Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2013-00070-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2013-00070-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2013-00070-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2013-00070-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
19 de abril de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Demandantes: ÁLVARO SANTOFIMIO GUZMÁN Y OTRO
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA - PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Síntesis del caso: se formula el medio de control de reparación directa por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que dio lugar a la prescripción de la
acción penal en un proceso por el delito de lesiones personales derivadas de una
intervención quirúrgica, los demandantes plantean la imposibilidad de ser reparados de
los perjuicios en el proceso penal en el que fueron reconocidos como víctimas.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls.
648 a 662 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 10 de julio de
2015 por el Tribunal Administrativo del Quindío (fls. 624 a 639 cdno. apelación)
mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda, por las
consideraciones consignadas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, por la
Secretaría de la Corporación se hará la liquidación respectiva. En lo
que atañe a agencias en derecho se liquidan en SEIS MILLONES
CIENTO ONCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON SEIS
CENTAVOS ($6.111.131,6).
TERCERO: Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema
Siglo XXI. Oportunamente archívese el expediente.(fl. 638 a 639 cdno.
apelación – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 20 de marzo de 2013 (fl. 476 cdno. 2) en el Tribunal
2
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
Administrativo del Quindío, los señores Álvaro Santofimio Guzmán y Guillermo
Francisco Santofimio Enríquez, por medio de apoderado judicial, presentaron
demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el
artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (fls. 1 a 14 cdno. 1) con las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Solicito se declare responsable, a la Fiscalía General de
la nación, por la falla en el servicio, representada en negarle la
oportunidad a mis representados de obtener verdad, justicia y
reparación; por la demora sin justa causa en la formulación de la
imputación, dando lugar a que el transcurso del tiempo generará la
prescripción de la acción penal, cerrando la posibilidad de promover el
Incidente de Reparación Integral, derivado de la condena que emitiera
un Juez Penal en contra del Doctor FERNANDO JOSÉ ALMONACID
GALVIS.
SEGUNDO: consecuencia (sic) de lo anterior se condene a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a cancelar el señor
GUILLERMO FRANCISCO SANTOFIMIO ENRÍQUEZ, por perjuicios
materiales,
a- Lucro cesante causado desde la fecha de la lesión a la fecha de
formulación de esta demanda, CIENTO CINCUENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS ($153.276.748.oo).
b- Lucro cesante futuro, una suma equivalente a TRESCIENTOS
SESENTA MILLONES DE PESOS ($360.000.000) suma que surge
del promedio total con base en el salario que para la época
devengaba, la edad y hasta la época en la cual devengaría salarios el
señor GUILLERMO SANTOFIMIO.
TERCERO: Se condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
por concepto de perjuicios morales, a favor de GUILLERMO
FRANCISCO SANTOFIMIO ENRÍQUEZ una suma igual a 500
salarios mínimos mensuales legales vigente (sic).
CUARTO: Se condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
favor de GUILLERMO FRANCISCO SANTOFIMIO ENRÍQUEZ, por
concepto del daño a la vida en relación una suma equivalente a 500
Salarios (sic) mínimos mensuales legales vigentes, en razón al cambio
drástico de la vida del lesionado, donde perdió además de su
capacidad intelectual, la posibilidad de valerse por sí solo,
dependiendo por completo de su padre, así como la imposibilidad para
cumplir actividades de descanso y diversión que le brindaban felicidad.
QUINTO: Se condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a
favor del señor ÁLVARO SANTOFIMIO GUZMÁN, padre de
GUILLERMO FRANCISCO SANTOFIMIO ENRÍQUEZ, por perjuicios
materiales, representados en el daño emergente (tratamientos,
3
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
enfermera, terapias, etc, cubiertos por él), la suma de CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($50.000.000).
SEXTO: Se condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por
concepto de perjuicios morales, a favor del señor ÁLVARO
SANTOFIMIO GUZMÁN, padre de GUILLERMO FRANCISCO
SANTOFIMIO ENRÍQUEZ, una suma igual a 300 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
SÉPTIMO: se condene a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por
concepto del daño a la vida en relación, a favor del señor ÁLVARO
SANTOFIMIO GUZMÁN, padre de GUILLERMO FRANCISCO
SANTOFIMIO ENRÍQUEZ, una suma equivalente a 300 Salarios
mínimos mensuales legales vigentes, esto último en razón a que en la
actualidad y a pesar de su edad, debe velar por el bienestar y
manutención de su hijo, quien es un hombre más de 50 años y antes
de los hechos dañinos, se procuraba su propio sustento.
OCTAVO: se condena en costas y gastos a la entidad demandada (fls.
8 a 9 cdno. 1 – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, lo siguiente
(fls. 2 a 5 cdno. 1):
1) El 27 de abril de 2006, el señor Guillermo Francisco Santofimio Enríquez fue
sometido a una cirugía de circuncisión como tratamiento de la patología
denominada balanopostitis, esto es, la inflamación del glande y del prepucio a la
vez.
2) En la cirugía participaron el cirujano Jaime Virgilio Romero Rico y el
anestesiólogo Fernando José Almonacid Galvis, durante el procedimiento el
señor Guillermo Francisco Santofimio Enríquez presentó varios paros
cardiorrespiratorios de manera que fue trasladado a otra clínica en la que
permaneció en estado de coma durante 15 días, luego fue trasladado a otro
hospital donde estuvo internado dos meses, aproximadamente.
3) Como consecuencia de los paros cardiorrespiratorios, el señor Santofimio
Enríquez quedó con graves secuelas de tipo cognitivo que le generaron una
4
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
pérdida de capacidad laboral de 70.10%, según la calificación efectuada por
Seguros de Vida Alfa SA.
4) Por los anteriores hechos, el 25 de octubre de 2006 los ahora demandantes
presentaron querella en contra del médico anestesiólogo Fernando José
Almonacid Galvis por el delito de lesiones personales; el 2 de mayo de 2011 ante
el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de
Armenia (Quindío) se llevó a cabo la audiencia de imputación; el 30 mayo de
2011 la Fiscalía 13 Local de Armenia (Quindío) presentó escrito de acusación;
el 26 de agosto de 2011 se celebró audiencia preparatoria ante el Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Armenia (Quindío)
y durante la misma el apoderado del acusado solicitó la prescripción de la acción
penal, la cual fue decretada y confirmada por el Juez Quinto Penal del Circuito
de Armenia (Quindío).
5) El fenómeno de la prescripción se presentó por la demora judicial entre la
fecha de presentación de la querella y la audiencia de imputación debido al
múltiple cambio de fiscales y al desorden del ente acusador, lo que conllevó a la
imposibilidad de los demandantes de iniciar el incidente de reparación integral,
a conocer la verdad del proceso y obtener justicia representada en una sentencia
de condena con la que se obtendría el pago de los perjuicios reclamados, de
orden material y moral.
3. Contestación de la demanda
Por auto del 23 de abril de 2013, el a quo admitió la demanda (fls. 490 a 491 vlto.
cdno. 2) y ordenó la notificación personal del representante legal de la entidad
demandada quien contestó la misma así:
1) No se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar la
responsabilidad patrimonial extracontractual en su contra.
5
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
2) La prescripción de la acción penal se dio como consecuencia de la inactividad
de la parte civil, quien no impulsó la actuación penal, de manera que se configuró
la culpa exclusiva de la víctima como causal que exonera a la administración de
justicia de responsabilidad.
3) No existe ningún tipo de causalidad entre la existencia del hecho (falla del
servicio) y los daños aducidos con la demanda (fls. 513 a 522 cdno. 1).
4. La sentencia impugnada
En sentencia del 10 de julio de 2015 (fls. 624 a 639 cdno. apelación), el Tribunal
Administrativo del Quindío negó las súplicas de la demanda con base en los
siguientes argumentos:
1) Se dejó pasar una oportunidad indemnizatoria para reclamar los perjuicios
alegados pues, desde el año 2006 cuando se realizó la intervención quirúrgica
que generó los daños a la salud reclamados, si los demandantes consideraban
que se presentó una falla en el servicio médico y hospitalario, conforme a lo
dispuesto en el artículo 1494 del Código Civil pudieron presentar una demanda
civil en contra de las entidades y médicos que atendieron al señor Guillermo
Francisco Santofimio.
2) Sin perjuicio de lo anterior, la prescripción de la acción penal no extingue los
derechos patrimoniales que se hubiesen podido consolidar si se hubiera acudido
a la jurisdicción ordinaria en ejercicio de una acción ordinaria, cuya prescripción
es de 10 años de acuerdo con lo consagrado en el artículo 2536 del Código Civil.
3) La víctima, en su derecho estuvo pendiente por sí misma de la actuación penal
y lo hizo a través de apoderado judicial tan solo dos (2) días antes de entrar a la
audiencia preparatoria, además, ante la declaratoria de prescripción el abogado
no interpuso recurso alguno, por lo cual se asume que estuvo conforme con la
6
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
decisión, a diferencia de la Fiscalía General de la Nación quien por intermedio
de su delegado sí recurrió la providencia.
4) La actuación de la víctima dentro del proceso penal no garantizaba una
condena punitiva ni una condena pecuniaria resarcitoria pues, no se trata de un
daño cierto sino apenas de una mera expectativa.
5. El recurso de apelación
El 23 de julio de 2015, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 648 a
662 cdno. apelación) con el siguiente razonamiento:
1) La doble posibilidad de reclamación que brinda el legislador no puede ser el
único termómetro para verificar o constatar si en una de ellas, por culpa del
Estado, se pierde la oportunidad de acceder a los derechos que
constitucionalmente se han consagrado en favor de las víctimas; ninguna de las
acciones prevalece sobre la otra, sino que, es la persona dentro de su libre
capacidad de elegir, como faceta del libre desarrollo de la personalidad, quien
finalmente decide y espera que el Estado le responda por los derechos que
reclama y que se han frustrado por el proceder de agentes que actúan en su
representación y que permitieron que cobrara vigencia el fenómeno prescriptivo.
2) La participación en el proceso penal no solo buscaba el resarcimiento
económico de los perjuicios causados sino también la realización de la justicia,
la búsqueda de la verdad y la suspensión del ejercicio profesional del acusado,
además, dicha intervención no les implicó invertir dinero en honorarios, mientras
que si hubieran iniciado la acción civil habrían incurrido en gastos para la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, así como en el pago
de la caución exigida para obtener las medidas cautelares pertinentes.
7
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
3) El hecho de no interponer recurso en contra del auto que decretó la preclusión
de la acción penal o la inasistencia a la audiencia de confirmación de dicha
decisión no puede ser calificado como inactividad del apoderado de las víctimas,
sino como “prudencia ante la objetividad y contundencia de la decisión” (fl. 659
cdno. apelación).
4) La evidencia probatoria allegada al proceso refleja que no se estaba ante
meras expectativas sino ante una alta probabilidad de verdad que la conducta
delictiva existió y que el imputado era su autor o partícipe, por lo cual, pese al
prematuro estadio procesal en el que se decretó la prescripción, el tribunal
contaba con elementos para determinar el nexo causal que se requiere en estas
actuaciones en las que se analiza el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, más aún cuando se reconocen las irreversibles
secuelas que quedaron en el demandante debido a la mala práctica médica.
6. Actuación surtida en segunda instancia
El 29 de enero de 2016 se admitió el recurso de apelación (fl. 670 cdno.
apelación) y el 29 de julio de 2016 (fl. 672 cdno. apelación) se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y,
por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.
En dicha oportunidad procesal la parte demandante solicitó revocar la sentencia
de primera instancia (fls. 673 a 677 cdno. apelación), mientras que la parte
demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto
sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la
8
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3)
conclusión y, 4) condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna1, corresponde a la Sala determinar
si en el presente caso la Fiscalía General de la Nación es patrimonial y
extracontractualmente responsable del supuesto defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia debido a la ocurrencia de la prescripción de la acción
penal que le impidió a los demandantes satisfacer la indemnización de perjuicios
que pretendían reclamar como consecuencia de las lesiones personales
culposas ocasionadas a Guillermo Francisco Santofimio Enríquez y por la cual
se inició una investigación penal.
El tribunal de primera instancia negó los requerimientos de la demanda, por
considerar que no se acreditó la pérdida de la oportunidad y porque no se
configuraron los elementos necesarios para acreditar un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia imputable a la entidad
demandada; los demandantes insisten en la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación, por estimar que con la declaratoria de prescripción en el
proceso penal se frustró su oportunidad de obtener el resarcimiento de los
perjuicios de los que fueron víctimas a través del incidente de reparación integral,
además de que se hiciera justicia y se obtuviera la verdad.
1
El referido defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado por la
demandante se concretó en la decisión proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Armenia (Quindío) en audiencia realizada el 22 de septiembre de
2011, a través de la cual se confirmó la decisión de preclusión de la investigación por el delito de
lesiones personales culposas (fls. 426 y vto. cdno. 1 y CD fl. 475 A); dicha decisión fue notificada
en estrados, de manera que adquirió firmeza en dicha fecha, en consecuencia, la demanda del
20 de marzo de 2013 (fl. 476 cdno. 2) se formuló dentro del término de dos años previsto en el
numeral 2 literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- (vigente a partir del 2 de julio de 2012), sin contar
que los términos se ampliaron mientras se llevó a cabo la conciliación prejudicial ante la
Procuraduría General de la Nación, esto es, desde su presentación el 15 de diciembre de 2011
hasta el 20 de febrero de 2012 cuando se dio por agotado el aludido requisito de procedibilidad
(fls. 17 a 19 cdno. 1).
9
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
El fallo apelado será confirmado, debido a que en el presente caso no se
demostró el daño alegado por los actores, entendido como la pérdida de
oportunidad consistente en obtener una reparación de los perjuicios que
pretendían reclamar, pues, no se reúne el requisito relativo a que se trate de una
oportunidad que se hubiere perdido de manera definitiva.
Asimismo, con la decisión de prescripción tampoco se privó de manera definitiva
a los demandantes de la oportunidad de obtener verdad y justicia.
2. Análisis de la impugnación
2.1 El daño
1) Según se enuncia en la demanda, la prescripción de la acción penal seguida
en contra del señor Fernando José Almonacid Galvis provocó que los
demandantes i) no pudieran ser indemnizados por los perjuicios causados con
el delito, máxime cuando el señor Guillermo Francisco Santofimio Enríquez fue
reconocido como víctima dentro del proceso penal en la audiencia de acusación
realizada el 1° de julio de 2011 por el Juzgado Primero Penal Municipal de
Conocimiento de Armenia (Quindío) y, ii) se vieran privados de obtener verdad
y justicia.
2) Para los actores, la prescripción de la acción ocurrió por una dilación
injustificada en los términos procesales por parte de la Fiscalía General de la
Nación pues, no existió mayor impulso desde que se interpuso la querella penal
hasta que se realizó la diligencia de imputación, circunstancia que provocó un
daño en los demandantes quienes desde el inicio de la actuación estuvieron
presentes en el proceso penal en calidad de víctimas.
3) En ese sentido, entiende la Sala que el asunto debe examinarse con el título
de imputación referente al defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia como hipótesis enmarcada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996,
10
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
debido a la imposibilidad para la parte aquí actora de obtener la reparación de
los perjuicios que dice le fueron causados por la comisión del delito de lesiones
personales culposas.
4) En esa perspectiva, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño
como primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual pues,
en casos como estos, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado2 ha establecido que lo que se suscita como daño, como concepto
diferente del perjuicio, es lo que se ha denominado pérdida de oportunidad, la
cual no puede reducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la decisión
penal definitiva, sino que, deben presentarse las suficientes pruebas que
demuestren que la persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado
acorde a sus intereses y que al precluir la investigación o cesar el procedimiento
penal esta se frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe
ser seria y estar acreditada para que pueda reconocerse como daño
indemnizable3.
5) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica
que permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés legítimo del
demandante.
Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del
eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la
oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en
ausencia del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa
de obtener un provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad
2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso
no. 13001-23-31-000-1999-00328-01 (25.327); del 2 de mayo de 2016, proceso no.
13001233100020010050601 (37.111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-
000-2007-00642-01 (42.334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre
otras.
3
En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30
de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45.530), MP Ramiro Pazos
Guerrero.
11
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
se extinguió de forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño
sería eventual y por tanto no susceptible de indemnización.
6) Los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por
pérdida de oportunidad cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia tras haberse declarado la
prescripción de la acción penal han sido tratados por la jurisprudencia4, como se
explica a continuación:
a) El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca
de si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual
constituye un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que
ello se oponga al carácter cierto del daño pues, la certeza en este caso debe
analizarse respecto de la oportunidad perdida y no del resultado.
b) El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha,
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado, es decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta
para obtener la indemnización de los perjuicios causados.
c) El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente para la parte civil por el hecho de declararse la
prescripción de la acción penal, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva
de la oportunidad puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda la
oportunidad no estaría perdida o frustrada.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017,
proceso no. 520012331000200800505 01 (41.073), MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por
la misma subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso no. 08001-23-31-000-
2009-00618-01 (44.861), del 14 de marzo de 2019, proceso no. 13001-23-31-000-2009-00625-
01 (45.890) y del 11 de abril de 2019, proceso no. 25000-23-26-000-2011-00292-01 (50.569),
todas con ponencia de Marta Nubia Velásquez Rico.
12
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
7) En este asunto en particular, la Sala observa que no se cumplen los
presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de
oportunidad, tal como se explica en el acápite siguiente.
2.2 Estudio del caso concreto
1) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de
la decisión de la controversia:
a) El 30 de octubre de 2006, el señor Guillermo Francisco Santofimio Enríquez
formuló querella por el delito de lesiones personales (fls. 111 a 114 cdno. 1) en
contra del médico Fernando José Almonacid Galvis pues, cuando este le
practicada el 27 de abril de 2006 una cirugía de circuncisión -con ocasión de un
diagnóstico de balanopostitis- en la Clínica El Parque de la ciudad de Armenia
(Quindío), sufrió un paro cardiopulmonar que conllevó su remisión a la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios de la misma ciudad donde
permaneció por espacio de 13 días y luego fue reingresado a la Clínica El Parque
en la cual estuvo internado 40 días. Como consecuencia de lo referido fue
incapacitado por 180 días y como secuelas quedó con “amnesia, ausencias
cognitivas, pérdida del equilibrio, perturbación de la marcha, motricidad gruesa y
fina, disartria permanente y afasia” (fl. 113 cdno. 1).
b) El 2 de mayo de 2011, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Armenia (Quindío), llevó a cabo la audiencia de
imputación en contra del galeno Fernando José Almonacid Galvis por el delito
de lesiones personales (fl. 358 y 359 cdno. 1 - cd fl. 475 A cdno. 2); en dicha
diligencia el imputado no aceptó los cargos y se le puso de presente la
prohibición de enajenar los bienes sujetos a registro dentro de los seis (6)
siguientes meses.
c) El 30 de mayo de 2011, la Fiscalía Trece Local de Armenia radicó ante los
Jueces Penales Municipales de Conocimiento el escrito de acusación en contra
13
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
de Fernando José Almonacid Galvis por el delito de lesiones personales
adelantado por la Fiscalía Trece Local de Armenia (fl. 350 a 355 cdno. 1); la
audiencia de acusación se llevó a cabo el 1° de julio de 2011 (fol. 380 cdno. 1 -
cd fl. 475 A cdno. 2) ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento
de Armenia (Quindío) y durante la misma el señor Guillermo Francisco
Santofimio Enríquez fue reconocido como víctima, de manera que, ante su
inasistencia, se le corrió traslado durante tres (3) días del escrito de acusación y
sus anexos presentados por parte del delegado de la Fiscalía General de la
Nación.
d) El 26 de agosto de 2011, el Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento
de Armenia (Quindío) en el curso de la audiencia preparatoria (fl. 414 a 415 cdno.
2 – cd. fl. 475 A cdno. 2) decretó la preclusión de la investigación por haber
operado la prescripción de la acción penal pues, los hechos que dieron origen a
las lesiones personales por las cuales fue acusado el señor Fernando José
Almonacid Galvis datan del 27 de abril de 2006 mientras que la audiencia de
imputación se llevó a cabo el 2 de mayo de 2011, es decir, cuando habían
transcurrido cinco (5) años y (5) días.
e) En contra de la anterior decisión el Delegado de la Fiscalía General de la
Nación interpuso recurso de apelación la cual fue confirmada por el Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia (Quindio) en audiencia
realizada el 22 de septiembre de 2011 (fl. 426 cdno. 2 - cd. fl. 475 A cdno. 2).
2) A partir del anterior relato y constatación de tales actuaciones procesales, la
Sala encuentra satisfecho el primer requisito referente a la pérdida de
oportunidad, solo respecto del demandante Guillermo Francisco Santofimio
Enríquez, por cuanto este fue la persona que presentó la querella, fue reconocido
como víctima y en esa condición estuvo atento a la actuación del proceso penal,
sin embargo, durante la etapa del juicio se declaró la extinción del procedimiento
por prescripción de la acción penal, situación que demuestra que el afectado con
el supuesto delito se le vio frustrada, en principio, la posibilidad de conocer el
14
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
resultado del proceso penal, con lo cual la incertidumbre o aleatoriedad sobre el
resultado final de la investigación se encuentra probada.
Pero no se predica lo mismo respecto del demandante Álvaro Santofimio
Guzmán pues, este no solicitó en el proceso penal ser reconocido como víctima,
de modo que no se puede afirmar que vio frustrada la posibilidad de conocer un
resultado cuando ni siquiera participó dentro de dicho proceso.
3) En cuanto al señor Guillermo Francisco Santofimio Enríquez, no ocurre lo
mismo frente al segundo requisito, referente a la existencia de una situación
fáctica y jurídicamente idónea para alcanzar el resultado esperado, por cuanto
no hay evidencia de que efectivamente la presunta oportunidad perdida existía
para el demandante de modo definitivo.
En efecto, resalta la Sala que si bien es en la audiencia de acusación “en donde
se formaliza la intervención de la víctima mediante la determinación de su
condición y el reconocimiento de su representación legal, su participación,
directa o mediante apoderado, se encuentra garantizada aún desde la fase de
investigación5”6, también lo es que el juez de control de garantías, de
conformidad con el artículo 92 de la Ley 906 de 20047, en la audiencia de
5
CSJ, auto interlocutorio AP12382015, marzo 11 de 2015, proceso con número de radicación
45339.
6
Sentencia C-516 de 2007.
7
“ARTÍCULO 92. MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES. El juez de control de garantías, en
la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de
las víctimas podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares
necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.
La víctima acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño recibido y la
cuantía de su pretensión. El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente
para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución que se debe
prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvo que la
solicitud sea formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al
peticionante. El juez, una vez decretado el embargo y secuestro, designará secuestre y
adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código de
Procedimiento Civil. Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado
por el imputado o acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso
de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria
en su contra.
15
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
formulación de imputación “a petición de las víctimas” puede decretar las
medidas cautelares necesarias sobre bienes del imputado o del acusado para
proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito
y, en ese sentido, el aquí demandante no realizó ninguna solicitud que permitiera
garantizar el pago de alguna indemnización.
Adicionalmente, se tiene que el proceso prescribió durante la audiencia
preparatoria, esto es, no se había proferido sentencia y, aunque en un principio
el acusado fue llamado a juicio, ello no quiere decir que necesaria ni tampoco
inequívocamente hubiera un grado cierto de probabilidad de que el investigado
fuera condenado en la etapa judicial en la que se exige el grado de certeza para
emitir condena.
De lo anterior se concluye que, de cara al momento procesal en el que se decretó
la prescripción de la acción penal respecto del delito denunciado, no es posible
determinar, necesaria o indefectiblemente, que sin la referida declaratoria de
prescripción de la acción penal se hubiera obtenido una decisión de fondo
favorable a sus intereses; en ese orden de ideas, no hay prueba de que los
demandantes tenían una oportunidad seria y cierta de recuperar por la vía del
proceso penal los eventuales perjuicios derivados del delito investigado y, por lo
tanto, no se demostró una oportunidad real perdida, esto es, un daño cierto que
pueda ser objeto de reparación.
4) De igual manera, tampoco aparece probado el tercer elemento de la pérdida
de oportunidad consistente en demostrar que la opción de reparación se
extinguió de manera definitiva por haberse declarado la prescripción de la acción
penal en el proceso seguido por el delito de lesiones personales, por lo siguiente:
PARÁGRAFO. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces,
el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado en las
mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar caución.”
16
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
a) Según el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, en su texto vigente para la época
en que se declaró la prescripción de la acción penal8, la acción civil derivada de
la conducta punible cuando se ejercita dentro de un proceso penal prescribe “en
relación con los penalmente responsables” en tiempo igual al de la prescripción
de la respectiva acción penal, pero, en los demás casos se aplicarán las normas
pertinentes de la legislación civil.
b) Lo anterior obliga a precisar que en el presente evento se inició el proceso
penal con ocasión de las lesiones personales derivadas del procedimiento
quirúrgico realizado al señor Guillermo Francisco Santofimio Enríquez, como
consecuencia del suministro de la anestesia por parte del galeno acusado en el
proceso penal, cirugía que fue llevada a cabo en un centro hospitalario al que se
encontraba adscrito el galeno y que por ello dicha institución ostenta la calidad
de tercero civilmente responsable, en contra de la cual no prescribió la acción
civil con la prescripción de la acción penal, ya que se trata de una persona
jurídica distinta al acusado de ser “penalmente responsable”.
c) En tales circunstancias, la declaración de la prescripción de la acción penal
no impedía a los demandantes iniciar un proceso ordinario de responsabilidad
patrimonial extracontractual de naturaleza civil en contra del tercero civilmente
responsable, de manera que la víctima también podía intentar la correspondiente
acción ante la jurisdicción civil9 que estaba sujeta al término ordinario de
prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil.
8
En artículo 98 de la Ley 600 del 2000, Código de Procedimiento Penal, vigente para la época
de en que se declaró la prescripción, consagraba: “Prescripción. La acción civil proveniente de
la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los
penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En
los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.
9
Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 30
de junio de 2016, radicación número 11001-02-04-000-2016-00743.01, MP Ariel Salazar
Ramírez, expresó: “(…)Y es que no puede confundirse el significado de lo que el ordenamiento
adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el de los terceros
responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada
uno de esos ordenamientos tiene un significado y alcance distintos. En efecto, para el
ordenamiento penal, la noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que a
pesar de no haber cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a
responder con su patrimonio por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de
la Ley 600 de 2000). En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones
17
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
d) Sobre este punto objeto de análisis, debe advertirse que para la época en que
sucedieron los hechos supuestamente delictivos (2006) la prescripción ordinaria
de la acción civil contra el tercero civilmente responsable aún era de 10 años,
conforme a la Ley 791 de 2002 que modificó el artículo 2536 del Código Civil y
que empezó a regir el 27 de diciembre de 2002.
e) En ese contexto fáctico y normativo, la parte demandante podía intentar en
tiempo la acción civil ante la jurisdicción ordinaria para lo cual tenía un término
de 10 años contados desde la ocurrencia de los hechos -27 de abril de 2006-,
luego tenía oportunidad de ejercer la acción civil hasta el 27 de abril de 2016,
fecha posterior a la declaratoria de prescripción de la acción penal -22 de
septiembre de 2011, incluso, a la presentación de esta demanda -20 de marzo
de 2013-.
5) En las circunstancias antes descritas debe concluirse que no hay prueba de
la existencia de una pérdida de oportunidad definitiva porque no se demostró
que en realidad los demandantes perdieran la posibilidad de reclamar reparación
ante el tercero civilmente responsable como llamado a reparar los perjuicios
derivados de las presuntas lesiones personales causadas a Guillermo Francisco
Santofimio Enríquez, esto es, la Clínica El Parque, de manera que no se probó
la existencia de una oportunidad perdida y de un daño cierto que pueda ser
objeto de reparación.
de este capítulo”, contenida en el artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de
responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de un tercero, a diferencia de la que tiene una
naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado
“un tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como
en el caso de las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De
acuerdo con estas premisas, si un tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis
evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios, puesto que la prescripción que reglamenta
esta acción es de 10 años, y no la trienal que refiere el artículo 2358 ejusdem. Tal es la claridad
del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva, que en copiosa
jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad
punitiva para investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos
propios de la justicia civil”.
18
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
6) En suma, es importante anotar igualmente que la condición necesaria para
que se tenga por acreditado el daño dentro de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado es la certeza, toda vez que no puede ser reparado
un daño eventual o hipotético, frente a lo cual la jurisprudencia ha sido pacífica
y reiterativa en sostener que no puede haber responsabilidad si no se encuentra
plenamente acreditado el daño10 y, en ese sentido, por sustracción de materia
se torna innecesario analizar la existencia de un defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia.
7) De otro lado, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, los
demandantes propusieron no solo el daño consistente en la pérdida de
oportunidad de ser indemnizados sino también el daño a no obtener verdad y
justicia por la declaratoria de la prescripción de la acción penal.
Al respecto, la Sala encuentra que por análogas razones al estudio de la pérdida
de oportunidad, la prescripción de la acción penal tampoco dejó desprovista a la
parte demandante de mecanismos judiciales igualmente idóneos para que se
estableciera la verdad y se impartiera justicia.
En efecto, aunque la Sala es consciente de que el proceso penal es un escenario
adecuado para determinar la causa de las lesiones sufridas por el señor
Guillermo Francisco Santofimio Enríquez pues, solo a partir de una
reconstrucción plena del curso causal sería posible determinar si había o no
lugar a la responsabilidad personal propia de la acción penal, lo cierto es que la
reconstrucción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se
produjeron las lesiones, como derecho que ciertamente tienen las víctimas del
delito, también podía conseguirse a través del ejercicio de la acción civil que,
10
Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de
mayo de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999-
1240-01 (20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01
(45530), MP Ramiro Pazos Guerrero.
19
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
como quedó establecido, pudo ser promovida con posterioridad a la declaración
de prescripción de la acción penal, y por esa vía alcanzar el conocimiento de la
verdad.
8) Finalmente, la Sala pone de presente que los demandantes alegaron la
existencia de una mora por parte de la fiscalía, sin embargo, esta fue aducida
como causante de la prescripción de la acción penal y, en la medida que el daño
no se encuentra demostrado, la Sala no realizará ningún otro análisis, máxime
cuando solo se aludió a la mora como causa de la prescripción que llevó a su
vez a la perdida de oportunidad.
3. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, como no hay certeza de la pérdida de
oportunidad y, por tanto, del daño alegado, se impone confirmar la sentencia
apelada que denegó las pretensiones de la demanda.
4. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA31 y el numeral 1 del artículo 365
del CGP32 se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante. En
los términos del numeral 3.1.3 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del
Consejo Superior de la Judicatura33 se fija en seis salarios mínimos legales
mensuales vigentes a esta fecha, por concepto de agencias en derecho y se
revoca la condena en costas de primera instancia.
Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el
artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
20
Expediente 63001-23-33-000-2013-00070-01 (55.194)
Actor: Álvaro Santofimio Guzmán y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia del 10 de julio de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío que negó las pretensiones de la demanda.
2º) Condénase en costas de esta instancia a la parte demandante. En los
términos del numeral 3.1.3 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo
Superior de la Judicatura se fija en seis (6) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a esta fecha, por concepto de agencias en derecho y se revoca la
condena en costas de primera instancia. Los gastos del proceso serán
liquidados de manera concentrada por la Secretaría del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del Código General del
Proceso.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de
rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.