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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2012-00228-01

Fecha
1 de marzo de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2012-00228-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia del 29 noviembre de 2013 del Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 003 mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 2º) Como consecuencia de lo anterior niéganse las pretensiones de la demanda. 3º) Condénase en costas en ambas instancias a la parte demandante, las cuales deberán liquidarse por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar de manera concentrada en caso de haberse causado. 4º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma de nueve (9) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden al total de las causadas tanto en primera y en segunda instancia, las cuales deberán ser pagadas por la parte demandante en favor de la Nación – Rama Judicial. 5º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2012-00228-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de marzo de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1º) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Demandante: ANTONIO JOSÉ OJEDA TORREGROSA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA POR MORA JUDICIAL

Síntesis del caso: se ejerce el medio de control judicial de reparación directa por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial que dio lugar a la
prescripción de la acción penal en un proceso por los delitos de estafa agravada y falsedad
por ocultamiento, los cuales ocurrieron a raíz de un negocio de compraventa de un bien
inmueble; el demandante plantea la imposibilidad de ser reparado de los perjuicios
solicitados en el proceso penal donde se constituyó como parte civil.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos tanto por el demandante (fls.
637 a 638 cdno. apelación) como por la Nación – Rama Judicial (fls. 671 a 677 cdno.
apelación) contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 003 (fls. 619 a 635 cdno. apelación) que
dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL por los daños antijurídicos sufridos por ANTONIO
OJEDA TORREGROSA, con ocasión del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por haber operado la prescripción de las
acciones penal y civil, conforme se expuso en la parte motiva.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la NACIÓN
– RAMA JUDICIAL a pagar al señor ANTONIO OJEDA TORREGROSA la
suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($394.650.000), que resulta de
la cuantificación realizada en la parte considerativa de este fallo.

TERCERA: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Condenar a la parte demandada al pago de las costas
procesales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

presente providencia, para cuya liquidación se deberá observar lo
dispuesto en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, y
se incluirán las agencias en derecho fijadas en la suma de tres millones
novecientos cuarenta y seis mil quinientos pesos ($3.946.500), según lo
expresado en la parte motiva de esta providencia (…)” (fls. 634 vlto. y 635
cdno. apelación – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2012 (fl. 27 cdno. ppal.), el señor
Antonio José Ojeda Torregrosa formuló el medio de control de reparación directa
consagrado en el artículo 140 del CPACA con las siguientes súplicas:

“PRIMERO: Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA – CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL, es responsable de
los perjuicios materiales y morales ocasionados por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Cartagena y Sala Penal de Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cartagena, al demandante ANTONIO OJEDA
TORREGROSA, por el hecho de administrar justicia incurriendo en
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al adelantar un
proceso penal y permitir que operara la prescripción de la acción penal y
civil, situación jurídico-procesal que privó al demandante del derecho de
obtener el pago de los perjuicios morales y materiales que fueron
reconocidos en el proceso penal a su favor.

SEGUNDO: Que como consecuencia se condene a la demandada,
NACIÓN COLOMBIANA – CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
– RAMA JUDICIAL, a reconocer ya pagar a los demandantes el valor de
los perjuicios causados, así:

1). PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES: LOS VALORES DEJADOS
DE PERCIBIR EN EL PROCESO PENAL POR OPERAR LA
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y CIVIL, ASÍ:

A) La suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($276.750.000), por concepto
de perjuicios materiales reconocidos mediante sentencia de primera y
segunda instancia a favor del demandante, en el curso del proceso penal
adelantado por el señor ANTONIO OJEDA TORREGROSA, en contra de
MARGARITA YIDIOS DE BUENDIA, JAIRO YIDIOS MERLANO Y OTROS.

B) La suma de DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES, reconocidas en el proceso penal ante comentado,
por concepto de perjuicios morales.

2.) PERJUICIOS CAUSADOS POR EL DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ASÍ:

A) PERJUICIOS MORALES: El equivalente en pesos Colombianos a Cien
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para el demandante

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

ANTONIO OJEDA TORREGLOSA, según lo expuesto en los hechos de la
demanda.

B) PERJUCIOS A LA VIDA DE RELACIONES (sic): El equivalente en
pesos Colombianos a Cien Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes
para el demandante ANTONIO OJEDA TORREGROSA, según lo expuesto
en los hechos de la demanda (…)” (fls. 2 y 3 cdno. ppal. – mayúsculas
sostenidas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) En el año 1997, el señor Antonio José Ojeda Torregrosa celebró con la sociedad
Yidios Hermanos Ltda un contrato de promesa de compraventa sobre el apartamento
701 ubicado en el edificio “Valenty” en el barrio Manga de la ciudad de Cartagena
(Bolívar), razón por la cual desembolsó en favor de esa persona jurídica la suma de
$150.000.000, no obstante, la mencionada sociedad se vio envuelta en una crisis
financiera y el inmueble prometido en venta fue entregado a la Corporación
Financiera Ahorramás con la finalidad de cubrir sus obligaciones bancarias, de
manera que incumplió con la promesa de compraventa celebrada con el aquí
demandante.

2) El señor Antonio José Ojeda Torregrosa requirió a la constructora el cumplimiento
del contrato de promesa de compraventa, circunstancia por la cual la sociedad Yidios
Hermanos Ltda le ofreció hacerle entrega de otro apartamento, el pent-house 1301
ubicado en el mismo edificio de propiedad de la señora María Isabel Yidios de Plata,
de manera que pactaron un nuevo contrato de promesa de compraventa y firmaron la
correspondiente escritura pública de compraventa en la Notaría Segunda del Círculo
de Cartagena, no obstante, el comprador ignoraba que este último inmueble se
hallaba embargado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena.

3) El señor Antonio José Ojeda Torregrosa reclamó la situación antes anotada a la
sociedad constructora, pero, el representante legal de Yidios Hermanos Ltda, el
señor Jairo Yidios, acudió a la mencionada notaría y le solicitó a la funcionaria que
realizó la minuta de compraventa que le entregara la escritura so pretexto de tomarle
una copia pero el documento nunca fue devuelto; posteriormente, la sociedad
constructora vendió mediante escritura pública el referido apartamento 1301 a una

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
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Apelación sentencia

joyería de la ciudad de Cartagena, motivo por el cual la víctima presentó la
correspondiente denuncia penal por el delito de estafa.

4) El asunto penal fue conocido por la Fiscalía General de la Nación quien, el 21 de
enero de 2004, profirió resolución de acusación en contra de María Isabel Yidios de
Plata, Margarita Yidios Buendía y Jairo Yidios Merlano por el delito de estafa en
concurso con el de falsedad por ocultación, la decisión fue confirmada en segunda
instancia el 25 de mayo de 2005.

5) En la etapa de juzgamiento, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena
dictó sentencia condenatoria en contra de los procesados el 31 de marzo de 2008 y
los condenó al pago de perjuicios materiales en favor de Antonio José Ojeda
Torregrosa en cuantía de $276.750.000, el fallo fue apelado y posteriormente
confirmado el 25 de marzo de 2011 por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cartagena, providencia esta última respecto de la cual la
defensa solicitó aclaración que fue negada el 27 de mayo de 2011, en consecuencia
las personas penalmente condenadas presentaron recurso extraordinario de
casación pero este no fue concedido porque en decisión del 8 de agosto de 2011 la
Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena decretó la
prescripción de la acción penal.

6) La demandada incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia que impidió la reparación patrimonial del demandante, debido a que en la
etapa de juzgamiento se produjo, en múltiples ocasiones, el aplazamiento de la
audiencia preparatoria como estrategia de la defensa para buscar la prescripción de
la acción penal, frente a lo cual el juez no ejerció medidas de corrección efectivas,
además, la segunda instancia del proceso penal tuvo un retardo de 3 años para
resolver la apelación.

3. Contestación de la demanda

La Nación – Rama Judicial contestó la demanda el 22 de mayo de 2013 (fls. 538 a
548 cdno. ppal.) con oposición a las pretensiones con sustento en los argumentos
que se sintetizan a continuación:

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

1) No se conculcaron las garantías del debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la parte demandante con ocasión de la prescripción de
la acción penal en el trámite en el cual Antonio José Ojeda Torregrosa pretendía
indemnización como parte civil, no hubo una dilación injustificada por parte de la
autoridad judicial.

2) De otra parte, si bien la congestión de los despachos judiciales es una situación
indeseada que afecta la resolución de muchos procesos, esta no obedece a la
negligencia de los servidores judiciales sino a factores de carácter estructural.

4. La sentencia impugnada

El 29 de noviembre de 2013 el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión
003 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (fls. 619 a 635 cdno.
apelación) por las siguientes razones:

1) Hubo una dilación injustificada en la etapa de juzgamiento del proceso penal
adelantado por el punible de estafa agravada, la primera instancia trascurrió entre el
15 de junio de 2005 y el 31 de marzo de 2008, fecha está última en la cual se dictó
sentencia condenatoria por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Cartagena, la tardanza en la evacuación del asunto ocurrió principalmente en la fase
de audiencia pública que se suspendió 5 veces por solicitud del abogado defensor, 1
vez por inasistencia del denunciante, 3 ocasiones por inasistencia del fiscal, 2
eventos por inasistencia del abogado defensor, 2 oportunidades ausencia de los
testigos, 1 vez por permiso del juez, y 2 ocasiones para la ampliación de un dictamen
pericial.

2) La referida tardanza no puede atribuirse a la parte civil, hoy demandante, porque
siempre le puso de presente al juez el riesgo de la prescripción de la acción penal, no
obstante, la audiencia pública se suspendía seguidamente y se prolongó la etapa
probatoria por más de dos años.

3) A pesar de que el señor Antonio José Ojeda Torregrosa también apeló la
sentencia penal condenatoria de primera instancia con el fin de que le incrementaran
los perjuicios reconocidos, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena
tardó 2 años, 10 meses y 9 días para emitir fallo de segunda instancia, morosidad
que perjudicó la causa del demandante pues, pese a que confirmó la decisión

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

impugnada, con posterioridad a ello decidió declarar la prescripción de la acción
penal al advertir que habían trascurrido más de 5 años desde la resolución de
acusación, hecho que implicó que el actor quedara desprovisto de otro medio judicial
para lograr el pago de la indemnización reclamada, ya que el artículo 98 de la Ley
599 de 2000 preceptúa que en estos eventos la prescripción de la acción penal
implica también la prescripción de la acción civil.

4) Acerca de los perjuicios tomó las siguientes determinaciones: (i) accedió a lo
solicitado por concepto de lucro cesante, consistente en las sumas que el actor dejó
de percibir debido a la prescripción de la acción penal ante la imposibilidad de
reclamar los perjuicios reconocidos en su favor en la sentencias penales
condenatorias, consistentes en 200 smlmv por concepto de perjuicio moral y
$276.750.000 por indemnización de perjuicios materiales y, (ii) negó los perjuicios
morales y de daño a la vida de relación solicitados en el proceso de reparación
directa, por cuanto no los encontró demostrados.

5. Los recursos de apelación

5.1 Antonio José Ojeda Torregrosa

El 15 de enero de 2014, la parte demandante interpuso recurso de alzada (fls. 637 y
638 cdno. apelación) frente a la decisión del tribunal de primera instancia de no
acceder al reconocimiento de perjuicios morales y de vida de relación, los cuales
considera demostrados con la declaración de psicólogo José Álvarez Espinosa quien
trató al señor Antonio José Ojeda Torregrosa y expuso las razones de por qué dicha
persona acudió a sus servicios, esto es, a raíz del estrés sufrido a partir de los
problemas jurídicos que debió atender, situación que le había provocado un trastorno
depresivo moderado, cambios en el comportamiento y pérdida de peso corporal.

5.2 Nación – Rama Judicial

Presentó recurso de apelación el 29 de mayo de 2014 (fls. 671 a 677 cdno.
apelación) en el cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia con
fundamento en lo expresado en la contestación de la demanda, a lo cual agregó lo
siguiente:

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Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

1) Si bien el demandante se constituyó como parte civil en el proceso penal cuya
acción se declaró prescrita, este no se encontraba en imposibilidad de acudir a la
jurisdicción civil ordinaria ya que la actuación respectiva no concluyó con providencia
que indicara que los sindicados no cometieron la conducta punible, obraran en
cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.

2) La prescripción de la acción penal no impedía que el señor Antonio José Ojeda
Torregrosa acudiera ante la jurisdicción civil, por cuanto el término de prescripción
para interponer la correspondiente demanda ordinaria de responsabilidad civil
extracontractual, según el texto original del artículo 2536 del Código Civil, es de 20
años contados a partir de la fecha de la ocurrencia de los hechos generadores del
perjuicio cuya indemnización se reclama1.

6. Actuación surtida en segunda instancia

El 10 de octubre de 2014 se admitió el recurso de apelación (fl. 701 cdno. apelación)
y el 28 de noviembre de 2014 (fl. 705 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo
lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

La parte demandante consideró que el daño reclamado está debidamente probado,
al igual que los correspondientes perjuicios, en especial los padecimientos morales
producto de la angustia sufrida por el señor Antonio José Ojeda Torregrosa por el
hecho de verse frustrada su expectativa de resarcimiento económico por la comisión
del injusto penal, con sustento de la declaración del señor José Álvarez Espinosa (fls.
380 a 399 cdno. apelación).

La Nación – Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

1 Es pertinente aclarar que, de manera posterior al fallo de primera instancia, solo se allegó escrito de

apelación por parte del demandante (fl. 639 cdno. apelación), por lo que el Tribunal Administrativo de
Bolívar fijó fecha para la celebración de audiencia de conciliación el 18 de febrero de 2014 (fl. 641
cdno. apelación), no obstante, el 21 de febrero de 2014 la Nación – Rama Judicial formuló incidente
de nulidad, por cuanto no le había sido notificada en debida forma la sentencia de primera instancia
(fls. 644 a 648 cdno. apelación). De este modo, mediante auto del 14 de mayo de 2014 el Tribunal
Administrativo de Bolívar encontró que, en efecto, no se había producido en debida forma la
notificación del fallo de primera instancia a la parte demandada, razón por la cual declaró la nulidad
parcial de la notificación de la sentencia del 29 de noviembre de 2013 y ordenó que dicha actuación se
surtiera nuevamente (fl. 664 a 668 cdno. apelación), situación que permitió que la Nación – Rama
Judicial pudiera presentar en tiempo el correspondiente recurso de apelación el 29 de mayo de 2014
(fls. 671 a 677 cdno. apelación).

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna2, el objeto de la controversia consiste
en determinar si se reúnen los elementos para declarar extracontractual y
patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial del supuesto daño
ocasionado por causa de un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia en el que habría incurrido de cara a la prescripción de la acción penal en
favor de los señores Margarita Yidios de Buendía, Jairo Yidios Merlano y María
Isabel Yidios de Plata por los delitos de falsedad por ocultación y estafa agravada,
con ocasión de hechos que tuvieron lugar el 11 de junio de 1999.

El tribunal de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, por estimar que en el proceso penal en el cual el demandante se
constituyó como parte civil se incurrió una serie de dilaciones injustificadas que
desembocaron en la declaración de prescripción de la acción penal y civil respecto
de los supuestos autores de los ilícitos investigados; la Nación – Rama Judicial en el
recurso de apelación expresó que no se configuran los elementos para tener por
probado el daño de pérdida de oportunidad, debido a que el aquí demandante aún
tenía la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para perseguir la indemnización de
perjuicios y, la parte demandante, solicitó el reconocimiento de perjuicios morales y

2
El daño alegado por los demandantes se hizo evidente a partir de la decisión proferida el 8 de agosto
de 2011 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena – Sala Penal que declaró la
prescripción de las acciones penal y civil iniciadas contra Margarita Yidios de Buendía, Jairo Yidios
Merlano y María Isabel Yidios de Plata por las conductas punibles de falsedad por ocultación y estafa
agravada (fls. 1342 a 1346 cdno. 4), providencia que adquirió firmeza tres días después, es decir, el
11 de agosto de 2011 por disposición del artículo 187 de la Ley 600 del 2000, por cuanto no se
advierte que contra dicho auto se hubiera interpuesto recursos, de manera que el cómputo de la
caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA, expiraba el 12 de
agosto de 2013 y como la demandada se presentó el 19 de diciembre de 2012 (fl. 12 cdno. ppal.) lo
fue en tiempo; esto sin contar con que la parte actora presentó solicitud de conciliación perjudicial el
25 de junio de 2012 (fl. 29 cdno. ppal.) y el correspondiente término se suspendió desde ese día hasta
el 9 de agosto de 2012 cuando la Procuraduría 21 Judicial II Para Asuntos Administrativos expidió la
correspondiente certificación (fl. 109 cdno. ppal.).

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
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daño a la vida de relación que fueron negados por el Tribunal Administrativo de
Bolívar.

El fallo apelado será revocado, para en su lugar negar las pretensiones de la
demanda debido a que en el presente caso no se demostró el daño alegado por el
demandante, entendido como la pérdida de oportunidad consistente en obtener una
reparación de los perjuicios reclamados en el curso del proceso penal, dado que no
se reúne el requisito relativo a que se trate de una oportunidad que se hubiere
perdido de manera definitiva.

2. Análisis de la impugnación

2.1 El daño

1) Según se anuncia en la demanda, la Nación – Rama Judicial incurrió en un retardo
injustificado que llevó a la prescripción de la acción penal seguida contra los señores
Margarita Yidios de Buendía, Jairo Yidios Merlano y María Isabel Yidios de Plata,
circunstancia que provocó un daño al actor quien en ese proceso se constituyó como
parte civil.

2) En ese sentido, entiende la Sala que el asunto debe enfocarse en el título de
imputación referente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
como hipótesis enmarcada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, debido a
actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por las autoridades que llevaron
consigo a una mora judicial y a la imposibilidad para el aquí demandante de obtener
la reparación de los perjuicios que le fueron presuntamente causados por la comisión
de los delitos de falsedad por ocultación y estafa agravada.

3) De este modo, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño como primer
elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual pues, en casos como
estos la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado3 ha
comprendido que lo que se suscita como daño, como concepto diferente del
perjuicio, es lo que se ha denominado pérdida de oportunidad la cual no puede

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso no.

13001-23-31-000-1999-00328-01(25327); del 2 de mayo de 2016, proceso no.
13001233100020010050601 (37111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-000-2007-
00642-01(42334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

reducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la decisión penal definitiva
sino, que deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren que la persona
tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde a sus intereses y que al
precluirse la investigación o cesar el procedimiento penal esta se frustró, es decir,
que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y estar acreditada para
que pueda reconocerse como daño indemnizable4.

4) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica que
permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés legítimo del
demandante.

Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del
eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la
oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia
del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un
provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad se extinguió de
forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería eventual.

5) Los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de
oportunidad cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia por mora judicial tras haberse declarado la prescripción
de la acción penal han sido tratados por la jurisprudencia5 como se explica a
continuación.

a) El primero, se refiere al alea del resultado como la incertidumbre acerca de si el
beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual constituye un mero
interés legítimo de la frustración de una expectativa, sin que ello se oponga al
carácter cierto del daño pues, la certeza en este caso debe analizarse respecto de la
oportunidad perdida y no del resultado.

4 En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de

marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45530), MP Ramiro Pazos Guerrero.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, proceso No.

520012331000200800505 01 (41.073), MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por la misma
subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso no. 08001-23-31-000-2009-00618-
01(44861), del 14 de marzo de 2019, proceso No. 13001-23-31-000-2009-00625-01(45890) y del 11
de abril de 2019, proceso No. 25000-23-26-000-2011-00292-01(50569), todas con ponencia de Marta
Nubia Velásquez Rico.

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

b) El segundo, se relaciona con la certeza de la oportunidad propiamente dicha que
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una situación
tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado esperado, es
decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta para obtener la
indemnización de los perjuicios causados.

c) El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente para la parte civil por el hecho de declararse la prescripción
de la acción penal, esto es, que se trató de una pérdida definitiva de la oportunidad
puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda, la oportunidad no estaría
perdida o frustrada.

2.2. Estudio del caso concreto

1) En este asunto particular, del proceso penal se extrae que los hechos ilícitos
denunciados por el demandante surgen a partir de un contrato de promesa de
compraventa supuestamente incumplido por parte de la sociedad Yidios Hermanos
Ltda, cuyo objeto era la adquisición por parte del señor Antonio José Ojeda
Torregrosa del apartamento 701 ubicado en el edificio “Valenty” en la ciudad de
Cartagena, inmueble que en lugar de haber sido entregado al promitente comprador
fue transferido por dación de pago a una corporación financiera, circunstancia que
provocó un nuevo acuerdo entre el promitente comprador y dicha sociedad
constructora que en un segundo contrato le prometió enajenarle otro apartamento, el
identificado con el número interno 1301 del mismo edificio, sobre el cual,
aparentemente, se firmó una escritura de compraventa en la Notaría Segunda de
Cartagena pero, que habría sido retirada antes de su protocolización definitiva por
Jairo Yidios Merlano, lo que ocurrió posteriormente fue que este último apartamento
(1301) fue vendido por la constructora a la Joyería Amiga el 11 de junio de 1999, sin
que por otra parte se le hubiera devuelto al señor Ojeda Torregrosa la suma de
$150.000.000 que había dado como anticipo para la adquisición del bien (fls. 1295 y
1295 cdno. 4).

2) Por estos hechos el demandante presentó denuncia penal el 23 de noviembre de
1999 en contra de los señores Jairo Yidios Merlano, Margarita Yidios de Buendía y
María Isabel Yidios de Plata por el delito de estafa (fls. 450 a 453 cdno. 2), de cuyo
trámite se destaca lo siguiente:

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

a) La Fiscalía 37 Seccional de Cartagena ordenó la apertura de la instrucción en
contra de los denunciados el 29 de noviembre de 1999 (fls 472 y 473 cdno. 2), el 30
de noviembre de 1999 esa autoridad dispuso el embargo de los apartamentos 701 y
1301 del edificio “Valenty” objeto de controversia (fl. 565 cdno. 2).

b) El 15 de junio de 2000, el señor Antonio José Ojeda Torregrosa, formuló
demanda de constitución de parte civil en contra de los sindicados Jairo Yidios
Merlano, Marina Isabel Yidios de Plata y Margarita Yidios de Buendía (fls. 688 a 682
cdno. 2), en consecuencia, el 27 de junio de 2000 la Fiscalía 37 Seccional de
Cartagena admitió dicha demanda (fls. 683 y 684 cdno. 2).

c) El 13 de octubre de 2000, el apoderado de Antonio José Ojeda Torregrosa solicitó
el embargo del sueldo y prestaciones sociales del señor Jairo Yidios Merlano y del
dinero que este y las señoras María Isabel Yidios de Plata y Margarita Yidios de
Buendía tuvieran depositados en entidades financieras (fls. 755 y 756 cdno. 2), pero,
de la cual no se observa que haya existido un pronunciamiento por parte de la
fiscalía.

d) El 21 de enero de 2004, la Fiscalía 37 Seccional de Cartagena emitió resolución
de acusación en contra de los señores Jairo Yidios Merlano, Margarita Yidios de
Buendía y María Isabel Yidios de Plata por los delitos de estafa y falsedad por
ocultación (fls. 1525 a 1530 cdno. 6), decisión que fue confirmada en segunda
instancia el 25 de mayo de 2005 por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cartagena (fls. 1254 a 1266 cdno. 4).

e) En la etapa judicial, el trámite del asunto le correspondió al Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Cartagena quien avocó conocimiento el 15 de junio de 2005
(fls. 924 cdno. 3).

f) El 31 de marzo de 2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena
condenó a Margarita Yidios de Buendía y a Jairo Yidios Merlano6 por el punible de
estafa agravada, en consecuencia, los obligó al pago de $267.750.000 en favor de
Antonio José Ojeda Torregrosa por concepto de perjuicios materiales y al pago de
200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales
(fls. 1150 a 1175 cdno. 3), fallo que fue confirmado en segunda instancia el 25 de

6 En este punto, es del caso aclarar que esa providencia absolvió a Marina Isabel Yidios de Plata de

los cargos por el punible de estafa que le fueron formulados (fl. 1174 cdno. 3).

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

marzo de 2011 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena – Sala
Penal (fls. 1278 a 1302 cdno. 4)

g) El 12 de mayo de 2011, el apoderado de la defensa solicitó aclaración y
complementación de la sentencia penal de segunda instancia (fls. 1312 a 1328 cdno.
4), petición que fue negada el 27 de mayo de 2011 por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cartagena – Sala Penal (fls. 1322 a 1334 cdno. 4).

h) Finalmente, el 8 de agosto de 2011 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cartagena – Sala Penal declaró la prescripción de la acción penal debido a que
habían trascurrido más de 5 años desde que se emitió la resolución de acusación
(fls. 1342 a 1346 cdno. 4).

3) A partir del anterior relato, la Sala encuentra satisfecho el primer requisito
referente a la pérdida de oportunidad, debido a que durante el proceso penal el
demandante se constituyó en parte civil para que fueran resarcidos los perjuicios
ocasionados a raíz de la comisión de los delitos de estafa agravada y falsedad por
ocultamiento; no obstante, al final del proceso se declaró la prescripción de la acción
penal, circunstancia que demuestra que se le frustró la posibilidad de que quedara en
firme la condena penal emitida en ambas instancias contra dos de las personas
naturales inicialmente procesadas.

4) El segundo requisito, referente a la existencia de una situación fáctica y
jurídicamente idónea para alcanzar el resultado esperado, también se cumple.

El aquí demandante se encontraba en una situación potencialmente apta para
obtener la indemnización de los perjuicios causados, no solo porque Margarita Yidios
de Buendía y Jairo Yidios Merlano fueron condenados a resarcir perjuicios en ambas
instancias del proceso penal, sino también, porque se alcanzaron a embargar los
inmuebles respecto de los cuales el señor Antonio José Ojeda realizó la reclamación
que tenía que ver con el incumplimiento de los correspondientes contratos de
promesa de compraventa y con el propósito garantizar el pago de la indemnización.

5) Sin embargo, no aparece probado el tercer elemento de la pérdida de
oportunidad, consistente en demostrar que la opción de reparación se extinguió de
manera definitiva por haberse declarado la prescripción de la acción penal en el
proceso seguido por los delitos de estafa agravada y falsedad por ocultación.

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

En efecto, según el artículo 98 de la Ley 599 del 2000, en su texto vigente para la
época en que se declaró la prescripción de la acción penal7, la acción civil derivada
de la conducta punible cuando se ejercita dentro de un proceso penal prescribe “en
relación con los penalmente responsables” en tiempo igual al de la prescripción de la
respectiva acción penal, pero, en los demás casos se aplicarán las normas
pertinentes de la legislación civil.

Lo anterior obliga a precisar en el presente caso, que la acción civil no solo podría
haberse perseguido contra los supuestos autores de los ilícitos denunciados, sino
también, en contra de la sociedad constructora, Yidios Hermanos Ltda, con quien el
señor Antonio José Ojeda Torregrosa celebró el correspondiente contrato de
promesa de compraventa sobre el apartamento número 701 que se ubicaba en el
edificio “Valenty” de la ciudad de Cartagena, respecto de quien no prescribió la
acción civil con la prescripción de la acción penal ya que se trata de persona distinta
a las acusadas de ser “penalmente responsables”.

En tales circunstancias, la declaración de la prescripción de la acción penal no
impedía al demandante iniciar un proceso ordinario de responsabilidad civil contra el
tercero civilmente responsable, esto es, la sociedad Yidios Hermanos Ltda, respecto
de quien la víctima podía intentar la correspondiente acción ante la jurisdicción civil8

7 En artículo 98 de la Ley 600 del 2000, Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de los

hechos, consagraba: “Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se
ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo
igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicaran las normas
pertinentes de la legislación civil”.
8 Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 30 de junio de

2016, radicación número 11001-02-04-000-2016-00743.01, MP Ariel Salazar Ramirez, expresó: “(...)
para el ordenamiento penal, la noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona que
a pesar de no haber cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder
con su patrimonio por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de
2000). En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”,
contenida en el artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o
proveniente del hecho de un tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del
hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado “un
tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso
de las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo con estas
premisas, si un tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la
víctima de los perjuicios, puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de 10 años, y no la
trienal que refiere el artículo 2358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento penal en el
mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva, que en copiosa jurisprudencia, el máximo tribunal
de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad punitiva para investigar y juzgar al
penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la justicia civil”.

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

que estaba sujeta al término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del
Código Civil9.

Sobre este punto objeto de análisis, debe advertirse que para la época en la que
ocurrió la eventual estafa (11 de junio de 1999) la prescripción ordinaria de la acción
civil contra el tercero civilmente responsable aún era de 20 años, sin desconocer que
el 27 de diciembre de 2002 empezó a regir la Ley 791 de ese año que modificó el
artículo 2536 del Código Civil y redujo la prescripción ordinaria a 10 años.

Frente a esto último es obligatorio remitirse a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley
153 de 1887 según el cual:

“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere
completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser
regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero
eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la
fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”.

Con fundamento en esos parámetros, el tercero posiblemente civilmente
responsable, la sociedad Yidios Hermanos Ltda, podía escoger entre el término
original de 20 años contados a partir de la ocurrencia del hecho y el nuevo
término de 10 años desde la entrada en vigor de la Ley 791 de 2002.

En ese contexto fáctico y normativo, habida cuenta que los hechos tuvieron lugar
el 11 de junio de 1999, la parte demandante podía intentar en tiempo la acción
civil ante la jurisdicción ordinaria, independientemente del término que eligiera el
prescribiente por cuanto: (i) si elegía el término original de 20 años, la acción no
prescribiría sino hasta el 11 de junio de 2019 y, (ii) si optaba por el término de 10
años contados desde la entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002, que inició el
27 de diciembre de ese año, tenía oportunidad para ejercer la acción civil hasta el
27 de diciembre de 2012, fecha que es posterior a la declaratoria de la
prescripción de la acción penal que tuvo lugar en el mes de agosto de 2011.

9 Norma que preceptúa: “La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez

(10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria
durará solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo
término”.

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

6) En las circunstancias antes descritas no hay prueba de la existencia de una
pérdida de oportunidad porque no se demostró que en realidad el demandante
perdiera, de modo definitivo e insalvable, la posibilidad de reclamar reparación
ante el tercero civilmente responsable como llamado a reparar los perjuicios
reclamados por Antonio José Ojeda Torregrosa a los que se refieren los hechos
de la demanda en este proceso, de manera que no se probó la existencia de una
oportunidad perdida y de un daño cierto que pueda ser objeto de reparación.
Además, es claro que los reproches de la demandante igualmente se dirigieron en
su momento en contra de la constructora como persona jurídica, de manera que
no resulta desproporcionado exigirle que debía demandarla civilmente para
recuperar el dinero con ocasión del delito.

7) En suma, es relevante anotar igualmente que, la condición necesaria para que se
tenga por acreditado el daño dentro de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado es la certeza, no puede ser reparado un daño eventual o
hipotético, frente a ello la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterativa en sostener que
no puede haber responsabilidad si no se encuentra plenamente acreditado el daño10
y, en ese sentido, por sustracción de materia, se torna innecesario resolver lo
expresado por el demandante en la apelación encaminado al reconocimiento de
perjuicios inmateriales.

3. Conclusión

Prospera el recurso de apelación presentado por la Nación – Rama Judicial por
cuanto no se demostró el daño consistente en la pérdida de la oportunidad de
obtener la indemnización de los perjuicios derivados del delito presuntamente
cometido por Jairo Yidios Merlano, Margarita Yidios de Buendía y María Isabel
Yidios de Plata con la prescripción de la acción penal, dado que no se comprobó
la pérdida definitiva de aquella oportunidad.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 29 noviembre de 2013 del
Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión 003 mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

10 Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de mayo

de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999-1240-01
(20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45530), MP Ramiro
Pazos Guerrero.

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

4. Costas

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 salvo que se ventile un interés público
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en
costas “a la parte vencida”, de igual modo el numeral 4 de la citada norma prevé que
“cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a las costas de ambas instancias”.

Para el presente caso, se tiene el hecho de haber prosperado el recurso de
apelación presentado por la parte demandada a quien se le había condenado en la
primera instancia, implica que la decisión impugnada debe ser revocada en su
totalidad, esto significa que las parte vencida es el demandante, el señor Antonio
José Ojeda Torregrosa, de suerte que en lo que refiere a los gastos del proceso
estos deben ser liquidados por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda
en lo que corresponda a ambas instancias, acorde con el artículo 366 del Código
General del Proceso, en el evento de haberse causado.

Sobre las agencias en derecho, corresponderá al demandante pagar la suma total de
nueve (9) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de la Nación –
Rama Judicial, los cuales se discriminan de la siguiente manera: (i) en lo que
concierne a la primera instancia, la cantidad equivalente de seis (6) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de la presente providencia y, (ii) en lo
referente a la segunda instancia, la suma de tres (3) salarios mínimos legales
mensuales, debido a que la parte demandada no intervino través de su apoderado
con la presentación de los correspondientes alegatos de conclusión.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Expediente 13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281)
Actor: Antonio José Ojeda Torregrosa
Reparación directa
Apelación sentencia

FALLA:

1º) Revócase la sentencia del 29 noviembre de 2013 del Tribunal Administrativo de
Bolívar – Sala de Decisión 003 mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

2º) Como consecuencia de lo anterior niéganse las pretensiones de la demanda.

3º) Condénase en costas en ambas instancias a la parte demandante, las cuales
deberán liquidarse por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar de manera
concentrada en caso de haberse causado.

4º) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma de nueve (9) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden al total de las causadas
tanto en primera y en segunda instancia, las cuales deberán ser pagadas por la parte
demandante en favor de la Nación – Rama Judicial.

5º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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