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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2011-00100-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2011-00100-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 9 de abril de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del Chocó, la cual quedará de la siguiente manera: 32 Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Acción de Reparación Directa SEGUNDO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional y a la Policía Nacional por el fallecimiento del señor Jhon Mario Zapata Bonilla ocurrido el 27 de julio de 2009. TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional y a la Policía Nacional a pagar solidariamente, por concepto de perjuicios morales, lo siguiente: Demandante SMLMV Argenis Zapata Suárez (Padre) 100 SMLMV Deisi Bonilla (Madre) 100 SMLMV Claudia Elena Caldas Toro (Compañera) 100 SMLMV Elver Johan Zapata Rengifo (Hermano) 50 SMLMV Ingry Yohana Zapata Rengifo (Hermana) 50 SMLMV José Alexander Zapata Bonilla (Hermano) 50 SMLMV Jonny Fabián Zapata Bonilla (Hermano) 50 SMLMV Ritalina Zapata Bonilla (Hermana) 50 SMLMV Sandra Liliana Flórez Bonilla (Hermana) 50 SMLMV Andrea Jimena Caldas Toro (Hija de crianza) 100 SMLMV Anyi Carolina Beltrán Caldas (Hija de crianza) 100 SMLMV María Alejandra Beltrán Caldas (Hija de crianza) 100 SMLMV Dora Juliana Beltrán Caldas (Hija de crianza) 100 SMLMV CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional y a la Policía Nacional a pagar solidariamente, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero: Para Claudia Elena Caldas Toro, la suma de ($153’178.443) ciento cincuenta y tres millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos. Para Andrea Jimena Caldas Toro, la suma de ($26’729.274) veintiséis millones setecientos veintinueve mil doscientos setenta y cuatro pesos. Para Dora Juliana Caldas Toro, la suma de ($31’280.643) treinta y un millones doscientos ochenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos. 33 Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512) Actor: Argenis Zapata Suárez y otros […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-31-000-2011-00100-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: ARGENIS ZAPATA SUÁREZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – daños causados a un civil por un ataque armado.

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, y
por el Ejército y la Policía, en contra de la sentencia proferida el 9 de abril de 2015,
por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los accionantes pretenden que se les indemnicen los perjuicios de orden
extrapatrimonial y material que sufrieron por el fallecimiento del señor Jhon Mario
Zapata Bonilla, ocurrido el día 27 de julio de 2009, durante el ataque causado con
armas de fuego por un grupo ilegal, contra la lancha en la que se desplazaba en
compañía de militares, mientras prestaba sus servicios como erradicador manual
de cultivos ilícitos, en la zona rural del municipio de Istmina en el Departamento del
Chocó.
II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El señor Argenis Zapata Suárez, quien actúa en nombre propio y en representación
de sus hijos menores de edad Elvar Johan e Ingri Johana Zapata Rengifo; la señora

1

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Deisi Bonilla, quien actúa en nombre propio; la señora Claudia Elena Caldas Toro,
quien actúa en nombre propio y, además, en representación de sus hijas de crianza
menores de edad Andrea Jimena Caldas Toro, Anyi Carolina Beltrán Caldas, María
Alejandra Beltrán Caldas y Dora Juliana Caldas Toro; y los señores José Alexander
Zapata Bonilla, Sandra Liliana Flores Bonilla, Ritalina Zapata Bonilla y Jonny Fabián
Zapata Bonilla, quienes actúan en nombre propio, y todos a través de apoderado
judicial, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional, Presidencia de la República,
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Programa
Presidencial Contra Cultivos Ilícitos -Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, en adelante, DPS- Ministerio del Interior y de Justicia -
Dirección Nacional de Estupefacientes y la empresa Empleamos S.A.-, con el fin de
que se les indemnizaran los perjuicios que sufrieron por el fallecimiento del señor
Jhon Mario Zapata Bonilla, en hechos ocurridos el 27 de julio de 2009, en la zona
rural del municipio de Istmina.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se les reconocieran
las siguientes indemnizaciones: por concepto de daños morales, seiscientos (600)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de los demandantes;
por concepto de daño a la vida en relación, quinientos cincuenta (550) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de los demandantes; por
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, cuatro millones
ochocientos veinte mil cuatrocientos pesos ($4’820.400) para la compañera
permanente y para cada una de las cuatro hijas de crianza de la víctima, y por lucro
cesante futuro, cincuenta millones trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
($50’364.400), para la compañera permanente, y para cada una de las cuatro hijas
de crianza de la víctima, y todo “lo demás que se pruebe dentro del proceso”.

Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que el 27 de julio de 2009, el
señor Jhon Mario Zapata Bonilla, junto con diez campesinos erradicadores de
cultivos ilícitos y seis soldados más, tuvieron que evacuar del lugar que estaban
adelantando su labor en la zona rural del municipio de Istmina, en el departamento
de Chocó debido a la grave situación de orden público que se presentó, por lo que
se inició su traslado por el río San Juan con destino a Andagoya y,
aproximadamente a las 6:00 p.m., en el punto denominado Paimadó, fueron
víctimas de un ataque armado por un “grupo guerrillero”, como consecuencia del

2

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

cual fallecieron varios de los tripulantes de la lancha, entre ellos, el señor Zapata
Bonilla.

Sostuvo la parte demandante que para la resolución del caso se podía aplicar
cualquiera de los regímenes de responsabilidad extracontractual del Estado
establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación, con fundamento en que:

(…) La fuerza pública no cumplió con sus obligaciones y deberes impuestos
para velar por la seguridad y vida de las personas que se contratan como
erradicadores de cultivos ilícitos, al igual que las demás entidades demandadas,
puesto que no les brindaron un adecuado entrenamiento acerca de la
existencia, modo de identificar y de evitar un posible ataque de los grupos
ilegales, que es previsible en dichas zonas del país, máxime que en el caso de
Jhon Mario Zapata Bonilla, era un trabajador humilde que lo único que
procuraba era tener un mejor futuro junto con su familia, que no tenía nada que
ver con el conflicto, y que por ende las entidades demandadas le debieron
realizar varias prevenciones y realizar un entrenamiento, para que no corriera
ningún peligro en su labor.

Porque la muerte del señor Jhon Mario Zapara Bonilla, se produjo por omisiones
de las entidades demandadas, al no otorgar las mínimas condiciones de
seguridad en su integridad física, en el desarrollo de la actividad de alta
peligrosidad, como de erradicador de cultivos ilícitos.

Porque también se puede predicar una responsabilidad por daño especial, por
cuanto el señor Jhon Mario Zapata Bonilla, es un inocente que resultó lesionado
gravemente y falleció como consecuencia de una acción terrorista, la cual
estaba encaminada a la Fuerza Pública y a las personas que colaboran con la
erradicación de cultivos ilícitos, que son contratadas por el Estado, que no les
brinda ninguna protección.

Porque era obligación de las entidades demandadas proteger la integridad del
señor Jhon Mario Zapata Bonilla, máxime que el mismo no estaba instruido
sobre los posibles peligros de ataques de grupos al margen de la y (sic) que
operan en dicho sector.

Porque la actividad desarrollada por el señor Jhon Mario Zapata Bonilla es una
actividad de alto riesgo y no puede ser delegada por el Estado en personal civil,
no capacitado y sin el mínimo de entrenamiento, sino que ella debe ser asumida
por personal profesional y técnicamente capacitado para evitar daños en la
integridad física de los mismos.

Porque la decisión de convocar y contratar erradicadores manuales para la
labor de eliminar cultivos ilícitos en zonas de alta presencia guerrillera es del
Gobierno Nacional, a través de sus entidades o dependencias oficiales.

Porque las entidades como la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, a través
de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, no prestan la verdadera seguridad,
vigilancia y control sobre los cultivos ilícitos a erradicar y sus áreas de influencia,
a pesar de conocer de los hostigamientos que los grupos ilegales realizaron con
frecuencia, lo cual ocasiona pérdidas de vidas humanas, generalmente jóvenes,
cómo en este caso, en el cual falleció el señor Jhon Mario Zapata Bonilla.

3

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

2. Trámite en primera instancia

2.1. En auto del 11 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo del Chocó admitió la
demanda y dispuso su notificación a las entidades estatales demandadas y al
Ministerio Público1.

2.2. La Dirección Nacional de Estupefacientes2 argumentó que no tenía asignadas
funciones de custodia y cuidado respecto de las personas que adelantaban el
trabajo de erradicación manual de cultivos ilícitos; tarea que estaba a cargo de la
fuerza pública, adicional a que el hecho generador del daño no fue producto de una
acción u omisión de la entidad, sino que tuvo como origen un ataque cometido por
un grupo al margen de la ley. Igualmente, manifestó que tampoco tenía a su cargo
la ejecución del programa de erradicación manual de cultivos ilícitos.

2.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho3 propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que las pretensiones
estaban relacionadas con los programas de erradicación de cultivos ilícitos y de la
prestación del servicio de seguridad y protección de los ciudadanos, de tal manera
que como entre las funciones que tenía asignadas, ninguna se relacionaba con los
hechos y omisiones señalados en la demanda, no debió ser convocada a este
proceso.

2.4. La Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional4- solicitó denegar las
pretensiones de la demanda porque prestó el servicio de seguridad y vigilancia para
que la labor de erradicación se ejecutara en completa calma y prestó todos los
medios a su alcance para cumplir con sus obligaciones, tanto así, que en los días
previos al atentado en el que falleció el señor Jhon Mario Zapata Bonilla, una vez
se iniciaron los disturbios de la comunidad cocalera en contra de los erradicadores,
diligentemente solicitó el apoyo del organismo competente y brindó la protección
requerida por el grupo de civiles. También señaló que el daño ocasionado a los
demandantes ya había sido reparado en atención a que a través de la póliza de vida
número 994000000023, suscrita por la empresa de servicio temporal Empleamos
S.A., se realizó el pago de la indemnización a los beneficiarios del contrato de obra.

1
Fl 121 c 1
2
Fls 148 – 73 c 1.
3
Fls 185 – 188 c 1.
4
Fls 191 – 215 c 1.

4

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

2.5. Empleamos S.A.5 precisó que no podía ser sujeto pasivo en el estudio de
responsabilidad del Estado, por ser una entidad de carácter particular y, por lo
mismo, no estaba encargada de la protección de quienes ejercieran la labor de
erradicación de cultivos ilícitos. Expuso que la empresa cumplió de manera diligente
y oportuna con todas sus obligaciones laborales como empleador, en virtud del
contrato celebrado con Acción Social y, por lo tanto, estaba exento de cualquier tipo
de responsabilidad que se le quisiera atribuir.

Reprochó lo dicho en la demanda, en cuanto a que los erradicadores prestaban su
servicio sin acompañamiento militar, puesto que se cumplió el protocolo de
seguridad del manual de antinarcóticos para la erradicación manual de cultivos
ilícitos, lo que demostraba el esfuerzo por cubrir los riesgos que podían presentarse.
Puntualizó que el actor aceptó de manera voluntaria e informada la ejecución de la
labor descrita, y que el daño se debió a la situación de conflicto que afronta el país,
por lo que no sería imputable a su empleador, que sólo fue contratado para elegir el
personal, pero jamás se le delegó, ni siquiera de manera tácita, la obligación de
prestar seguridad a los campesinos contratados.

2.6. La Nación – Policía Nacional6- señaló que no fue la causante del daño ni por
acción ni por omisión en el ejercicio de sus funciones y, por el contrario, el
fallecimiento del señor Jhon Mario Zapata Bonilla fue producto de una actuación de
un grupo al margen de la ley. Puntualizó que “no fue la Policía Nacional la que
realizó la actividad, ni contrató dicho servicio con otra empresa”.

2.7. El DPS7 manifestó que dentro de la estrategia denominada Grupos Móviles de
Erradicación tenía un rol muy exacto, el cual se limitó a la asistencia logística de los
erradicadores, pero no la de prestar las labores de seguridad y del orden público,
las cuales eran propias de las fuerzas armadas quienes prestaron su servicio
correctamente; a las cuales no era posible pedirles que se anticiparan a un hecho
como el ataque intempestivo ejecutado por un grupo al margen de la ley. Indicó que
en el proceso previo a la vinculación de los erradicadores estaba amparada la etapa
de información acerca de las condiciones y el escenario en el cual se iban a
desarrollar las labores, así como de los riesgos intrínsecos a la actividad, por lo cual

5
Fl 237 – 269 c 1.
6
Fls 407- 412 c 2.
7
Fls 422 – 453 c 2.

5

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

no era posible predicar la configuración de un riesgo excepcional, dado que el
trabajador estaba ampliamente informado de los mismos.

2.8. A través de proveído del 15 de julio de 20138, el tribunal de primera instancia
abrió el proceso a pruebas y, el 30 de abril de 2014, corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente9.

2.9. La parte actora señaló que las demandadas debían responder
patrimonialmente por los daños, así: la Dirección Nacional de Estupefacientes, por
ser el máximo ente rector de la política de drogas en Colombia y, por ende, quien
tenía a su cargo el marco de la política del Estado de combatir el tráfico de drogas;
Acción Social, porque debía ejercer la coordinación de los proyectos de erradicación
manual, por lo cual celebró contrato de prestación de servicios con la empresa
Empleamos S.A. para el suministro de los trabajadores en misión para la
erradicación de cultivos ilícitos, la cual también debía responder por el fallecimiento
del señor Jhon Mario Zapata Bonilla, al haber contratado un inexperto en el oficio,
sin brindarle capacitación de la labor. También atribuyó responsabilidad a la Fuerza
Pública por ser la encargada de garantizar la seguridad de los Grupos Móviles de
Erradicadores, lo cual no cumplió satisfactoriamente dado que, a pesar de conocer
de la peligrosidad de la zona, insistió en continuar con las labores de erradicación,
lo que causó la muerte del señor Jhon Mario Zapata Bonilla.

2.10. El Departamento Nacional de Estupefacientes10 razonó que no se había
probado el carácter cierto del daño, porque los demandantes únicamente se
limitaron a enunciar los montos a indemnizar por el fallecimiento del señor Jhon
Mario Zapata Bonilla, pero no aportaron pruebas que dieran cuenta de la real
causación de ellos. Indicó que no le era atribuible responsabilidad porque las
actuaciones relacionadas con la erradicación manual de los cultivos ilícitos y la
elaboración de los dispositivos de seguridad del personal no dependían de la
entidad, por lo cual era viable la declaración de la falta de legitimación en la causa
por pasiva y la configuración del hecho de un tercero.

8
Fls 658 – 662 c 2.
9
Fl 1041 c 3.
10
Fls 1042 – 1046 c 3.

6

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

2.11. El DPS11 solicitó tener en cuenta las consideraciones y argumentos
planteados en la contestación de la demanda. Adicionó que, en caso de que se
declarara su responsabilidad, el valor a indemnizar debía compensarse con las
sumas reconocidas por la aseguradora Solidaria a favor de los familiares del señor
Jhon Mario Zapata Bonilla.

2.12. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República12 solicitó
dejar sin efectos los autos que abrieron el proceso a pruebas y el que corrió traslado
para alegar para, en su lugar, otorgársele el término de diez días para presentar
contestación a la demanda.

2.13. Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público no intervinieron en esta
oportunidad procesal.

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 9 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo del Chocó accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. Declaró la falta de legitimación en
la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho, de la Dirección Nacional
de Estupefacientes, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, DPS y Empleamos S.A.

Por lo tanto, adelantó el estudio de responsabilidad de las imputaciones realizadas
contra el Ejército Nacional y la Policía Nacional. El tribunal determinó que el 27 de
julio de 2009, el señor Jhon Mario Zapata Bonilla se encontraba efectuando un
desplazamiento por el río San Juan en el Departamento del Chocó, con un grupo
de erradicadores manuales y cinco soldados del Ejército Nacional, quienes
autorizaron la movilización del grupo; sin embargo, a las 6:00 p.m. fueron víctimas
de un atentado con granadas y disparos desde la orilla, lo que le causó la muerte.

Consideró que no se prestó la protección al personal erradicador porque esta se
delegó únicamente en los cinco soldados de la Décima Quinta Brigada del Batallón
de Ingenieros No. 15 pero no con la colaboración de la Policía Nacional a pesar de
la existencia del contrato interadministrativo suscrito por la Agencia Presidencial con

11
Fls 1047 – 1051 c 3.
12
Fls 1072 – 1076 c 3.

7

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

el Ministerio de Defensa y la Policía, así como el contrato de prestación de servicios
celebrado entre la Agencia Presidencial y Empleamos S.A. en los cuales se
estableció que el transporte de los trabajadores hacia los diferentes puntos de
erradicación, les debían prestar la seguridad conjuntamente la Policía y el Ejército
Nacional.

Aun cuando se sabía de la situación de orden público en la zona en la que se
encontraban adelantando las peligrosas labores de erradicación no se extremaron
las medidas de seguridad en los desplazamientos ordenados, lo que conllevó al
incumplimiento del deber normativo y reglamentario de brindar protección –
seguridad, vigilancia y cuidado. En consecuencia, condenó a las demandadas a
pagar las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:

Demandante SMLMV
Argenis Zapata Suárez (Padre) 100 SMLMV
Deisi Bonilla (Madre) 100 SMLMV
Claudia Elena Caldas Toro (Compañera) 100 SMLMV
Elver Johan Zapata Rengifo (Hermano) 50 SMLMV
Ingry Yohana Zapata Rengifo (Hermana) 50 SMLMV
José Alexander Zapata Bonilla (Hermano) 50 SMLMV
Jonny Fabián Zapata Bonilla (Hermano) 50 SMLMV
Ritalina Zapata Bonilla (Hermana) 50 SMLMV
Sandra Liliana Flórez Bonilla (Hermana) 50 SMLMV

Igualmente, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante,
reconoció a favor de la señora Claudia Elena Zapata Bonilla la suma de
($167’781.022,27).

4. Recursos de apelación

4.1. La parte actora manifestó su inconformidad con la decisión de no reconocer los
perjuicios deprecados por las hijas de crianza del señor Jhon Mario Zapata Bonilla,
porque en el proceso se probó que, efectivamente, la víctima convivía con la señora
Claudia Elena Caldas Toro, a quien sí se le reconoció una indemnización, pero,
injustamente, se ignoró el hecho de que ella era la madre de las menores que
convivían bajo el mismo techo como una familia y quienes también dependían
económicamente de éste. Igualmente, manifestó inconformidad con la negativa al
reconocimiento de los perjuicios “del daño a la vida de relación” para los
demandantes.

8

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

4.2. La Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional13 indicó que las
obligaciones de seguridad y protección a su cargo son de medio y no de resultado
y que para el presente asunto prestó su servicio con la diligencia debida, e inclusive,
al momento del desplazamiento, mientras adelantó su tarea, también resultaron
afectados varios de los militares que acompañaron al grupo de erradicadores
manuales, quienes respondieron al fuego del enemigo en la medida de sus
posibilidades. No era viable atribuirle responsabilidad por el atentado cometido por
un grupo al margen de la ley, el cual fue un acto imprevisible para la demandada.

Manifestó que no era la competente para enfrentar la delicada situación de orden
público generada por los disturbios de la comunidad, por lo que acuciosamente
solicitó la colaboración de la Policía Nacional, a quien le correspondía sortear ese
tipo de eventos. Indicó que se probó que el Ejército atendió el llamado cuando se
solicitó el apoyo para la protección de las personas encargadas de realizar las
labores de erradicación y evitó que fueran linchados por la turba que se oponía al
trabajo. Igualmente, se acreditó que desplegó todos los medios con los que contaba
para brindar la protección y seguridad, motivos más que suficientes para revocar la
sentencia de primera instancia y denegar las pretensiones de la demanda. Destacó
que los erradicadores de cultivos ilícitos asumieron el riesgo que la labor
intrínsecamente conllevaba, el cual fue amparado por el empleador y que ya fue
reparado a los beneficiarios de la póliza que se tomó con la suscripción del contrato
laboral.

4.3. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional14 sostuvo que el ataque
ejecutado por el grupo al margen de la ley no se dirigió contra la fuerza pública sino
al grupo de erradicadores, con el propósito de evitar la destrucción de los cultivos
ilícitos, riesgo que el señor Jhon Mario Zapata Bonilla asumió al momento de
suscribir el contrato laboral con la empresa Empleamos S.A. Manifestó que la
Policía no puso en riesgo la integridad de los trabajadores y la acción fue
adelantada por unos delincuentes, configurándose el hecho de un tercero.

13
Fls 1215 – 1226 c ppal.
14
Fls 1245 – 1248 c ppal.

9

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El 29 de octubre de 2015, esta Corporación admitió la alzada 15 y, el 26 de
noviembre de ese mismo año16, corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. Las partes que
intervinieron en esta oportunidad reiteraron los argumentos planteados a lo largo
del proceso.

5.2. El Ministerio Público17 pidió confirmar el fallo apelado, dado que, en su criterio,
la muerte del señor Jhon Mario Zapata Bonilla era imputable a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional-, a título de falla en el servicio
puesto que, estando en posición de garante, incumplieron con sus deberes de
protección y seguridad. Señaló que el sólo hecho de permitir el desplazamiento de
los erradicadores, sin ningún tipo de protección adicional y sólo con unos chalecos
salvavidas, los puso en una situación de peligro. Indicó que, si bien la fuerza pública
custodió al personal, la protección no fue suficiente, tomando en cuenta el hecho
de que previamente el grupo de trabajadores había sido amenazado, que la zona
donde adelantaban las labores contaba con alteraciones de orden público, y que la
actividad desplegada era catalogada como riesgosa.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con los artículos 129 y 132 numeral 6 del CCA, modificados por la Ley 446 de 1998,
por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía, toda vez que la
sumatoria de las pretensiones18 es de $ 8.278’233.600 a la fecha de la presentación
de la demanda19.

15
Fl 1255 c ppal.
16
Fl 1257 c ppal.
17
Fls 1303 – 1309 c ppal.
18
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010. El salario mínimo para 2011 era de $535.600,
por lo que 500 SMLMV correspondía a la suma de $267’800.000.
19
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la competencia se fija al momento de
presentación de la demanda (25 de marzo de 2011).

10

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

2. Cuestión previa

De entrada, en el presente asunto resulta pertinente señalar que, a pesar de que
existió un contrato de obra celebrado entre la empresa Empleamos S.A. y el señor
Jhon Mario Zapata Bonilla y que el fallecimiento de éste se presentó mientras
ejecutaba la labor para la que fue contratado, la controversia no puede considerarse
de naturaleza laboral, en vista de que la imputación que se atribuye a todas las
entidades que conforman el extremo pasivo de la litis consiste en que este hecho
ocurrió porque no se le prestó seguridad en su labor de erradicación manual de
cultivos ilícitos, obligación que no deviene del vínculo laboral, como se mostrará
más adelante, a partir del análisis de las pruebas aportadas.

La anterior conclusión guarda armonía con la tesis expuesta en reiteradas
oportunidades por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación 20,
según la cual la “labor [de la empresa privada] se limita a la contratación del personal
para hacer la labor de erradicación de cultivos ilícitos, pero Acción Social (como
empresa beneficiaria de la labor) y la Fuerza pública [son] los encargados de la
gestión de su seguridad y las condiciones para ejercer tal actividad”. No puede
olvidarse que en este proceso también se pretende la reparación de los perjuicios
de orden extrapatrimonial causados por la supuesta omisión en la que incurrieron
las entidades demandadas, de ahí que la acción impetrada sea procedente 21.

En ese mismo sentido, el día 8 de mayo de 2024, la Subsección B emitió fallo en la
acción de tutela que se presentó contra la sentencia que se profirió el 18 de
septiembre de 2023 en éste proceso y dejó sin efectos la providencia accionada en
la que se declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción frente a la
responsabilidad de la sociedad Empleamos S.A. y el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, y remitió el expediente en lo concerniente a esas
entidades a los juzgados laborales del circuito de Quibdó. Lo anterior, por considerar
que la demanda pretende que se declare la culpa patronal de la sociedad

20
Se pueden consultar, entre otras, sentencias del 10 de febrero de 2021, expedientes 53.399 y
54.381.
21
Esta Subsección indicó: “(…) A pesar de tratarse de los perjuicios emanados de una relación
laboral, ello no obsta para que en el marco del proceso de reparación directa se reconozcan
perjuicios adicionales a los prestablecidos en el respectivo régimen laboral, en este caso, para la
madre y el hermano de la víctima. Sin embargo, la Sala no planteará consideraciones en esa materia,
debido a que se negarán las pretensiones de la demanda” (sentencia del 11 de mayo de 2022,
expediente 58.117).

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Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

empleadora, en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo,
motivo por el cual el asunto debía tramitarse en la jurisdicción ordinaria.

No obstante, la Subsección B al resolver la tutela, estableció que se vulneró el
derecho fundamental al debido proceso, al considerar que la declaratoria de falta de
jurisdicción no atendió las reglas procedimentales referentes al fuero de atracción y
la determinación de la jurisdicción competente para este tipo de asuntos:

La teoría del fuero de atracción, de construcción jurisprudencial, faculta
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que asuma el
juzgamiento de un particular cuyo juez natural en principio es el
ordinario, siempre y cuando sea demandado junto con otra entidad
pública y los hechos que dan origen a la demanda sean los mismos.

En aplicación del fuero de atracción, se acepta que aun cuando al
momento de realizar el análisis probatorio se establezca que la entidad
pública demandada no está llamada a responder, la jurisdicción
contenciosa administrativa conserva la competencia para juzgar a los
particulares o personas de derecho privado también demandados,
porque dicha competencia se adquiere de forma definitiva y no
provisional ni condicionada (…)

Lo anterior se fundamenta en el principio de perpetuatio jurisdictionis
que establece que la jurisdicción y la competencia se definen conforme
a las normas vigentes al momento de la presentación de la demanda y
se conserva aun cuando ocurran hechos sobrevinientes (artículo 21 del
CPC). En consecuencia, el juez que asuma la competencia conforme a
esas reglas debe ser quien resuelva la controversia, a menos que el
legislador las modifique durante el trámite del proceso.

Así las cosas, la Sala considera que la jurisdicción contenciosa
administrativa es la competente para resolver la controversia, sin
perjuicio de que se advierta que la llamada a responder sea una persona
jurídica privada. En consecuencia, esta jurisdicción está habilitada para
pronunciarse sobre la responsabilidad que le asiste a la sociedad
Empleamos S.A. y al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social en virtud del vínculo laboral que aquella mantuvo con la víctima
directa.

Además, en la demanda se alegó que las demandadas no garantizaron
la seguridad de los erradicadores, quienes carecían de entrenamiento
para prever y reaccionar a ese tipo de ataques, y se sostuvo que no se
prestaron medidas de vigilancia en la zona. También se alegó un daño
especial y un riesgo excepcional por la naturaleza de la actividad, que
no podía ser delegada por el Estado a un civil que carecía de la
formación y protección suficientes.

Esos cargos debieron resolverse en la sentencia como garantía del
acceso a la administración de justicia. No bastaba con señalar que
dichos cargos se enmarcaban en una discusión propia de la
indemnización plena por culpa patronal, sino que era necesario estudiar
si las autoridades demandadas incurrieron en una acción u omisión que
permitiera imputarles el daño con base en las pruebas que obran en el
proceso.

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Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

La decisión se recurrió en apelación. El recurso fue decidido por la Subsección C
de la Sección, en proveído del 2 de agosto siguiente, en la cual se confirmó la
providencia debido a que la interpretación que se le dio a la demanda no se
acompasó con los hechos, causa petendi ni pretensiones, porque el problema
jurídico no tenía connotación laboral. Por ende, manifestó que “no era procedente
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ejército Nacional y la
Policía Nacional, puesto que, de acuerdo con el escrito de demanda, la
responsabilidad de estas de reparar un daño antijurídico devenía de sus
obligaciones constitucionales de protección, en particular, en actividades de
erradicación de cultivos ilícitos y por actos terroristas, pero no por relaciones
laborales”.

3. Oportunidad de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 44 de
la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los
dos años siguientes al acaecimiento del hecho, la omisión, la operación
administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena
por trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, la responsabilidad que se alega en la demanda deviene del
fallecimiento del señor Jhon Mario Zapata Bonilla, la cual ocurrió el 27 de julio de
2009, según consta en el registro civil de defunción No.504085922. De este modo,
el plazo para acudir ante esta Jurisdicción fenecía el 28 de julio de 2011, y la
demanda se radicó el 25 de marzo de 2011, previo agotamiento del requisito de
conciliación prejudicial23, por lo que se impone concluir que el derecho de acción se
ejerció en oportunidad.

4. Legitimación en la causa

Los demandantes acreditaron su legitimación en la causa, así: el señor Argenis
Zapata y la señora Deisi Bonilla demostraron ser los padres de la víctima24; los
señores Sandra Liliana Florez Bonilla, Elver Johan e Ingry Yohana Zapata

22
Fl 139 anexo 1.
23
Fls 115 – 118 c 1.
24
Fl 82 c 1.

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Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Rengifo25; José Alexander, Ritalina y Jonny Fabián Zapata Bonilla acreditaron ser
hermanos de la víctima26. También se encuentra acreditado que la señora Claudia
Elena Caldas Toro era la compañera permanente de la víctima y que convivían con
las hijas de ella, Andrea Jimena Caldas Toro, Anyi Carolina Beltrán Caldas, María
Alejandra Beltrán Caldas y Dora Juliana Caldas Toro27.

Sobre la parte pasiva del conflicto, se advierte que en la decisión de primera
instancia se declaró la falta de legitimación del Ministerio de Justicia y del Derecho,
de la Dirección Nacional de Estupefacientes, del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y de la sociedad Empleamos S.A. frente a lo cual las partes no presentaron
ningún reparo en sus recursos, motivo por el cual esta Subsección no se
pronunciará al respecto.

Frente a la Nación – Ejército Nacional y Policía Nacional se verifica que en la
demanda se les atribuyen varias omisiones, que se afirma que posibilitaron la
causación del daño; por tanto, las citadas entidades tienen interés en controvertir
las pretensiones, dado que sobre estas podrían recaer las eventuales
consecuencias patrimoniales derivadas de las súplicas indemnizatorias impetradas,
por lo que cuentan con legitimación en la causa por pasiva para actuar en el
presente asunto.

5. Alcance del recurso de apelación

De conformidad con el objeto del litigio y los recursos de apelación presentados,
corresponde a esta Subsección determinar si hay lugar o no a revocar la decisión
adoptada mediante la cual se declaró la responsabilidad del Ejército Nacional y la
Policía Nacional por el incumplimiento de sus tareas de protección y seguridad a
favor del grupo de erradicadores de cultivos ilícitos al cual perteneció el señor Jhon
Mario Zapata Bonilla o si se configuró una causal eximente de responsabilidad. De
determinarse que, efectivamente, las demandadas deben responder por el hecho
dañoso, se estudiará la procedencia o no del reconocimiento de los perjuicios

25
Fls 83,84 y 86 c 1.
26
Fls 85,87 y 88 c 1.
27
Al respecto, las declaraciones extra-juicio de los señores Luis Carlos Vásquez Vásquez, José Raúl
García Cardona y los testimonios de los señores Jaime Alberto Segura, José Jesús Serna Gutiérrez.

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Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
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Referencia: Acción de Reparación Directa

deprecados por las hijas de crianza del occiso y el perjuicio denominado “vida de
relación”.

5.1. Hechos probados

Con fundamento en los medios probatorios que obran en el expediente, la Sala
considera acreditados los siguientes hechos:

i) En el Convenio Interadministrativo No. PCI – 006, suscrito el 7 de abril de
2009, entre Acción Social y el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía
Nacional, se convino aunar esfuerzos interinstitucionales para apoyar la
operación de la Estrategia de Erradicación Manual y Mecánica Forzosa
del Grupo Móvil de Erradicación. En desarrollo de este, Acción Social
promovió un proceso de selección, a fin de contratar con una empresa de
servicios temporales el envío de trabajadores a zonas de erradicación de
cultivos ilícitos.

En el marco de dicho proceso, Acción Social suscribió el documento “ASPECTOS
TÉCNICOS REQUERIDOS PARA CONTRATAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES PARA EL ENVÍO DE TRABAJADORES EN MISIÓN PARA LA
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA GRUPO MÓVIL DE
ERRADICACIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CONTRA CULTIVOS
ILÍCITOS, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS META ESTABLECIDAS PARA EL
AÑO 2007”. Sobre los grupos de trabajo y los métodos de erradicación, se convino
lo siguiente:

CARACTERÍSTICAS DEL GME

Grupos de trabajo y métodos de erradicación (…) Los grupos están protegidos
por dos anillos de seguridad (uno interior de la Policía Nacional y uno exterior del
ejército Nacional).

(…)

Realización de la operación y seguridad de los grupos de erradicadores. Los
grupos de erradicadores serán desplazados a las áreas de trabajo
protegidas por la Policía y Ejército Nacional, desde su sitio de origen. La
seguridad que proporcionan la Policía Nacional y las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional (sic) es un factor determinante para el éxito de la
operación, pues se requiere no solo asegurar la no existencia de minas
antipersonales que pongan en riesgo la vida de los miembros de los grupos, sino

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Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
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además evitar cualquier tipo de hostigamiento o ataque armado, tal como ocurrió
durante las experiencias piloto.

Según dichas directrices, a través del Convenio Interadministrativo No. PCI -00628
se pactó que la conformación de los grupos de trabajos y el modelo de la operación
consistían en la conformación de veintiocho grupos de erradicadores, dos rancheros
y un capataz, quienes debían desplazarse a las plantaciones de los cultivos ilícitos.
Específicamente sobre los desplazamientos del grupo de erradicadores documentó
lo siguiente:

(…) Los grupos de erradicadores serán desplazados a las áreas de trabajo
protegidas por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, desde su sitio de
origen. La seguridad que proporcionan la Policía Nacional y las Fuerzas
Militares es un factor determinante para el éxito de la operación, pues se
requiere no solo asegurar la no existencia de minas antipersonales que
pongan en riesgo la vida de los miembros de los grupos, sino además
evitar cualquier hostigamiento o ataque armado, por grupos al margen de
la ley (…).

El 8 de febrero de 200729, Acción Social y la empresa Empleamos S.A. celebraron
un contrato, cuyo objeto fue “prestar el servicio de personal temporal en misión por
parte de LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, con el fin de implementar
la Estrategia Grupo Móvil de Erradicación del Programa Presidencial contra cultivos
ilícitos – PCI en la erradicación de cultivos ilícitos y alcanzar los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo”. Ese negocio jurídico tuvo varios otrosíes30.

ii) El señor Jhon Mario Zapata Bonilla había suscrito un contrato de obra con la
empresa Empleamos S.A., a fin de desempeñar la labor de erradicación manual de
cultivos ilícitos31, en el marco del Programa Presidencial. En el ejercicio de dicha
función fue asesinado el día 27 de julio de 2009, en un ataque armado mientras se
desplazaba con sus compañeros de labores y militares del Batallón de Ingenieros
No 15 “General Julio Londoño”, por el río San Juan en el Departamento del Chocó.

En el Informe de Campo, del 26 de agosto de 200932, suscrito por Acción Social por
el “Ataque Terrorista a Grupos Móviles de Erradicación” se consignó que durante la
fase 3 de erradicación de cultivos ilícitos en el Departamento del Chocó, en los

28
Fls 459-467 c 2.
29
Fls 956 – 961 c 3.
30
Fls 962 – 971 c 3.
31
Fl 270 – 273 c 1.
32
Fls 552 – 554 c 2.

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Referencia: Acción de Reparación Directa

municipios de Istmina y Medio San Juan, se integraron diez grupos de erradicación
distribuidos en dos frentes de trabajo e iniciaron labores el día 29 de junio de 2009.
En el documento se consignó que la seguridad fue prestada por el Batallón de
Ingenieros Julio Londoño33. Frente los hechos, se señaló la siguiente información:

Al llegar a una nueva área vivac en el sector del Río del Guásimo la
comunidad cocalera se amotinó en el área vivac de los erradicadores para
protestar, bloquear, agredir verbalmente y amenazar de muerte a los
erradicadores si continuaban con la erradicación. El Ejército comunicó
que no podía manejar la situación por cuanto no se trataba de
hostigamientos ni personas con armas de fuego o letales como
granadas, minas, cilindros, etc. Se iniciaron gestiones desde Bogotá
para obtener el apoyo del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios)
de la Policía Nacional para controlar la situación pero no fue posible
concretarlo el fin de semana, entonces se dio la orden de suspender
la erradicación entre el jueves 23 de julio y lunes 27 de julio. Durante
todos esos días la población y la comunidad cocalera penetraron,
vulneraron y violaron el área vivac de los erradicadores hasta apropiarse
de algunos ranchos de cocina y la enfermería, enviando emisarios para
verificar que se estuviera erradicando y para amenazar a los erradicadores
diariamente. El Capitán Aristizábal fue enviado al área vivac el fin de
semana para manejar la situación con la comunidad cocalera y apoyar al
subteniente Becerra. El lunes 27 de julio hacia el mediodía se confirmó
desde Bogotá que no estaba disponible el ESMAD, entonces para evitar
un enfrentamiento de grandes proporciones (se congregaron más de 1000
cocaleros) se coordinó con el Coronel Castaño el traslado de los
erradicadores en lanchas del Ejército por el río San Juan hacia Andagoya
donde abordarían camiones del ejército para llegar hasta el municipio de
Alto Baudó en el sector de la Victoria, punto recomendado por el Mayor
Rodríguez en reunión del domingo 26 de julio. La recomendación del
Ejército por doctrina es que los movimientos se hagan en las horas de la
noche con todas las medidas de seguridad y así se coordinó con el Coronel
Castañeda, se insistió y así se hizo en que todos los erradicadores debían
llevar chalecos salvavidas. Hacia las 6:00 p.m. cuando se inició el
movimiento, la primera lancha en la que viajaban los erradicadores: (…)
Jhon Mario Zapata B (cc 9808478) y 5 soldados acompañados por el
Subteniente Diego Becerra, fue emboscada en el río San Juan a la altura
del punto Paimadó delante del caserío Bebedó que se encuentra ubicado
en el margen derecho de Norte a Sur. La embarcación fue atacada con
granadas y disparos de ametralladora desde la orilla, dando como
resultado el naufragio de la misma y la muerte de: (…) Jhon Mario Zapata
B (…) Minutos después del ataque cinco de los erradicadores lograron huir
y esconderse en la selva para evitar ser detectados por los atacantes
quienes los persiguieron, pero no los ubicaron. El día martes 28 y miércoles
29 los helicópteros del Ejército iniciaron la operación de búsqueda y
rescate desde Bebedó a donde fueron llegando los cuerpos para el
levantamiento por parte de la policía judicial.

33
A folio 731 d 2 obra certificado elaborado por el Jefe de Operaciones Conjunta de las Fuerzas
Militares en el que manifestó “me permito informar a su Honorable Despacho que la función de la
Fuerza Pública (Ejército, Armada y Policía Nacional) se circunscribe y limita a brindar seguridad a
los Grupos Móviles del Erradicación, encaminada a contrarrestar el flagelo del Narcotráfico y sus
crímenes derivados”.

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Referencia: Acción de Reparación Directa

A través de oficio No. S-2013008574/SIPOL – GRUPI, el Jefe Seccional de
Inteligencia Policial del Chocó, aportado al proceso el 2 de agosto de 2013 34,
manifestó que, para la fecha de los hechos, “el Departamento de Policía Chocó no
venía adelantando actividades de erradicación manual de cultivos ilícitos”.35. Ello se
reiteró en el oficio No. S – 2013- /COMAN – SEPRI – 29 del 5 de diciembre de 2013
del Comandante del Departamento de Policía del Chocó, en el que se consignó que
analizado el archivo histórico de la unidad “no se encontró documento alguno
relacionado con órdenes para realizar erradicación de cultivos ilícitos en
mencionada fecha”.

iii) La Fiscalía 101 Especializada de Quibdó adelantó investigación por el delito de
homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las
Fuerzas Armadas por los hechos ocurridos el 27 de julio de 2009 y en el que falleció
el señor Jhon Mario Zapata Bonilla.

En la Investigación Penal36 obra el Informe Ejecutivo en el cual se consignó que, en
virtud de las labores de inteligencia y cruce de datos con otros organismos de
seguridad, los presuntos responsables del ataque indiscriminado a la comisión de
los militares y el grupo de erradicadores “habría sido propiciada por integrantes
de la Columna Móvil Arturo Ruiz, de la Organización Subversiva FARC”.
También obra la denuncia37 presentada por el Comandante del Batallón de
Ingenieros ante la Fiscalía Seccional de Quibdó por la violación de los Derechos

34
Fl 702 c 2.
35
La entidad referida allegó copia del manual de antinarcóticos para la erradicación manual de cultivos
ilícitos; empero, aunque este fue aprobado con posterioridad a la fecha de los hechos, se destaca del
mismo las actividades de inteligencia y el procedimiento aplicado en la zona de erradicación y, el paso
a seguir ante un ataque armado. Actividades de inteligencia. Teniendo en cuenta la actividad de
erradicación de cultivos ilícitos y el riesgo de ataques subversivos que genera esa labor,
especialmente durante los desplazamientos y bases de patrullas instaladas, se adelantarán las
siguientes actividades: (…) Todo movimiento de los EMCAR, debe ser previamente consultado con
las unidades de inteligencia, quienes deben ser incluidos dentro de los respectivos planes de marcha,
donde se le asignarán responsabilidades específicas. (…) c. El personal de erradicadores debe
cumplir su función bajo completa protección del personal de la Policía, por ningún motivo el personal
de seguridad debe estar en otras actividades bajo esta situación, excepto descubiertas alrededor del
cultivo o misiones de seguridad; al menos una escuadra de la Policía debe permanecer fuera del
cultivo como reserva para maniobrar contra cualquier ataque que pueda recibir el dispositivo.
INSTRUCCIONES PARA EVITAR ATAQUES Y EMBOSCADAS. (…) Disponer, de ser posible, de
una avanzada de reconocimiento a las áreas previstas para desplazamientos, además adelantar
labores previas de inteligencia. Realizar una adecuada planeación de las operaciones antes del
cumplimiento de la misión.
(…) Planear todo movimiento o desplazamiento tanto para actividades rutinarias como para
operaciones especiales (…) Consolidar los planes de marcha, a través de un estudio previo y
minucioso de las zonas de operaciones, complementado con la oportuna y correcta evaluación de la
información, para establecer claramente los niveles de responsabilidad.
36
Anexo 1.
37
Fl 223 – 228 C Anexo 1.

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Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
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Referencia: Acción de Reparación Directa

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario con el ataque armado e
indiscriminado a la embarcación que movilizaba al grupo de erradicadores y
militares, debido al desarrollo de las operaciones militares que se efectuaron en el
área -especialmente a las labores de erradicación de cultivos ilícitos38.

La investigación también contiene el registro civil de defunción del señor Jhon Mario
Zapata Bonilla39 y el informe de necropsia elaborado por el Instituto de Medicina
Legal40, en el cual se concluyó que la causa de su muerte fue “violenta homicidio” y
la manera “proyectil de arma de fuego”. En la conclusión pericial se estableció lo
siguiente:

Se trata de un hombre de edad adulta, de raza mestiza, de 36 años quien
fue trasladado a la morgue de Quibdó para su necropsia médico legal. Se
encuentra una herida por proyectil arma de fuego en tórax lo que produjo
la lesión de pulmón conduciendo a un choque hipovolémico masivo, lo que
explica la muerte.

5.2. Responsabilidad de las entidades demandadas

5.2.1 Sobre la responsabilidad de la Policía Nacional

En el sub examine, la Sala considera que quedó suficientemente acreditado que, el
27 de julio de 2009, mientras el señor Jhon Mario Zapata Bonilla se desplazaba por
el río San Juan, en el marco del cumplimiento de sus funciones de erradicación
manual de cultivos ilícitos en la zona rural del municipio de Istmina, resultó
asesinado por un disparo propinado al parecer por un grupo al margen de la ley. Se
advierte que las pruebas que obran en el proceso permiten probar la falla del
servicio imputada a la Policía Nacional, como pasa a explicarse.

De conformidad con los elementos de juicio aportados al plenario, no existe duda
de que la obligación reclamada por la parte actora de prestar seguridad a quienes
se encontraban en el programa de control de cultivos ilícitos mediante la
erradicación manual estaba en cabeza tanto de la Policía Nacional y el Ejército
Nacional, en conjunto, previa coordinación con Acción Social. Lo anterior se
estableció para evitar cualquier hostigamiento armado y así garantizar el éxito de

38
Igualmente, obra el Oficio No. 195/DEHCO -ESBEB del 28 de julio de 2009 suscrito por la Estación
de Policía de Bebedó y dirigido al Cuerpo de Investigación de Istmina en el que se narran los hechos
del 27 de julio de 2009.
39
Fl 139 Anexo 1.
40
Fl 157 Anexo 1.

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Referencia: Acción de Reparación Directa

dicho proceso fijado desde el Plan Nacional de Desarrollo de la época, tanto así,
que se determinó un procedimiento a seguir en el sitio de trabajo, la forma en la que
debían reaccionar los comandos especiales para contrarrestar un ataque del
enemigo y, sobre todo, las instrucciones para prestar el servicio de seguridad del
grupo, según la prueba documental recaudada.

Ciertamente se consignó una clara obligación para la prestación del servicio de
seguridad, amparada no sólo en el Convenio Interadministrativo No. PCI -006,
sino como también en el documento de directrices de Acción Social que fundamentó
el proceso de contratación con la empresa de servicios, en las cuales fue explícito
que el acompañamiento de las dos entidades – Ejército Nacional y Policía Nacional
• a los grupos de erradicación manual de cultivos ilícitos, era un factor determinante
para lograr el éxito de la operación, al ser una labor en conjunto que podría evitar
cualquier tipo de ataque armado, por grupos al margen de la ley; sin embargo;
se acreditó suficientemente que en el desarrollo de los hechos, se desconoció
gravemente tal obligación. Al respecto, obran todos los informes sobre los hechos
en los que se reitera claramente que los erradicadores, al momento de su
desplazamiento por el Río San Juan, iban en compañía únicamente de soldados
adscritos al Batallón de Ingenieros No. 15 Julio Londoño, pero no existe reporte
alguno de haber sido acompañados por la Policía Nacional.

La demandada incurrió en una grave irregularidad que conllevó a la desprotección
del equipo de erradicadores manuales al que hacía parte el señor Jhon Mario
Zapata Bonilla, tanto así, que la misma entidad aceptó que para la fecha en que
sucedió el ataque, no conoció de labores de erradicación manual, todo con el
agravante de que previo al asalto en que falleció la víctima, las autoridades tenían
pleno conocimiento del peligro al que estaban expuestos los trabajadores.

En efecto, a través del informe suscrito por Acción Social se probó que la situación
de orden público era muy delicada y riesgosa para la fecha en que el grupo de la
víctima estaba trabajando. Existían serias amenazas para la integridad de los
erradicadores, a tal punto que la labor tuvo que ser suspendida, todo lo cual
evidenció una grave omisión por parte de la Policía Nacional, puesto que se solicitó
la colaboración de miembros del grupo del ESMAD para contrarrestar la situación,
debido a la incapacidad del Ejército Nacional de hacer frente a la misma, obteniendo
respuesta negativa.

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Los hostigamientos se tornaron muy riesgosos para la integridad personal de los
erradicadores manuales, debido a que la comunidad invadió los campamentos, se
amotinaron y agredieron verbalmente a los trabajadores. Inclusive, según se
comprobó, los amenazaron de muerte. No obstante, el complicado ambiente en el
que se pretendió desarrollar la actividad, por razones de seguridad, debió ser
suspendida. Las actividades de amparo y defensa no fueron eficientes porque no
comparecieron las dos entidades encargadas de prestar dicho servicio, a pesar de
que estaban en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los
erradicadores, incluyendo la del señor Jhon Mario Zapata Bonilla.

Se acreditó que la protección y la obligación de seguridad brindada no fue suficiente,
tanto que faltó el acompañamiento desde el inicio de las labores por parte de la
Policía Nacional y no se envió el equipo requerido para contrarrestar los ataques
de la comunidad, como tampoco se acompañó en su desplazamiento, en flagrante
desconocimiento de los términos del Convenio Interadministrativo y, a pesar de que
se conocían las graves condiciones de orden público; ciertamente, considera la Sala
que existían serios antecedentes para prever que la vida de los erradicadores de
cultivos ilícitos estaba en peligro. En efecto, ya habían ocurrido otros ataques que
permitían prever la posibilidad de que el equipo fuera vulnerado, tal y como ocurrió,
pero la fuerza pública, en este caso, la Policía Nacional, no compareció; así, de
manera irregular y sin explicación lógica, se ausentó uno de los actores
determinantes para el éxito de la tarea, puesto que, según se probó, la presencia
de la demandada era determinante con el fin de reforzar la seguridad de los
erradicadores y poder contrarrestar adecuadamente cualquier tipo de hostigamiento
o ataque armado, situación que, inclusive, se previó al momento de instituir el
programa, porque desde un principio se evidenció que era necesaria su presencia
para el cuidado de los grupos de erradicación en las pruebas piloto.

Era tan clara la necesidad de la presencia de la Policía Nacional al momento del
desplazamiento de los erradicadores que en el Formato de Investigación de
Incidentes y Accidentes de Trabajo, que suscribió la ARL Positiva41, se indicó que
como análisis y recomendaciones del grupo investigador se debía “continuar con el
acompañamiento constante del Ejército Nacional y la Policía”. Igualmente, en las
recomendaciones técnicas generadas de la investigación con el plan de acción, se
señaló que se debía contar con “mayor apoyo del ejército y a policía”, acción de tipo

41
Fl 852 c 2

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Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

preventivo y de manera constante, lo que evidencia claramente que la presencia de
dicha entidad era determinante al momento de no sólo adelantar las tareas de
erradicación, sino las de su desplazamiento.

Así pues, existen pruebas que permiten establecer que la Policía Nacional no
cumplió con su obligación de prestar el servicio de seguridad, desconociendo el
requerimiento que el Convenio Interadministrativo establece al respecto, aun
cuando se evidenció que era inminente un ataque contra los erradicadores, víctimas
de la comunidad que estaba claramente inconforme con su presencia. Por todo lo
expuesto, la Sala puede concluir que el daño causado a la parte demandante,
consistente en el fallecimiento del señor Jhon Mario Zapata Bonilla, devino de una
falla del servicio imputable a la Policía Nacional, lo cual conlleva a confirmar la
sentencia de primera instancia en este aspecto.

5.2.2. Sobre la responsabilidad del Ejército Nacional

De la misma manera, encuentra esta Sala que el Ejército Nacional no aportó medio
probatorio alguno de las medidas técnicas y logísticas que adoptó para el
desplazamiento de los erradicadores el día 27 de julio de 2009 porque, según se
manifestó previamente, a pesar de que era inminente un ataque contra éste grupo
debido a las constantes amenazas de la población, decidió realizar el traslado del
grupo, pero, no se probó que se hubiera adelantado algún tipo planeación ni mucho
menos una labor de inteligencia para realizarlo.

Para desarrollar este argumento, esta Sala considera relevante traer a colación la
sentencia del 2 de agosto de 2024 mediante la cual la Subsección B 42 de esta
Corporación estudió la demanda de reparación directa que interpusieron los
familiares de los fallecidos Ómar Alberto Taborda, Wílkiller Murillo y Jhon Mario
Zapata Bonilla43 sólo en contra del Ejército Nacional, quienes fallecieron como
consecuencia del ataque perpetrado mientras eran evacuados de la zona donde
prestaban sus servicios como erradicadores manuales de cultivos ilícitos, en el
municipio de Istmina, Chocó. En la decisión, se manifestó que se demostró que

42
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2024 Rad No.
56.049 MP Fredy Ibarra Martínez
43
En esta oportunidad acudieron como familiares del señor Jhon Mario Zapata Bonilla la joven Yésica
Alejandra Zapata Muñoz y los menores Júry Jasmín, Marlon Andrés y Lilley Ximena Zapata Muñoz,
grupo diferente al que ahora concurre en este proceso de reparación directa.

22

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

hubo una omisión en el deber de protección y seguridad de las víctimas, porque se
realizó la labor de desplazamiento “de manera irregular” situación que permitió que
la embarcación en la que se movilizaran fuera atacada por un grupo al margen de
la ley.

Que el Ejército Nacional incurrió en falla del servicio por el hecho de no
adoptar las medidas de seguridad necesarias y eficaces para la seguridad de
los erradicadores; la entidad, a pesar de conocer previamente la situación de
amenazas serias y recurrentes a los erradicadores y de la grave alteración del
orden público, realizó el desplazamiento a plena luz del día (cuando debía ser
nocturno), sin una debida planeación, no lo suspendió y tampoco reforzó las
medidas de seguridad, de modo que puso en riesgo la vida e integridad
personal de los erradicadores quienes ante la necesidad de un trabajo
asumían esa peligrosa labor, más aún cuando eran de conocimiento público
las condiciones de inseguridad muy altas y graves en las que se debían
desarrollar tales actividades de erradicación manual de cultivos ilícitos, por
razón de la presencia y acción de organizaciones criminales en las zonas en
donde aquellas se debían ejecutar, conformadas por grupos organizados de
variada índole, unos de naturaleza subversiva y, otros, de carácter netamente
delictivos dedicados a actividades de narcotráfico.

No solo está demostrado que la muerte de los señores Ómar Alberto
Arboleda, Wílkiller Murillo y Jhon Mario Zapata Bonilla se produjo durante la
actividad de erradicación manual de cultivos ilícitos y con ocasión de la
misma, sino que, de igual manera, se encuentra probado que el Ejército
Nacional no adoptó las medidas de seguridad necesarias, suficientes y
eficaces para el desarrollo de una tarea como la encomendada a las
víctimas y en las condiciones específicas en las que se desarrollaban en
dicho lugar, de manera que incurrieron en una conducta constitutiva de
falla en el servicio.

Igualmente, la misma Subsección B, en otra decisión de la misma fecha44 resolvió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 20 de agosto de 2015 por la Sala Primera de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de las demandas
acumuladas. El proceso se inició en contra del Ejército Nacional por los familiares
de los soldados profesionales Luis Eduardo Machado Maturana y Mauricio
Alexander Henao Cometa, quienes fallecieron en los hechos del 27 de julio de 2009,
en los que también fue asesinado el señor Jhon Mario Zapata Bonilla. Al estudiar
las pruebas del proceso y resolver el caso, esta Corporación indicó:

De la valoración conjunta de las anteriores pruebas se desprende que
el Ejército Nacional no planeó el desplazamiento fluvial antes de su
inicio. La falta de planeación de la operación militar es tan evidente,
que el desplazamiento fue iniciado cuando apenas se estaba

44
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2024 Rad No.
56077 MP Martín Bermúdez Muñoz.

23

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

coordinando la logística administrativa para el efecto por el segundo
comandante del Batallón de Ingenieros No. 15 Bg. Julio Londoño
Londoño.

La Sala destaca que el mayor Aristizábal Zapata, quien como oficial de
Operaciones del batallón debía conocer las instrucciones específicas y
generales de la misión táctica, autorizó el inicio del desplazamiento fluvial
sin realizar análisis alguno de inteligencia del sector en el que se debía
efectuar el movimiento. De acuerdo con lo anterior, es evidente que no se
adoptaron medidas tácticas adecuadas para evitar un posible ataque
del enemigo. Es más, el hecho de que se desconociera la información
de inteligencia del sector, indica que la escolta militar asignada para
la protección de la embarcación y de sus tripulantes no estaba acorde
con la situación de orden público que se presentaba en el sector en
el que se debía realizar el desplazamiento fluvial. De ahí que no sea
posible concluir, como lo hizo el tribunal, que la operación militar fue
debidamente planificada.

De otra parte, resulta importante resaltar que el mayor Aristizábal Zapata
también realizó recomendaciones de seguridad para el viaje tales como,
por ejemplo, la obligación de llevar puesto el chaleco salvavidas durante
todo el recorrido y la prohibición de superar la capacidad de pasajeros de
la embarcación. En concepto de la Sala, estas medidas no se
compadecían con el alto grado de complejidad que comportaba el
desplazamiento fluvial que se debía realizar el día de los hechos. Por
lo anterior, no demuestran que el Ejército Nacional hubiera obrado de
conformidad con las directrices establecidas en el en el documento de la
misión táctica Mangle 046 y en el Sumario de Órdenes Permanentes del
Batallón de Ingenieros No. 15 Bg. Julio Londoño Londoño.

De acuerdo con lo expuesto, el Ejército Nacional, al no planear la operación
de desplazamiento de acuerdo con las directrices fijadas para el
cumplimiento de la misión táctica, expuso a los soldados profesionales a
un riesgo superior al que debían soportar, el cual se concretó con su
muerte ocurrida como consecuencia del ataque perpetrado por un grupo al
margen de la ley.

Ahora bien, descendiendo al caso objeto de estudio y analizando el material
probatorio, encuentra la Sala que en coordinación y armonía con las anteriores
decisiones, efectivamente, las labores de seguridad a cargo del Ejército Nacional
para con los erradicadores al momento de realizar su traslado, no fueron eficaces,
ni tampoco adecuadas. No hay prueba alguna en el expediente de haber
desplegado un correcto estudio y análisis de la situación que le permitiera tomar las
medidas convenientes para evitar un ataque como el ocurrido. El Ejército Nacional
tenía clara la complejidad de la situación de orden público en el sector donde se
encontraban los erradicadores, de manera que se vieron obligados a abandonarla,
pues no estaban en la capacidad de contrarrestar las amenazas de muerte y los
disturbios a los que fueron sometidos.

24

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Sin embargo, y a pesar de estar plenamente conscientes de todos los riesgos que
esa situación acarreó, no tomaron las medidas suficientes para el desplazamiento.
Efectivamente, al proceso no se aportó medio alguno que diera cuenta de algún tipo
de planeación para así realizarlo, ni mucho menos de las alternativas de actuación
del Ejército Nacional en caso de un ataque armado al grupo de los erradicadores,
el cual era mucho más que previsible, ni tampoco de haber realizado previamente
labores de inteligencia que le permitiera proyectar y ejecutar de manera correcta la
tarea del traslado.

En ese mismo sentido, el primero de los fallos citados de la Sección B de esta
Corporación fue enfático en indicar que para los hechos en los que fallecieron, entre
otros, el señor Jhon Mario Zapata Bonilla que no actuó según los protocolos. Al
respecto, fue clara en manifestar que “es especialmente relevante anotar que,
además de que el desplazamiento se hizo improvisado y contrariando las órdenes
superiores, los integrantes de la Fuerza Pública acompañaron a los erradicadores
sin mayores elementos de seguridad y protección, la Sala echa de menos medidas
mayores, idóneas y eficientes como chalecos antibalas o transportarse en un medio
que los expusiera menos, acompañamiento robusto de aquella con la necesaria y
debida planeación previa y la logística e implementación el día de ejecución de las
tareas de erradicación de los mencionados cultivos ilícitos o, lo que era mejor, evitar
cualquier traslado del grupo de erradicadores, especialmente porque la acción de
los grupos subversivos contra ellos no era un hecho nuevo, ya se tenía pleno
conocimiento sobre dicho riesgo”.

Consideraciones con las que esta Sala coincide plenamente y que permiten reforzar
la teoría que ahora se plantea y es que definitivamente, el Ejército Nacional omitió
sus obligaciones al no adoptar un protocolo adecuado y eficaz para velar por la
seguridad de los erradicadores, entre ellos, el señor Jhon Mario Zapata Bonilla. En
efecto, no hay prueba de que la entidad estatal hubiera verificado la zona al
momento del desplazamiento, a pesar de que se conocían las graves condiciones
de orden público y estima la Sala que existían serios antecedentes para prever que
la vida de los erradicadores de cultivos ilícitos estaba en serio peligro porque ya
habían ocurrido varios ataques que permitían prever la posibilidad de que el equipo
fuera vulnerado, tal y como ocurrió, pero la fuerza pública se limitó a realizar una
tarea sin el cumplimiento de las medidas de seguridad suficientes.

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Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

En contraposición, se observó que las actuaciones de la demanda no sólo fueron
omisivas e improvisadas, a pesar del inminente peligro al que estaban sometidos
los erradicadores de cultivos ilícitos. En efecto, se pudo verificar con las pruebas
que se aportó al plenario que las coordinaciones fueron escasas, desarticuladas y
con desconocimiento del riesgo que los civiles corrían, todo lo cual permite
establecer la configuración de una falla en la prestación del servicio de parte de las
demandadas.

6. Perjuicios
6.1. Morales

Según se manifestó, en el recurso de apelación se solicitó el reconocimiento de los
perjuicios morales padecidos por las menores Andrea Jimena y Dora Juliana Caldas
Toro, Anyi Carolina y María Alejandra Beltrán Caldas, quienes acudieron al proceso
como hijas de crianza del señor Jhon Mario Zapata Bonilla.

Está probado en el proceso que efectivamente las demandantes y el occiso,
llevaban una relación afectiva propia de las relaciones de padre e hijas. En el
testimonio del señor José Jesús Serna Gutiérrez se manifestó que la víctima
convivía con la señora Claudia Elena Caldas Toro y sus hijas, Andrea Jimena y
Dora Juliana Caldas Toro, Anyi Carolina y María Alejandra Beltrán Caldas con
quienes sostenían relaciones de afecto y trato de padre a hijas y quienes sufrieron
por el fallecimiento del señor Jhon Mario Zapata Bonilla.

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, las sumas de dinero
establecidas a continuación, para cada uno de los demandantes, de conformidad
con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201445 :

Demandante SMLMV
Argenis Zapata Suárez (Padre) 100 SMLMV
Deisi Bonilla (Madre) 100 SMLMV
Claudia Elena Caldas Toro (Compañera) 100 SMLMV
Elver Johan Zapata Rengifo (Hermano) 50 SMLMV
Ingry Yohana Zapata Rengifo (Hermana) 50 SMLMV
José Alexander Zapata Bonilla (Hermano) 50 SMLMV

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 31.172, M.P. Olga Mélida Valle De la Hoz.

26

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Jonny Fabián Zapata Bonilla (Hermano) 50 SMLMV
Ritalina Zapata Bonilla (Hermana) 50 SMLMV
Sandra Liliana Flórez Bonilla (Hermana) 50 SMLMV
Andrea Jimena Caldas Toro (Hija de crianza) 100 SMLMV
Anyi Carolina Beltrán Caldas (Hija de crianza) 100 SMLMV
María Alejandra Beltrán Caldas (Hija de crianza) 100 SMLMV
Dora Juliana Beltrán Caldas (Hija de crianza) 100 SMLMV

6.2. Daño a la vida relación

En la demanda se solicitó, a título de “daño a la vida de relación” el equivalente a
550 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes. Sea lo primero manifestar
que esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de
unificación46, formuló una nueva tipología inmaterial diferente a los denominados
perjuicio fisiológico, daño a la vida en relación y alteración a las condiciones de
existencia, para en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud (cuando
estos provengan de una lesión a la integridad sicofísica de la persona) y de
afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados, estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se
encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral,
teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.

En relación con el daño a la salud, la Sección Tercera estableció que aquella no
estaba encaminada al restablecimiento de la aflicción o del padecimiento que se
genera con aquél, sino que se dirigía a resarcir económicamente “-como quiera que
empíricamente es imposible- una lesión o alteración a la unidad corporal de la
persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”47, razón por la
cual procedía únicamente en favor de la víctima directa del daño. Como para el sub
examine se deprecó el reconocimiento de este perjuicio por el fallecimiento del
señor Jhon Mario Zapata Bonilla, no hay a lugar a reconocerle a los demandantes,
conforme a la jurisprudencia de esta Corporación.

46
Consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias del 28 de agosto de 2014, exp. 28.832, M.P.: Danilo Rojas Betancourth; exp. 31.170,
M.P.: Enrique Gil Botero; exp. 28.804, M.P.: Stella Conto Díaz del Castillo; exp. 31.172, M.P.: Olga
Mélida Valle de De la Hoz.
47
Ibidem

27

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

3.3. Lucro cesante

La parte actora solicitó en su recurso de apelación el reconocimiento de todos los
perjuicios deprecados en la demanda, incluyendo el lucro cesante a favor de las
hijas de crianza del señor Jhon Mario Zapata Bonilla. Como se probó que
efectivamente las jóvenes Andrea Jimena y Dora Juliana Caldas Toro, Anyi Carolina
y María Alejandra Beltrán Caldas sostenían un vínculo con la víctima como hijas de
crianza y que también él las sostenía económicamente, se realizará la liquidación
correspondiente, para cada una de ellas, lo que, a su vez, supone la necesidad de
realizar la reliquidación de la señora Claudia Elena Caldas Toro, compañera
permanente de la víctima, a quien se debe indemnizar plenamente, comoquiera que
si bien recibió un reconocimiento económico por la póliza de vida de seguro No.530
– 15 -994000000023, este corresponde a una fuente distinta del que en este
proceso se indemniza48.

Conforme al material probatorio que obra en el expediente, el señor Jhon Mario
Zapata Bonilla se desempeñaba como erradicador de cultivos ilícitos y percibía un
salario equivalente a $585.000, cifra que actualizada arroja el siguiente resultado:

R= RH x Índice final
Índice inicial

R: $585.000 x 144.02
71.32
R: $1’181.319

En consecuencia, al ser una suma inferior al salario mínimo mensual legal vigente
actual, se procederá a realizar la liquidación tomando en cuenta éste último, que
corresponde a la suma de $1’423.500, por resultar más favorable. Ahora, dado que
se acreditó la existencia de un vínculo laboral de carácter formal, se reconoce a

48
A folio 727 obra la póliza de seguro de vida en grupo No. 530-15-994000000023 suscrita por
Empleamos S.A. en su calidad de tomador y como asegurados los empleados al servicio del tomador
y beneficiarios “los designados por el asegurado y/o los de ley”. Así las cosas, con ocasión del
fallecimiento del señor Jhon Mario Zapata Bonilla, a la señora Claudia Elena Caldas Toro se le
reconoció un monto de $50’000.000 en su calidad de beneficiaria de la indemnización de la póliza
de vida grupo en la que el señor Zapata Bonilla figuró como asegurado, documento que firmó la
demandante y en el que se indicó claramente que aceptaba dicha suma “con afectación de la póliza
de grupo No 994000000023”, de manera que quedó suficientemente claro que dicho monto emanó
únicamente del seguro de vida que tomó la empresa Empleamos S.A. para amparar riesgos, varios,
entre ellos, la muerte de los empleados. Fl 290 Samai.

28

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

dicho monto el valor por concepto de las prestaciones sociales – 1’779.375 - y se
realizará el descuento del 25% que la víctima destinaba para su propia manutención
–1’334.532- siendo este el ingreso base para realizar la liquidación, que se
distribuye así: la mitad para la compañera permanente y la otra mitad dividida en
partes iguales para cada una de las hijas de crianza.

Es menester señalar que al proceso 27001-23-31-000-2011-00093-01 (56.049)
acudieron los hijos del señor Jhon Mario Zapata, y en dicha providencia se
reconoció en favor de los demandantes Júry Jasmín, Marlon Andrés y Lilley Ximena
Zapata Muñoz, el lucro cesante que dejaron de percibir de su progenitor,
descontando lo que este destinaba para su compañera permanente, la señora
Claudia Elena Caldas Toro, por lo que se dividirá el ingreso base de la liquidación
en dos para los cálculos de este monto. En consecuencia, el monto destinado a este
grupo familiar es de $667.266, suma que también se dividirá en un 50% para su
compañera permanente y el otro 50% para dividir entre sus cuatro hijas de crianza.
Por lo que, para liquidar el lucro cesante a favor de la compañera, se tomará como
base $333.633, y para cada una de las hijas, la base será de $83.408.

Para Claudia Elena Caldas Toro

Fórmula lucro cesante consolidado:

S = Ra x (1+ i)n - 1
i
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = $333.633
N = Número de meses transcurridos entre la fecha de la muerte de la víctima y la
de esta providencia.

I = Interés puro o técnico: 0.004867
Entonces:

S = $333.633 (1+ 0.004867)186 - 1
0.004867
S = $100’573.605

29

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Lucro cesante futuro:

Corresponde al número de meses transcurridos desde el día siguiente de esta
sentencia hasta la vida probable de Jhon Mario Zapata Bonilla, pues éste era mayor
que la señora Claudia Elena Caldas Toro49. De conformidad con las tablas de
supervivencia, se estimó la vida probable de la víctima en 40.53 años, para un total
de 486.36 meses, teniendo en cuenta que tenía 36 años cuando murió. A los 486.6
meses deberán restarse los 186 meses que fueron tenidos en cuenta para la
indemnización consolidada, para un total de 300,36 meses.

Fórmula del lucro cesante futuro:

S = Ra (1 + i)n – 1
i (1 + i)n

S = $ 333.633 (1+ 0.004867)300.36- 1
0.004867 (1+ 0.004867) 300.36
S = $52’604.838

Total lucro cesante para Claudia Elena Caldas Toro $153’178.443

Para Anyi Carolina Beltrán Caldas

Lucro cesante consolidado: corresponde al período transcurrido entre la fecha de
la muerte de su padre de crianza y la fecha en la que la demandante cumpliría 25
años – 9 de diciembre de 2018 – esto es, 113 meses.

Entonces:

S = $83.408 (1+ 0.004867)113 - 1
0.004867
S = $12’525.632

Total lucro cesante para Anyi Carolina Beltrán Caldas: $12’525.632

49
Para el momento de su muerte, la víctima tenía 36 años pues nació el 23 de mayo de 1973, en
tanto que su compañera permanente tenía 32 años, nació el 27 de enero de 1977.

30

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Para María Alejandra Beltrán Caldas

Lucro cesante consolidado: corresponde al período transcurrido entre la fecha de
la muerte de su padre de crianza y la fecha en la que la demandante cumpliría 25
años –30 de enero de 2022 – esto es, 151 meses.

Entonces:

S = $83.408 (1+ 0.004867)151 - 1
0.004867
S = $18’535.784
Total lucro cesante para María Alejandra Beltrán Caldas: $18’535.784

Para Andrea Jimena Caldas Toro

Lucro cesante consolidado: se realizará la liquidación tomando en cuenta el
número de meses transcurridos entre la fecha de la muerte de la víctima y la de esta
providencia.

S = $83.408 (1+ 0.004867)186 - 1
0.004867
S= $25’143.325

Lucro cesante futuro: corresponde al período transcurrido entre la fecha de esta
sentencia y la fecha en la que la demandante cumpliría 25 años –25 de octubre de
2026– esto es, 20 meses.

Entonces:

S = $83’408 (1+ 0.004867)20 - 1
0.004867 (1+ 0.004867)20
S = $1’585.949

Total lucro cesante para Andrea Jimena Caldas Toro: $26’729.274

31

Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Para Dora Juliana Caldas Toro

Lucro cesante consolidado: se realizará la liquidación tomando en cuenta el
número de meses transcurridos entre la fecha de la muerte de la víctima y la de esta
providencia.

S = $83.408 (1+ 0.004867)186 - 1
0.004867
S= $25’143.325

Lucro cesante futuro: corresponde al período transcurrido entre la fecha de esta
sentencia y la fecha en la que la demandante cumpliría 25 años –10 de diciembre
de 2032– esto es, 93 meses.

Entonces:

S = $83.408 (1+ 0.004867)93 - 1
0.004867 (1+ 0.004867)93
S = $6’137.318

Total lucro cesante para Dora Juliana Toro: $31’280.643

7. Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia del 9 de abril de 2015, dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó, la cual quedará de la siguiente manera:

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Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

SEGUNDO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la
Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional y a la Policía Nacional por el
fallecimiento del señor Jhon Mario Zapata Bonilla ocurrido el 27 de julio de 2009.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional y
a la Policía Nacional a pagar solidariamente, por concepto de perjuicios morales, lo
siguiente:

Demandante SMLMV
Argenis Zapata Suárez (Padre) 100 SMLMV
Deisi Bonilla (Madre) 100 SMLMV
Claudia Elena Caldas Toro (Compañera) 100 SMLMV
Elver Johan Zapata Rengifo (Hermano) 50 SMLMV
Ingry Yohana Zapata Rengifo (Hermana) 50 SMLMV
José Alexander Zapata Bonilla (Hermano) 50 SMLMV
Jonny Fabián Zapata Bonilla (Hermano) 50 SMLMV
Ritalina Zapata Bonilla (Hermana) 50 SMLMV
Sandra Liliana Flórez Bonilla (Hermana) 50 SMLMV
Andrea Jimena Caldas Toro (Hija de crianza) 100 SMLMV
Anyi Carolina Beltrán Caldas (Hija de crianza) 100 SMLMV
María Alejandra Beltrán Caldas (Hija de crianza) 100 SMLMV
Dora Juliana Beltrán Caldas (Hija de crianza) 100 SMLMV

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional y
a la Policía Nacional a pagar solidariamente, por concepto de perjuicios materiales
en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

Para Claudia Elena Caldas Toro, la suma de ($153’178.443) ciento cincuenta y tres
millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos.

Para Andrea Jimena Caldas Toro, la suma de ($26’729.274) veintiséis millones
setecientos veintinueve mil doscientos setenta y cuatro pesos.

Para Dora Juliana Caldas Toro, la suma de ($31’280.643) treinta y un millones
doscientos ochenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos.

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Radicación número: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512)
Actor: Argenis Zapata Suárez y otros
Demandado: La Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Para María Alejandra Beltrán Caldas la suma de ($18’535.784) dieciocho millones
quinientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos.

Para Anyi Carolina Beltrán Caldas la suma de ($12’525.632) doce millones
quinientos veinticinco mil seiscientos treinta y dos pesos.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
enlace: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
SALVAMENTO DE VOTO

VF

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