Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2017-00166-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-33-000-2017-00166-01 (0364-2025)
Demandante: Jesús María Hincapié Ramírez
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones
─COLPENSIONES─
Tema: Fecha de efectividad del reconocimiento pensional por vejez.
Distinción entre causación del derecho y su disfrute.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la
sentencia proferida el catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024),
por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Jesús María Hincapié Ramírez instauró demanda contra la
Administradora Colombiana de Pensiones ─COLPENSIONES─, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. GNR378089 del 26 de octubre
de 2014, por medio de la cual se reliquidó su pensión de vejez; y de la Resolución
Nro. GNR110934 del 19 de abril de 2015, mediante la cual se confirmó el anterior
acto administrativo.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le pague la pensión de
vejez desde la fecha de retiro efectivo, esto es, desde el 24 de noviembre de
2011.
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4. Que se condene a pagar las diferencias adeudadas de conformidad con el
índice de precios al consumidor o, al por mayor, como lo autoriza el artículo 48
de la Constitución Política y el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que laboró al servicio del Estado por más de 20 años, razón por la que se le
reconoció la pensión de vejez a través de la Resolución Nro. GNR360110 del 18
de diciembre de 2013.
7. Que el acto de reconocimiento pensional omitió pagar la prestación desde la
fecha de retiro del servicio y omitió incluir en el IBL todos los factores salariales,
motivo por el que formuló recurso de reposición contra dicha resolución.
8. Que mediante Resolución Nro. GNR378089 del 26 de octubre de 2014 se
reliquidó su pensión de vejez, teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados.
9. Que, pese a lo anterior, dicho acto liquidó el retroactivo a partir de marzo de
2014 y no desde la fecha en que se generó su retiro del servicio.
10. Que interpuso recurso de reposición contra la anterior resolución, el cual se
resolvió a través de la Resolución Nro. GNR110934 del 19 de abril de 2015.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
11. Consideró violados los artículos 2, 13, 25 y 58 de la Constitución Política; el
artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo; y las Leyes 33 de 1985 y 71 de
1988.
12. Que los actos demandados son nulos por infringir las normas en las que
debieron fundarse, al considerar que tiene derecho a percibir su pensión de vejez
desde la fecha en la que se retiró del servicio.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
13. La demanda se admitió en auto del 23 de septiembre de 2020.
14. COLPENSIONES manifestó que no se evidenció la ocurrencia de una vía de
hecho en materia pensional que comprometiera el debido proceso, ni se
desconocieron derechos irrenunciables de carácter pensional. Que el
demandante laboró en el Instituto de Tránsito y Transporte del Meta hasta el 24
de noviembre de 2011, pero que su historial laboral reportó que continuó
cotizando, en calidad de independiente, desde mayo de 2012 y hasta el 1° de
agosto de 2013, por lo que se tuvo como fecha de efectividad de la prestación el
día siguiente a la última cotización efectuada.
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15. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia del derecho
reclamado, cobro de lo no debido y buena fe.
16. Mediante auto del 29 de agosto de 2023, decidió impartirse el trámite de
sentencia anticipada, para lo cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. Se
corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia que fue apelada en
el plazo oportuno por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
17. El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del catorce (14) de
noviembre de dos mil veinticuatro (2024), accedió a las pretensiones. Señaló que
la postura de la entidad demandada, respecto de la aplicación del artículo 13 del
Decreto 758 de 1990, no hallaba respaldo, porque dicha regulación no resultaba
aplicable ya que se trata de una prestación dispuesta, exclusivamente, para los
servidores del Estado.
18. Que no era viable condicionarle al demandante el goce de su prerrogativa a
la desvinculación del sistema pensional, en la medida que la prestación no le fue
reconocida con base en los preceptos del Decreto 758 de 1990, sino bajo los
postulados de la Ley 33 de 1985, la cual, conforme al artículo 1 del Decreto 625
de 1988 (compilado en el artículo 2.2.8.3.1. del Decreto 1833 de 2016), solo exige
para su causación el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo laborado,
y para su efectividad y correspondiente pago, la demostración del retiro definitivo
del servicio oficial; ello, con motivo de la prohibición de recibir doble asignación
del erario contenida en el artículo 128 constitucional, tal como sería la pensión
por aportes públicos y el salario derivado de un nombramiento en una plaza
estatal.
19. Indicó que como la prestación otorgada al accionante no computó ni incluyó
los tiempos de trabajo cotizados durante el periodo comprendido entre el 1° de
mayo de 2012 y el 31 de julio de 2013, no era adecuado exigirle dejar de cotizar
a COLPENSIONES con el fin de recibir su prerrogativa de origen público, porque
los aportes que realizó como trabajador independiente no influyeron en la
liquidación y determinación del derecho concedido en virtud de la Ley 33 de 1985.
20. Que la exigencia de que se demostrara su desafiliación al régimen de prima
media con prestación definida, para que fuera efectiva la prestación que le fue
reconocida debido a la Ley 33 de 1985 y, por lo tanto, tuviera acceso a un pago
retroactivo de mesadas causadas, era ilegal, si se tenía en cuenta que, por ser
una pensión de origen público, el actor solo debía acreditar el retiro definitivo del
servicio prestado al Estado y no a un empleador particular.
21. Declaró la nulidad de las Resoluciones Nro. GNR378089 del 26 de octubre
de 2014 y GNR110934 del 19 de abril de 2015. A título de restablecimiento del
derecho, condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar el retroactivo
pensional de las mesadas causadas y no abonadas a partir del 25 de noviembre
de 2011, cuando se produjo su retiro definitivo del servicio, y no como le fue
otorgada la prestación desde el 1° de agosto de 2013.
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22. Finalmente, declaró no probada la excepción de prescripción y condenó en
costas de primera instancia a la demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
23. La entidad demandada interpuso recurso de apelación en el que indicó que
no existía discusión frente a que la fecha de retiro del demandante del Instituto
de Tránsito y Transporte del Meta fue el 24 de noviembre de 2011. Que, sin
embargo, posterior a esa fecha de retiro, continuó cotizando en calidad de
independiente entre mayo de 2012 y el 1° de agosto de 2013.
24. Que el reconocimiento pensional estuvo de acuerdo con lo dispuesto en el
Acuerdo 049 de 1990, que dispuso que la pensión de vejez se reconoce cuando
se produzca la desafiliación al régimen; en la Circular 24 del 6 de marzo de 2018,
que contempló una serie de reglas referidas a la fecha de disfrute de la pensión
de vejez; y la Sentencia T-626 de 2014.
25. Adujo que la prestación económica se reconoció a partir del día siguiente a
la última cotización, esto es, a partir del 1° de agosto de 2013, en atención a que
su última cotización como independiente la realizó para ese mes, razón por la
que los actos administrativos proferidos se encuentran ajustados a derecho.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
26. El 11 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados1.
27. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
28. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si el reconocimiento pensional
que se efectuó a favor del señor Jesús María Hincapié Ramírez debió hacerse a
partir de la fecha de su última cotización o, por el contrario, a partir de la fecha de
su retiro del servicio.
Fecha de efectividad del reconocimiento pensional por vejez
29. El Decreto 1848 de 1969, modificado por el Decreto 625 de 1988 y compilado
en el Decreto 1833 de 2016, dispuso lo siguiente respecto al pago de las
mesadas pensionales:
1 Véase a índice 4 de SAMAI.
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«Artículo 2.2.8.3.1. Efectividad del pago de la pensión para servidores
públicos. La pensión de jubilación una vez reconocida, se hace efectiva y
debe pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya
retirado definitivamente del servicio oficial. Para tal fin la entidad de previsión
social comunicará al organismo donde labora el empleado, la fecha a partir
de la cual va a ser incluido en la nómina de pensionados, para efecto de su
retiro del servicio. Para cobrar su primera mesada el pensionado deberá
acreditar su retiro, mediante copia auténtica del acto administrativo que así
lo dispuso o constancia expedida por el jefe de personal de la entidad donde
venía laborando».
30. Por su parte, la Ley 33 de 1985, «Por la cual se dictan algunas medidas en
relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector
Público», reguló un régimen pensional en el siguiente sentido:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado
oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a
jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que,
por vía general, establezca el Gobierno.
Parágrafo 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la
pensión de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas
de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo
señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el
cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro
(4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y
se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a
la ley.
Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años contínuos o discontínuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que
regían con anterioridad a la presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como
empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán
derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o
cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se
reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el
momento de su retiro.
Parágrafo 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta
Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se
continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley».
31. Luego, el Decreto 758 de 1990, «Por el cual se aprueba el Acuerdo número
049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios», dispuso lo siguiente, sobre la fecha de efectividad del
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reconocimiento pensional por vejez:
«Artículo 13. Causación y disfrute de la pensión por vejez. La pensión de
vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos
mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su
desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma.
Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana
efectivamente cotizada por este riesgo.
Artículo 35. Forma de pago de las pensiones por invalidez y vejez. Las
pensiones del Seguro Social se pagarán por mensualidades vencidas, previo
el retiro del asegurado del servicio o del régimen, según el caso, para que
pueda entrar a disfrutar de la pensión El Instituto podrá exigir cuando lo
estime conveniente, la comprobación de la supervivencia del pensionado,
como condición para el pago de la pensión, cuando tal pago se efectúe por
interpuesta persona».
32. Nótese que las anteriores disposiciones distinguen, claramente, entre la
causación del derecho y su disfrute. Mientras la primera categoría se refiere al
momento en el que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y tiempo de
servicios o número de cotizaciones —estructuración del derecho—; la segunda
alude al instante a partir del cual puede gozar de ese derecho y que, conforme
con las normas mencionadas, está condicionado al retiro del sistema.
33. Ahora, con la Ley 100 de 1993 se estableció un régimen de transición para
aquellas personas que, al momento de su entrada en vigor ─1° de abril de 1994
o 30 de junio de 1995─, estaban próximas a cumplir los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de vejez, por lo que quienes ostentaran alguna de
las condiciones previstas en su artículo 36 podían pensionarse con el
cumplimiento de los requisitos dispuestos en las normas anteriores, lo cual se
justificó en la intención de salvaguardar la expectativa legítima de adquirir una
pensión de jubilación, toda vez que la Ley 100 de 1993 reguló mayores
exigencias para obtener el reconocimiento y pago de la prestación de jubilación.
34. En ese orden, el artículo 36 se ocupó de: i) establecer en qué consiste el
régimen de transición y los beneficios que otorga; ii) señalar qué categoría de
trabajadores pueden acceder a dicho régimen; y iii) definir bajo qué
circunstancias el mismo se pierde. Así las cosas, el régimen de transición prevé
como beneficio para acceder a la pensión de vejez, que la edad, el tiempo de
servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta, sea la establecida
en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado el trabajador.
Resolución del caso concreto
35. La entidad demandada pretende que se revoque la sentencia de primera
instancia por estimar que el reconocimiento pensional por vejez que efectuó a
favor del señor Jesús María Hincapié Ramírez estuvo conforme a derecho,
porque la prestación debía disfrutarse a partir del momento en que se desafilió
del sistema de seguridad social en pensiones.
36. Se tiene que el demandante contaba con 43 años al 30 de junio de 1995,
fecha para la cual también acreditó más de 15 años de servicios al Estado, razón
por la que es claro que era beneficiario del régimen de transición previsto en la
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Ley 100 de 1993, lo que supone que debía aplicársele el régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985.
37. Luego de prestar sus servicios al Instituto de Tránsito y Transporte del Meta
en el período comprendido entre el 18 de febrero de 2008 y el 24 de noviembre
de 2011, solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez el 21 de marzo de
2012, la cual se le reconoció en aplicación de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985
y con efectos fiscales a partir del 1° de agosto de 2013, fecha que corresponde
con su retiro del sistema de seguridad social en pensiones.
38. Con base en lo anterior, se pone de presente que COLPENSIONES efectuó
una interpretación errónea de la normativa aplicable al reconocimiento pensional
porque, tal y como lo advirtió el fallador de primera instancia, no podía
condicionársele el disfrute de sus mesadas con sustento en lo regulado en el
Decreto 758 de 1990 pues, como beneficiario del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, la causación y disfrute de su derecho estaba supeditado a lo
preceptuado por la Ley 33 de 1985.
39. Esta misma posición fue expuesta por esta subsección en sentencia del 3 de
agosto de 2023, según la cual «la efectividad de una pensión de jubilación
reconocida a un servidor público con base en los aportes derivados
exclusivamente de sus vinculaciones legales y reglamentarias con el Estado, es
decir, con base en los preceptos de la Ley 33 de 1985, la norma aplicable en este
aspecto sería el Decreto 625 de 1988, compilado en el Decreto 1833 de 2016,
por lo que solo sería exigible al reclamante la demostración del retiro definitivo
del servicio, pues en el momento en que ello ocurra se configura materialmente
la fecha efectiva de pago de la prestación»2.
40. En el caso que se revisa, si bien el demandante elevó la petición de
reconocimiento pensional tiempo después de haber cumplido los requisitos y, aun
así, continuó con las cotizaciones —tanto como dependiente e independiente—,
es palmario que su solicitud fue una muestra de voluntad real para que se le
reconociera y pagara la prestación de vejez con efectividad al cumplimiento de
los requisitos de ley, por lo que fue desacertado que se condicionara el disfrute
de la prestación ante la concurrencia de cotizaciones «particulares» al momento
de la desafiliación del sistema de seguridad social en pensiones, máxime si se
tiene en cuenta que estas no tenían la virtualidad de influir en la determinación
del derecho que se gestó en virtud de la Ley 33 de 1985.
41. Avalar la posición de la entidad demandada supone asumir que el
cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento pensional implica,
además, el retiro efectivo del sistema de seguridad social en pensiones como
condición necesaria para el disfrute de la pensión, postura que omite, como se
analizó, que existen excepciones a la obligación de desafiliación formal del
sistema para disfrutar de la pensión de vejez.
42. Conforme con los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia
proferida el catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), por el
2 Proferida en proceso con radicación 25000-23-42-000-2015-05405-01 (5167-2019).
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Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
Condena en costas de segunda instancia
43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
44. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público. Esto creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
46. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Meta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el catorce (14) de noviembre de
dos mil veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de
la cual se accedió a las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandada en segunda instancia,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00166-01 (0364-2025)
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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