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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02780-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02780-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de julio de 2023 mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, resolvió rechazar por improcedente la acción de tutela. En su lugar, SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela formulada por el señor Antonio José Ojeda Torregroza en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02780-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02780-01
Accionante: ANTONIO JOSÉ OJEDA TORREGROZA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad / medio de control
de reparación directa / defecto sustantivo / defecto
fáctico / responsabilidad patrimonial extracontractual
por el defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia

Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide la impugnación formulada por el
apoderado judicial del señor Antonio José Ojeda Torregroza en contra
de la sentencia del 4 de julio de 2023 proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad formulada por
la parte accionante se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

1. El 23 de noviembre de 1997, el señor Antonio José Ojeda Torregroza
celebró con la sociedad Yidios Hermanos Ltda. un contrato de promesa

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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Antonio Ojeda Torregroza

de compraventa sobre el apartamento 701 ubicado en el edificio
“Valenty” en la ciudad de Cartagena – Bolívar, razón por la cual el
accionante entregó en favor de dicha sociedad $ 150.000.000; sin
embargo, el inmueble prometido fue entregado a la Corporación
Financiera Ahorramás con la finalidad de cubrir obligaciones
previamente adquiridas por la sociedad.

2. En consecuencia, la sociedad Yidios Hermandos Ltda. le ofreció la
entrega de otro apartamento, el pent-house ubicado en el mismo
edificio de propiedad de la señora María Isabel Yidios de Plata, por lo
que firmaron un nuevo contrato de promesa de compraventa; no
obstante, el inmueble fue vendido a un tercero, de modo que el
accionante interpuso la correspondiente denuncia penal por el delito de
estafa.

3. El 21 de enero de 2004, la Fiscalía Seccional de Cartagena núm. 37
profirió resolución de acusación en contra de María Isabel Yidios de
Plata, Margarita Yidios Buendía y Jairo Yidios Merlano por el delito de
estafa en concurso con el de falsedad por ocultación.

4. El 31 de marzo de 2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Cartagena profirió sentencia en contra de los procesados y los condenó
al pago de perjuicios materiales en favor del accionante; decisión que
fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena
mediante sentencia del 25 de marzo de 2011.

5. Posteriormente, la parte condenada penalmente optó por presentar
recurso extraordinario de casación en contra de la anterior decisión, el
cual no fue concedido, toda vez que por medio de la providencia del 8
de agosto de 2011 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena
decretó la prescripción de la acción penal.

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6. El 19 de diciembre de 2012, el accionante presentó medio de control
de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial con el
objetivo de que se le declarara patrimonialmente responsable por los
perjuicios causados con ocasión de la defectuosa administración de
justicia dentro del proceso penal en el que este compareció en condición
de víctima y sobre el cual se declaró la prescripción de la acción penal,
lo que le impidió ser indemnizado.

7. En primera instancia, el proceso correspondió al Tribunal
Administrativo de Bolívar que, a través de la sentencia del 29 de
noviembre de 2013, accedió a las pretensiones de la demanda, decisión
que fue apelada por ambas partes.

8. El conocimiento del recurso le correspondió a la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que a través de sentencia del
1.º de marzo de 2023 revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
demostraron los elementos estructurales de la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Estado por la pérdida de oportunidad
cuando se configuró la prescripción de la acción penal.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante indicó que con la decisión proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia, ya que incurrió en un defecto
fáctico y un defecto sustantivo, al desconocer tanto la resolución de
acusación expedida por la Fiscalía Seccional de Cartagena Núm. 37
como la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Cartagena.

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En ese sentido, afirmó que la autoridad judicial accionada omitió la
debida valoración de los documentos señalados, dado que a partir de
ellos se puede evidenciar que los únicos involucrados en el contrato de
promesa de compraventa que dio lugar al proceso penal fueron los
procesados y no la sociedad Yidios Hermanos Ltda.

En consecuencia, alegó que la decisión acusada carece de fundamento
legal, ya que no hay lugar para que la autoridad judicial considerara
que el accionante podía acudir a una demanda civil en contra de la
sociedad Yidios Hermanos Ltda. para obtener la indemnización de los
perjuicios reclamados.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

« - PRIMERA: Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL al debido Proceso, Acceso a la
Administración y Reparación Integral del SR. ANTONIO JOSE OJEDA TORREGLOSA,
que fueron vulnerados por la sentencia judicial emitida el día 01 de marzo de 2023 por el
CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCION TERCERA SUBSECCION B, dentro del medio de control de Reparación
Directa, radicado 13001-23-33-000- 2012-00228-01 (52.281).

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO-
-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCION TERCERA
SUBSECCION B, a que Deje(sic) sin Efectos(sic) la sentencia judicial de fecha 01 de
marzo de 2023 proferida dentro del medio de control de reparación directa radicado:
13001-23-33-000-2012-00228-01 (52.281), y en consecuencia, emita una decisión
sustitutiva en la que se tenga en cuenta la valoración de la Resolución de Acusación
Proferida por la Fiscalía General de la Nación y la Sentencia de Segunda Instancia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial-Sala de Casación Penal dentro del
proceso iniciado por el Delito de Estafa contra el SR. JAIRO YIDIOS, y en consecuencia,
se adopte una decisión en la que se considere la Ausencia de Terceros Civilmente
responsables en el tramite de la Acción Penal. ». (Sic en toda la cita).

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 18 de mayo de 2023, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la

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Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado como
accionado y a la Nación – Rama Judicial como tercero interesado en las
resultas del proceso.

4.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de
censura, sostuvo que la presente acción de tutela es improcedente e
infundada, toda vez que pretende, injustificada e indebidamente,
revivir un debate procesal ya concluido como si tratara de una tercera
instancia, sin perjuicio de lo cual debe advertirse que la sentencia
acusada se encuentra debidamente soportada en los elementos facticos
y jurídicos aplicables al caso.

4.2. No se presentaron más informes.

5. PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 4 de julio de 2023 declaró improcedente la solicitud de
amparo al considerar que no se cumplió con el requisito general de
relevancia constitucional, ya que es posible advertir que su propósito
es convertir el mecanismo de tutela en una instancia adicional o
complementaria al litigio contencioso administrativo ya concluido.

En consecuencia, indicó que lo que pretende el accionante es reabrir un
debate ya zanjado valiéndose de hechos diferentes a los expresados en
la demanda de reparación directa, aduciendo así la supuesta
configuración de un defecto fáctico y sustantivo.

6. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada la parte accionante interpuso impugnación
mediante escrito en el cual indicó que la presente solicitud de amparo

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sí cumple con el requisito general de relevancia constitucional,
reiterando los mismos argumentos planteados en la demanda de tutela.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que: «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo
y un defecto fáctico con la expedición de la sentencia del 1.º de marzo
de 2023 que resolvió negar las pretensiones dentro del medio de control
de reparación directa y, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

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Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el
defecto sustantivo; iv) el defecto fáctico; y v) el caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

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3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se
dictó el 1.º de marzo de 2023 y la acción de tutela se presentó el 24 de
mayo del mismo año.

3.1.4. Finalmente, con respecto al requisito de relevancia
constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha
delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto
tiene una marcada importancia3. Así, en sentencia T-114 de 2002,
indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de
ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que:

«[…] la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes».

3
Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.

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Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto
a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un defecto fáctico y un defecto sustantivo en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en
cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de
derechos fundamentales alegada.

3.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto material
o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial,
ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en
normas que son inexistentes o inconstitucionales4, es decir, se da en
los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no
aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de
aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia
perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a
la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua
a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se
encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada,
(iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que
son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente,
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se
utiliza para un fin no previsto en la disposición»5.

4
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»6.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se
debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
de tutela resultaría improcedente7.

3.3. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional8 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:

6
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
8
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.

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a. Una dimensión negativa9, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.

b. Una dimensión positiva10, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»11.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

4. Caso concreto

Sobre el fondo del asunto, los fundamentos de la decisión del 1.º de
marzo de 2023 consisten en lo siguiente:

9
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

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«(…)3) A partir del anterior relato, la Sala encuentra satisfecho el primer requisito
referente a la pérdida de oportunidad, debido a que durante el proceso penal el
demandante se constituyó en parte civil para que fueran resarcidos los perjuicios
ocasionados a raíz de la comisión de los delitos de estafa agravada y falsedad por
ocultamiento; no obstante, al final del proceso se declaró la prescripción de la acción
penal, circunstancia que demuestra que se le frustró la posibilidad de que quedara
en firme la condena penal emitida en ambas instancias contra dos de las personas
naturales inicialmente procesadas.

4) El segundo requisito, referente a la existencia de una situación fáctica y
jurídicamente idónea para alcanzar el resultado esperado, también se cumple.

El aquí demandante se encontraba en una situación potencialmente apta para obtener
la indemnización de los perjuicios causados, no solo porque Margarita Yidios de
Buendía y Jairo Yidios Merlano fueron condenados a resarcir perjuicios en ambas
instancias del proceso penal, sino también, porque se alcanzaron a embargar los
inmuebles respecto de los cuales el señor Antonio José Ojeda realizó la reclamación
que tenía que ver con el incumplimiento de los correspondientes contratos de
promesa de compraventa y con el propósito garantizar el pago de la indemnización.

5) Sin embargo, no aparece probado el tercer elemento de la pérdida de oportunidad,
consistente en demostrar que la opción de reparación se extinguió de manera
definitiva por haberse declarado la prescripción de la acción penal en el proceso
seguido por los delitos de estafa agravada y falsedad por ocultación.

En efecto, según el artículo 98 de la Ley 599 del 2000, en su texto vigente para la
época en que se declaró la prescripción de la acción penal , la acción civil derivada
de la conducta punible cuando se ejercita dentro de un proceso penal prescribe “en
relación con los penalmente responsables” en tiempo igual al de la prescripción de
la respectiva acción penal, pero, en los demás casos se aplicarán las normas
pertinentes de la legislación civil.

Lo anterior obliga a precisar en el presente caso, que la acción civil no solo podría
haberse perseguido contra los supuestos autores de los ilícitos denunciados, sino
también, en contra de la sociedad constructora, Yidios Hermanos Ltda, con quien el
señor Antonio José Ojeda Torregrosa celebró el correspondiente contrato de
promesa de compraventa sobre el apartamento número 701 que se ubicaba en el
edificio “Valenty” de la ciudad de Cartagena, respecto de quien no prescribió la
acción civil con la prescripción de la acción penal ya que se trata de persona distinta
a las acusadas de ser “penalmente responsables”.

En tales circunstancias, la declaración de la prescripción de la acción penal no
impedía al demandante iniciar un proceso ordinario de responsabilidad civil contra
el tercero civilmente responsable, esto es, la sociedad Yidios Hermanos Ltda,
respecto de quien la víctima podía intentar la correspondiente acción ante la
jurisdicción civil que estaba sujeta al término ordinario de prescripción previsto en
el artículo 2536 del Código Civil .

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Sobre este punto objeto de análisis, debe advertirse que para la época en la que
ocurrió la eventual estafa (11 de junio de 1999) la prescripción ordinaria de la acción
civil contra el tercero civilmente responsable aún era de 20 años, sin desconocer que
el 27 de diciembre de 2002 empezó a regir la Ley 791 de ese año que modificó el
artículo 2536 del Código Civil y redujo la prescripción ordinaria a 10 años.

Frente a esto último es obligatorio remitirse a lo dispuesto en el artículo 41 de la
Ley 153 de 1887 según el cual:

“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún
al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la
segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no
empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”.

Con fundamento en esos parámetros, el tercero posiblemente civilmente
responsable, la sociedad Yidios Hermanos Ltda, podía escoger entre el término
original de 20 años contados a partir de la ocurrencia del hecho y el nuevo término
de 10 años desde la entrada en vigor de la Ley 791 de 2002.

En ese contexto fáctico y normativo, habida cuenta que los hechos tuvieron lugar el
11 de junio de 1999, la parte demandante podía intentar en tiempo la acción civil
ante la jurisdicción ordinaria, independientemente del término que eligiera el
prescribiente por cuanto: (i) si elegía el término original de 20 años, la acción no
prescribiría sino hasta el 11 de junio de 2019 y, (ii) si optaba por el término de 10
años contados desde la entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002, que inició el 27
de diciembre de ese año, tenía oportunidad para ejercer la acción civil hasta el 27 de
diciembre de 2012, fecha que es posterior a la declaratoria de la prescripción de la
acción penal que tuvo lugar en el mes de agosto de 2011.

6) En las circunstancias antes descritas no hay prueba de la existencia de una pérdida
de oportunidad porque no se demostró que en realidad el demandante perdiera, de
modo definitivo e insalvable, la posibilidad de reclamar reparación ante el tercero
civilmente responsable como llamado a reparar los perjuicios reclamados por
Antonio José Ojeda Torregrosa a los que se refieren los hechos de la demanda en
este proceso, de manera que no se probó la existencia de una oportunidad perdida y
de un daño cierto que pueda ser objeto de reparación. Además, es claro que los
reproches de la demandante igualmente se dirigieron en su momento en contra de la
constructora como persona jurídica, de manera que no resulta desproporcionado
exigirle que debía demandarla civilmente para recuperar el dinero con ocasión del
delito.»

De conformidad con lo anteriormente transcrito, se observa que la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado analizó los
requisitos jurisprudenciales establecidos por esta corporación para
encontrar configurado el daño por la pérdida de oportunidad a partir
del material probatorio allegado al expediente, de la siguiente forma:

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Accionante: Antonio Ojeda Torregroza

i. En lo referente a la aleatoriedad del resultado, la autoridad judicial
accionada indicó que se encontraba satisfecho, toda vez que el
accionante fue víctima del delito investigado y se constituyó como parte
civil dentro del proceso penal para que fueran resarcidos los perjuicios
sufridos; sin embargo, al ser declarada la prescripción de la acción
penal, se le frustró la posibilidad de indemnización y la incertidumbre
del resultado final del proceso se encontró probada.

ii. De igual modo, dentro de la providencia acusada se sustentó que la
certeza respecto de la oportunidad propiamente dicha se configuró
cumplida, en la medida en que se profirió sentencia condenatoria tanto
en primera y segunda instancia, además que se alcanzaron a embargar
los inmuebles que garantizaban el pago de la indemnización
perseguida.

iii. Sin embargo, en lo relacionado con el último requisito, la autoridad
judicial accionada concluyó que no se demostró de manera definitiva e
insalvable la pérdida definitiva de oportunidad, dado que el accionante
contaba hasta el 11 de junio de 2019 para interponer una acción de
responsabilidad civil extracontractual en contra de la sociedad Yidios
Hermanos Ltda.

De esta manera, es claro que en este asunto la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado fundamentó su decisión en la
normatividad aplicable al caso concreto, a partir de un análisis de los
elementos fácticos allegados al proceso y la jurisprudencia desarrollada
por esta corporación para demostrar la configuración de pérdida de
oportunidad.

En adición a lo anterior, la Sala debe precisar que el argumento
planteado por el accionante en el que sugiere que a partir de la

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resolución de acusación y la sentencia penal de segunda instancia se
puede evidenciar que la sociedad Yidios Hermanos Ltda no estuvo
involucrada en la celebración del contrato de promesa de compraventa,
se fundamenta en una interpretación selectiva de dichos documentos.

En ese sentido, luego de estudiar las pruebas señaladas, esta Sala de
Subsección concluye que en el contexto del proceso penal se determinó
que la señora Margarita Yidios de Buendía ejercía como la
representante legal de la Sociedad Yidios Hermanos Ltda. Al respecto,
la sentencia proferida el 24 de marzo de 2011 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena estableció lo
siguiente:

«Cabe resaltar que en el año 1998 MARGARITA YIDOS DE BUENDÍA realizó como
representante legal y con su nombre las escrituras públicas 1758 de 12 de agosto de
1998, Escritura Pública 1281 de junio 10 de 1998, esta última con minuta de compraventa
firmada por ella, Escritura Pública 985 de 2 de mayo de 1998, Escritura Pública 684 de 28
de marzo de 1998, Escritura Pública 539 de 11 de marzo de 1998, Escritura Pública 271 de
febrero 4 de 1998, Escritura Pública 272 de febrero 4 de 1998, Escritura Pública 272 de
febrero 4 de 1998, Escritura Pública 481 de marzo 6 de 1998, Escritura Pública 390 de 19
de febrero de 1998, entre otras que constan en anexo presentado por las notarías del Circulo
de Cartagena y Barranquilla lo que quiere decir que quien tenía la representación legal
era MARGARITA YIDOS DE BUENDÍA.

Por todas estas acciones se mantuvo en error al promitente comprador por parte del
promitente vendedor, inducción a error realizada por JAIRO YIDIOS y MARGARITA
YIDIOS, quienes tenían esa responsabilidad en sus actuaciones. Si bien en principio es
válida la venta de bien ajeno, en este caso siendo JAIRO YIDIOS miembro de la empresa
YIDIOS HERMANOS LTDA., podría señalarse que tenía expectativas de realizar
negocios de esa envergadura pero no estaba en capacidad jurídica de comprometer a
la empresa, y lo hizo, entendido con el beneplácito de su hermana MARGARITA
YIDIOS, ya que esta realiza en su compañía una nueva expectativa o promesa de
compraventa con el señor OJEDA TORREGOSA la cual desaparece de la notaria
respectiva, en ese entendido como autores de la conducta asumieron unos riesgos y
recorrieron una conducta descrita en el tipo penal de estafa (…)» (Resaltado por fuera del
texto original)

En consecuencia, a partir de una lectura de la anterior pieza procesal,
esta Sala de Subsección no evidencia una indebida valoración
probatoria; por el contrario, la decisión cuestionada obedece al estudio
de los hechos planteados en la demanda y a las pruebas
adecuadamente recaudadas en el proceso de reparación directa.

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Accionante: Antonio Ojeda Torregroza

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad, toda vez que las conclusiones a las que
llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso y negar las
solicitudes del demandante no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad ni se fundaron en su simple voluntad, sino que, por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
caso, que llevó a tomar la decisión adversa a las pretensiones de la
demanda.

Dicho lo anterior, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de
la tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional en
una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar
los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.

Por lo expuesto, esta Sala de Subsección procederá a revocar el fallo
de primera instancia que rechazó por improcedente la presente acción
para, en su lugar, negar el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por el señor Antonio José Ojeda Torregroza en contra
de la sentencia del 1.º de marzo de 2023 proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

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Accionante: Antonio Ojeda Torregroza

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de julio de 2023 mediante
la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, resolvió rechazar por improcedente la acción
de tutela. En su lugar,

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela formulada por el señor
Antonio José Ojeda Torregroza en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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