Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-31-003-2011-00197-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 85001-23-31-003-2011-00197-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 85001-23-31-003-2011-00197-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
20 de mayo de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 85001-23-31-003-2011-00197-01 (58.788)
Demandante: EUDES MUNIVE RODRÍGUEZ Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL Y OTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DESAPARICIÓN
FORZADA
Síntesis del caso: los actores solicitan indemnización de perjuicios por la desaparición
forzada del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez en hechos ocurridos el 27 de febrero
de 2003 en el municipio de Recetor (Casanare).
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional (fls. 467 a 488 cdno. apelación), la Nación – Ministerio
de Defensa Ejército Nacional (fls. 492 a 509 cdno. apelación) y la parte demandante
(fls. 521 a 527 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 20 de octubre
de 2016 por el Tribunal Administrativo de Casanare (fls. 427 a 463 cdno. apelación)
que dispuso:
“1. DECLARAR no probadas las excepciones planteadas por la Nación
(Policía y Ejército Nacional), conforme a lo dicho en la parte motiva.
2. DECLARAR administrativa y solidariamente responsables a la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional por la
desaparición forzada, tortura, tratos crueles y homicidio del señor Géiner
Antonio Munive Rodríguez, hechos ocurridos desde el 27 de febrero de
2003, entre los municipios de Recetor y Chámeza – Casanare, cometidos
directamente por integrantes de las ‘Autodefensas Campesinas de
Casanare’ – ACC.
3. CONDENAR solidariamente a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y Policía Nacional a pagar a título de perjuicios morales
y daño inmaterial por afectación de bienes o derechos convencionales y
constitucionalmente amparados a los demandantes que se relacionan a
continuación en su condición de madre y hermanos, respectivamente, del
occiso Géiner Antonio Munive Rodríguez, hechos ocurridos desde el 27
de febrero de 2003, entre los municipios de Recetor y Chámeza -
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
Casanare, cometidos directamente por integrantes de las ‘Autodefensas
Campesinas de Casanare” – ACC., así:
Demandante Parentesco Daños Daño inmaterial por
morales afectación de bienes
o derechos
convencionales y
constitucionalmente
amparados
Gladis María Rodríguez Madre 200 SMLMV 200 SMLMV
Tolosa (sic)
Eudes Ramón Munive Hermano 100 SMLMV 100 SMLMV
Rodríguez
Favian Andrés Munive Hermano 100 SMLMV 100 SMLMV
Rodríguez
Eermes Jesús Munive Hermano 100 SMLMV 100 SMLMV
Rodríguez
Geinys (sic) Tatiana Hermana 100 SMLMV 100 SMLMV
Munive Rodríguez
TOTAL 600 SMLMV 600 SMLMV
Total condena: 1.200 SMLMV. El monto del salario mínimo será el que
esté vigente al momento de la ejecutoria de esta sentencia.
Sin perjuicio de la solidaridad frente a los demandantes, el pago de la
condena se distribuye presupuestalmente así:
ENTIDAD % de la condena a su cargo
Ejército Nacional 50% (600 SMLMV)
Policía Nacional 50% (600 SMLMV)
5. Ordenar descontar de lo que corresponda a la demandante Gladis
María Rodríguez Toloso (sic) y/o Gladis María Rodríguez de Munive, los
salarios recibidos del departamento de Casanare, en calidad de curadora
de los bienes de su hijo Géiner Antonio Munive, hasta agotar el monto de
las indemnizaciones ordenadas para ella en el presente proceso, sin que
pueda convertirse en deudora de la entidad territorial ni de la Nación, con
base en este fallo, según se advirtió en la motivación.
La Nación deberá transferir dichos recursos al departamento de Casanare
dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición del acto
administrativo de liquidación de la condena; lo que corresponda a la
entidad territorial devengará intereses de mora a partir de ejecutoria del
fallo, de igual manera que lo reconocido a los demandantes.
Notificada la sentencia, sin esperar a ejecutoria, remítase por Secretaría
copia auténtica al gobernador de Casanare, con carácter informativo.
6. El importe neto de las condenas, efectuado el descuento indicado en la
motivación por los pagos indicados en la parte considerativa, así como
por los pagos que rea/ice o haya realizado la Nación en virtud de /a
reparación administrativa a víctimas del conflicto armado interno, si a ello
hubiere lugar, devengará intereses moratorios a partir de la ejecutoria del
fallo, según las previsiones del artículo 1 77 del CCA.
7. ORDENAR a título de medidas de satisfacción que el Estado
colombiano, por conducto de los ministros de interior, de justicia y del
derecho y de defensa directamente o a través de delegados que no
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
podrán ser de rango inferior a viceministro, realice los actos indicados en
la parte motiva de esta sentencia en los numerales 13 a 13.2.
8. DENEGAR las demás pretensiones.
9. Sin condena en costas.
10. Si la parte pasiva y condenada no apela, REMÍTASE al superior
funcional en grado de CONSULTA (art. 1 84 CCA).
11. En firme lo resuelto, por la Secretaría remítase copia auténtica de las
sentencias de las dos instancias al Centro de Memoria Histórica
(motivación 1 4); expídase primera copia auténtica con las constancias de
notificación, ejecutoria y mérito ejecutivo, con destino a la parte actora.
Déjese constancia en el expediente.
12. Ejecutado lo anterior, devuélvase al interesado el remanente de la
suma que se ordenó cancelar para gastos ordinarios del proceso si lo
hubiere; déjense las constancias a que haya lugar y archívese el
expediente.” (fls. 462 vuelto a 463 cdno. apelación - negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 1° de diciembre de 2011 (fl. 70 cdno. ppal. 1), los
señores Gladis María Rodríguez de Munive, Eudes Ramón Munive Rodríguez,
Favián Andrés Munive Rodríguez y Hermes Jesús Munive Rodríguez, así como
también la menor de edad Geinis Tatiana Munive Rodríguez1 quien actúa
representada por su progenitora, por intermedio de apoderado judicial promovieron
demanda de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código
Contencioso Administrativo CCA en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 1 a 70
cdno. ppal. 1) con las siguientes súplicas:
“PRIMERA: Que se declare que la Nación Colombiana Ministerio de
Defensa Ejército Nacional Policía Nacional, son responsables solidaria y
administrativamente por todos los daños y perjuicios tanto materiales y/o
patrimoniales, como extrapatrimoniales (perjuicios o daños morales y
vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes como el
derecho a la vida, a la integridad personal, a la familia, a la tranquilidad, a
la libertad, el derecho a no ser desaparecido forzadamente) ocasionados
a GLADYS (sic) MARÍA RODRÍGUEZ TOLOSO (sic), GINES ANTONIO
1 Los nombres y apellidos de los demandantes fueron escritos tal como aparecen en las notas de
presentación de los poderes visibles en folios 71 a 74 del cuaderno principal 1.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
MUNIVE PERALTA2, EUDES RAMÓN MUNIVE RODRÍGUEZ, FAVIÁN
ANDRÉS MUNIVE RODRÍGUEZ, HERMES JESÚS MUNIVE
RODRÍGUEZ, GEINYS (sic) TATIANA MUNIVE RODRÍGUEZ, con
ocasión a la desaparición forzada de GÉINER ANTONIO MUNIVE
RODRÍGUEZ, según hechos ocurridos el día 27 de Febrero del 2003 entre
los municipios de Recetor y Chámeza del Departamento de Casanare.
SEGUNDA: Que como consecuencia de declaración de responsabilidad
de la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -
Policía se les condene a pagar a cada uno de los demandantes por
concepto de daños o perjuicios morales subjetivos, la suma de 100
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S. M. M. L. V) para cada
uno de ellos.
La liquidación de perjuicios morales se hará con base en el salario mínimo
mensual legal vigente, con la ejecutoria de la providencia que declara la
responsabilidad de los demandados.
TERCERA: Que como consecuencia de declaración de responsabilidad
de la Nación Colombiana Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -Policía
Nacional, se obligue a pagarle a todos y cada uno de los demandantes de
la presente acción por concepto de perjuicios materiales o patrimoniales
los que se demuestren en el curso del proceso, padecidos y futuros por
los demandantes. La condena de los perjuicios materiales se hará en la
cuantía que resulte de las bases demostradas en el proceso, reajustada
en la fecha de ejecutoria de la sentencia que declara la responsabilidad
de los demandados. Igualmente pagará los intereses compensatorios de
las sumas que por este concepto se impongan, desde el día 27 de Febrero
del 2003 hasta la fecha de ejecutoria de la providencia. Coetáneo a lo
anterior, los demandados pagarán los intereses moratorios sobre las
sumas condenadas desde la ejecutoria de la providencia hasta el día
anterior al que se verifique efectivamente el pago.
CUARTA: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad
de la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Policía Nacional se condene a pagar en favor de los demandantes por
concepto de perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales, por la violación
de varios derechos fundamentales, entre estos el derecho a la vida, a la
integridad personal, a la familia, a la tranquilidad, a la libertad derecho a
no ser desplazados forzadamente, el monto de 100 SMMLV por cada
derecho conculcado, de manera que para cada demandante le
corresponde la suma de 600 SMMLV.
La liquidación de perjuicios materiales o extrapatrimoniales, por la
violación de derechos fundamentales se hará con base en el salario
mínimo mensual legal vigente, con la ejecutoria de la providencia que
2 El señor Gines Antonio Munive Peralta fue enunciado en las pretensiones de la demanda como
integrante de la parte activa de la litis, sin embargo, no integra la misma por cuanto no confirió poder
y la demanda solo se admitió respecto de las personas que lo otorgaron, en concreto, en el auto
admisorio de la demanda del 19 de enero de 2015 se dijo que los demandantes eran “los señores
Eudes Ramón Munive Rodríguez, Favián Andrés Munive Rodríguez, Hermes Jesús Munive
Rodríguez en nombre propio y la señora Gladys (sic) María Rodríguez Toloso (sic) en nombre propio
y representación de su menor hija Geinys (sic) Tatiana Munive Rodríguez” (fl. 198 cdno. ppal. 1). De
igual manera, se pone de presente que en los hechos de la demanda (fl. 12 cdno. ppal. 1) se adujo
que el señor Gines Antonio Munive Peralta había fallecido, pero, no se allegó el registro civil de
defunción que pruebe dicho hecho y, lo cierto es que los demandantes tampoco accionaron en
representación de la masa sucesoral de aquel.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
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declara la responsabilidad administrativa de los demandados y concede
las pretensiones.
QUINTA: Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad
de la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -
Policía Nacional se les obligue a pagar a favor de cada uno de los
demandantes de la presente acción por concepto de Daño a la vida de
relación, causado como consecuencia de la desaparición forzada de
GÉINER ANTONIO MUNIVE RODRÍGUEZ, en hechos ocurridos el 27 de
febrero del año 2007, entre los municipios de Recetor y Chámeza, en el
Departamento de Casanare la suma de cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.
La liquidación por concepto de Daño a la Vida de relación se hará con
base en el salario mínimo mensual legal vigente, con la ejecutoria de la
sentencia que declare la responsabilidad administrativa de los
demandados.
SEXTA: Las sumas a que resulte condenada la Nación Colombiana -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional serán
actualizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA y
se reconocerán los intereses legales liquidados conforme a la variación
promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
la ocurrencia de los hechos hasta cuando se dé cumplimiento de la
sentencia, es decir, al pago efectivo de esta suma por parte de las
autoridades responsables.
SÉPTIMA: Como consecuencia de la declaración anterior, que se obligue
a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -
Policía Nacional por concepto de Medidas de Satisfacción respecto al
daño al proyecto de vida de las víctimas, a otorgar un tratamiento médico
y psicológico a los familiares de GÉINER ANTONIO MUNIVE
RODRÍGUEZ de acuerdo a los siguientes presupuestos:
• El tratamiento médico debe ser sostenido y permitir atención
especializada.
• El tratamiento psicológico debe ser prestado por un profesional
especializado en tratar a víctimas de violencia y debe durar el tiempo que
sea necesario para la recuperación de los beneficiarios.
• Los profesionales deben ser elegidos por los familiares y remunerado
por la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -
Policía Nacional.
OCTAVA: Como consecuencia de la declaración anterior, se obligue a la
Nación Colombiana - Ministerio de Defensa Ejercito Nacional - Policía
Nacional por concepto de Garantías de no Repetición a hacer un
reconocimiento público de responsabilidad en la desaparición forzada de
GÉINER ANTONIO MUNIVE RODRÍGUEZ, de lo cual se hará un acto
conmemorativo el 27 de febrero del año siguiente a la ejecutoria de la
providencia que apruebe el acuerdo conciliatorio.
NOVENA: Como consecuencia de la declaración anterior, se obligue a la
Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía
Nacional por concepto de Garantías de no Repetición a establecer un
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Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
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mecanismo para apoyar el plan de vida de las personas que han sido
víctimas del conflicto armado interno.
DÉCIMA: Como consecuencia de la declaración anterior, se obliguen la
Nación Colombiana, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía
Nacional por concepto de Garantías de no Repetición a garantizar las
condiciones favorables para el regreso al lugar de donde fueron
desplazados forzosamente los demandantes por causa de la desaparición
forzada del joven GÉINER ANTONIO MUNIVE RODRÍGUEZ.
DÉCIMO PRIMERA: Como consecuencia de la declaración anterior, se
obligue a la Nación Colombiana, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Policía Nacional por concepto de Garantías de no Repetición a investigar
y a sancionar a los miembros de las Fuerzas Militares y a los miembros
de otros estamentos del Estado que son responsables por OMISIÓN de
la desaparición forzada del señor GÉINER ANTONIO MUNIVE
RODRÍGUEZ, con el fin de que este crimen no quede en la impunidad y
se garantice así a sus familiares el derecho a la verdad y a la justicia.
DÉCIMO SEGUNDA: Que se oficie a una comisión de la unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para que efectúe
la búsqueda del señor GÉINER ANTONIO MUNIVE RODRÍGUEZ.
DÉCIMO TERCERA: Los demandados en la presenta acción, es decir, la
Nación Colombiana, Ministerio de Defensa Ejército Nacional - Policía
Nacional darán cumplimiento a la decisión que mediante sentencia
profiera este Honorable Tribunal en los términos de los artículos 176 y 177
del Código Contencioso Administrativo”. (fls. 2 a 5 cdno. ppal. 1- negrillas
y mayúsculas fijas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) Desde el año 2001, el joven Géiner Antonio Munive Rodríguez prestaba sus
servicios como médico en el municipio de Recetor (Casanare), nombrado en
provisionalidad mediante Resolución no. 2340 del 6 de noviembre de dicho año
expedida por el secretario de salud del departamento de Casanare.
2) El 27 de febrero de 2003, integrantes de las denominadas Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) solicitaron atención médica en la zona rural ubicada en el
municipio de Recetor y Chámeza (Casanare), lugar al que acudió el joven médico
junto con el señor Nairo Chaparro, conductor de la ambulancia del hospital del
municipio de Recetor y, desde ese día, ambas personas desaparecieron.
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Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
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Apelación sentencia
3) El bloque Martín Llanos de las AUC operaba en departamento del Casanare para
la época de los hechos y en el municipio de Recetor fue el responsable de la
desaparición de varias personas, aspecto que fue denunciado por el joven galeno
en un consejo de seguridad antes de que también desapareciera, no sin antes haber
denunciado en la Personería Delegada para los Derechos Humanos ser objeto de
amenazas.
4) Los familiares del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, desde el momento
en que se enteraron de su desaparición, de manera incesante iniciaron su búsqueda
e instauraron las denuncias correspondientes sobre la desaparición forzada de la
que aquel fue víctima, no obstante, por estas labores fueron amenazados, hecho
que los obligó a salir del país y desde el 7 de mayo de 2008 se encuentran asilados
en Canadá.
5) Como consecuencia de los anteriores hechos se inició un proceso penal en el
cual el señor Alexánder González Urbina aceptó la comisión del punible de
desaparición forzada del que fue víctima Géiner Antonio Munive Rodríguez y, en
sentencia del 14 de abril de 2008 fue declarado penalmente responsable.
6) Las entidades demandadas se encuentran llamadas a responder
patrimonialmente debido a que “es un hecho claro y específico que la desaparición
forzada de Géiner Antonio Munive Rodríguez se dio por la omisión de protección
por parte de las autoridades quienes tenían conocimiento acerca de la situación de
seguridad por la que atravesaba el Departamento del Casanare y en especial el
municipio de Recetor que para la época de los hechos era reconocido por su alto
índice de desapariciones y desplazamientos como el que obligó a su alcalde a
desplazarse a la ciudad de Bogotá” (fl 20 cdno. ppal. 1),“el Estado es responsable
administrativamente de la desaparición de Géiner Antonio Munive en la medida en
que no se implementaron las medidas necesarias y urgentes para evitarlo” (fl. 22
cdno. ppal. 1).
3. Contestación de las entidades demandadas
Por auto del 19 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió
la demanda y ordenó la notificación personal de los representantes legales de las
entidades demandadas (fls. 198 a 200 cdno. 1).
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Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
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Apelación sentencia
1) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda por estimar que no tiene ninguna responsabilidad en
los hechos y, por el contrario, que la desaparición de Géiner Antonio Munive fue
causada por un grupo al margen de la ley, en consecuencia, propuso la excepción
de “hecho de un tercero”, asimismo, adujo que el médico no solicitó protección en
ningún momento ni tampoco advirtió que se encontraba amenazado (fls. 209 a 222
cdno. ppal. 1).
2) Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó que se
denieguen las pretensiones de la demanda por el hecho de que la desaparición
forzada del familiar de los actores no fue causada por un miembro del Estado sino
por particulares en ejercicio de actividades ilegales; propuso como excepciones i)
“caducidad de la acción”, porque de conformidad con el artículo 7 de la Ley 589 de
2000, el plazo para presentar la demanda en los casos de desaparición forzada se
cuenta desde la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal y, en este caso, la
sentencia condenatoria anticipada en contra del señor Alexánder González Urbina
por el delito de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y sucesivo
se dictó el 14 de abril de 2008, mientras que la acción fue impetrada el 1° de
diciembre de 2011; ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque no existe
ninguna relación entre su actuación y los hechos por los cuales se demanda; iii)
“inexistencia de falla en el servicio”, toda vez que el señor Géiner Antonio Munive
Rodríguez no solicitó protección especial ni manifestó haber recibido amenazas
antes del día 27 de febrero de 2003 y, iv) “hecho de un tercero”, por cuanto se trató
de un acto sorpresivo realizado por personas al margen de la ley y, si bien los
deberes de protección y vigilancia del Estado son irrenunciables y obligatorios no
implican que este sea omnisciente ni omnipresente (fls. 228 a 234 cdno. ppal. 1).
4. Sentencia de primera instancia
1) El Tribunal Administrativo de Casanare en providencia del 20 de octubre de 2016
(fls. 427 a 465 cdno. apelación) declaró no probadas las excepciones propuestas
por las entidades demandadas y las declaró patrimonialmente responsables de la
desaparición forzada, malos tratos, tortura y muerte del señor Géiner Antonio
Munive Rodríguez en hechos ocurridos el 27 de febrero de 2003.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
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Apelación sentencia
2) En relación con la caducidad de la acción, señaló que si bien en sentencia
anticipada del 14 de abril de 2008 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal
(Casanare) declaró penalmente responsable al señor Alexánder González Urbina
por la comisión de los delitos de desaparición forzada agravada en concurso
homogéneo de Géiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Romero Chaparro, no es
menos cierto “que por este mismo delito están involucrados, además del señor
González Urbina, otros tres sujetos, lo cual implica que el proceso penal se tuvo que
dividir; uno para tramitar la sentencia anticipada y el otro para continuar con el
proceso respecto de los demás sujetos involucrados. En consecuencia, no se
configura la caducidad aducida, porque el proceso penal que se ha adelanta aún no
ha terminado” (fl. 433 cdno. apelación), y no hay un fallo penal definitivo.
3) Acerca de la responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades
demandadas, se consideró que el Estado es garante de los derechos humanos de
los habitantes del territorio y, en ese sentido, responde patrimonial y
extracontractualmente cuando vulnera sus deberes frente al Derecho Internacional
Humanitario y la Convención Americana de Derechos Humanos; en este caso
específico se encontró que la desaparición forzada del señor Géiner Antonio Munive
Rodríguez ocurrió en un contexto de violencia generalizada y de expansión del
paramilitarismo en el que hubo participación de miembros de la Fuerza Pública.
4) El 20 de marzo de 2003, como consecuencia de la desaparición del señor Géiner
Antonio Munive Rodríguez, su familia presentó una denuncia penal que llevó abrir
una investigación en la cual fueron condenados los señores Alexánder González
Urbina, alias “Careloco”, Yezid Farit Cachayas Quevedo, alias “El Rolo” o “El
Duende”, Héctor José Buitrago Parada, alias “Martín Llanos” y Héctor José Buitrago
Parada, alias “El Patrón” por los delitos de homicidio en persona protegida,
desaparición forzada agravada y tortura en persona protegida.
De las pruebas allegadas al expediente de la referencia y, en especial, de la
sentencia condenatoria dictada en contra de Yezid Farit Cachayas Quevedo, alias
“El Rolo o “El Duende”, se desprende que si bien el médico Géiner Antonio Munive
no recibió amenazas por ningún grupo ilegal, integrantes de las Autodefensas
Campesinas de Casanare lo desaparecieron porque, en un consejo de seguridad
llevado a cabo en la ciudad de Yopal (Casanare), denunció los homicidios y
desapariciones cometidos por dicho grupo.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
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En la sentencia condenatoria dictada en contra de Yezid Farit Cachayas Quevedo
se evidenció, de manera clara, que en el hecho hubo complicidad y responsabilidad
de miembros de la Fuerza Pública y de mandatarios de los municipios de Recetor y
Chámeza (Casanare) y, particularmente, del comandante -para la época de los
hechos- de la base militar de Chámeza, quien era amigo y colaborador de alias
Careloco, persona que dio la orden de ejecutar al familiar de los aquí demandantes.
De igual forma, se demostró que el médico Géiner Antonio Munive y su compañero
“fueron asesinados por alias Camaleón, perteneciente a la escolta personal de alias
Careloco, que lo desmembraron y lo pusieron en una fosa común y que tiempo
después les ordenó a alias Rolo, Caminante y Zorro que fueran al lugar donde los
habían sepultado para cambiarlos de lugar porque se aproximaba un grupo de la
Cruz Roja y de militares acompañado de un desertor de ese grupo, por lo que debían
desaparecer los cuerpos y en su lugar colocaron un perro muerto, de los restos
solamente se saben que fueron botados a una fuente hídrica cerca del lugar” (fl. 455
cdno. apelación).
4) Sobre esa base concluyó que existe responsabilidad de las entidades
demandadas porque no protegieron al señor Géiner Antonio Muniver y, además,
porque participaron en los hechos, en ese sentido, las condenó pagar perjuicios
morales en los montos transcritos al inicio de esta providencia; asimismo, las
condenó a pagar unas sumas de dinero en favor de los demandantes por afectación
de bienes o derechos convencionales y constitucionalmente amparados e impuso
unas medidas no pecuniarias de satisfacción a modo de reparación simbólica.
En cuanto a este punto, en atención a que el Departamento del Casanare pagó a la
señora Gladis María Rodríguez de Munive -progenitora de Géiner Antonio Munive
Rodríguez- los salarios y prestaciones sociales que aquel dejó de percibir hasta el
mes de junio de 2013, ordenó que los pagos que se hicieran “por ese concepto,
deberán girarse al Departamento de Casanare”3 (fl. 462 cdno. apelación).
3 El magistrado Nelsón Manuel Briceño Chiriví salvó parcialmente el voto por estimar que en el caso
de la referencia solo se condenó a pagar perjuicios morales e inmateriales, en consecuencia, que no
se debió ordenar descontar los dineros -salarios y prestaciones- recibidos por la señora Gladis María
Rodríguez por parte del departamento del Casanare durante el tiempo que se supuso el joven médico
estuvo secuestrado hasta que se confirmó que su deceso ocurrió el mismo día de su desaparición,
por el hecho de que la fuente legal en uno y otro caso difieren.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
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Apelación sentencia
5. Recursos de apelación
1) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 467 a 488 cdno.
apelación) solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, con base en
las siguientes razones de inconformidad:
a) En el expediente obran diversas pruebas que establecen que Géiner Antonio
Munive Rodríguez, con antelación de su desaparición, se entrevistó con el grupo de
las autodefensas que delinquían en el sector de Recetor y Chámeza (Casanare) y
les prestaba servicios médicos, de manera que aquel en ningún momento denunció
ni fue objeto de amenazas por parte de las Autodefensas Campesinas del
Casanare.
b) El médico Géiner Antonio Munive Rodríguez, consciente de la existencia de las
Autodefensas Campesinas del Casanare, acudió de manera voluntaria y bajo su
propio riesgo a la cita propuesta por dicho grupo y sin que las autoridades tuvieran
conocimiento previo ni estuvieran advertidas del encuentro.
c) El único documento que reposa en el expediente suscrito al parecer por dicho
grupo al margen de la ley se encuentra dirigido a otra persona y no contiene
amenazas, por el contrario, se hace el relato de unos hechos diferentes a la
desaparición del joven médico.
d) La sentencia penal condenatoria dictada en contra de Alexánder González Urbina
no menciona ninguna responsabilidad de la Policía Nacional y no existe en el
expediente ninguna prueba sobre alguna actuación irregular de su parte, de modo
que no existió una falla del servicio atribuible a dicha institución.
e) El tribunal cita en sus fundamentos la sentencia de la Corte Constitucional SU-
1187 de 2001, pero el caso analizado difiere del de la referencia, pues, en aquel se
declaró la responsabilidad del Estado por la masacre de Mapiripán (Meta).
f) Existe caducidad de la acción debido a que i) tratándose de los casos de delitos
de lesa humanidad y de manera particular del punible de desaparición forzada, la
caducidad se cuenta desde la aparición de la víctima o desde la ejecutoria del fallo
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
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definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción de reparación
directa pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron
lugar a la desaparición; ii) la Corte Constitucional en sentencia C-580 del 31 de julio
de 2002 manifestó que la conducta de desaparición forzada se realiza durante el
tiempo en que se prolongue la privación de la libertad y no se tenga información de
la víctima; iii) desde la sentencia penal condenatoria del 14 de abril de 2008 dictada
en contra de Alexánder González Urbina, los aquí demandantes tuvieron
conocimiento de los hechos que rodearon la desaparición, muerte y lugar al que
fueron arrojados los despojos de su familiar y, iv) el plazo para demandar se debe
contar desde la ejecutoria de la sentencia penal del 14 de abril de 2008, puesto que
se trata de una decisión de carácter definitivo a partir de la cual se supo la manera
en la que ocurrió la desaparición del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez.
h) En todo caso, se configuró el hecho de un tercero porque fueron particulares
ajenos al Estado quienes cometieron la acción delictiva.
i) De igual manera, se debe declarar probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva ya que no fueron miembros de la Policía Nacional quienes desaparecieron
al familiar de los demandantes.
2) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que el fallo de
primera instancia sea revocado por los siguientes motivos:
a) El tribunal le atribuyó responsabilidad sobre la base de sostener que la
desaparición y muerte del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez se debió a que
denunció crímenes de las Autodefensas Campesinas del Casanare; sin embargo,
no se entiende “cómo se concluye sin mayor esfuerzo que varios integrantes de las
Fuerzas Militares prestaban colaboración al grupo criminal, estigmatizándose a la
institución” (fl. 496 cdno. apelación) por cuanto la prueba al respecto es indiciaria y
en realidad no se tienen en cuenta las reglas de apreciación contenidas en el
artículo 242 del CGP.
b) El Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito del Programa de Descongestión
OIT de Bogotá condenó al señor Yesid Farit Cachayas Quevedo, alias “Rolo”, como
coautor de los punibles de homicidio en persona protegida y desaparición forzada
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agravada de la que fueron víctimas Géiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo
Romero Chaparro, condena con la cual se evidencia la causal exonerativa del hecho
de un tercero.
c) La conducta de Yesid Farit Cachayas Queved, alias “Rolo”, fue aislada y no se
probó la relación con el Ejército Nacional.
d) Se presenta una ausencia de legitimación en la causa por pasiva porque no había
presencia de miembros del Ejército Nacional el día y lugar en que ocurrieron los
hechos, además, la entidad desconocía de la existencia de amenazas en contra del
galeno.
e) Su actividad es de medio y no de resultado, en ese sentido, no puede garantizar
en términos absolutos todas las manifestaciones de delincuencia subversiva.
3) La parte demandante presentó recurso de apelación en el que señaló que su
inconformidad se centra solo frente a la indemnización de perjuicios, de modo que
i) solicitó que se acceda a todas las pretensiones elevadas con la demanda y, ii)
pidió que no se hiciera ningún tipo de descuento porque la naturaleza de los montos
que se pretenden compensar es completamente diferente, es decir, una cosa son
los pagos efectuados por el departamento del Casanare por los salarios dejados de
percibir, mientras se consideró que el familiar de los demandantes estaba
secuestrado -cuya fuente es legal- y, otra muy diferente es la indemnización
derivada de una conducta de las entidades demandadas.
Por otro lado, en relación con la declaración de responsabilidad patrimonial de las
demandadas, estimó que la misma debe confirmarse porque, tal como lo expresó el
tribunal de primera instancia, se demostró que en este caso el Estado responde
tanto por acción -ya que integrantes del Ejército Nacional participaron en el hecho-
como por omisión -en la medida que no se brindó protección a su familiar (fls. 521
a 528 cdno. apelación).
6. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 5 de mayo de 2017 (fl. 578 cdno. apelación) se admitió el recurso de
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apelación, en proveído del 18 de septiembre de 2017 se decretó una prueba en
segunda instancia (fls. 580 a 583 cdno. apelación)4 y el 9 de noviembre de 2018 (fl.
607 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para que presentaran los
alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso,
al Ministerio Público para que emitiera concepto.
En dicha oportunidad procesal, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
(fls. 614 a 629 cdno. apelación) y la parte demandante (fls. 631 a 639 cdno.
apelación) reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
mientras que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional guardó silencio.
El Ministerio Público rindió concepto en el que deprecó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia por estimar que las pruebas allegadas al expediente no dan
cuenta que con antelación a la desaparición de Géiner Antonio Munive Rodríguez
este fue amenazado o que existió una condición especial que hiciera necesario
extremar medidas de seguridad en su favor (fls. 640 a 646 cdno. apelación).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la caducidad de la acción, 3) conclusión y, 4) condena en
costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso las entidades demandadas
son patrimonialmente responsables del alegado daño antijurídico ocasionado a los
demandantes por la desaparición del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez el 27
de febrero de 2003.
4 En concreto, se ordenó incorporar como prueba la sentencia del 12 de octubre de 2016 dictada por
la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que condenó al señor
Yezid Fari Chachayas Quevedo como coautor impropio de los delitos de homicidio en persona
protegida y desaparición forzada agrava de los cuales fueron víctimas los señores Géiner Munive y
Nairo Chaparro.
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La sentencia de primera instancia será revocada debido a que se evidencia la
presentación extemporánea de la demanda, motivo por el cual no hay lugar a
analizar y decidir el fondo y mérito del asunto.
2. Análisis de la caducidad de la acción
1) Con relación al término para presentar en forma oportuna la demanda cuando se
pretende la reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, el artículo
136 del CCA adicionado por el artículo 8 de la Ley 589 de 2000, vigente para el
momento en que se presentó la demanda de la referencia, prescribía lo siguiente:
“ARTÍCULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.
(…)
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público
o por cualquiera otra causa.
Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a
partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición (…)” (se resalta)5.
Según la norma citada, se advierte que el legislador estableció reglas especiales
para contabilizar el término de caducidad de medio de control de reparación directa
en los casos de desaparición forzada, el cual se debe computar desde la fecha en
que aparezca la víctima o, en su defecto, a partir de la ejecutoria del fallo adoptado
en el respectivo proceso penal, sin perjuicio de que la demanda pueda proponerse
desde el momento en el que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la
desaparición.
5 El literal i) del numeral 2 de la Ley 1437 de 2011 prevé la misma regla frente a la desaparición
forzada y para los demás casos establece como determinante la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño o del momento en el que el afectado la conoció o debió conocerla, si fue en fecha
posterior “siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
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2) Dicha regla fue ratificada en la sentencia de unificación que profirió la Sala Plena
de esta Sección el 29 de enero de 20206 y que solamente es procedente un cómputo
distinto del término de caducidad del medio de control de reparación directa en
asuntos relacionados con el delito de desaparición forzada por tener reglas
especiales, pues, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado sí resultan aplicables las reglas de caducidad previstas para
el medio de control de reparación directa, criterio este avalado por la Corte
Constitucional en sede de revisión de tutela en la sentencia SU-312 del 13 de agosto
de 20207.
3) Puntualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado en dicha providencia
estableció que para calcular el término de caducidad de las pretensiones
indemnizatorias derivadas de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial y extracontractual del Estado se deben observar las siguientes
subreglas:
a) El término de caducidad previsto por el legislador se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial.
b) La contabilización de ese término para las pretensiones indemnizatorias
derivadas del delito de desaparición forzada se sujeta a la regulación legal expresa
prevista para el efecto.
c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una vez superadas
aquellas empezará a correr el término de ley, dado que para tales efectos no resulta
determinante la situación causante del daño sino la condición particular de quien
acude a la administración de justicia.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente
no. 61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
7 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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4) En ese orden de ideas, en el asunto de la referencia el material probatorio
allegado al proceso permite establecer los siguientes hechos relevantes:
a) El señor Géiner Antonio Munive Rodríguez se encontraba vinculado a la
Secretaría de Salud de Casanare desde el 6 de noviembre de 2001 y para el año
2003 desempeñaba el cargo de médico del centro de salud del municipio de Recetor
(Casanare), tal como consta, entre otros documentos, en constancia expedida por
la Secretaría de Salud del Casanare del 18 de marzo de 2003 (fl. 92 cdno. ppal. 1).
b) Mediante denuncia no. 144 del 20 de marzo de 2003 presentada ante el DAS –
Seccional de Casanare, el señor Genes Antonio Munive Peralta señaló que desde
el 27 de febrero de 2003 su hijo Géiner Antonio Munive Rodríguez junto con el
conductor de la ambulancia del municipio de Recetor (Casanare) se encontraban
desparecidos, razón por la cual conjuntamente con su esposa acudió, entre otras
entidades, a la Cruz Roja, la Procuraduría Regional del Casanare y la Secretaría de
Salud sin ningún resultado, asimismo, que estuvieron en el municipio de Recetor
pero no pudieron averiguar lo que había sucedido con su familiar (fl. 93 a 97 cdno,.
ppal. 1).
c) El 4 de septiembre de 2006, el señor Éuder Ramón Munive Rodríguez denunció
ante la fiscalía de Valledupar (Cesar) que laboraba en la ciudad de Yopal
(Casanare) y que el 27 de agosto de 2006 fue objeto de amenazas que lo llevaron
a desplazarse hasta la ciudad de Valledupar, el denunciante manifestó que las
personas que lo amenazaron se identificaron como integrantes del grupo Martín
Llanos de las Autodefensas y que debía cuidarse si no quería que le pasara lo de
su hermano, lo cual suponía se refería a Géiner Antonio Munive Rodríguez de quien
no tenían noticias desde el 27 de febrero de 2003 (fls. 98 a 100 cdno. ppal 1). La
anterior denuncia fue ratificada el 5 de septiembre de 2006 ante la Procuraduría
Regional del César (fl. 101 cdno. ppal. 1).
d) El 10 de octubre de 2006, Hermes Jesús Munive Rodríguez denunció ante la
Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao de la Fiscalía General de la Nación
con sede en la ciudad de Bogotá que fue objeto de amenazas luego de averiguar
por la suerte de su hermano Géiner Antonio Munive Rodríguez (fl. 102 a 103 cdno.
ppal. 1).
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e) El 11 de octubre de 2006, la familia Munive presentó diversos escritos, entre
otros, ante la Defensoría del Pueblo (fls. 128 a 129 cdno. ppal. 1), la Vicepresidencia
de la República (fls. 130 a 131 cdno. ppal. 1), el Ministerio del Interior y de Justicia
(fls. 132 a 133 cdno. ppal. 1), la Fiscalía General de la Nación (fls. 138 a 139 cdno.
ppal. 1) en los que informaron que el 27 de febrero del año 2003 su familiar Géiner
Antonio Munive Rodríguez fue “secuestrado” en el municipio de Recetor por el grupo
de las Autodefensas del Sur de Casanare lideradas por Martín Lanos, que no tenían
noticia de su paradero, que fueron amenazados y desplazados de manera forzosa,
razón por la cual consideraron que se encontraban en peligro.
f) A raíz de la denuncia presentada el 20 de marzo de 2003 se iniciaron varias
investigaciones penales en contra de diferentes personas por la desaparición y
deceso del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez.
g) Una de dichas investigaciones fue la de radicación no 167.1108 seguida en contra
de Alexánder González Urbina alias “careloco” y Yezid Farid Cachayas Quevedo
alias “rolo” por los delitos de concierto para delinquir, homicidio gravado y
desaparición forzada de los cuales fueron víctimas los señores Géiner Antonio
Munive Rodríguez y Nairo Romero Chaparro en hechos ocurridos el 27 de febrero
de 2003, tal como consta en certificación del 16 de octubre de 2007 de la Fiscalía
Décima Especializada de Villavicencio9.
g) Alexánder González Urbina alias “careloco”, aceptó ser autor de la desaparición
del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez y el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Yopal de Casanare en sentencia del 14 de abril de 2008 dictada en el
8 En la etapa sumarial la investigación se identificó como 167.110, sin embargo, toda vez que
Alexánder González Urbina aceptó cargos se produjo una ruptura de la unidad procesal, el proceso
en relación con la desaparición forzada por la aceptación de cargos pasó a ser conocida con el
número 2008-0021, mientras que en relación con Yezit Farit Cachayas Quevedo -quien no aceptó
cargos- pasó ser el expediente no. 2014-00173.
9 En la cual se anotó lo siguiente: “es de anotar que dentro de la investigación en curso en la
actualidad se han sometido a sentencia anticipada Alexánder González Urbina ‘alias Careloco’
integrante de las autodefensas del Casanare por los delitos de concierto para delinquir y desaparición
forzada y el señor Yezid Farid Cachayas Quevedo por el delito de concierto para delinquir, lo cual
significa que el curso del proceso lo es por el delito de homicidio agravado, respecto de Alexánder
González, quien a la fecha se encuentra con medida de aseguramiento de detención preventiva por
este delito y en lo referente a Yezid Farid la investigación continua por los delitos de desaparición
forzada y homicidio agravado, a la fecha declarado persona ausente. Es de aclarar que este último
también es integrante de las Autodefensas Unidades del Casanare, de acuerdo con lo demostrado
en el plenario. Se expide a solicitud de los señores Gines Antonio Munive y Gladis Rodríguez de
Munive y para ser presentada ante el ICETEX y embajada de la República de Canadá” (fl. 121 cdno.
ppal. 1).
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proceso penal no. 2008-00021 lo condenó a la pena principal de trescientos doce
(312) meses de prisión por el delito de desaparición forzada agravada en concurso
homogéneo y sucesivo, en los siguientes términos:
“De acuerdo al manojo probatorio, no existe duda para este servidor que,
el sentido del presente fallo ha de ser condenatorio, debido a la
manifestación libre del procesado de acogerse a la figura procesal de la
sentencia anticipada, la cual hizo después de haberle sido resuelta su
situación jurídica por parte de la Fiscalía encargada de la instrucción.
En el presente expediente obra material probatorio que con total certeza
apunta a la responsabilidad penal de González Urbina respecto del
punible que se le endilga, los medios de convencimiento que apuntan a
dicho grado son:
(…).
6.7 Informe no. 0386 del 21 de mayo de 2003 elaborado por el grupo
operativo del área de policía judicial del DAS de este departamento en el
que los detectives Mónica Aguas y Marco Medina López indican que
según información de pobladores del sector rural vereda El Vegon de
Recetor desde el mes de diciembre de 2002 integrantes de las ACC se
acantonaron en donde antes existía un campamento del ELN (…)
continua el informe diciendo que mediante labores de inteligencia se logró
la captura de diferentes integrantes de las ACC por parte del Batallón de
Infantería no. 44 Ramón Nonato Pérez, se dieron de baja a otros y se
recuperó la motocicleta en la que se transportaban las víctimas. Indican
que según información de inteligencia al galeno Munive Rodríguez lo han
visto en la vereda Guafal de Tauramena al parecer atendiendo enfermos
y heridos de las autodefensas. Que se realizaron averiguaciones en el
DAS, en el CTI, en el Instituto de Medicina Legal sin que se pudiese
establecer el paradero de las víctimas.
(…).
6.9 Informe no. 211 RTA 28575 del 7 de agosto de 2003 dirigido a la
Fiscalía 3 Seccional Especializada de esta capital, en el cual el
Detective Jaimes Murillo Chaverra adscrito al DAS informa que al
Batallón 44 Ramón Nonato Pérez se entregó Yeison Andrés Torres
Díaz quien en entrevista informal le manifestó al investigador que los
desaparecidos fueron ultimados por el comandante 030 y que fueron
inhumados en el sector de la vereda el Guafal del Caja de Tauramena.
(…).
6.12 Informe de entrevista reservado del 10 de junio de 2003, en el
cual Leonardo Jovanny Zapata Osorio alias Fredy, comandante de la
contraguerrilla Los Atacadores del Bloque Casanare, narra (…) que
su comandante inmediato era alias Careloco, quien el mes de febrero
de 2003 ordenó el asesinato del médico y conductor de la ambulancia
de Recetor, debido a que eran señalados como colaboradores de la
guerrilla, indica que fueron enterrados en una fosa común sobre la
única trocha lado derecho que va al sitio el roble.
6.13 Indagatoria rendida por Leonardo Jovanny Zapata Osorio, en la
cual repite lo dicho en el informe referido en el numeral anterior y
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
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agrega ‘se en donde se encuentra el doctor de Recetor, no sé cómo
se llama, es un médico del hospital, acompañado con el conductor
de la ambulancia, ellos están muertos, ellos fueron hablar con el
comandante del Bloque Careloco, el cual decidió liquidarlos (…) los
mataron a cuchillo, yo no presencié, pero lo sé, me di cuenta porque
entre comandantes se reporta todo, están enterrados en Guafal del
Caja, jurisdicción de Tauramena, a la SIJIN le hace un croquis’
6.14 Declaración rendida por Leonardo Jovany Zapata Osorio, quien
además de lo manifestado en los dos últimos numerales, sostiene (…)
que la ejecución de las víctimas se hizo en la vereda el Guafal de Caja de
Tauramena a finales del mes de febrero y quien lo hizo fue un menor
de 11 años conocido como Camaleón, previa orden de ‘careloco´,
que el niño les cegó la vida con un arma blanca y la escolta de
‘careloco’ despresó a las dos víctimas y que están enterrados en el
camino que va de Guafal Alto a Chámeza, que se entregó porque hay
muchas personas que son ejecutadas y que son inocentes (…).
6.34 Declaración rendida por Miller Medina Gutiérrez quien hizo parte de
las ACC (…) indica que Careloco tiene un tatuaje de un centauro en el
costado izquierdo del pecho y que le consta que él participó directamente
en el homicidio del médico de Chámeza (…).
6.46 Declaración rendida por Yolman Edular Cardenas Fuentes
miembro desmovilizado de las ACC, indica (…) que recuerda
desapariciones como la del señor de la emisora y el médico de
Recetor, que el galeno era costeño, que ante la inminente llegada de
la Cruz Roja y del Ejército ‘careloco’ dio la orden de cambiar del sitio
el cadáver del médico y que lo votaron (sic) a una quebrada (…).
Ante la manifestación expresa hecha por el procesado de acogerse al
fenómeno jurídico de la sentencia anticipada, el cual se encuentra
regulado en el artículo 40 de nuestra normatividad procesal penal,
procede este despacho a dictar el fallo correspondiente, previas las
siguientes y someras
CONSIDERACIONES
(…).
En el acontecer de estas diligencias, se han reunido suficientes
elementos de prueba que de manera inequívoca y sin la menor
hesitación nos demuestran la responsabilidad penal de González
Urbina por el repudiable reato agravado que nos ocupa, el cual debe
ser merecedor de un ejemplar reproche penal, razón por la cual a
este juzgador no le queda otro camino que proferir en su contra un
fallo de carácter condenatorio, pues las pruebas indican y su libre
aceptación de cargos con fines de sentencia anticipada nos
demuestran de manera prístina e inequívoca la responsabilidad de
quien hoy es sentenciado mediante esta providencia.
La existencia y responsabilidad del hoy condenado por el execrable
crimen que hoy ocupa a este Sentenciador, está más que
demostrada no sólo con la denuncia 0144, que dio origen a las
presentes fojas, sino también con las diferentes declaraciones
acopiadas por el Despacho Instructor como son las rendidas por los
progenitores del médico desaparecido, por los parientes de su
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compañero de tragedia, sino también Io declarado por diferentes
miembros de las ACC que se desmovilizaron, quienes al unísono nos
dan cuenta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que
ocurrieron los hechos que hoy se juzgan, es más a lo largo de la
investigación se realizaron diferentes tareas de campo a través de
funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación y del DAS con el
fin de obtener información acerca del paradero o muerte de las víctimas
sin que a la fecha se haya podido establecer con la más mínima exactitud
su paradero o si las personas desaparecidas están vivas o muertas.
(…).
Así las cosas, considera oportuno recalcar este servidor, que por mandato
superior, nadie podrá ser sometido a desaparición forzada, prohibición
que es inherente a la dignidad humana de toda persona, la cual fue
desconocida de manera flagrante por el condenado, pues éste se valió de
todo el poder y el aparato represor del grupo irregular al que pertenece
para amedrentar a los familiares de las víctimas y procedió a
desaparecerlos sin motivo alguno, sin que para estas calendas se sepa
que sucedió con los sujetos pasivos de su reprochable actuar; por lo cual
considera este sentenciador, debe responder penalmente pues estamos
frente a un crimen que ha sido catalogado por diferentes organismos
multilaterales como de lesa humanidad (…)”. (fls. 160 a 195 cdno.
apelación – mayúsculas fijas del texto original y negrillas adicionales).
h) Los señores Héctor José Buitrago Rodríguez alias “El Patrón” y Héctor Germán
Buitrago Parado alias “Martín Llanos”, en el proceso penal no. 2013-0066 aceptaron
ser autores impropios de la desaparición forzada agravada, tortura en persona
protegida y homicidio en persona protegida de la que fueron víctimas Géiner Antonio
Munive Rodríguez y Nairo Romero Chaparro, en consecuencia, el Juzgado
Cincuenta y Seis Penal del Circuito Programa de Descongestión OIT en sentencia
del 31 de julio de 2013 los condenó a la pena principal de veinte (20) de prisión (fls.
689 a 720 cdno. pruebas 2).
En esta providencia se señaló, entre otros aspectos, que i) “el 13 de mayo de 2008
se lleva a cabo la diligencia de aceptación de cargos para sentencia anticipada, con
el sindicado Alexánder González Urbina ‘alias Careloco’ frente al delito de homicidio
en persona protegida” del que fuera víctima el médico Géiner Antonio Munive
Rodríguez (fl. 694 cdno. pruebas 2); ii) el móvil de la desaparición y homicidio
obedeció a que el galeno en un Consejo de Seguridad realizado en Yopal
(Casanare) manifestó su inconformidad sobre la presencia y actuación de los
paramilitares en el municipio de Recetor y sectores aledaños; iii) no existe
levantamiento de cadáver ni informe de necropsia por cuanto “esa misma
desaparición fue ordenada y concretada por quienes ejercían influencia militar en
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esa zona y en otros municipios del Departamento del Casanate: las Autodefensas
Campesinas del Casanare” (fl. 701 cdno. pruebas 2), iv) el médico y su
acompañante fueron torturados antes de fallecer, v) las víctimas fueron enterradas
en una fosa, sin embargo, meses después, con el fin de que sus cuerpos no fueran
encontrados, alias “HK” ordenó desenterrarlos “para arrojarlos a una quebrada” y,
vii) los cuerpos de las víctimas no fueron recuperados. (fl. 700 cdno. pruebas 3).
De igual forma, en atención a que en el proceso penal se hizo alusión a varias
personas que participaron en los hechos, el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del
Circuito Programa de Descongestión OIT ordenó a la Fiscalía General de la Nación
adelantar la correspondientes investigación penal, entre otras personas, en contra,
de i) las personas identificadas con los alias “0-30”, “HK”, “El Oso” “El Carpintero”,
el “Caballo”, “El Caminante”, “El Zorro”, “Gurre” y “Chanfle”; ii) Miguel Zarate Parada,
personero de Yopal para la época de los hechos; iii) el comandante de la base militar
de Chámeza para la época en que se produjo la desaparición forzada, iv) el coronel
del Ejército Nacional Juan Carlos Castañeda Villamizar y, v) los agentes de policía
de apellidos Mayorga y Pareja.
i) El Juzgado Cincuenta y Seis de Instrucción Penal del Circuito Programa de
Descongestión OIT en sentencia del 11 de febrero de 2016 condenó a Yezid Farid
Cachayas, alias “rolo”, a la pena principal de cuarenta años de cuarenta (40) años
de prisión como autor impropio de los punibles de desaparición forzada agravada y
homicidio en persona protegida de la que fueran víctimas Géiner Antonio Muniver y
Nairo Romero Chaparro10 (fls. 374 a 417 cdno. ppal. 2), decisión que fue confirmada
por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en sentencia del 12 de octubre de 2016 (fls. 528 a 538 cdno. apelación).
j) Los demandantes de este proceso de reparación directa presentaron la petición
de conciliación extrajudicial el 26 de noviembre de 2009, la constancia de no
conciliación fue expedida el 3 de marzo de 2010 (fl. 196 cdno. ppal. 1) y, finalmente,
interpusieron la demanda 1° de diciembre de 2011 (fl. 70 cdno. ppal. 1).
10 De igual manera, en esta providencia se ordenó adelantar otra investigación penal en los mismos
términos de la sentencia dictada el 31 de julio de 2013 en el expediente no. 2013-0066, esto es, en
contra de las personas de las cuales se infería su participación en los hechos.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
5) De acuerdo con los anteriores hechos probados, se encuentra demostrado que
en la sentencia del 14 de abril de 2008 se condenó al señor Alexánder González
Urbina por la desaparición del médico Géiner Antonio Munive Rodríguez11, cuyos
restos no fueron encontrados12.
7) En efecto, el señor Alexánder González Urbina, alias “careloco”, aceptó los
cargos por los punibles de homicidio y desaparición forzada de los que fue víctima
el familiar de los aquí demandantes13 y, aunque en el expediente no se cuenta con
la decisión penal relacionada con la aceptación que aquel hizo por el delito de
homicidio, de la decisión del 14 de abril de 2008 relativa al punible de desaparición
forzada se sabe la manera en que las Autodefensas Campesinas del Casanare
perpetraron el lamentable crimen.
8) En la decisión antes mencionada, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Yopal de Casanare hizo un recuento de las pruebas que obraban en el expediente
en contra de alias “careloco” y de las cuales se extrajo que varios miembros de las
autodefensas narraron el modo en que se ocurrió el delito y expresaron que i) el
médico fue citado por los paramilitares y acudió al lugar acompañado del conductor
de la ambulancia de Recetor donde fueron ultimados con arma blanca; ii) las
víctimas fueron “despresadas” y enterradas en Guafal del Caja en el municipio de
Tauramena (Arauca) y, iii) meses después, la Cruz Roja en compañía del Ejército
Nacional acudieron cerca del lugar y antes de que llegaran “careloco” dio la orden
de cambiar el lugar donde se encontraban los restos y dispuso que fueran arrojados
en una quebrada.
9) Aunque el juzgado penal en la sentencia señaló que para esa fecha no se había
podido establecer si las víctimas estaban vivas o muertas, lo cierto es que también
11 Para el ponente, incluso desde el 11 de octubre de 2006 los demandantes tuvieron conocimiento
que fueron integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare los autores de la desaparición
forzada de su familiar, aspecto que así lo narran en los diversos escritos que elevaron en dicha fecha,
donde atribuyen el “secuestro” de su familiar a dicho grupo al margen de la ley, además, en la
sentencia del 14 de abril de 2008 se describieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los
cuales se produjo la desaparición.
12 En la sentencia penal del 31 de julio de 2013 dictada en el expediente no. 2013-0066 se ordenó
“a la Fiscalía General de la Nación que adelante todas las gestiones y acciones necesarias
tendientes a lograr la recuperación de los despojos mortales de éstas dos personas” (fl. 715 cdno.
pruebas 3), esto es, Géiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Romero Chaparro.
13 En las sentencias penales dictadas el 31 de julio de 2013 y 11 de febrero de 2016, el Juzgado
Cincuenta y Seis de Instrucción Penal del Circuito Programa de Descongestión OIT refiere que el
señor Alexánder González Urbina aceptó cargos por los delitos de desaparición forzada y homicidio.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
mencionó que de lo declarado por diferentes miembros de las Autodefensas
Campesinas del Casanare se tenía que “al unísono dan cuenta de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos” y, precisamente varios
miembros refieren que el médico fue objeto de desaparición forzada y ultimado por
orden de “careloco”.
10) Ahora bien, en relación la sentencia anticipada del 14 de abril de 2008, si bien
en el expediente no se tiene la constancia de la fecha en la cual cobró ejecutoria se
sabe que fue notificada a la fiscalía instructora el 15 de abril de 2008 y al Ministerio
Público el 16 del mismo mes y años, además, una revisión del sistema de consulta
de procesos por los apellidos del señor Munive Rodríguez, en concreto en los
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, da cuenta que solo fue el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal (Casanare) quien conoció el
expediente no. 85001-31-04-002-2008-0002114, en consecuencia, respecto de la
sentencia del 14 de abril de 2008 no hubo apelación por lo cual, según las normas
procesales, la ejecutoria debió ocurrir el 25 de abril de 200815.
14 El artículo 95 de la Ley 270 de 1996 dispone que “el Consejo Superior de la Judicatura debe
propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia.
Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación,
conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar
el funcionamiento razonable del sistema de información. Los juzgados, tribunales y corporaciones
judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para
el cumplimiento de sus funciones. Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que
sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede
garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes
procesales”, de igual manera el artículo 2, literal a) de Ley 527 de 1999 define los “mensajes de
datos” como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos
(EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”, por su parte, en el literal j)
del mismo artículo se establece que por “sistema de información” se entenderá “todo sistema
utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos;
en ese sentido, se tiene credibilidad sobre la información registrada en el sistema de gestión judicial
sobre el hecho de solo fue el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal (Casanare) el que
conoció sobre la sentencia anticipada, asimismo, es especialmente relevante anotar que los jueces
de ejecución de penas y medidas de seguridad no pueden conocer de la pena sino hasta cuando la
sentencia se encuentre ejecutoriada.
15
Si se tienen en cuenta los artículos 178 y 180 de la Ley 600 de 2000 –norma procesal vigente para
el momento en que se dictó esta decisión-, que regulan las notificaciones, personal y por edicto de
la sentencia, dicha resolución debió quedar, por lo menos, ejecutoriada el 24 de abril de 2008. En
efecto, según dicha legislación, primero, se intentará realizar la notificación personal de la
providencia, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de su expedición -en este caso 15, 16 y 17 de
abril de 2008-. Si los sujetos procesales no concurren, se notificará por edicto fijado “en lugar visible
de la secretaría por tres (3) días”. Por tanto, la fijación del edicto debía hacerse del 18 a 22 de abril
de 2008 y, después, correría el término de ejecutoria, es decir, entre el 23, 24 y 25 de abril de 2008.
Por tanto, este último día habría quedado ejecutoriada la Sentencia absolutoria. Por tanto, este último
día habría quedado ejecutoriada la sentencia penal. Es especialmente relevante anotar que en la
sentencia reposan la constancia de que esta fue notificada a la fiscalía el 15 de abril y el 16 de abril
al ministerio Público (fl. 195 cdno. ppal. 1) sin que se haya hecho alguna anotación sobre la existencia
de un recurso de parte de aquellas.
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Reparación directa
Apelación sentencia
11) Los demandantes en el proceso penal seguido en contra de Alexánder González
Urbina, alias “careloco”, no se constituyeron en parte civil, sin embargo, son ellos
mismos quienes en la demanda de reparación directa aportaron la sentencia penal,
lo cual evidencia que estaban al tanto del proceso16.
12) En ese contexto fáctico y probatorio, a partir de la ejecutoria de la mencionada
decisión penal los demandantes tenían, en principio, hasta el 26 de abril de 2010
para presentar la demanda de la referencia, el término de caducidad se suspendió
entre el 26 de noviembre de 2009 y el 26 de febrero de 201017 mientras se surtió el
trámite de conciliación prejudicial, por lo cual el plazo para radicar la respectiva
demandada se extendió hasta el 28 de julio de 2010, pero esta fue presentada el 1°
de diciembre de 2010 con lo cual se configuró la caducidad de la acción.
13) De otra parte, tampoco se demostró en el proceso que los actores se
encontraban imposibilitados materialmente para presentar en forma oportuna la
demanda de reparación directa, por el contrario, si bien los demandantes fueron
objeto de desplazamiento, siempre tuvieron la posibilidad de acudir a la
administración de justicia.
Ciertamente, cada uno de los hermanos del señor Géiner Antonio Munive Rodríguez
en el momento en que fue objeto de amenazas a raíz de la desaparición de su
familiar presentó la respectiva denuncia penal, lo cual evidencia la posibilidad de las
víctimas de acudir a las autoridades judiciales.
De igual forma, en la misma demanda se refiere que desde el 7 de mayo de 2008
los demandantes se encontraban asilados en Canadá, aspecto este que no les
imposibilitaba presentar la demanda de reparación directa, en especial si se tiene
16 Tanto así que solicitaron una certificación sobre el estado del proceso y el 16 de octubre de 2007
la Fiscalía Décima Especializada de Villavicencio certificó que el señor Alexánder González Urbina
se acogió a sentencia anticipada por los punibles de concierto para delinquir y desaparición forzada
(fl. 121 cdno. ppal. 1), para el ponente, se debe tener en cuenta además que la demanda no se hace
ninguna afirmación de que los demandantes no pudieron conocer la decisión penal una vez esta fue
dictada.
17 La audiencia fracasada de no conciliación junto con su respectiva constancia data del 3 de marzo
de 2010, empero, en virtud del literal c del artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 la presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de
caducidad hasta “se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la
solicitud”.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
en cuenta que para hacerlo confirieron poder para demandar ante el consulado de
Colombia en Montreal (Canadá).
14) De otro lado, contrario a lo dicho por el tribunal de primera instancia, la
caducidad no se puede contabilizar a partir de la última sentencia penal
condenatoria dictada en contra de los responsables de los punibles investigados.
El artículo 7 de la Ley 589 de 2000 que modificó el artículo 136 del CCA dispone
que la caducidad se cuenta a partir “de la fecha en que aparezca la víctima o en su
defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal”, en este
caso, se sabe que los restos de la víctima no aparecieron, de manera que se toma
desde la ejecutoria de la sentencia del 14 de abril de 2008, decisión esta que fue
definitiva en relación con el señor Alexánder González Urbina.
El hecho de que existiera una ruptura de la unidad procesal y que en otros
expedientes se investigaran penalmente a más sujetos no significa, en modo
alguno, que la parte actora debía esperar a que se definiera la responsabilidad penal
de todos ellos, pues, ello llevaría a que se extendiera indebidamente el plazo para
presentar la demanda de reparación directa.
En este caso objeto de análisis, los demandantes atribuyeron la responsabilidad del
Estado18 y para ello invocaron como fundamento la sentencia del 14 de abril de
2008, siendo esta la única decisión penal que se aportó con la demanda, con lo cual
se refuerza que con dicha decisión los demandantes ya conocían de los hechos
delictivos cometidos en contra de su familiar y de la eventual responsabilidad
patrimonial que le pudiera asistir al Estado.
15) De otra parte, debe igualmente observarse que este análisis compagina con los
criterios establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 29 de
enero de 202019 para el análisis de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
18 En la demanda se imputa la responsabilidad de las entidades demandadas solo por omisión, no
obstante, el tribunal de primera instancia condenó a la parte demandada tanto por acción
(aquiescencia) como por omisión (falta de protección).
19 Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, proceso no. 85001-33-33-002-2014-
00144-01(61033)A, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado20, premisas que fueron acogidas por la Corte Constitucional
en sentencia SU-312 de 202021, con la aclaración de que el juez contencioso
administrativo debe analizar las particularidades de cada asunto en concreto y que
la desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad no le
impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por
otras vías22.
La Corte reiteró esa postura recientemente en sentencia SU-167 de 202323 y agregó
que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite
para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y
posibilidades procesales que este contiene”; en el presente asunto esta Sala no
encuentra necesario ni procedente readecuar el trámite en el caso concreto debido
a que la readecuación es para permitir que la parte alegue si tuvo o no alguna
barrera para acudir al proceso; sin embargo, de lo acreditado se tiene que desde la
demanda los actores manifestaron que tuvieron que exiliarse (lo cual pudo ser una
barrera), no obstante, se tiene que aún en el exilio confirieron poder para presentar
la demanda, de modo que no es necesario dar otra oportunidad procesal para alegar
lo mismo.
Se destaca incluso, que los demandantes fueron quienes denunciaron los hechos
relacionados con su familiar, aspecto este que llevó a que se iniciaran las
correspondientes investigaciones penales; en ese orden de ideas, la reapertura de
la etapa de alegatos en esta instancia sería ineficaz, pues, en ella no se pueden
agregar nuevas pruebas y de las que hay no se desprende nada que cambie la
aplicación de las reglas de unificación.
20 Estos son: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción
u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo
de ley”.
21 Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
22 Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra
del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.
23 Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo
Rivera.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
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Reparación directa
Apelación sentencia
17) Por consiguiente, esta Subsección revocará la sentencia apelada, para, en su
lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de
reparación directa.
3. Conclusión
Como la demanda se presentó cuando la acción de reparación directa ya había
caducado se impone revocar la sentencia apelada que accedió a las pretensiones
de la demanda y declarar, de oficio, la caducidad de la acción.
4. Condena en costas
Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la Ley
446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna
de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de
esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Revócase la sentencia proferida el 20 de octubre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Casanare y, en su lugar, declárase de oficio la caducidad de la
acción e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda.
2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.
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Expediente 85001-23-31-003-2011-00197-00 (58.788)
Actor: Eudes Munive Rodríguez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con salvamento de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Constancia: la presente decisión fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Sala en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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