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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00709-02

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00709-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR los numerales cuarto, sexto y séptimo de la sentencia de primera instancia del 5 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico. SEGUNDO. MODIFICAR los numerales tercero y quinto de la referida sentencia, así: TERCERO. RECONOCER el derecho a la pensión de jubilación de que trata el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 a favor del señor Luis Eduardo Cerra Jiménez a partir del 23 de febrero de 2011, el cual se hará efectivo una vez se acredite su retiro definitivo del servicio. QUINTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones liquidar la pensión reconocida teniendo como tasa de reemplazo el 75% del IBL, el cual corresponderá al período establecido en el artículo 21, en concordancia con el artículo 150, de la Ley 100 de 1993; y contemplará los factores salariales señalados en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2011 que hayan sido efectivamente devengados por el demandante durante los últimos 10 años de servicio. El valor de la pensión no podrá superar los 25 SMLMV de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 48 de la Constitución Política. TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones que, en caso de que proceda el pago retroactivo de mesadas pensionales a favor del demandante, indexe la cifra resultante de conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 187 del CPACA y con base en la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. QUINTO. SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia. SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-00709-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00709-02 (2197-2023)
Demandante: Luis Eduardo Cerra Jiménez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES

Tema: Reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación del Decreto
Ley 546 de 1971. Requisito de tiempo de servicio. Indemnización de
perjuicios por negativa al reconocimiento de la pensión.
Decisión: Revoca parcialmente y modifica la sentencia de primera instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada contra la sentencia de primera instancia del 5 de abril de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Luis Eduardo Cerra Jiménez, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones GNR
439804 del 23 de diciembre de 2014 y VPB 25201 del 17 de marzo de 2015 expedidas
por COLPENSIONES, y el acto administrativo ficto negativo generado por la falta de
contestación de la petición elevada a la misma entidad el 26 de junio de 2014, mediante
los cuales se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación de que trata el artículo
6 del Decreto 546 de 1971.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordene a la demandada el
reconocimiento de la referida pensión desde el 22 de febrero de 2011, cuando alcanzó
los 55 años de edad y 20 de servicio, en cuantía equivalente al 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en su último año de servicio como magistrado de
tribunal administrativo y sin sujeción a los topes pensionales. Asimismo, exigió
indemnización de perjuicios materiales por concepto de pérdida de oportunidad e
inmateriales por concepto de daños morales.

3. Señaló que los actos demandados incurrieron en desconocimiento de las normas
en que debían fundarse, desviación de poder, falsa motivación y falta de motivación
porque: 1) negaron el reconocimiento de la pensión solicitada con fundamento en un

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Demandante: Luis Eduardo Cerra Jiménez

régimen jurídico que no era aplicable al caso, relativo a la pensión de vejez y no a la de
jubilación; 2) se justificó la negación de la pensión de vejez que no había sido solicitada,
pero no se hizo referencia a la de jubilación; y 3) en la decisión se consideró erradamente
el incumplimiento del requisito de 20 años de servicio. Afirmó que no le son aplicables los
topes pensionales establecidos por la jurisprudencia constitucional.

Contestación de la demanda

4. COLPENSIONES reconoció que el demandante sí es beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar que no cumplió con los requisitos para ser
beneficiario de la «pensión de vejez»1 consagrada en el artículo 6 del Decreto Ley 546
de 1971. Adujo que, específicamente, no contaba con los 20 años de servicio continuos
o discontinuos, de los cuales por lo menos 10 hayan correspondido a la Rama Judicial,
el Ministerio Público o ambos. Invocó las excepciones de cobro de lo no debido, falta de
causa para demandar, buena fe y prescripción extintiva.

Sentencia apelada

5. Mediante sentencia del 5 de abril de 2022 el Tribunal Administrativo del Atlántico
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados. Reconoció que el señor
Cerra Jiménez tiene derecho a la pensión de jubilación prevista en el artículo 6 del
Decreto Ley 546 de 1971 desde el 23 de febrero de 2011 y ordenó su liquidación por
valor equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado
durante el último año de servicio, sin límite de cuantía. Declaró la prescripción de las
mesadas pensionales causadas entre el 23 de febrero y el 25 de junio de 2011.

6. Como fundamento, señaló que el accionante es beneficiario del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, se
encuentra cobijado por el Decreto Ley 546 de 1971. En este contexto, aplicó las reglas
del artículo 6 ejusdem y de la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en lo que respecta a los requisitos de
edad y tiempo de servicio, y la tasa de reemplazo; pero no tuvo en cuenta la
jurisprudencia unificada para determinar el IBL (período de liquidación y factores a incluir)
al considerar que en el caso concreto resultaba violatoria de los derechos adquiridos por
el demandante y del principio de favorabilidad.

7. Adicionalmente, condenó a la demandada al pago de perjuicios inmateriales por
concepto de daños morales por 100 SMLMV y de daño a la salud por 50 SMLMV; y de
perjuicios materiales por concepto de pérdida de oportunidad por cuantía semejante a las

1 De las diversas intervenciones en el proceso por parte de COLPENSIONES, se colige que dicha entidad

utiliza de manera indistinta las expresiones «pensión de jubilación» y «pensión de vejez» para referirse a
la pensión de que trata el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971. Al respecto, se impone precisar que en
el marco del referido decreto ley estos conceptos obedecen a dos tipos distintos de pensiones regulados
en los artículos 6 (pensión de jubilación) y 10 (pensión de vejez) de dicho cuerpo normativo; y que, en el
presente caso, la controversia versa concretamente sobre la primera de ellas.
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mesadas pensionales causadas entre la fecha en que se consolidó el derecho y la fecha
de ejecutoria de la sentencia.

8. En lo que respecta a los perjuicios inmateriales, se refirió a los testimonios rendidos
por dos profesionales de la salud quienes afirmaron que la negativa de la pensión había
causado afectaciones físicas y mentales al demandante; con fundamento en las referidas
declaraciones encontró probado el perjuicio inmaterial por concepto de daño moral y, de
oficio, también el daño a la salud. Frente a los perjuicios materiales, consideró procedente
su reconocimiento a efectos de asegurar una reparación integral del daño causado.

Recursos de apelación

9. Encontrándose dentro de la oportunidad, las partes demandante y demandada
presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. El
demandante manifestó su discrepancia con el fallo en cuanto negó la indemnización de
perjuicios materiales por concepto de pérdida de oportunidad (sic), que a su juicio debió
concederse, en tanto el demandante adquirió el derecho a la pensión de jubilación
reclamada desde el 22 de febrero de 2011 cuando alcanzó los requisitos para el efecto.

10. Adicionalmente, solicitó que el valor de las condenas de indemnización de
perjuicios inmateriales, tanto por concepto de daño moral como daño a la salud, sea
duplicado al considerar que la magnitud de estos daños fue mayor a la determinada por
el a quo. Como fundamento de esta afirmación aportó nuevas pruebas de hechos
acaecidos con posterioridad al vencimiento de las oportunidades probatorias de primera
instancia, con las cuales pretende demostrar el deterioro de la salud del accionante
derivado de la negativa de la pensión.

11. Por su parte, la entidad demandada solicitó la revocatoria de las declaraciones y
condenas contenidas en los numerales primero al séptimo del apartado resolutorio del
fallo para que, en su lugar, se nieguen todas las pretensiones de la demanda. Se opuso
al reconocimiento de la «pensión de vejez» porque, a su juicio, el demandante no cumplía
con el requisito de tiempo de servicio; indicó que cuando el actor alcanzó los 55 años
había laborado por menos de 20 años.

12. Aseveró que, aun si procediera el reconocimiento de la pensión, el a quo efectuó
una indebida liquidación de la misma; específicamente, que desconoció las reglas
constitucionales, legales y jurisprudenciales que rigen la determinación del IBL (período
de liquidación y factores a incluir), el límite del valor de la pensión y la fecha a partir de la
cual se hace exigible el pago de la mesada pensional.

13. Finalmente, se opuso a la indemnización de los perjuicios tanto materiales como
inmateriales porque, según su parecer, estos no fueron debidamente acreditados en el
proceso.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

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14. Mediante auto del 1 de noviembre de 2024 se admitieron los recursos de
apelación.

15. A través de auto del 28 de enero de 2025 se decretaron e incorporaron al
expediente cinco de las seis pruebas documentales aportadas por la parte demandante
con el recurso de apelación y se corrió traslado de las mismas a los sujetos procesales.

16. Dentro de esta oportunidad, la misma parte demandante se pronunció frente al
decreto de pruebas con argumentos propios de la etapa de alegatos de conclusión, razón
por la cual serán objeto de estudio bajo tal calidad. La parte demandada guardó
silencio.

17. En auto del 31 de julio de 2025 se corrió traslado para alegar de conclusión.
Durante este término se pronunciaron ambos extremos procesales.

18. En los dos memoriales que allegó, la parte demandante afirmó que los perjuicios
inmateriales reconocidos debían ser de mayor valor porque los dos testimonios
practicados en primera instancia, aunados a los soportes de las intervenciones médicas
de las que el actor ha sido objeto en el curso del proceso, demuestran el impacto nocivo
que la negativa de la pensión ha tenido en su salud física y mental. Adicionalmente, con
fundamento en los nuevos historiales laboral y de pensiones, respaldó la existencia de
un derecho adquirido en cabeza del demandante que habilitaba a la autoridad judicial de
primera instancia a prescindir de las reglas establecidas en la sentencia de unificación
del 11 de junio de 2020 en lo que respecta al cálculo del IBL.

19. La entidad demandada reiteró los argumentos del recurso de apelación.
Adicionalmente, en cuanto a la solicitud de indemnización de perjuicios materiales por
concepto de pérdida de oportunidad resaltó que el demandante continuó laborando
después de habérsele negado el reconocimiento de la pensión, por manera que la
decisión negativa de la entidad no afectó sus ingresos ni su estatus financiero y, en esa
medida, no están probados el daño antijurídico ni el nexo causal.

20. Para finalizar, el ministerio público rindió concepto en el que solicitó confirmar el
reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos del fallo de primera instancia
al estar probados todos los requisitos para el efecto, pero consideró necesario eliminar la
disposición según la cual no habrá límite en la cuantía de la mesada pensional porque el
otorgamiento de una pensión sin límite desconocería lo dispuesto en la Constitución
Política y la postura unificada del Consejo de Estado sobre el particular.

21. Asimismo, sugirió precisar en la decisión que el demandante debe desvincularse
de la entidad para que se haga efectiva la pensión y, en ese sentido, se torne procedente
el pago de las mesadas pensionales, pues en el fallo no se adujo nada sobre el particular.

22. Por último, pidió que se revoquen las condenas al pago de perjuicios inmateriales,
tanto por daño moral como daño a la salud, habida cuenta que las pruebas que reposan
en el plenario no son suficientes para colegir que el demandante haya sufrido

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afectaciones a la salud física y mental causadas por la negativa al reconocimiento de la
pensión de jubilación.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA2, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas
por los tribunales administrativos. A su vez, en atención a lo dispuesto en el artículo 13
del Acuerdo No. 080 de 2019 que establece el reglamento interno del Consejo de Estado,
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes de un contrato de
trabajo.

Problemas jurídicos

24. Teniendo en cuenta los sendos recursos de apelación que interpusieron ambas
partes, la Sala deberá abordar los siguientes problemas jurídicos:

• Como quiera que la entidad acepta que el demandante es beneficiario del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, el
problema que se deberá resolver es: ¿el accionante cumplía con el tiempo de
servicio exigido por el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971 para acceder a la
pensión de jubilación del régimen especial de la Rama Judicial?

• En caso afirmativo, se estudiará si la autoridad judicial erró en la manera en que
estableció el IBL (período de liquidación y factores a incluir), el límite del valor
de la pensión y la fecha a partir de la cual se hace exigible el pago de la mesada
pensional

• Asimismo, se analizará si se probaron los daños reclamados por el demandante
y, en esa medida, si era procedente la indemnización de perjuicios materiales
por pérdida de oportunidad e inmateriales por daño moral y daño a la salud. De
ser así, se examinará si el valor de la condena al pago de perjuicios inmateriales
debía ser del doble del que fue concedido por cada uno de los daños.

Análisis de los problemas jurídicos

25. La Sala confirmará el reconocimiento de la pensión de jubilación, pero modificará
la manera en que el a quo liquidó la referida pensión. En cuanto a la determinación del
IBL se replanteará el período de liquidación y los factores a incluir, se limitará el valor de
la mesada pensional a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 48 de la Constitución
Política y se precisará que esta solamente se hará efectiva una vez el demandante

2 Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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acredite el retiro definitivo del servicio. Finalmente, se revocará la indemnización de
perjuicios tanto materiales como inmateriales.

1. Requisito de tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión de
jubilación del artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971

26. El artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971 establece que una de las exigencias
para el reconocimiento de la pensión de jubilación concebida en esta misma disposición
es el cumplimiento de 20 años de servicio, los cuales podrán ser continuos o discontinuos
y anteriores o posteriores a la vigencia del decreto; y, de estos, por lo menos 10 deberán
corresponder exclusivamente a la Rama Judicial, el ministerio público o ambas.

27. Mediante sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 3, la Sección Segunda
de esta corporación unificó su postura en cuanto a las reglas para el reconocimiento y la
liquidación de este tipo de pensión. En cuanto al requisito en comento, se efectuó una
interpretación literal de la norma y, en ese sentido, se determinó que el reconocimiento
de la pensión de jubilación está sujeta, entre otros, a que el funcionario haya cumplido

[…] b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores
a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan
sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades
[…] (resaltado original).

28. Huelga aclarar que, al tenor del decreto ley y su respectivo desarrollo
jurisprudencial, el derecho pensional se constituye cuando el interesado alcanza la
totalidad de los requisitos exigidos, sin que sea necesario que estos se configuren de
manera concurrente o en un orden determinado. De esta manera, al momento de
solicitarse la pensión deben acreditarse, entre otros, 55 años de edad (hombres) y 20
años de servicio; pero no se exige que al llegar a dicha edad deban haberse prestado la
totalidad de los años de servicio, pues ello puede ocurrir incluso con posterioridad.

29. En el presente caso, en la sentencia de primera instancia se afirmó que el actor
cumplía con esta exigencia porque «al momento de cumplir 55 años (22 de febrero de
2011) contaba con más de 20 años como magistrado de tribunal (posesión desde el 15
de mayo de 1990)». Adicionalmente, se indicó que «a la fecha de presentación de la
solicitud de reconocimiento pensional (26 de junio de 2014) había laborado por 24 años,
1 mes y 11 días y contaba con 58 años de edad».

30. En oposición, la entidad demandada manifestó en su recurso de apelación que «el
hoy demandante solo contaba al momento de cumplimiento de sus 55 años de edad, con
19 años, 5 meses y 17 días servidos» y que por esta razón no era merecedor de la
pensión reconocida en la sentencia objeto de apelación. No específico la manera en que
arribó a este conteo.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación

del 11 de junio de 2020, rad. núm. 15001233300020160063001 (4083-2017). C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
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31. Salta a la vista que el a quo y la entidad demandada discrepan en el conteo del
tiempo de servicios, particularmente, de la cantidad de años de labor acumulados para la
fecha en que el demandante cumplió los 55 años señalados en la norma. Sin embargo,
de conformidad con lo manifestado en líneas anteriores, lo que en derecho le corresponde
a esta corporación es determinar si cumplía con el tiempo de servicio al momento de
presentar la solicitud de la pensión de jubilación, cuando ya tenía 58 años4 y, con ello, el
requisito de la edad se encontraba plenamente acreditado.

32. Pues bien, basta con reparar en el desempeño del demandante como magistrado
del Tribunal Administrativo del Atlántico para concluir que para la fecha en que solicitó el
reconocimiento de la pensión de jubilación sí cumplía con el tiempo de servicios exigido
por la ley y la jurisprudencia y, en esa medida, era procedente acceder a la petición.

33. Para el efecto, se destacan los siguientes documentos que fueron aportados con
el escrito de la demanda y debidamente incorporados al expediente en la audiencia inicial:

• Certificado de Información Laboral núm. 017-17 del 26 de abril de 2017, expedido
por la jefe de la Oficina de Talento Humano del Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico.
• Certificado de vinculación y pagos salariales del 17 de abril de 2017, expedido por
la jefe de la Oficina de Talento Humano del Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico.
• Certificado de vinculación del 22 de mayo de 2017, expedida por la presidenta del
Tribunal Administrativo del Atlántico.

34. Estos tres archivos certificaron al unísono que el demandante fue designado como
magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico el 15 de mayo de 1990 y que venía
desempeñándose en esta misma dignidad de manera continua hasta la fecha en que
fueron expedidas dichas constancias, esto es, entre abril y mayo de 2017. Siendo así, el
demandante cumplió 20 años de servicio continuo exclusivo para la Rama Judicial el 15
de mayo de 2010 y, posteriormente, cumplió 55 años de edad el 22 de febrero de 2011.

35. Así las cosas, al momento de solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación
el 26 de junio de 2014, el interesado había alcanzado más de 24 años de servicio
continuo, posterior a la entrada en vigor del Decreto 546 de 1971 y de dedicación
exclusiva a la Rama Judicial; es decir, cumplía cada uno de los elementos relativos al
tiempo de servicio exigido por el ordenamiento jurídico para acceder a la pensión de
jubilación pretendida.

36. Como colofón, es dable afirmar que el tribunal acertó al considerar que el señor
Luis Eduardo Cerra Jiménez cumplía con todos los requisitos para ser merecedor de la
pensión de jubilación de que trata el artículo 6 del Decreto 546 de 1971; particularmente,
que cumplía con el tiempo de servicio requerido por la norma. En consecuencia, se

4 Según la copia de la cédula de ciudadanía del demandante y la solicitud radicada ante COLPENSIONES,

ambos documentos que reposan en el expediente, aquel nació el 22 de febrero de 1956 y presentó la
solicitud el 26 de junio de 2014.
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confirmarán los numerales primero y segundo del fallo impugnado que declararon la
nulidad de los actos administrativos demandados, y el numeral tercero parcial en cuanto
al reconocimiento de dicha pensión a favor del demandante.

37. En tanto el reconocimiento de la pensión fue legítimo, procede el análisis de los
demás problemas jurídicos.

2. Liquidación de la pensión

2.1. Determinación del IBL (período de liquidación y factores a incluir)

2.1.1. Período de liquidación

38. En la precitada sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 también se
sentaron reglas en relación con la determinación del IBL. Respecto al período de
liquidación se puntualizó que este elemento no está amparado por el régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993, sino que corresponde al establecido en el
artículo 21 o 36 de ese mismo cuerpo normativo según las condiciones de cada caso; en
ese sentido, se adoptó como regla de unificación que para el reconocimiento de la
pensión de jubilación de que trata el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 se aplicará:

[…] e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley
100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el
DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
(ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base
en IPC certificado por el DANE; […]5

39. Este derrotero fue el resultado de un estudio detallado y riguroso de la norma y de
los diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en
relación con la materia. Esta lectura armónica del ordenamiento jurídico le permitió al
pleno de esta sección colegir que el propósito del legislador fue evitar la aplicación
ultractiva de las reglas del IBL señaladas en regímenes pensionales previos a la Ley 100
de 1993:

De otro lado, en lo que atañe al ingreso base de liquidación, según quedó analizado, con
fundamento en la jurisprudencia imperante de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
que se ciñe al propósito del legislador en el sentido de evitar la aplicación ultractiva de las
reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley
100 en mención, se tiene que no debe corresponder al del régimen anterior, es decir a la
asignación más alta devengada el último año dedicado a la actividad judicial, como reza en el
artículo 6.º en mención, pues el que hay que aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993
en su artículo 21 y en el inciso 3.º de su artículo 36.6 (Resaltado original).

5 Opt Cit. Consejo de Estado. Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020.
6 Ídem.

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40. A pesar de lo anterior, en el fallo controvertido se desconoció deliberadamente la
precitada regla al considerar que el derecho pensional del demandante se consolidó con
anterioridad a que terminara el período de transición de la Ley 100 de 1993 7 y por esta
razón constituía un derecho adquirido que daba lugar a aplicar en su totalidad el régimen
previsto en el Decreto 546 de 1971, incluyendo las reglas para determinar el período de
liquidación. Se adujo que esta interpretación normativa estaba respaldada, además, por
el principio de favorabilidad.

41. Para esta Sala, la decisión del a quo de inaplicar la regla de unificación en comento
discrepó del régimen jurídico que gobierna la materia y lo que en derecho correspondía
era atender dicho precedente. Ello es así, por cuanto se cimentó en una indebida
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que conllevó a la errada conclusión
de que el demandante ostentaba un derecho adquirido por el cual el régimen especial
invocado se tornaba prevalente en todos sus aspectos y con ello había lugar a
desconocer la sentencia de unificación en lo que respecta al período de liquidación de la
pensión.

42. En efecto, el inciso segundo del precitado artículo 36 dispone de manera expresa
que el régimen de transición cobija exclusivamente lo relativo a la edad, el tiempo de
servicio o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión; y que las demás
condiciones y requisitos se regirán por lo dispuesto en el régimen general, consignado
en el inciso tercero de esa misma norma y al artículo 21 ejusdem. Según se observa, lo
plasmado en la ley guarda plena correspondencia con la interpretación efectuada por
esta corporación en la sentencia de unificación.

43. A su turno, el inciso final de esta disposición prevé un único escenario en el cual
podrán aplicarse en su totalidad los regímenes especiales previos a la Ley 100 de 1993:

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun
cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los
derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de
favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos. (Subrayado propio).

44. Del tenor literal de la norma se desprende que el derecho adquirido a la aplicación
total de un determinado régimen especial, incluyendo lo relativo, por ejemplo, a la
determinación del IBL, únicamente se configura si el interesado cumplió los requisitos
para acceder a la pensión de que se trate antes de la entrada en vigor del Sistema
General de Pensiones, es decir, antes del 1 de abril de 19948.

45. En el caso concreto, no es cierto que el demandante detentara la referida garantía
en punto de desconocer las reglas para la determinación del IBL establecidas en la
sentencia de unificación y, en su lugar, ordenar la liquidación de la pensión conforme el

7 Los requisitos para adquirir la pensión de jubilación se completaron el 22 de febrero de 2011, mientras

que el período de transición se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014.
8 De conformidad con el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 2 del Decreto

691 de 1994, por tratarse de un funcionario del orden nacional.
9

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Decreto 546 de 1971, toda vez que el actor alcanzó los requisitos para adquirir la pensión
de jubilación hasta el 22 de febrero de 2011, esto es, más de 16 años después de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. De esta manera, en tanto no existía el derecho
adquirido que a la postre fue amparado por la sentencia recurrida, sí era aplicable la regla
de unificación relativa al período de liquidación.

46. Al omitir la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, el tribunal desconoció
la obligatoriedad general de los fallos de dicha naturaleza y, además, la vinculatoriedad
específica de esa decisión. Por una parte, las sentencias de unificación de jurisprudencia
proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado o
de sus secciones en los términos de los artículos 270 y 271 del CPACA constituyen
precedente de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades que integran la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y para la administración pública.

47. Por otra parte, el numeral segundo del apartado resolutorio de la sentencia de
unificación dispuso que las reglas adoptadas en dicha providencia serían vinculantes «(ii)
respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado», tal como ocurría en el presente caso que el
proceso se encontraba en trámite de primera instancia ante el Tribunal Administrativo del
Atlántico.

48. En definitiva, la autoridad judicial de primera instancia erró al concebir el derecho
adquirido a favor del demandante previsto en el inciso final de la Ley 100 de 1993 y bajo
esa premisa ordenar la liquidación de la pensión de jubilación con fundamento en el
Decreto 546 de 1971. Con esta decisión desconoció la regla jurisprudencial prevista en
la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, que imponía la liquidación al amparo
de lo dispuesto en los artículos 21 o 36 del Sistema General de Pensiones, según
corresponda.

49. De las pautas efectivamente aplicables al caso, el demandante se ubica en el
escenario según el cual, por faltarle más de 10 años para adquirir el derecho pensional,
contados a partir de la entrada en vigor de la Ley 100 de 19939, el período de liquidación
de su pensión de jubilación «será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE». Este derrotero
corresponde a lo previsto en el artículo 21 de la referida ley y en la sentencia de
unificación, y de esta manera será establecido en el presente fallo.

50. La expresión «anteriores al reconocimiento de la pensión» deberá ser atendida en
concordancia con el artículo 150 de la Ley 100 de 1993, según el cual «[l]os funcionarios
y empleados públicos que hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que
no se hayan retirado del cargo, tendrán derecho a que se les reliquide el ingreso base
para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha
de notificación de la resolución». En virtud de tal, el demandante tiene derecho a que el
período de liquidación de su pensión de jubilación incluya los años posteriores a la

9 1 de abril de 1994.

10

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causación del derecho pensional en que continuó desempeñando el cargo como
magistrado de tribunal o cualquier otro empleo público y hasta su retiro definitivo del
servicio.

2.1.2. Factores a incluir

51. En cuanto a los factores a incluir en el IBL, se trata de un asunto igualmente
abordado en la pluricitada sentencia de unificación, la cual estableció que el IBL se
calcularía «f) con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del
Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la
modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102
de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto
383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del
Ministerio Público»10 (resaltado original). Como fundamento y en desarrollo de esta regla
se indicó que:

[…] Vista la anterior normativa es posible colegir que, aunque a partir del 1.º de abril de
1994 los servidores de la Rama Judicial quedaron incorporados al sistema general de
pensiones, y que, en virtud de tal incorporación a través del artículo 6.º del Decreto 691
de 1994 modificado por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994, fueron fijados como
factores de salario para liquidar su ingreso base de cotización la asignación básica
mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor de salario;
las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la
remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario
o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios
prestados, lo cierto es que estos servidores, precisamente en desarrollo de la Ley 4ª. de
1992, que a su vez dio cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del
artículo 150 de la Carta Política, tienen derecho a que se computen como factores
salariales en la liquidación de su pensión los siguientes:

Prima especial de que trata por la Ley 332 de 1996, que modificó la Ley 4ª. de 1992,
para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial; la bonificación por
compensación creada por el Decreto 610 de 1998 para los magistrados y por el Decreto
1102 de 2012 para los magistrados y agentes del Ministerio Público ante magistrados de
tribunales; la prima de productividad para los empleados judiciales ordenada por el
Decreto 2460 de 2006; la bonificación por actividad judicial establecida por el Decreto
3900 de 2008 para los jueces y procuradores judiciales 1, y la bonificación judicial
instituida por el Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial, pues en
forma expresa los decretos aludidos dispusieron que se constituyen en factores de
salario para efecto de determinar su ingreso base de cotización, siempre y cuando
respecto de ellos se hayan efectuado los aportes correspondientes. […]11
(Resaltado original).

52. En este contexto, se tiene que el fallo impugnado se limitó a señalar en sus
consideraciones que el IBL incluiría «todos los factores salariales que integren la
asignación más elevada que hubiera devengado el funcionario durante el último año de
servicios» (subrayado propio); luego, no se refirió a esta cuestión en el apartado

10
Opt Cit. Consejo de Estado. Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020.
11
Ídem.
11

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resolutorio. Por su parte, en su escrito de apelación, la entidad demandada manifestó la
necesidad de precisarse que «los únicos factores a tener en cuenta para calcular el IBL
son aquellos sobre los que se haya realizado efectivamente cotizaciones».

53. Dicho esto, salta a la vista que la autoridad de primera instancia también erró al
considerar que los factores salariales a incluir en el IBL corresponderían a los
devengados únicamente durante el último año de servicio y que, además, omitió precisar
cuáles factores específicamente deberían tenerse en cuenta. En tanto se trata de una
cuestión que no fue expresamente consignada en el apartado resolutorio del fallo de
primera instancia, será adicionada en los términos de la regla de unificación.

54. Así las cosas, la Sala modificará el numeral quinto del fallo de primera instancia
en lo que respecta a la determinación del IBL de la pensión reconocida en el sentido de
ordenar que se tenga como período de liquidación el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE,
incluyendo los años posteriores a la causación del derecho pensional en que continuó
desempeñando el cargo como magistrado de tribunal o cualquier otro empleo público y
hasta su retiro definitivo del servicio; y que se contemplen como factores salariales los
señalados en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2011 que hayan sido
efectivamente devengados por el demandante durante los últimos 10 años de servicio.

2.2. Límite del valor de la pensión

55. El parágrafo 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo
1 del Acto Legislativo 1 de 2005, dispone que «[a] partir del 31 de julio de 2010, no podrán
causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública». Por manera que todo derecho
pensional originado con posterioridad esa fecha está gobernado por dicho límite en el
valor de la pensión.

56. En la presente controversia, el fallo de primera instancia ordenó la liquidación de
la pensión de jubilación del demandante «sin límite de cuantía» de la manera en que
había sido solicitado en la demanda; en las consideraciones de la sentencia no se hizo
referencia alguna a esta cuestión, con lo cual se extrañan las justificaciones del a quo
para desatender el referido mandato constitucional. En contraste, la entidad demandada
y el ministerio público solicitaron se revoque tal determinación y se imponga la limitación
constitucional.

57. Al respecto, es menester aclarar que el límite al valor de la pensión previsto en el
parágrafo 1 del artículo 48 de la Constitución Política constituye un mandato superior de
aplicación directa e inmediata en el caso concreto porque el derecho pensional del
demandante se causó con posterioridad al término establecido en la norma: la limitación
se hizo efectiva a partir del 31 de julio de 2010 y el derecho a la pensión de jubilación
aquí reclamado se configuró el 22 de febrero de 2011.

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58. Siendo así, la Sala modificará lo decidido en el numeral quinto del fallo de primera
instancia en relación con el límite del valor del derecho pensional reconocido a efectos
de precisar que éste no podrá superar los 25 SMLMV en los términos del parágrafo 1 del
artículo 48 de la Constitución Política.

2.3. Fecha a partir de la cual se hace exigible el pago de la mesada pensional

59. El artículo 128 de la Constitución Política prohíbe, entre otros, que cualquier
persona perciba simultáneamente más de una asignación que provenga del tesoro
público12 (…), salvo los casos expresamente determinados por la ley»; esta proscripción
constitucional se encuentra replicada y desarrollada por el artículo 19 de la Ley 4 de 1992,
el cual prevé algunas excepciones a la regla general.

60. Sobre el particular, esta sección ha considerado que dicha restricción no se refiere
solamente a la percepción de más de un salario de origen público, sino en general a la
concurrencia de varias remuneraciones o asignaciones cuya fuente sea el erario; estas
últimas abarcan, por ejemplo, las pensiones constituidas, en todo o en parte, por aportes
de carácter estatal. Por lo tanto, a menos que la ley lo avale de manera expresa, resultan
incompatibles dos o más pensiones de dicha naturaleza; así como este tipo de pensiones
con salarios y prestaciones provenientes de entidades públicas13.

61. Se ha señalado, entonces, «que uno de los eventos que configuran la prohibición
prevista en el 128 Superior se presenta cuando se perciben salarios y prestaciones
provenientes de entidades públicas y a la vez se es beneficiario de una pensión que
involucra tiempos públicos»14.

62. Esta limitación impacta de manera directa la efectividad de este tipo de pensiones
cuando al momento de su causación el beneficiario se encuentra percibiendo salarios y
prestaciones de origen público. En estos casos, el pago de la mesada pensional
solamente se tornará procedente y exigible a partir del momento en el cual se dé el retiro
definitivo del servicio, pues de lo contrario se incurriría en la precitada prohibición
constitucional15.

63. En este contexto, la pensión de jubilación de que trata el artículo 6 del Decreto 546
de 1971 es a todas luces incompatible con cualquier otra remuneración o asignación
pública, ya sea de naturaleza pensional o salarial, porque para su reconocimiento se
exige el ejercicio de cargos públicos y con ello concurren aportes estatales. En esa

12 Abarca la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden nacional y
territorial.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: Subsección B, sentencia

del 3 de mayo de 2018, rad. núm. 08001-23-33-000-2014-00016-01(0727-16), C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez; Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2018, rad. núm. 25000-23-42-000-2014-00898-
01(2034-16), C.P. William Hernández Gómez.
14 Ídem. Sentencia del 17 de octubre de 2018.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 3 de agosto de 2023, rad. núm. 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
13

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medida, en caso de ser reconocida, únicamente se hará efectiva a partir del retiro
definitivo del servicio público.

64. En el sub lite, el fallo de primera instancia no presentó consideraciones sobre el
particular, sin embargo, reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación en
comento a partir del 23 de febrero de 2011; y, en todo caso, declaró la prescripción de las
mesadas pensionales causadas entre el 23 de febrero y el 25 de junio de 2011 en razón
a que la petición ante la entidad fue radicada hasta el 26 de junio de 2014. Una vez más,
la entidad demandada y el ministerio público solicitaron se revoque esta decisión y se
especifique que la pensión solamente se hará efectiva cuando el demandante se retire
de su cargo como magistrado de tribunal.

65. Pues bien, de las pruebas aportadas con el escrito de la demanda que dan cuenta
de la vinculación del accionante como magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico
desde el 15 de mayo de 1990 hasta abril de 201716, aunadas a las certificaciones de
vinculación y aportes a pensiones que evidencian la continuidad en ese mismo cargo
hasta el 22 de julio de 2022 cuando fueron expedidas dichas constancias17, se colige que
el señor Cerra Jiménez continuó desempeñándose como magistrado de tribunal después
de causarse su derecho a la pensión de jubilación el 22 de febrero de 2011 y, al menos,
hasta el 22 de julio de 2022.

66. En consecuencia, se torna imperativo precisar que la pensión de jubilación
reconocida al demandante solamente podrá hacerse efectiva a partir de su
desvinculación definitiva del servicio, pues de lo contrario se incurriría en la prohibición
establecida en el artículo 128 de la Constitución Política. Por contera, no hay lugar a que
se declare la prescripción de mesadas pensionales, puesto que no había lugar al pago
de ninguna de ellas antes de la presentación de la solicitud de reconocimiento ante la
entidad demandada.

67. En razón a lo anterior, la Sala modificará parcialmente el numeral tercero de la
sentencia apelada en el sentido de que la pensión de jubilación solamente se hará
efectiva a partir del retiro definitivo del demandante como magistrado de tribunal o de
cualquier otro cargo público que se encuentre ejerciendo y revocará el numeral cuarto
que consagró la declaratoria de prescripción de mesadas pensionales.

68. Finalmente, en caso de que para la fecha de ejecutoria de esta providencia el
demandante ya se haya retirado de manera definitiva del servicio y, por esa razón,
proceda el pago retroactivo de mesadas pensionales, se ordenará a la entidad
demandada indexar la cifra resultante de conformidad con lo establecido en el inciso
cuarto del artículo 187 del CPACA y de conformidad con la siguiente fórmula:

R = RH x (índice final ÷ índice inicial)

16 Referidas en las consideraciones 32 y subsiguientes.
17Certificado de vinculación 22 de julio de 2022, expedido por Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial; y certificado de aportes a pensiones del 22 de julio de 2022, expedido por COLPENSIONES.
14

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69. Donde el valor indexado a pagar (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), que es lo dejado de percibir por el señor Luis Eduardo Cerra Jiménez, por la cifra
que resulta de dividir el IPC certificado por el DANE vigente para la fecha de ejecutoria
de esta decisión (índice final) sobre el IPC vigente para la fecha en que debió hacerse el
primer pago (índice inicial). La liquidación se hará de conformidad con los parámetros
indicados en la presente providencia y el artículo 269 del CPACA.

3. Indemnización de perjuicios por negativa al reconocimiento de la pensión

70. La sentencia debatida accedió a las pretensiones de indemnización de perjuicios
materiales por pérdida de oportunidad e inmateriales por daño moral presentadas en la
demanda y, además, reconoció de oficio la reparación del daño a la salud. En oposición,
tanto la entidad demandada como el ministerio público alegaron la inexistencia de
pruebas suficientes de la ocurrencia de los daños reclamados y, en esa medida,
solicitaron la revocatoria de estas condenas.

71. La parte demandante cuestionó la sentencia por no haber reconocido los perjuicios
materiales que solicitó, sin embargo, como ya fue señalado, ello sí tuvo lugar y, en esa
medida, la Sala se abstendrá de analizar este planteamiento. Asimismo, controvirtió el
valor de la indemnización de perjuicios inmateriales, cuestión que solamente será
abordada en caso de encontrar procedente su reconocimiento.

3.1. Perjuicios materiales por concepto de pérdida de oportunidad

72. La jurisprudencia de esta corporación ha reconocido la pérdida de oportunidad
como un daño antijurídico con identidad y características propias, entendida como la
vulneración de una expectativa legítima tutelada que se vio frustrada por la acción u
omisión de una autoridad y, en esa medida, debe repararse18. Para que proceda la
indemnización de perjuicios por este concepto, es necesaria la presencia de tres
elementos fundamentales: «1) la aleatoriedad del resultado, 2) la certeza respecto de la
oportunidad propiamente dicha y 3) que la oportunidad de evitar esa aminoración o de
obtener un provecho, se extinguió de manera irreversible para la víctima»19 (subrayado
propio).

73. En el asunto sub examine concurren los dos primeros, pero no el último de estos
requerimientos. Por una parte, la aleatoriedad del resultado se refleja en el hecho de que
el demandante se viera obligado a promover una disputa judicial ante la negativa de la
entidad de reconocer su derecho a la pensión de jubilación y con ello no existiera
consenso frente a la causación de esta garantía; por otro lado, la certeza de la
oportunidad se materializa en que el derecho pensional en comento está siendo a la
postre concedido por esta corporación al encontrar cumplidos todos los requisitos para el
efecto.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

del 14 de septiembre de 2022, rad. núm. 73001-23-31-000-2012-00031-01(52645). C.P. Fredy Ibarra
Martínez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

del 13 de mayo de 2019, rad. núm. 76001-23-31-000-2011-01470-01(52889). C.P. Alberto Montaña Plata.
15

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74. Ahora bien, no se advierte que el accionante haya perdido de manera irreversible
la oportunidad de obtener el provecho que representa el reconocimiento de su pensión
de jubilación porque después de que la entidad demandada le negara su derecho
pensional aquel continuó ejerciendo el cargo de magistrado de tribunal y, en esa medida,
percibiendo una remuneración económica equiparable e incluso superior al valor que se
le habría reconocido a título de la pensión solicitada.

75. En este escenario, se reitera la incompatibilidad entre la pensión de jubilación
reclamada con cualquier salario público; en virtud de tal, aun si la entidad demandada le
hubiera reconocido la pensión, el demandante no habría podido percibirla de manera
concurrente al sueldo que devengó como magistrado de tribunal. Siendo así, no es dable
afirmar que el demandante haya sufrido un daño por pérdida de oportunidad con ocasión
a la negativa al reconocimiento de la pensión, habida cuenta que el valor que dejó de
obtener por dicho concepto fue suplido por el salario público que continuó recibiendo.

76. Dicho esto, la Sala revocará la condena de indemnización de perjuicios materiales
por pérdida de oportunidad impuesta por el numeral séptimo de la sentencia apelada.

3.2. Perjuicios inmateriales por concepto de daño moral y daño a la salud

77. Por un lado, el daño moral corresponde «[a]l dolor, la aflicción y, en general, los
sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que afectan
a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico»20. Ahora bien, tratándose de los
daños morales causados por pérdidas materiales, esta corporación ha precisado que no
se presumen y, en cambio, solamente pueden reconocerse cuando se encuentren
debidamente acreditados en el plenario. Ello es así por cuanto, a diferencia de lo que
ocurre con el daño moral originado en la pérdida de la vida y/o el quebranto de la
integridad psicofísica de una persona, la pérdida material por sí misma no está llamada
a causar una afectación de esta naturaleza21.

78. Por otra parte, el daño a la salud se refiere a la alteración de la unidad corporal y/o
psíquica de una persona, causada por la actuación de un ente público y que debe ser
resarcida22. Este tipo de daño debe ser plenamente evidenciado en el proceso en punto
de asegurarse que se amerita su reparación integral; para ello es menester efectuar una
valoración probatoria que, en todo caso, tenga en cuenta la relevancia del caso y
gravedad de los hechos23.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Doce Especial de Revisión. Sentencia

del 1 de octubre de 2019, rad. núm. 05001-23-31-000-2003-03502-02(AG)REV. C.P. Ramiro Pazos
Guerrero.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia

del 6 de diciembre de 2024, rad. núm. 73001-23-33-000-2020-00332-01(70317). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia

del 7 de febrero de 2025, rad. núm. 27001-23-31-000-2011-00100-01. C.P. María Adriana Marín.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

del 6 de junio de 2025, rad. núm. 85001-23-31-003-2011-00197-01 (58788). C.P. Fredy Ibarra Martínez.
16

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79. De conformidad con lo expuesto, la indemnización de perjuicios inmateriales, tanto
por daño moral como por daño a la salud, exige un riguroso ejercicio de valoración
probatoria que permita determinar sin dubitación alguna su efectiva causación.
Descendiendo al caso concreto, la parte demandante aportó como pruebas del perjuicio
inmaterial dos testimonios y cinco documentos, ninguno de los cuales constituye prueba
verídica de que la negación de la pensión de jubilación por parte de la administradora de
pensiones le causó este tipo de daños al demandante.

• Testimonio de Carlos Alfonso Quintero Vidal, en calidad de médico especialista en
salud ocupacional y quien conoce al demandante «desde 1990».

80. El testigo relató un cuadro sintomático en cabeza del demandante que identificó
«a mediados de 2014», pero que, según se lo comunicó el mismo paciente, había
comenzado desde antes y venía empeorando. Manifestó que estos padecimientos
estaban asociados a graves crisis de ansiedad derivadas de la negativa por parte de
COLPENSIONES de reconocerle la pensión de jubilación que había solicitado y que, en
esa medida, tenían una «causa fundamental de orden psicosomático». Relató con detalle
las características propias de este tipo de trastornos, que relacionó con los episodios
sufridos por el accionante y las razones por las cuales urge detenerlos so pena de que
muten a patologías más graves como la depresión.

81. Pues bien, la ventana temporal indicada por el testigo descarta de suyo que la
patología diagnosticada por el médico declarante haya sido causada por la negación de
la pensión porque del relato se colige que los síntomas iniciaron y fueron identificados
con anterioridad a que el demandante conociera la decisión de la administradora de
pensiones. En efecto, el señor Quintero Vidal señaló que el deterioro en la salud del
demandante fue advertido a mediados de 2014 cuando se hizo evidente su pérdida de
peso, mientras que el acto administrativo definitivo que negó el reconocimiento de la
pensión se le notificó hasta el 25 de marzo de 2015.

• Testimonio de Yolanda Garnica, en calidad de médico especialista en medicina del
trabajo y quien conoce al demandante «desde hace 15 años».

82. Sin precisar exactamente en qué momento comenzó a tratarlo, la testigo manifestó
atender al demandante desde tiempo atrás con ocasión a las diversas alteraciones físicas
y psicosociales causadas por la alta carga laboral que maneja en su trabajo; indicó que
estas circunstancias fueron, precisamente, la razón por la cual aquel solicitó la pensión.
Así pues, consideró que la negativa a esta petición le había afectado porque se había
visto obligado a continuar laborando y, en consecuencia, a seguir sometido a las
condiciones que le estaban causando enfermedad.

83. No se puede perder de vista que el testimonio estaba encaminado a probar los
perjuicios causados por la negativa de la pensión y no por el ejercicio profesional del
accionante, pese a lo cual la médico centró su declaración en los malestares que padece
el demandante a raíz de su trabajo. En general, en el testimonio no se aportaron
elementos de juicio suficientes para colegir la existencia de un nexo de causalidad entre
la decisión de negarle la pensión y sus enfermedades de origen laboral.
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Demandante: Luis Eduardo Cerra Jiménez

84. En todo caso, ambos testimonios coinciden en la existencia de patologías
derivadas del ejercicio laboral del demandante, originadas incluso antes de que solicitara
la pensión; de hecho, coinciden las fechas en que fue diagnosticada la ansiedad y en que
se presentó la solicitud de la pensión. Lo anterior podría llevar a considerar que las
afectaciones en la salud del demandante motivaron la solicitud de la pensión y no que la
negativa de la pensión causó los padecimientos. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta
que el derecho pensional reclamado se causó desde febrero de 2011, pero fue exigido
hasta junio de 2014.

85. Aunado a los sendos cuestionamientos que generan las precitadas declaraciones,
se destaca que no reposa en el expediente la historia clínica del paciente que haya sido
constituida por los médicos declarantes, o por algún otro galeno, en que se pueda
constatar lo señalado en los testimonios en cuanto a fechas de consulta, exámenes,
diagnósticos, tratamientos, incapacidades, etc. En materia laboral, no hay constancia de
reportes a la ARL o a la Junta Regional de Invalidez del Atlántico en que se haya puesto
de presente a los sujetos o autoridades competentes sobre la afectación a la salud del
demandante con supuesto origen laboral.

• Incapacidades médicas núm. 11669147 y 11669149 del 2 de octubre de 2019, y
136055 del 31 de octubre de 2019 expedidas por la Clínica Reina Catalina de
Barranquilla; solicitud de ampliación de incapacidad suscrita por el demandante el
1 de noviembre de 2019; y formato de evolución médica núm. 136044 del 31 de
octubre de 2019 expedida por la misma institución de salud.

86. La totalidad de estos documentos ponen en evidencia que de agosto a diciembre
de 2019 el demandante padeció de «angina inestable», «hipotiroidismo no especificado»,
«otros estados posquirúrgicos especificados»; y que estas patologías le ocasionaron
diversos síntomas adversos, así como alteraciones adicionales a su organismo. Llama la
atención que ninguna de estas guardan relación con los síntomas y diagnósticos
expuestos por los testigos médicos, por manera que, de entrada, no puede hablarse de
una continuidad o agravación de los mismos.

87. Ahora bien, las referidas constancias médicas, individualmente consideradas,
carecen de la vocación necesaria para demostrar que las enfermedades en comento
fueron causadas por la negativa de la pensión. Luego, no se aportaron soportes
adicionales que pongan de presente o evidencien de manera siquiera sumaria la
conexión entre una circunstancia y la otra.

88. Salta a la vista que la totalidad de las pruebas se centraron en vislumbrar el estado
de salud del demandante, asunto directamente relacionado con supuesto daño a la salud
que a la postre fuera declarado por el a quo. Cuestión distinta es el daño moral, que fue
indirectamente abordado por los testigos al referirse a la afectación de la salud mental
del accionante, pero sin ser desarrollado de manera concreta ni específica; en el mismo
sentido, no fue tratado de manera siquiera somera en las pruebas documentales.

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89. En este punto no se cuestiona que el demandante haya sufrido e incluso continúe
atravesando alguna enfermedad, lo que se extraña son las pruebas necesarias de que
los síntomas y patologías invocadas fueron causadas por la decisión de la entidad
demandada de negar el reconocimiento de la pensión de jubilación a efectos de probar
el daño a la salud. En el mismo sentido, tampoco se aportaron pruebas concretas del
dolor, la aflicción y, en general, los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego,
temor, zozobra, etc. que supuestamente adoleció la víctima por la misma razón en punto
de demostrar el daño moral.

90. Con todo, el demandante no acreditó el daño moral que alegó en la demanda ni
tampoco el daño a la salud que fue declarado de oficio por el tribunal; por consiguiente,
la Sala revocará el numeral sexto del fallo de primera instancia que reconoció y condenó
al pago de perjuicios por estos conceptos. En tanto se comprobó que no hay lugar a la
indemnización de perjuicios inmateriales, no se estudiará la petición de la parte
demandante de duplicar el valor de dicha condena.

Condena en costas

91. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

92. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos.

93. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida en
el proceso. La liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP,
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

94. En el caso concreto se advierte que las peticiones del recurso de apelación
interpuesto por el demandante están siendo denegadas, no obstante, las de la entidad
demandada están siendo concedidas de manera apenas parcial, por lo que no puede
predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En consecuencia,
se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

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Demandante: Luis Eduardo Cerra Jiménez

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR los numerales cuarto, sexto y séptimo de la sentencia de primera
instancia del 5 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

SEGUNDO. MODIFICAR los numerales tercero y quinto de la referida sentencia, así:

TERCERO. RECONOCER el derecho a la pensión de jubilación de que trata el artículo 6
del Decreto 546 de 1971 a favor del señor Luis Eduardo Cerra Jiménez a partir del 23 de
febrero de 2011, el cual se hará efectivo una vez se acredite su retiro definitivo del servicio.

QUINTO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones liquidar la pensión
reconocida teniendo como tasa de reemplazo el 75% del IBL, el cual corresponderá al
período establecido en el artículo 21, en concordancia con el artículo 150, de la Ley 100
de 1993; y contemplará los factores salariales señalados en la sentencia de unificación
del 11 de junio de 2011 que hayan sido efectivamente devengados por el demandante
durante los últimos 10 años de servicio. El valor de la pensión no podrá superar los 25
SMLMV de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 48 de la
Constitución Política.

TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones que, en caso de
que proceda el pago retroactivo de mesadas pensionales a favor del demandante, indexe
la cifra resultante de conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 187
del CPACA y con base en la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

QUINTO. SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia.

SEXTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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