Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05405-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-05405-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-05405-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019)
Demandante: José Félix Daza Camargo
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Temas: Reconocimiento de reintegro de mesadas pensionales desde la
fecha de retiro del servicio por compatibilidad con salario
derivado de contrato de trabajo de carácter privado como
docente universitario de hora cátedra. Cambio jurisprudencial en
materia de compatibilidad - efectividad del goce de la pensión.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por
medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor JOSÉ FÉLIX DAZA CAMARGO instauró demanda en contra de la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes,
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos, (i) Resolución
GNR 341742 del 5 de diciembre de 2013, proferida por Colpensiones, mediante la
cual se ordenó incluir en nómina de pensionados al demandante desde el 1° de
diciembre de 2013 y no a partir del 3 de mayo de 2012 cuando aquel fue retirado
1 Ver folio 26 y 27 del expediente.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019)
del servicio público; (ii) Resolución GNR 328602 del 23 de septiembre de 2014,
emitida por la entidad demandada, con la que resolvió negativamente un recurso de
reposición formulado por el reclamante contra la decisión inicial; (iii) el acto presunto
derivado de la configuración del silencio administrativo negativo ocurrido por la falta
de respuesta al recurso de apelación presentado por el actor el 15 de enero de
2014, contra la referida manifestación inicial; y (iv) Resolución 00789 del 11 de
marzo de 2010, expedida por el entonces ISS a través de la cual modificó la
Resolución 0026068 del 19 de junio de 2007 que había reconocido a favor del
accionante una pensión de vejez.
Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada
reconocer y pagar a favor del señor Daza Camargo el retroactivo pensional de las
mesadas causadas y no abonadas a partir del 3 de mayo de 2012 cuando se produjo
su retiro definitivo del servicio, y no como le fue otorgada la prestación desde el 1°
de diciembre de 2013.
Que se cancelen con la debida indexación las sumas adeudadas y se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192, 194 y 195 del
CPACA.
Que se condene en costas a la entidad demandada.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que el señor José Félix Daza Camargo nació el 8 de noviembre de 1950, y durante
su vida laboral cotizó como servidor público ante el entonces ISS (hoy
Colpensiones), esto por un período superior a 30 años. Por esta razón, dicha
entidad reconoció una pensión de jubilación a su favor mediante la Resolución
341742 del 5 de diciembre de 2013, otorgada conforme a las previsiones de la Ley
33 de 1985 y efectiva a partir del 1° de diciembre de 2013.
Que el 15 de enero de 2014, el demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación contra el referido acto, bajo el entendido de que la decisión tal
como había sido expedida lesionaba su derecho al pago del retroactivo de las
mesadas causadas desde el 3 de mayo de 2012 cuando fue retirado del servicio.
Por su parte, mediante la Resolución GNR 328602 del 23 de septiembre de 2014,
la autoridad demandada resolvió el recurso de reposición en el sentido de mantener
incólume su manifestación inicial censurada.
Que después de un año de radicación del recurso de apelación precitado,
2 Ver folio 28 a 32 del expediente.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019)
Colpensiones no había dado respuesta a dicha impugnación, por lo que se configuró
el silencio administrativo negativo y su consecuente acto presunto que en síntesis
confirmaba la decisión inicial con la que el reclamante se encontraba inconforme.
Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá expidió la Resolución
0274 del 3 de mayo de 2012 con la que declaró insubsistente a partir de esta fecha,
el nombramiento del actor en el cargo de jefe de oficina asesora jurídica, código
115, grado 8.
Que en virtud del artículo 93 del Decreto 080 de 1980, el actor laboró en el sector
privado, vinculado laboralmente con la Fundación Universitaria Autónoma de
Colombia, en calidad de docente de hora cátedra, razón por la cual su empleador
efectuó aportes a pensión ante el entonces ISS (hoy Colpensiones).
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 19 de mayo de 2017 y notificada a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), quien presentó
memorial de contestación3, para lo cual manifestó que el accionante no tiene
derecho a que se le reconozca el retroactivo pensional en atención a que si bien se
dio un supuesto retiro definitivo del servicio el 3 de mayo de 2012, ello no fue así,
puesto que hasta el 3 de diciembre de 2013, aquel se encontraba vinculado y
laborando en la Universidad Autónoma de Colombia sin que se evidenciara novedad
de terminación de dicha relación. Por tanto, si no existe desvinculación del Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, no hay retroactivo alguno que
reconocer.
Propuso varias excepciones que las denominó, cobro de lo no debido, buena fe,
inexistencia del derecho reclamado, prescripción y la genérica o innominada.
En la audiencia inicial4 fueron resueltas las excepciones propuestas declarándolas
no probadas, en ella se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las
pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía
ánimo conciliatorio y se efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180
numeral 10 de la Ley 1437 de 2011. Seguidamente, mediante auto del 14 de
septiembre de 20185 se ordenó correr traslado a las partes de las pruebas
documentales recaudadas, y finalmente se corrió traslado para alegar de conclusión
en orden de dictar sentencia escrita con posterioridad.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
3 Ver folios 86 a 91 de expediente.
4 Folio 111.
5 Folio 120.
6 Folio 132 a 138 del expediente.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019)
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B dictó
sentencia escrita el 27 de junio de 2019, a través de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda en el sentido de ordenar el reconocimiento del
retroactivo pensional a favor del reclamante desde el 4 de mayo de 2012 hasta el
30 de noviembre de 2013. Para ello hizo un recuento de los hechos probados en el
proceso y un análisis de compatibilidad entre pensión y salario derivado del sector
privado.
Al respecto adujo que al demandante se le dio un reconocimiento inicial de la
pensión de jubilación, sujeta al retiro definitivo del servicio oficial, lo cual se realizó
mediante la Resolución 0274 del 3 de mayo de 2012 al declarase la insubsistencia
en el cargo de jefe de oficina asesora jurídica de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, acto que rigió a partir de su expedición.
Que se evidencia que el actor trabajó como profesor de cátedra (inicialmente por
tiempo parcial, y posteriormente a término indefinido), en un período comprendido
entre el 26 de julio de 1999 y el 5 de abril de 2017. Bajo tal contexto, no se comparte
la postura de la entidad de denegar el retroactivo solicitado, por cuanto conforme al
material probatorio allegado al expediente, es claro que la actividad de la docencia
llevada a cabo en la Universidad Autónoma, era complementaria a la del ejercicio
de labores como servidor público, pues la primera vinculación laboral inició en el
año de 1996 y culminó en el año 2017, la cual podía alternarse con el cumplimiento
de un empleo oficial conforme lo autoriza la Constitución Política y la ley, respecto
de quienes ostentan tal condición de educadores de formación universitaria.
Que es claro que si bien la Universidad Autónoma siguió realizando las cotizaciones
al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, en cumplimiento de la obligación
correspondiente, de ello no se puede establecer que esa era la ocupación principal
y dependía del cese de la referida actividad laboral para que Colpensiones efectuara
el reconocimiento y pago de la primera mesada pensional, bajo el entendido de que
la pensión ya se le había reconocido desde el año 2007, y dejando en suspenso la
inclusión a nómina del accionante hasta tanto no allegase acto administrativo de
retiro definitivo del servicio, circunstancia que ocurrió una vez aquel culminó su
vinculación laboral como servidor público de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá el 3 de mayo de 2012.
Que en todo caso, se evidencia que en el presente caso no media doble asignación
del tesoro público, sino que el demandante adquirió la pensión de vejez en virtud
del tiempo laborado como servidor público, mientras que el salario que percibió de
manera posterior fue en calidad de docente en una empresa privada.
Que el actor al cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicio previstos en la
Ley 33 de 1985, con el IBL propio de la Ley 100 de 1993 y bajo los factores
dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, consolidó el derecho al pago de la pensión
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019)
efectiva a partir del 4 de mayo de 2012, y no del 1º de diciembre de 2013 como
erróneamente lo decidió la entidad demandada, lo que sin duda le genera a aquel
el reconocimiento del retroactivo pensional, reclamado durante ese interregno.
Que de las actuaciones que se evidencian del expediente, se observa que no se
presenta el fenómeno de la prescripción trienal, y en tal sentido debe condenarse a
reconocer las mesadas pensionales comprendidas entre el 4 de mayo de 2012 y el
30 de noviembre de 2013, de manera indexada y en los términos de la Resolución
GNR 341742 del 5 de diciembre de 2013, más no así de los intereses, pues la
entidad en su momento reconoció en tiempo la prestación, dejándola en suspenso,
pero sin incurrir en reconocimiento tardío de la prerrogativa.
EL RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia por considerar que en el caso bajo estudio se
observa que al señor José Félix Daza Camargo le fue reconocida la pensión de
vejez mediante la Resolución 26068 del 19 de junio de 2007, expedido por el
Instituto de los Seguros Sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de
1985 en cuantía inicial para el año 2007 de $2.925.615, prestación que se dejó en
suspenso hasta tanto aquel no allegara el acto administrativo de retiro definitivo del
servicio. Posteriormente, con Resolución 341742 de 5 de diciembre de 2013,
Colpensiones ordenó la inclusión en nómina del actor a partir del 1° de diciembre
de 2013 cuando se demostró su desafiliación al sistema pensional.
Que en cuanto a la fecha de efectos fiscales de la prestación, en primer lugar debe
tenerse en cuenta que el estatus de pensionado solo se adquiere al cumplir la
totalidad de los requisitos exigidos por la norma sustancial, a saber, la edad para
pensión y el tiempo mínimo de trabajo o cotización, según corresponda, por lo que
en el caso concreto, el estatus lo adquirió el demandante el 8 de noviembre de 2005.
En segundo lugar, la fecha de consolidación del derecho y la fecha de efectos
económicos de la prerrogativa podría diferir, teniendo en cuenta lo reglado por los
artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, normas que se aplican por remisión del
artículo 31 de la Ley 100 de 1993.
Que en el caso concreto, la última cotización se acreditó para el mes de diciembre
de 2013, por lo que es improcedente el reconocimiento pretendido. En ese sentido,
si bien es cierto, podría concluirse que no existe incompatibilidad entre la pensión
de jubilación y el ejercicio docente, sí existe la imposibilidad de reconocimiento
pensional durante los períodos que el reclamante continuó como afiliado a la entidad
demandada conforme al artículo 19 de la Ley 344 de 1996. Corolario de lo anterior,
se evidencia que en vigencia de la Ley 100 de 1993, no es posible ostentar el estatus
de pensionado y afiliado al sistema de seguridad social en pensiones como lo insta
7 Folios 146 a 149.
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el accionante.
Que en caso de que se quisiera aplicar la excepción prevista en la Ley 4ª de 1992,
válida durante el tiempo en que el demandante ostentó la calidad de empleado
público, es necesario señalar que la misma solo aplica para el ejercicio de la
docencia por hora catedra, siempre que esta no supere el cómputo de 8 horas
diarias, circunstancia que no se acredita en el caso concreto. Como se evidencia
del reporte de semanas y como lo estableció el a quo, durante la última vinculación
del actor, este trabajó tiempo completo, desvirtuándose la conclusión de que tal
labor se efectuaba de forma complementaria al servicio público, por lo que aquel
quedaba sujeto a las reglas de reconocimiento planteadas en los actos
demandados.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Ambas partes presentaron alegatos de conclusión en los cuales ratificaron los
argumentos de la demanda y la contestación.8
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO9
La referida entidad, mediante su apoderado y sin solicitar vinculación como
interviniente en el proceso, radicó memorial con el que presentó sus argumentos
frente al caso particular, los cuales, si bien no se ajustan a la temática en tensión,
se plantearon de la siguiente forma.
Que debe negarse la liquidación o reajuste de la pensión de jubilación con la
inclusión de factores salariales sobre los cuales no se realizó el respectivo aporte o
cotización, toda vez que el Consejo de Estado expidió la Sentencia de Unificación
SUJ-014 -CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 en la que claramente determinó que
cualquiera que sea el régimen prestacional que regule el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial, en su liquidación solamente se deben
tener en cuenta aquellos factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
8 Memoriales allegados en archivos PDF visibles en los índices 15 y 16 de la plataforma SAMAI.
9 Ver índice 18 de la plataforma SAMAI.
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El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante tiene
derecho al pago del retroactivo pensional correspondiente a las mesadas causadas
entre el 4 de mayo de 2012 y el 30 de noviembre de 2013, período en el que este
laboraba en el sector privado al servicio de la Fundación Universitaria Autónoma de
Colombia bajo el cargo de docente de hora cátedra.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, se estima necesario poner de presente la regulación en materia del
régimen de incompatibilidades para efectos pensionales, así como en lo referente a
la efectividad de las pensiones reconocidas en virtud de la Ley 33 de 1985, ello para
identificar si existe alguna disposición que se ajuste al caso del demandante en su
calidad de jubilado y de docente de una institución universitaria privada que le
impida devengar la prestación desde la fecha del retiro definitivo del servicio.
Sobre el punto se advierte que la Constitución Política de 1886 estableció la
prohibición de percibir más de una asignación proveniente del tesoro público o de
empresas o instituciones en que tuviera parte el Estado, con excepción de los casos
especialmente establecidos por el legislador. Así lo dispuso en el artículo 64 ibidem.
«Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de
empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para
casos especiales determinen las leyes. Entiéndase por tesoro público el de la
nación, los departamentos y los municipios.»
Con posterioridad, el Decreto Ley 1317 de 18 de julio de 1960, 9 en su artículo 1°
reiteró la prohibición prevista en el artículo 64 de la Constitución Política de 1886, y
particularmente en el caso de la docencia universitaria oficial precisó lo siguiente.
«ARTÍCULO 8º.- Para los efectos del presente Decreto, el ejercicio de empleos en
las distintas Ramas del Poder Público, es incompatible con el desempeño de
direcciones, decanatos y profesorados de tiempo completo, en Facultades
Universitarias del Estado.»
Como se aprecia, esta prohibición había sido contemplada desde el comienzo
respecto del ejercicio de la docencia en entes universitarios públicos, es decir, no
hace referencia a la misma consecuencia cuando dicha actividad se cumple en
universidades privadas.
Posteriormente, con la expedición de la Constitución Política de 1991 se reiteró la
prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público en los
siguientes términos.
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
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Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el
de las descentralizadas.»
De acuerdo con lo anterior, es claro que el mencionado postulado prohibitivo impide
la coexistencia de dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen los
recursos públicos. En este sentido, la norma comprende los siguientes
presupuestos privativos, i) desempeñar dos empleos oficiales de forma
simultánea y ii) recibir más de una asignación del erario.
Bajo el panorama expuesto, se advierte que la prohibición establecida por la
Constitución Política, de recibir dos o más pagos con fuente de financiación de
recursos públicos, abarca también a las pensiones, en términos generales, siempre
y cuando su origen provenga de aportes derivados de vinculaciones con el Estado,
pues en nada se refiere a hace alusión al ejercicio de una actividad propia de un
contrato de trabajo en el sector privado.
En suma, no se advierte en el ordenamiento jurídico ninguna disposición que
expresamente prohíba a un pensionado con una prestación de naturaleza pública,
devengar tal derecho y a la vez recibir un salario propio de una relación de trabajo
con un empleador privado, pues todo el régimen de incompatibilidades se configura
entre dos asignaciones del erario, más aún cuando incluso en virtud de un ejercicio
de comparación, para un empleado público en servicio activo, tal situación
contempla una excepción en el caso de la ejecución de horas cátedras en
instituciones educativas oficiales.
Ahora bien, en materia de causación y efectividad de una pensión de jubilación
derivada de aportes del sector público en virtud de la aplicación de la Ley 33 de
1989, debe precisarse que el artículo 1° de dicha norma consagró los requisitos que
determinan cuándo se consolida el derecho, es decir, el momento en que el
solicitante adquiere el estatus jurídico de jubilado que lo habilita para reclamar el
reconocimiento de la prerrogativa. Tal precepto consagra lo siguiente,
«ARTÍCULO 1.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho
a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. […]»
Como se observa, la fecha de causación de una pensión como la que es objeto de
estudio, será aquella en la que el reclamante acredite haber cumplido con las dos
exigencias de la norma en cita, esto es, 55 años de edad y 20 de servicio. En todo
caso, lo anterior no significa que desde ese preciso momento deba ser pagada la
prestación, pues la fecha de efectividad depende de otro factor en el evento
específico de los servidores públicos, correspondiente, en esencia, al retiro definitivo
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del servicio, esto para evitar el abono concomitante de dos asignaciones del tesoro
público por prohibición expresa del artículo 128 constitucional.
De hecho, lo propio fue precisado en su momento por el artículo 1° del Decreto 625
de 1988 (regulatorio en materia pensional de servidores públicos) 10, norma que
actualmente se encuentra compilada en el Decreto 1833 de 2016 (Único
Reglamentario del Sector Sistema de Seguridad Social en Pensiones), cuyo artículo
2.2.8.3.1. prevé lo siguiente,
«[…] ARTÍCULO 2.2.8.3.1. Efectividad del pago de la pensión para servidores
públicos. La pensión de jubilación una vez reconocida, se hace efectiva y debe
pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado
definitivamente del servicio oficial. Para tal fin la entidad de previsión social
comunicará al organismo donde labora el empleado, la fecha a partir de la cual va a
ser incluido en la nómina de pensionados, para efecto de su retiro del servicio. Para
cobrar su primera mesada el pensionado deberá acreditar su retiro, mediante copia
auténtica del acto administrativo que así lo dispuso o constancia expedida por el jefe
de personal de la entidad donde venía laborando. […]». (Subrayado fuera de
texto).
En tal sentido, resulta evidente que en lo que respecta a la situación jurídica de
efectividad de una pensión de jubilación reconocida a un servidor público con base
en los aportes derivados exclusivamente de sus vinculaciones legales y
reglamentarias con el Estado, es decir, con base en los preceptos de la Ley 33 de
1985, la norma aplicable en este aspecto sería el Decreto 625 de 1988, compilado
en el Decreto 1833 de 2016, por lo que solo sería exigible al reclamante la
demostración del retiro definitivo del servicio, pues en el momento en que ello ocurra
se configura materialmente la fecha efectiva de pago de la prestación.
Resolución del caso concreto
Como primer argumento de inconformidad de la entidad apelante, se recuerda que
esta adujo que el demandante no adquirió el derecho al pago del retroactivo de
mesadas pensionales desde su desvinculación del servicio público, puesto que su
prestación estaba regulada por los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990
(aprobado por el Decreto 758 del mismo año), preceptos que expresamente indican
que la prerrogativa en comento solo puede ser reconocida a partir del momento de
la desafiliación del reclamante al sistema pensional, dado que para su liquidación
debe tenerse en cuenta hasta la última semana cotizada por el mismo riesgo.
Ahora bien, lo cierto es que a partir del acervo probatorio recaudado y practicado en
el presente caso, se observa con claridad que la misma parte demandada precisó
que la pensión de jubilación otorgada al reclamante en virtud de la Resolución
0026068 del 19 de junio de 200711, y posteriormente reliquidada con base en la
10 Por el cual se modifica el artículo 76 del Decreto 1848 de 1969.
11 Folio 65.
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Resolución GNR 341742 del 5 de diciembre de 201312, tuvo como fundamento
normativo la Ley 33 de 1985, la cual es aplicable exclusivamente a los servidores
públicos, tanto así que señaló que para el efecto, solo tuvo en cuenta los tiempos
de labor oficial prestados y cotizados por el señor Daza Camargo en razón de sus
vinculaciones con la Contraloría General de Bogotá y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de la misma ciudad.
Lo propio se extrae de la siguiente motivación obrante en el último acto
administrativo precitado.
Como se aprecia de lo expuesto, la parte pasiva descartó la aplicación de la
regulación especial pensional de los empleados de la Contraloría General de la
República, así como la de la Ley 71 de 1988, la Ley 797 de 2003 y puntualmente la
del Decreto 758 de 1990, todo por cuanto la norma realmente tenida en cuenta para
conceder la prerrogativa más favorable para el demandante, fue la Ley 33 de 1985,
esto por haber sido considerado como beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993.
En tal sentido, no halla respaldo la postura de Colpensiones sobre la aplicación en
el caso del accionante de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, que
condicionaban la fecha de pago de la mesada pensional a la desafiliación de la
mentada entidad, pues como se advierte de lo expuesto previamente, tal regulación
no fue la que determinó la prestación objeto de análisis, sino la consagrada
exclusivamente para los servidores del Estado.
De hecho, es de destacar en este litigio que, incluso el artículo 9° del Decreto 1160
de 1988 que contempla la necesidad de demostrar la desafiliación del solicitante al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones para que la pensión de jubilación sea
efectiva, tampoco resultaría aplicable a la situación particular del demandante, pues
la norma en mención es regulatoria de la Ley 71 de 1988 que consagra una pensión
por acumulación de aportes del sector público y privado, lo cual no corresponde al
12 Folios 6 a 13.
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régimen de pensión que le fue aplicado al señor Daza Camargo como se adujo
previamente, en la medida en que esta le fue otorgada con base exclusivamente de
sus aportes del sector público. Es decir, no sería viable para la entidad acudir a
dicha normativa para exigirle al accionante que se desafilie del sistema a fin de que
le sea otorgado su derecho.
Por lo tanto, al actor no era viable condicionarle el goce de su prerrogativa a la
desvinculación del sistema pensional, pues esta no le fue reconocida con base en
los preceptos del Decreto 758 de 1990 ni de la Ley 71 de 1988, sino bajo los
postulados de la Ley 33 de 1985, la cual, conforme al artículo 1° del Decreto 625 de
1988 (compilado actualmente en el artículo 2.2.8.3.1. del Decreto 1833 de 2016),
solo exige para su causación el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo
laborado, y para su efectividad y correspondiente pago, la demostración del retiro
definitivo del servicio oficial, ello con motivo de la prohibición de recibir doble
asignación del erario contenida en el artículo 128 constitucional, tal como sería la
pensión por aportes públicos y el salario derivado de un nombramiento en una plaza
estatal.
Bajo este contexto, en el entendido de que la prestación otorgada al accionante no
ha computado ni incluido los tiempos de trabajo cotizados por aquel en razón de sus
contratos de trabajo, resulta claro que no era adecuado exigirle terminar su último
vínculo laboral particular, y en consecuencia dejar de cotizar a Colpensiones por tal
relación con el fin de recibir su prerrogativa de origen público, toda vez que los
aportes que aquel realizó por la labor desarrollada en Abitbol y Bigio Vanytex S.A.
y en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, es decir, eminentemente
privados, no influyeron en la liquidación y determinación del derecho concedido en
virtud de la Ley 33 de 1985.
Según lo expuesto, el pago de la prerrogativa concedida al demandante en virtud
de la Resolución GNR 341742 del 5 de diciembre de 2013, esto es, la consolidada
por la labor oficial prestada por el señor Daza Camargo, solo podía condicionarse a
la fecha de retiro definitivo del servicio público ocurrido el 3 de mayo de 2012 cuando
fue declarado insubsistente su nombramiento como jefe de la oficina asesora
jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, no así a la
desafiliación del sistema pensional que Colpensiones estimó configurada el 1° de
diciembre de 2013, ello habida cuenta de que en su caso no eran aplicables el
Decreto 758 de 1990, la Ley 71 de 1988, ni el Decreto 1160 de 1988 que
consagraban tal limitante, sino que su situación estaba gobernada por la Ley 33 de
1985 y el Decreto 625 de 1988 (compilado por el Decreto 1833 de 2016).
Cambio de postura jurisprudencial en casos como el presente
Sobre el particular, la Subsección considera necesario precisar que bajo el análisis
desarrollado hasta este punto, se variará la línea interpretativa que en asuntos con
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019)
algunas similitudes fácticas y jurídicas se habían resuelto previamente por esta
misma Sala, tales como en los procesos con números internos 4784-2016, 2306-
2017 y 1075-2018.13
Lo anterior se justifica en la medida en que, en atención a un examen de
reconsideración de postura jurídica, se evidenció el hecho de que en los asuntos en
los que un ex servidor público haya adquirido su pensión de jubilación con base en
la Ley 33 de 1985, puntualmente en lo que respecta a la efectividad de la prestación,
tendrá que aplicársele el Decreto 625 de 1988 (compilado por el Decreto 1833 de
2016), pues era aquella la norma vigente que regulaba lo propio, no así el Decreto
1160 de 1988 como se aseguraba anteriormente, dado que este último es especial
para quienes obtuvieron el derecho por acumulación de aportes privados y públicos
en aplicación de la Ley 71 de 1988, situación que se reitera, no es la configurada en
el presente litigio.
De otra parte, el segundo argumento de impugnación de la autoridad recurrente, se
centra en asegurar que en lo que respecta a la situación del reclamante, resultaban
aplicables los preceptos de las Leyes 30 de 1992 y 60 de 1993 en punto a la
posibilidad de los servidores públicos de desempeñar la labor docente universitaria
por horas cátedra, solo hasta un monto que no supere las 8 horas diarias de trabajo
en diferentes entidades públicas por disposición del parágrafo del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992, lo cual asegura que el actor no cumplió, pues su vinculación con el
ente universitario fue de tiempo completo.14
Ahora, al respecto la Sala debe precisar que tal normativa no regía la situación
particular del reclamante, no solo porque esta prevé lo propio para servidores
públicos en actividad y no para pensionados como lo era aquel durante el período
objeto de discusión, sino además porque las horas cátedra a que se refiere tales
enunciados, hacen alusión a las prestadas en entes universitarios públicos, no
privados, pues sobre estos últimos no existe ninguna prohibición o reglamentación
en concreto cuando sean ejecutadas por funcionarios estatales y mucho menos
para los jubilados.
Asimismo, Colpensiones aseguró que era de obligatoria observancia en el litigio
bajo estudio, el artículo 19 de la Ley 344 de 199615 que contempla lo siguiente.
«ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993
y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión
de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio,
hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán
13 Sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, el 29 de abril de 2021,
Radicado 25000234200020140372601 (4784-2016); el 5 de noviembre de 2020, radicado
05001233300020140201601 (2306-2017); y el 26 de noviembre de 2020, radicado 25000234200020160103901
(1075-2018).
14 Folio 117.
15 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
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hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar
solamente después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas
instituciones.»
No obstante, nuevamente la parte recurrente desconoce que el contexto de la ley
precitada y puntualmente del precepto transcrito es aplicable únicamente para los
docentes universitarios oficiales, pues tal marco jurídico fue desarrollado para
disminuir el gasto público y en nada se refirió a los educadores de instituciones
privadas de educación superior. De hecho, la Corte Constitucional examinó la
exequibilidad de tal norma a través de la sentencia C-584 de 1997, en la que precisó,
«[…] 8. La norma estudiada busca impedir que una persona pueda gozar,
simultáneamente, del derecho a la estabilidad en un cargo público y de la pensión
de jubilación. Con ello, se pretende liberar una de las dos fuentes de provisión de
los recursos involucrados, a fin de destinarlos a satisfacer necesidades de terceras
personas. En efecto, si el servidor público opta por continuar trabajando hasta
cumplir la edad de retiro forzoso, se disminuye temporalmente la presión financiera
sobre los fondos que deben orientarse al pago del pasivo laboral. Si, de otra parte,
decide hacer efectiva la pensión, se libera una plaza pública que deberá ser
provista por una nueva persona, en edad de trabajar.
Tanto los cargos públicos como los recursos que, hoy por hoy, se destinan al pago
del pasivo pensional de los servidores públicos, constituyen bienes escasos que
deben ser distribuidos con criterio de equidad y siguiendo los imperativos del
principio de solidaridad. En particular, el régimen de carrera administrativa consagra
una serie de disposiciones que, como la edad de retiro forzoso, definen límites al
derecho de estabilidad laboral, a fin de lograr una distribución más equitativa de los
cargos públicos y de patrocinar el acceso, en condiciones de igualdad, a la función
pública.
[…] En las condiciones expuestas, considera la Corte que la norma estudiada
persigue una finalidad legítima de especial importancia constitucional. En primer
lugar, está destinada a racionalizar los recursos asignados al pago del pasivo laboral
de los servidores públicos, a fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las
necesidades básicas que la seguridad social está llamada a satisfacer. Pero busca,
adicionalmente, un efecto supletorio, cual es el de aumentar las oportunidades de
acceso de todas las personas, en igualdad de condiciones, a los cargos públicos.
[…]». (Negrilla y subrayado intencional).
En tal sentido, queda claro que el cargo público al que hace mención la Corte
Constitucional es el de docente universitario que la norma indica como la plaza que
podrá ocuparse hasta por 10 años más después de haber adquirido el derecho
pensional, y cuya efectividad se contempló hasta tanto se demostrara el retiro de tal
labor oficial. Es decir, aquel precepto no se refiere a un educador de una institución
educativa de naturaleza privada, pues la ley no tuvo ese alcance ni objeto en ningún
momento. Por lo tanto, resulta evidente que dicho artículo no es aplicable al
demandante, en la medida en que este no se desempeñó como docente
universitario oficial, sino privado al servicio de una sociedad sin ánimo de lucro como
lo es la Fundación Universidad Autónoma de Colombia.16
16 Folio 23.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019)
En todo caso, adicionalmente a lo expuesto hasta este punto, debe precisarse que
tal como se expuso en el desarrollo del marco normativo del asunto bajo estudio, la
percepción de una pensión de jubilación derivada exclusivamente de cotizaciones
del sector público no es incompatible con el pago de un salario por el desarrollo de
un contrato de trabajo privado, pues no existe ninguna norma que así lo prohíba, en
la medida en que dicha restricción solo está prevista constitucionalmente para el
caso de dos asignaciones del tesoro público, lo cual no ocurre en el presente litigio,
en el entendido de que lo que habría recibido el accionante de manera concomitante
desde el 3 de mayo de 2012, solo habría sido una prestación periódica derivada de
fondos estatales y una remuneración inherente a una relación de trabajo particular,
no de un vínculo legal y reglamentario que sí habría generado una imposibilidad de
coexistencia.
Sobre el punto es de recordar que toda restricción en materia laboral debe estar
expresamente señalada por una norma del rango suficiente para lo propio, tal como
sucedería con las incompatibilidades o inhabilidades, las cuales básicamente
prohíben el ejercicio simultáneo de dos actividades o condiciones para el
desempeño de un empleo oficial. Pues bien, en lo atinente al desempeño de un
trabajo en el sector privado bajo la calidad coetánea de pensionado del sector
público, se advierte que no figura en ningún precepto del ordenamiento jurídico una
interdicción para tal efecto, por lo que la entidad demandada no podía suspender el
pago de la prestación que le había sido reconocida al actor desde la fecha de retiro
definitivo del servicio estatal.17
Es decir, el marco jurídico aplicable al presente caso no contempla como
incompatible la condición de jubilado en goce de una pensión financiada de recursos
estatales, y el ejercicio de la docencia en un claustro de educación superior de
naturaleza privada. Considerar lo contrario implicaría restringir de manera invasiva
el derecho al trabajo de los adultos mayores que ya no se encuentren vinculados al
servicio del Estado, pero que aún pueden desempeñar una labor esencial de
enseñanza formativa en razón de su experiencia y conocimientos, lo cual a su vez
les puede generar un ingreso adicional que no reñiría de ninguna manera con el
postulado constitucional que prevé la imposibilidad de devengar simultáneamente
dos asignaciones del tesoro público.
En suma, la exigencia de la parte pasiva hacia el accionante para que demostrara
su desafiliación al RPMPD, en orden de que fuera efectiva la prestación que le fue
reconocida en razón de la Ley 33 de 1985 y por lo tanto tuviera acceso a un pago
retroactivo de mesadas causadas, se torna ilegal si se tiene en cuenta que por ser
una pensión de origen público, aquel solo debía acreditar el retiro definitivo del
servicio prestado al Estado y no a un empleador particular.
17 Esto es, desde el 3 de mayo de 2012 según el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento
del demandante en el cargo de jefe de oficina asesora jurídica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá ESP (ver folios 20 y 24).
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019)
Bajo dicho contexto, la Sala encuentra acertada la decisión del tribunal de primera
instancia que ordenó el abono a favor del demandante del retroactivo de mesadas
pensionales adeudadas a su favor desde el 3 de mayo de 2012 y hasta el 1.° de
diciembre de 2013, por lo que habrá de confirmarse el fallo apelado.
Condena en costas de segunda instancia
Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de dos mil dieciséis (2016),18 respecto
de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió
del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.
En el caso bajo examen, de la revisión de la demanda y de la oposición a la misma,
no se observa que sea manifiesta una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas partes en sus escritos
manifestaron razones en defensa jurídica de sus intereses. Por tal razón, al no
encontrarse acreditado tal presupuesto normativo, no se condenará en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos
mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda, en el proceso promovido por el señor José Félix Daza Camargo contra la
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019)
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada, según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a los abogados Angélica Margoth
Cohen Mendoza, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.709.957, portadora
de la tarjeta profesional 102.786 del Consejo Superior de la Judicatura, y a Brandon
Samir Vergara Jácome, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.083.027.098
con tarjeta profesional 312.933 de la misma entidad, ello como apoderados principal
y sustituto de Colpensiones respectivamente, conforme al poder que les fue
otorgado según memoriales visibles en el índice 24 de la plataforma SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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