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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-31-003-2011-00197-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-31-003-2011-00197-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Modifícase la sentencia proferida el 20 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Casanare, la cual queda así: “PRIMERO. DECLÁRASE no probadas las excepciones planteadas por la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la desaparición forzada, tortura, tratos crueles y homicidio del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez, en hechos ocurridos desde el 27 de febrero de 2003, entre los municipios de Recetor y Chámeza – Casanare. TERCERO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar a título de perjuicios morales, en favor de las siguientes personas y por los montos establecidos a continuación: Demandante Parentesco Daños morales Gladis María Rodríguez de Munive Madre 200 SMLMV Eudes Ramón Munive Rodríguez Hermano 100 SMLMV Favián Andrés Munive Rodríguez Hermano 100 SMLMV Hermes Jesús Munive Rodríguez Hermano 100 SMLMV Geinis Tatiana Munive Rodríguez Hermana 100 SMLMV TOTAL 600 SMLMV El monto del salario mínimo será el que esté vigente al momento de la ejecutoria de esta sentencia. CUARTO: CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a título de medidas de satisfacción y reparación: i) Si los demandantes así lo solicitan en el mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, reconocer en un acto público -cuyo día, hora y ciudad será concertado con los actores del proceso de reparación directa- la responsabilidad que le asiste en la desaparición forzada, tortura y homicidio del que fue víctima el médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, víctima del conflicto armado, al tiempo que reconocerá la gravedad de los hechos, dará garantías de no repetición y se les informará a los demandantes si se encuentran las condiciones -las cuales deben estar garantizadas- para que regresen al país, si así es su deseo; asimismo, se debe concertar con los actores que representantes de la entidad accionada y otros estamentos deben estar en el acto público. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 85001-23-31-003-2011-00197-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

6 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 85001-23-31-003-2011-00197-01 (58.788)
Demandante: EUDES MUNIVE RODRÍGUEZ Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL Y OTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DESAPARICIÓN
FORZADA

Síntesis del caso: los actores solicitan indemnización de perjuicios por la desaparición
forzada del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez en hechos ocurridos el 27 de febrero
de 2003 en el municipio de Recetor (Casanare).

Procede la Sala a dar cumplimiento al fallo de acción de tutela dictado por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado el 30 de abril de 2025, notificado el 8 de mayo del
año que transcurre, que amparó los derechos fundamentales del debido proceso,
acceso a la administración de justicia, igualdad y reparación integral de los
demandantes y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia emitida el 20 de
mayo de 2024 en el presente proceso, para que en su lugar se dicte fallo de
reemplazo.

Por consiguiente, la Sala decide nuevamente los recursos de apelación interpuestos
por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 467 a 488 cdno.
apelación), la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional (fls. 492 a 509 cdno.
apelación) y la parte demandante (fls. 521 a 527 cdno. apelación) en contra de la
sentencia proferida el 20 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Casanare (fls. 427 a 463 cdno. apelación) que dispuso:

“1. DECLARAR no probadas las excepciones planteadas por la Nación
(Policía y Ejército Nacional), conforme a lo dicho en la parte motiva.

2. DECLARAR administrativa y solidariamente responsables a la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional por la
desaparición forzada, tortura, tratos crueles y homicidio del señor Géiner
Antonio Munive Rodríguez, hechos ocurridos desde el 27 de febrero de

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2003, entre los municipios de Recetor y Chámeza – Casanare, cometidos
directamente por integrantes de las ‘Autodefensas Campesinas de
Casanare’ – ACC.

3. CONDENAR solidariamente a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y Policía Nacional a pagar a título de perjuicios morales
y daño inmaterial por afectación de bienes o derechos convencionales y
constitucionalmente amparados a los demandantes que se relacionan a
continuación en su condición de madre y hermanos, respectivamente, del
occiso Géiner Antonio Munive Rodríguez, hechos ocurridos desde el 27
de febrero de 2003, entre los municipios de Recetor y Chámeza -
Casanare, cometidos directamente por integrantes de las ‘Autodefensas
Campesinas de Casanare” – ACC., así:

Demandante Parentesco Daños Daño inmaterial por
morales afectación de bienes
o derechos
convencionales y
constitucionalmente
amparados
Gladis María Rodríguez Madre 200 SMLMV 200 SMLMV
Tolosa (sic)
Eudes Ramón Munive Hermano 100 SMLMV 100 SMLMV
Rodríguez
Favian Andrés Munive Hermano 100 SMLMV 100 SMLMV
Rodríguez
Eermes Jesús Munive Hermano 100 SMLMV 100 SMLMV
Rodríguez
Geinys (sic) Tatiana Hermana 100 SMLMV 100 SMLMV
Munive Rodríguez
TOTAL 600 SMLMV 600 SMLMV

Total condena: 1.200 SMLMV. El monto del salario mínimo será el que
esté vigente al momento de la ejecutoria de esta sentencia.

Sin perjuicio de la solidaridad frente a los demandantes, el pago de la
condena se distribuye presupuestalmente así:

ENTIDAD % de la condena a su cargo
Ejército Nacional 50% (600 SMLMV)
Policía Nacional 50% (600 SMLMV)

5. Ordenar descontar de lo que corresponda a la demandante Gladis
María Rodríguez Toloso (sic) y/o Gladis María Rodríguez de Munive, los
salarios recibidos del departamento de Casanare, en calidad de curadora
de los bienes de su hijo Géiner Antonio Munive, hasta agotar el monto de
las indemnizaciones ordenadas para ella en el presente proceso, sin que
pueda convertirse en deudora de la entidad territorial ni de la Nación, con
base en este fallo, según se advirtió en la motivación.

La Nación deberá transferir dichos recursos al departamento de Casanare
dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del acto
administrativo de liquidación de la condena; lo que corresponda a la
entidad territorial devengará intereses de mora a partir de ejecutoria del
fallo, de igual manera que lo reconocido a los demandantes.

Notificada la sentencia, sin esperar a ejecutoria, remítase por Secretaría
copia auténtica al gobernador de Casanare, con carácter informativo.

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

6. El importe neto de las condenas, efectuado el descuento indicado en la
motivación por los pagos indicados en la parte considerativa, así como
por los pagos que realice o haya realizado la Nación en virtud de la
reparación administrativa a víctimas del conflicto armado interno, si a ello
hubiere lugar, devengará intereses moratorios a partir de la ejecutoria del
fallo, según las previsiones del artículo 1 77 del CCA.

7. ORDENAR a título de medidas de satisfacción que el Estado
colombiano, por conducto de los ministros de interior, de justicia y del
derecho y de defensa directamente o a través de delegados que no
podrán ser de rango inferior a viceministro, realice los actos indicados en
la parte motiva de esta sentencia en los numerales 13 a 13.2.

8. DENEGAR las demás pretensiones.

9. Sin condena en costas.

10. Si la parte pasiva y condenada no apela, REMÍTASE al superior
funcional en grado de CONSULTA (art. 1 84 CCA).

11. En firme lo resuelto, por la Secretaría remítase copia auténtica de las
sentencias de las dos instancias al Centro de Memoria Histórica
(motivación 1 4); expídase primera copia auténtica con las constancias de
notificación, ejecutoria y mérito ejecutivo, con destino a la parte actora.
Déjese constancia en el expediente.

12. Ejecutado lo anterior, devuélvase al interesado el remanente de la
suma que se ordenó cancelar para gastos ordinarios del proceso si lo
hubiere; déjense las constancias a que haya lugar y archívese el
expediente.” (fls. 462 vuelto a 463 cdno. apelación - negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 1° de diciembre de 2011 (fl. 70 cdno. ppal. 1), los
señores Gladis María Rodríguez de Munive, Eudes Ramón Munive Rodríguez,
Favián Andrés Munive Rodríguez y Hermes Jesús Munive Rodríguez, así como
también la menor de edad Geinis Tatiana Munive Rodríguez1 quien actúa
representada por su progenitora, por intermedio de apoderado judicial promovieron
demanda de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código
Contencioso Administrativo CCA en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 1 a 70
cdno. ppal. 1) con las siguientes súplicas:

1 Los nombres y apellidos de los demandantes fueron escritos tal como aparecen en las notas de

presentación de los poderes visibles en folios 71 a 74 del cuaderno principal 1.

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

“PRIMERA: Que se declare que la Nación Colombiana Ministerio de
Defensa Ejército Nacional Policía Nacional, son responsables solidaria y
administrativamente por todos los daños y perjuicios tanto materiales y/o
patrimoniales, como extrapatrimoniales (perjuicios o daños morales y
vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes como el
derecho a la vida, a la integridad personal, a la familia, a la tranquilidad, a
la libertad, el derecho a no ser desaparecido forzadamente) ocasionados
a GLADYS (sic) MARÍA RODRÍGUEZ TOLOSO (sic), GINES ANTONIO
MUNIVE PERALTA2, EUDES RAMÓN MUNIVE RODRÍGUEZ, FAVIÁN
ANDRÉS MUNIVE RODRÍGUEZ, HERMES JESÚS MUNIVE
RODRÍGUEZ, GEINYS (sic) TATIANA MUNIVE RODRÍGUEZ, con
ocasión a la desaparición forzada de GÉINER ANTONIO MUNIVE
RODRÍGUEZ, según hechos ocurridos el día 27 de Febrero del 2003 entre
los municipios de Recetor y Chámeza del Departamento de Casanare.

SEGUNDA: Que como consecuencia de declaración de responsabilidad
de la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -
Policía se les condene a pagar a cada uno de los demandantes por
concepto de daños o perjuicios morales subjetivos, la suma de 100
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S. M. M. L. V) para cada
uno de ellos.

La liquidación de perjuicios morales se hará con base en el salario mínimo
mensual legal vigente, con la ejecutoria de la providencia que declara la
responsabilidad de los demandados.

TERCERA: Que como consecuencia de declaración de responsabilidad
de la Nación Colombiana Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -Policía
Nacional, se obligue a pagarle a todos y cada uno de los demandantes de
la presente acción por concepto de perjuicios materiales o patrimoniales
los que se demuestren en el curso del proceso, padecidos y futuros por
los demandantes. La condena de los perjuicios materiales se hará en la
cuantía que resulte de las bases demostradas en el proceso, reajustada
en la fecha de ejecutoria de la sentencia que declara la responsabilidad
de los demandados. Igualmente pagará los intereses compensatorios de
las sumas que por este concepto se impongan, desde el día 27 de Febrero
del 2003 hasta la fecha de ejecutoria de la providencia. Coetáneo a lo
anterior, los demandados pagarán los intereses moratorios sobre las
sumas condenadas desde la ejecutoria de la providencia hasta el día
anterior al que se verifique efectivamente el pago.

CUARTA: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad
de la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Policía Nacional se condene a pagar en favor de los demandantes por
concepto de perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales, por la violación
de varios derechos fundamentales, entre estos el derecho a la vida, a la

2 El señor Gines Antonio Munive Peralta fue enunciado en las pretensiones de la demanda como

integrante de la parte activa de la litis, sin embargo, no integra la misma por cuanto no confirió poder
y la demanda solo se admitió respecto de las personas que lo otorgaron, en concreto, en el auto
admisorio de la demanda del 19 de enero de 2015 se dijo que los demandantes eran “los señores
Eudes Ramón Munive Rodríguez, Favián Andrés Munive Rodríguez, Hermes Jesús Munive
Rodríguez en nombre propio y la señora Gladys (sic) María Rodríguez Toloso (sic) en nombre propio
y representación de su menor hija Geinys (sic) Tatiana Munive Rodríguez” (fl. 198 cdno. ppal. 1). De
igual manera, se pone de presente que en los hechos de la demanda (fl. 12 cdno. ppal. 1) se adujo
que el señor Gines Antonio Munive Peralta había fallecido, pero, no se allegó el registro civil de
defunción que pruebe dicho hecho y, lo cierto es que los demandantes tampoco accionaron en
representación de la masa sucesoral de aquel.

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

integridad personal, a la familia, a la tranquilidad, a la libertad derecho a
no ser desplazados forzadamente, el monto de 100 SMMLV por cada
derecho conculcado, de manera que para cada demandante le
corresponde la suma de 600 SMMLV.

La liquidación de perjuicios materiales o extrapatrimoniales, por la
violación de derechos fundamentales se hará con base en el salario
mínimo mensual legal vigente, con la ejecutoria de la providencia que
declara la responsabilidad administrativa de los demandados y concede
las pretensiones.

QUINTA: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad
de la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -
Policía Nacional se les obligue a pagar a favor de cada uno de los
demandantes de la presente acción por concepto de Daño a la vida de
relación, causado como consecuencia de la desaparición forzada de
GÉINER ANTONIO MUNIVE RODRÍGUEZ, en hechos ocurridos el 27 de
febrero del año 2007, entre los municipios de Recetor y Chámeza, en el
Departamento de Casanare la suma de cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

La liquidación por concepto de Daño a la Vida de relación se hará con
base en el salario mínimo mensual legal vigente, con la ejecutoria de la
sentencia que declare la responsabilidad administrativa de los
demandados.

SEXTA: Las sumas a que resulte condenada la Nación Colombiana -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional serán
actualizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA y
se reconocerán los intereses legales liquidados conforme a la variación
promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
la ocurrencia de los hechos hasta cuando se dé cumplimiento de la
sentencia, es decir, al pago efectivo de esta suma por parte de las
autoridades responsables.

SÉPTIMA: Como consecuencia de la declaración anterior, que se obligue
a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -
Policía Nacional por concepto de Medidas de Satisfacción respecto al
daño al proyecto de vida de las víctimas, a otorgar un tratamiento médico
y psicológico a los familiares de GÉINER ANTONIO MUNIVE
RODRÍGUEZ de acuerdo a los siguientes presupuestos:

• El tratamiento médico debe ser sostenido y permitir atención
especializada.

• El tratamiento psicológico debe ser prestado por un profesional
especializado en tratar a víctimas de violencia y debe durar el tiempo que
sea necesario para la recuperación de los beneficiarios.

• Los profesionales deben ser elegidos por los familiares y remunerado
por la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -
Policía Nacional.

OCTAVA: Como consecuencia de la declaración anterior, se obligue a la
Nación Colombiana - Ministerio de Defensa Ejercito Nacional - Policía
Nacional por concepto de Garantías de no Repetición a hacer un
reconocimiento público de responsabilidad en la desaparición forzada de

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
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GÉINER ANTONIO MUNIVE RODRÍGUEZ, de lo cual se hará un acto
conmemorativo el 27 de febrero del año siguiente a la ejecutoria de la
providencia que apruebe el acuerdo conciliatorio.

NOVENA: Como consecuencia de la declaración anterior, se obligue a la
Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía
Nacional por concepto de Garantías de no Repetición a establecer un
mecanismo para apoyar el plan de vida de las personas que han sido
víctimas del conflicto armado interno.

DÉCIMA: Como consecuencia de la declaración anterior, se obliguen la
Nación Colombiana, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía
Nacional por concepto de Garantías de no Repetición a garantizar las
condiciones favorables para el regreso al lugar de donde fueron
desplazados forzosamente los demandantes por causa de la desaparición
forzada del joven GÉINER ANTONIO MUNIVE RODRÍGUEZ.

DÉCIMO PRIMERA: Como consecuencia de la declaración anterior, se
obligue a la Nación Colombiana, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Policía Nacional por concepto de Garantías de no Repetición a investigar
y a sancionar a los miembros de las Fuerzas Militares y a los miembros
de otros estamentos del Estado que son responsables por OMISIÓN de
la desaparición forzada del señor GÉINER ANTONIO MUNIVE
RODRÍGUEZ, con el fin de que este crimen no quede en la impunidad y
se garantice así a sus familiares el derecho a la verdad y a la justicia.

DÉCIMO SEGUNDA: Que se oficie a una comisión de la unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para que efectúe
la búsqueda del señor GÉINER ANTONIO MUNIVE RODRÍGUEZ.

DÉCIMO TERCERA: Los demandados en la presenta acción, es decir, la
Nación Colombiana, Ministerio de Defensa Ejército Nacional - Policía
Nacional darán cumplimiento a la decisión que mediante sentencia
profiera este Honorable Tribunal en los términos de los artículos 176 y 177
del Código Contencioso Administrativo”. (fls. 2 a 5 cdno. ppal. 1- negrillas
y mayúsculas fijas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) Desde el año 2001, el joven Géiner Antonio Munive Rodríguez prestaba sus
servicios como médico en el municipio de Recetor (Casanare), nombrado en
provisionalidad mediante Resolución no. 2340 del 6 de noviembre de dicho año
expedida por el secretario de salud del departamento de Casanare.

2) El 27 de febrero de 2003, integrantes de las denominadas Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) solicitaron atención médica en la zona rural ubicada en el

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Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
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municipio de Recetor y Chámeza (Casanare), lugar al que acudió el joven médico
junto con el señor Nairo Chaparro, conductor de la ambulancia del hospital del
municipio de Recetor y, desde ese día, ambas personas desaparecieron.

3) El bloque Martín Llanos de las AUC operaba en departamento del Casanare para
la época de los hechos y en el municipio de Recetor fue el responsable de la
desaparición de varias personas, aspecto que fue denunciado por el joven galeno
en un consejo de seguridad antes de que también desapareciera, no sin antes haber
denunciado en la Personería Delegada para los Derechos Humanos ser objeto de
amenazas.

4) Los familiares del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, desde el momento
en que se enteraron de su desaparición, de manera incesante iniciaron su búsqueda
e instauraron las denuncias correspondientes sobre la desaparición forzada de la
que aquel fue víctima, no obstante, por estas labores fueron amenazados, hecho
que los obligó a salir del país y desde el 7 de mayo de 2008 se encuentran asilados
en Canadá.

5) Como consecuencia de los anteriores hechos se inició un proceso penal en el
cual el señor Alexánder González Urbina aceptó la comisión del punible de
desaparición forzada del que fue víctima Géiner Antonio Munive Rodríguez y, en
sentencia del 14 de abril de 2008 fue declarado penalmente responsable.

6) Las entidades demandadas se encuentran llamadas a responder
patrimonialmente debido a que “es un hecho claro y específico que la desaparición
forzada de Géiner Antonio Munive Rodríguez se dio por la omisión de protección
por parte de las autoridades quienes tenían conocimiento acerca de la situación de
seguridad por la que atravesaba el Departamento del Casanare y en especial el
municipio de Recetor que para la época de los hechos era reconocido por su alto
índice de desapariciones y desplazamientos como el que obligó a su alcalde a
desplazarse a la ciudad de Bogotá” (fl 20 cdno. ppal. 1), “el Estado es responsable
administrativamente de la desaparición de Géiner Antonio Munive en la medida en
que no se implementaron las medidas necesarias y urgentes para evitarlo” (fl. 22
cdno. ppal. 1).

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
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3. Contestación de las entidades demandadas

Por auto del 19 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió
la demanda y ordenó la notificación personal de los representantes legales de las
entidades demandadas (fls. 198 a 200 cdno. 1).

1) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda por estimar que no tiene ninguna responsabilidad en
los hechos y, por el contrario, que la desaparición de Géiner Antonio Munive fue
causada por un grupo al margen de la ley, en consecuencia, propuso la excepción
de “hecho de un tercero”, asimismo, adujo que el médico no solicitó protección en
ningún momento ni tampoco advirtió que se encontraba amenazado (fls. 209 a 222
cdno. ppal. 1).

2) Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó que se
denieguen las pretensiones de la demanda por el hecho de que la desaparición
forzada del familiar de los actores no fue causada por un miembro del Estado sino
por particulares en ejercicio de actividades ilegales; propuso como excepciones i)
“caducidad de la acción”, porque de conformidad con el artículo 7 de la Ley 589 de
2000, el plazo para presentar la demanda en los casos de desaparición forzada se
cuenta desde la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal y, en este caso, la
sentencia condenatoria anticipada en contra del señor Alexánder González Urbina
por el delito de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y sucesivo
se dictó el 14 de abril de 2008, mientras que la acción fue impetrada el 1° de
diciembre de 2011; ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque no existe
ninguna relación entre su actuación y los hechos por los cuales se demanda; iii)
“inexistencia de falla en el servicio”, toda vez que el señor Géiner Antonio Munive
Rodríguez no solicitó protección especial ni manifestó haber recibido amenazas
antes del día 27 de febrero de 2003 y, iv) “hecho de un tercero”, por cuanto se trató
de un acto sorpresivo realizado por personas al margen de la ley y, si bien los
deberes de protección y vigilancia del Estado son irrenunciables y obligatorios no
implican que este sea omnisciente ni omnipresente (fls. 228 a 234 cdno. ppal. 1).

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
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4. Sentencia de primera instancia

1) El Tribunal Administrativo de Casanare en providencia del 20 de octubre de 2016
(fls. 427 a 465 cdno. apelación) declaró no probadas las excepciones propuestas
por las entidades demandadas y las declaró patrimonialmente responsables de la
desaparición forzada, malos tratos, tortura y muerte del señor Géiner Antonio
Munive Rodríguez en hechos ocurridos el 27 de febrero de 2003.

2) En relación con la caducidad de la acción señaló que, si bien en sentencia
anticipada del 14 de abril de 2008 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal
(Casanare) declaró penalmente responsable al señor Alexánder González Urbina
por la comisión de los delitos de desaparición forzada agravada en concurso
homogéneo de Géiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Romero Chaparro, no es
menos cierto “que por este mismo delito están involucrados, además del señor
González Urbina, otros tres sujetos, lo cual implica que el proceso penal se tuvo que
dividir; uno para tramitar la sentencia anticipada y el otro para continuar con el
proceso respecto de los demás sujetos involucrados. En consecuencia, no se
configura la caducidad aducida, porque el proceso penal que se ha adelanta aún no
ha terminado” (fl. 433 cdno. apelación), y no hay un fallo penal definitivo.

3) Acerca de la responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades
demandadas, se consideró que el Estado es garante de los derechos humanos de
los habitantes del territorio y, en ese sentido, responde patrimonial y
extracontractualmente cuando vulnera sus deberes frente al Derecho Internacional
Humanitario y la Convención Americana de Derechos Humanos; en este caso
específico se encontró que la desaparición forzada del señor Géiner Antonio Munive
Rodríguez ocurrió en un contexto de violencia generalizada y de expansión del
paramilitarismo en el que hubo participación de miembros de la Fuerza Pública.

4) El 20 de marzo de 2003, como consecuencia de la desaparición del señor Géiner
Antonio Munive Rodríguez, su familia presentó una denuncia penal que llevó abrir
una investigación en la cual fueron condenados los señores Alexánder González
Urbina, alias “Careloco”, Yezid Farit Cachayas Quevedo, alias “El Rolo” o “El
Duende”, Héctor José Buitrago Parada, alias “Martín Llanos” y Héctor José Buitrago
Parada, alias “El Patrón” por los delitos de homicidio en persona protegida,
desaparición forzada agravada y tortura en persona protegida.

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

De las pruebas allegadas al expediente de la referencia y, en especial, de la
sentencia condenatoria dictada en contra de Yezid Farit Cachayas Quevedo, alias
“El Rolo o “El Duende” se desprende que, si bien el médico Géiner Antonio Munive
no recibió amenazas por ningún grupo ilegal, integrantes de las Autodefensas
Campesinas de Casanare lo desaparecieron porque, en un consejo de seguridad
llevado a cabo en la ciudad de Yopal (Casanare), denunció los homicidios y
desapariciones cometidos por dicho grupo.

En la sentencia condenatoria dictada en contra de Yezid Farit Cachayas Quevedo
se evidenció, de manera clara, que en el hecho hubo complicidad y responsabilidad
de miembros de la Fuerza Pública y de mandatarios de los municipios de Recetor y
Chámeza (Casanare) y, particularmente, del comandante -para la época de los
hechos- de la base militar de Chámeza, quien era amigo y colaborador de alias
Careloco, persona que dio la orden de ejecutar al familiar de los aquí demandantes.

De igual forma, se demostró que el médico Géiner Antonio Munive y su compañero
“fueron asesinados por alias Camaleón, perteneciente a la escolta personal de alias
Careloco, que lo desmembraron y lo pusieron en una fosa común y que tiempo
después les ordenó a alias Rolo, Caminante y Zorro que fueran al lugar donde los
habían sepultado para cambiarlos de lugar porque se aproximaba un grupo de la
Cruz Roja y de militares acompañado de un desertor de ese grupo, por lo que debían
desaparecer los cuerpos y en su lugar colocaron un perro muerto, de los restos
solamente se saben que fueron botados a una fuente hídrica cerca del lugar” (fl. 455
cdno. apelación).

4) Sobre esa base concluyó que existe responsabilidad de las entidades
demandadas porque no protegieron al señor Géiner Antonio Muniver y, además,
porque participaron en los hechos, en ese sentido, las condenó pagar perjuicios
morales en los montos transcritos al inicio de esta providencia; asimismo, las
condenó a pagar unas sumas de dinero en favor de los demandantes por afectación
de bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados e impuso
unas medidas no pecuniarias de satisfacción a modo de reparación simbólica.

En cuanto a este punto, en atención a que el Departamento del Casanare pagó a la
señora Gladis María Rodríguez de Munive -progenitora de Géiner Antonio Munive
Rodríguez- los salarios y prestaciones sociales que aquel dejó de percibir hasta el

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mes de junio de 2013, ordenó que los pagos que se hicieran “por ese concepto,
deberán girarse al Departamento de Casanare”3 (fl. 462 cdno. apelación).

5. Recursos de apelación

1) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 467 a 488 cdno.
apelación) solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, con base en
las siguientes razones de inconformidad:

a) En el expediente obran diversas pruebas que establecen que Géiner Antonio
Munive Rodríguez, con antelación de su desaparición, se entrevistó con el grupo de
las autodefensas que delinquían en el sector de Recetor y Chámeza (Casanare) y
les prestaba servicios médicos, de manera que aquel en ningún momento denunció
ni fue objeto de amenazas por parte de las Autodefensas Campesinas del
Casanare.

b) El médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, consciente de la existencia de las
Autodefensas Campesinas del Casanare, acudió de manera voluntaria y bajo su
propio riesgo a la cita propuesta por dicho grupo y sin que las autoridades tuvieran
conocimiento previo ni estuvieran advertidas del encuentro.

c) El único documento que reposa en el expediente suscrito al parecer por dicho
grupo al margen de la ley se encuentra dirigido a otra persona y no contiene
amenazas; por el contrario, se hace el relato de unos hechos diferentes a la
desaparición del joven médico.

d) La sentencia penal condenatoria dictada en contra de Alexánder González Urbina
no menciona ninguna responsabilidad de la Policía Nacional y no existe en el
expediente ninguna prueba sobre alguna actuación irregular de su parte, de modo
que no existió una falla del servicio atribuible a dicha institución.

3 El magistrado Nelsón Manuel Briceño Chiriví salvó parcialmente el voto por estimar que en el caso

de la referencia solo se condenó a pagar perjuicios morales e inmateriales, en consecuencia, que no
se debió ordenar descontar los dineros -salarios y prestaciones- recibidos por la señora Gladis María
Rodríguez por parte del departamento del Casanare durante el tiempo que se supuso el joven médico
estuvo secuestrado hasta que se confirmó que su deceso ocurrió el mismo día de su desaparición,
por el hecho de que la fuente legal en uno y otro caso difieren.

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e) El tribunal cita en sus fundamentos la sentencia de la Corte Constitucional SU-
1187 de 2001, pero el caso analizado difiere del de la referencia, pues, en aquel se
declaró la responsabilidad del Estado por la masacre de Mapiripán (Meta).

f) Existe caducidad de la acción debido a que i) tratándose de los casos de delitos
de lesa humanidad y de manera particular del punible de desaparición forzada, la
caducidad se cuenta desde la aparición de la víctima o desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción de reparación
directa pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron
lugar a la desaparición; ii) la Corte Constitucional en sentencia C-580 del 31 de julio
de 2002 manifestó que la conducta de desaparición forzada se realiza durante el
tiempo en que se prolongue la privación de la libertad y no se tenga información de
la víctima; iii) desde la sentencia penal condenatoria del 14 de abril de 2008 dictada
en contra de Alexánder González Urbina, los aquí demandantes tuvieron
conocimiento de los hechos que rodearon la desaparición, muerte y lugar al que
fueron arrojados los despojos de su familiar y, iv) el plazo para demandar se debe
contar desde la ejecutoria de la sentencia penal del 14 de abril de 2008, puesto que
se trata de una decisión de carácter definitivo a partir de la cual se supo la manera
en la que ocurrió la desaparición del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez.

h) En todo caso, se configuró el hecho de un tercero porque fueron particulares
ajenos al Estado quienes cometieron la acción delictiva.

i) De igual manera, se debe declarar probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva ya que no fueron miembros de la Policía Nacional quienes desaparecieron
al familiar de los demandantes.

2) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que el fallo de
primera instancia sea revocado por los siguientes motivos:

a) El tribunal le atribuyó responsabilidad sobre la base de sostener que la
desaparición y muerte del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez se debió a que
denunció crímenes de las Autodefensas Campesinas del Casanare; sin embargo,
no se entiende “cómo se concluye sin mayor esfuerzo que varios integrantes de las
Fuerzas Militares prestaban colaboración al grupo criminal, estigmatizándose a la

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institución” (fl. 496 cdno. apelación) por cuanto la prueba al respecto es indiciaria y
en realidad no se tienen en cuenta las reglas de apreciación contenidas en el
artículo 242 del CGP.

b) El Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito del Programa de Descongestión
OIT de Bogotá condenó al señor Yesid Farit Cachayas Quevedo, alias “Rolo”, como
coautor de los punibles de homicidio en persona protegida y desaparición forzada
agravada de la que fueron víctimas Géiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo
Romero Chaparro, condena con la cual se evidencia la causal exonerativa del hecho
de un tercero.

c) La conducta de Yesid Farit Cachayas Queved, alias “Rolo”, fue aislada y no se
probó la relación con el Ejército Nacional.

d) Se presenta una ausencia de legitimación en la causa por pasiva porque no había
presencia de miembros del Ejército Nacional el día y lugar en que ocurrieron los
hechos, además, la entidad desconocía de la existencia de amenazas en contra del
galeno.

e) Su actividad es de medio y no de resultado, en ese sentido, no puede garantizar
en términos absolutos todas las manifestaciones de delincuencia subversiva.

3) La parte demandante presentó recurso de apelación en el que i) solicitó que se
acceda a todas las pretensiones elevadas con la demanda y, ii) pidió que no se
hiciera ningún tipo de descuento porque la naturaleza de los montos que se
pretenden compensar es completamente diferente, es decir, una cosa son los pagos
efectuados por el departamento del Casanare por los salarios dejados de percibir,
mientras se consideró que el familiar de los demandantes estaba secuestrado -cuya
fuente es legal- y, otra muy diferente es la indemnización derivada de una conducta
de las entidades demandadas.

Por otro lado, en relación con la declaración de responsabilidad patrimonial de las
demandadas, estimó que la misma debe confirmarse porque, tal como lo expresó el
tribunal de primera instancia, se demostró que en este caso el Estado responde
tanto por acción -ya que integrantes del Ejército Nacional participaron en el hecho-

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como por omisión -en la medida que no se brindó protección a su familiar (fls. 521
a 528 cdno. apelación).

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 5 de mayo de 2017 (fl. 578 cdno. apelación) se admitió el recurso de
apelación, en proveído del 18 de septiembre de 2017 se decretó una prueba en
segunda instancia (fls. 580 a 583 cdno. apelación)4 y el 9 de noviembre de 2018 (fl.
607 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para que presentaran los
alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso,
al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
(fls. 614 a 629 cdno. apelación) y la parte demandante (fls. 631 a 639 cdno.
apelación) reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
mientras que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional guardó silencio.

El Ministerio Público rindió concepto en el que deprecó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia por estimar que las pruebas allegadas al expediente no dan
cuenta que con antelación a la desaparición de Géiner Antonio Munive Rodríguez
este fue amenazado o que existió una condición especial que hiciera necesario
extremar medidas de seguridad en su favor (fls. 640 a 646 cdno. apelación).

7. Sentencia objeto de la acción tutela

En sentencia del 20 de mayo de 2024, el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B revocó la sentencia de primera instancia adoptada por el Tribunal
Administrativo de Casanare y, en su lugar, declaró probada la excepción de la
caducidad de la acción, pues, los demandantes conocieron sobre las circunstancias
en que ocurrió la desaparición forzada de su familiar, a partir de la sentencia del 14
de abril de 2008, mediante la cual, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal

4 En concreto, se ordenó incorporar como prueba la sentencia del 12 de octubre de 2016 dictada por

la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que condenó al señor
Yezid Fari Chachayas Quevedo como coautor impropio de los delitos de homicidio en persona
protegida y desaparición forzada agrava de los cuales fueron víctimas los señores Géiner Munive y
Nairo Chaparro.

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(Casanere) condenó al señor Alexánder González Urbina alias “careloco”, a la pena
principal de trescientos doce (312) meses de prisión por el delito de desaparición
forzada agravada en concurso homogéneo y sucesivo de los cuales fueron víctimas
los señores Géiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Romero Chaparro en hechos
ocurridos el 27 de febrero de 2003.

Es relevante indicar que, aunque en el expediente no se contó con la ejecutoria de
la mencionada decisión, se acudió a las normas procesales para establecer la
misma y, a partir de allí, contar el plazo con el contaban los demandantes para
aducir a la acción de reparación directa, por lo cual se concluyó que la demanda
presentada el 1° de diciembre de 2011 fue extemporánea5 (índice 49 SAMAI).

8. La acción de tutela

1) La parte actora presentó acción de tutela contra la anterior decisión por estimar
que con ella se vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, la igualdad, la seguridad jurídica y la
reparación integral, por cuanto, en su criterio, no se debió declarar la caducidad de
la demanda de reparación directa.

2) La referida acción constitucional fue conocida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, quien en decisión del 30 de abril de 2025 - notificada el 8 de mayo del
año que transcurre – amparó los derechos de los demandantes y ordenó que se
dictara un fallo de reemplazo.

3) El juez constitucional consideró que, por el hecho de no contarse con la
constancia de ejecutoria de la decisión, debió decretarse una prueba de oficio, o en
su defecto, acudir al principio pro damato y analizar el caso desde el precepto
constitucional de favorabilidad y del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia; asimismo, pese a que indicó que “no se declara que no
se configuró la caducidad de la acción de reparación directa”6, también señaló que

5 En dicha decisión el Magistrado Alberto Montaña Plata salvó el voto por considerar que debió
decretarse una prueba de oficio, con el propósito de establecer la fecha en la cual quedó ejecutoriada
la decisión del 18 de abril de 2021 (índice 51 SAMAI).
6 Fl, 14 de la decisión judicial que puede ser vista en el índice 36 SAMAI expediente no.

11001031500020240699300.

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i) dada la gravedad del caso, debía considerarse que los demandantes fueron
asilados en Canadá por la persecución que padecieron por indagar el hecho dañoso
y, en el cual, era dable flexibilizar la caducidad y, ii) debía analizarse si era dable
contabilizar el término de caducidad a partir de las ejecutorias de las sentencias del
31 de julio de 2013 y 11 de febrero de 2016, por el cual se condenó a alias “El
Patrón” y “Martín Llanos” por la desaparición forzada del familiar de los
demandantes y se ordenó la remisión de copias para investigar la posible
participación de agentes del Estado.

4) La mencionada providencia de acción de tutela fue conocida por el despacho
sustanciador el 8 de mayo de 2025 por notificación vía correo electrónico, motivo
por el cual, el 20 de mayo de 2025 ordenó al tribunal de primera instancia la remisión
del expediente de la referencia para dar cumplimiento al fallo de tutela (índice 57
SAMAI), el cual fue allegado el 23 de mayo de 2025 (índice 62 SAMAI) y el 28 de
mayo se produjo su ingreso para para elaborar proyecto de sentencia de reemplazo
(índice 63 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la caducidad de la acción, 3) análisis probatorio, 4) análisis
de la responsabilidad patrimonial del Estado, 5) indemnización de perjuicios, 6)
conclusión y 7) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso las entidades demandadas
son patrimonialmente responsables del alegado daño antijurídico ocasionado a los
demandantes por la desaparición del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez el 27
de febrero de 2003.

La sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército

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Nacional será modificada para declarar la responsabilidad solo de esta última
entidad, asimismo, se modificará la indemnización de perjuicios.

2. Análisis de la caducidad de la acción

1) Con relación al término para presentar en forma oportuna la demanda cuando se
pretende la reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, el artículo
136 del CCA adicionado por el artículo 8 de la Ley 589 de 2000, vigente para el
momento en que se presentó la demanda de la referencia, prescribía lo siguiente:

“ARTÍCULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.
(…).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público
o por cualquiera otra causa.
Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a
partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición (…).” (se
resalta)7.

Según la norma citada, se advierte que el legislador estableció reglas especiales
para contabilizar el término de caducidad de medio de control de reparación directa
en los casos de desaparición forzada, el cual se debe computar desde la fecha en
que aparezca la víctima o, en su defecto, a partir de la ejecutoria del fallo adoptado
en el respectivo proceso penal, sin perjuicio de que la demanda pueda proponerse
desde el momento en el que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la
desaparición.

2) Dicha regla fue ratificada en la sentencia de unificación que profirió la Sala Plena
de esta Sección el 29 de enero de 20208 y que solamente es procedente un cómputo

7 El literal i) del numeral 2 de la Ley 1437 de 2011 prevé la misma regla frente a la desaparición

forzada y para los demás casos establece como determinante la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño o del momento en el que el afectado la conoció o debió conocerla, si fue en fecha
posterior “siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente

no. 61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico.

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distinto del término de caducidad del medio de control de reparación directa en
asuntos relacionados con el delito de desaparición forzada por tener reglas
especiales, pues, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado sí resultan aplicables las reglas de caducidad previstas para
el medio de control de reparación directa, criterio este avalado por la Corte
Constitucional en sede de revisión de tutela en la sentencia SU-312 del 13 de agosto
de 20209.

3) Puntualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado en dicha providencia
estableció que para calcular el término de caducidad de las pretensiones
indemnizatorias derivadas de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial y extracontractual del Estado se deben observar las siguientes
subreglas:

a) El término de caducidad previsto por el legislador se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial.

b) La contabilización de ese término para las pretensiones indemnizatorias
derivadas del delito de desaparición forzada se sujeta a la regulación legal expresa
prevista para el efecto.

c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una vez superadas
aquellas empezará a correr el término de ley, dado que para tales efectos no resulta
determinante la situación causante del daño sino la condición particular de quien
acude a la administración de justicia.

4) En ese orden de ideas, en acatamiento en el fallo de acción de tutela que dispuso
dictar una nueva sentencia en el proceso de reparación directa de la referencia, el

9 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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material probatorio allegado al proceso permite establecer que desde la sentencia
del 14 de abril de 2008, por medio de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Yopal de Casanare condenó al señor Alexánder González Urbina -alias
“careloco”- a la pena principal de trescientos doce (312) meses de prisión por el
delito de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y sucesivo del
que fuera víctima el médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, fue el momento en
los demandantes conocieron de como ocurrió la desaparición de su familiar (fls. 160
a 195 cdno. apelación).

5) En efecto, en dicha decisión se explicó que i) el doctor Géiner Antonio Munive
Rodríguez fue citado por un grupo paramilitar y acudió al lugar acompañado del
conductor de la ambulancia de Recetor donde fueron ultimados con arma blanca; ii)
las víctimas fueron “despresadas” y enterradas en Guafal del Caja en el municipio
de Tauramena (Arauca) y, iii) meses después, antes de que la Cruz Roja en
compañía del Ejército Nacional llegaran al lugar donde estaban depositados los
restos, “careloco” dispuso que fueran arrojados en una quebrada.

6) Ahora bien, aunque no se tiene constancia de la fecha en la cual la providencia
del 14 de abril de 2008 cobró ejecutoria, se sabe que fue notificada a la fiscalía
instructora el 15 de abril de 2008 y al Ministerio Público el 16 del mismo mes y
años10, además, una revisión del sistema de consulta de procesos por los apellidos
del señor González Urbina11 -el cual también puede ser ubicado por el número del
200800021-, en concreto en los juzgados de ejecución de penas y medidas de

10 Fl. 149 del PDF 003ED_003Anexospdf., índice 62 SAMAI.
11 El artículo 95 de la Ley 270 de 1996 dispone que “el Consejo Superior de la Judicatura debe

propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia.
Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación,
conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar
el funcionamiento razonable del sistema de información. Los juzgados, tribunales y corporaciones
judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para
el cumplimiento de sus funciones. Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que
sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes
procesales”, de igual manera el artículo 2, literal a) de Ley 527 de 1999 define los “mensajes de
datos” como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos
(EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”, por su parte, en el literal j)
del mismo artículo se establece que por “sistema de información” se entenderá “todo sistema
utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos;
en ese sentido, se tiene credibilidad sobre la información registrada en el sistema de gestión judicial
sobre el hecho de solo fue el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal (Casanare) el que
conoció sobre la sentencia anticipada, asimismo, es especialmente relevante anotar que los jueces
de ejecución de penas y medidas de seguridad no pueden conocer de la pena sino hasta cuando la
sentencia se encuentre ejecutoriada.

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seguridad, da cuenta que solo fue el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal
(Casanare) quien conoció el expediente no. 85001-31-04-002-2008-00021, en
consecuencia, respecto de la sentencia del 14 de abril de 2008 no hubo apelación.

7) Sobre esto último, aunque el juez constitucional refirió que la información que
reposaba en la página de la rama judicial se refería a varias causas penales en
contra del señor González Urbina, la que concierne a este expediente y por el cual
se demanda se ubica en los juzgados de ejecución de penas y medidas de
seguridad, pues, aquel confesó los hechos y aceptó los cargos, aspecto que llevó a
su condena.

8) Asimismo, aunque no se tiene constancia de la fecha de ejecutoria de la referida
decisión, la Sala en cumplimiento de lo dispuesto en el ya mencionado fallo de
acción de tutela y en aplicación de los principios de pro actione y pro damato,
entenderá que los actores no pudieron acudir a la administración de justicia con
anterioridad debido a que se encuentran asilados en Canadá, por ende, la demanda
presentada el 1° de diciembre de 2011 se tiene por oportuna.

9) Sobre esto último, es importante mencionar que la caducidad no ha de tomarse
a partir de las sentencias penales del 31 de julio de 2013 y 11 de febrero de 2016
dictadas en contra de otros miembros de las las Autodefensas Campesinas del
Casanare, pues, los demandantes atribuyeron en principio la responsabilidad del
Estado por la omisión de este en proteger a su familiar12 y, para ello, invocaron como
fundamento la sentencia del 14 de abril de 2008, siendo esta la única decisión penal
que se aportó con la demanda, con lo cual se refuerza que con dicha decisión los
actores ya conocían de los hechos delictivos cometidos en contra de su familiar y
de la eventual responsabilidad patrimonial que le pudiera asistir a las entidades
demandadas, con independencia de que manera posterior se dictaron otros fallos
penales y se ordenó remitir copias para investigar a agentes del Estado.

12 Es importante resaltar que, aunque los actores indicaron que la muerte fue por una omisión en la

protección de su familiar, el tribunal de primera instancia también condenó a las demandadas por la
participación de agentes estatales.

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3) Análisis probatorio

2.1 Cuestión previa

La Sala advierte que entre las personas investigadas como consecuencia de la
desaparición forzada del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, se encuentra,
entre otras, el señor Juan Carlos Castañeda Villamizar, quien fue condenado por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a la pena principal de 468
meses de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición
forzada agravada y tortura en persona protegida, del que fuera víctima, entre otros,
el familiar de los aquí demandantes.

La mentada decisión se encuentra en el sistema de consulta de procesos de la Rama
Judicial y de la Relatoría de la Corte Suprema de Justicia y será valorada como
prueba documental dentro de este proceso, habida cuenta de que se trata de una
providencia de público conocimiento, que se encuentra en firme y de libre acceso, al
encontrase disponible a través del sistema de relatoría de la Corte Suprema de
Justicia y del sistema de consulta de la Rama Judicial13.

2.2 Hechos probados

Atendiendo lo anterior, en el expediente se encuentran demostrados los siguientes
hechos relevantes para la adopción de la decisión del caso:

1) El señor Géiner Antonio Munive Rodríguez fue vinculado a la Secretaría de Salud
de Casanare desde el 6 de noviembre de 2001 y para el año 2003 laboraba como
médico del centro de salud del municipio de Recetor (Casanare), tal como consta,
entre otros documentos, en constancia expedida por la Secretaría de Salud del
Casanare del 18 de marzo de 2003 (fl. 41 PDF “003ED_003Anexos, índice 62
SAMAI).

13 En consulta hecha el 26 de mayo de 2025, a través del enlace digital:

https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/ y en la Sala de Casación Penal buscar el número
interno 61994, también se puede buscar por el número completo del expediente
85001310700120120009801 MP Diego Eugenio Corredor Beltrán. En un caso similar, la Corporación
acudió a la página de la Rama Judicial, al respecto ver sentencia del 6 de noviembre de 2018,
Sección Tercera, Subsección B, MP Ramiro Pazos Guerrero, expediente no. 46.667, demandante
Eloisa de Andreis Correa y otros.

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2) Mediante denuncia no. 144 del 20 de marzo de 2003 presentada ante el DAS –
Seccional de Casanare, el señor Genes Antonio Munive Peralta señaló que desde
el 27 de febrero de 2003 su hijo Géiner Antonio Munive Rodríguez junto con el
conductor de la ambulancia del municipio de Recetor (Casanare) se encontraban
desparecidos, razón por la cual conjuntamente con su esposa acudió, entre otras
entidades, a la Cruz Roja, la Procuraduría Regional del Casanare y la Secretaría de
Salud sin ningún resultado, asimismo, afirmaron que estuvieron en el municipio de
Recetor pero no pudieron averiguar lo que había sucedido con su familiar 14 (fls. 42
a 47 PDF “003ED_003Anexos, índice 62 SAMAI).

3) Mediante escrito del 26 de junio de 2003, el director del Programa Presidencial
de DDHH y DIH allegó al Alto Comisionado para la Paz un resumen sobre lo que se
conocía de la desaparición de los señores Géiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo
Chaparro -médico y conductor de ambulancia del municipio de Recetor- a manos
de un grupo paramilitar, en el documento se indicó, entre otros aspectos, que:

“• El 12 de febrero se realizó un consejo de seguridad en el municipio de
Recetor (sic)15 en donde el médico propuso que se creara en esta zona
una oficina de derechos humanos para proteger a la población civil.

• Al parecer esta es la razón por la cual el 27 de febrero, fue citado por los
paramilitares en la vereda el Vegón en medio de Recetor y Chameza, a
donde acudió con el conductor de la ambulancia, señor Nairo Chaparro,
desde entonces se desconoce su paradero. El médico Munive no era
sindicalista.

• Los padres del médico solicitaron a los paramilitares la devolución de su
hijo, pero en principio fue negada su solicitud.

(…).

• A finales de noviembre de 2002 los grupos paramilitares iniciaron su
ingreso al municipio de Recetor, haciendo presencia efectiva en enero de
2003.

• A finales de enero hicieron una reunión a la que presionaron a asistir a
100 familias aproximadamente, de las 150 del sector. En esta reunión se
les exhortó a colaborar con ellos, diciéndoles que si lo hacían se les
respetaría la vida que llevaban en la comunidad.

• En febrero presentaron una lista de 12 personas, y posteriormente han
presentado varias listas de personas a quienes sindican de colaboradores

14 La denuncia de la desaparición del médico Géiner Antonio Rodríguez también fue puesta en

conocimiento por sus familiares ante la Defensoría del Pueblo (fl. 98 PDF 003ED expediente digital,
índice 62 SAMAI).
15 El consejo de seguridad en realidad se llevó a cabo en el municipio de Yopal (Casanare), tal como

consta en las sentencias penales que reposan en el plenario.

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
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de la insurgencia. Alrededor de 35 personas llamadas a ‘aclarar’ su
situación no han regresado a sus hogares.

• Las personas que han logrado escapar de esta arremetida paramilitar
han sido torturadas.

• La Fiscalía de Yopal en marzo inspeccionó la zona y encontró una fosa
común con 3 cadáveres que se presumen eran desaparecidos.

• Actualmente el 70% de la población en especial las familias de las
personas desaparecidas se han tenido que desplazar a otros municipios
y regiones”. (fl. 29 del PDF “057ED_012RespuestaparteDem” expediente
digital, índice 62 SAMAI).

4) El 4 de septiembre de 2006, el señor Éuder Ramón Munive Rodríguez denunció
ante la fiscalía de Valledupar (Cesar) que laboraba en la ciudad de Yopal
(Casanare) y que el 27 de agosto de 2006 fue objeto de amenazas que lo llevaron
a desplazarse hasta la ciudad de Valledupar, el denunciante manifestó que las
personas que lo amenazaron se identificaron como integrantes del grupo Martín
Llanos de las Autodefensas y que debía cuidarse si no quería que le pasara lo de
su hermano, lo cual suponía se refería a Géiner Antonio Munive Rodríguez de quien
no tenían noticias desde el 27 de febrero de 200316. La anterior denuncia fue
ratificada el 5 de septiembre de 2006 ante la Procuraduría Regional del César17r ()
y la Defensoría del Pueblo18

5) El 10 de octubre de 2006, Hermes Jesús Munive Rodríguez denunció ante la
Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao de la Fiscalía General de la Nación
con sede en la ciudad de Bogotá que fue objeto de amenazas luego de averiguar
por la suerte de su hermano Géiner Antonio Munive Rodríguez19.

6) El 11 de octubre de 2006, la familia Munive presentó diversos escritos, entre
otros, ante la Defensoría del Pueblo20, la Vicepresidencia de la República21, el
Ministerio del Interior y de Justicia22, la Procuraduría General de la República23 y la
Fiscalía General de la Nación24en los que informaron que el 27 de febrero del año

16 Fls. 47 a 49 del PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI
17 Fl. 50 del PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI
18 Fl. 73 del PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI.
19 Fls. 52 a 53 PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI.
20 Fls. 77 a 78 del PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI.
21 Fls. 79 a 80 del PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI.
22 Fls. 81 a 82 del PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI.
23 Fls. 83 a 84 del PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI.
24 Fls. 87 a 88 del PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI.

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2003 su familiar Géiner Antonio Munive Rodríguez fue “secuestrado” en el municipio
de Recetor por el grupo de las Autodefensas del Sur de Casanare lideradas por
Martín Lanos, que no tenían noticia de su paradero, que fueron amenazados y
desplazados de manera forzosa, razón por la cual consideraron que se encontraban
en peligro.

7) A raíz de la denuncia presentada el 20 de marzo de 2003 se iniciaron varias
investigaciones penales en contra de diferentes personas por la desaparición y
deceso del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez.

8) Una de dichas investigaciones fue la de radicación no 167.110 25 seguida en
contra de Alexánder González Urbina alias “careloco” y Yezid Farid Cachayas
Quevedo alias “rolo” por los delitos de concierto para delinquir, homicidio gravado y
desaparición forzada de los cuales fueron víctimas los señores Géiner Antonio
Munive Rodríguez y Nairo Romero Chaparro en hechos ocurridos el 27 de febrero
de 2003, tal como consta en certificación del 16 de octubre de 2007 de la Fiscalía
Décima Especializada de Villavicencio26.

9) Alexánder González Urbina alias “careloco”, aceptó ser autor de la desaparición
del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez y el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Yopal de Casanare en sentencia del 14 de abril de 2008 dictada en el
proceso penal no. 2008-00021 lo condenó a la pena principal de trescientos doce
(312) meses de prisión por el delito de desaparición forzada agravada en concurso
homogéneo y sucesivo, en los siguientes términos:

25 En la etapa sumarial la investigación se identificó como 167.110, sin embargo, toda vez que

Alexánder González Urbina aceptó cargos se produjo una ruptura de la unidad procesal, el proceso
en relación con la desaparición forzada por la aceptación de cargos pasó a ser conocida con el
número 2008-0021, mientras que en relación con Yezit Farit Cachayas Quevedo -quien no aceptó
cargos- pasó ser el expediente no. 2014-00173.
26 En la cual se anotó lo siguiente: “es de anotar que dentro de la investigación en curso en la

actualidad se han sometido a sentencia anticipada Alexánder González Urbina ‘alias Careloco’
integrante de las autodefensas del Casanare por los delitos de concierto para delinquir y desaparición
forzada y el señor Yezid Farid Cachayas Quevedo por el delito de concierto para delinquir, lo cual
significa que el curso del proceso lo es por el delito de homicidio agravado, respecto de Alexánder
González, quien a la fecha se encuentra con medida de aseguramiento de detención preventiva por
este delito y en lo referente a Yezid Farid la investigación continua por los delitos de desaparición
forzada y homicidio agravado, a la fecha declarado persona ausente. Es de aclarar que este último
también es integrante de las Autodefensas Unidades del Casanare, de acuerdo con lo demostrado
en el plenario. Se expide a solicitud de los señores Gines Antonio Munive y Gladis Rodríguez de
Munive y para ser presentada ante el ICETEX y embajada de la República de Canadá” (fl. 70 del
PDF “003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI.).

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“De acuerdo al manojo probatorio, no existe duda para este servidor que,
el sentido del presente fallo ha de ser condenatorio, debido a la
manifestación libre del procesado de acogerse a la figura procesal de la
sentencia anticipada, la cual hizo después de haberle sido resuelta su
situación jurídica por parte de la Fiscalía encargada de la instrucción.

En el presente expediente obra material probatorio que con total certeza
apunta a la responsabilidad penal de González Urbina respecto del
punible que se le endilga, los medios de convencimiento que apuntan a
dicho grado son:

(…).

6.7 Informe no. 0386 del 21 de mayo de 2003 elaborado por el grupo
operativo del área de policía judicial del DAS de este departamento en el
que los detectives Mónica Aguas y Marco Medina López indican que
según información de pobladores del sector rural vereda El Vegon de
Recetor desde el mes de diciembre de 2002 integrantes de las ACC se
acantonaron en donde antes existía un campamento del ELN (…)
continua el informe diciendo que mediante labores de inteligencia se logró
la captura de diferentes integrantes de las ACC por parte del Batallón de
Infantería no. 44 Ramón Nonato Pérez, se dieron de baja a otros y se
recuperó la motocicleta en la que se transportaban las víctimas. Indican
que según información de inteligencia al galeno Munive Rodríguez lo han
visto en la vereda Guafal de Tauramena al parecer atendiendo enfermos
y heridos de las autodefensas. Que se realizaron averiguaciones en el
DAS, en el CTI, en el Instituto de Medicina Legal sin que se pudiese
establecer el paradero de las víctimas.
(…).

6.9 Informe no. 211 RTA 28575 del 7 de agosto de 2003 dirigido a la
Fiscalía 3 Seccional Especializada de esta capital, en el cual el
Detective Jaimes Murillo Chaverra adscrito al DAS informa que al
Batallón 44 Ramón Nonato Pérez se entregó Yeison Andrés Torres
Díaz quien en entrevista informal le manifestó al investigador que los
desaparecidos fueron ultimados por el comandante 030 y que fueron
inhumados en el sector de la vereda el Guafal del Caja de Tauramena.

(…).

6.12 Informe de entrevista reservado del 10 de junio de 2003, en el
cual Leonardo Jovanny Zapata Osorio alias Fredy, comandante de la
contraguerrilla Los Atacadores del Bloque Casanare, narra (…) que
su comandante inmediato era alias Careloco, quien el mes de febrero
de 2003 ordenó el asesinato del médico y conductor de la ambulancia
de Recetor, debido a que eran señalados como colaboradores de la
guerrilla, indica que fueron enterrados en una fosa común sobre la
única trocha lado derecho que va al sitio el roble.

6.13 Indagatoria rendida por Leonardo Jovanny Zapata Osorio, en la
cual repite lo dicho en el informe referido en el numeral anterior y
agrega ‘se en donde se encuentra el doctor de Recetor, no sé cómo
se llama, es un médico del hospital, acompañado con el conductor
de la ambulancia, ellos están muertos, ellos fueron hablar con el
comandante del Bloque Careloco, el cual decidió liquidarlos (…) los
mataron a cuchillo, yo no presencié, pero lo sé, me di cuenta porque

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entre comandantes se reporta todo, están enterrados en Guafal del
Caja, jurisdicción de Tauramena, a la SIJIN le hace un croquis’

6.14 Declaración rendida por Leonardo Jovany Zapata Osorio, quien
además de lo manifestado en los dos últimos numerales, sostiene (…)
que la ejecución de las víctimas se hizo en la vereda el Guafal de Caja de
Tauramena a finales del mes de febrero y quien lo hizo fue un menor
de 11 años conocido como Camaleón, previa orden de ‘careloco´,
que el niño les cegó la vida con un arma blanca y la escolta de
‘careloco’ despresó a las dos víctimas y que están enterrados en el
camino que va de Guafal Alto a Chámeza, que se entregó porque hay
muchas personas que son ejecutadas y que son inocentes (…).

6.34 Declaración rendida por Miller Medina Gutiérrez quien hizo parte de
las ACC (…) indica que Careloco tiene un tatuaje de un centauro en el
costado izquierdo del pecho y que le consta que él participó directamente
en el homicidio del médico de Chámeza (…).

6.46 Declaración rendida por Yolman Edular Cardenas Fuentes
miembro desmovilizado de las ACC, indica (…) que recuerda
desapariciones como la del señor de la emisora y el médico de
Recetor, que el galeno era costeño, que ante la inminente llegada de
la Cruz Roja y del Ejército ‘careloco’ dio la orden de cambiar del sitio
el cadáver del médico y que lo votaron (sic) a una quebrada (…).

Ante la manifestación expresa hecha por el procesado de acogerse al
fenómeno jurídico de la sentencia anticipada, el cual se encuentra
regulado en el artículo 40 de nuestra normatividad procesal penal,
procede este despacho a dictar el fallo correspondiente, previas las
siguientes y someras

CONSIDERACIONES

(…).

En el acontecer de estas diligencias, se han reunido suficientes
elementos de prueba que de manera inequívoca y sin la menor
hesitación nos demuestran la responsabilidad penal de González
Urbina por el repudiable reato agravado que nos ocupa, el cual debe
ser merecedor de un ejemplar reproche penal, razón por la cual a
este juzgador no le queda otro camino que proferir en su contra un
fallo de carácter condenatorio, pues las pruebas indican y su libre
aceptación de cargos con fines de sentencia anticipada nos
demuestran de manera prístina e inequívoca la responsabilidad de
quien hoy es sentenciado mediante esta providencia.

La existencia y responsabilidad del hoy condenado por el execrable
crimen que hoy ocupa a este Sentenciador, está más que
demostrada no sólo con la denuncia 0144, que dio origen a las
presentes fojas, sino también con las diferentes declaraciones
acopiadas por el Despacho Instructor como son las rendidas por los
progenitores del médico desaparecido, por los parientes de su
compañero de tragedia, sino también lo declarado por diferentes
miembros de las ACC que se desmovilizaron, quienes al unísono nos
dan cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que
ocurrieron los hechos que hoy se juzgan, es más a lo largo de la
investigación se realizaron diferentes tareas de campo a través de

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funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación y del DAS con el
fin de obtener información acerca del paradero o muerte de las víctimas
sin que a la fecha se haya podido establecer con la más mínima exactitud
su paradero o si las personas desaparecidas están vivas o muertas.

(…).

Así las cosas, considera oportuno recalcar este servidor, que por mandato
superior, nadie podrá ser sometido a desaparición forzada, prohibición
que es inherente a la dignidad humana de toda persona, la cual fue
desconocida de manera flagrante por el condenado, pues éste se valió de
todo el poder y el aparato represor del grupo irregular al que pertenece
para amedrentar a los familiares de las víctimas y procedió a
desaparecerlos sin motivo alguno, sin que para estas calendas se sepa
que sucedió con los sujetos pasivos de su reprochable actuar; por lo cual
considera este sentenciador, debe responder penalmente pues estamos
frente a un crimen que ha sido catalogado por diferentes organismos
multilaterales como de lesa humanidad (…)”. (Fls. 114 a 149 del PDF
“003ED_003Anexospdf” índice 62 SAMAI – mayúsculas fijas del texto
original y negrillas adicionales).

10) Los señores Héctor José Buitrago Rodríguez alias “El Patrón” y Héctor Germán
Buitrago Parado alias “Martín Llanos”, en el proceso penal no. 2013-0066 aceptaron
ser autores impropios de la desaparición forzada agravada, tortura en persona
protegida y homicidio en persona protegida de la que fueron víctimas Géiner Antonio
Munive Rodríguez y Nairo Romero Chaparro, en consecuencia, el Juzgado
Cincuenta y Seis Penal del Circuito Programa de Descongestión OIT en sentencia
del 31 de julio de 2013 los condenó a la pena principal de veinte (20) meses de
prisión (fls. 240 a 271 del PDF “066ED_002ExpedientePenalpd.pdf” índice 62
SAMAI).

En esta providencia se señaló, entre otros aspectos, que i) “el 13 de mayo de 2008
se lleva a cabo la diligencia de aceptación de cargos para sentencia anticipada, con
el sindicado Alexánder González Urbina ‘alias Careloco’ frente al delito de homicidio
en persona protegida” del que fuera víctima el médico Géiner Antonio Munive
Rodríguez27; ii) el móvil de la desaparición y homicidio obedeció a que el galeno en
un Consejo de Seguridad realizado en Yopal (Casanare) manifestó su
inconformidad sobre la presencia y actuación de los paramilitares en el municipio
de Recetor y sectores aledaños; iii) no existe levantamiento de cadáver ni informe
de necropsia por cuanto “esa misma desaparición fue ordenada y concretada por
quienes ejercían influencia militar en esa zona y en otros municipios del

27 Fl. 245 del PDF “066ED_002ExpedientePenalpd.pdf” índice 62 SAMAI.

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Departamento del Casanare: las Autodefensas Campesinas del Casanare”28, iv) el
médico y su acompañante fueron torturados antes de fallecer, v) las víctimas fueron
enterradas en una fosa, sin embargo, meses después, con el fin de que sus cuerpos
no fueran encontrados, alias “HK” ordenó desenterrarlos “para arrojarlos a una
quebrada” y, vii) los cuerpos de las víctimas no fueron recuperados29.

De igual forma, en atención a que en el proceso penal se hizo alusión a varias
personas que participaron en los hechos, el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del
Circuito Programa de Descongestión OIT ordenó a la Fiscalía General de la Nación
adelantar la correspondiente investigación penal, entre otras personas, en contra,
de i) las personas identificadas con los alias “0-30”, “HK”, “El Oso” “El Carpintero”,
el “Caballo”, “El Caminante”, “El Zorro”, “Gurre” y “Chanfle”; ii) Miguel Zarate Parada,
personero de Yopal para la época de los hechos; iii) el comandante de la base militar
de Chámeza para la época en que se produjo la desaparición forzada, iv) el coronel
del Ejército Nacional Juan Carlos Castañeda Villamizar y, v) los agentes de policía
de apellidos Mayorga y Pareja.

11) El Juzgado Cincuenta y Seis de Instrucción Penal del Circuito Programa de
Descongestión OIT en sentencia del 11 de febrero de 2016 condenó a Yezid Farid
Cachayas, alias “Rolo”, a la pena principal de cuarenta años de cuarenta (40) años
de prisión como autor impropio de los punibles de desaparición forzada agravada y
homicidio en persona protegida de la que fueran víctimas Géiner Antonio Muniver y
Nairo Romero Chaparro30, decisión que fue confirmada por la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 12 de
octubre de 2016 (fls. 528 a 538 cdno. apelación).

En la providencia del 11 de febrero de 2016, el Juzgado Cincuenta y Seis de
Instrucción Penal del Circuito Programa de Descongestión OIT también ordenó la
remisión de copias para que se investigara la participación de agentes del Estado,
pues, de las declaraciones de los paramilitares se tenía que el lamentable crimen
pudo llevarse a cabo por la participación de militares y uniformados de la Policía
Nacional, en concreto se dijo:

28
Fl. 252 del PDF “066ED_002ExpedientePenalpd.pdf” índice 62 SAMAI.
29
Fl. 251 del PDF “066ED_002ExpedientePenalpd.pdf” índice 62 SAMAI.
30 Fls. 4 a 47 del PDF “018ED_025MemorialPruebaSob.pdf” índice 62 SAMAI.

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“(…) aparecen directas y concretas sindicaciones respecto de la
participación de agentes estatales en varios de los crímenes cuya
ejecución material era asumida por estructuras armadas ilegales,
autoproclamadas autodefensas, como transcribimos a continuación: ‘sé
que el comandante de esa época de la base militar de Chámeza, creo que
era un Mayor, no estoy muy seguro, era muy amigo de Careloco y era
quien le informaba sobre los operativos del ejército o cualquier movimiento
de tropa que hubiera para esos lados’ (…)

Quien fuera alcalde de Recetor para la época de los hechos narra la
siniestra práctica: ‘estaban citando a la escuela del Vegón a una o dos
personas diarias y nunca volvían, cuando ya iban como 32 personas
desaparecidas, la gente no volvió a ir... la cita era con los paramilitares
que en ése entonces eran las autodefensas del sur de Casanare...’ ‘el día
que fuimos a Recetor con el General y el Gobernador, el médico -se
refiere al doctor Munive- se acercó a nosotros y nos dijo que se
estaban llevando a la gente y los estaban desapareciendo, allí
también se encontraba presente el comandante de la base militar de
Recetor que era como un teniente, el médico dijo, acá han venido,
refiriéndose a los paramilitares, por lo que él decía, daba a entender
que había cierta complicidad de los militares con las autodefensas,
el general le llamó la atención al teniente, que qué estaban haciendo, y el
teniente contestó que estaban haciendo patrullajes y que nunca habían
encontrado nada...’-

(…)

Los testigos señalan, sin ambages, la participación de miembros de
la fuerza pública en las violaciones a los derechos humanos de la
población civil, lo que podría explicar varias irregularidades que se
observan en el manejo de la información y en la perezosa actividad de la
fiscalía. Por ejemplo, se conoce que los paramilitares conocían las
actividades de las autoridades, lo que permitió que de forma cruel y
desalmada, trasladaran el sitio en donde habían ocultado los
cadáveres, para mayor sufrimiento y dolor a las víctimas, todo con
el fin de no dañar una incipiente mesa de negociaciones que
adelantaban, al parecer, con el doctor LUIS CARLOS RESTREPO:
‘tocaba cambiar de lugar el cuerpo del médico que porque iba un operativo
del ejército y en ese operativo iba un man, creo que era un desertor, que
iba dando dedo, además me parece que en esos días antes, habían
cogido a un pelado conocido con el alias de, CAMALEÓN’. Información
verídica, que se puede constatar a folios 95 y 103 del cuaderno uno, en
donde inclusive aparecen unos mapas hechos a mano alzada por el
declarante y respecto de quien la fiscalía no adoptó ninguna
determinación inmediata para aprovechar en el esclarecimiento de los
hechos de graves violaciones a los derechos humanos, con el desenlace
que proporciona el mismo declarante: ‘el operativo se calmó, nunca
supe si el ejército fue a buscar el cuerpo del médico, porque sé que
el comandante de esa época de la base militar de Chámeza, creo que
era un mayor, no estoy muy seguro, -era muy amigo de Careloco y
era quien le informaba de los operativos del ejército o cualquier
movimiento de tropa que hubiera por esos lados’. (…) Igualmente, la
fiscalía asegura que estos delitos fueron cometidos en coordinación las
fuerzas militares (…)”. fls. 4 a 47 del PDF
“018ED_025MemorialPruebaSob.pdf” índice 62 SAMAI.

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12) Entre las personas que los jueces penales ordenaron investigar esta el señor
Juan Carlos Castañeda Villamizar, Comandante del Batallón Ramón Nonato Pérez,
a quien la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del
26 de febrero de 2025 condenó a la pena principal de 468 meses de prisión por los
delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada, tortura
en persona protegida y desplazamiento forzado, todos en concurso homogéneo, del
que fueron víctimas cincuenta y cuatro (54) pobladores de los municipios de Recetor
y Chámeza y, entre los que se encuentra el médico Géiner Antonio Munive
Rodríguez31, desaparecido el 27 de febrero de 2003. Se dijo:

“De la lectura de las piezas procesales se extrae que los hechos
materia de investigación tuvieron su génesis durante el segundo
semestre del año 2002 y primer semestre del año 2003, así consta en
las denuncias presentadas por algunos familiares de las personas
víctimas de estos hechos y algunas ONG defensoras de los Derechos
Humanos, hechos que se desarrollaron en algunas veredas de los
municipios de Chámeza Boyacá y Recetor Casanare, así como en el
casco urbano de estas dos municipalidades, por miembros del grupo
de Autodefensas Campesinas del Casanare, que operaban en esa
región al mando de HÉCTOR GERMÁN BUITRAGO PARADA alias
‘Martín Llanos’, en connivencia con el comandante del Batallón
Ramón Nonato Pérez, JUAN CARLOS CASTAÑEDA VILLAMIZAR y
algunos de sus hombres bajo su mando, así como del alcalde de la
municipalidad de Recetor, FLAMINIO COCINERO COSTO, en donde
en algunos eventos los habitantes de estas municipalidades eran
citados por el grupo al margen de la ley con el fin de que
comparecieran al lugar donde ellos les indicaran, para que una vez
se hicieran presentes en estos sectores, y además otros eran
sacados de sus lugares de residencia, una vez se encontraban en
poder de sus victimarios, eran amarradas, torturadas,
posteriormente asesinadas y luego algunos enterrados en fosas y de
otros se desconoce su paradero.

Los residentes de estos municipios y víctimas en el presente
proceso eran citados conforme a listas que eran entregadas a
miembros del grupo, listas que eran realizadas por diferentes
autoridades del orden municipal, en Recetor Casanare, por quien para
esa fecha ostentaba el cargo de alcalde del municipio FLAMINIO COCINERO
COSTO, con la colaboración que les prestó el entonces comandante
del Batallón No.44 ‘Ramón Nonato Pérez’.

Dentro de algunas de las innumerables víctimas de los hechos aquí
relatados, se señala a quienes en vida respondían a los nombres de:

(…)

31 Es importante resaltar que también fue condenado el señor Flaminio Cocinero Costo, quien fuera

alcalde del municipio de Recetor para la época de los hechos, pues, se demostró que si bien fue
declarado objetivo militar por parte del grupo paramilitar, no denunció los hechos y, en su lugar, llegó
a un acuerdo con estos en el que elaboró las listas de las personas que consideraba ayudaron en
su momento a la guerrilla.

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10. GÉINER ANTONIO MUNIVE RODRÍGUEZ – Médico Recetor-
Desaparecido el 27 de febrero de 2003. (…). Corte Suprema de Justicia
– Sala de Casación Penal, expediente número
85001310700120120009801 (61.994), en relatoría del sitio web de la
página de la Corte https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/

4) Análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado

4.1 El daño

El daño alegado por los demandantes, esto es, la desaparición forzada del médico
Géiner Antonio Munive Rodríguez en hechos del 27 de febrero de 2003 se
encuentra demostrada, pues, así dan cuenta las diversas decisiones penales
condenatorias por este suceso y que fueron citadas en el acápite anterior, las que
a su vez dan cuenta de que aquel fue torturado para luego ser víctima de homicidio.

4.2 Imputación

1) El Tribunal Administrativo del Casanare declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía
Nacional por la desaparición forzada, tortura, tratos crueles y homicidio del señor
Géiner Antonio Munive Rodríguez, pues, si bien es cierto los actos delictuosos
fueron cometidos por integrantes de las Autodefensas Campesinas de Casanare,
no lo es menos que ello solo fue posible por el hecho de que militares y uniformados
de la policía permitieron que dicho grupo operara en el municipio de Recetor, no
protegieran al galeno y, por el contrario, participaran en su desaparición forzada.

2) Las entidades demandadas, por su parte, estiman que deben ser exoneradas por
cuanto se configuró el hecho de un tercero, toda vez, que fueron integrantes de un
grupo paramilitar los que desaparecieron torturaron y ultimaron al familiar de las
víctimas.

3) Sobre el particular, la Sala modificará la decisión que declaró la responsabilidad
patrimonial extracontractual de las entidades que conforman la parte pasiva de la
litis, para solo declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional toda vez que se demostró que el lamentable crimen

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pudo llevarse a cabo por la participación de integrantes de aquella, quienes
facilitaron las acciones de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

4) En efecto, en primer lugar, la Sala reitera que el derecho constitucional y legal
imponen al Estado la obligación de proteger y garantizar la vida de las personas y
por ello proscriben conductas que amenacen, pongan en peligro o lesionen ese
derecho fundamental de conformidad con lo preceptuado en los artículos 2, 11,12 y
93 de la Constitución Política, mandatos que extienden sus efectos protectores aún
en casos de conflictos internos o externos donde existe el deber primordial de
proteger, en todo caso, los derechos fundamentales de la población civil no
combatiente en virtud del principio de distinción.

Por ello, en armonía con lo dispuesto en el artículo 90 Superior, si los miembros de
la Fuerza Pública despliegan acciones al margen del ordenamiento jurídico que
ponen en riesgo la vida de civiles, se puede predicar la responsabilidad patrimonial
y extracontractual del Estado siempre que ese daño sea imputable a la entidad
demandada y no se demuestre que concurre una causal excluyente de
responsabilidad.

5) En ese sentido, en el caso objeto de análisis se encuentra que i) a finales de
noviembre de 2002, las Autodefensas Campesinas del Casanare ingresadenuncias
realizadasecetor e hicieron presencia efectiva en el mismo en enero de 200332; ii)
en este mismo mes, el grupo paramilitar reunió a cien (100) familias y les exigió que
“colaboraran” a cambio de respetar sus vidas; iii) en febrero de 2003, el grupo
elaboró una lista con varias personas a las que acusó de colaborar con la guerrilla
y ‘citó’ a treinta y cinco (35) ciudadanos, los cuales no regresaron a sus hogares33;
v) el doctor Géiner Antonio Munive Rodríguez, quien fungía como médico del
municipio de Recetor, tras advertir que varios de sus habitantes desaparecieron,
acudió al municipio de Yopal y en un Consejo de Seguridad denunció los anteriores
hechos y alertó que tanto en los entes territoriales de Chameza como de Recetor
las Autodefensas Campesinas del Casanare mataban y desaparecían a sus

32 Tal como consta en el documento suscrito por el director del Programa Presidencial de DDHH y

DIH y dirigido al Alto Comisionado para la Paz (fl. 29 del PDF “057ED_012RespuestaparteDem”
expediente digital, índice 62 SAMAI).
33 Íbidem.

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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
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ciudadanos, sin que nadie hiciera nada34; vi) en el Consejo de Seguridad habían
sujetos aliados a los paramilitares, quienes les informaron sobre las denuncias
realizadas por el galeno, ante lo cual, el grupo paramilitar decidió que Alexánder
González Urbina “alias careloco” lo citara y, vii) mediante engaños el médico acudió
a la vereda Sinagaza acompañado del conductor de la ambulancia 35, para nunca
más ser vistos.

6) De las sentencias penales, se sabe que una vez las Autodefensas Campesinas
del Casanare tuvieron en sus manos al médico Géiner Antonio Munive Rodríguez y
al conductor de la ambulancia, Alexánder González Urbina “alias Careloco” ordenó
que fueran torturados, lo cual así se hizo, para ser finalmente degollados por un
menor de edad36 reclutado por el grupo ilegal.

7) Una vez se cometió el homicidio del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez,
los paramilitares lo descuartizaron y ocultaron sus restos mortales, sin embargo,
meses después, luego de ser enterados que una comisión de la Cruz Roja iba acudir

34 Lo antedicho, tal como consta en las propias confesiones de los paramilitares que fueron citadas

en las sentencias condenatorias, así por ejemplo, en la sentencia del 31 de julio de 2013 dictada por
el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito del programa de descongestión OIT, se indicó que
Alexánder González Urbina, alias “careloco”, refirió que “para el mes de febrero de 2003 cuando el
doctor Géiner Munive, tengo conocimiento que asiste a un Consejo de Seguridad que se llevaba en
Yopal (…) el médico Géiner hace la observación que están distrayendo la atención del caso y que
necesitan que le pongan atención a la seguridad de Chameza y Recetor en la parte rural, después
de eso que Miguel Zarate tiene comunicación telefónica con el comandante HK, y HK me Ilamó, nos
reunimos, habla conmigo, me cuenta lo que habló con el personero y me dice que cuando el médico
se encuentre ubicado en Rector lo cite a una reunión”, mientras que José Darío Orjuela Martínez,
alias Solin afirmó que “hubo un consejo de seguridad en Yopal (Casanare), donde estuvieron varias
personas que ejercían el poder en ese momento en el departamento, este señor puso la queja de
que las Autodefensas Campesinas del Sur de Casanere, estaban matando y despareciendo la gente
de Chameza y Recetor, yo tenía una persona de confianza en esa reunión y apenas salió de esa
reunión me informó de la queja que había puesto el médico, yo le informó al comandante HK y se
toma la decisión de que ‘careloco’ lo cite, y que lo apretara y lo desapareciera (fls. 240 a 271 PDF
66, índice 62 SAMAI).
35 “los actos desplegados por los victimarios estaban impulsados por un dolo de desaparecer

forzadamente al doctor Géiner Antonio Munive Rodríguez y a su conductor Nairo Omero Chaparro,
a quienes perversamente engañaron para que se dirigieran hasta la vereda Sinagaza, bajo la torpe
manifestación que ‘se requería al médico del municipio’.” Sentencia del 31 de julio de 2013 dictada
por el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito del programa de descongestión OIT (fls. 240 a
271 PDF 66, índice 62 SAMAI).
36 En la sentencia penal del 14 de abril de 2008 dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito

de Yopal (Casanare) en contra de Alexander González Urbina, en relación con la forma en que
desapareció y murió el familiar de las víctimas, se citó lo expuesto por Leonardo Jovany Zapata,
integrante del grupo paramilitar, quien sostuvo que “la ejecución de las víctimas se hizo en la vereda
el Gufal de Caja de Tauramena a finales del mes de febrero y quien lo hizo fue un menor de 11 años
conocido como Camaleón, previa orden de ‘careloco’, que el niño les cegó la vida con un arma blanca
y la escolta de ‘careloco’ despresó a las dos víctimas” (fls. 114 a 149 del PDF “3anexos”, índice 62
SAMAI), por su parte, en la sentencia penal del 31 de julio de 2013, al citarse la declaración de alias
“careloco” se indicó que este aceptó que “fueron torturados con armas blancas, machete, se cortaban
estando vivos” (Fls. 4 a 47 DEL PDF “18 ED_252 índice 62 SAMAI).

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al lugar donde aquellos reposaban, decidieron sacarlos y arrojarlos a una fuente
hídrica, lo cual llevó a que estos nunca se encontraran.

8) Las terribles circunstancias que rodearon la desaparición, tortura y muerte del
señor Géiner Antonio Munive Rodríguez merecen todo el reproche y condena no
solo contra los autores materiales sino también frente aquellos que permitieron que
el crimen ocurriera pese a estar instituidos para proteger a la ciudadanía del actuar
criminal, entre otros, de grupos armados al margen de la ley; no obstante, en este
caso se verificó la ocurrencia de todo lo contrario.

9) En ese sentido, le asiste responsabilidad patrimonial extracontractual al Ejército
Nacional, pues, se encuentra demostrado que el lamentable suceso solo fue posible
por la participación de integrantes de dicha institución.

10) En efecto, de las providencias dictadas por la justicia penal, se sabe que un mes
antes de la desaparición del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, las
Autodefensas Campesinas del Casanare ya habían ultimado y desaparecido a
varios habitantes de los municipios de Recetor y Chameza sin que el Ejército
Nacional desplegara alguna actividad para detenerlos.

11) El médico, en un acto de valentía, decidió denunciar los hechos en un Consejo
de Seguridad llevado a cabo en el municipio de Yopal (Casanare), pero esta
circunstancia conllevó a que fuera incluido en las listas elaboradas por los
paramilitares y destinadas al homicidio de aquellos que se oponían a las actividades
criminales del grupo ilegal.

12) En las sentencias penales, se indica que los paramilitares informaron que los
delitos y lo acontecido con el doctor Géiner Antonio Munive Rodríguez no pudo
haber sido desarrollado sin la acción u omisión de integrantes del Ejército Nacional
quienes también alertaron al grupo ilegal para que se ocultaran los restos mortales,
de allí a que se remitiera copias para que se investigara tanto la acción como la
omisión de miembros de dicha autoridad y, precisamente, tratándose del Ejército
Nacional, particularmente se sabe que Juan Carlos Castañeda Villamizar,
comandante del Batallón Ramón Nonato Pérez para la época de los hechos, fue
una de las personas que, valiéndose de su cargo, permitió que el grupo paramilitar

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operara en el municipio de Recetor y colaboró en la elaboración de la lista por la
cual se dispuso la desaparición del médico, hecho que conllevó a que fuera
condenado por la justicia penal ordinaria por los delitos de homicidio en persona
protegida, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y
desplazamiento forzado, en concurso homogéneo.

13) Los progenitores del doctor Géiner Antonio Munive Rodríguez residían en la
ciudad de Valledupar y ante el hecho de no tener noticias suyas ni poder contactarlo,
decidieron viajar al municipio de Recetor para luego, el 20 de marzo de 2003, acudir
a la ciudad de Yopal y allí denunciar los hechos donde informaron que en Recetor
“nadie habla ni dice nada, todo el mundo es un hermetismo notorio y temor” 37.

14) Durante más de cuatro años la familia del médico Géiner Antonio Munive
Rodríguez desconoció sobre las circunstancias que rodearon su desaparición, lo
cual es característico del actuar cruel y despiadado de los integrantes de las
estructuras paramilitares que militaban en diferentes zonas del país en esa época,
en especial si se considera que i) dado lo expuesto en las sentencias penales, es
casi imposible que tengan acceso a sus restos debido a que fue descuartizado y
arrojados a una fuente hídrica y, ii) en la búsqueda de su familiar, fueron objeto de
amenaza, hecho que motivo a que buscaran asilo en Canadá.

15) En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que, como lo
indicó el tribunal de primera instancia, le asiste responsabilidad patrimonial
extracontractual a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la
desaparición forzada del que fuera víctima el doctor Géiner Antonio Munive
Rodríguez, pues, en lugar de cumplir sus deberes, integrantes de la autoridad
permitieron y colaboraron para que el grupo paramilitar montara toda una empresa
criminar y operara a sus anchas en el municipio de Recetor y desapareciera al
familiar de los demandantes, aspecto que evidencia una falla del servicio.

16) En cuanto a la configuración del hecho exclusivo de un tercero, la Sala
encuentra que dicho eximente no se encuentra demostrado en la medida que no
fue la actuación única del grupo paramilitar la que causó el daño y, por el contrario,

37 Fl 44 del PDF “003ED_003Anexospdf.pdf” índice 62 SAMAI.

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este ocurrió precisamente por la participación de integrantes del Ejército Nacional
que comprometen la responsabilidad de la entidad.

16) Por su parte, en el caso de la Policía Nacional, aunque de las sentencias penales
se tiene que paramilitares manifestaron que existió alguna participación de
integrantes de la autoridad y se ordenó la remisión de copias para que se les
investigara, lo cierto es que el expediente no hay pruebas que respalden las
afirmaciones de los miembros del grupo ilegal en relación con la participación de
integrantes de la Policía Nacional en los lamentables hechos.

17) De igual manera, tampoco esta acreditado en el expediente que los integrantes
de la Policía Nacional supieran del plan de los paramilitares de desaparecer al
médico y que no lo evitaran, por el contrario, las pruebas señalan que fueron los
integrantes del Ejército Nacional los que prestaron colaboración al grupo ilegal.

18) Por consiguiente, la Sala modificará la declaración de responsabilidad
patrimonial solidaria de las entidades demandadas, para condenar solamente al
Ejército Nacional.

5. Indemnización de perjuicios

5.1 Perjuicios morales

1) Por este concepto, el a quo reconoció la suma de 200 SMLMV38 en favor de la
progenitora del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez y 100 SMLMV en favor de
casa uno de sus cuatro hermanos39.

2) Sobre el particular, la Sala recuerda que la Sección Tercera en sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014 expediente no. 32.988 refirió que, en casos
excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, puede otorgarse una
indemnización mayor a los topes establecidos en materia de reparación de
perjuicios morales en casos de muerte -en los cuales se reconoce hasta 100

38 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
39 Todos los demandantes acreditaron su parentesco con los registros civiles de nacimiento que

reposan en el expediente (fls. 11 a 38 del PDF “003ED_003Anexos” índice 62 SAMAI).

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SMLMV- y sin que se supere el triple de los montos, aspecto que se da cuando
existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad
del daño moral.

3) En ese sentido, sobre el delito de desaparición forzada y el daño que causa a los
familiares de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
precisado lo siguiente40:

“La desaparición es un hecho súbito que produce muchos ‘sin sentidos’
en los familiares de las víctimas. Se le llama ‘experiencia traumática’
porque es una experiencia que deja una huella indeleble en la memoria,
en la historia y en la vida de la gente, con la cual se tiene que aprender a
vivir. Dentro del contexto de las violaciones de derechos humanos, la
desaparición afecta el ‘proceso de duelo’, el cual consiste en la forma en
que las personas enfrentan la pérdida de personas con quienes tienen
una vinculación afectiva especifica. La desaparición implica un tipo de
proceso muy traumático y difícil de realizar, el duelo tiene cuatro tareas
principales en el proceso de restablecimiento y recuperación emocional.
La primera tarea, es que la persona acepte que la pérdida es un hecho
definitivo en su vida. La segunda es la posibilidad de expresión emocional,
de manera que la persona tenga un espacio para poder llorar y expresar
frente a otras personas significativas cómo se siente. La tercera tarea es
que la persona se adapte a un nuevo contexto en el cual ya no está su
familiar, lo cual inclusive implica una adaptación económica porque ya no
cuenta con la fuente de sustento. La cuarta tarea es desarrollar formas de
recuerdo de la persona desaparecida, como simbolizar la pérdida, como
recordar al familiar desaparecido y la posibilidad de restablecer las
relaciones afectivas con personas significativas.

Estas cuatro tareas, están muy cuestionadas en los casos de desaparición
forzada porque el hecho es inaceptable per se, debido a que se
desconoce lo que ha sucedido ya que no se tiene la certeza de la muerte
de la persona, ni se tienen los restos en el caso de que el familiar hubiera
fallecido. La ambivalencia respecto a qué sucedió hace que la aceptación
no se pueda dar. Así mismo, hace mucho más difícil encontrar un espacio
para poder expresar el duelo, porque asociado el desaparecido hay un
estigma social que hace para los familiares difícil e incluso peligroso
expresarse. Los familiares de las víctimas no cuentan con los espacios de
expresión pública del dolor como son los ritos, las ceremonias, los
funerales, es decir, lugares en los cuales pueden expresar su vivencia
emocional y recibir la solidaridad de las personas, la desaparición también
provoca que el duelo se realice en condiciones mucho más estresantes
para los familiares de las víctimas. Muchas veces no hay espacio para
reconocer los sentimientos porque la sobrevivencia de cada día se
convierte en lo más importante para la familia. Los familiares de
desaparecidos se sienten mal si tratan de reconstruir sus relaciones con
otras personas, porque les resulta difícil, les produce un sentimiento de
culpa el hecho de recuperar su vida o de encontrarse afectivamente mejor
sin saber que ha pasado con su familiar.

40 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de 19 comerciantes versus Colombia,

Sentencia del 5 de julio de 2004. Serie C no. 109. La cual puede ser consultada en el sitio de
internet de la corte https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm por el estado de Colombia.

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(…).

Una de las formas de apoyo para la recuperación de los familiares la
constituyen los ritos. La ausencia de los restos hace que la familia de la
víctima no pueda desarrollar los ritos habituales. Los ritos ayudan a
separar la relación entre la vida y la muerte y permiten mitigar el daño del
impacto de la separación y obtener un cierto reconocimiento social. El rito
permite que la gente puede expresar solidaridad y la persona se puede
sentir acompañada en la aflicción. En el caso de la desaparición esta
forma de recuperación se encuentra bloqueada porque los familiares que
no han recuperado los restos de sus seres queridos no pueden realizar
ritos. Los familiares que se plantean hacer este tipo de ceremonias
muchas veces han tenido un sentimiento de culpabilidad, porque es como
dar por muerto o ‘matar’ al familiar desaparecido”.

4) En este caso objeto de análisis los demandantes durante varios años padecieron
la incertidumbre de no conocer el paradero de su familiar y, en su búsqueda, fueron
amenazados, además, se les negó la posibilidad de recuperar los restos mortales
del médico, debido a la forma en que estos últimos fueron tratados.

5) En efecto, en el expediente, reposa el testimonio del señor Blavasky Armesto
Villalba, quien refirió que a raíz de la desaparición forzada de Géiner Antonio Munive
Rodríguez, sus familiares quedaron devastados, lo buscaron, fueron amenazados y
debieron ser asilados en Canadá.

6) Por consiguiente, la Sala mantendrá la indemnización otorgada por el tribunal de
primera instancia, pues, se encuentra demostrado que durante varios años los
demandantes no supieron del paradero de su familiar y procedieron a buscarlo, sin
saber que había sido ejecutado el mismo día de su desaparición, de acuerdo con lo
consignado en las sentencias penales que obran en el expediente.

5.2 Perjuicios a la vida de relación

1) Por este concepto se solicitó la suma equivalente a 100 SMLMV en favor de cada
uno de los demandantes, con fundamento en que la vida de la familia Munive sufrió
una alteración que afectó a todos.

2) El tribunal de primera instancia en el momento de estudiar el perjuicio, refirió que
lo pretendido por los demandantes era propio de la afectación a bienes
constitucionalmente protegidos -el cual de por sí también fue solicitado de manera

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separada en la demanda41- y reconoció la suma de 200 SMLMV en favor de la
señora Gladis María Rodríguez de Munive, mientras que a cada uno de los
hermanos de Géiner Antonio Munive Rodríguez los indemnizó con 100 SMLMV.

3) Sobre este punto en particular, es importante resaltar que esta Corporación se
ha apartado de los conceptos de daño a la vida de relación, perjuicio fisiológico y
alteración grave de las condiciones de existencia para establecer dos categorías
autónomas de perjuicio inmaterial, diferentes al daño moral, a saber: “el daño a la
salud”42, cuando se trate de una lesión a la integridad psicofísica de la persona 43, y
“la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados”44, perjuicio este que debe estar plenamente acreditado en el proceso y
ameritar su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la
gravedad de los hechos.

4) En el presente asunto, los demandantes solicitaron se les otorgará un tratamiento
médico y psicológico, lo cual estaría comprendido en el daño a la salud.

5) La Sala accederá al reconocimiento psicológico, pues, de los documentos
allegados al plenario se tiene que los demandantes sufren por la desaparición de
su familiar.

6) En el expediente solo reposa: i) constancia del 24 de octubre de 2006 de la
Fundación País Libre, por medio de la cual refiere que la entidad presta asistencia
general, psicológica y jurídica a la señora Gladis María Rodríguez (fl. 90 del PDF
“003Anexo” índice 62 SAMAI) y, ii) oficio del 24 de noviembre de 2006 suscrito por
una funcionaria de la comisión de derechos humanos del Senado de la República y
dirigido al Ministerio del Interior y de Justicia, por medio de la cual indicó que a raíz

41 En concreto, los demandantes solicitaron por daño a la vida de relación la suma de 100 SMLMV

en favor de cada actor, mientras que por “violación de varios derechos fundamentales, entre estos,
el derecho a la vida, la integridad personal, la familia, la tranquilidad, la libertad y el derecho a no ser
desplazados” (fl. 3 del PDF “002ED_002Demanda” índice 62 SAMAI solicitaron la suma de 600
SMLMV en favor de cada accionante.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de

unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, MP Danilo Rojas Betancourth y
exp. 31170. MP Enrique Gil Botero.
43 Criterio de decisión que no comparte el ponente de este proceso, pero, que por tratarse de una

sentencia de unificación jurisprudencial debe aplicarse.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de

unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988, MP Ramiro Pazos Guerrero y exp.
26.251, MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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de lo acontecido con el señor Geiner Antonio Munive Rodríguez, su familia, vivía
una situación de amenazas y desplazamiento que afectaba su integridad física y
psicológica (fl. 5 del PDF “047Anexo”).

7) En los anteriores documentos se hace relación a que la familia vive una
afectación psicológica, la cual lleva a que requieran tratamiento psicológico, en
especial si se considera que sufrieron amenazas que los afectaron y debieron salir
del país.

8) En ese sentido, se ordenará que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, previa valoración de un médico especialista en psicología del Instituto
Nacional de Medicina Legal que dictaminará el grado de afectación de los
demandantes, brindará un tratamiento psicológico a estos y por el tiempo que
dictamine el especialista; en ese sentido, toda vez que los demandantes se
encuentran asilados en otro país, el tratamiento puede ser brindado a través de
telemedicina o los convenios con los que cuente el Estado colombiano con Canadá,
en todo caso el costo será asumido por la entidad condenada; asimismo, la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional sufragará el valor del dictamen que debe
ser realizado por el médico especialista del Instituto Nacional de Medicina Legal, el
cual también puede ser realizado a través de telemedicina o a través de los
convenios con los que cuente el Estado colombiano con Canadá.

9) En cuanto al tratamiento médico, en el expediente no hay ninguna prueba que
indique de manera fehaciente que los demandantes sufren de alguna otra afectación
-diferente al psicológico- por causa de la desaparición de su familiar.

5.3 Afectación relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados

1) La parte demandante solicitó como indemnización la suma de 600 SMLMV por la
afectación de varios derechos fundamentales, al tiempo que reclamó varias
medidas de reparación no pecuniarias.

2) El tribunal de primera instancia accedió a las dos pretensiones y reconoció la
suma de 200 SMLMV en favor de la señora Gladis María Rodríguez de Munive,
mientras que a los hermanos de Géiner Antonio Munive Rodríguez los indemnizó

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con 100 SMLMV para cada uno, por concepto de afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados.

3) Respecto de lo anterior, esta Corporación revocará la indemnización45 monetaria
y privilegiará las medidas de reparación no pecuniarias.

4) En efecto, en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera
del 28 de agosto de 2014, expediente número 26.251, MP Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, se expresó que, en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de
oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados, la cual procederá siempre y
cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación
integral.

5) Asimismo, en la mentada decisión se manifestó que se privilegiaba la
compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la
víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a)
permanente y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las
relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos; de igual manera, se
señaló que solo en casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no
sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse
una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el
establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso,
siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocido con fundamento en
el daño a la salud.

6) Sobre esto último, la Sala observa que la indemnización por perjuicios morales
abarca los daños que se le causaron a la familia Munive, de modo que no se
requiere de una indemnización adicional, en especial si se considera que las

45 Las demandadas solicitaron que se revocara la sentencia de primera instancia y, si bien es cierto

hablaron solo de la responsabilidad, se entiende que su inconformidad también abarca la
indemnización de perjuicios; sobre esto último, es pertinente recordar que el artículo 328 del CGP,
norma respecto de la cual se presentó el recurso, indica que “cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
Sobre los alcances del recurso de apelación y, la lógica elemental “el que puede lo más, puede lo
menos” ver la sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del del Consejo de Estado del 09 de
febrero de 2012, MP Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 20.104; sentencia del 17 de junio de 2024
expediente no. 66.917 MP María Adriana Marín,

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medidas de satisfacción son suficientes para lograr la reparación integral de los aquí
demandantes46.

7) En ese sentido, en relación con estas últimas, en la demanda se solicitó: i) “hacer
un reconocimiento público de responsabilidad en la desaparición forzada de Géiner
Antonio Munive Rodríguez, de lo cual se hará un acto conmemorativo el 27 de
febrero del año siguiente a la ejecutoria de la providencia”47, ii) “se obligue a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional por concepto
de garantías de no repetición a establecer un mecanismo para apoyar el plan de
vida de las personas que han sido víctimas del conflicto armado interno”48; iii)
“garantizar las condiciones favorables para el regreso al lugar de donde fueron
desplazados forzosamente los demandantes por causa de la desaparición forzada
del joven Géiner Antonio Munive Rodríguez”, iv) “investigar y a sancionar a los
miembros de las Fuerzas Militares y a los miembros de otros estamentos del Estado
que son responsables de la desaparición forzada del señor Geiner Antonio Munive
Rodríguez, con el fin de que este crimen no quede en la impunidad y se garantice
así a sus familiares el derecho a la verdad y a la justicia” y v) “se oficie a una
comisión de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación
para que efectúe la búsqueda del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez”49.

8) El tribunal de primera instancia como medidas de satisfacción ordenó a las
demandadas realizar lo siguiente:

a) “Publicar un extracto de esta sentencia y de la que profiera el superior
funcional, con expresa identificación de los hechos, de la organización
criminal que los cometió y los nombres de quienes han sido penalmente
condenados por ellos, así como la transcripción de la parte declarativa de
la condena (excluidos datos relativos a indemnizaciones), en diario de
amplia circulación nacional, por no menos de tres (3) veces, así como en
diario de masiva circulación regional en Casanare, por el mismo número.

b) Reconocer en acto público que se realizará en Recetor - Casanare, en
presencia de las autoridades territoriales (gobernador y alcalde de
Recetor), de delegados de la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, así como de los demandantes y demás familiares

46 En la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente no. 32.988, MP Ramiro Pazos

Guerrero, la Sección Tercera analizó el caso de varias personas que fueron objeto de tortura y
desaparición forzada y en el que se privilegió las medidas de satisfacción no pecuniarias, aspecto
que también ocurrió en la sentencia no. 26.251.
47 Fl. 4 del PDF “002ED_002Demanda” índice 62 SAMAI.
48 Fl. 5 del PDF “002ED_002Demanda” índice 62 SAMAI.
49 Ibidem.

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de la víctima directa que deseen comparecer, a todos quienes se
garantizará seguridad, que: i) el médico Géiner Antonio Munive Rodríguez
fue secuestrado, desaparecido forzosamente y Ultimado. Por integrantes
de la facción ‘ACC’ del paramilitarismo que operó en Casanare; ii) que su
familia, como el occiso mismo, son víctimas del conflicto armado interno;
iii) que las autoridades y en especial la Fuerza Pública, no realizaron
esfuerzos suficientes para contener la expansión, dominio territorial y
criminalidad de esas organizaciones delictivas en Casanare, lo que
contribuyó a la ejecución del daño en el caso concreto.

En la ceremonia el Estado honrará la memoria de la víctima directa,
presentará excusas a la familia y a la comunidad y hará formal promesa
de no repetición. Igualmente lo hará, con similares alcances y partícipes
de los organismos y dependencias nacionales, en el primer ‘día nacional
de la memoria y solidaridad con las víctimas’ que sobrevenga después de
la ejecutoria de la sentencia, en cuyo escenario dará las pertinentes
satisfacciones simbólicas a la memoria del médico Munive Rodríguez y a
sus deudos” y
c) que la “copia auténtica completa de los fallos de las dos instancias se
remitirá al Centro de Memoria Histórica para su inserción en los archivos
institucionales del conflicto armado colombiano”50.

9) En el recurso de apelación, los demandantes indicaron que estaban conformes
con el acto de perdón público, no obstante, solicitaron que aquel fuera concertado
con el propósito de que no se creara una revictimización; asimismo, pidieron que se
reconocieran todas las pretensiones de la demanda.

10) La Sala, en atención al recurso de apelación de la parte actora, y de acuerdo
con la regla según la cual las medidas de reparación integral deben concertarse con
la víctima, modificará lo concerniente al acto público para que los demandantes le
informen a la entidad demandada y condenada en el mes siguiente a la ejecutoria
de la providencia; el día, hora y ciudad colombiana en la que desean que se lleve a
cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad en la desaparición
forzada, tortura y muerte del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, víctima del
conflicto armado, al tiempo que reconocerá la gravedad de los hechos, dará
garantías de no repetición y se les informará a los demandantes si se encuentran
las condiciones -las cuales deben estar garantizadas- para que regresen al país, si
así es su deseo; asimismo, se debe concertar con los demandantes que
representantes de la entidad accionada y otros estamentos deben estar en el acto
público.

50 Fl. 67 del PDF “070SENTENCIA” índice 62 SAMAI.

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Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

11) En relación con la publicación de las sentencias de primera y segunda instancia
del proceso de reparación directa, se modificará la decisión de primera instancia y,
en su lugar, se dispondrá que los demandantes informen a la entidad accionada, en
el mes siguiente a la ejecutoria de la providencia, si desean que, además del acto
público, se emita un comunicado en el que se disculpen con los demandantes por
los perjuicios causados y se reconozca la responsabilidad en la desaparición
forzada, tortura y muerte del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, el cual debe
ser publicado en las plataformas de comunicación y difusión de la entidade, y a ellos
procederá el Ejército Nacional una vez sea indicado por los accionantes, quienes
también le informaran a la accionada si también desean, junto con el comunicado,
la publicación de la sentencias condenatorias dictadas en el proceso de reparación
directa de la referencia.

12) De otro lado, los demandantes informaran a la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional en el mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si desean
que la copia completa de los dos fallos de reparación directa sea remitida al Centro
de Memoria Histórica para su inserción en los archivos institucionales del conflicto
armado colombiano, si los demandantes informan que sí, la demandada se
encargara de allegar las dos providencias al Centro de Memoria Histórica.

13) Finalmente, la Sala no accederá a las demás medidas de satisfacción solicitadas
en la demanda, pues, se considera que las aquí decretadas son suficientes para
lograr la reparación integral de las víctimas, además, en relación con las
investigaciones penales, por ser un caso de lesa humanidad estas se encuentran
en cabeza de la justicia ordinaria y los jueces penales dispusieron que se efectuara
la búsqueda de los restos mortales del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez.

5.4 Perjuicio material

1) Los actores solicitaron en la demanda del proceso de la referencia que se
condenará a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional
a pagar “todos y cada uno de los demandantes de la presente acción por concepto
de perjuicios materiales o patrimoniales los que se demuestren en el curso del
proceso, padecidos y futuros por los demandantes. La condena de los perjuicios
materiales se hará en la cuantía que resulte de las bases demostradas en el

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Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

proceso, reajustada en la fecha de ejecutoria de la sentencia que declara la
responsabilidad de los demandados”51, mientras que en el acápite de la cuantía
refirieron que los perjuicios materiales ascendían a la suma de $5.340.637.969 por
concepto de lucro cesante y daño emergente.

2) El tribunal de primera instancia negó la indemnización por concepto de perjuicio
material porque este no se demostró, además, ordenó “descontar de lo que
corresponda a la demandante Gladis María Rodríguez de Munive, los salarios
recibidos, en calidad de curadora de los bienes de su hijo Geiner Antonio Munive,
hasta agotar el monto de las indemnizaciones ordenadas para ella en el presente
proceso, sin que pueda convertirse en deudora de la entidad territorial ni de la
Nación”52.

3) Los actores en el recurso de apelación solicitaron que i) se eliminara la orden de
descuento, pues, el departamento del Casanare reconoció los salarios por una
carga impuesta por el legislador, en concreto por la Ley 986 de 2005, lo cual difiere
completamente del objeto por el cual aquí se demanda y, ii) se reconozca los gastos
que incurrieron las víctimas, quienes debieron ser asilados en Canadá.

4) Sobre el particular, la Sala confirmará la decisión que negó los perjuicios
materiales en favor de los demandantes, pues, no hay prueba de la existencia de
aquellos.

5) En efecto, en la demanda de manera clara se pidió reconocer los gastos que
fueran demostrados en el expediente; sin embargo, en el proceso no se probó
ninguna erogación.

6) Los actores indican que los mismos deben presumirse y condenarse en abstracto,
aspecto a lo cual no accederá la Sala, pues, incumbe a la parte actora acreditar la
existencia del perjuicio que pretende ser reconocido, además, la condena en
abstracto se origina cuando hay prueba del perjuicio más no de su cuantificación y,

51 Fl. 2 del PDF “002ED_002Demanda” índice 62 SAMAI.
52 Fl. 73 del PDF “070SENTENCIA” índice 62 SAMAI.

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Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

en el caso objeto de análisis, no se demostró la existencia de algún perjuicio material
causado a la parte actora53.

7) De otro lado, en cuanto al perjuicio material por lucro cesante, el tribunal de
primera instancia lo negó porque no se acreditó que los demandantes recibían un
apoyo constante económico por parte de su familiar, aspecto que será confirmado,
sin embargo, se revocará la decisión que ordenó descontar los salarios que pagó el
departamento del Casanate a la demandante Gladis María Rodríguez -en calidad
de curadura de los bienes de su hijo-, pues, la fuente legal de aquellos difiere del
objeto del aquí se demanda, además, dicho ente territorial no es parte en el proceso
de la referencia.

6. Conclusión

Se modificará la sentencia apelada que declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía
Nacional por la desaparición forzada, tortura y homicidio del que fuera víctima el
señor Géiner Antonio Munive Rodríguez, para declarar solo la responsabilidad de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

7. Condena en costas

Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la Ley
446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna
de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, las demandadas no
procedieron de esa forma, en consecuencia, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

53 Lo cual incluye el lucro cesante, en la medida que no se demostró la dependencia económica de

los actores con el médico Géiner Antonio Munive Rodríguez.

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Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

FALLA:

1º) Modifícase la sentencia proferida el 20 de octubre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, la cual queda así:

“PRIMERO. DECLÁRASE no probadas las excepciones planteadas por
la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Nación – Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional.

SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonial y extracontractualmente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por
la desaparición forzada, tortura, tratos crueles y homicidio del señor
Géiner Antonio Munive Rodríguez, en hechos ocurridos desde el 27 de
febrero de 2003, entre los municipios de Recetor y Chámeza – Casanare.

TERCERO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a pagar a título de perjuicios morales, en favor de las siguientes
personas y por los montos establecidos a continuación:

Demandante Parentesco Daños
morales
Gladis María Rodríguez de Munive Madre 200 SMLMV
Eudes Ramón Munive Rodríguez Hermano 100 SMLMV
Favián Andrés Munive Rodríguez Hermano 100 SMLMV
Hermes Jesús Munive Rodríguez Hermano 100 SMLMV
Geinis Tatiana Munive Rodríguez Hermana 100 SMLMV
TOTAL 600 SMLMV

El monto del salario mínimo será el que esté vigente al momento de la
ejecutoria de esta sentencia.

CUARTO: CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a título de medidas de satisfacción y reparación:

i) Si los demandantes así lo solicitan en el mes siguiente a la ejecutoria
de esta providencia, reconocer en un acto público -cuyo día, hora y ciudad
será concertado con los actores del proceso de reparación directa- la
responsabilidad que le asiste en la desaparición forzada, tortura y
homicidio del que fue víctima el médico Géiner Antonio Munive Rodríguez,
víctima del conflicto armado, al tiempo que reconocerá la gravedad de los
hechos, dará garantías de no repetición y se les informará a los
demandantes si se encuentran las condiciones -las cuales deben estar
garantizadas- para que regresen al país, si así es su deseo; asimismo, se
debe concertar con los actores que representantes de la entidad
accionada y otros estamentos deben estar en el acto público.

ii) Si los accionantes así lo solicitan en el mes siguiente a la ejecutoria de
esta providencia, se emitirá un comunicado en el que se disculpe con los
demandantes por los perjuicios causados y se reconozca la
responsabilidad en la desaparición forzada, tortura y muerte del médico
Géiner Antonio Munive Rodríguez, dicho comunicado debe ser publicado
en las plataformas de comunicación y difusión de la demandada, y a ellos
procederá el Ejército Nacional una vez sea indicado por los accionantes,
quienes también le informaran a la accionada si también desean, junto

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Actor: Eudes Ramón Munive Rodríguez y otros
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con el comunicado, la publicación de la sentencias condenatorias en el
proceso de reparación directa de la referencia.

iii) Si los accionantes así lo solicitan en el mes siguiente a la ejecutoria de
esta providencia, la demandada remitirá copia completa de los dos fallos
de reparación directa al al Centro de Memoria Histórica para su inserción
en los archivos institucionales del conflicto armado colombiano.

QUINTO: CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, previa valoración de un médico especialista en psicología del
Instituto Nacional de Medicina Legal que dictaminará el grado de
afectación de los demandantes, brindar un tratamiento psicológico a estos
y por el tiempo que dictamine el especialista; en ese sentido, toda vez que
los demandantes se encuentran asilados en otro país, el tratamiento
puede ser brindado a través de telemedicina o los convenios con los que
cuente el Estado colombiano con Canadá, en todo caso el costo será
asumido por la autoridad condenada; asimismo, la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional sufragará el valor del dictamen que debe ser
realizado por el médico especialista del Instituto Nacional de Medicina
Legal, el cual también puede ser realizado a través de telemedicina o a
través de los convenios con los que cuente el Estado colombiano con
Canadá.

SEXTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Sin condena en costas”.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Constancia: la presente decisión fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Sala en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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