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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2011-00524-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2011-00524-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia del 26 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo del Cauca y, en su lugar, niéganse las pretensiones de la demanda. 2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte demandante. 18 Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197) Actor: Marisol Hinestroza González y otros Reparación directa Apelación sentencia 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-31-000-2011-00524-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

18 de noviembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Demandantes: MARISOL HINESTROZA GONZÁLEZ Y OTROS
Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA POR MORA JUDICIAL – PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN PENAL

Síntesis del caso: se formula el medio de control de reparación directa por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial que dio lugar a la
prescripción de la acción penal en un proceso por el delito de lesiones personales culposas
ocurridas en un accidente de tránsito, los demandantes plantean la imposibilidad de ser
reparados de los perjuicios solicitados en el proceso penal donde se constituyeron como
parte civil.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante (fls.
198 a 200 cdno. apelación) y la Nación - Rama Judicial (fls. 193 a 195 cdno.
apelación) contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Cauca (fls. 176 a 191 cdno. apelación) que dispuso:

“RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN
– RAMA JUDICIAL, por la pérdida de oportunidad causada por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que conllevó
a que mediante providencia del 30 de julio de 2009 proferida por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán, se declarara la
prescripción de la acción penal dentro del proceso penal adelantado en
contra de Jhon Alexánder Álzate Sapuy por el delito de lesiones
personales, según lo expuesto.
SEGUNDO: CONDENAR, como consecuencia de la declaración
anterior, a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a pagar por concepto
PERJUICIOS POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, a favor del señor
Héctor Hinestroza González, la suma equivalente a cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: No se condena en costas.

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Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

QUINTO: La condena se cumplirá en los términos de los Arts. 176 A 178
del CCA.
SEXTO: Por Secretaría, liquídense los gastos del proceso, y si la
providencia no fuere apelada, archívese el expediente, previas las
anotaciones de rigor.” (fl. 191 cdno. apelación – negrillas y mayúsculas
fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2011 (fl. 66 vuelto cdno. ppal.),
los señores Héctor Hinestroza, Héctor William Hinestroza, Teresita Jacqueline
Cerón Quilindo, Darly Jhojana Hinestroza Cerón, Nancy Esperanza Dueñas
González y James Hinestroza González, así como los menores Kelly Jacquelin
Hinestroza Cerón y William Stiven Hinestroza Muñoz, quienes actúan
representados por sus progenitores, promovieron acción de reparación directa
consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (fls. 55 a 64
cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA. LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, es responsable
administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios tanto morales
como materiales ocasionados a los esposos HÉCTOR WILLIAM
HINESTROZA y TERESITA JACQUELINE CERÓN QUILINDO, a sus
hijos menores de edad KELLY JACQUELIN HINESTROZA CERÓN y
WILLIAM STIVEN HINESTROZA MUÑOZ, a la señorita DARLY
JHOJANA HINESTROZA CERÓN, al señor HÉCTOR HINESTROZA, y
a los hermanos NANCY ESPERANZA DUEÑAS GONZÁLEZ, JAMES
HINESTROZA GONZÁLEZ, LUIS ALFONSO HINESTROZA
GONZÁLEZ y MARISOL HINESTROZA GONZÁLEZ, los mayores
vecinos de Popayán (Cauca), con motivo de la sentencia de fecha 30 de
julio de 2009 en el que el JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO
DE POPAYÁN decretó la cesación del procedimiento a favor del acusado
el señor JHON ALEXÁNDER SAPUY, en relación con el delito de
lesiones personales culposas y su correspondientes parte civil, por haber
operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal de dichos
punibles, lo cual constituye una evidente responsabilidad de las
entidades demandadas, por un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, según la Ley 270 de 1996 en su artículo 69.
SEGUNDA. Condénase a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar a los
demandantes, por intermedio de su apoderado, todos los daños y
perjuicios materiales y morales, que se les han ocasionado por los
hechos aquí señalados. Me permito cuantificar los daños causados a mis
clientes según la sentencia condenatoria del Juzgado Promiscuo
Municipal de Piendamó de fecha del 29 de enero del 2009:

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Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Perjuicios materiales:

• Por lucro cesante debido o consolidado: La suma de veinticuatro
millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y tres
pesos ($24.456.293) a favor del señor Héctor William Hinestroza.

• Por lucro cesante futuro: La suma de ciento cinco millones trescientos
setenta y nueve mil trescientos treinta pesos ($105.379.330), valor que
devengara un interés legal 6% anual a partir de la ejecutoria del a
presente sentencia a favor del señor Héctor William Hinestroza.

• Por daño emergente: La suma de un millón trescientos dieciséis mil
ochocientos pesos ($1.316.800) a favor del señor Héctor William
Hinestroza, lo cual deberá ser indexada el día 25 de diciembre de 2001
hasta que se efectúe su pago total.

• Además téngase también en cuenta como daño emergente los
honorarios cancelados al Dr. Gustavo Mosquera por la suma de diez
millones de pesos ($10.000.000), por la representación judicial del señor
Héctor William Hinestroza dentro del proceso señalado.

Perjuicios morales:

• Por perjuicios morales: El equivalente a cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes a favor del señor Héctor William Hinestroza, por los
reconocidos en la sentencia más los derivados de esta acción.

• Paralelamente, acuden a esta solicitud los familiares del señor Héctor
William Hinestroza, señora Teresita Jacqueline Cerón Quilindo, los
menores Kelly Jacquelin Hinestroza Cerón y William Stiven Hinestroza
la señorita Darly Jhojana Hinestroza Cerón y los hermanos Héctor
Hinestroza, Nancy Esperanza Dueñas González, James Hinestroza
González, Luis Alfonso Hinestroza González y Marisol Hinestroza
González, quienes piden para cada uno de ellos, por el dolor moral
sufrido por los hechos narrados.

TERCERA: Las sumas liquidadas objeto de la condena serán
actualizadas conforme a la evolución del índice de precios al
consumidor, certificado por el DANE. Dichas sumas objeto de la condena
igualmente devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de
la sentencia (Ley 443 de 1998).

CUARTA: Sírvase condenar en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada (…).” (fls. 57 a 59 cdno. ppal. - negrillas y
mayúsculas sostenidas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El 25 de diciembre de 2001, el señor Héctor William Hinestroza sufrió varias
lesiones en su cuerpo luego de ser víctima de un accidente de tránsito que fue

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Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

ocasionado por el señor Jhon Alexánder Álzate Sapuy, en hechos ocurridos en la
ciudad de Popayán (Nariño).

2) Por lo anterior, ese mismo 25 de diciembre de 2001 se dio apertura a una
investigación penal en contra del señor Jhon Alexánder Álzate Sapuy como autor
del punible de lesiones personales culposas.

3) El conocimiento del proceso penal durante la etapa de juicio correspondió en un
inicio al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán, quien, en cumplimiento de
lo dispuesto en el acuerdo PSA06-3767 del 12 de diciembre de 2006 del Consejo
Superior de la Judicatura, remitió el expediente al Juzgado Quinto Penal Municipal
de Popayán, el que luego, a su vez, lo remitió al Juzgado Promiscuo Municipal de
Piendamó.

4) El 29 de enero de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Piendamó dictó
sentencia de primera instancia mediante la cual declaró la responsabilidad penal
del señor Jhon Alexánder Álzate Sapuy y lo condenó al pago de los perjuicios
materiales y morales en favor del señor Héctor William Hinestroza, quien se había
constituido en parte civil.

5) El 30 de julio de 2009, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán, con
ocasión de resolver el recurso de apelación formulado contra la anterior decisión
decretó la prescripción de la acción penal, con lo cual se frustró la posibilidad de
los demandantes de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con el
accidente de tránsito en el que resultó lesionado el señor Héctor William Hinestroza
(fls. 55 a 57 cdno. ppal.).

3. Contestación de la demanda

La Nación – Rama Judicial contestó la demanda el 29 de agosto de 2016 (fls. 152
a 163 cdno. ppal.) con oposición a las pretensiones con sustento en los argumentos
que se resumen a continuación:

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Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

1) La actuación de los jueces penales se adelantó de conformidad con el
ordenamiento vigente para la época de los hechos, por lo tanto, no puede
predicarse la ocurrencia de un error judicial ni un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

2) Si bien el proceso penal se extendió en el tiempo no por ello se debe predicar la
existencia de una falla en el servicio pues, la misma no fue causada por una
conducta negligente por parte de los funcionarios o empleados que conocieron la
investigación penal, sino, derivada de la congestión judicial que padece el sistema
de administración de justicia , en especial, los jueces penales que se vieron
sometidos a una mayor carga laboral.

4. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo del Cauca, en providencia del 26 de octubre de 2017,
declaró la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Nación – Rama
Judicial y la condenó a pagar la suma de cincuenta (50) smlmv1 por concepto de
“perjuicios de pérdida de la oportunidad” en favor del señor Héctor Hinestroza
González (fls. 176 a 191 cdno. apelación) por las siguientes razones:

1) En el caso objeto de análisis, existió “varios interregnos de tiempo dentro del
trámite del proceso penal en los que no se acredita de manera justificada la
tardanza para proseguir con el trámite procesal”, los cuales llevaron a que se
configurara el fenómeno de la prescripción de la acción penal.

2) El daño causado al señor Héctor Hinestroza González se encuentra acreditado
pues, ya obtenido en primera instancia una sentencia en la que se reconoció una
indemnización de perjuicios en su favor y “tenía un grado de probabilidad con
certeza suficiente de lograr una indemnización de perjuicios como consecuencia
de las lesiones personales sufridas en el accidente de tránsito en el que se vio
implicado como víctima”.

1 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3) El señor Héctor Hinestroza González perdió la oportunidad de percibir la
indemnización de perjuicios de la condena impuesta por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Piendamó, la cual, en un grado alto de probabilidad, podía
haber sido confirmada en el momento de resolverse el recurso de apelación.

5. Los recursos de apelación

1) El 29 de noviembre de 2017, la Nación – Rama Judicial interpuso recurso de
apelación en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, y en su
lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda (fls. 193 a 195 cdno. apelación)
con el siguiente razonamiento:

a) La prescripción de la acción penal obedeció al gran cúmulo de procesos
represados en la justicia penal, prueba de ello es la sentencia de primera instancia
fue proferida en descongestión por el Juzgado Promiscuo Municipal de Piendamó.

b) No es cierto que el señor Héctor William Hinestroza sería necesariamente
indemnizado pues, la sentencia penal fue objeto de recurso de apelación y no
quedó en firme, de manera que el demandante solo contó una mera expectativa.

c) No existió una actuación dolosa o culposa por parte de los funcionarios de la
administración de justicia y por el hecho de que existió una mora judicial, no se
puede llegar a la conclusión de que de entidad debe ser declarada
patrimonialmente responsable, máxime cuando “no se acreditó ningún tipo de error
ostensible por parte del funcionario que produjera daño antijurídico alguno”.

2) En escrito del 30 de noviembre de 2017, la parte demandante presentó recurso
de apelación (fls. 198 a 2022 cdno. apelación) en el cual señaló que su
inconformidad radica solo en la indemnización de perjuicios, de manera que i) pide
se condene a la Nación - Rama Judicial al pago de perjuicios morales y materiales
en favor del señor Héctor William Hinestroza en la forma en que se solicitó en la
demanda pues, en su criterio, más que una expectativa, aquel perdió la
oportunidad de obtener la indemnización de perjuicios decretada en la sentencia

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Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
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penal de primera instancia y, ii) solicita se condene a la entidad demandada Judicial
al pago de perjuicios morales en favor de todos los actores.

6. Actuación surtida en segunda instancia

El 31 de mayo de 2018 se admitió el recurso de apelación (fl. 213 cdno. apelación)
y el 13 de junio de 2018 (fl. 215 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo
lapso al Ministerio Público para que emitiera concepto.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusión y 4) condena en costas.

1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar si
en el presente caso la Nación - Rama Judicial es patrimonial y
extracontractualmente responsable del supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia debido a la ocurrencia de la prescripción de la acción
penal que le impidió a los demandantes satisfacer la indemnización de perjuicios
que reclamaban como consecuencia de las lesiones personales sufridas por el

2 El daño alegado por los demandantes se hizo evidente a partir de la decisión proferida el 30 de

julio de 2009 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán (fls. 15 a 20 cdno. ppal.) que
declaró el cese del proceso penal iniciado en contra del señor Jhon Alexánder Álzate Sapuy por
prescripción de la acción penal respecto del delito de lesiones personales culposas, la cual quedó
ejecutoriada en esa misma fecha (fl. 474 cdno. 3 pruebas) luego el plazo legal para interponer la
demanda vencía el 31 de julio de 2011, según el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, término que se suspendió del 16 de junio de 2011 al 15 de septiembre de 2011
mientras se surtió el trámite de la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la
Nación (fl. 54 cdno. ppal.) y, comoquiera que la demanda se interpuso el 28 de octubre de 2011 (fl.
65 vuelto cdno. ppal.), se formuló dentro del término de dos años previsto en el numeral 8 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

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Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

señor Héctor William Hinestroza, víctima de un accidente de tránsito por el cual se
inició un proceso penal.

El tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad patrimonial y
extracontractual de la Nación – Rama Judicial como consecuencia de la pérdida
de oportunidad del señor Héctor William Hinestroza de obtener una sentencia
penal condenatoria definitiva en la que se ordene una indemnización de perjuicios,
la parte demandada solicita se revoque la sentencia de primera instancia, mientras
que los demandantes insisten en la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial
y piden se aumente la indemnización de perjuicios reconocida por el a quo.

El fallo apelado será revocado debido a que en el presente caso no se demostró
el daño alegado por los demandantes, entendido como la pérdida de oportunidad
consistente en obtener una reparación de los perjuicios reclamados, por cuanto no
se reúne el requisito relativo a que se trate de una oportunidad que se hubiere
perdido de manera definitiva ni tampoco se trató de una situación potencialmente
apta para pretender la consecución del resultado esperado.

2. Análisis de la impugnación

2.1 El daño

1) Según se anuncia en la demanda, la Nación - Rama Judicial incurrió en un
retardo injustificado que llevó a la prescripción de la acción penal seguida en contra
del señor Jhon Alexánder Álzate Sapuy como circunstancia que provocó un daño
en los actores y, en especial, en el señor Héctor William Hinestroza, quien, en ese
proceso, se constituyó como parte civil.

2) En ese sentido, entiende la Sala que el asunto debe examinarse con el título de
imputación referente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
como hipótesis enmarcada en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, debido a
actuaciones u omisiones presuntamente cometidas por las autoridades que
llevaron consigo a una mora judicial y a la imposibilidad para los aquí demandantes

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Actor: Marisol Hinestroza González y otros
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de obtener la reparación de los perjuicios que les fueron supuestamente causados
por la comisión del delito lesiones personales culposas.

3) De este modo, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño como
primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual pues, en casos
como estos la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3 ha
establecido que lo que se suscita como daño, como concepto diferente del
perjuicio, es lo que se ha denominado pérdida de oportunidad la cual no puede
reducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la decisión penal definitiva,
sino que, deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren que la
persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde a sus
intereses y que al precluirse la investigación o cesar el procedimiento penal esta
se frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y
estar acreditada para que pueda reconocerse como daño indemnizable4.

4) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica que
permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés legítimo del
demandante.

Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del
eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la
oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia
del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un
provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad se extinguió de
forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería eventual.

5) Los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida
de oportunidad cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia por mora judicial tras haberse declarado la

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso

no. 13001-23-31-000-1999-00328-01 (25.327); del 2 de mayo de 2016, proceso no.
13001233100020010050601 (37.111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-000-
2007-00642-01 (42.334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.
4 En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de

marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45.530), MP Ramiro Pazos Guerrero.

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Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

prescripción de la acción penal han sido tratados por la jurisprudencia5 como se
explica a continuación:

a) El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca
de si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual constituye
un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que ello se oponga
al carácter cierto del daño pues, la certeza en este caso debe analizarse respecto
de la oportunidad perdida y no del resultado.

b) El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha,
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado, es decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta para
obtener la indemnización de los perjuicios causados.

c) El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente para la parte civil por el hecho de declararse la
prescripción de la acción penal, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva
de la oportunidad puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda la
oportunidad no estaría perdida o frustrada.

6) En este asunto particular, la Sala observa que no se cumplen con los
presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de
oportunidad, tal como se explica en el acápite siguiente.

2.2 Estudio del caso concreto

1) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, proceso

no. 520012331000200800505 01 (41.073), MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por la misma
subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso no. 08001-23-31-000-2009-00618-01
(44.861), del 14 de marzo de 2019, proceso no. 13001-23-31-000-2009-00625-01 (45.890) y del 11
de abril de 2019, proceso no. 25000-23-26-000-2011-00292-01 (50.569), todas con ponencia de
Marta Nubia Velásquez Rico.

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Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

a) Mediante resolución proferida el 14 de enero de 2002, la Fiscalía Sexta
Delegada ante los Jueces Penales del Municipio de Popayán (Cauca) dictó
apertura de instrucción penal en contra del señor Jhon Alexánder Álzate Sapuy por
la supuesta comisión del delito de lesiones personales debido al accidente de
tránsito ocurrido el 25 de diciembre de 2001 y en el que resultó herido el señor
Héctor William Hinestroza González (fl. 33 cdno. 1 pruebas).

b) El 27 de enero de 2003, la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del
Municipio de Popayán admitió la demanda de parte civil presentada por Héctor
William Hinestroza González, en contra del sindicado Jhon Alexánder Álzate Sapuy
(fls. 516 a 517 cdno. 3 pruebas).

c) El 23 de septiembre de 2003, la fiscalía instructora admitió la demanda de
vinculación contra el tercero civilmente responsable, esto es, la señora María Daysi
Sapuy Morales (propietaria del automóvil de placas CKA-567 involucrado en el
accidente de tránsito), así como la vinculación de la llamada en garantía sociedad
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda, entidad que expidió la póliza de seguros
que amparó los daños que causó el vehículo automotor (fls. 584 a 586 cdno. 3
pruebas).

d) El 23 de junio de 2004, la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del
Municipio de Popayán profirió resolución de acusación en contra del señor Jhon
Alexánder Álzate Sapuy, quien conducía el vehículo particular de placas CKA-567,
como posible autor del delito de lesiones personales culposas en la persona de
Héctor William Hinestroza González (fls. 108 a 115 cdno. 1 pruebas). Esta
resolución fue objeto de recurso de reposición y fue confirmada el 28 de julio de
2004 (fls. 120 a 121 cdno. 1 pruebas).

e) El 17 de agosto de 2004, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán avocó
el conocimiento del asunto (fl. 123 cdno. 1 pruebas) y en providencia del 21 octubre
de 2004 decretó el embargo preventivo del automóvil de placas CKA-567 y tres
inmuebles de la señora María Daysi Sapuy Morales, tercera civilmente responsable
(fls. 624 a 626 cdno. 4 pruebas).

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Expediente 19001-23-31-000-2011-00524-01 (61.197)
Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

e) El 26 de noviembre de 2004, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán
decretó el embargo preventivo del vehículo automotor de placas CMC-726
propiedad de la señora María Daysi Sapuy Morales (fls. 639 a 640 cdno. 4
pruebas).

f) El 3 de agosto de 2006, el referido juzgado decretó el levantamiento del embargo
que pesaba sobre el vehículo automotor de placas CMC-726, así como de uno de
los bienes inmuebles de propiedad de la señora María Daysi Sapuy Morales (fl.
669 cdno. 4 pruebas).

g) El 13 de octubre de 2006, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Popayán
ordenó el secuestro de dos bienes inmuebles de propiedad de la señora María
Daysi Sapuy Morales (fl. 704 cdno. 4 pruebas).

h) En virtud del acuerdo de descongestión 3767 del 12 de diciembre de 2006 del
Consejo Superior de la Judicatura, el proceso penal fue remitido al Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Piendamó (fl. 280 cdno. 4 pruebas) quien en
sentencia del 29 de enero de 2009 condenó al señor Jhon Alexánder Álzate Sapuy
a la pena principal de setenta y dos (72) días de prisión como autor penalmente
responsable del delito de lesiones personales culposas en la persona del señor
Héctor William Hinestroza González; asimismo, condenó en forma solidaria a los
señores Jhon Alexánder Álzate Sapuy y María Daysi Sapuy Morales al pago de
perjuicios en favor de la víctima del delito, mientras que a la Aseguradora Solidaria
de Colombia Ltda la condenó a “restituir a la señora María Daysi Sapuy Morales,
los montos que correspondan hasta concurrencia de lo pactado por concepto de
muerte o lesiones a una persona, en la póliza no. 2805 referencia 6-3107” (fls. 15
a 46 cdno. ppal.).

i) Contra la anterior decisión se presentaron recursos de apelación y mediante
escrito radicado el 30 de julio de 2009, el apoderado del procesado Jhon Alexánder
Álzate Sapuy solicitó que el proceso cesara por prescripción de la acción penal (fl.
456 cdno. 3 pruebas).

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Actor: Marisol Hinestroza González y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

j) El auto del 30 de julio de 2009, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán
decretó la prescripción de la acción penal y dispuso el levantamiento de todas las
medidas cautelares que se decretaron (fls. 461 a 466 cdno. 3 pruebas).

2) A partir del anterior relato, la Sala encuentra satisfecho el primer requisito
referente a la pérdida de oportunidad en lo que respecta al señor Héctor William
Hinestroza, por cuanto fue el único de los aquí demandantes que se constituyó
como parte civil dentro del proceso penal para que fueran resarcidos los perjuicios
sufridos en el accidente de tránsito en el que resultó lesionado; sin embargo, el
Juzgado Cuarto Pernal del Circuito de Popayán declaró la extinción del
procedimiento por prescripción de la acción penal, situación que demuestra que al
afectado con el delito se le vio frustrada la posibilidad de conocer el resultado del
proceso penal, con lo cual la incertidumbre o aleatoriedad sobre el resultado final
de la investigación se encuentra probada.

3) No ocurre lo mismo frente al segundo requisito referente a la existencia de una
situación fáctica y jurídicamente idónea para alcanzar el resultado esperado pues,
si bien el señor Héctor William Hinestroza se encontraba en una situación
potencialmente apta para obtener la indemnización de los perjuicios causados, no
solo porque el señor Jhon Alexánder Álzate Sapuy fue condenado penalmente y
obligado a resarcir los perjuicios causados, sino que, también la señora María
Daysi Sapuy Morales, tercera civilmente responsable, fue condenada en forma
solidaria, lo cierto es que de las pruebas aportadas al expediente no hay evidencia
de que el aquí demandante tuvo la posibilidad cierta de ser indemnizado.

En efecto, pese a que en la demanda de constitución de parte civil se solicitaron
medidas cautelares de una serie de bienes muebles e inmuebles de propiedad de
la señora María Daysi Sapuy Morales, las cuales fueron decretadas, lo cierto es
que ello no quiere decir que el señor Héctor William Hinestroza sería indemnizado
pues, no hay prueba que señale que el procesado sería condenado en segunda
instancia.

De lo anterior se concluye que no es posible determinar que sin la declaratoria de
prescripción de la acción penal se hubiera obtenido una decisión de fondo

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favorable a sus intereses; en ese orden de ideas, no hay prueba de que el señor
Héctor William Hinestroza tenía una oportunidad serie y cierta de recuperar por la
vía del proceso penal los eventuales perjuicios derivados del delito investigado y,
por lo tanto, no se demostró una oportunidad real perdida, esto es, un daño cierto
que pueda ser objeto de reparación.

4) De igual forma, tampoco aparece probado el tercer elemento de la pérdida de
oportunidad consistente en demostrar que la opción de reparación se extinguió de
manera definitiva por haberse declarado la prescripción de la acción penal en el
proceso seguido por el delito de lesiones personales culposas, por lo siguiente:

a) Según el artículo 98 de la Ley 599 de 2000, en su texto vigente para la época
en la que se declaró la prescripción de la acción penal6, la acción civil derivada de
la conducta punible cuando se ejercita dentro de un proceso penal prescribe “en
relación con los penalmente responsables” en tiempo igual al de la prescripción de
la respectiva acción penal, pero, en los demás casos se aplicarán las normas
pertinentes de la legislación civil.

b) Lo anterior obliga a precisar que en el presente evento la acción civil no se
formuló dentro del proceso penal con el único objetivo de que el conductor del
vehículo particular (Jhon Aléxander Álzate Sapuy) respondiera por los perjuicios
ocasionados como penalmente responsable sino, para que también lo hiciera la
propietaria del vehículo con la cual el automotor se encontraba asegurado, quien
fue vinculada como tercero civilmente responsable y de la cual no prescribió la
acción civil con la prescripción de la acción penal ya que se trata de persona
distinta a la acusada de ser “penalmente responsable”.

c) En tales circunstancias, la declaración de la prescripción de la acción penal no
impedía a los demandantes iniciar un proceso ordinario de responsabilidad civil en
contra del tercero considerado por ellos civilmente responsable, esto es, la señora

6 En artículo 98 de la Ley 600 del 2000, Código de Procedimiento Penal, vigente para la época de

los hechos, consagraba: “Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando
se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en
tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán
las normas pertinentes de la legislación civil”.

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María Daysi Sapuy Morales, de quien también se pretendía obtener indemnización
en los términos del citado artículo 98 del Código Penal, de manera que las víctimas
también podían intentar la correspondiente acción ante la jurisdicción civil 7 que
estaba sujeta al término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del
Código Civil.

d) Sobre este punto objeto de análisis, debe advertirse que para la época en la que
ocurrió el accidente (25 de diciembre de 2001) la prescripción ordinaria de la acción
civil contra el tercero civilmente responsable aún era de 20 años, sin desconocer
que el 27 de diciembre de 2002 empezó a regir la Ley 791 de ese año que modificó
el artículo 2536 del Código Civil y redujo la prescripción ordinaria a 10 años.

Frente a esto último es necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 41 de la
Ley 153 de 1887 según el cual:

“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere
completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá
ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero
eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde
la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”.

Con fundamento en esos parámetros el tercero posiblemente civilmente
responsable, María Daysi Sapuy Morales, bien podía escoger entre el término

7 Sobre esto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 30 de junio de

2016, radicación número 11001-02-04-000-2016-00743.01, MP Ariel Salazar Ramírez, expresó:
“(…)Y es que no puede confundirse el significado de lo que el ordenamiento adjetivo penal
considera como “terceros civilmente responsables”, con el de los terceros responsables dentro del
proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno de esos ordenamientos
tiene un significado y alcance distintos. En efecto, para el ordenamiento penal, la noción “tercero
civilmente responsable” hace alusión a la persona que a pesar de no haber cometido la conducta
punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con su patrimonio por los perjuicios
irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000). En cambio, la expresión
“tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en el artículo 2.358
del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de un
tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado
“un tercero”, puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en
el caso de las personas jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo
con estas premisas, si un tercero incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente
favorece a la víctima de los perjuicios, puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es
de 10 años, y no la trienal que refiere el artículo 2358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento
penal en el mencionado artículo 98 de su legislación sustantiva, que en copiosa jurisprudencia, el
máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que la pérdida de la potestad punitiva para
investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir aspectos propios de la justicia
civil”.

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original de 20 años contados a partir de la ocurrencia del hecho y el nuevo término
de 10 años desde la entrada en vigor de la Ley 791 de 2002.

e) En ese contexto fáctico y normativo, habida cuenta que los hechos tuvieron lugar
el 25 de diciembre de 2001, la parte demandante podía intentar en tiempo la acción
civil ante la jurisdicción ordinaria, independientemente del término que eligiera el
prescribiente por cuanto: (i) si elegía el término original de 20 años la acción no
prescribió sino hasta el 25 de diciembre de 2021 y, (ii) si optaba por el término de
10 años contados desde la entrada en vigencia de la Ley 791 de 2002, que inició
el 27 de diciembre de ese año, tenía oportunidad de ejercer la acción civil hasta el
27 de diciembre de 2012, fecha que es posterior a la declaratoria de la prescripción
de la acción penal que tuvo lugar en el año 2009.

5) En las circunstancias antes descritas no hay prueba de la existencia de una
pérdida de oportunidad definitiva porque no se demostró que en realidad los
demandantes perdieran la posibilidad de reclamar reparación ante el tercero
civilmente responsable como llamado a reparar los perjuicios derivados de las
lesiones causadas al señor Héctor William Hinestroza González, esto es, la
propietaria del automotor involucrado en el accidente automovilístico al que se
refieren los hechos de la demanda en este proceso, de manera que no se demostró
la existencia una oportunidad perdida y de un daño cierto que pueda ser objeto de
reparación.

6) En suma, es importante anotar igualmente que la condición necesaria para que
se tenga por acreditado el daño dentro de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado es la certeza, no puede ser reparado un daño eventual
o hipotético, frente a ello la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterativa en sostener
que no puede haber responsabilidad si no se encuentra plenamente acreditado el
daño8 y, en ese sentido, por sustracción de materia se torna innecesario analizar
la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

8 Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de

mayo de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999-1240-01
(20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45.530), MP Ramiro
Pazos Guerrero.

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3. Conclusión

Prospera el recurso de apelación presentado por la Nación - Rama Judicial por
cuanto no se demostró el daño consistente en la pérdida de la oportunidad de
obtener la indemnización de los perjuicios derivados del delito presuntamente
cometido por Jhon Alexánder Álzate Sapuy con la prescripción de la acción penal,
dado que no se comprobó la existencia de una oportunidad seria, cierta y definitiva
de recuperar por la vía del proceso penal los eventuales perjuicios sufridos por los
demandantes.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 26 de octubre de 2017 del
Tribunal Administrativo del Cauca mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda.

4. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia del 26 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo
del Cauca y, en su lugar, niéganse las pretensiones de la demanda.

2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte
demandante.

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3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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