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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00020-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00020-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia del 19 de septiembre de 2014 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, niéganse las pretensiones de la demanda. 2º) Abstiénese de condenar en costas. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-00020-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

18 de noviembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 76001-23-31-000-2011-00020-01 (53.697)
Demandantes: LUIS HUMBERTO GALINDO ARCE Y OTRA
Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA POR MORA JUDICIAL – PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN PENAL

Síntesis del caso: se formula el medio de control de reparación directa por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial que dio lugar a la
prescripción de la acción penal en un proceso por el delito de lesiones personales
culposas ocurridas en un accidente de tránsito, los demandantes plantean la
imposibilidad de ser reparados de los perjuicios solicitados en el proceso penal donde se
constituyeron como parte civil.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante
(fls. 226 a 235 cdno. apelación) y la Nación - Rama Judicial (fls. 236 a 238 vuelto
cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2014 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (fls. 214 a 225 cdno. apelación) que
dispuso:

“RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Fiscalía General
de la Nación.

SEGUNDO: DECLARAR extracontractualmente responsable a la
Rama Judicial por los perjuicios morales ocasionados al señor Luis
Humberto Galindo Arce y a la señora Rocío Tafur Lasprilla, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: CONDENAR a la Rama Judicial al pago de una suma de
dinero equivalente a ciento cuarenta y seis (146) salarios mínimos

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00020-01 (53.697)
Actor: Luis Humberto Galindo Arce y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

mensuales legales vigentes a favor del señor Luis Humberto Galindo
Arce.

CONDENAR a la Rama Judicial al pago de una suma de dinero
equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes
a favor de la señora Rocío (sic) Tafur Lasprilla.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: ORDENAR para que la Secretaría proceda a inscribir el
presente proveído en el programa siglo XXI”. (fl. 225 cdno. apelación –
negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 13 de enero de 2011 (fl. 127 cdno. ppal.), los
señores Luis Humberto Galindo Arce y Rocío Tafurth Lasprilla promovieron acción
de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso
Administrativo (fls. 1 a 126 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA. Que se declare administrativamente responsable a la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL y la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN de todos los perjuicios ocasionados a LUIS HUMBERTO
GALINDO ARCE y ROCÍO TAFURTH LASPRILLA, como consecuencia
del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que
conllevó a la declaratoria de prescripción de la acción penal en la que
estaba involucrado como Parte Civil el señor Luis Humberto Galindo
Arce.

SEGUNDA. Que como consecuencia obligada de la anterior
declaración, se condene a pagar las siguientes sumas de dinero:

1. PERJUICIOS MATERIALES. Se hará bajo las siguientes
modalidades:

1.1. Lucro Cesante. Atendiendo que el señor Galindo Arce como
Tafurth Lasprilla reclamaron en la acción penal que se surtió finalmente
ante el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Santiago de Cali, los
perjuicios irrogados, tanto materiales como inmateriales; deberá
tenerse en cuenta bajo este rubro de lucro cesante todos los perjuicios
que hubiesen podido obtener con el restablecimiento del derecho de
que trata el artículo 21 de la ley 600 de 2000.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00020-01 (53.697)
Actor: Luis Humberto Galindo Arce y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

Así pues, en dicho pleito logró mostrarse por el ítem del perjuicio
material, según liquidación realizada por los peritos financieros del
Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, la
suma de sesenta y ocho millones seiscientos veintinueve mil
cuatrocientos veinte pesos (68.629.420.oo) m/cte., a favor de Galindo
Arce. Por perjuicios inmateriales (morales y daño de la vida de relación)
se solicitó el reconocimiento al equivalente a ciento sesenta (160)
salarios mínimos mensuales vigentes a favor de Galindo Arce, y el
equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes a
favor de Tafurth Lasprilla.

Serán estas las sumas la (sic) que deberá cancelarse por este rubro,
discriminado de la siguiente manera.

• LUIS HUMBERTO GALINDO ARCE, ciento cincuenta y tres millones
ochocientos treinta y un mil veinte pesos ($153.831.020.oo) m/cte.

• ROCÍO TAFURTH LASPRILLA, veintiséis millones seiscientos
veinticinco mil quinientos pesos ($26.625.500.oo) m/cte.

A dichos valores se le aplicará la siguiente fórmula (…):

1.2. Daño emergente. En este ítem deberá tenerse en cuenta los
gastos generados por la actuación procesal del señor Luis Humberto
Galindo Arce.

Este estipendio equivale a la suma de TRES MILLONES DE PESOS
($3.000.000.oo) m/cte.

2. PERJUICIOS MORALES.

Conforme a pretérito pronunciamiento del H. Consejo Estado la
valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales
mensuales, atendiendo los principios de Reparación Integral y Equidad
que señala el artículo 16 de la ley cuatro 46 de 1998, y por lo cual se
casará así:

• LUIS HUMBERTO GALINDO ARCE, cien (100) salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento del ejecutoria del fallo
definitivo.

• ROCÍO TAFURTH LASPRILLA, noventa (90) salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del fallo
definitivo.

3. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN O ALTERACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE EXISTENCIA.

(…) La tasación del presente perjuicio, se estima:

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00020-01 (53.697)
Actor: Luis Humberto Galindo Arce y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

• LUIS HUMBERTO GALINDO ARCE, cien (100) salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento del ejecutoria del fallo
definitivo.

• ROCÍO TAFURTH LASPRILLA, noventa (90) salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del fallo
definitivo.

4. OTRAS MEDIDAS INDEMINIZATORIAS. – MEDIDAS DE NO
REPETICIÓN.

Atendiendo la dispuesto por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, los
nuevos lineamientos del H. Consejo de Estado en cuanto a la
reparación integral, solicito ordenar a las entidades demandadas, se
sirvan publicar en el interior de sus dependencias mediante circulares
visibles para todo el personal de las instituciones como para los
usuarios, las circunstancias que dieron lugar al fallo condenatorio,
explicando sucintamente la razones de la decisión (…).

TERCERA. Que en las sentencias se liquide el valor correspondiente
con el ajuste previsto en el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.

CUARTO. Que se ordene cumplir con la sentencia en el término
indicado en el artículo 176 del Decreto 01 de 1984 con los efectos
señalados en el artículo 177 de la misma obra.” (fls. 87 a 95 cdno. ppal.
• negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El 27 de agosto de 2002, el señor Luis Humberto Galindo Arce sufrió varias
lesiones en su cuerpo luego de ser víctima de un accidente de tránsito cuando se
transportaba como pasajero de un bus de servicio público adscrito a la empresa
Puerto Tejada Ltda de placas VKJ-683, el cual era conducido por el señor
Maximino Forero.

2) En concreto, el señor Galindo Arce resultó con una perturbación en su
extremidad superior derecha la cual fue inmovilizada y que generó una merma en
sus actividades, así como también una incapacidad laboral que se extendió por
tres meses.

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Actor: Luis Humberto Galindo Arce y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

3) Por lo anterior, la Fiscalía Cincuenta Adscrita a la Unidad de Delitos de
Lesiones Personales de Cali dio apertura a una investigación penal en contra del
señor Maximino Forero como autor del delito de lesiones personales culposas y,
durante esta los aquí actores presentaron demanda de constitución de parte civil
con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados, la demanda
se dirigió contra el sindicado Maximino Forero y la empresa de transportes Puerto
Tejada Ltda, tercero civilmente responsable por ser la sociedad a la cual estaba
afiliado el vehículo involucrado en el accidente.

4) El 20 de mayo de 2004, la fiscalía instructora admitió la demanda de
constitución de parte civil y “aceptó vincular a la empresa de transportes Puerto
Tejada Ltda, como tercero civilmente responsable”. Se destaca que en el
accidente de tránsito resultaron lesionadas más personas, quienes a su vez,
presentaron demandas separadas de constitución de parte civil, entre otros, en
contra del señor Alberto Holguín, propietario del automotor.

5) El 29 de diciembre 2005, la Fiscalía Cincuenta Local adscrita a la Unidad
Segunda de Delitos de Lesiones Personales de Cali profirió resolución acusatoria
en contra del señor Maximino Forero Molina por el delito de lesiones personales
culposas, decisión que fue confirmada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en resolución del 31 de mayo de
2006.

6) El Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Cali avocó el conocimiento de la
causa quien fijó la audiencia pública de juzgamiento para el día 3 de septiembre
de 2009, sin embargo, ese día no pudo ser llevada a cabo por falta de citación de
otros lesionados.

7) El 5 de abril de 2010, durante la audiencia pública de juzgamiento, la fiscalía
solicitó la nulidad parcial del proceso “toda vez que desde la etapa instructiva la
Curadora del tercero civilmente responsable, señor Carlos Alberto Holguín,
requirió vincular a la empresa Transportes Puerto Tejada, sin que jamás se

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Reparación directa
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decidiera el petitorio, y como si fuera poco no fueron notificados algunos sujetos
procesales de las decisiones de cierre de investigación y de la acusación proferida
por el despacho” (fl. 102 cdno. ppal.).

8) El 14 de julio de 2010, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Cali declaró la
nulidad parcial del proceso desde el momento de la resolución que declaró
cerrada la investigación.

9) En firme la anterior decisión, le correspondió el conocimiento del asunto a la
Fiscalía Treinta y Cuatro Local de Cali adscrita a la Unidad de Ley 600 de 2000,
quien mediante resolución del 26 de agosto de 2010 decretó la preclusión de la
investigación en favor de Maximino Forero Molina de acuerdo con el artículo 39
del Código de Procedimiento Penal.

10) La prescripción de la acción penal frustró el derecho de los demandantes de
obtener de la administración de justicia una decisión oportuna con la cual fuesen
indemnizados, además, fue la actuación omisiva y negligente del Juez Penal
Municipal de Depuración de Cali, la Fiscalía Cincuenta Local de Cali y demás
funcionarios judiciales involucrados dentro del proceso penal lo que llevó a la
mora judicial, actuación que es objeto de investigación por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca1.

3. Contestación de la demanda

La Nación – Rama Judicial no contestó la demanda (fl. 159 cdno. ppal.), mientras
que la Fiscalía General de la Nación en escrito radicado el 12 de mayo de 2011

1
Sobre este aspecto fáctico, se precisa que en el expediente obra un pronunciamiento de 27 de
julio de 2012 del Consejo Seccional de la Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria - Seccional
Valle del Cauca (fls. 121 a 140 cdno. no. 2) con constancia de la ejecutoria, en el que se resuelve:
“ABSTENERSE DE FORMULAR PLIEGO DE CARGOS contra la doctora ANA LILIA ESPINOSA
VIÁFARA, en su condición de Juez Veintitrés Penal Municipal de la ciudad, como presunta autora
responsable disciplinariamente de infringir los numerales 1, 2 y 15 del artículo 153 y 3 del artículo
154 de la Ley 270 de 1.996, como se razonó en la parte motiva de este pronunciamiento.”

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Actor: Luis Humberto Galindo Arce y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

(fls. 159 a sffsf cdno. ppal.) se opuso a las pretensiones con sustento en los
argumentos que se resumen a continuación:

1) No se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar la
responsabilidad patrimonial y extracontractual.

2) Con la resolución de acusación se interrumpió la prescripción de la acción penal
y desde ahí empezó a contarse nuevamente dicho término, el ente acusador actuó
en debida forma y solo, después de cinco años, hasta la “tardía nulidad” decretada
por el juzgado penal, la investigación regresó a la fiscalía instructora, quien, si
bien fue la que declaró la prescripción de la acción penal, dicho fenómeno en
realidad ocurrió cuando el proceso estaba en manos del juzgado.

3) No existe ningún tipo de causalidad entre la existencia del hecho (falla del
servicio) y los daños aducidos en la demanda. Propuso como excepción “la falta
de legitimación en la causa por pasiva”.

4. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 19 de
septiembre de 2014 (i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por la Fiscalía General de la Nación y (ii) condenó
patrimonial y extracontractualmente a la Nación – Rama Judicial (fls. 214 a 225
cdno. apelación) por las siguientes razones:

1) Quien pretende el resarcimiento de los perjuicios causados con una conducta
punible cuenta con dos alternativas procesales para obtener la respectiva
indemnización: la acción civil ordinaria y la constitución de parte civil en el proceso
penal.

2) La demanda de parte civil en el proceso penal no es obligatoria y su admisión
no implica que se encuentre asegurada la indemnización de los perjuicios sufridos

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Reparación directa
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con ocasión del hecho punible investigado, no obstante, cuando ocurre la
prescripción de la acción penal las víctimas que se constituyeron en parte civil ven
transgredido su derecho a obtener un “resultado en el ejercicio del acceso a la
administración de justicia” y, por ende, se les causa un perjuicio inmaterial que
debe ser reparado.

3) En este caso objeto de análisis, fue la actuación del Juzgado Veintitrés Penal
Municipal de Depuración de Cali la que causó el daño pues, este mediante auto
del 14 de julio de 2010 decretó la nulidad de todo lo actuado desde la resolución
dictada por la fiscalía el 6 de julio de 2005, pese a que el proceso penal
permaneció por más de dos años en audiencia preparatoria, esto es, desde el 15
de noviembre de 2007 hasta el 5 de abril de 2010.

4) La responsabilidad recae “únicamente a la Rama Judicial, en atención a que
las actuaciones desplegadas por parte de la Fiscalía General de la Nación se
encontraban concluidas en la etapa del proceso penal en que se produjo la causa
de la producción del daño, por lo cual, se comprueba la falta de legitimación por
pasiva alegada en la contestación de la demanda”, además, “resulta viable
declarar la responsabilidad de la Rama Judicial, toda vez que la declaración de
prescripción de la acción penal truncó al accionante la posibilidad de continuar
con la búsqueda del resarcimiento de los perjuicios causados, siendo por tanto la
actuación de la entidad demandada la causa de la producción del daño
consistente en la afectación de los derechos a la verdad la justicia y la reparación.”
(fl. 223 a 224 cdno. apelación).

5) Finalmente, respecto de la indemnización de perjuicios, la tasación se apoya
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado para los eventos en los que se deba reconocer
una indemnización de perjuicios morales en casos de lesiones, de esta manera
condenó a la Nación – Rama Judicial a pagar la suma de 40 smlmv2 en favor de

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Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Actor: Luis Humberto Galindo Arce y otra
Reparación directa
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cada uno de los señores Luis Humberto Galindo Arce (afectado directo) y Rocío
Tafurth Lasprilla (compañera permanente), sin embargo, en la parte resolutiva de
la sentencia transcrita al inicio de esta providencia se consignaron unas sumas
de dinero diferentes.

5. Los recursos de apelación

1) El escrito del 10 de octubre de 2014, la parte demandante presentó recurso de
apelación (fls. 226 a 235 cdno. apelación) en el cual señaló que su inconformidad
radica solo en la indemnización de perjuicios, pide que se condene a la Nación –
Rama Judicial al pago de perjuicios materiales por concepto de lucro cesante y
daño emergente en la forma que se solicitó en la demanda.

2) El 14 de octubre de 2014, la Nación - Rama Judicial interpuso recurso de alzada
en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
que se nieguen las pretensiones de la demanda (fls. 236 a 238 vlto. cdno.
apelación) con el siguiente razonamiento:

a) El a quo se apartó de la jurisprudencia existente en materia de reparación por
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y desconoció las
consecuencias de la prescripción de la acción penal respecto de los terceros
civilmente responsables.

2) Si bien fue el juez penal quien declaró la nulidad procesal luego de advertir que
esta se configuró, no se puede declarar la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, por el hecho de ejercer el deber de corrección y
saneamiento procesal.

3) En ningún acápite de la sentencia se analizó si existió una mora judicial,
además, no se tuvo en cuenta la complejidad del proceso penal ni la congestión
judicial como tampoco el deber de vigilancia y diligencia de la parte civil, en
síntesis, el fallo no estudió una serie de circunstancias que deben probarse en

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Reparación directa
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una sentencia en la que se condena por el régimen subjetivo de responsabilidad
patrimonial.

4) En tribunal de primera instancia, en un equivocado ejercicio de interpretación,
la condenó por daño moral con fundamento en una sentencia de unificación de
perjuicios morales para casos de lesiones personales, la cual no procede en este
caso concreto pues, la administración de justifica no fue la causante de las
lesiones.

5) En el evento de que no se revoque la sentencia, debe considerarse también a
la Fiscalía General de la Nación, quien también participó en los hechos por los
cuales se demanda.

6. Actuación surtida en segunda instancia

1) El 5 de junio de 2015 se admitió el recurso de apelación (fl. 255 cdno. apelación)
y el 14 de agosto de 2016 (fl. 257 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo
lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

2) La Fiscalía General de la Nación presentó alegatos de conclusión en los que
pide que se confirme el fallo proferido toda vez que, en su criterio, obró de
conformidad con las funciones establecidas en el artículo 250 de la Carta Política
y las disposiciones legales vigentes para la época de los hechos, asimismo,
reiteró que la declaratoria de prescripción penal se produjo después de que el
proceso penal permaneció más de dos años en la etapa de juzgamiento, de
manera que no le asiste responsabilidad.

3) La parte demandante, la Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público
guardaron silencio (fl. 292 cdno. apelación).

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4) Por auto del 2 de agosto de 2022 se reconoció a Rocío Tafurth Lasprilla e
Isabella Galindo Tafurth como sucesoras procesales del señor Luis Humberto
Galindo Arce (índice 27 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el presente asunto
sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia
y anuncio de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y 4) condena
en costas.

1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna3, corresponde a la Sala determinar
si en el presente caso la Nación - Rama Judicial es patrimonial y
extracontractualmente responsable del supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por la ocurrencia de la prescripción de la acción penal
que le impidió a los demandantes ver satisfecha la indemnización de perjuicios
que reclamaban como consecuencia de las lesiones personales sufridas por el
señor Luis Humberto Galindo Arce, víctima de un accidente de tránsito por el cual
se inició un proceso penal.

El tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad patrimonial y
extracontractual de la Nación – Rama Judicial como consecuencia de la “pérdida
del derecho” de los demandantes de obtener una sentencia penal condenatoria

3
El daño alegado por los demandantes se hizo evidente a partir de la resolución proferida el 26
de agosto de 2010 por la Fiscalía Treinta y Cuatro Local de Cali (fls. 371 a 372 cdno. pruebas
demandante no. 2) que precluyó la investigación en favor del señor Maximino Forero Molina por
el delito de lesiones personales culposas; la decisión se notificó por estado de 1° de septiembre
de 2010 (fl. 374 ibidem) y adquirió firmeza el 6 de septiembre de 2010 (fl. 374 cdno. pruebas
demandante no. 2), en consecuencia, la demanda del 13 de enero de 2011 (fl. 128 cdno. ppal.)
se formuló dentro del término de dos años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo, sin contar que los términos se ampliaron mientras se llevó a cabo la
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación (fl. 83 cdno. ppal.).

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Reparación directa
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definitiva en la que se ordenara una reparación de perjuicios; la Nación – Rama
Judicial solicita que se revoque la sentencia de primera instancia, mientras que
los demandantes piden se aumente la indemnización de perjuicios reconocida por
el a quo.

El fallo apelado será revocado, debido a que en el presente caso no se demostró
el daño alegado por los demandantes, entendido como la pérdida de oportunidad
consistente en obtener una reparación de los perjuicios reclamados, dado que no
se reúne el requisito relativo a que se trate de una oportunidad que se hubiere
perdido de manera definitiva ni hay evidencia de que existieron condiciones
potencialmente aptas para que los demandantes tuvieran la posibilidad de ser
indemnizados por el procesado.

En lo que respecta a la declaración de la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Fiscalía General de la Nación, la Sala mantendrá la decisión de
primera instancia pues no fue objeto de impugnación por la parte actora, única
interesada, por tanto, no es factible hacer un nuevo pronunciamiento sobre ese
punto.

2. Análisis de la impugnación

2.1 El daño

1) Según se expuso en la demanda, la Nación-Rama Judicial incurrió en un
retardo injustificado que llevó a la prescripción de la acción penal seguida en
contra del señor Maximino Forero Molina como circunstancia que provocó un
daño en los actores, quienes, en ese proceso, se constituyeron como parte civil.

2) En ese sentido, entiende la Sala que el asunto debe examinarse con el título
de imputación referente al defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia como hipótesis enmarcada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, debido
a actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por las autoridades que

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Actor: Luis Humberto Galindo Arce y otra
Reparación directa
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llevaron consigo a una mora judicial y a la imposibilidad para los aquí
demandantes de obtener la reparación de los perjuicios que les fueron
supuestamente causados por la comisión del delito lesiones personales culposas.

3) De este modo, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño como
primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual pues, en
casos como estos la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado4
ha establecido que lo que se suscita como daño, como concepto diferente del
perjuicio, es lo que se ha denominado pérdida de oportunidad la cual no puede
reducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la decisión penal
definitiva, sino que, deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren
que la persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde a sus
intereses y que al precluir la investigación o cesar el procedimiento penal esta se
frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y
estar acreditada para que pueda reconocerse como daño indemnizable5.

4) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica
que permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés legítimo del
demandante.

Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del
eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la
oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en
ausencia del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de
obtener un provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad se
extinguió de forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería
eventual y por tanto no susceptible de indemnización.

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso
no. 13001-23-31-000-1999-00328-01 (25.327); del 2 de mayo de 2016, proceso no.
13001233100020010050601 (37.111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-000-
2007-00642-01 (42.334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.
5
En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30
de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45.530), MP Ramiro Pazos
Guerrero.

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Expediente 76001-23-31-000-2011-00020-01 (53.697)
Actor: Luis Humberto Galindo Arce y otra
Reparación directa
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5) Los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida
de oportunidad cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial tras haberse
declarado la prescripción de la acción penal han sido tratados por la
jurisprudencia6, como se explica a continuación:

a) El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca
de si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual
constituye un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que
ello se oponga al carácter cierto del daño pues, la certeza en este caso debe
analizarse respecto de la oportunidad perdida y no del resultado.

b) El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha,
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado, es decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta para
obtener la indemnización de los perjuicios causados.

c) El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente para la parte civil por el hecho de declararse la
prescripción de la acción penal, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva
de la oportunidad puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda la
oportunidad no estaría perdida o frustrada.

6) En este asunto en particular, la Sala observa que no se cumplen con los
presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de
oportunidad, tal como se explica en el acápite siguiente.

6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, proceso
no. 520012331000200800505 01 (41.073), MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por la misma
subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso no. 08001-23-31-000-2009-00618-01
(44.861), del 14 de marzo de 2019, proceso no. 13001-23-31-000-2009-00625-01 (45.890) y del
11 de abril de 2019, proceso no. 25000-23-26-000-2011-00292-01 (50.569), todas con ponencia
de Marta Nubia Velásquez Rico.

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Actor: Luis Humberto Galindo Arce y otra
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2.2 Estudio del caso concreto

1) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

a) El 27 de agosto de 2002, en la vía que de Cali conduce a Jamundí (Valle del
Cauca) tuvo lugar un accidente de tránsito automotor en el que el autobús de
placas VKJ-683 conducido por Maximino Forero Molina se salió de la vía y terminó
volcado, lo que causó que varios pasajeros resultaron lesionados, entre ellos, el
señor Luis Humberto Galindo Arce.

b) Mediante resolución proferida el 12 de marzo de 2003, la Fiscalía Cincuenta
Local de la Unidad Segunda de Lesiones Personales y Delitos Querellables de
Cali dictó la apertura de instrucción penal en contra del señor Maximino Forero
Molina por la supuesta comisión del delito de lesiones personales culposas (fl. 63
cdno. pruebas demandante no. 1).

c) El 20 de mayo de 2004, la Fiscalía Cincuenta Local de la Unidad Segunda de
Lesiones Personales y Delitos Querellables de Cali admitió la demanda de parte
civil presentada por los señores Luis Humberto Galindo Arce y Rocío Tafurth
Lasprilla en contra del sindicado Maximino Forero Molina, asimismo, vinculó como
tercero civilmente responsable a la empresa de transportes Puerto Tejada Ltda,
representada por el señor Jorge Granados Manchola (fls. 474 a 475 cdno.
pruebas demandante no. 2).

d) El 6 de julio de 2005, la Fiscalía Cincuenta Local de la Unidad Segunda de
Lesiones Personales y Delitos Querellables de Cali profirió resolución de cierre
de la investigación (fl. 118 cdno. pruebas demandante no. 1).

e) El 29 de diciembre de 2005, la Fiscalía Cincuenta Local de la Unidad Segunda
de Lesiones Personales y Delitos Querellables de Cali expidió resolución de
acusación en contra del señor Maximino Forero Molina como posible autor del

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delito de lesiones personales culposas en los pasajeros que transportaba, entre
ellos, el señor Luis Humberto Galindo Arce (fls. 129 a 134 pruebas demandante
no. 1), esta resolución fue objeto de recurso de apelación y confirmada el 31 de
mayo de 2006 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali (fls. 146 a 153 pruebas demandante no. 1).

f) El 2 de agosto de 2006, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Descongestión
de Cali avocó el conocimiento del asunto (fls. 146 a 153 pruebas demandante no.
1) y fijó el día 16 de abril de 2007 como fecha para la realización de la audiencia
preparatoria (fl. 157 pruebas demandante no. 1), la cual se llevó a cabo el 15 de
noviembre de 2007 (fls. 171 a 172 pruebas demandante no. 1).

g) El 3 de septiembre de 2009 se dio inició a la audiencia pública de juzgamiento
y el 5 de abril de 2010, durante la continuación de la referida diligencia, tanto el
fiscal delegado como el defensor del procesado advirtieron que había una
irregularidad procesal pues i) la resolución de acusación no se notificó a la
curadora ad litem del señor Carlos Alberto Holguín vinculado, propietario del
vehículo accidentado y tercero civilmente responsable y, ii) no existía un
pronunciamiento frente al llamamiento en garantía que en su momento realizó la
curadora ad litem respecto de la la empresa de transportes Puerto Tejada (fls. 55
a 58 cdno. ppal.).

h) El 14 de julio de 2010, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Descongestión
de Cali declaró la nulidad de todo lo actuado “desde la resolución sustanciatoria
de fecha Julio 06 de 2005 a través de la cual la Fiscalía Cincuenta Local adscrita
a la Unidad Segunda de Patrimonio Económico de Cali, declaró el cierre de
investigación, para que ipso facto, el despacho fiscal a cargo de la instrucción,
corrija las falencias omisivas que se han resaltado en esta providencia, no sin
antes resolver de fondo la solicitud de llamado en garantía elevada por la Dra. Luz
Mary Sepulveda Osorio en calidad de curadora ad Litem del señor Carlos Alberto
Holguín” (fls. 59 a 68 cdno. ppal.).

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i) El 26 de agosto de 2010, la Fiscalía Treinta y Cuatro Local adscrita a la Unidad
de Ley 600 de 2000 de Cali precluyó la investigación de conformidad con lo
previsto en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal en favor del señor
Maximino Forero Molina, por considerar “que la presunta conducta tuvo su
consumación el 27 de agosto de 2002, al día de hoy han transcurrido más de
cinco años, luego entonces la figura de la prescripción ya hizo su aparición, no
quedando otro camino que el de proceder a precluir la investigación como
consecuencia de la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal.”
(fls. 70 a 71 cdno. ppal.).

2) A partir del anterior relato y constatación, la Sala encuentra satisfecho el primer
requisito referente a la pérdida de oportunidad, por cuanto los aquí demandantes
se constituyeron como parte civil dentro del proceso penal para que fueran
resarcidos los perjuicios sufridos en el accidente de tránsito en el que el señor
Luis Humberto Galindo Arce resultó lesionado, sin embargo, la Fiscalía Treinta y
Cuatro Local adscrita a la Unidad de Ley 600 de 2000 de Cali declaró la extinción
del procedimiento por prescripción de la acción penal, situación que demuestra
que a los afectados con el delito se les vio frustrada la posibilidad de conocer el
resultado del proceso penal, con lo cual la incertidumbre o aleatoriedad sobre el
resultado final de la investigación se encuentra probada.

3) Pero no ocurre lo mismo frente al segundo requisito, referente a la existencia
de una situación fáctica y jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado pues, no hay evidencia de que existieron condiciones potencialmente
aptas para que los demandantes tuvieran la posibilidad de ser indemnizados por
el procesado.

En efecto, pese a que en la demanda de constitución de parte civil se solicitaron
de manera genérica medidas cautelares para que los bienes muebles e inmuebles
del procesado se excluyeran del comercio, lo cierto es que en el presente proceso
no se probó que dichas medidas fueron decretadas por la fiscalía o el juzgado
penal, además, se observa que en la demanda de parte civil no se identificaron a

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qué bienes se hacía referencia de manera que no se puede predicar que los
actores contaban con algún tipo de medida cautelar que permitiera garantizar el
pago de la indemnización.

Adicionalmente, se tiene que el proceso prescribió en la etapa de instrucción,
antes de que se profiriera sentencia y, si bien es cierto que con antelación a la
declaración de la nulidad el proceso había avanzado hasta la audiencia pública
de juzgamiento, ello no quiere decir, que necesaria ni tampoco inequívocamente
hubiera un grado cierto de probabilidad de que el investigado fuera condenado en
la etapa judicial en la que se exige el grado de certeza para emitir condena.

De lo anterior se concluye, que no es posible determinar que sin la referida
declaratoria de prescripción de la acción penal se hubiera obtenido una decisión
de fondo favorable a sus intereses; en ese orden de ideas, no hay prueba de que
los demandantes tenían una oportunidad seria y cierta de recuperar por la vía del
proceso penal los eventuales perjuicios derivados del delito investigado y, por lo
tanto, no se demostró una oportunidad real perdida, esto es, un daño cierto que
pueda ser objeto de reparación.

4) De igual forma, tampoco aparece probado el tercer elemento de la pérdida de
oportunidad consistente en demostrar que la opción de reparación se extinguió
de manera definitiva por haberse declarado la prescripción de la acción penal en
el proceso seguido por el delito de lesiones personales culposas, por lo siguiente:

a) Según el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, en su texto vigente para la época
en que se declaró la prescripción de la acción penal7, la acción civil derivada de
la conducta punible cuando se ejercita dentro de un proceso penal prescribe “en
relación con los penalmente responsables” en tiempo igual al de la prescripción

7
En artículo 98 de la Ley 600 del 2000, Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de
los hechos, consagraba: “Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando
se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en
tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán
las normas pertinentes de la legislación civil”.

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de la respectiva acción penal, pero, en los demás casos se aplicarán las normas
pertinentes de la legislación civil.

b) Lo anterior obliga a precisar que en el presente evento la acción civil no se
formuló dentro del proceso penal con el único objetivo de que el conductor del bus
de servicio público (Maximino Forero Molina) respondiera por los perjuicios
ocasionados como penalmente responsable sino, para que también lo hiciera la
empresa de transporte a la cual se encontraba afiliado el automotor involucrado
en el accidente, quien fue vinculada como tercero civilmente responsable y del
cual no prescribió la acción civil con la prescripción de la acción penal, ya que se
trata de una persona distinta a la acusada de ser “penalmente responsable”.

c) En tales circunstancias, la declaración de la prescripción de la acción penal no
impedía a los demandantes iniciar un proceso ordinario de responsabilidad
patrimonial extracontractual de naturaleza civil en contra del tercero considerado
por ellos civilmente responsable, esto es, la empresa de transportes Puerto
Tejada Ltda, de quien también pretendían obtener indemnización en los términos
del citado artículo 98 del Código Penal, de manera que las víctimas también
podían intentar la correspondiente acción ante la jurisdicción civil8 que estaba

8
Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 30
de junio de 2016, radicación número 11001-02-04-000-2016-00743.01, MP Ariel Salazar Ramírez,
expresó: “(…)Y es que no puede confundirse el significado de lo que el ordenamiento adjetivo
penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el de los terceros responsables
dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno de esos
ordenamientos tiene un significado y alcance distintos. En efecto, para el ordenamiento penal, la
noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que a pesar de no haber
cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su patrimonio
por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000). En cambio,
la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en el
artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del
hecho de un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado
“un tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en
el caso de las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo
con estas premisas, si un tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente
favorece a la víctima de los perjuicios, puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es
de 10 años, y no la trienal que refiere el artículo 2358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento
penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva, que en copiosa jurisprudencia, el
máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad punitiva para
investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la
justicia civil”.

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sujeta al término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código
Civil.

d) Sobre este punto objeto de análisis, debe advertirse que para la época en que
ocurrió el accidente (27 de agosto de 2002) la prescripción ordinaria de la acción
civil contra el tercero civilmente responsable aún era de 20 años, sin desconocer
que el 27 de diciembre de 2002 empezó a regir la Ley 791 de ese año que modificó
el artículo 2536 del Código Civil y redujo la prescripción ordinaria a 10 años.

Frente a esto último es obligatorio remitirse a lo dispuesto en el artículo 41 de la
Ley 153 de 1887 según el cual:

“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere
completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá
ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente;
pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino
desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”.

Con fundamento en esos parámetros el tercero posiblemente civilmente
responsable, empresa de transportes Puerto Tejada Ltda, bien podía escoger
entre el término original de 20 años contados a partir de la ocurrencia del hecho
y el nuevo término de 10 años desde la entrada en vigor de la Ley 791 de 2002.

e) En ese contexto fáctico y normativo, habida cuenta que los hechos tuvieron
lugar el 27 de agosto de 2002, la parte demandante podía intentar en tiempo la
acción civil ante la jurisdicción ordinaria, independientemente del término que
eligiera el prescribiente por cuanto: (i) si elegía el término original de 20 años, la
acción no prescribiría sino hasta el 27 de agosto de 2022 y, (ii) si optaba por el
término de 10 años contados desde la entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002,
que inició el 27 de diciembre de ese año, tenía oportunidad de ejercer la acción
civil hasta el 27 de diciembre de 2012, fecha que es posterior a la declaratoria de
la prescripción de la acción penal que tuvo lugar en el año 2010.

5) En las circunstancias antes descritas debe concluirse que no hay prueba de la
existencia de una pérdida de oportunidad definitiva porque no se demostró que

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en realidad los demandantes perdieran la posibilidad de reclamar reparación ante
el tercero civilmente responsable como llamado a reparar los perjuicios derivados
de las lesiones causadas al señor Luis Humberto Galindo, esto es, la empresa de
transporte a la cual estaba afiliado el vehículo involucrado en el accidente
automovilístico al que se refieren los hechos de la demanda en este proceso, de
manera que no se probó la existencia de una oportunidad perdida y de un daño
cierto que pueda ser objeto de reparación.

6) En suma, es importante anotar igualmente que la condición necesaria para que
se tenga por acreditado el daño dentro de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado es la certeza, no puede ser reparado un daño eventual
o hipotético, frente a ello la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterativa en sostener
que no puede haber responsabilidad si no se encuentra plenamente acreditado el
daño9 y, en ese sentido, por sustracción de materia se torna innecesario analizar
la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

3. Conclusión

Prospera el recurso de apelación presentado por la Nación - Rama Judicial por
cuanto no se demostró el daño, consistente en la pérdida de la oportunidad de
obtener la indemnización de los perjuicios derivados del delito presuntamente
cometido por Maximino Forero Molina con la prescripción de la acción penal, dado
que no se comprobó la pérdida total y definitiva de una oportunidad seria, cierta y
definitiva de recuperar por la vía del proceso penal los eventuales perjuicios
sufridos por los demandantes.

9
Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de
mayo de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999-
1240-01 (20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01
(45.530), MP Ramiro Pazos Guerrero.

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En consecuencia, la Sala revoca la sentencia del 19 de septiembre de 2014 del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.

4. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia del 19 de septiembre de 2014 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, niéganse las pretensiones de
la demanda.

2º) Abstiénese de condenar en costas.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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