
‘Queda claro, pues, que se trata de dos figuras que regulan fenómenos diferentes y, que, en consecuencia, no es posible aplicar las normas que regulan la prescripción a la caducidad, o viceversa (...)’.
‘Como se advirtió, en un principio se utilizó la figura de la prescripción de las acciones judiciales para determinar si una demanda ejecutiva se presentaba en tiempo; dicha institución está consagrada en el artículo 2.512 del Código Civil, que la define como un modo de adquirir las cosas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por no haber ejercido las acciones y derechos durante cierto tiempo’ (Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 26 de mayo de 2010, Exp. 25803)’”. El Decreto Ley 100 de 1980 estableció que la acción penal se extinguiría por la muerte del procesado (artículo 76), el desistimiento (artículo 77), la amnistía y el indulto (artículo 78) y la prescripción de la acción penal (artículo 79).
“Artículo 212. Requisitos formales de la demanda. La demanda de casación deberá contener:
“1. La identificación de los sujetos procesales y de la sentencia demandada.
“2. Una síntesis de los hechos materia de juzgamiento y de la actuación procesal.
“3. La enunciación de la causal y la formulación del cargo, indicando en forma clara y precisa sus fundamentos y las normas que el demandante estime infringidas.
“4. Si fueren varios los cargos, se sustentarán en capítulos separados.
“Es permitido formular cargos excluyentes de manera subsidiaria”.
“Artículo 213. Calificación de la demanda. Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen. En caso contrario se surtirá traslado al Procurador delegado en lo penal por un término de veinte (20) días para que obligatoriamente emita concepto” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01(17301), CP: Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: Hernán Andrade Rincón, sentencia del 8 de febrero de 2017, radicación número: 52001-23-31-000-2008-00505-01(41073). Original de la cita: “En este sentido se puede consultar la sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 23769, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez”. Original de la cita: “En auto de 15 de diciembre de 2011, expediente 40425, la Subsección B de la Sección Tercera se refirió al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los siguientes términos:
‘El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
‘Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran, no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales.
‘En conclusión, los daños causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia provienen de todas aquellas acciones u omisiones que se den durante el trámite del proceso y que no provengan de un error jurisdiccional o de la privación injusta de la libertad’”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Cita del original: “Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández”. Sentencia T–687 de 2015. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth. Expediente 05001 2331 0002001 0306801 (46.005). Original de la cita: “Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: ‘Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’”. Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 18.593, CP: Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 24 de mayo de 2017, número interno (41319). Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A, Sentencias del 13 de marzo de 2013, exp. 500012331000199605793-01 (25.569) y del 21 de marzo de 2012, exp. 54001233100019972919-01 (22.017), ambas con ponencia del Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, en sentencias del 1º de marzo de 2018, número interno (43269) y del 24 de mayo de 2018, número interno (44.861.)
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P.: Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 6 de julio de 2017, radicado número: 63001-23-31-000-2005-00719-01(41579). Cita del original: “En 1996 el valor del salario mínimo era $142 125”. Folios 52 a 84 del cuaderno de pruebas 1. Folios 211 a 265 del cuaderno de pruebas 2.
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