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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00663-01

Fecha
26 de enero de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00663-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1°) Confírmase la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de 9 Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de mayo de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999- 1240-01 (20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45530), MP Ramiro Pazos Guerrero. 19 Expediente 25000-23-26-000-2011-00663-01 (50.535) Actor: Bertilda Rojas de Mayorga Reparación directa - apelación de sentencia Descongestión. 2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-00663-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de enero de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2011-00663-01 (50.535)
Actor: BERTILDA ROJAS DE MAYORGA
Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
JUSTICIA Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

Síntesis del caso: se adelantó investigación penal por un accidente de tránsito de que fue víctima
la ahora demandante, en la cual se declaró la prescripción de la acción por lo que no pudo ser
reparada en su condición de parte civil, hecho que se le imputa a la demandada por haber dejado
vencer los términos procesales injustificadamente.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de
Descongestión por medio de la cual declaró la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia – Consejo Superior
de la Judicatura, y denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2011 (fl. 131 cdno. 1) la señora
Bertilda Rojas de Mayorga promovió demanda de reparación directa en contra

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
Reparación directa - apelación de sentencia

de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, Consejo Superior de la
Judicatura y Fiscalía General de la Nación con el fin de que se hagan las
siguientes declaraciones y condenas:

“Primera. La Nación, Ministerio del Interior y de Justicia, Consejo
Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, son
administrativamente responsables de los perjuicios materiales y
morales causados a la señora BERTILDA ROJAS DE MAYORGA, por
falla en la prestación del servicio de la administración de justicia al
dejarse prescribir la acción penal originada a raíz del accidente de
tránsito que ella sufrió y que le produjo lesiones personales de
gravedad.

Segunda. Condenar, en consecuencia, a la Nación colombiana -
Ministerio del Interior y de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura,
Fiscalía General de la Nación-, como reparación del daño ocasionado,
a pagar a la actora, o a quien represente legalmente sus derechos,
los perjuicios del orden material y moral, subjetivos y objetivados,
actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de
sesenta millones de pesos ($60.000.000,oo) los primeros y el
equivalente en moneda nacional a DOSCIENTOS CINCUENTA
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES A LA
EMISIÓN DEL FALLO, o conforme a lo que resulte probado dentro
del proceso.

Tercera. La condena respectiva frente a los daños materiales será
actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del
C.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del
índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los
hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

Cuarta. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los
términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.” (fls. 131 y 132 cdno. 1 - mayúsculas sostenidas del
original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El 7 de junio de 2003 la señora Bertilda Rojas de Mayorga sufrió un accidente
de tránsito cuando cayó de un vehículo de servicio público de transporte terrestre
de personas conducido por el señor Jesús Antonio Sanabria Barreto quien, sin
darse cuenta, lo puso marcha y la arrolló, lo cual le generó lesiones en sus
piernas y una deformidad física permanente debido a las cicatrices.

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
Reparación directa - apelación de sentencia

2) Por los anteriores hechos el Fiscal Segundo Delegado de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Cundinamarca con sede en Mesitas del Colegio
(Cundinamarca) profirió resolución de apertura de instrucción el 5 de octubre de
2004 y ordenó vincular mediante indagatoria al señor Jesús Antonio Sanabria
Barreto.

3) La señora Bertilda Rojas de Mayorga instauró demanda para constituirse
como parte civil con el fin de reclamar la indemnización de los perjuicios
ocasionados, la cual fue admitida.

4) El 20 de junio de 2006 se profirió resolución de acusación en contra del
investigado por el delito de lesiones personales culposas, decisión frente a la
cual la defensa interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, el 25
de septiembre de 2006; el primero fue resuelto el 30 de diciembre de 2008 de
manera desfavorable y, en consecuencia, se concedió el recurso de apelación.

5) El Fiscal 13 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca se abstuvo de resolver el recurso de apelación y, en
su lugar, ordenó la preclusión de la investigación por encontrar prescrita la acción
penal, mediante providencia del 31 de marzo de 2009.

1.3 Cargos

1) La aspiración de la ahora demandante, como víctima dentro del proceso
penal, se vio truncada “por la negligencia de los funcionarios que conocieron de
aquel asunto al dejar prescribir la acción” (fl. 137 cdno. 1).

2) Hubo un comportamiento irregular de la Fiscalía General de la Nación –
Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca – Unidad Local de El Colegio
– Fiscalía Segunda “cuando en inusual desgreño por la prestación de [la] función
pública de administrar justicia dejó inactivo [el proceso] permitiendo que operara
el fenómeno jurídico de la prescripción” (fl. 142 cdno. 1).

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3) La demandante reprochó la lentitud con que se llevó a cabo la instrucción
puesto que los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2003 y la calificación se dio el
20 de junio de 2006, esto es, tres años después.

4) Aunado a ello el expediente fue “olvidado en la secretaría” desde el 25 de
septiembre de 2006 cuando se radicó el escrito de sustentación de los recursos
interpuestos por la defensa contra la resolución de acusación, hasta el 11 de
enero de 2007 cuando “fue descubierto” por un asistente judicial quien lo ingresó
al despacho y después de 4 días se ordenó darle el trámite previsto en el artículo
189 del Código de Procedimiento Penal, pero, el fiscal tardó un año y once
meses en resolver el recurso de reposición, esto es, desde el 19 de enero de
2007 hasta el 30 de diciembre de 2008.

5) Lo anterior le impidió “acceder a la justa indemnización que estaba
reclamando a través de apoderado por razón de los perjuicios causados con la
infracción penal” (fl. 142 cdno. 1).

2. Posición de la demandada1

La Nación – Fiscalía General de la Nación (fl. 161 cdno. 1) se opuso a las
pretensiones de la demanda por considerar que no se probó una dilación del
proceso por parte del ente investigador, explicó que los 3 meses que duró la
instrucción es el término normal para que se adelante la etapa instructiva en
atención a la carga de los distintos despachos a cargo de dichas funciones.

Además, adujo que la demandante contaba con la acción civil extracontractual
que podía impetrar en contra de la empresa de transporte, para lo cual podía
aportar el registro de la audiencia de conciliación fallida celebrada entre la
querellante y el querellado en donde aparece la aceptación de responsabilidad
por parte de este último.

1 Aunque la demanda también se dirigió contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia y

el Consejo Superior de la Judicatura, en el auto por medio del cual el tribunal de primera instancia
admitió la demanda solo lo hizo respecto de la Fiscalía General de la Nación en tanto los hechos
guardan relación exclusivamente por su actuación, por tanto, como no se les imputó ninguna
acción u omisión a las otras dos entidades consideró que no era procedente la demanda en su
contra (fl. 157 cdno. 1).

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
Reparación directa - apelación de sentencia

Por lo anterior propuso las excepciones de i) falta de legitimidad en la causa por
pasiva, ii) ausencia de nexo causal entre el daño antijurídico y la actividad
adelantada por la Fiscalía General de la Nación, y iii) culpa exclusiva de la
víctima.

3. Alegatos de conclusión de primera instancia

1) La entidad demandada alegó que la instrucción “se adelantó dentro del
procedimiento señalado para investigar la posible comisión de un hecho punible”
para lo cual se agotaron todas las etapas procesales; la fiscalía fue diligente en
su labor investigativa, decidió oportunamente y con suficiente impulso procesal
“durante el cual se tomaron las decisiones correspondientes, sin la presencia de
dilaciones o demoras en el proceso”, motivo por el cual las pretensiones de la
acción no están llamadas a prosperar, pues, la fiscalía “se limitó a cumplir su
función constitucional y legal” (fl. 240 cdno. 1).

2) La parte demandante (fl. 241 cdno. 1) adujo que a través de las pruebas
practicadas en el proceso se encuentra probado que existió “una falla en la
administración de justicia por omisión judicial injustificada” dentro de la
investigación penal; insistió en la tardanza de 3 meses para proferir la resolución
de acusación y más de 26 meses de “absoluta inactividad del ente instructor”,
especialmente cuando estaba en trámite de resolverse el recurso de reposición
interpuesto por la defensa contra aquella decisión lo cual causó la prescripción
de la acción penal y con ello el daño antijurídico alegado, esto es, “se le cercenó
su derecho a la reparación integral a la que aspiraba cuando se constituyó en
parte civil dentro de la actuación penal” (fl. 248 cdno. 1).

Frente al argumento de la entidad accionada respecto de la culpa exclusiva de
la víctima manifestó que “no tiene asidero jurídico alguno” por cuanto la víctima
tenía la facultad de elegir perseguir la reparación de los perjuicios ocasionados
con el hecho punible mediante acción civil independiente o dentro del proceso
penal (artículo 45 de la Ley 600 de 2000), para lo cual eligió la segunda opción,
pero, no pudo ser posible por culpa del aparato judicial.

3) El Ministerio Público guardó silencio.

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4. La sentencia apelada

El tribunal de primera instancia (fl. 257 cdno. ppal.) declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia y el
Consejo Superior de la Judicatura, y denegó las pretensiones de la demanda.

Frente a la primera decisión explicó que no existe prueba que “demuestre la
existencia de un daño antijurídico causado por la investigación adelantada y las
actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación” (fl. 261 cdno.
ppal.), y en cuanto a la denegatoria de pretensiones lo hizo con base en que la
investigación penal fue aportada en copia simple razón por la cual no pudo ser
valorada y, en ese orden de ideas, no fue probado el daño antijurídico alegado.

5. El recurso de apelación

La parte demandante (fl. 265 cdno. ppal.) solicitó la revocatoria de la sentencia
apelada toda vez que las pruebas aportadas tienen plena validez en tanto no
fueron tachadas de falsas por la contraparte en la oportunidad establecida para
ello y el Consejo de Estado ha admitido la validez de los documentos aportados
en copia simple.

En relación con el fondo del asunto expresó que la mora judicial no se debió al
exceso de trabajo de la dependencia judicial sino a su negligencia, la cual se
encuentra demostrada con la constancia de la secretaría en la que se informó
que el expediente fue encontrado sin que se hubiese surtido el traslado del
recurso de reposición, situación que fue advertida por el fiscal de segunda
instancia cuando decretó la prescripción de la acción; explicó que la irregularidad
que ocurrió en la secretaría resultó grave en la medida en que sucedió en la
etapa de calificación de la investigación, pues, de no haber existido esta se
habría interrumpido “el lapso prescriptivo”.

A lo anterior agregó que hubo irregularidades en la notificación de la resolución
de acusación e insistió en la inactividad para resolver el recurso de reposición
(más de 23 meses) que es “de los asuntos más simples que puede conocer un
funcionario de la fiscalía” (fl. 274 cdno. ppal.), todo lo cual implicó un defectuoso

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funcionamiento de la administración de justicia por dilación excesiva e
injustificada del proceso penal que generó el daño antijurídico reclamado.

6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia

1) La Fiscalía General de la Nación (fl. 236 cdno. ppal.) adujo que no incurrió en
falla del servicio alguna puesto que “cumplió con la norma procedimental penal”
respecto de la vinculación de la ahora demanda al proceso como parte civil y,
aunado a ello, la prescripción de la acción penal no le negó el acceso a la justicia
a la víctima por cuanto contaba con la acción ordinaria para el resarcimiento de
los perjuicios que prescribe a los 10 años del acaecimiento del hecho dañoso.

2) La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y decisiones
que se adoptarán, 2) análisis probatorio, 3) análisis de la responsabilidad
extracontractual del Estado, 4) conclusión, y 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y decisiones que se adoptarán

Presentada la demanda de manera oportuna2 y en razón de que fue decretada
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio del Interior

2 En razón a que el supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado

por la demandante se habría concretado en la decisión proferida por el Fiscal 13 de la Unidad
Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 31 de marzo de 2009
a través de la cual declaró la prescripción de la acción penal (según lo afirmado en el libelo
introductorio) pero, esta no fue aportada al expediente y tampoco se sabe la fecha en que fue
notificada, para realizar la respectiva contabilización del término de caducidad se tendrá en
cuenta dicha fecha y los términos de ley para la notificación de providencias penales. En ese
orden de ideas el artículo 179 de la Ley 600 de 2000 dispone que la notificación de las
providencias por estado (suponiendo que no se hizo de manera personal por ser más beneficioso
para la parte) se debe fijar 3 días después de efectuada la citación y esta debe hacerse al día
siguiente de la fecha de la providencia, de manera que el 17 de abril de 2009 la providencia
habría cobrado ejecutoria y, por lo tanto, a partir del 20 de abril siguiente (por ser los días
anteriores inhábiles) se contabilizan los 2 años, motivo por el cual la acción podía interponerse
hasta el 20 de abril de 2011, sin embargo, como se presentó solicitud de audiencia de conciliación
prejudicial el 10 de agosto de 2010 y esta fue celebrada el 31 de agosto siguiente (fl. 124 cdno.

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y de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, decisión respecto de la cual
no hubo objeción, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la
Nación – Fiscalía General de la Nación es extracontractualmente responsable
del presunto daño ocasionado por el supuesto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en el que habría incurrido por el hecho de precluir la
investigación penal iniciada en contra del señor Jesús Antonio Sanabria Barreto.

La sentencia de primera instancia será confirmada por ser denegatoria de
pretensiones toda vez que no se encontró probado el daño alegado en tanto no
hay certeza de la oportunidad perdida; en primer lugar, la Sala explicará el
concepto de pérdida de oportunidad como daño derivado de la prescripción de
la acción penal por mora judicial y sus presupuestos, luego, que uno de estos no
fue probado en el caso concreto, consistente en la certeza de la oportunidad
perdida, motivo por el cual no habrá lugar a pronunciarse sobre la actuación de
la demandada.

2. Análisis probatorio

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes3:

1) Mediante oficio del 9 de junio de 2003 la Unidad de Tránsito de San Antonio
del Departamento de Policía de Cundinamarca informó a la Fiscalía Local de El
Colegio sobre el accidente ocurrido el 7 de junio de 2003 donde resultó lesionada
la señora Bertilda Rojas, en los siguientes términos:

“[S]egún lo manifestado por ella al intentar ingresar al vehículo
microbús Chevrolet de placas SOB-945 afiliado a la
Cootranstequendama, conducida por el señor JESÚS ANTONIO
SANABRIA BARRETO (…), la señora cayó y fue pisada por la pacha
trasera del vehículo” (fl. 3 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del
original).

1), el término se suspendió por 21 días de modo que la demanda podía interponerse hasta el 23
de mayo de 2011 y como se hizo el 12 de mayo de 2011 se impone concluir que se hizo en
tiempo, según según el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3 El tribunal de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda por cuanto los
documentos aportados obran en copia simple, sin embargo, esta Sala advierte que estos podían
ser valorados por cuanto estuvieron a disposición de las partes y no fueron tachados de falsos, en
consonancia con los principios de buena fe y de lealtad procesal.

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
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2) En virtud del anterior informe la Fiscalía Segunda de la Unidad Local El
Colegio de la Dirección Seccional de Cundinamarca abrió investigación previa el
11 de junio de 2003 (fl. 11 cdno. 1).

3) La señora Bertila Rojas de Mayorga presentó denuncia el 12 de febrero de
2004 en la cual describió los hechos así:

“No recuerdo exactamente la fecha pero creo que fue en mayo. Yo me
estaba subiendo al bus y a lo que yo estaba subiéndome el bus
empezó a moverse, yo pensé que era que se había desengranado y
me agarré de la puerta pero de todas maneras me caí del bus y el
señor siguió andando y me pasó por encima. Inclusive uno de los
zapatos me quedó dentro del bus. El conductor no paró a pesar de que
la gente le gritaba y lo fueron a atajar más arriba al lado de la policía.
Esto fue en San Antonio del Tequendama. El carro me pasó por
encima y me desprendió el músculo de la pierna derecha (…). Yo no
había puesto la denuncia porque casi no me puedo parar de la cama
de los dolores en las piernas. Hasta ahora pude venir a preguntar (…)”
(fl. 20 cdno. 1).

4) Según el examen de lesiones personales practicado por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 1° de julio de 2003 la señora Bertilda
Rojas sufrió una laceración de 5x9 centímetros en el muslo izquierdo y herida de
14 centímetros en la pierna derecha con mecanismo contundente por
determinar, por lo cual fijó una incapacidad médico legal provisional de 20 días,
indicó que como secuela presenta “deformidad física que afecta el cuerpo de
carácter a definir” (fl. 22 cdno. 1); el 14 de abril de 2004 se determinó deformidad
física de carácter permanente (fl. 24 cdno. 1).

5) El 5 de octubre de 2004 la Fiscalía Segunda de la Unidad Local El Colegio de
la Dirección Seccional de Cundinamarca profirió resolución de apertura de
instrucción y ordenó vincular mediante indagatoria al señor Jesús Antonio
Sanabria Barreto (fl. 26 cdno. 1).

6) En la misma fecha anterior admitió la demanda de constitución de parte civil
interpuesta por la víctima Bertilda Rojas de Mayorga y la aceptó como tal dentro
del proceso (fl. 96 cdno. 1).

7) El 1° de diciembre de 2004 el señor Jesús Antonio Sanabria Barreto rindió
indagatoria en la cual manifestó lo siguiente:

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
Reparación directa - apelación de sentencia

“[E]l 07-JUN-03 yo cumplía la ruta Bogotá-San Antonio-Bogotá, llegué
a la termial de San Antonio a eso de las 6:50 AM estacioné el carro sin
apagarlo, le coloqué el freno de emergencia, en eso se me acercó una
señora que si iba para Bogotá y le respondí que sí, ella ingresó al carro
con su maletica y se sentó justo detrás de mí, hay una división entre
el conductor y pasajeros y ella se sentó y yo me bajé para reportarme
y pedí la planilla de regreso a Bogotá, regresé al carro, transcurrieron
más o menos 10 minutos, como la agencia queda en pendiente yo le
quité el freno de mano y el carro empezó a rodar, mientras yo estuve
en la oficina de despacho, ella se bajó, cuando el carro rodó ella estaba
ingresando nuevamente al carro y yo lo ignoraba, era bajada y no se
acciona el acelerador y como pensó que el carro se iba a rodar solo
(sic), yo acostumbro que cuando voy a arrancar la puerta se cierra por
seguridad y resulta que como la colectiva tiene una división que impide
mirar hacia abajo o sea los escalones, yo ignoraba que la señora se
había bajado y que se iba a volver a subir, lo supe posteriormente fue
porque un hijo de ella cuyo nombre no recuerdo bien pero lo diré
después, supe que la señora se había bajado a comprar carne para
llevarle a la hija a Bogotá, tiene que ver que yo ignoraba que se había
bajado o sino yo la espero, yo no tenía afanes, era la única pasajera,
no había más pasajeros, no había quién me dijera que se había
bajado, los únicos éramos ella y yo, yo dejé rodar el carro como 8
metros cuando un compañero me hizo señas cuyo nombre no
recuerdo pero lo aportaré, yo pensé que era un pasajero yo detuve el
vehículo cuando empezaron a llegar familiares y me enteré por el
compañero que luego aportaré su nombre, ya vino la policía porque
quedé estacionado justo al frente y vi la señora caída y el reguero de
sangre, me les identifiqué a los agentes, luego los familiares fueron al
hospital, le di a los agentes el seguro obligatorio, los familiares se
fueron para el hospital de San Antonio y yo me entré a la inspección a
rendir una indagatoria y antes me quedé con los agentes haciendo el
croquis, luego a la inspección a sacar documentos míos, estábamos
en esas cuando llegó el hijo que me hizo el comentario, también me
dijo que no me preocupara que a la mamá ya le habían hecho
exámenes y gracias a dios no tenía fracturas, yo le dije a él que por
qué teniendo tantos familiares nadie la había acompañado a la
agencia por ser de más de 70 años, él me dijo que era un poco terca
y de pronto le pasó eso porque tenía dificultades para caminar, que no
acompañarla fue un descuido garrafal. PREGUNTADO: según
denuncia instaurada contra usted se dijo que la gente le gritaba para
que detuviera el bus y usted no lo hizo ya que el carro había pasado
por encima de la señora y le desprendió el músculo de la pierna, qué
tiene que decir al respecto. CONTESTÓ: no es verdad, por qué me
iban a gritar si ellos los familiares llegaron cuando el accidente ya
había pasado, la policía llegó luego, solo estábamos ella y yo a las
7:00 am ni había nadie en la calle, estaba desolada y como le dijo los
familiares llegaron luego, yo lo detuve más o menos 8 metros después
porque mi compañero me hizo una señal, él era el único que había por
ahí (…). PREGUNTADO: se le imputa el haber cometido una conducta
punible conocida con el nombre de lesiones personales culposas, qué
tiene que decir en su defensa. CONTESTÓ: realmente soy inocente
porque ignoraba el movimiento de la señora, yo la había ubicado en el
puesto que escogió, ella estaba sentada. PREGUNTADO: si usted
tenía ubicada a la señora en el vehículo y era la única pasajera, cómo
es posible que al subirse para arrancar, usted no verificó si ella estaba
o no en su puesto o había cambiado del mismo. CONTESTÓ: porque
ella se ubicó justo a mi espalda y hay una división en el carro y el vidrio

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Expediente 25000-23-26-000-2011-00663-01 (50.535)
Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
Reparación directa - apelación de sentencia

es negro, quiero aclarar que hay dos puertas de acceso, una para el
público y otra para el conductor, la del público es por el lado derecho
y la del conductor por el lado izquierdo. PREGUNTADO: si usted se
subió por el lado izquierdo y la señora estaba sentada detrás del
puesto del conductor, cómo es posible que usted no la haya visto por
la ventana lateral izquierda del pasajero. CONESTÓ: porque hay un
muro bastante alto y el pueblo es desnivelado, para subir a la agencia
hay varios escalones y la agencia queda en un nivel alto, entonces uno
tiene que pasar muy pegado a la buseta entre el muro y el carro y así
es difícil tener acceso a la parte de atrás. PREGUNTADO: cuando
usted se bajó del vehículo, dejó o no cerrada la puerta de los pasajeros
y por qué. CONTESTÓ: la dejé abierta porque mientras uno está
adentro llegan más pasajeros a tomar el puesto para viajar (…)” (fl. 28
cdno. 1).

8) A través de proveído del 9 de febrero de 2006 se admitió la demanda
interpuesta por la víctima en contra de la Cooperativa de Transportes del
Tequendama Ltda. -Cootranstequendama Ltda.- como tercero civilmente
responsable (fl. 40 cdno. 1).

9) La fiscalía encargada del proceso expidió resolución de acusación en contra
del investigado como autor del delito de lesiones personales culposas el 20 de
junio de 2006 con base en el informe del accidente, la denuncia de la víctima y
el dictamen de medicina legal, para lo cual expuso las siguientes
consideraciones:

“[D]e acuerdo con los resultados que arrojó la investigación con las
pruebas recaudadas se logra observar que se presentó el accidente
cuando la señora BERTILDA ROJAS se encontraba ascendiendo o
subiéndose al rodante y este empezó a moverse cayéndose
inmediatamente del mismo y sin parar el vehículo fue pisada por las
llantas de atrás, el cual era conducido por el señor JESÚS ANTONIO
SANABRIA.

Esta especial circunstancia, desfavorable para el sindicado, pudiendo
haber evitado el accidente si hubiesen observado las normas de
tránsito, es decir, haber tenido paciencia y prudencia en el momento
en que una persona ascendía al vehículo y detenerlo totalmente mas
no parcialmente como lo hizo, llevan a esta delegada a predicar la
imprudencia y negligencia con la que actuó en el hecho investigado,
pues no podemos pasar por alto en primer lugar la falta cometida por
el conductor, más aún si se tiene en cuenta lo manifestado en la
versión suministrada por la ofendida, siendo esta una conducta
totalmente reprochable y sancionable pues, como ya se dijo, esta
actividad de conducir vehículos dado su alto carácter de riesgo,
implican que se deba tener el máximo de pericia, atención, prudencia
y diligencia, para desarrollar al máximo el deber de cuidado que este
requiere y quizás esta actitud fue la que lamentablemente generó las
lesiones sufridas por la quejosa y la consecuencia que esto conlleva.

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Expediente 25000-23-26-000-2011-00663-01 (50.535)
Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
Reparación directa - apelación de sentencia

(…).

Con la presentación anterior esta delegada atribuye el resultado
dañoso al comportamiento que en el hecho tuvo JESÚS ANTONIO
SANABRIA BARRETO, toda vez que al haber actuado incumpliendo
el deber de cuidado que le era exigible en la actividad de la conducción
que por sí sola es considerada como una actividad peligrosa de la cual
puede derivarse daño o lesión a derechos ajenos, en términos de la
dogmática jurídico penal actuó culposamente pues la falta de atención
que llevaba al momento del accidente le impidió tomar las
precauciones necesarias e inminentes ante la presencia de las
personas que abordaban el rodante, que de haber atendido lo que la
práctica enseña, no se hubiera presentado el resultado lesivo de su
comportamiento que lo involucró en el campo penal para establecer
su responsabilidad y los daños y perjuicios que ocasionó a la ofendida
señora BERTILDA ROJAS víctima en este investigación, pues su
actuar no estuvo precedido de las razonables precauciones que ha
podido y debido emplear para evitar la producción del resultado
jurídicamente dañoso, pues del mismo comportamiento inadecuado
del señor JESÚS ANTONIO SANABRIA BARRETO se derivó el
evento antijurídico, pues claramente ha quedado determinada su
responsabilidad.

Así las cosas se impone en contra del señor JESÚS ANTONIO
SANABRIA la respectiva resolución de acusación ante el funcionario
judicial pertinente, como presunto autor y responsable del punible de
LESIONES PERSONALES CULPOSAS pues su intención no era
lesionar a la ofendida, sino que por su imprudencia, negligencia e
impericia, violó el deber objetivo de cuidado generando el resultado
que dio origen a esta investigación” (fl. 53 cdno. 1 – mayúsculas
sostenidas del original).

10) La defensa presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en
contra de la anterior decisión, fundamentado principalmente en que el indiciado
no sabía que la víctima había descendido del automóvil y que cuando esta volvía
a subir aquel lo puso en marcha, por lo cual alegó fuerza mayor o actuación con
error invencible como eximentes de responsabilidad (fl. 68 cdno. 1).

11) Según constancia secretarial del 11 de enero de 2007 el expediente pasó al
despacho del fiscal informando que no se había corrido traslado del recurso (fl.
74 cdno. 1), en virtud de lo cual el fiscal advirtió que era un “yerro meramente
procedimental que en nada afecta sustancialmente los términos fijados por la
ley” por lo cual regresó el expediente a secretaría con el fin de que se surtiera lo
previsto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal el 15 de enero
siguiente (fl. 75 cdno. 1).

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
Reparación directa - apelación de sentencia

12) El recurso de reposición fue resuelto de manera desfavorable para el
recurrente en proveído calendado el 30 de diciembre de 2008 por considerarse
que la conducta del sindicado “se muestra seriamente comprometida en cuanto
a la autoría del delito imputado en la investigación”, pues, las pruebas
practicadas dan cuenta de que la lesión causada a la víctima “fue producto de la
infracción al deber objetivo de cuidado” por parte del sindicado por cuanto el
suceso ocurrió cuando la víctima se subía al microbús y repentinamente este
empezó a moverse lo cual le hizo perder el equilibrio y fue arrollada por las llantas
del vehículo, circunstancia que demuestra que el conductor “sin preocupación
alguna (…) emprendió la marcha del automotor”, sin constatar, “como le era
exigible hacerlo, que el próximo movimiento del microbús no constituía peligro
para usuarios, peatones o demás conductores” (fl. 80 cdno. 1).

13) En el expediente no obra ninguna actuación posterior.

3. Análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado

En el presente asunto se cuestiona la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado por la prescripción de la acción penal iniciada en
contra del señor Jesús Antonio Sanabria Barreto por el delito de lesiones
personales culposas y la consecuente imposibilidad para que la señora Bertilda
Rojas de Mayorga pudiese obtener la reparación de los perjuicios que le fueron
presuntamente causados por la comisión del aludido hecho punible.

Esta situación se enmarca claramente en la hipótesis consagrada en el artículo
69 de la Ley 270 de 1996, es decir, un presunto defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, tal como lo consideró el a quo; en ese sentido la
Sala analizará la responsabilidad extracontractual del Estado para lo cual
verificará, en primera medida, la acreditación del daño.

3.1 El daño

La demandante alega que la prescripción de la acción penal le impidió acceder
a la indemnización de perjuicios que reclamaba como víctima del delito
investigado; no obstante, en el expediente no obra la decisión por medio de la

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
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cual la fiscalía habría precluido la investigación por esa circunstancia, de modo
que la Sala no encuentra probado el daño alegado.

Ahora bien, sin perjuicio de esa circunstancia, en atención a que la entidad
demandada aceptó, implícitamente, la existencia de la decisión, en tanto no dijo
lo contrario y sus argumentos estuvieron encaminados a desvirtuar la falla del
servicio alegada mas no la inexistencia de la providencia, la Sala tampoco
encuentra probada la certeza del daño por cuanto no se trata de una pérdida de
oportunidad seria y cierta.

En los casos en los que se decreta la prescripción de la acción penal y como
consecuencia de ello se deja a la víctima y/o parte civil sin conocer el resultado
del proceso y sin la indemnización patrimonial a la que habría tenido derecho si
la decisión era favorable a sus intereses, la Sección Tercera ha reconocido la
posibilidad de que el daño pueda enmarcarse en el concepto de pérdida de
oportunidad4; sin embargo, esta última no puede reducirse al simple hecho de la
incertidumbre sobre la decisión penal definitiva sino, que deben presentarse las
suficientes pruebas que demuestren que la persona tenía una amplia posibilidad
de obtener un resultado acorde a sus intereses y que al precluirse la
investigación esta se frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se
reclama debe ser seria y estar acreditada para que pueda reconocerse como
daño indemnizable5.

Esta Subsección ha explicado que se trata de un daño con identidad y
características propias, consistente en “la vulneración de una expectativa o
interés legítimo tutelados que deben repararse”, por ende, la pérdida de
oportunidad “debe ser susceptible de advertirse como seria” en tanto “permita
concluir que, la acción u omisión de la autoridad pública generadora de daño,
disminuyó la probabilidad de ganar o, aumentó la de perder, de manera relevante

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de abril de 2015, proceso

no. 13001-23-31-000-1999-00328-01(25327); del 2 de mayo de 2016, proceso no.
13001233100020010050601 (37111) y del 10 de agosto de 2017, proceso no. 13001-23-31-000-
2007-00642-01(42334), todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.

5 En iguales términos ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30

de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01 (45530), MP Ramiro Pazos
Guerrero.

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
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para el derecho” y “debe tratarse de una posición de ventaja reservada para el
titular del interés”, por tanto, el daño debe cumplir con los siguientes requisitos:
“1) la aleatoriedad del resultado, 2) la certeza respecto de la oportunidad
propiamente dicha, y 3) que la oportunidad de evitar esa aminoración o de
obtener un provecho, se extinguió de manera irreversible para la víctima” 6.

En estos casos el momento en el cual se decreta la preclusión de la investigación
por prescripción de la acción penal resulta ser un criterio importante para efectos
de determinar la seriedad o relevancia de la oportunidad perdida, por cuanto la
expectativa de ganar un pleito penal y obtener una condena en perjuicios no será
la misma si la prescripción fue declarada en la etapa de investigación o de
juzgamiento, pues, lógicamente la superación de etapas de un proceso penal
eleva la probabilidad de obtener ventaja o un resultado favorable a sus
pretensiones.

De conformidad con lo anterior, la oportunidad perdida debe estar dotada de una
cierta relevancia jurídica que permita calificarla como valiosa o real, que justifique
el interés legítimo del demandante, es decir, aunque para acreditar la pérdida de
oportunidad basta con la aleatoriedad del eventual resultado favorable debe
existir certeza sobre la existencia de la oportunidad, entendida como la
expectativa real, seria y relevante perdida, esto es, que en ausencia del hecho
dañoso la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un
provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad se extinguió de
forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería eventual y
por tanto no indemnizable.

Ahora bien, los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño
por pérdida de oportunidad -cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por mora judicial, tras haberse
declarado la prescripción de la acción penal- señalados en la citada sentencia,
han sido tratados por la jurisprudencia7 como se explica a continuación:

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de mayo de 2019,
proceso no. 76001-23-31-000-2011-01470-01(52889), MP Alberto Montaña Plata.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017,
proceso no. 520012331000200800505 01 (41.073), MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por
la misma subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, proceso no. 08001-23-31-000-

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Reparación directa - apelación de sentencia

El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca de
si el beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual constituye
un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que ello se
oponga al carácter cierto del daño, pues, la certeza en este caso debe analizarse
respecto de la oportunidad perdida y no del resultado.

El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha,
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado, es decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta
para obtener la indemnización de los perjuicios causados.

El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se
extinguió definitivamente para la parte civil por el hecho de declararse la
prescripción de la acción penal, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva
de la oportunidad puesto que si dicha reparación aún puede ser lograda la
oportunidad no estaría perdida.

En este caso concreto se entiende satisfecho el primer requisito por haber sido
aceptado implícitamente por la contraparte el hecho de la prescripción y, por
tanto, la cesación del procedimiento en favor del incriminado, con lo cual se vio
frustrada la posibilidad de conocer el resultado del proceso penal a la ahora
accionante, a quien le fue admitida la demanda de constitución de parte civil en
aquel proceso (fl. 96 cdno. 1), y con ello la incertidumbre o aleatoriedad sobre el
resultado final de la investigación se encuentra probada.

No ocurre lo mismo frente al segundo requisito por cuanto no hay evidencia de
que la presunta oportunidad perdida existía para la demandante; en efecto, el
proceso penal no fue trasladado y como pruebas solo obran ciertas piezas
procesales allegadas por la demandante que dan cuenta de que se profirió
resolución de acusación en contra del señor Jesús Antonio Sanabria Barreto,
decisión que fue confirmada en primera instancia, pero, quedó pendiente que se

2009-00618-01(44861), del 14 de marzo de 2019, proceso no. 13001-23-31-000-2009-00625-
01(45890) y del 11 de abril de 2019, proceso no. 25000-23-26-000-2011-00292-01(50569), todas
con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico.

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Expediente 25000-23-26-000-2011-00663-01 (50.535)
Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
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resolviera el recurso de apelación cuando, según se adujo en la demanda, se
decretó la prescripción de la acción penal.

Ello significa que ni siquiera se había agotado la etapa de investigación, mucho
menos se había llevado a cabo la etapa de juzgamiento, que permita avizorar
una oportunidad seria y cierta de resolverse la controversia en favor de la víctima,
máxime si se tiene en cuenta que en los recursos interpuestos contra la
resolución de acusación la defensa alegó sobre las circunstancias expuestas en
la indagatoria por el indiciado de las que el ente acusador de la primera instancia
no se pronunció, lo cual impide tener certeza sobre si en segunda instancia la
decisión iba a ser confirmada y, luego, que se proferiría sentencia condenatoria
con orden de indemnización de perjuicios en favor de la ahora demandante por
haberse constituido como parte civil8.

De lo anterior se concluye que la actora no se encontraba en una situación
potencialmente apta para obtener la indemnización de los perjuicios reclamados
pues, de cara al momento procesal en que se habría decretado la prescripción
de la acción penal respecto del delito investigado, no es posible establecer que
sin esta se hubiera obtenido una decisión de fondo favorable a sus intereses; en
ese orden de ideas, no hay prueba de que la señora Bertilda Rojas de Mayorga
tenía una oportunidad seria y cierta de recuperar por la vía del proceso penal los
eventuales perjuicios derivados del delito investigado.

Así entonces no se demostró una oportunidad real perdida y, por lo tanto, un
daño cierto que pueda ser objeto de reparación. Como no se superó el segundo
requisito necesario para la configuración de una pérdida de oportunidad se torna
innecesario el análisis del tercero. Así, en el presente asunto no se satisfacen
los presupuestos para que se tenga por establecida la seriedad de la pérdida de
la oportunidad, es decir, que se trate de una expectativa, real y relevante para el
derecho, por lo cual no hay certeza de aquella y, por tanto, certitud sobre el daño
alegado por la demandante.

8 Tampoco se decretaron medidas cautelares que permitirían asegurar el pago de la
indemnización a la parte civil en caso de una condena.

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
Reparación directa - apelación de sentencia

Es importante recordar que la condición necesaria para que se tenga por
acreditado el daño dentro de la responsabilidad patrimonial extracontractual del
Estado es la certeza toda vez que no puede ser reparado un daño eventual o
hipotético en razón de que este debe estar materializado o debe ser
materializable, frente a lo cual la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterativa en
sostener que no puede haber responsabilidad si no se encuentra plenamente
acreditado el daño9, en consecuencia, no es posible analizar la actuación de la
entidad demandada en términos de imputación.

4. Conclusión

Como no hay certeza de la pérdida de oportunidad y, por tanto, del daño alegado,
se impone confirmar la sentencia apelada, en tanto fue denegatoria de
pretensiones.

5. Costas

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1°) Confírmase la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de

9 Al respecto ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de

mayo de 1998, proceso no. 10397, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, proceso no. 73001-23-31-000-1999-
1240-01 (20.614), MP Mauricio Fajardo Gómez y Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2020, proceso no. 250002326000201000986 01
(45530), MP Ramiro Pazos Guerrero.

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Actor: Bertilda Rojas de Mayorga
Reparación directa - apelación de sentencia

Descongestión.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Aclara voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

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