Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01470-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01470-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-01470-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
13 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MORA JUDICIAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PARTE CIVIL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
[Se] consagra un término de 2 años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar oportunamente la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción. En el caso bajo estudio, la Sala considera que el término de caducidad debe contabilizarse desde que se tuvo conocimiento del daño, esto es, desde que […] tuvo la certeza de que, como consecuencia de la declaración de la prescripción de la acción penal no podría acceder a los perjuicios solicitados en la demanda de parte civil […] [S]e debe aclarar que toda vez que la mora judicial que concluyó en la prescripción de la acción penal se constató en la etapa de juzgamiento del proceso penal, será la Nación- Rama Judicial la llamada a indemnizar en su totalidad a la actora.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 / LEY 599 DE 2000 – ARTÍCULO 98 / LEY 600 DE 2000 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 2358
DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO AUTÓNOMO / NEXO DE CAUSALIDAD
La naturaleza de la pérdida de oportunidad ha sido objeto de pronunciamientos por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo en no pocas ocasiones. Tradicionalmente se ha estudiado desde dos ópticas: una, que considera que la pérdida de oportunidad se consolida como un “daño autónomo”, y otra, que afirma que el estudio de esta figura debe realizarse en sede del análisis del nexo causal. Recientemente, esta Subsección se pronunció sobre el tema, y entendió esta figura como un daño, con identidad y características propias, cuyo colofón es la vulneración de una expectativa o interés legítimo tutelados, que deben repararse. En efecto, la pérdida de oportunidad con esta comprensión, no puede ser cualquiera, debe ser susceptible de advertirse como seria. La oportunidad perdida debe contar con un grado de suficiencia que permita concluir que, la acción u omisión de la autoridad pública generadora de daño, disminuyó la probabilidad de ganar o, aumentó la de perder, de manera relevante para el derecho. Lo anterior obedece al concepto mismo de interés legítimo, en el que se fundamenta la pérdida de oportunidad como daño, toda vez que debe tratarse de una posición de ventaja reservada para el titular del interés; se trata entonces de un interés particularizado en cabeza de ese individuo, en la medida en que, la ventaja no se predica de colectivos o grupos de individuos, sino del sujeto específico que vio disminuida su posición de superioridad frente a los demás. Por lo anterior, esa oportunidad debe contar con unos mínimos de relevancia jurídica, que permitan calificarla como valiosa o real.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera de 31 de mayo de 2016, rad. 38267, de 5 de abril de 2017, rad. 25706.
REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD
[E]ste daño debe cumplir con los siguientes requisitos: En primer lugar, el resultado debe ser aleatorio, esto es, incertidumbre respecto a si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar; segundo, la certeza respecto de la oportunidad propiamente dicha, es decir que, en ausencia del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un provecho o de evitar un perjuicio; finalmente, que la oportunidad de evitar esa aminoración o de obtener un provecho, se extinguió de manera irreversible para la víctima, toda vez que, si la ventaja aún era susceptible de ser lograda o el perjuicio de ser evitado, se estaría en presencia de un daño eventual. Por lo anterior, la pérdida de oportunidad comprendida como daño, tiene dos componentes : uno, de certeza en relación con la existencia de una expectativa real, seria y relevante para el derecho; y otro, relacionado con la incertidumbre de obtener la ganancia esperada o de evitar el perjuicio. De donde, es el primer componente el que fundamenta no solo el carácter cierto del daño, sino que es el insumo para determinar la reparación del mismo.
DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD
En casos de prescripción de la acción penal, resulta ser un criterio plausible el momento en el cual se decreta, para efectos de determinar la seriedad o relevancia de la oportunidad perdida. Ello ya que la expectativa de ganar un pleito penal y obtener una condena en perjuicios, no será la misma si la prescripción fue declarada en la etapa de investigación previa o instrucción, a si fue declarada en etapa de juzgamiento -para aquellos casos adelantados bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000- y de forma similar, si la prescripción fue decretada en etapa de indagación e investigación, o después de la formulación de imputación, de la audiencia de formulación de acusación, de la instalación de la audiencia preparatoria o de la audiencia de juicio oral –en el evento en que el proceso penal se hubiera tramitado bajo la Ley 906 de 2004-. Lo que quiere decir que la superación de etapas de un proceso penal, por su lógica propia, eleva la probabilidad de obtener ventaja. Para la existencia del daño, como se explicó, debe acreditarse entonces: 1) la aleatoriedad del resultado; 2) la certeza respecto de la oportunidad propiamente dicha y 3 que la oportunidad de evitar esa aminoración o de obtener un provecho, se extinguió de manera irreversible para la víctima.
DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PARTE CIVIL / DAÑO CIERTO / EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
[E]n el momento en que la parte civil tuvo conocimiento de la declaratoria de prescripción de la acción penal[…] la acción civil a la que hace referencia el artículo 98 del Código Penal, ya se encontraba prescrita tanto en relación con el responsable directo del daño, como para ejercer la acción en contra de los terceros civilmente responsables, debido al término establecido en el inciso 2° del artículo 2358 del C.C. […] Lo anterior constituye un daño cierto para la parte actora en reparación, pues se vio impedida de acceder a los perjuicios civiles causados como consecuencia de la comisión de la conducta punible […] [S]e desprende que el ofendido habría podido acudir a la acción civil, de forma concomitante al inicio del pleito penal, para la indemnización de los perjuicios causados con la comisión de la conducta ilícita, en cuyo caso el juez penal se habría tenido que limitar en su fallo a la declaración de la responsabilidad penal, sin pronunciarse sobre la cuantía de los perjuicios, so pena de emitir un fallo ineficaz. Es decir que, el ofendido habría debido escoger una de las dos vías legales -la constitución de parte civil dentro del proceso penal o la demanda civil directamente-, pues ambas no pueden resolver la indemnización de los perjuicios derivados de la conducta punible, simultáneamente. En atención a lo anterior, y toda vez que la ley no fija una vía prioritaria para la estudiada reclamación, se debe respetar aquella que el usuario de la justicia escogió, lo cual significa reconocer el daño ocasionado en sede de reparación directa cuando su expectativa de ver resuelta esta petición de índole civil se vea truncada ante la prescripción de la acción penal, por razones ajenas a su proceder. Y es que el acceso a la justicia busca precisamente garantizar el derecho de los usuarios a que le sean resueltas de fondo las cuestiones planteadas en un litigio, de modo que se asegure de forma real y material la confianza que depositan en el servicio de la administración de la justicia. Insistir en la ausencia del daño, sosteniendo que el interesado contaba con otras vías o mecanismos judiciales para acceder a los perjuicios solicitados –afirmación que es cierta únicamente respecto del momento en que optó por iniciar una de las dos acciones, más no cuando se configuró el daño consistente en la prescripción de la acción penal-, dejaría inane la eficacia, seriedad y celeridad esperada de la vía originalmente escogida por el interesado y representaría un total desconocimiento del trabajo, esfuerzo y tensión que el impulso de ese proceso representó para la parte actora durante los años que el litigio estuvo activo.
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO / MORA JUDICIAL
En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha indicado que la dilación de una decisión administrativa o judicial compromete la responsabilidad extracontractual del Estado, siempre que sea injustificada, lo cual debe determinarse por el juzgador en cada caso concreto, con fundamento en distintos factores tales como la propia realidad de la administración de justicia y las características del asunto que se esté resolviendo […] También, se han establecido otros factores que justifican el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y el promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora
FUENTE FORMAL: CÓDIGO PENAL – ARTÍCULO 83
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T-1171 de 2003, T-1047 de 2003, T-977 de 2003, y T-668 de 1996, así como también las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de noviembre de 2012, rad. 37046, de 25 de noviembre de 2004, rad. 13539 y de 3 de febrero de 2010, rad. 17293. Sobre la teoría de la realidad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance, cita sentencia de 15 de febrero de 1996, rad. 9940 y sentencia de 30 de octubre de 2013, rad. 30495.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
La jurisprudencia de la Sección Tercera ha señalado que, como la pérdida de oportunidad constituye un daño, que, en este caso, deviene de la imposibilidad de la señora […] de acceder a los perjuicios reclamados en el curso de un proceso penal, la cuantía se valora de acuerdo con el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 […] Esta técnica surge de la dificultad de indemnizar con base en datos estadísticos o exactos de cuya prueba adolecen casos como el que se examina, ya que, como ha sido mencionado en el análisis del daño, la pérdida de oportunidad viene aparejada de la incertidumbre de que la actora haya obtenido la indemnización de los perjuicios reclamados, evento condicionado al éxito de la condena penal. Así lo ha hecho ya la Corporación con el fin de evitar condenas en abstracto en casos de indemnización del perjuicio autónomo de la pérdida de la oportunidad. En casos similares al presente, en los que se ha decretado la prescripción de la acción penal en sede de apelación de la sentencia condenatoria de primera instancia, la Sección Tercera ha condenado a las entidades demandadas por el daño consistente en la pérdida de oportunidad, por el 75% de la suma reconocida a la parte civil en ese fallo penal. En otras oportunidades, ante la declaratoria de la prescripción de la acción penal mientras se tramitaba el recurso de casación, luego de que las sentencias proferidas por los despachos judiciales de primera y segunda instancia fueron de carácter condenatorio -es decir, en una instancia más avanzada que aquellos en los que se condenó a la entidad demandad por el 75%-, se ordenó el pago del 60% respecto de la indemnización integral reconocida en esos fallos y del 90% de la cuantía fijada por el juez penal […] Si bien la parte actora se encontraba en una posición idónea para acceder a la indemnización reclamada dentro del proceso penal, pues se había constituida como parte civil y había obtenido un fallo condenatorio en contra del presunto responsable del delito de lesiones personales, dicho fallo fue el de primera instancia. A pesar de que dicha Sentencia no pareciera ser susceptible de ser revocada en una segunda instancia por las razones anotadas, aún se encontraba a varias etapas de constituirse en una decisión definitiva. De conformidad con lo anterior, le es posible a la Sala colegir, en aplicación de su arbitrio judicial y de la equidad a la que puede acudir, que la expectativa que tenía la señora Giraldo de que se le resarciera pecuniariamente en el proceso judicial orbitaba alrededor de un 60%. Ello atiende también al hecho de que el 75% fijado en los fallos mencionados, en los que la prescripción se decretó luego de emitido el fallo de primera instancia de carácter condenatorio, pareciera muy alto para una pérdida de oportunidad de este carácter. Una vez efectuado lo anterior, y con miras a aplicar dicho porcentaje de probabilidad a la cifra de dinero que habría recibido la demandante de haberse realizado su oportunidad de ser resarcida en el procedimiento penal, se entrarán a revisar los perjuicios a los que habría tenido derecho, análisis que se hará de conformidad con las reglas de tasación y liquidación de perjuicios establecidos por esta Corporación, pues pese que se entiende a que la oportunidad pérdida fue la de obtener una reparación en la jurisdicción ordinaria, con fundamento en el principio de igualdad y garantías judiciales, se determinará la indemnización de esta manera, por tratarse de un proceso de reparación directa.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1996 – ARTÍCULO 16
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita sentencias del Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, de 13 de marzo de 2013, rad. 25569 y de 21 de marzo de 2012, rad. 22017, reiterada por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, en sentencia de 1 de marzo de 2018, rad. 43269. Sobre la motivación del porcentaje liquidado, cita sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B: de 31 de mayo de 2016, rad. 38047, sentencia de 22 de junio de 2017, rad. 35038; sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 42921 y sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 40251. En igual sentido, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de septiembre de 2018, rad. 44526.
PERJUICIO MATERIAL / DAÑO EMERGENTE / LUCRO CESANTE / PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE FUTURO / PERJUICIO MORAL
La parte actora solicitó, como pretensiones económicas, el pago de perjuicios materiales por el valor de $284’222.090, así como el pago de 50 smlmv por concepto de perjuicios morales, cifras reconocidos por el Juzgado 11 Penal Municipal de Cali, en la Sentencia de 21 de enero de 2009 . Para el efecto, y en relación con los perjuicios materiales, ese despacho afirmó en el fallo penal condenatorio, que tendría en cuenta el informe investigativo […], realizado por un perito del CTI. […] La Sala sólo se apoyará en los informes mencionados emanados de la Fiscalía General de la Nación en relación con el valor calculado para el daño emergente, toda vez que ese concepto no fue objeto de modificación o comentario alguno en el segundo de los informes y su cálculo tampoco le merece a la Sala reparo alguno […] En lo que respecta al lucro cesante, sólo se reconocerá en relación con la pérdida de capacidad laboral de la actora y será denegada en relación con la imposibilidad que habría podido tener de trabajar durante la incapacidad laboral otorgada, toda vez que este último rubro, si bien fue calculado en los dos informes efectuados por los peritos de la Fiscalía, no hizo parte de las pretensiones económicas contenidas en la demanda de constitución de parte civil […] Para estimar el lucro cesante consolidado en favor de […], se tomará el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral establecido por la Junta de Calificación de Invalidez del Cauca […] La liquidación del lucro cesante consolidado, se hará por el tiempo durante el cual la accionante dejó de percibir el sueldo devengado en la venta de lotería, desde la fecha de los hechos […] hasta el fallo que emite hoy día el ad quem […] El lucro cesante futuro comprende el periodo de tiempo transcurrido entre el día siguiente a la fecha de la presente providencia y la fecha calculada como esperanza de vida de la demandante […] Para el cálculo de la indemnización se descontará el número de meses que fueron liquidados por el período debido o consolidado […] En relación con los perjuicios morales, mediante Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, se estableció que para efectos de su estimación y liquidación en caso de lesiones, se deberá verificar la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la cual determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos […] De conformidad con los parámetros fijados en esa providencia y toda vez que la pérdida de la capacidad laboral adquirida por la señora […] quedó fijada en el 46,13%, habría lugar a reconocer a favor de la actora el monto de 80 smlmv. […] A dicho monto se aplicará el porcentaje del 60% establecido anteriormente para calcular la oportunidad perdida de obtener este perjuicio de no haberse decretado la prescripción de la acción penal, lo cual da como resultado el equivalente a 37 smlmv.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 76001-23-31-000-2011-01470-01(52889)A
Actor: MARÍA ZULMA GIRALDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia - prescripción de la acción penal - mora judicial. Pérdida de oportunidad. La oportunidad perdida debe ser grave y seria. Solo se indemnizará la expectativa mediana o altamente probable. En casos de prescripción de la acción penal, la seriedad o relevancia de la oportunidad perdida se analiza en atención al momento procesal en el que fue decretada.
Síntesis del caso: El 2 de diciembre de 2003, resultó arrollada la señora María Zulma Giraldo de Ocampo, por una camioneta que conducía el señor Aníbal Bohórquez. La señora María Zulma Giraldo inició proceso penal en contra de este por lesiones personales. Y, se constituyó en parte civil dentro de este.
Cuando el proceso se encontraba en etapa de juzgamiento, el Juzgado Once Penal Municipal, en Auto de 18 de enero de 2011, declaró la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, con lo cual, por disposición legal, operó igualmente la prescripción de la acción civil. Se alega la falla del servicio que le impidió acceder al resarcimiento de los perjuicios solicitados ante la justicia ordinaria.
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Rama Judicial en contra de la Sentencia proferida el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de decisión n.° 4, el 21 de mayo de 2014, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. La demanda y trámite de primera instancia; 1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
La demanda y trámite de primera instancia
Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2011, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la señora María Zulma Giraldo, como la directamente afectada, el señor Delio Ocampo, en calidad de cónyuge y Claudia Giabe, Jhon Geisel y Delio Alexander Ocampo Giraldo, en calidad de hijos de aquellos, presentaron demanda en contra de la Nación-Rama; Judicial Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho y; Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):
“Primera. El Ministerio del Interior y de Justicia-Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación son responsables administrativamente de los daños y perjuicios ocasionados a la señora María Zulma Giraldo, con el motivo de la grave omisión de aplicar el debido proceso en una investigación penal donde fue constituida en dicho proceso como parte civil la demandante en una evidente falla en el servicio atribuible a las entidades demandadas.
Segunda. Condénese a Ministerio del Interior y de Justicia-Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora María Zulma Giraldo todos los daños y perjuicios conforme a la siguiente liquidación o a la que se llegare a demostrar en el proceso, así:
Perjuicios morales (…) se tasaron en el informe contable dentro del proceso con radicado n. 43000-6-14873 del CTI de la Fiscalía General de la Nación de Cali (f. 163 c.o.) y probados dentro del mismo por el Juzgado 6º Penal Municipal de Cali, fue en la sentencia (f. 177 c.o.), en 50 smlmv:
Más 500 smlmlv para Delio Ocampo, Claudia Giabane Ocampo Giraldo, Jhon Geisel Ocampo Giraldo y Delio Alexander Ocampo Giraldo.
Son las mismas pretensiones que la demandante hace valer en la presente demanda y que equivalen a 50 smlmv.
Total perjuicios morales: 2.050 smlmv.
Perjuicios materiales: Los daños materiales probados dentro del proceso seguido contra el autor de las lesiones personales y motivo del debate dentro del proceso 2005-00373-00 en el Juzgado 6º Penal Municipal de Cali fue la suma de $284.222.090, informe contable n.° 43000-6-14873 preparado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación de Cali.
Más otro tanto igual a lo probado y anotado anteriormente. Son las mismas pretensiones que la demandante hace valer en la presente de demanda y que equivalen a $284.222.090.
Total perjuicios materiales: $568.444.180”.
Como fundamento de la demanda, la parte actora citó todas las actuaciones procesales surtidas a instancia de la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Once Penal Municipal y sostuvo que la lenta actividad de la justicia ocasionó el daño consistente en la prescripción de la acción penal y la consecuente denegación de la justicia. Afirmó que se produjo una violación al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
En la oportunidad procesal para contestar la demanda, el Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó que carecía de legitimación pasiva en la causa, ya que con la expedición de la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia” y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, la representación de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial estaba a cargo de la Nación.
La Nación-Rama Judicial consideró que no hay lugar a proferir una condena en sede de reparación directa, pues frente al acusado en el proceso penal no se emitió una sentencia absolutoria. Es decir, la actora estaba frente a un daño incierto, ya que solo contaba con una expectativa contenida en un fallo penal que no se concretó ante la declaratoria de la prescripción de la acción penal. Señaló además, que aún podía acudir a la acción civil ordinaria que caduca en un término de 20 años.
Así mismo, manifestó que la jurisprudencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha establecido que, para que se predique el error judicial es necesario que este sea arbitrario, caprichoso y flagrantemente violatorio del debido proceso, evento que no ocurrió en el caso expuesto en la demanda.
La Nación-Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara la falta de legitimación pasiva en la causa de suya toda vez que la prescripción de la acción penal había ocurrido en la etapa de juzgamiento.
En la oportunidad para alegar de conclusión la parte actora afirmó que el juez 11 penal municipal de Cali y el fiscal de conocimiento incumplieron con su deber de imputar y calificar adecuadamente los hechos punibles. Señaló que trascurrieron 7 años y 4 días desde el 2 de diciembre de 2003 hasta el 6 de diciembre de 2010, “tiempo suficiente para llevar a cabo la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, dejando inconclusa la apelación conjuntamente con la parte civil, hecho que determinó el archivo del proceso… ”.
Por su parte, la Nación-Fiscalía General afirmó que no le asistía responsabilidad ya que no se había configurado ningún error y, por el contrario, el ente investigador había adelantado su labor en cumplimiento de las funciones legales y constitucionales asignadas. Alegó la culpa exclusiva de la víctima, con fundamento en que “el demandante no recurrió bajo el uso de los recursos ordinarios las providencias supuestamente lesivas, coadyuvando con su propia culpa a la prolongación del perjuicio”.
Surtido el trámite de rigor, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de decisión n.° 4, profirió Sentencia el 21 de mayo de 2014, en la cual resolvió conceder las pretensiones de la demanda. Se trascribe la parte resolutiva:
“Primero: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, interpuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la pasiva, interpuesta por la Fiscalía General de la Nación, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
Tercero: Declarar administrativamente responsable por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia a la Nación-Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto: Condenar a la Nación-Rama Judicial a pagar a la señora María Zulma Giraldo las siguientes sumas de dinero:
4.1. $92.454.501 por concepto de perjuicios materiales.
4.2. El equivalente a 20 smlmv, que a la fecha de la sentencia equivalen a $12.320.000 por concepto de perjuicios morales.
Quinto. Denegar las demás pretensiones de la demanda.
Sexto: Exonerar de responsabilidad administrativa a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo: Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A.”.
El a quo sostuvo que en el caso en estudio quedó acreditado que la señora María Zulma Giraldo de Ocampo tenía la expectativa legítima de obtener una indemnización por los perjuicios materiales y morales solicitados en su calidad de parte civil, toda vez que el juzgador penal condenó por lesiones personales al sindicado en la Sentencia de 6 de diciembre de 2010.
No obstante, negó el daño aludido respecto de los demás actores; toda vez que, ellos no habían comparecido como parte civil en el proceso penal adelantado en contra del señor Aníbal Bohórquez y, como consecuencia, el Juzgado 11 Penal del Circuito Municipal de Cali no había ordenado ninguna indemnización a su favor.
El Tribunal concluyó que la Rama Judicial fue responsable de la prescripción de la acción penal, en tanto el juez penal avocó el conocimiento de la causa mediante Auto de 20 de diciembre de 2005 hasta el 12 de enero de 2011, fecha en la que el juez cuarto penal del circuito de Cali decretó la prescripción de la acción penal. Sobre el particular, señaló (se trascribe): “Así pues, considera la Sala que la declaratoria de prescripción de la acción penal en perjuicio de la señora María Zulma Giraldo, tuvo origen en el retardo que se presentó cuando el proceso penal se encontraba en el trámite de primera instancia, donde permaneció por más de 5 años, abarcando así casi todo el término de prescripción que consagra el artículo 86 del Código Penal, el cual corresponde a 5 años”.
En relación con los perjuicios, reconoció el valor equivalente a $84’088.771 en favor de María Zulma Giraldo, suma que obedecía a la reparación de los perjuicios materiales establecida por el juez penal en la Sentencia de 6 de diciembre de 2010, la cual fue actualizada para la fecha del fallo de primera instancia para un valor de $92’454.501.
Así mismo, reconoció 20 smlmv por concepto de perjuicios morales, suma que fue otorgada por el juez penal en la Sentencia mencionada.
Recurso de apelación y trámite de segunda instancia
La Nación-Rama Judicial interpuso recurso de apelación, con fundamento en la ausencia de daño, ya que en su entender subsistía la vía civil para la reclamación de los perjuicios ocasionados a raíz del accidente de tránsito.
También consideró que la Fiscalía no debía ser exonerada. Para el efecto puso de presente el Auto n.° 4 del 5 de junio de 2009, mediante el cual el juez penal declaró la nulidad del proceso, ante la omisión de vincular a los terceros civilmente responsables, en beneficio de los derechos de la parte actora. En su concepto, dicha nulidad no se habría tenido que decretar si la Fiscalía hubiera desarrollado bien su labor de vincular al proceso a todos aquellos que podían ser penal y civilmente responsables.
Finalmente, señaló que la parte actora tan sólo había expuesto el hecho de la prescripción de la acción penal, mas no había señalado en qué etapa o actuación procesal se había generado la falla del servicio imputable a la entidad demandada.
En los alegatos de conclusión de segunda instancia la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
Mediante Auto de 3 de mayo de 2017, la Sala accedió a la prelación del fallo solicitada por la parte actora, en atención a la patología padecida por la señora María Zulma Giraldo consistente en hipoacusia neurosensorial, ya que dicho diagnóstico guardaba estrecha relación con las pretensiones de la demanda y el daño que había causado el ente estatal la convertía en sujeto de especial protección constitucional.
CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1 Presupuestos procesales; 2.3. Análisis sustantivo de la decisión; 2.3.1. El daño consistente en la pérdida de oportunidad de acceder a la indemnización de perjuicios en calidad de parte civil con ocasión de la prescripción de la acción penal; 2.3.2. La falla del servicio de las entidades demandadas: la verificación de la mora judicial; a) el proceso surtido a instancias de la Fiscalía General de la Nación; b) el proceso surtido a instancias de la Rama Judicial; c) actuación de la parte interesada; d) complejidad del caso; 2.4. Indemnización de perjuicios.
Presupuestos procesales
El presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción por ser demandadas la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, organismos estatales, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente en el momento de la presentación de la demanda.
El Consejo de Estado es competente para decidir el asunto, por tratarse del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una providencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de un proceso de reparación directa por hechos relacionados con la administración de justicia.
La parte actora demandó al Ministerio del Interior y de Justicia-Rama Judicial. Sobre el particular, se debe aclarar que el artículo 49 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 149 del C.C.A. (y 159 de la Ley 1437 de 2011), que facultaron al director ejecutivo de administración judicial para representar a la Nación-Rama Judicial, así como a la Fiscalía General para representar a la Nación en los procesos contenciosos en los que se le imputaría el daño a uno de sus agentes.
De modo que, en lo que atañe a la Rama Judicial, esta no requiere estar representada por el Ministerio del Interior y de Justicia, puesto que esa misma entidad es la autoridad encargada de representar a la Nación en los procesos que se adelanten contra ella por actuaciones imputables a ella.
En consonancia con lo anterior y, en relación con la legitimación pasiva en la causa, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial adelantaron, en la etapa procesal respectiva, la causa penal que prescribió e impidió que la parte actora accediera a los perjuicios reclamados en calidad de parte civil. De modo que este requisito se encuentra satisfecho respecto de aquellas.
En lo que respecta a la legitimación activa en la causa, la señora María Zulma Giraldo fue quien promovió el proceso penal por el delito de lesiones personales, de ahí que se encuentre satisfecho este requisito frente a ella.
Distinto es el caso de del señor Delio Ocampo, quien actúa en calidad de cónyuge de la señora María Zulma Giraldo y Claudia Giabe, Jhon Geisel y Delio Alexander Ocampo Giraldo, quienes actúan en calidad de hijos de aquellos, ya que no fueron víctimas del delito de lesiones personales y no se constituyeron como parte civil en el proceso penal, de suerte que no les asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctimas directas del daño.
El artículo 136 – 8 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable) consagraba un término de 2 años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar oportunamente la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
En el caso bajo estudio, la Sala considera que el término de caducidad debe contabilizarse desde que se tuvo conocimiento del daño, esto es, desde que María Zulma Giraldo tuvo la certeza de que, como consecuencia de la declaración de la prescripción de la acción penal no podría acceder a los perjuicios solicitados en la demanda de parte civil.
Ese momento se configuró el 12 de enero de 2011, fecha del Auto emitido por el Juzgado 11 Penal Municipal que resolvió declarar la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal. Toda vez que la demanda de reparación directa se interpuso el 3 de octubre de ese año, lo fue en término.
Análisis sustantivo de la decisión
El daño consistente en la pérdida de oportunidad
30. La naturaleza de la pérdida de oportunidad ha sido objeto de pronunciamientos por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo en no pocas ocasiones. Tradicionalmente se ha estudiado desde dos ópticas: una, que considera que la pérdida de oportunidad se consolida como un “daño autónomo”, y otra, que afirma que el estudio de esta figura debe realizarse en sede del análisis del nexo causal.
31. Recientemente, esta Subsección se pronunció sobre el tema, y entendió esta figura como un daño, con identidad y características propias, cuyo colofón es la vulneración de una expectativa o interés legítimo tutelados, que deben repararse.
32. En efecto, la pérdida de oportunidad con esta comprensión, no puede ser cualquiera, debe ser susceptible de advertirse como seria. La oportunidad perdida debe contar con un grado de suficiencia que permita concluir que, la acción u omisión de la autoridad pública generadora de daño, disminuyó la probabilidad de ganar o, aumentó la de perder, de manera relevante para el derecho. Lo anterior obedece al concepto mismo de interés legítimo, en el que se fundamenta la pérdida de oportunidad como daño, toda vez que debe tratarse de una posición de ventaja reservada para el titular del interés; se trata entonces de un interés particularizado en cabeza de ese individuo, en la medida en que, la ventaja no se predica de colectivos o grupos de individuos, sino del sujeto específico que vio disminuida su posición de superioridad frente a los demás. Por lo anterior, esa oportunidad debe contar con unos mínimos de relevancia jurídica, que permitan calificarla como valiosa o real.
33. Para el efecto, este daño debe cumplir con los siguientes requisitos: En primer lugar, el resultado debe ser aleatorio, esto es, incertidumbre respecto a si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar; segundo, la certeza respecto de la oportunidad propiamente dicha, es decir que, en ausencia del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un provecho o de evitar un perjuicio; finalmente, que la oportunidad de evitar esa aminoración o de obtener un provecho, se extinguió de manera irreversible para la víctima, toda vez que, si la ventaja aún era susceptible de ser lograda o el perjuicio de ser evitado, se estaría en presencia de un daño eventual.
34. Por lo anterior, la pérdida de oportunidad comprendida como daño, tiene dos componentes: uno, de certeza en relación con la existencia de una expectativa real, seria y relevante para el derecho; y otro, relacionado con la incertidumbre de obtener la ganancia esperada o de evitar el perjuicio. De donde, es el primer componente el que fundamenta no solo el carácter cierto del daño, sino que es el insumo para determinar la reparación del mismo.
35. En casos de prescripción de la acción penal, resulta ser un criterio plausible el momento en el cual se decreta, para efectos de determinar la seriedad o relevancia de la oportunidad perdida. Ello ya que la expectativa de ganar un pleito penal y obtener una condena en perjuicios, no será la misma si la prescripción fue declarada en la etapa de investigación previa o instrucción, a si fue declarada en etapa de juzgamiento -para aquellos casos adelantados bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000- y de forma similar, si la prescripción fue decretada en etapa de indagación e investigación, o después de la formulación de imputación, de la audiencia de formulación de acusación, de la instalación de la audiencia preparatoria o de la audiencia de juicio oral –en el evento en que el proceso penal se hubiera tramitado bajo la Ley 906 de 2004-. Lo que quiere decir que la superación de etapas de un proceso penal, por su lógica propia, eleva la probabilidad de obtener ventaja.
36. Para la existencia del daño, como se explicó, debe acreditarse entonces: 1) la aleatoriedad del resultado; 2) la certeza respecto de la oportunidad propiamente dicha y 3 que la oportunidad de evitar esa aminoración o de obtener un provecho, se extinguió de manera irreversible para la víctima.
En el caso en estudio se encuentra satisfecho el primer requisito, esto es, la oportunidad con la que contaba la parte actora de obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una conducta delictiva, pues se trató de una oportunidad seria y valiosa, dadas las particularidades del caso.
En efecto, de los hechos probados se constata que el 3 de diciembre de 2003 el fiscal 122 seccional de Cali declaró la apertura de la etapa de instrucción por la comisión del delito de lesiones personales culposas; que la parte actora se constituyó en parte civil mediante demanda de 20 de diciembre de 2005 y que el Juzgado 11 Penal Municipal, en Auto de 12 de enero de 2011, resolvió declarar la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal.
También se encuentra satisfecho el segundo requisito, es decir, que se encuentre probado que la posibilidad de obtener la reparación se extinguió definitivamente para la parte civil al declararse la prescripción de la acción penal.
Un argumento en contra que se esbozó en el proceso, es que la ofendida penalmente contaba con la posibilidad de acudir al ejercicio de la acción civil para obtener la reparación de los perjuicios derivados de una conducta punible, razón por la que, si la acción civil ejercida en el curso de un proceso penal prescribía, la oportunidad de acceder a la condena civil se le habría asegurado mediante la vía judicial ordinaria. Incluso, el Juzgado 11 Penal Municipal planteó ese argumento en el Auto de 12 de enero de 2011 que resolvió declarar la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal.
Al respecto, se insiste, está probado que el 3 de diciembre de 2003 el fiscal 122 seccional de Cali declaró la apertura de la etapa de instrucción por la presunta comisión del delito de lesiones personales culposas; que la parte actora se constituyó como parte civil mediante demanda del 20 de diciembre de 2005 y que el Juzgado 11 Penal Municipal, en Auto de 12 de enero de 2011, resolvió declarar la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal.
Este último evento implica la imposibilidad para la parte actora, no sólo de obtener un fallo condenatorio contra el presunto responsable de su ofensa, sino también, de acceder a los perjuicios materiales y morales solicitados en la demanda de parte civil.
En el Auto de 12 de enero de 2011, el juez penal afirmó que la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal “no comprende la situación de los terceros civilmente responsables vinculados en este proceso”. Pese a ello, la acción en contra de terceros civilmente responsables se encontraba prescrita, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 2358 del C.C., el cual contempla un término de prescripción de 3 años.
En efecto, la acción civil ejercida en el curso de un proceso penal prescribe junto a esta última sólo en relación con el autor del delito investigado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 599 de 2000:
“Artículo 98. Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.
De conformidad con esta norma, cuando la acción civil se promueve dentro del proceso penal, corre la misma suerte de la acción penal. Es decir, en el evento de que se declare la prescripción de la acción penal, también deberá declararse prescrita la acción civil.
Por tanto, si la aquí demandante se presentó al proceso penal y se constituyó como parte civil, lo cual podía hacer en cualquier momento de la actuación, una vez declarada la prescripción de la acción penal también prescribió la acción civil en contra del autor material de la conducta, esto es, en contra del conductor del bus. Así lo ha explicado la jurisprudencia:
“(…) el fenecimiento de la potestad punitiva conlleva la prescripción de las acciones penal y civil e impide al funcionario judicial continuar con el trámite de la actuación.
3. Al respecto, esta Corporación ha consolidado una línea jurisprudencial, según la cual, la prescripción de la acción penal, conlleva el mismo efecto de la acción civil para el penalmente responsable, cuando la misma ha sido ejercitada dentro del proceso.
3.1. Inicialmente, en el pronunciamiento emitido el 23 de agosto de 2005, dentro del radicado 23.718, la Corte precisó el alcance del artículo 98 del Código Penal y dejó claro que la expresión “los demás casos” contenida en tal precepto, hace referencia a las acciones civiles intentadas contra los terceros civilmente responsables
Así discernió:
(…) Los “demás casos” a los que se refiere la norma, sólo pueden ser las acciones civiles intentadas contra los terceros civilmente responsables, pues como se dijo al inicio de estas consideraciones, de acuerdo con los artículos 96 del Código Penal (Ley 599 de 2000) y 46 del Código de Procedimiento Penal que rige el caso (Ley 600 de 2000), dos grupos de personas pueden ser vinculadas al proceso penal para que respondan civil y patrimonialmente por los daños y perjuicios causados con el delito, a saber: i) los penalmente responsables en forma solidaria y ii) los que de acuerdo con la ley sustancial están obligados solidariamente a reparar el daño, por lo que establecido que la prescripción de la acción civil contra los primeros, opera en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, es en relación con los segundos que debe acudirse a “las normas pertinentes de la legislación civil”.
Es decir que, en el momento en que la parte civil tuvo conocimiento de la declaratoria de prescripción de la acción penal, en el Auto de 12 de enero de 2011, la acción civil a la que hace referencia el artículo 98 del Código Penal, ya se encontraba prescrita tanto en relación con el responsable directo del daño, como para ejercer la acción en contra de los terceros civilmente responsables, debido al término establecido en el inciso 2° del artículo 2358 del C.C., tal y como se explicó. Lo anterior constituye un daño cierto para la parte actora en reparación, pues se vio impedida de acceder a los perjuicios civiles causados como consecuencia de la comisión de la conducta punible.
También resulta relevante el artículo 56 de la Ley 600 de 2000, sobre la “sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre los perjuicios”, cuyo último parágrafo indica: “Cuando obre prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá condenar al pago de perjuicios. En caso de hacerlo, será ineficaz la condena impuesta”.
De lo anterior se desprende que el ofendido habría podido acudir a la acción civil, de forma concomitante al inicio del pleito penal, para la indemnización de los perjuicios causados con la comisión de la conducta ilícita, en cuyo caso el juez penal se habría tenido que limitar en su fallo a la declaración de la responsabilidad penal, sin pronunciarse sobre la cuantía de los perjuicios, so pena de emitir un fallo ineficaz.
Es decir que, el ofendido habría debido escoger una de las dos vías legales -la constitución de parte civil dentro del proceso penal o la demanda civil directamente-, pues ambas no pueden resolver la indemnización de los perjuicios derivados de la conducta punible, simultáneamente.
En atención a lo anterior, y toda vez que la ley no fija una vía prioritaria para la estudiada reclamación, se debe respetar aquella que el usuario de la justicia escogió, lo cual significa reconocer el daño ocasionado en sede de reparación directa cuando su expectativa de ver resuelta esta petición de índole civil se vea truncada ante la prescripción de la acción penal, por razones ajenas a su proceder.
Y es que el acceso a la justicia busca precisamente garantizar el derecho de los usuarios a que le sean resueltas de fondo las cuestiones planteadas en un litigio, de modo que se asegure de forma real y material la confianza que depositan en el servicio de la administración de la justicia.
Insistir en la ausencia del daño, sosteniendo que el interesado contaba con otras vías o mecanismos judiciales para acceder a los perjuicios solicitados –afirmación que es cierta únicamente respecto del momento en que optó por iniciar una de las dos acciones, más no cuando se configuró el daño consistente en la prescripción de la acción penal-, dejaría inane la eficacia, seriedad y celeridad esperada de la vía originalmente escogida por el interesado y representaría un total desconocimiento del trabajo, esfuerzo y tensión que el impulso de ese proceso representó para la parte actora durante los años que el litigio estuvo activo.
Finalmente, la Sala estima que también se cumple el tercer presupuesto, es decir, que se trató de una pérdida definitiva de la oportunidad.
En efecto, como se señaló, el Juzgado 11 Penal Municipal, en providencia de 21 de enero de 2009, condenó al señor Aníbal Bohórquez por el delito de lesiones personales culposas y reconoció unos perjuicios en favor de la señora María Zulma Giraldo.
Esa decisión fue apelada y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito profirió fallo de segunda instancia de 5 de junio de 2009, en el que resolvió declarar la nulidad procesal de la actuación a partir del Auto de 27 de marzo de 2006 proferido por el Juzgado 11 Penal Municipal, para que se admitiera a los terceros civilmente responsables.
Posteriormente, el Juzgado 11 Penal Municipal, mediante Auto de 12 de enero de 2011, resolvió declarar la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal.
La Sala considera que se constató la pérdida definitiva de que la parte civil accediera a una condena penal en segunda instancia y, como consecuencia, a los perjuicios derivados de la comisión del ilícito. Si bien la defensa del condenado apeló el sentido del fallo, oportunidad en la que manifestó que el accidente ocurrió a causa del comportamiento culposo de la víctima y que la sentencia penal quebrantaba el principio de congruencia pues reconoció unos perjuicios más cuantiosos que aquellos solicitados en la demanda de parte civil, lo cierto es que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito en el fallo de segunda instancia se ocupó únicamente de aspectos de procedimiento.
Ese despacho judicial resaltó las omisiones del juzgado de origen en la vinculación de los terceros civilmente responsables y puso de presente el carácter extra petita del fallo en relación con los perjuicios reconocidos en favor de la parte civil.
Sin embargo, no encontró objeción alguna en relación con la configuración del delito de lesiones personales, ni le mereció comentario alguno el argumento esgrimido por la defensa del sindicado en relación con el comportamiento culposo de la víctima.
En otras palabras, ya que lo referente a la responsabilidad penal del sindicado no le generó reparo alguno al fallador de segunda instancia, esto permite afirmar que lo más probable era que el fallo se mantuviera en ese sentido.
Así las cosas, la probabilidad de la señora Giraldo de ganar el pleito penal era media o superior, y en consecuencia la oportunidad perdida se considera seria y relevante, esto es, apta para ser objeto de reparación.
En todo caso, para concluir que, en efecto, hubo un daño consistente en la pérdida de oportunidad, la Sala deberá constatar si la mora judicial que causó la prescripción de la acción penal le es atribuible a la Administración de Justicia.
La Falla del servicio de las entidades demandadas: la verificación de la mora judicial
De conformidad con lo consagrado en el artículo 83 del C.P. “La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo”.
En el fallo proferido por el Juzgado 11 Penal Municipal de 21 de enero de 2009, el señor Aníbal Bohórquez fue condenado por el delito de lesiones personales por perturbación psíquica, contemplado en el artículo 115 del Código Penal, que señala: “Si fuere permanente, la pena será de tres (3) a nueve (9) años de prisión y multa de veintisiete (27) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Es decir, que el máximo establecido por el legislador para la pena del delito en cuestión corresponde a 9 años.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 86 del C.P., que consagra la interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción: “La prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada. Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)”.
La resolución de acusación, de 13 de octubre de 2005, quedó ejecutoriada el 10 de noviembre de 2005, fecha en la que se vio interrumpido el término prescriptivo, el cual comenzaría a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. Este correspondería a 4.5 años (la mitad del máximo de la pena de lesiones personales psíquicas), pero ya que dicho término no puede ser inferior a 5 años, como lo consagra el artículo 86 del C.P., se toma este último término. Es decir, que, la prescripción de la acción penal ocurrió el 10 de noviembre de 2010.
Para esa fecha, no se había llevado a cabo la audiencia pública, adelantada el 29 de noviembre de 2010, con lo cual la definición de la responsabilidad no estaría cerca a su fin, a menos que la sentencia absolutoria o condenatoria próxima a proferirse con ocasión de dicha audiencia, no fuera recurrida por ninguna de las partes, aspecto poco probable, si se tiene en cuenta que en el proceso intervinieron la parte civil, así como los terceros civilmente responsables.
Para el momento en que la acción habría prescrito, la Aseguradora Colseguros S.A. propuso la nulidad del proceso por violación al debido proceso como quiera que el llamamiento en garantía se formuló de manera extemporánea en la etapa de juicio (memorial del 1 de diciembre de 2010), nulidad que de ser procedente implica retrotraer el proceso penal a una instancia anterior, alejándolo aún más de su culminación.
A continuación se revisarán todas las etapas del proceso y su duración con la finalidad de identificar si las demoras que llevaron a la prescripción de la acción penal son imputables a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial, o si se presentó alguna causal que permita afirmar que medió el hecho de la víctima o que el asunto revestía una alta complejidad.
En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha indicado que la dilación de una decisión administrativa o judicial compromete la responsabilidad extracontractual del Estado, siempre que sea injustificada, lo cual debe determinarse por el juzgador en cada caso concreto, con fundamento en distintos factores tales como la propia realidad de la administración de justicia y las características del asunto que se esté resolviendo, entre otros:
“(…) para la determinación de qué se entiende por “violación o desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional.
De modo que, no toda tardanza es indebida porque pueden existir razones que la justifiquen y que conduzcan al operador jurídico a la conclusión de que no se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, conclusión a la que arribó el juez constitucional al señalar que la mora judicial no desconoce el derecho a un juicio en un plazo razonable si existen factores que justifiquen el sobrepasar los términos fijados en la ley (v.gr. la congestión judicial, las resolución de peticiones formuladas por las partes, la petición de los agentes del Ministerio Público para estudiar el proceso, etc.).
En esa línea de pensamiento, para poder predicar la existencia de una dilación injustificada de una decisión administrativa o judicial, a la luz del artículo 29 de la Constitución Política, es preciso que se constate la configuración de los siguientes presupuestos: i) los términos fijados en la ley deben haberse sobrepasado, comoquiera que las normas que los señalan obligan no sólo a los administrados, sino a la administración pública, ii) la tardanza en la toma de la decisión no debe tener causa o motivo que la justifique, iii) la mora debe ser producto de una omisión de los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el impulso o la decisión administrativa, y iv) la violación del plazo vencido debe catalogarse como desproporcionada frente al trámite respectivo.
Frente a este último aspecto, es importante indicar que son dos los factores que determinan la razonabilidad o no del plazo: i) la duración de trámites o procesos similares al que es objeto de juzgamiento, y ii) el estudio riguroso de las circunstancias fácticas para aplicar estrictamente las reglas de la experiencia”.
También, se han establecido otros factores que justifican el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y el promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, “ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla”.
De conformidad con lo anterior, se revisará, en primer lugar, la actuación de las autoridades, para lo cual se dividirá el estudio de la mora entre la etapa adelantada ante la Fiscalía y la etapa surtida a instancias de los jueces penales.
El proceso surtido a instancias de la Fiscalía General de la Nación
En atención al material probatorio obrante en el expediente, en relación con el proceso penal adelantado en contra el señor Aníbal Bohórquez –en el que la señora María Zulma Giraldo actuó como parte civil, se tienen debidamente demostrados los siguientes hechos relevantes:
1) Al día siguiente del accidente, esto es el 3 de diciembre de 2003, el señor Bohórquez fue capturado y puesto a disposición del fiscal 122 seccional de Cali, quien inició la investigación previa. En auto aparte, de esa misma fecha, declaró la apertura de la etapa de instrucción y dispuso la libertad inmediata del investigado.
2) El 6 de mayo de 2004, la señora María Zulma Giraldo presentó demanda de constitución de parte civil dentro del proceso penal en mención, contra Aníbal Bohórquez, Anderson Asprilla Mosquera en su condición de propietario de la camioneta de servicio público de placas VZH 493, marca Ford y Transportes Expreso Trejos.
3) El 11 de julio de 2005 el fiscal 26 local de Cali declaró cerrada la investigación.
4) El 13 de octubre de 2005 ese despacho calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de Aníbal Bohórquez, como autor del delito de lesiones personales culposas de las que fue víctima la señora María Zulma Giraldo de Ocampo y remitió el proceso a la oficina de reparto de los juzgados penales municipales .
Es decir que, el proceso estuvo en manos de la Fiscalía desde la apertura de la etapa de instrucción, la cual inició el 3 de diciembre de 2003 y concluyó el 11 de julio de 2005 cuando se declaró cerrada, hasta el 13 de octubre de 2005, fecha de la resolución de acusación en contra del sindicado. Es decir, por un lapso de 1 año, 10 meses y 10 días.
El término de la instrucción no debía exceder los 18 meses bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000, de modo que, en el caso en concreto, el fiscal encargado de la investigación se excedió del tiempo establecido en la Ley por 4 meses y 10 días, lo cual, a consideración de la Sala, no constituye un término significativo en la mora judicial que llevó a la prescripción de la acción penal.
El proceso surtido a instancias de la Rama Judicial
1) La competencia del asunto fue asignada al Juzgado Once Penal Municipal, el 20 de diciembre de 2005, despacho que corrió el término del traslado dispuesto en el artículo 400 del C.P.P. para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que fueran procedentes, término que vencía el 20 de enero de 2006.
2) Mediante Auto de 27 de marzo de 2006, el juzgado admitió la demanda de parte civil.
3) El 4 de octubre de 2006 se llevó a cabo la audiencia preparatoria, en la que el juez decidió remitir a la señora María Zulma Giraldo a valoración por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
4) Ella fue valorada por ese instituto el 4 de diciembre de 2006.
5) El 5 de enero de 2007, un perito investigador criminalístico adscrito al CTI también presentó un informe investigativo en el que valoró los perjuicios materiales ocasionados a María Zulma Giraldo. Un segundo informe fue realizado por otro funcionario de la Fiscalía, el 29 de mayo de 2008, aumentando los perjuicios a su favor.
6) Por solicitud del despacho judicial, la Junta de Calificación de Invalidez del Cauca, en sesión del 30 de marzo de 2007, la valoró y fijó en 46,13% la pérdida de su capacidad laboral.
7) Mediante Auto de 9 de noviembre de 2007, el despacho judicial solicitó a la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali fijar fecha y hora para llevar a cabo diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos, con dos peritos de tránsito adscritos a esa entidad. La misma se llevó a cabo el 7 de marzo de 2008.
8) Posteriormente, el 11 de marzo de 2008, a petición de parte y pese a encontrarse vencida la etapa probatoria, el juez solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal allegar el examen de alcoholemia realizado el día de los hechos a Aníbal Bohórquez.
9) El 13 de enero de 2009 se llevó a cabo la audiencia pública.
10) En Sentencia de 21 de enero de 2009, el Juzgado 11 Penal Municipal de Cali condenó al procesado Aníbal Bohórquez por el delito de lesiones personales culposas en accidente de tránsito y ordenó el pago en favor de la señora María Zulma Giraldo Ocampo de $284’222.090 por concepto de perjuicios materiales, así como el pago de 50 smlmv por concepto de perjuicios morales. Igualmente, suspendió condicionalmente la ejecución de la pena a favor del condenado.
11) Con ocasión del recurso de apelación de la defensa del sindicado, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito profirió fallo de segunda instancia de 5 de junio de 2009, en el que resolvió declarar la nulidad procesal de la actuación a partir del Auto de 27 de marzo de 2006, en el que el Juzgado 11 Penal Municipal admitió la demanda de parte civil.
Señaló que el juzgado erró al denegar la vinculación de Transportes Expreso Trejos y de Anderson Asprilla Mosquera en calidad de propietario del vehículo de placas VZH 493, como terceros civilmente responsables, pues lo hizo con base en el aparte del artículo 47 del C.P.C. que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-760 de 2001.
También consideró como “grave irregularidad capaz de invalidar la actuación” que la demanda de parte civil hubiera solicitado como pretensiones económicas el daño emergente por 11 millones de pesos, el lucro cesante por 30 millones de pesos y los perjuicios morales por 100 smlmv y a pesar de ello, el juzgado de primera instancia hubiera condenado por una suma superior.
12) Por Auto n.° 73 del 24 de julio de 2009, el juez 11 penal municipal de Cali vinculó como terceros civilmente responsables a Transportes Expreso Trejos y al señor Anderson Asprilla Mosquera como propietario del vehículo de placas VZH 493 y posteriormente, con ocasión del recurso de reposición elevado por la parte actora, el juzgado emitió el Auto n.° 077 del 18 de agosto de 2009 mediante el cual dispuso la vinculación de los llamados en garantía Colpatria S.A. y la Compañía de Seguros Colseguros.
13) El 1 de diciembre de 2010, en audiencia pública, la Aseguradora Colseguros S.A. propuso la nulidad por violación del debido proceso, dado que el llamamiento en garantía se formuló de manera extemporánea, en la etapa de juicio y no, como lo exige la ley, antes del cierre de la investigación, evento que le impidió solicitar la práctica de pruebas durante la investigación.
De otro lado, señaló la Aseguradora que el Juzgado 11 Penal Municipal, por medio de Auto interlocutorio n.° 77 de 18 de agosto de 2009 dispuso su vinculación en calidad de llamada en garantía y solo hasta el 24 de noviembre de 2010, esto es, 14 meses después, fue notificada del proveído que admitió su vinculación.
14) El 6 de diciembre de 2010 continuó la audiencia pública y mediante providencia de esa misma fecha, el Juzgado 11 Penal del Municipal emitió nuevo fallo condenatorio en contra del procesado Aníbal Bohórquez, por el delito de lesiones culposas en accidente de tránsito y le impuso la pena principal de 7 meses y 6 días de prisión; lo condenó al pago de los perjuicios materiales en la suma de $84’088.771, así como al pago de los perjuicios morales en la suma de 20 smlmv en favor de la señora Giraldo; suspendió condicionalmente la ejecución de la pena; y declaró la nulidad del Auto interlocutorio n.° 73 de 24 de julio de 2009 por medio del cual se vinculó a los terceros civilmente responsables así como del Auto n.° 077 del 18 de agosto de 2009, mediante el cual se dispuso la vinculación de los llamados en garantía.
15) La defensa del condenado así como la representante de la Aseguradora Colseguros y Seguros Colpatria S.A. apelaron y solicitaron se decretara la prescripción de la acción penal y el consecuente archivo del proceso.
16) El Juzgado 11 Penal Municipal, en Auto de 12 de enero de 2011, resolvió declarar la cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal. Así mismo, declaró la prescripción de la acción civil, de conformidad con el artículo 98 del C.P.P. .
No aclaró la fecha en la que operó la prescripción. Tan sólo afirmó que desde el 14 de diciembre de 2005, día en que cobró ejecutoria la resolución de acusación, sin que explicara cómo llegó a dicho cálculo, hasta la fecha de la última providencia –del 18 de enero de 2011- ya había transcurrido más de la mitad del máximo de la pena establecida por el legislador, período superior a los 5 años consagrados en el artículo 83 del C.P.
De conformidad con lo anterior, se constata que el Juzgado 11 Penal Municipal asumió la competencia del asunto el 20 de diciembre de 2005, hasta el momento en que prescribió la acción penal, que como se estableció, ocurrió el 10 de diciembre de 2010.
Se observa una mora entre los años 2006, 2007 y 2008 con ocasión de las múltiples valoraciones de las que fue objeto la señora María Zulma Giraldo, por solicitud del juzgado de conocimiento: primero fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual emitió el informe pericial n.º 08552-06, de 4 de diciembre de 2006; un perito investigador criminalístico adscrito al CTI también rindió un informe contentivo de los perjuicios materiales ocasionados a la actora el cual fue aportado el 19 de enero de 2007; la Junta de Calificación de Invalidez del Cauca la valoró, en sesión de 30 de marzo de 2007; y finalmente, un segundo informe fue realizado por otro funcionario de la Fiscalía, el 29 de mayo de 2008.
Valorar a la ofendida en 4 ocasiones denota un desgaste procesal que duró desde diciembre de 2006 hasta mayo del 2008, sin que sea claro para la Sala la razón por la cual se buscaron tantas vías para obtener la claridad de los perjuicios ocasionados con la conducta punible analizada.
También se evidencia una mora injustificada ocasionada por la omisión del juzgado penal en la vinculación de los terceros civilmente responsables y los llamados en garantía: mediante providencia de 21 de enero de 2009, el Juzgado 11 Penal Municipal de Cali emitió la primera Sentencia condenatoria, pero el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, en fallo de segunda instancia, de 5 de junio de ese año, resolvió declarar la nulidad procesal de la actuación a partir del Auto de 27 de marzo de 2006 que admitió la demanda de parte civil.
Lo anterior significa que la actuación se debió retrotraer hasta el 27 de marzo 2006, con lo cual se puede afirmar que se perdieron cerca de 3 años de actuación ante la omisión del despacho judicial.
Además, el juzgado de conocimiento no dio cumplimiento al fallo que declaró la nulidad del procedimiento, pues sólo se limitó a emitir el Auto n.° 73 de 24 de julio de 2009 por medio del cual vinculó a los terceros civilmente responsables y posteriormente, el Auto n.° 77 de 18 de agosto de 2009, mediante el cual se dispuso la vinculación de los llamados en garantía, y procedió a fijar fecha de audiencia pública, sin que en realidad haya retrotraído la actuación hasta la instancia señalada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito.
La anterior omisión, llevó a la Aseguradora Colseguros S.A. a proponer la nulidad por violación al debido proceso, en memorial del 1 de diciembre de 2010, como quiera que el llamamiento en garantía se formuló de manera extemporánea en la etapa de juicio.
Es decir que, las actuaciones adelantadas desde la Sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito –5 de junio de 2009- hasta la declaración de la prescripción de la causa penal -10 de diciembre de 2010- también implicaron pérdida de tiempo, toda vez que el juzgado de conocimiento no adelantó las actuaciones requeridas para sanear la nulidad declarada.
Actuación de la parte interesada
La Sala observa una demora en el año 2006 en la iniciación de la audiencia preparatoria, pues una vez el juzgado de conocimiento asumió la competencia de la causa el 20 de diciembre de 2005, ordenó el término del traslado consagrado en el artículo 400 del C.P.P. para alistar la audiencia preparatoria en la que las partes solicitan las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que fueran procedentes, término que vencía el 20 de enero de 2006. La audiencia preparatoria se programó para el 27 de abril de 2006, pero por razones ajenas a la voluntad del despacho se aplazó en 4 ocasiones y finalmente se llevó a cabo el 4 de octubre de 2006.
Sin embargo, esta demora de 4 meses no resulta relevante ni decisiva en la prescripción de la acción penal.
Tampoco se observan otras actuaciones de la parte civil que hayan podido incidir en la mora del proceso penal, como la presentación de recursos o peticiones inoficiosas razón, por la cual no puede atribuirse en ningún caso la prescripción de la acción penal a la parte demandante.
Complejidad del caso
La complejidad del caso era en realidad baja, toda que vez que la ocurrencia de los hechos no fue cuestionada por las partes, se trataba de un proceso con un solo sindicado y una ofendida, y el delito no requería de la demostración del dolo, pues se imputó el de lesiones personales en la modalidad culposas.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la demora de la Rama Judicial en la solución de fondo de la acción penal iniciada por la actora no encuentra justificación alguna dentro del proceso penal y responde únicamente a la actividad de la entidad demandada.
Fue la deficiencia en el conocimiento y seguimiento del rigor procesal, especialmente frente a la correcta vinculación de los terceros civilmente responsables, lo que causó las nulidades planteadas y consigo la tardanza en la culminación del proceso.
Por estas razones la Sala encuentra comprometida la responsabilidad de la Rama Judicial por el daño consistente en la pérdida de oportunidad de obtener la reparación de los perjuicios sufridos por la conducta del investigado penalmente.
Indemnización de perjuicios
La jurisprudencia de la Sección Tercera ha señalado que, como la pérdida de oportunidad constituye un daño, que, en este caso, deviene de la imposibilidad de la señora María Zulma Giraldo de acceder a los perjuicios reclamados en el curso de un proceso penal, la cuantía se valora de acuerdo con el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Esta técnica surge de la dificultad de indemnizar con base en datos estadísticos o exactos de cuya prueba adolecen casos como el que se examina, ya que, como ha sido mencionado en el análisis del daño, la pérdida de oportunidad viene aparejada de la incertidumbre de que la actora haya obtenido la indemnización de los perjuicios reclamados, evento condicionado al éxito de la condena penal. Así lo ha hecho ya la Corporación con el fin de evitar condenas en abstracto en casos de indemnización del perjuicio autónomo de la pérdida de la oportunidad.
En casos similares al presente, en los que se ha decretado la prescripción de la acción penal en sede de apelación de la sentencia condenatoria de primera instancia, la Sección Tercera ha condenado a las entidades demandadas por el daño consistente en la pérdida de oportunidad, por el 75% de la suma reconocida a la parte civil en ese fallo penal.
En otras oportunidades, ante la declaratoria de la prescripción de la acción penal mientras se tramitaba el recurso de casación, luego de que las sentencias proferidas por los despachos judiciales de primera y segunda instancia fueron de carácter condenatorio -es decir, en una instancia más avanzada que aquellos en los que se condenó a la entidad demandad por el 75%-, se ordenó el pago del 60% respecto de la indemnización integral reconocida en esos fallos y del 90% de la cuantía fijada por el juez penal.
En esta ocasión, como se analizó en el acápite del daño, la pérdida de oportunidad de la señora María Zulma Giraldo de acceder a los perjuicios tasados en el fallo penal condenatorio emitido por el Juzgado 11 Penal del Municipal, tuvo una entidad suficiente.
Si bien la parte actora se encontraba en una posición idónea para acceder a la indemnización reclamada dentro del proceso penal, pues se había constituida como parte civil y había obtenido un fallo condenatorio en contra del presunto responsable del delito de lesiones personales, dicho fallo fue el de primera instancia. A pesar de que dicha Sentencia no pareciera ser susceptible de ser revocada en una segunda instancia por las razones anotadas, aún se encontraba a varias etapas de constituirse en una decisión definitiva.
De conformidad con lo anterior, le es posible a la Sala colegir, en aplicación de su arbitrio judicial y de la equidad a la que puede acudir, que la expectativa que tenía la señora Giraldo de que se le resarciera pecuniariamente en el proceso judicial orbitaba alrededor de un 60%. Ello atiende también al hecho de que el 75% fijado en los fallos mencionados, en los que la prescripción se decretó luego de emitido el fallo de primera instancia de carácter condenatorio, pareciera muy alto para una pérdida de oportunidad de este carácter.
Una vez efectuado lo anterior, y con miras a aplicar dicho porcentaje de probabilidad a la cifra de dinero que habría recibido la demandante de haberse realizado su oportunidad de ser resarcida en el procedimiento penal, se entrarán a revisar los perjuicios a los que habría tenido derecho, análisis que se hará de conformidad con las reglas de tasación y liquidación de perjuicios establecidos por esta Corporación, pues pese que se entiende a que la oportunidad pérdida fue la de obtener una reparación en la jurisdicción ordinaria, con fundamento en el principio de igualdad y garantías judiciales, se determinará la indemnización de esta manera, por tratarse de un proceso de reparación directa.
La parte actora solicitó, como pretensiones económicas, el pago de perjuicios materiales por el valor de $284’222.090, así como el pago de 50 smlmv por concepto de perjuicios morales, cifras reconocidos por el Juzgado 11 Penal Municipal de Cali, en la Sentencia de 21 de enero de 2009. Para el efecto, y en relación con los perjuicios materiales, ese despacho afirmó en el fallo penal condenatorio, que tendría en cuenta el informe investigativo n.° 40000-6-14873 del 29 de julio de 2008, realizado por un perito del CTI.
Debe tenerse en cuenta que en el segundo fallo de ese mismo juez, de 6 de diciembre de 2010, disminuyó los perjuicios concedidos en la providencia anterior, y condenó al señor Anibal Bohórquez al pago de los perjuicios materiales en la suma de $84’088.771, así como al pago de los perjuicios morales en la suma de 20 smlmv en favor de la señora Giraldo. En esta ocasión, el fallador tuvo en cuenta el segundo informe investigativo n.° 76151499 del 20 de agosto de 2010, realizado por la misma perito del CTI que había rendido el informe anterior, pero que en esta ocasión disminuyó considerablemente los perjuicios estimados.
Entre las pruebas aportadas, se cuenta en el expediente con el informe de 29 de mayo de 2008, efectuado por Margarita Velazco, investigadora criminalística IV de la Fiscalía General de la Nación, en el que estimó el daño emergente en favor de María Zulma Giraldo en $5.337.700, el lucro cesante por la incapacidad que le fue dada a la actora por un lapso de 20 días en $2,409,320 y el lucro cesante consolidado en $268.948.770.
En relación con el daño emergente, el informe tomó 12 facturas y cuentas de cobro de medicamentos consumidos por la actora y consultas médicas a las que acudió, entre el 14 de diciembre de 2003 y el 10 de julio de 2005, y las actualizó. En cuanto al lucro cesante, el informe tuvo en cuenta la estimación de la pérdida de capacidad laboral que hizo la Junta de Calificación de Invalidez del Cauca, en sesión de 30 de marzo de 2007, equivalente a 46,13% y calculó el concepto en mención con base en los ingresos percibidos por la afectada, según certificación laboral expedida por “Grupo Once”, equivalentes a $1.170.000.
También se cuenta con el informe pericial de 20 de agosto de 2010 efectuado por Jorge Pantoja, profesional de la Fiscalía General de la Nación, en el que actualizó el monto reconocido en el informe de 29 de mayo de 2008, por concepto de daño emergente, esto es $5.337.700, para un nuevo valor equivalente a $6.301.447, calculó el concepto de lucro cesante por la incapacidad médico legal otorgada, en $555.331, estimó el lucro cesante consolidado en $30.740.000 y el lucro cesante futuro en $50.390.107.
En esta ocasión, el informe tuvo en cuenta, los ingresos certificados por “Gane” del año 2003, que mencionó que María Zulma Giraldo devengaba mensualmente el valor de $537.000.
La Sala sólo se apoyará en los informes mencionados emanados de la Fiscalía General de la Nación en relación con el valor calculado para el daño emergente, toda vez que ese concepto no fue objeto de modificación o comentario alguno en el segundo de los informes y su cálculo tampoco le merece a la Sala reparo alguno.
De modo que, se procederá a actualizar el monto de $5.337.700, reconocido en el informe del 29 de mayo de 2008, con base en la siguiente fórmula:
Vp = Vh x índice final
Índice inicial
Donde:
Vp: Valor presente de la renta:
Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $5.337.700
Índice final certificado por el DANE a para marzo de 2019: 101,61
Índice inicial certificado por el DANE: a la fecha del informe: - mayo de 2008-: 97,62
Vp = $5.337.700 101,61
97,62
Vp. = $5.555.866,58
A este valor se aplicará el porcentaje del 60% establecido anteriormente para calcular la oportunidad perdida de obtener este perjuicio de no haberse decretado la prescripción de la acción penal, lo cual da como resultado $3.333.531,95.
En consecuencia, la señora María Zulma Giraldo será titular de $3.319.413 por concepto de daño emergente.
En lo que respecta al lucro cesante, sólo se reconocerá en relación con la pérdida de capacidad laboral de la actora y será denegada en relación con la imposibilidad que habría podido tener de trabajar durante la incapacidad laboral otorgada, toda vez que este último rubro, si bien fue calculado en los dos informes efectuados por los peritos de la Fiscalía, no hizo parte de las pretensiones económicas contenidas en la demanda de constitución de parte civil.
El informe del perito del CTI del 29 de julio de 2008 tomó como base para la liquidación del lucro cesante en favor de la señora Giraldo lo consignado en la certificación laboral expedida por la directora financiera de “Grupo Once”, de diciembre de 2003, según la cual ella devengaba $1.170.000 al mes, desempeñando el cargo de vendedora, desde hacía 5 años, mientras que el informe del 20 de agosto de 2010 tuvo en cuenta los ingresos certificados por la directora financiera de “Gane”, en la constancia de 31 de diciembre de 2003, según la cual la señora María Zulma Giraldo “presta sus servicios a la empresa como colocadora independiente de apuestas, desde marzo 1 de 2002 en la oficina sucursal del centro y recibe una comisión mensual de $537.000”.
Para la Sala ninguna de la información contenida en las certificaciones mencionadas le ofrece suficiente credibilidad.
En efecto, se encuentra probado que la señora Giraldo laboraba al momento de los hechos como vendedora de lotería. En el informe pericial n.º 08552-06 emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de 4 de diciembre de 2006, se lee bajo el capítulo “versión del examinado” (se trascribe):
“¿Qué estaba haciendo usted en ese momento que dice ocurrió el accidente?
Como yo trabajaba allá en la terminal de transporte, yo no me di cuenta de nada. Como yo he vendido chance allá, estaba trabajando vendiendo chance”.
No obstante, no es posible aseverar que el monto de los ingresos devengados por la actora para el momento del accidente correspondía a $1.170.000, según la certificación firmada por el sub gerente de “Grupo Once”, o a la suma de $537.000 consignada en la constancia emitida por la directora financiera de “Gane”, pues no reposa en el expediente otro medio de prueba que permita confirmar una versión o la otra. Tampoco es claro para la Sala cómo el cargo de vendedora de chance desempeñado por la actora superaba con creces el salario mínimo mensual vigente para el año 2003, el cual equivalía a $332.000,00.
De conformidad con lo anterior, se calculará el lucro cesante con base en el salario mínimo mensual vigente actual, esto es, $828.116.
Para estimar el lucro cesante consolidado en favor de María Zulma Giraldo, se tomará el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral establecido por la Junta de Calificación de Invalidez del Cauca, en sesión de 30 de marzo de 2007, en 46,13%, porcentaje que sobre el salario mínimo mensual vigente corresponde a $382,009.
La liquidación del lucro cesante consolidado, se hará por el tiempo durante el cual la accionante dejó de percibir el sueldo devengado en la venta de lotería, desde la fecha de los hechos –2 de diciembre de 2003- hasta el fallo que emite hoy día el ad quem -8 de mayo de 2019-, lo cual da como resultado 15 años y 5 meses y 20 días (185,66 meses).
La indemnización consolidada se calculará con base en la siguiente fórmula:
S= Ra (1 + i)n - 1
i
Donde:
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $382,009.
i= Interés puro o técnico: 0.004867
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 185,66 meses
S= $382,009 (1 + 0.004867) 185,66 - 1
0.004867
S=$114.837.140,65
Se tiene así que el valor total de la indemnización por lucro cesante consolidado es de $114.837.140,65 para María Zulma Giraldo.
El lucro cesante futuro comprende el periodo de tiempo transcurrido entre el día siguiente a la fecha de la presente providencia y la fecha calculada como esperanza de vida de la demandante.
Para el día de ocurrencia de los hechos (2 de diciembre de 2003), la señora Giraldo tenía 50 años de edad y, por consiguiente, una expectativa de 29.22 años adicionales, esto es, 350,6 meses.
Para el cálculo de la indemnización se descontará el número de meses que fueron liquidados por el período debido o consolidado, esto es, 185,66 meses, lo cual arroja un total de meses para liquidar igual a 164,94.
La fórmula para el cálculo del lucro cesante futuro es la siguiente:
S = Ra (1 + i)n - 1
i (1 + i)n
En donde,
S = $382.009 (1 + 0.004867) 164,94 -1
0.004867 (1 + 0.004867) 164,94
S = $ 43.250.730,96
Se tiene así, que el valor total de la indemnización por lucro cesante futuro es de $43.250.730,96 para María Zulma Giraldo.
Sumados ambos conceptos, esto es, el lucro cesante consolidado por la pérdida de capacidad laboral de la señora Giraldo -$114.837.140,65 - y el lucro cesante futuro -$43.250.730,96- se obtiene el monto de $158.087.871,61 al cual se le aplicará el porcentaje del 60% establecido anteriormente para calcular la oportunidad perdida de obtener este perjuicio de no haberse decretado la prescripción de la acción penal, lo cual da como resultado $94.852.722,96.
De manera que, la señora María Zulma Giraldo será acreedora de $94.852.722,96 por concepto de lucro cesante por la pérdida de su capacidad laboral.
En relación con los perjuicios morales, mediante Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, se estableció que para efectos de su estimación y liquidación en caso de lesiones, se deberá verificar la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la cual determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos, conforme la siguiente tabla:
De conformidad con los parámetros fijados en esa providencia y toda vez que la pérdida de la capacidad laboral adquirida por la señora María Zulma Giraldo quedó fijada en el 46,13%, habría lugar a reconocer a favor de la actora el monto de 80 smlmv.
A dicho monto se aplicará el porcentaje del 60% establecido anteriormente para calcular la oportunidad perdida de obtener este perjuicio de no haberse decretado la prescripción de la acción penal, lo cual da como resultado el equivalente a 37 smlmv.
Es decir que, la señora María Zulma Giraldo será titular de 37 smlmv por concepto de perjuicios morales.
Finalmente, se debe aclarar que toda vez que la mora judicial que concluyó en la prescripción de la acción penal se constató en la etapa de juzgamiento del proceso penal, será la Nación- Rama Judicial la llamada a indemnizar en su totalidad a la actora.
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección B-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la constitución y la ley,
FALLA
MODIFICAR la Sentencia de 21 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de decisión n.° 4 y, en su lugar, se dispondrá lo siguiente:
PRIMERO. DECLARAR la falta de legitimación activa en la causa de Delio Ocampo, Claudia Ocampo Giraldo, Giabe Ocampo Giraldo, Jhon Geisel Ocampo Giraldo y Delio Alexander Ocampo Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DECLARAR a la Nación – Rama Judicial patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a la señora María Zulma Giraldo por haber perdido la oportunidad de obtener, dentro del proceso penal, la indemnización de los perjuicios causados por el delito de lesiones personales culposas del que fue víctima.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar, por concepto de pérdida de oportunidad, los siguientes montos, a favor de María Zulma Giraldo:
Por la oportunidad perdida de obtener el perjuicio material en la modalidad de daño emergente, ante la prescripción de la acción penal, el valor de $3.333.531,95.
Por la oportunidad perdida de obtener el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante por pérdida de capacidad laboral, ante la prescripción de la acción penal, el monto de $94.852.722,96.
Por la oportunidad perdida de obtener los perjuicios morales, ante la prescripción de la acción penal, el equivalente a 37 smlmv, los cuales serán calculados a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO. Sin costas.
En firme esta providencia devuélvase el expediente a la Corporación de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
RAMIRO PAZOS GUERRERO
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Folio 635-645 cuaderno 1.
“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”. Folio 671-676 cuaderno 1. Folio 677-680 cuaderno 1. Folio 686-691 cuaderno 1. Folio 725-727 cuaderno 1. Folio 710-715 cuaderno 1. Folio 730-749 cuaderno principal. Folio 339-372 del cuaderno 2. Folio 74-75 del cuaderno 2. Folio 339-372 del cuaderno 2. Folio 750-751 cuaderno principal. Folio 213-222 del cuaderno 2. Folio 797-801 cuaderno principal. Folio 839-843 cuaderno principal. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin consideración a la cuantía. Cfr., Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.
“Artículo 49. Representación de las personas de derecho público. El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: "Artículo 149. Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos Contencioso Administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este Código si las circunstancias lo ameritan. En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho./ El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación-Rama Judicial estará representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial. (…)”. Se resalta.
“Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…). 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. El artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 establece que “los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Siendo así, la Subsección precisa que al caso bajo estudio resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 01 de 1984, por tratarse de un proceso promovido con anterioridad al 2 de julio de 2012 –fecha de entrada en vigencia del CPACA–. Folio 407-415 del cuaderno 2. Folio 635-646 del cuaderno 1. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Expediente 38267 de 31 de mayo de 2016; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Expediente 25706 de 5 de abril de 2017; entre otras. Puede verse: Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Expediente 25869 de 24 de octubre de 2013; Salvamento de voto formulado por el consejero Enrique Gil Botero a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 17001 de 1º de octubre de 2008.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Expediente 25706 de 5 de abril de 2017. Para la Real Academia de la Lengua Española, el término “ventaja” es: “1.f. Superioridad o mejoría de alguien o algo respecto de otra persona o cosa. 2. f. Excelencia o condición favorable que alguien o algo tiene. […]” consultado en HYPERLINK "https://dle.rae.es/?id=bXv8W3T" https://dle.rae.es/?id=bXv8W3T; así, el interés legítimo implica que debe ser una posición objetivamente superior o favorable, por lo que oportunidades mínimas o fútiles no pueden constituir un daño desde la óptica de protección de intereses legítimos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Expediente 25706 de 5 de abril de 2017. Folio 13 del cuaderno 2. Folio 419-426 del cuaderno 2. Folio 407-415 del cuaderno 2. Folio 407-415 del cuaderno 2. Folio 407 o 415 cuaderno de pruebas. Distinto el caso de la prescripción decretada en vigencia del Decreto–Ley 100 de 1980, cuyo artículo 108 estipulaba: “Prescripción de la acción civil. La acción civil proveniente del delito prescribe en veinte (20) años si se ejercita independientemente del proceso penal y en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal, si se adelanta dentro de éste”. Artículo 45 de la Ley 600 de 2000. Titulares. “La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas, por el Ministerio Público o por el actorpopular cuando se trate de lesión directa a bienes jurídicos colectivos”.
Artículo 47 de la Ley 600 de 2000. “La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento”. Folio 407-415 del cuaderno 2. Folio 171-200 del cuaderno 2. Folio 213-222 del cuaderno 2. Folio 407-415 del cuaderno 2. Folios 171-200 del cuaderno 2. La resolución de acusación del 13 de octubre de 2005 fue notificada en estado del 4 de noviembre de ese año, y los 3 días para que las partes recurrieran la decisión corrieron los días 8, 9 y 10 de noviembre (f. 68 c. pruebas). En tanto las partes no interpusieron recurso alguno contra dicha providencia, la misma quedó ejecutoriada el 10 de noviembre de 2005. Folios 259-262 del cuaderno 2.
[95] Corte Constitucional, sentencia T-612 de 2003.
[96] Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T-1171 de 2003, T-1047 de 2003, T-977 de 2003, y T-668 de 1996. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de noviembre de 2012, exp. 37.046. En el mismo sentido, véanse las sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13.539 y de 3 de febrero de 2010, exp. 17.293.
[10] “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia de 15 de febrero de 1996, expediente 9940. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 30495. En el presente caso, la parte demandante aportó copia del proceso penal surtido a instancia de la Fiscalía 26 Local de Cali y el Juzgado Once Penal Municipal (folio 458-634 cuaderno 1 y cuaderno de pruebas). Estas piezas procesales serán valoradas, en tanto pruebas documentales en los términos del artículo 175 del C.P.C. sobre los medios de prueba y en atención a que las copias simples no han sido tachadas de falsas por las partes, esto último en aplicación del criterio jurisprudencial fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera –en pleno–, Sentencia de 28 de agosto de 2013, radicación n.° 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). De la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado puede consultarse: Sentencia de 30 de septiembre de 2014, rad. n.º 11001-03-15-000-2007-01081-00. Folio 13 o 17 y 20 cuaderno de pruebas
Folios 55 y 419-426 del cuaderno 2. Folio 65 del cuaderno de pruebas. Folio 68-72 del cuaderno de pruebas. Folio 13 del cuaderno 2. Folio 65 del cuaderno 2. Folios 68-71 del cuaderno 2.
“Artículo 329. Término para la instrucción. El funcionario judicial que haya dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente, será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya dispuesto su desplazamiento. En los eventos en los que no exista la necesidad de definir situación jurídica, el término de instrucción será máximo de un año. En los demás casos, el término de instrucción no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su iniciación. El Texto Subrayado fue Declarado Inexequible por la Sentencia de la Corte Constitucional HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6401" \l "0" 760 de 2001. No obstante, si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de veinticuatro (24) meses. Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación”. Folio 74 del cuaderno de pruebas. Sentencia de 6 de diciembre de 2010 de ese despacho, folio 361 o 369 cuaderno de pruebas. Folio 94 del cuaderno de pruebas. Folio 99 del cuaderno de pruebas. Folios 110-118 cuaderno de pruebas. Folio 156 cuaderno de pruebas. Folio 121-122 del cuaderno de pruebas. Folio 140 cuaderno de pruebas.
Folios 141-145 y 151 cuaderno de pruebas. Folio 150 cuaderno de pruebas. Folio 165 cuaderno de pruebas. Para el efecto, el despacho tuvo en cuenta el informe investigativo n.° 40000-6-14873 del 29 de julio de 2008, hecho por el perito del CTI. Folios 171-200 cuaderno de pruebas. Folio 203 o 209 cuaderno pruebas.
“Artículo 47. Oportunidad para la constitución de parte civil. La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento, a partir de la resolución de apertura de instrucción y hasta antes de que se profiera sentencia de única o de segunda instancia”. Se mencionan ambos autos en el segundo fallo del Juzgado Once, folio 359 o 367 cuaderno de pruebas. Folios 270 y 279 cuaderno de pruebas. Folios 335-338 cuaderno de pruebas. En esta ocasión, ese juzgado tuvo en cuenta el informe investigativo n.° 76151499 del 20 de agosto de 2010, hecho por la perito del CTI que había rendido el informe anterior, pero que en esta ocasión disminuyó considerablemente los perjuicios estimados. Folios 339 o 348 cuaderno de pruebas. Folio 383 o 391 y 401 o 409 cuaderno de pruebas. Folio 407 o 415 cuaderno de pruebas. Folios 99-107 del cuaderno 2. Folios 110-117 del cuaderno 2. Folios 122-126 del cuaderno 2. Folios 156-164 del cuaderno 2. Folios 171-200 del cuaderno 2. Folios 213-222 del cuaderno 2. Folios 270-300 del cuaderno 2. El juez penal municipal citó a las partes a la audiencia preparatoria el 27 de abril de 2006, a la cual sólo compareció el sindicado, razón por la cual se reprogamó para el 10 de agosto de esa anualidad, pero por solicitud de la abogada defensora se aplazó para el 31 de ese mes y luego para el 4 de octubre siguiente (folios 75-80 cuaderno de pruebas). Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 11 de agosto de 2010, rad. 18.593, reiterada por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, en Sentencia de 24 de mayo de 2017, rad 41319. En esta ocasión se manifestó: “Toda vez que no obran en el expediente más elementos probatorios que puedan ser valorados con miras a establecer, con fundamento en criterios técnicos, estadísticos y apoyándose en información objetiva y contrastada, la cuantía del daño que por concepto de pérdida de oportunidad le fue irrogado a la parte demandante, la Sala acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico ─artículo 16 de la Ley 446 de 1998─ impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable ─por no decir que materialmente imposible─ recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar” (negrillas y subrayas fuera de texto). Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, Sentencias de 13 de marzo de 2013, rad. 25.569 y de 21 de marzo de 2012, rad. 22.017, reiterada por el Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, en Sentencia de 1º de marzo de 2018, rad. 43269. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B: Sentencia de 31 de mayo de 2016, rad. 38047, Sentencia de 22 de junio de 2017, rad. 35038; Sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 42921 y Sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. 40251.
Sobre la motivación de dicho porcentaje, se lee en el tercer fallo en mención: “En consecuencia, resulta procedente reconocer a la parte actora el (75%) setenta y cinco por ciento de los perjuicios que habría recibido, de haber prosperado la acción civil intentada en el marco del proceso penal, cuya acción prescribió por la demora en la administración de justicia. Y en efecto, se encuentra acreditado que la acción civil tenía una alta probabilidad de éxito, pues se profirió sentencia penal de primera instancia, que aunque no quedó ejecutoriada, lo fue porque el procesado, José Vicente Moreno Páez apeló. Sin embargo, del material probatorio obrante en el expediente penal se puede inferir que, si no fuese por el retardo, el actor habría podido acceder a la indemnización de los perjuicios reconocidos como parte civil, pues quedó demostrado en el proceso penal que: (i) el procesado era quien conducía el vehículo con placas SUB 842 (ii) ejercía una actividad peligrosa, como lo es conducir el vehículo, provocando graves lesiones a la menor (…), las cuales fueron debidamente acreditadas”. En igual sentido, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de septiembre de 2018, rad. 08001-23-31-000-2009-00554-01(44526): “12. Observa la Sala que es procedente como monto indemnizatorio, previa actualización monetaria, otorgar el 75% de la suma de ochenta y seis (86) salarios mínimos legales mensuales vigentes que le fueron concedidos al señor Jaime Rafael Romero Badel como parte civil, porcentaje referente a la pérdida de oportunidad que se estima adecuado, cuando (i) se falló la primera instancia del proceso penal a su favor –párr. 8.6.– y (ii) se contaban con los suficientes medios probatorios para colegir que era altamente probable que ese procedimiento culminara en forma definitiva con una condena y la consecuente reparación de los perjuicios producidos, en consideración a que se tenía certidumbre, de una parte, sobre la pérdida del automotor de servicio público, que había sido entregado por el auxiliar de la justicia al tercero bajo el ropaje de un depósito cuando lo realmente pactado era la compraventa de un bien que no podía ser transferido por expresa prohibición legal –embargo -párr. 8.1 y 8.6. –, y de otro lado, que a raíz de ese actuar, el accionante soportó la afectación de sus derechos y bienes”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 24 de mayo de 2018, rad. 44861. Se lee en el fallo: “En efecto, como se dijo, tanto el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla como la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenaron a los señores Vilaró Velilla como coautores del delito de estafa agravada y ordenaron la reparación integral de las víctimas. Por tanto, los aquí demandantes tenían una alta probabilidad de acceder a sus pretensiones indemnizatorias con ocasión de la estafa de la que fueron víctimas” (se destaca). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 6 de julio de 2017, exp 41579. Folios 171-200 del cuaderno 2. Folios 339-372 del cuaderno 2. Folio 156 cuaderno de pruebas. Folios 427- y sgts del cuaderno 2. Folios 122-126 del cuaderno 2. Folio 76 o 606 cuaderno de pruebas 2. En el escrito de demanda de constitución de parte civil, del 6 de mayo de 2004, la señora María Zulma Giraldo solicitó como indemnización de los perjuicios derivados de la comisión de la conducta punible la suma de $11’000.000 por concepto de daño emergente –gastos de transporte, medicamentos, exámenes y honorarios de abogado-, $30’000.000 por concepto de lucro cesante y 100 smlmv por concepto de perjuicios morales. Folio 55 y 419 cuaderno pruebas. Folio 33 o 451 cuaderno pruebas. Folio 32 o 450 cuaderno pruebas. Folio 99 cuaderno pruebas. Folio 121 cuaderno pruebas.
En el informe pericial realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de 4 de diciembre de 2006, bajo el capítulo de Identificación de la señora María Zulma Giraldo, se lee que su fecha de nacimiento es el 14 de mayo de 1953 (folio 99 c. pruebas). Superintendencia Bancaria, Resolución No. 0497 del 20 de mayo de 1997. Sección Tercera, Subsección C, exp. 31172.
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