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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00327-01

Fecha
28 de octubre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2012-00327-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia del 13 de agosto de 2015 del Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión que negó las pretensiones de la demanda. 16 Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863) Actor: Argelio Velandia Castro Reparación directa Apelación sentencia 2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte demandante. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2012-00327-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de octubre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Demandantes: ARGELIO VELANDIA CASTRO
Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA POR MORA JUDICIAL – PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN PENAL

Síntesis del caso: se formula el medio de control de reparación directa por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial que dio lugar a la
prescripción de la acción penal en un proceso por el delito de urbanización ilegal, el
demandante plantea la imposibilidad de ser reparado de los perjuicios solicitados en el
proceso penal donde se constituyó como parte civil.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 89
a 94 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 13 de agosto de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión (fls. 77 a 87
vto. cdno. apelación) que dispuso:

“PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Una vez en firme esta providencia, ARCHIVAR por
secretaria las diligencias previas las anotaciones en el Sistema Justicia
Siglo XXI”. (negrillas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2012 (fl. 61 cdno. ppal.), el señor
Argelio Velandia Castro presentó acción de reparación directa consagrada en el

2
Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (fls. 1 a 8 cdno. ppal.) con las
siguientes súplicas:

“1. Primera: la (sic) responsabilidad patrimonial de LA NACIÓN, RAMAS
DEL PODER PÚBLICO, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
al no pronunciarse dentro de los términos legales con fallo vinculante
respecto a los hechos en los cuales se solicitó a la administración de
justicia su intervención y dejó prescribir sin definir el caso planteado, es
administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales
causados a al (sic) señor Argelio Velandia por falla o deficiente servicio
en la administración de justicia.

2. Segunda. Condenar, en consecuencia, a la Nación colombiana —
RAMAS DEL PODER PUBLICO, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA -, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los
actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de
orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los
cuales se estiman como mínimo en la suma de CIENTO SESENTA
MILLONES DE PESOS MCTE ($ 160.000.000) o conforme a lo que
resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en forma genérica.

3. Tercera. La condena respectiva será actualizada de conformidad con
lo previsto en el artículo 178 del CCA., aplicando en la liquidación la
variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde
la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del
correspondiente fallo definitivo, respecto a la sumas que entrego (sic)
como cuota inicial, los intereses dejados de percibir desde la fecha pago
hasta la indeterminación por parte del Estado en la resolución de litigio.

4. Cuarta. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los
términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada”.
(fls. 1 a 2 cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del texto
original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El 22 de febrero de 2002, entre el señor Argelio Velandia Castro y los señores
Juan Carlos Pinzón Espinosa y Luis Francisco Fierro Cifuentes, representantes
legales de la firma constructora Pinzón & Fierro SH, se suscribió un contrato de
promesa de compraventa mediante el cual el primero de los nombrados se
comprometía adquirir el derecho de dominio de un apartamento que sería

3
Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

construido por la firma constructora, sin embargo, lo anterior no se pudo llevar a
cabo porque la promitente vendedora no cumplía con los requisitos previstos en la
ley para desarrollar proyectos habitacionales.

2) Por lo anterior, el día 9 de mayo de 2003 el señor Argelio Velandia Castro junto
con otros promitentes compradores instauraron una denuncia penal en contra de
los representantes legales de la firma Pinzón & Fierro SH, así como también del
representante de la financiera Coomultrasan.

3) La denuncia fue conocida por la Fiscalía General de la Nación quien declaró
abierta la investigación penal y profirió resolución de acusación contra los
integrantes de la firma Pinzón & Fierro SH por la presunta comisión del delito de
urbanización ilegal.

4) Los perjudicados, incluído el señor Argelio Velandia Castro, se constituyeron en
parte civil dentro del proceso penal y el “23 de febrero solicitaron la práctica de
medidas urgentes para evitar mayores perjuicios económicos”.

5) El proceso penal pasó a manos de un juzgado penal del circuito de
Bucaramanga quien fijo la audiencia pública de juzgamiento para el día 26 de
octubre de 2006, sin embargo, ese día no pudo ser llevada a cabo y por una mora
injustificada tuvo que ser aplazada en seis oportunidades diferentes.

6) El 21 de octubre de 2009, durante la audiencia pública de juzgamiento, el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga decretó la prescripción de la
acción penal, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga en proveído del 4 de febrero de 2010 y en la
cual, a su vez, se ordenó remitir copias con destino al “Consejo Superior de la
Judicatura para que se investigara disciplinariamente a los funcionarios que
dejaron prescribir el proceso”.

7) La prescripción de la acción penal dio lugar a la extinción de la acción civil en
contra del procesado y de los terceros civilmente responsables lo cual frustró la

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Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

posibilidad del demandante de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados
con el delito investigado.

3. Contestación de la demanda

Por auto del 24 de abril de 2012, el tribunal de primera instancia admitió la
demanda y ordenó la notificación personal del Director Ejecutivo de la Rama
Judicial (fl. 62 cdno. ppal.) quien notificado no contestó a la demanda.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión en
providencia del 13 de agosto de 2015 negó las pretensiones de la demanda (fls.
77 a 87 vto. cdno. apelación) por las siguientes razones:

1) En el caso objeto de análisis, si bien existió una mora judicial en dictarse la
sentencia definitiva dentro del proceso penal no por ello se debe predicar la
existencia de una falla en el servicio pues, la misma no fue causada por una
conducta negligente o displicente por parte de los funcionarios o empleados
judiciales que conocieron la investigación penal, sino, derivada de la congestión
judicial que padece el sistema de administración de justicia sumado al hecho de
que con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio los expedientes
tuvieron que ser redistribuidos entre los jueces penales los que se vieron sometidos
a una mayor carga laboral.

2) Las anteriores vicisitudes que se presentaron en el sistema de la administración
de justicia deben ser soportadas por los administrados pues, los despachos
judiciales deben seguir un orden estricto respecto de los expedientes que son de
su conocimiento sin que puedan alterar el turno para fallo so pena de
investigaciones disciplinarias, salvo algunas excepciones, por ejemplo, en materia
penal tienen prevalencia los procesos en los que se han proferido medidas de
aseguramiento privativas de la libertad, los cuales requieren mayor dedicación y

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Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

esmero por cuanto se pone en discusión uno de los derechos más importantes del
ser humano: la libertad.

3) En el presente asunto, por no existir una falla del servicio no se puede declarar
la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.

5. El recurso de apelación

En escrito del 1° de septiembre de 2015 la parte demandante interpuso recurso de
apelación en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda (fls. 89 a 94 cdno. apelación)
con el siguiente razonamiento:

1) La prioridad que tienen los jueces penales para fallar está dada no solo por la
presencia de detenidos sino también por la inminencia del fenómeno de la
prescripción, razón por la cual en este asunto no se puede validar la mora judicial.

2) Resulta desafortunado justificar la mora judicial que conlleva a la prescripción
de la acción penal con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio ya que,
en la jurisdicción contenciosa administrativa también se implementó la oralidad y
los procesos allí surtidos no fueron objeto de dilación en su trámite.

3) En ningún momento se buscó sancionar o recriminar a los jueces penales que
conocieron el proceso penal por la carga laboral presentada, lo que se pretende es
que se repare el daño causado, esto es, que se indemnice al demandante quien
no pudo obtener la reparación de los perjuicios causados con el punible
investigado.

4) La mora extrema acaecida en el proceso penal lesionó patrimonialmente al actor
pues, la prescripción alegada operó por la tardanza del Juez Segundo Penal de
Bucaramanga en adelantar el trámite del juicio, la actuación del juez implicó una
falla o funcionamiento anormal de la administración de justicia que riñe con el
postulado de “la justicia pronta y cumplida”.

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Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

5) En el momento de analizar el caso el tribunal desconoció el precedente
contenido en el expediente con radicación 19001-23-31-701-2005-00887-00 (sic)
de reparación directa con ponencia de la doctora Ruth Stella (sic).

6. Actuación surtida en segunda instancia

El 24 de junio de 2016 se admitió el recurso de apelación (fl. 100 cdno. apelación)
y el 8 de septiembre de 2016 (fl. 104 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo
lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna1, corresponde a la Sala determinar si
en el presente caso la Nación-Rama Judicial es patrimonial y

1
El daño alegado por el demandante se hizo evidente a partir de la decisión proferida el 4 de febrero
de 2010 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga (fls. 17 a 29 cdno.
segunda instancia) que confirmó la providencia del 30 de octubre de 2009 emitida por el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Adjunto de Bucaramanga, que declaró la cesación del procedimiento por
prescripción de la acción penal seguida en contra de los integrantes de la firma constructora Pinzón
Fierro por el delito de urbanización ilegal. En el proceso de la referencia no reposa la constancia de
ejecutoria de la decisión dictada por el Tribunal Superior de Bucaramanga, no obstante, se tendrá
en cuenta lo dispuesto en el artículo 187 del CPP de manera que, dicha providencia quedó
ejecutoriada el 4 de febrero de 2010 (fecha en la que fue suscrita por el funcionario correspondiente)
luego el plazo legal para interponer la demanda vencía el 5 de febrero de 2012, según el numeral
8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, término que se suspendió del 28 de julio
al 4 de octubre de 2011 mientras se surtió el trámite de la conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría General de la Nación y, comoquiera que la demanda se interpuso el 28 de marzo de
2012 (fl. 61 cdno. ppal.), se formuló dentro del término de dos años previsto en el numeral 8 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

7
Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

extracontractualmente responsable del supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia debido a la ocurrencia de la prescripción de la acción
penal que le impidió al demandante satisfacer la indemnización de perjuicios que
reclamaba como consecuencia de la comisión del delito de urbanización ilegal por
el que fueron acusados los señores Luis Francisco Fierro Cifuentes, Juan Carlos
Pinzón Espinosa, Gabriel Castillo Blanco y Policarpo Fierro Ávila, proceso en el
cual el demandante se constituyó como parte civil.

El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por estimar
que, pese a que el proceso penal existió una mora mientras se adelantó la etapa
de juicio, esta no era atribuible a negligencia de los operadores judiciales, sino, a
causas derivadas de la congestión judicial, la insuficiencia de recursos y a la
entrada en funcionamiento del sistema penal acusatorio; el demandante, por su
parte, insiste en la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por considerar que
el daño se demostró pues, se acreditó la existencia de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que produjo la prescripción de la
acción penal, lo cual a su vez causó que no obtuviera la indemnización de
perjuicios.

El fallo apelado será confirmado por razones distintas, es decir, porque en el
presente caso no se demostró el daño alegado por el demandante, entendido como
la pérdida de oportunidad consistente en obtener una reparación de los perjuicios
reclamados dentro del proceso penal donde fungió como parte civil, dado que no
se reúne el requisito relativo a que se trate de una oportunidad seria, cierta y real
que se hubiere perdido de manera definitiva.

2. Análisis de la impugnación

2.1 El daño

1) Según se anuncia en la demanda, la Nación-Rama Judicial incurrió en un retardo
injustificado que llevó a la prescripción de la acción penal seguida contra los

8
Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
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señores Luis Francisco Fierro Cifuentes, Juan Carlos Pinzón Espinosa, Gabriel
Castillo Blanco y Policarpo Fierro Ávila como circunstancia que provocó un daño
en el actor quien en ese proceso se constituyó como parte civil.

2) La demanda y sus pretensiones no son claras al momento de exponer el daño
sufrido, pero, de su contexto se entiende que el actor alega que la cesación del
procedimiento por prescripción de la acción penal le impidió obtener la reparación
patrimonial de los perjuicios que fueron solicitados en la demanda de constitución
de parte civil presentada en ese trámite.

3) En ese sentido, entiende la Sala que el asunto debe examinarse con el título de
imputación referente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
como hipótesis enmarcada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, debido a
actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por las autoridades que
llevaron consigo a una mora judicial y a la imposibilidad para el aquí demandante
de obtener la reparación de los perjuicios que le fueron presuntamente causados
por la comisión del punible de urbanización ilegal.

4) De este modo, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño como
primer elemento de la responsabilidad extracontractual pues, en casos como estos
la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado2 ha establecido que
lo que se suscita como daño, como concepto diferente del perjuicio, es lo que se
ha denominado pérdida de oportunidad la cual no puede reducirse por el simple
hecho de la incertidumbre sobre la decisión penal definitiva sino, que deben
presentarse las suficientes pruebas que demuestren que la persona tenía una
amplia posibilidad de obtener un resultado acorde a sus intereses y que al
precluirse la investigación o cesar el procedimiento penal esta se frustró, es decir,

2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso
no. 13001-23-31-000-1999-00328-01(25.327); del 2 de mayo de 2016, proceso no.
13001233100020010050601 (37.111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-000-
2007-00642-01(42.334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.

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Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y estar acreditada para
que pueda reconocerse como daño indemnizable3.

5) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica que
permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés legítimo del
demandante.

Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del
eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la
oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia
del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un
provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad se extinguió de
forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería eventual.

6) Los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida
de oportunidad cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia por mora judicial tras haberse declarado la
prescripción de la acción penal han sido tratados por la jurisprudencia4 como se
explica a continuación:

a) El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca
de si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual constituye
un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que ello se oponga
al carácter cierto del daño pues, la certeza en este caso debe analizarse respecto
de la oportunidad perdida y no del resultado.

3
En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de
marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45.530), MP Ramiro Pazos Guerrero.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, proceso
no. 520012331000200800505 01 (41.073), MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por la misma
subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso no. 08001-23-31-000-2009-00618-01
(44861), del 14 de marzo de 2019, proceso no. 13001-23-31-000-2009-00625-01(45890) y del 11
de abril de 2019, proceso no. 25000-23-26-000-2011-00292-01(50569), todas con ponencia de
Marta Nubia Velásquez Rico.

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Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
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b) El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha,
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado, es decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta para
obtener la indemnización de los perjuicios causados.

c) El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente para la parte civil por el hecho de declararse la
prescripción de la acción penal, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva
de la oportunidad puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda la
oportunidad no estaría perdida o frustrada.

7) En este asunto particular, la Sala observa que no se cumplen con los
presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de
oportunidad, tal y como será explicado en el aparte siguiente.

2.2 Estudio del caso concreto

1) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

a) El 9 de mayo de 2003, el señor Argelio Velandia Castro junto con otras personas
presentaron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal en contra
de los señores Luis Francisco Fierro Cifuentes, Juan Carlos Pinzón Espinosa,
Gabriel Castillo Blanco y Policarpo Fierro Ávila, integrantes todos de la
constructora Pinzón & Fierro SH, así como también en contra del señor Jaime
Chávez Suárez, representante legal de la Financiera Coomultrasan, por la
supuesta comisión de los delitos de estafa, urbanización ilegal, utilización indebida
de fondos captados del público y, captación masiva y habitual de dineros (fls. 1 a
5 cdno. 1).

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Actor: Argelio Velandia Castro
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b) Mediante resolución proferida el 19 de mayo de 2003 la Fiscalía Segunda
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga no hizo ninguna
alusión respecto de la responsabilidad del señor Jaime Chávez Suárez, quien
finalmente no fue vinculado y, dictó apertura de instrucción penal en contra de las
demás personas denunciadas por la supuesta comisión de los punibles de estafa
y urbanización ilegal -de los demás delitos objeto de denuncia se abstuvo de iniciar
investigación- (fl. 240 cdno. 1) y, el 12 de agosto de 2003 dictó medida de
aseguramiento de detención preventiva en contra de los señores Luis Francisco
Fierro Cifuentes y Juan Carlos Pinzón Espinosa, y se abstuvo de imponerla
respecto de los otros dos imputados (fl. 171 a 175 vto. cdno. 2).

c) El 11 de diciembre de 2003, la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito de Bucaramanga en una resolución mixta acusó a los
investigados por el delito de urbanización ilegal y precluyó la investigación por el
punible de estafa (fl. 115 a 128 cdno. 3), esta decisión fue confirmada el 21 de
octubre de 2004 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de
Bucaramanga (fls. 44 a 52 cdno. 4).

d) El 5 de noviembre de 2004, el proceso fue repartido al Juzgado Décimo Penal
del Circuito de Bucaramanga quien avocó su conocimiento y ordenó dar
cumplimiento al traslado previsto en el artículo 400 del CPP (fl. 59 cdno. 4); el 7 de
septiembre de 2006 se realizó la audiencia preparatoria (fl. 95 a 98 idem) y el 15
de esos mismos mes y año, en virtud de su incorporación al nuevo sistema penal
acusatorio, remitió el expediente a la oficina de reparto; el 28 de septiembre de
2006 el expediente fue asignado al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Bucaramanga (fl. 122 idem) quien fijó como fecha para la realización de audiencia
pública el 26 de octubre de 2006 (fl. 123 idem).

e) El 12 de octubre de 2006, varias personas víctimas del delito de urbanización
ilegal, entre ellas el señor Argelio Velandia Castro, presentaron demanda de parte
civil en ese proceso en la que además solicitaron “se tomen medidas necesarias
para garantizar la conservación de los bienes como el inmueble sobre el cual se
construiría el proyecto, se excluya del comercio. Se congelen las cuentas de los

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implicados, así como los bienes muebles e inmuebles de su propiedad” (fls. 113 a
121 cdno. 4).

f) Mediante escrito presentado el 7 de noviembre de 2006, el apoderado del señor
Argelio Velandia Castro le solicitó al juez penal que se pronunciara sobre la
admisión de la demanda de parte civil, al tiempo que pidió se fijara una nueva fecha
para la realización de la audiencia pública de juzgamiento que no se había
realizado por solicitud de aplazamiento de uno de los abogados de los acusados
(fl. 127 cdno. 4).

g) La audiencia pública de juzgamiento se aplazó en varias oportunidades y el 21
de enero de 2009 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga fue
incorporado al sistema penal acusatorio de manera que el conocimiento del
proceso penal fue nuevamente repartido, esta vez al Juzgado Tercero Penal del
Circuito Adjunto de Bucaramanga, estrado judicial que en audiencia del 5 de agosto
de 2009 admitió la demanda de parte civil (fls. 172 a 186 cdno. 4), decisión que fue
confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga en proveído del 23 de septiembre de 2009 (fls. 5 a 11 cdno.
segunda instancia).

h) El 21 de octubre de 2009 se llevó a cabo la etapa de alegaciones finales y el 30
de octubre de dicha anualidad el Juzgado Tercero Penal del Circuito Adjunto
decretó la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal (fls. 142
a 155 cdno. 5), decisión que fue confirmada el 4 de febrero de 2010 por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (fls. 17
a 29 cdno. segunda instancia).

2) A partir del anterior relato, la Sala encuentra satisfecho el primer requisito
referente a la pérdida de oportunidad, por cuanto el señor Argelio Velandia Castro,
durante la etapa del juicio del proceso penal seguido por los hechos de los que se
ha hecho referencia, se constituyó como parte civil para que fueran resarcidos los

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perjuicios ocasionados5 sufridos con ocasión de la comisión del delito de
urbanización ilegal, sin embargo, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la decisión de cesación del
procedimiento por prescripción de la acción penal, situación que demuestra que al
demandante se le frustró la posibilidad de conocer el resultado del proceso, con lo
cual la incertidumbre o aleatoriedad sobre el resultado final de la investigación se
encuentra probada.

3) No ocurre lo mismo frente al segundo requisito referente a la existencia de una
situación fáctica y jurídicamente idónea para alcanzar el resultado esperado pues,
no hay evidencia de que existieron condiciones potencialmente aptas para que el
demandante tuviera la posibilidad de ser indemnizado por los procesados.

En efecto, pese a que en la demanda de constitución de parte civil se solicitaron
de manera genérica medidas cautelares para que los bienes muebles e inmuebles
se excluyeran del comercio y se congelaran las cuentas de los acusados, lo cierto
es que en el presente proceso no se probó que dichas medidas fueron decretadas
por el juzgado penal, además, se observa que en la demanda de parte civil no se
identificaron a qué bienes o cuentas bancarias se hacía referencia de manera que
no se puede señalar que el actor contaba con algún tipo de medida cautelar que
permitiera garantizar el pago de la indemnización.

Adicionalmente, se encuentra que el proceso prescribió en la etapa del juicio, antes
de que se profiriera sentencia y, si bien es cierto se contaba con un pliego de
cargos en el que se consideró que se cumplían los requisitos del artículo 397 de la
Ley 600 del 2000 para proferir resolución de acusación pues, se había demostrado
la ocurrencia del hecho y habían pruebas que comprometían la responsabilidad de
los imputados, sin embargo, ello no quiere decir que hubiera un grado alto de

5
Sobre esto último, es de destacar que el demandante reclama la perdida de la indemnización de
los perjuicios morales y materiales que pretendía en el proceso penal, los cuales no incluyen el
daño emergente representado en la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) que en su
momento aportó para la adquisición del inmueble pues, tal y como lo señaló en su momento en la
demanda de parte civil, dicho monto de dinero le fue reembolsado en el mes de febrero del año
2006.

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Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

probabilidad de que finalmente fueran condenados en la etapa judicial en la que se
exige el grado de certeza para emitir condena.

De lo anterior se concluye que no es posible determinar que sin la declaratoria de
prescripción de la acción penal se hubiera obtenido una decisión de fondo
favorable a sus intereses; en ese orden de ideas, no hay prueba de que el señor
Argelio Velandia Castro tenía una oportunidad seria y cierta de recuperar por la vía
del proceso penal los eventuales perjuicios derivados del delito investigado y, por
lo tanto, no se demostró una oportunidad real perdida, esto es, un daño cierto que
pueda ser objeto de reparación.

Como no se superó el segundo requisito necesario para la configuración de una
pérdida de oportunidad, la Sala considera que en este caso particular, no se
requiere el análisis del tercero.

4) En suma, es importante recordar que la condición necesaria para que se tenga
por acreditado el daño dentro de la responsabilidad patrimonial y extracontractual
del Estado es la certeza, no puede ser reparado un daño eventual o hipotético,
frente a ello la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterativa en sostener que no
puede haber responsabilidad si no se encuentra plenamente acreditado el daño6
y, en ese sentido, por sustracción de materia se torna innecesario analizar la
existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia7.

6
Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de
mayo de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999-1240-01
(20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45530), MP Ramiro
Pazos Guerrero.
7
Y si bien es cierto el recurrente aduce en el escrito de apelación que el fallo analizado desconoció
el precedente contenido en el expediente con radicación 19001-23-31-701-2005-00887-00 (sic) de
reparación directa con ponencia de la doctora Ruth Stella (sic), demandante Eduardo Restrepo
Doria, también lo es que, de un lado, que con el número de radicación referido y el nombre del actor
no fue posible realizar la respectiva consulta, además que, los apartes traídos a colación no tienen
ilación, aspectos que no permiten determinar si el pronunciamiento citado guarda pertinencia y
semejanza con esta controversia y que por tanto debió ser considerado por la autoridad judicial y,
de otro, bastan las consideraciones que anteceden en las que se colige que no se demostró un
daño cierto que pueda ser objeto de reparación para que se confirme la sentencia analizada.

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Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

3. Conclusión

No prospera el recurso de apelación por cuanto no se demostró el daño
consistente en la pérdida de la oportunidad de obtener la indemnización de los
perjuicios derivados del delito supuestamente cometido por Luis Francisco
Fierro Cifuentes, Juan Carlos Pinzón Espinosa, Gabriel Castillo Blanco y
Policarpo Fierro Ávila con la prescripción de la acción penal, dado que no se
comprobó la existencia de una oportunidad seria y cierta de recuperar por la vía
del proceso penal los eventuales perjuicios sufridos por la víctima del ilícito.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 13 de agosto de 2015 del
Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí
expuestas.

4. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia del 13 de agosto de 2015 del Tribunal Administrativo
de Santander – Subsección de Descongestión que negó las pretensiones de la
demanda.

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Expediente 68001-23-31-000-2012-00327-01 (55.863)
Actor: Argelio Velandia Castro
Reparación directa
Apelación sentencia

2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte
demandante.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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