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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01610-01

Fecha
2 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01610-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 8 de mayo de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR los numerales tercero y cuarto del fallo del 8 de mayo de 2024, que, respectivamente, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y dejó sin efectos la sentencia del 18 de septiembre de 2023 y ordenó a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitir una nueva providencia. TERCERO: ADICIONAR la sentencia impugnada para DECLARAR improcedente los cargos de tutela concernientes a los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01610-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

2 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01610-01
Accionante: Argenis Zapata Suárez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-01610-01
Accionante: Argenis Zapata Suárez y otros
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado
Referencia: Acción de tutela

Tema: tutela contra providencia judicial
Subtema 1: reparación directa/erradicación de cultivos ilícitos
Subtema 2: relevancia constitucional
Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente y
procedimental absoluto

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionada en contra de la
sentencia del 8 de mayo de 2024, que fue proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Argenis Zapata Suárez, Ingri Johana y Elver Johan Zapata Rengifo, Deisi Bonilla,
José Alexander, Jonny Fabián y Ritalina Zapata Bonilla, Sandra Liliana Flórez
Bonilla y Claudia Elena Caldas Toro, esta última en nombre propio y en
representación de sus hijos Andrea Jimena y Dora Juliana Caldas Toro y Anyi
Carolina y María Alejandra Beltrán Caldas, por conducto de apoderado, formularon
solicitud de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación,
al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que consideraron
vulnerados por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con
ocasión de la sentencia del 18 de septiembre de 2023 que dicha autoridad emitió
dentro del proceso con radicado núm. 27001-23-31-000-2011-00100-01.

1.2. Hechos probados

1.2.1. Argenis Zapata Suárez, Ingri Johana y Elver Johan Zapata Rengifo, Deisi
Bonilla, José Alexander, Jonny Fabián y Ritalina Zapata Bonilla, Sandra Liliana
Flórez Bonilla y Claudia Elena Caldas Toro, esta última en nombre propio y en
representación de sus hijos Andrea Jimena y Dora Juliana Caldas Toro y Anyi
Carolina y María Alejandra Beltrán Caldas presentaron escrito en ejercicio de la
acción de reparación directa, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, la Presidencia de la República, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Programa
Presidencial contra Cultivos Ilícitos, la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección de
Estupefaciente y la cooperativa Empleamos S.A.

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Formularon como pretensiones, que el juez administrativo declarara la
responsabilidad de las demandadas por los daños causados con la muerte de Jhon
Mario Zapata Bonilla, y se las condenara al pago de perjuicios morales, materiales
por lucro cesante y de daño a la vida de relación.

Fundamentaron sus pretensiones en que, Jhon Mario Zapata Bonilla, se vinculó a
trabajar con en la cooperativa Empleamos S.A., la cual era contratista del Gobierno
Nacional para desarrollar la actividad de erradicación de cultivos ilícitos. Además,
que falleció al ser víctima de un ataque por parte de grupos armados ilegales el 27
de julio de 2009, en el municipio de Istmina (Chocó), cuando se desplazaba en una
patrulla militar.

Argumentaron que se constituyó una falla en el servicio y/o un daño especial en los
términos del artículo 90 Constitucional, debido a que el deceso del señor Zapata se
produjo porque: i) la fuerza pública no cumplió sus obligaciones y deberes de velar
por la seguridad y la vida de las personas contratadas para erradicar cultivos ilícitos;
ii) las demás entidades demandadas no brindaron un adecuado entrenamiento
acerca de la existencia, modo de identificar y evitar un posible ataque de grupos
ilegales; iii) la acción terrorista fue dirigida en contra de la fuerza pública y las
personas que colaboraban con la erradicación de cultivos ilícitos, actividad que
debía ser desarrollada por profesionales capacitados técnicamente y no ser
delegada a jóvenes inexpertos; iv) la decisión de convocar y contratar erradicadores
manuales en zonas de peligro con presencia de guerrilleros, fue del Gobierno
Nacional . Agregaron qué:

“Es absolutamente claro y los hechos son totalmente concluyentes, en dirección a
determinar que el lamentable incidente, ocurrido en zona rural del Municipio de
Ismina, Departamento del Choco, el día 27 de julio de 2010, que culminó con el
desafortunado e inconcebible deceso del señor JHON MARIO ZAPATA BONILLA,
se debió en gran medida, a la ausencia por parte de las Fuerzas Armadas de
Colombia, Ejército y Policía Nacional, en dicha localidad para evitar que grupos
armados al margen de la ley implantaran dicho tipo de actos terroristas dirigidos a
los integrantes de la fuerza pública, pero que de forma indirecta afectan a personas
inocentes y humildes, que no tienen nada que ver con el conflicto armado existente
para el momento de la ocurrencia de los hechos, puesto que debe observarse que
la presencia efectiva de las fuerzas armadas en el sector descrito, hubiera anulado,
o por lo menos, habría aminorado o contrarrestado en gran medida, la posibilidad
de que el Señor JHON MARIO ZAPATA BONILLA, hubiera sufrido tan absurdo”.

1.2.2. El asunto correspondió conocerlo, en primera instancia bajo el radicado núm.
27001-23-31-000-2011-00100-00, al Tribunal Administrativo del Chocó, autoridad
que, en sentencia del 9 de abril de 2015, declaró no probadas las excepciones de
caducidad y falta de legitimación en la causa por activa, y acreditada la de falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho,
de la Dirección Nacional de Estupefacientes, del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y de Empleamos S.A.

Por otro lado, declaró administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional, por los
perjuicios causados a los demandantes con el fallecimiento de Jhon Mario Zapata
Bonilla ocurrido el 27 de julio de 2009 cuando cumplía labores de erradicación de
cultivos ilícitos. En consecuencia, las condenó al pago de perjuicios morales y por
lucro cesante. Finalmente, negó las demás súplicas de la demanda.

El tribunal formuló como problema jurídico, si el acervo probatorio permitía declarar
responsable al Estado – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía
Nacional–, por los daños antijurídicos causados a los demandantes con la muerte

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del señor Zapata Bonilla ocurrida mientras cumplía la labor de erradicación manual
de cultivos ilícitos.

Explicó que si bien estaba acreditada la relación contractual entre Empleamos S.A.
y Jhon Mario Zapata Bonilla, lo cierto es que la cooperativa era un intermediario,
pues este tenía la calidad de trabajador en misión de la empresa usuaria, y Acción
Social - FIP1, quien dentro del marco de política y normativo para la puesta en
marcha del programa de erradicación de cultivos ilícitos, le correspondía brindar las
condiciones de seguridad en el desempeño de la labor contratada.

Afirmó que la Policía Nacional no brindó protección al personal erradicador atacado,
que el día de los hechos solo contaba con 5 soldados de la Décimo Quinta Brigada
del Batallón de Ingenieros núm. 15. Lo anterior, en la medida en que, de acuerdo
con el contrato interadministrativo suscrito por la Agencia Presidencial con el
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, así como del contrato de
prestación de servicios celebrado entre la mencionada agencia y Empleamos S.A.,
le correspondía a Acción Social el desplazamiento de los grupos erradicadores a
las distintas áreas de trabajo, bajo la coadyuvancia de la Policía y el Ejército
Nacional para garantizar el éxito y seguridad de las operaciones. Por último,
consideró que:

“En el sub lite, la muerte de un miembro del grupo de erradicadores manuales del
programa presidencial para la erradicación de cultivos ilícitos es imputable
jurídicamente a las demandadas, a título de falla del servicio, puesto que estando
en posición de garante, concretada en el preciso momento en que el coordinador
del grupo comunicó sobre su misión y lugar de trabajo, incumplió con el deber de
protección y seguridad encomendado constitucionalmente, Bajo esa óptica, la
muerte, si bien fue aparentemente causada por un grupo armado al margen de la
ley, lo cierto es que se posibilitó dada la falla del servicio en que incurrieron las
demandadas, como quiera que al permitir el desplazamiento de los erradicadores
sin ninguna protección, solo con chalecos salvavidas; sin tener en cuenta las
condiciones de alteración del orden público previas; y las condiciones del conflicto
armado existente en el país, omitió el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, facilitando, con su conducta pasiva, la producción del
daño.
[…]
Pues bien, en el caso sub examine, se itera, el daño tuvo origen tanto en la esfera
de acción como de la omisión estatal, en la medida en que está comprobado que
ningún agente suyo actuó en la comisión de la emboscada en la que falleció el señor
[Zapata Bonilla], no obstante al tener conocimiento de las alteraciones del orden
público, aunado al hecho del desarrollo de una actividad ya de por si riesgosa,
implicaban un reforzamiento en las medidas de seguridad adoptadas para cualquier
desplazamiento, y fue omisiva en la labor de protección y vigilancia del grupo de
erradicadores, por la gravedad contextual, pues según consta en el informe de
campo elaborado con ocasión a los hechos del 27 de junio de 2009, se dejó
constancia de las alteraciones del orden público y las amenazas efectuadas al grupo
de erradicadores, al punto que se varió la fecha inicialmente programada para el
desplazamiento”.

En cuanto a la excepción probada de falta de legitimación en la causa por pasiva,
estableció que el Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección Nacional de
Estupefacientes, el Departamento para la Prosperidad Social y Empleamos S.A. no
estaban llamados a responder por el daño aducido en la demanda, porque los
hechos tuvieron lugar en el marco del programa presidencial contra cultivos ilícitos
y era a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
a quien le correspondía coordinar con otras instituciones la puesta en marcha de las
políticas de erradicación -especialmente en materia de seguridad-, y era al Ejército

1 Fondo de Inversión para la Paz de Prosperidad Social.

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Nacional y a la Policía Nacional a quienes por mandato constitucional les competía
el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas.

1.2.3. En contra de la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación, por cuanto no fueron reconocidos perjuicios a favor de las hijas de crianza
del señor Zapata Bonilla. Por su parte, el Ejército Nacional indicó que las
obligaciones de protección a su cargo son de medios y no de resultados, que fue
Acción Social quien obró negligentemente al transportar al grupo erradicador y al
exponerlo a peligro en una zona con problemas de seguridad, y que, tal y como lo
adujo la aseguradora “positiva”, lo ocurrido fue un accidente laboral con ocasión de
un riesgo asumido por los erradicadores cuando firmaron los contratos de trabajo y
aceptaron las cláusulas del mismo, riesgo que, en todo caso, fue amparado por el
empleador a través de una póliza de seguros que reparó a los beneficiarios del
mismo.

Por su parte, la Policía Nacional sostuvo que el ataque del grupo al margen de la
ley no se dirigió en contra de la fuerza pública sino de las personas que erradicaban,
con el propósito de evitar la destrucción de los cultivos ilícitos, riesgo que el señor
Zapata Bonilla asumió al momento en que suscribió contrato laboral con la empresa
Empleamos S.A., así como que se configuró el hecho de un tercero.

1.2.4. En segunda instancia, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado expidió sentencia, el 18 de septiembre de 2023, en la que declaró la nulidad
de todo lo actuado por falta de jurisdicción, desde la admisión de la demanda, en lo
relacionado con las pretensiones formuladas en contra de Empleamos S.A. y el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (antes Acción Social), y, en
consecuencia, remitió las diligencias a los juzgados laborales de Quibdó; y negó las
pretensiones en relación con la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional y Ejército Nacional.

Fundamentó su decisión en que, en virtud del fuero de atracción, la jurisdicción
contencioso administrativa tiene competencia para fallar pretensiones propuestas
frente a sujetos de derecho privado cuando sean demandadas en conjunto con una
entidad pública, siempre y cuando los hechos que sustentan las imputaciones sean
los mismos2 y tengan la misma fuente, de manera que sean un litisconsorcio
necesario por pasiva o de una concausalidad3 en la que dos sujetos contribuyeron
con su conducta a generar el daño y son responsables de los perjuicios causados4;
cuestión distinta, cuando al Estado y al particular se le imputan pretensiones de
distinta naturaleza (extracontractual y contractual, respectivamente), que no es
posible aplicar el fuero de atracción y lo procedente es declarar probada la
excepción de falta de jurisdicción5.

2 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto

del 1° de junio de 2020, expediente 25000-23-26-000-2010-00966-01(52337).
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencias del: i) 22 de marzo de 2017, expediente 38.958; ii) 11 de abril de 2019, expediente 45205;
iii) 25 de julio de 2019, expediente 51.687; iv) 28 de agosto de 2019, expediente 52.603; v) 12 de
diciembre del 2019, expediente 45.978, M.P. María Adriana Marín.
4 El criterio del fuero de atracción ha sido establecido de tiempo atrás por la Sección Tercera del

Consejo de Estado. Entre las providencias en las que inicialmente se delimitó su alcance y se analizó
la concausalidad se encuentran las proferidas el 10 de septiembre de 1993, el 12 y el 28 de octubre
de 1993, expedientes 8549, 8148 y 8043, M.P. Julio Cesar Uribe Acosta y Carlos Betancur Jaramillo.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de noviembre de 2020,

expediente 50.433, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Por lo expuesto, afirmó que corresponde al juez determinar la naturaleza y la fuente
de la responsabilidad imputada a cada sujeto para evitar que sea alterada la
jurisdicción que deba conocer un asunto6. Por lo anterior, indicó:

“En suma, en virtud de la garantía del juez natural y del derecho a que un asunto
sea definido de acuerdo con la normativa procesal y sustantiva previamente definida
por el legislador, así como del carácter de orden público de las normas que rigen la
jurisdicción, la aplicación del fuero de atracción debe ser estricta y excepcional, en
tanto la modificación de la competencia de las autoridades facultadas para conocer
de una controversia no puede quedar al arbitrio de las partes, máxime cuando cada
una de las jurisdicciones conocen de acciones, pretensiones y procesos soportados
en la especialidad y la naturaleza sustantiva fijada por el legislador a partir de
concretos y precisos mandatos constitucionales”.

En el caso concreto, la Subsección A afirmó que, “como los hechos y pretensiones
formuladas en contra de Empleamos tienen como fuente una relación contractual
de tipo laboral entre [Empleamos S.A. y el señor Zapata Bonilla]”, resultaba
primordial estudiar las posturas adoptadas por la jurisprudencia del Consejo de
Estado frente a la interposición de una acción indemnizatoria en ese escenario.

En tal sentido, advirtió la existencia de una primera tesis según la cual el afectado
directo en un accidente de trabajo puede acudir al juez mediante la acción de
reparación directa por el daño causado, siempre que acredite que ese daño resulta
imputable a la entidad Estatal. Así, el hecho de que un trabajador demande a su
empleador por accidentes de trabajo o enfermedad profesional para obtener
beneficios previstos en el Código Sustantivo del Trabajo, no impide que pueda
ejercer la acción indemnizatoria contra el propietario de la obra por daños
producidos en desarrollo de la misma. Y de una segunda tesis, formulada por esa
Subsección7, en la que precisó:

“[…] siempre que se pretenda la indemnización por los perjuicios ocasionados en un
accidente de trabajo, el empleado de la empresa contratista del Estado debe
demandar a su empleador -si considera que medió su culpa en la ocurrencia del
accidente- por intermedio de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral al
amparo del artículo 216 del C.S.T. y, eventualmente vincular solidariamente a la
entidad pública beneficiaria de la obra”.

Posteriormente, la Sala adujo que si el daño que se pretende sea reparado fue
consecuencia de la concreción de un riesgo propio e inherente de la relación laboral,
la jurisdicción competente será la ordinaria, en virtud de que las obligaciones del
contrato de trabajo surten efectos entre los particulares que lo suscriben,
especialmente, la de prevención de riesgos en cabeza del empleador. Abordó el
Sistema General de Riesgos Laborales y concluyó que:

“[…] (i) cuando se demande la indemnización de los daños que se hayan originado
con ocasión de la relación laboral propiamente dicha y en el marco de los riesgos

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 27 de

noviembre de 1994, M.P. Julio César Uribe Acosta). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, providencia del 19 de julio de 2006, expediente 30836, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. Exp. 45.850. C.P.

Marta Nubia Velásquez Rico. En esta providencia se afirmó:
se resolvió una demanda presentada por un trabajador de una empresa privada que resultó lesionado
por la explosión de una mina mientras se encontraba en ejecución de sus labores y cuyo daño fue
imputado al Ejército Nacional por la omisión de su función de prestar seguridad en la zona, se declaró
la falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento de que se trató de un accidente de
trabajo, en virtud del cual, al accionante le habría correspondido demandar a su empleadora a través
de la jurisdicción ordinaria laboral para acceder a la indemnización plena”.

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inherentes a la misma8, los afectados deben pretender el reconocimiento de las
prestaciones establecidas en el sistema de riesgos laborales y, si se considera que
en la ocurrencia del accidente de trabajo obró la culpa del empleador, es perentorio
solicitar la indemnización correspondiente con fundamento en el artículo 216 del
Código Sustantivo de Trabajo9, a través de una demanda ante la jurisdicción
ordinaria en su especialidad laboral, en la que se debe probar la responsabilidad
subjetiva del empleador, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia10 y, (ii) en aquellos casos en los que el daño irrogado que se endilga a
una entidad Estatal no tiene como fuente una actividad propia del trabajo, sino que
tiene su causa en hechos desligados o externos de la condición de empleado-
empleador o que, ligados a la relación laboral, exceden los riesgos propios de la
actividad –por ser ajenos a la prestación ordinaria del servicio-, resulta posible
analizarlos bajo la cláusula general de responsabilidad estatal -artículo 90 CP11 y,
por tanto, son susceptibles de ser analizadas dichas pretensiones en esta
jurisdicción a través de la acción de reparación directa, siempre que se acredite que
dicho daño fuese imputable a la entidad estatal”.

Sintetizó que las anteriores reglas “permiten desarrollar la tesis que ha sostenido
recientemente [la Subsección A]”, consistente en que, si el accidente que produjo el
daño a indemnizar es la concreción de los riesgos inherentes a la actividad laboral,
se debe privilegiar el conocimiento del caso a la jurisdicción ordinaria laboral; pero
si el daño no tiene fuente en una actividad propia del trabajo o excede el riesgo
asumido en el contrato laboral, es posible endilgar responsabilidad extracontractual
al Estado.

En el asunto bajo estudio, la Subsección A de la Sección Tercera afirmó que el daño
que originó la interposición de la demanda de reparación directa devino de forma
exclusiva de la concreción de un riesgo laboral propio de la actividad que asumió
Jhon Mario Zapata Bonilla, y que, por ende, al tratarse de un accidente laboral, debió
privilegiarse el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria laboral.

8 El artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social dispone que la jurisdicción

ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de los conflictos jurídicos que
se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.
9 “Artículo 216. Culpa del empleador. Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en

la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la
indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de
las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo”.
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 21 de junio de 2017, exp.

SL9355-2017 (40457), acta 22, MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo: “Tal y como lo ha explicado esta
Sala, la condena a la indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el artículo 216
Código Sustantivo del Trabajo, debe estar precedida de la culpa suficiente del empleador en la
ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, de modo que su establecimiento
amerita además de la demostración del daño originado en una actividad relacionada con el trabajo,
la prueba de que la afectación a la integridad o salud fue consecuencia de su negligencia en el
acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores (art. 56
C.S.T.). De manera particular, tales obligaciones se encuentran consagradas en los numerales 1 y
2 del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo, según las cuales los empleadores deben ‘Poner
a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las
materias primas necesarias para la realización de las labores’, y procurarles ‘locales apropiados y
elementos adecuados, de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma
que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud’. (…). A partir de lo visto, adviértase cómo
las disposiciones sustantivas laborales de salud ocupacional –hoy Seguridad y Salud en el Trabajo-
y riesgos laborales, han sido unívocas en comprometer al empleador a cuidar y procurar por la
seguridad y salud de los trabajadores, y adoptar todas las medidas a su alcance en orden a prevenir
los accidentes y enfermedades profesionales (…).
11 El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,

causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
“En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél
deberá repetir contra éste”

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Para lo anterior, analizó el contrato de trabajo suscrito con Empleamos S.A., un
informe en el que la cooperativa reportó a la ARL Positiva el incidente, y el informe
de la ARL en la que concluyó que la muerte del señor Zapata se trató de un
accidente de origen profesional. Además, revisó el proceso de selección promovido
en relación con la estrategia “Grupo Móvil de Erradicación del programa presidencial
contra cultivos ilícitos”, y el contrato núm. 359 celebrado entre Acción Social y
Empleamos S.A., y denotó que la empresa de servicios temporales:

“[…] “asumiría todas las obligaciones contempladas (sic) en la ley derivadas de su
condición de empleador y afiliaría al personal que conformara los grupos móviles de
erradicación a una póliza colectiva de vida que los amparara en caso de muerte,
incapacidad total y permanente, enfermedades graves y gastos fúnebres.
[…] se obligó, entre otras cosas, […] a mantener indemne a Acción Social frente a
cualquier acción judicial o extrajudicial que se presentara en virtud del desarrollo del
contrato”.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Subsección A de la Sección
Tercera afirmó que, si los familiares de Jhon Zapata pretendían una indemnización
plena de perjuicios, debieron demandar al primer llamado a responder, este es, la
empresa Empleamos S.A., y a Acción Social como beneficiaria de la obra, para que
sus pretensiones fueran dirimidas al amparo de las instituciones que la Ley tiene
reservados respecto de la relación contractual laboral, de modo que la jurisdicción
administrativa no puede desplazar al juez natural y abordar la controversia desde la
acción de reparación directa.

Por estos motivos, declaró la falta de jurisdicción para conocer de la reclamación de
responsabilidad a Empleamos S.A., como contratista privada de Acción Social, por
la muerte del señor Zapata Bonilla ocurrida en cumplimiento de una relación laboral.
En consecuencia, en atención a lo previsto en el artículo 165 del Código
Contencioso Administrativo y los artículos 140, numeral 1, del Código de
Procedimiento Civil, ordenó remitir la demanda a los jueces laborales de Quibdó,
autoridad que solo la tramitará respecto del debate suscitado entre los actores y
Empleamos S.A. y Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social.

De otra parte, indicó que la decisión de primera instancia que declaró la falta de
legitimación por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Dirección
Nacional de Estupefaciente y el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República no fue objetada por las partes, motivo por el que no se pronunciaría
sobre ese punto.

Finalmente, adujo que, como la fuente del daño que los demandantes deprecaron
fuera indemnizado era el vínculo laboral derivado del contrato suscrito entre la
contratista y el señor Zapata Bonilla, negocio jurídico en el que no estaba
involucrado la Policía Nacional y el Ejército Nacional, no habían elementos jurídicos
que permitieran analizar la responsabilidad de dichas instituciones por el accidente
de trabajo, es decir, que carecían de legitimación en la causa por pasiva y debía
negar las pretensiones formuladas en contra de estas.

1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela

1.3.1. La parte accionante solicitó al juez constitucional que ampare sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la reparación, al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso; revoque la sentencia proferida el 18 de septiembre de
2023; y ordene a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que,
en un plazo de 30 días, emita una decisión razonable acorde con la jurisprudencia

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Accionante: Argenis Zapata Suárez y otros

sobre la materia en el proceso de reparación directa.

Como argumentos de sus pretensiones, la parte tutelante afirmó que la Subsección
A de la Sección Tercera, con su decisión, desconoció que las entidades
demandadas tenían legitimación en la causa por pasiva por ser la erradicación de
cultivos ilícitos una labor a cargo del Estado, postura que contrarió la amplia
jurisprudencia sobre la materia, en particular, la sentencia del 10 de febrero de
202112, que delimitó que:

“17. No hay lugar a dudas que la labor de erradicación de cultivos ilícitos –en este
evento, en zona de alto riesgo- recae, con todos sus peligros, en cabeza del Estado,
razón por la cual se estima que, en este caso, prima facie, el título de imputación
debe ser el de riesgo excepcional”.

En ese orden, explicó que no está en cabeza de particulares como Empleamos S.A.,
quien también fue demandado, la labor de erradicación de cultivos de acuerdo con
la normativa vigente, pues correspondía al Estado dicha obligación, quien también
se comprometió a proteger la vida de los erradicadores, carga que no podía ser
trasladada a los ciudadanos ajenos al conflicto. Expuso que el vínculo laboral
surgido de la suscripción del contrato entre Empleamos S.A. y el señor Zapata
Bonilla no “impera” sobre los aspectos que sustentaron la responsabilidad del
Estado.

Adujo que la accionada olvidó que la Constitución, la Ley 554 de 2000 y la
Convención de Ottawa han sido claras en establecer que los organismos nacionales
y las fuerzas militares tienen obligaciones frente a sus ciudadanos, de allí que no
podía desconocer que los fundamentos de la responsabilidad del Estado radicaban
en los tipos de imputación.

De otra parte, sostuvo que la sentencia objeto de tutela restó importancia a las
pruebas aportadas al expediente ordinario y las declaraciones de los testigos, que
tienen valor en los términos de los artículos 164, 165, 167, 183 187, 176, 188, 244,
245, 260 del Código General del Proceso y que iban dirigidas a demostrar la
omisión, negligencia y desidia de las entidades demandadas en brindar seguridad
a las personas que cumplían la función de erradicar cultivos ilícitos, por lo que, con
fundamento en bases fácticas que no corresponden con la realidad, declaró la falta
de legitimación por pasiva y negó las pretensiones de la demanda.

En ese orden, consideró que el fallo controvertido incurrió en el defecto fáctico, por
la indebida valoración de las pruebas respecto de la naturaleza de las funciones
adquiridas por el Estado en la erradicación de cultivos, pues resulta un error estimar
que el daño devino de una relación laboral pese a que las pruebas daban cuenta
que el caso concreto consistía en la ausencia de seguridad por parte de las
demandadas.

También, en un defecto sustantivo y de desconocimiento del precedente
jurisprudencial, porque desatendió su propia jurisprudencia en la que ha declarado
la responsabilidad de las entidades demandadas en otros procesos que guardan
identidad. Así, indicó que no se configuraba una falta de legitimación en la causa
por pasiva, porque lo que reclamó en el proceso ordinario fue el reconocimiento de
perjuicios extrapatrimoniales y patrimoniales por parte del Estado, para lo cual está
previsto el medio de control de reparación directa ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, asuntos que no son del resorte del juez laboral.

12Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 10 de febrero de 2021 emitida dentro del proceso con radicado núm. 50001-23-31-000-
2006-00937-01(54381).

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1.4. Trámite en primera instancia

1.4.1. En primera instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió auto, el 10 de abril de 202413, en el que admitió la solicitud de
amparo en relación con la mayoría de tutelantes, pues la inadmitió frente a Claudia
Elena Caldas Toro, quien manifestó obrar en nombre propio y en representación de
sus hijos menores, debido a que no aportó poder al respectivo abogado; vinculó al
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, al Ministerio de
Justicia y del Derecho, a la Dirección Nacional de Estupefacientes (o quien haga
sus veces), al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la sociedad Empleamos
S.A.; y ordenó notificar a los sujetos procesales.

1.4.2. El Ministerio del Interior contestó que no es la entidad llamada a garantizar
los derechos fundamentales que se afirmó fueron vulnerados, por cuanto las
posibles omisiones de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
no son de su resorte, motivo por el que no tiene legitimación en la causa por pasiva.
Solicitó su desvinculación del trámite de tutela14.

1.4.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a las pretensiones de
amparo, para lo cual puso de presente que fue declarada su falta de legitimación en
la causa por pasiva dentro del proceso de reparación directa con radicado 2011-
00100-01. Citó una sentencia de tutela que resolvió un caso de similares contornos
fácticos y jurídicos al presente15, en la que las pretensiones fueron negadas. Por
último, indicó que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, por lo
que solicitó declarar la improcedencia de la acción16.

1.4.4. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
respondió17 que el escrito de tutela no tiene vocación de prosperidad por ausencia
de relevancia constitucional, en tanto pretende que se analicen de nuevo los
supuestos fácticos y jurídicos sobre los cuales en el proceso ordinario ya se declaró
la nulidad por falta de jurisdicción y se negaron las pretensiones de la demanda.

Respecto del defecto fáctico, expresó que los argumentos de los tutelantes fueron
escuetos y generales, y no identificaron el error en el que habría incurrido al
momento de estudiar las pruebas del expediente, más aún, cuando analizó todos
los medios aportados, que le permitieron concluir que el señor Zapata suscribió un
contrato de trabajo, que los hechos en los que resultó lesionado ocurrieron mientras
desempeñaba sus funciones laborales y fueron catalogados por la ARL como
accidente de trabajo, certezas que guardan relación con lo pactado entre Acción
Social y la empresa Empleamos S.A., última que se obligó a garantizar las
condiciones de seguridad para la erradicación de cultivos ilícitos.

En cuanto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, adujo que su
fallo estuvo soportado en decisiones emitidas por esa Subsección, en disposiciones

13 Documento contenido en el índice 4 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

con certificado núm. C12A7284633D0DE9 F80B1138C25D78B7 98E022503378C14D
A3B686791A360444.
14 Documento contenido en el índice 10 del expediente digital de tutela de primera instancia en

Samai, con certificado núm. 3F75FEDDC323B4B7 3B2DD3931E59B603 04C114F8D4F3B73A
4C270FFBC6E41566.
15 Expediente núm. 11001031500020230745400.
16 Documento contenido en el índice 11 del expediente digital de tutela de primera instancia en

Samai, con certificado núm. 08D11D69C6AA7E4D 59174B24319E5BE6 D233583464AB40A6
84001AD19FA756F3.
17 Documento contenido en el índice 12 del expediente digital de tutela de primera instancia en

Samai, con certificado núm. 938A4A585F650F12 57B50A4512441AAC CE65E7BF9CA162C2
F4ADEB88661711D0.

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legales sobre la materia y en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Además, que la Subsección B de la Sección Tercera, quien expidió la providencia
citada como desconocida, se ha pronunciado en distintas oportunidades en eventos
fácticos distintos, en los que las personas que ejercían labores de erradicación no
tenían contratos de trabajo, sino que eran voluntarios.

Denotó que, precisamente, la Subsección B de la Sección Tercera, en casos con
iguales circunstancias fácticas, ha optado por determinar que la fuerza pública no
está legitimada en la causa por pasiva, en tanto el empleador es el único llamado a
responder por los daños causados al tratarse de asuntos laborales.

Afirmó que, contrario a la postura de la magistrada que manifestó salvamento de
voto, la decisión que adoptó en el proceso ordinario no supone un cambio
jurisprudencial que vulnere derechos fundamentales, en tanto se trata de un criterio
que ha sido desarrollado desde hace varios años y que, incluso, ha sido acogido
por otras subsecciones.

Por último, sintetizó las consideraciones de la sentencia censurada por los
tutelantes y sostuvo que estos buscaban reabrir un debate ya definido, lo que
transgrede la finalidad de la acción constitucional de proteger derechos
fundamentales.

1.4.5. El abogado de la parte accionante aportó poder a él conferido por Claudia
Elena Caldas Toro para actuar en su nombre y en representación de sus hijos
menores, como su apoderado en el trámite constitucional de tutela.

1.4.6. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Prosperidad
Social) expresó que la parte actora no identificó de qué manera se cercenaron los
derechos fundamentales invocados, más aún, al tener en cuenta que la sentencia
del 18 de septiembre de 2023 estuvo debidamente sustentada, en particular, con la
sentencia del 20 de junio de 2023 dictada por la misma autoridad en otro proceso 18,
y que los defectos no fueron debidamente argumentados. Afirmó que no está
superado el requisito de subsidiariedad porque no fueron agotados todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, en particular, del recurso de revisión
sin que se configure un perjuicio irremediable.

Destacó que el fallo controvertido no negó el acceso a la administración de justicia,
sino que remitió el asunto a otra jurisdicción. Solicitó que sea declarada
improcedente la acción de tutela.

1.4.7. El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional citó las razones que
sustentaron el fallo objeto de tutela y aseguró que en el proceso ordinario no fueron
aportadas pruebas que permitieran establecer en qué modo ocurrieron los hechos
o la existencia de un nexo causal que comprometiera la responsabilidad del Estado
por falla del servicio. Asimismo, que no existe un perjuicio irremediable, motivo por
el que pidió que se negaran las pretensiones de amparo19.

1.4.8. La Fiduprevisora, como vocera del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, presentó escrito de contestación en relación con hechos

18 Expediente núm. 05001-2331-000-2010-02094-01.
19 Documento contenido en el índice 18 del expediente digital de tutela de primera
instancia en
Samai, con certificado núm. 64F6B5A461F1C3E1 238B33E60D19DC08 13A214664EAD66F0
9ECA161BDE3390D0.

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que no están relacionados con el caso concreto20 y solicitó su desvinculación del
trámite constitucional.

1.4.9. El Ministerio de Defensa Nacional indicó que no tiene legitimación en la
causa por pasiva, que no tenía posición de garante, que ocurrió un hecho de un
tercero, que la actividad que desarrolla es de medios y no de resultados. Por los
motivos expuestos, pidió que sean negadas las pretensiones de tutela21.

1.5. Sentencia de tutela de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia, el 8 de mayo de 202422, en la que: i) reconoció personería al
abogado de los accionantes en atención a los nuevos poderes aportados; ii)
“concedió” la solicitud de desvinculación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; iii) amparó el derecho fundamental al debido proceso de los
tutelantes; iv) dejó sin efectos la sentencia del 18 de septiembre de 2023; y, v)
ordenó a la Subsección A de la Sección Tercera emitir una nueva providencia que
se ajuste a las consideraciones expuestas en esa providencia.

El juez constitucional de primera instancia fundamentó su decisión en que, la teoría
del fuero de atracción faculta a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
que asuma el juzgamiento de un particular que, en principio, su juez natural es el
ordinario, siempre y cuando sea convocada por pasiva una entidad pública y los
hechos que originan la demanda sean los mismos23.

Además, que en virtud de dicho fuero y del principio de perpetuatio jurisdictionis,
aun cuando al momento de analizar las pruebas se establezca que el órgano del
Estado no es la llamada a responder, esta jurisdicción conserva su competencia
para juzgar particulares, ya que la competencia se adquiere de manera definitiva y
no provisional o condicionada24. En ese orden, sostuvo:

“[…] esta jurisdicción está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad que
le asiste a la sociedad Empleamos S.A. y al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social en virtud del vínculo laboral que aquella mantuvo con la víctima
directa.
16.5.- Además, en la demanda se alegó que las demandadas no garantizaron la
seguridad de los erradicadores, quienes carecían de entrenamiento para prever y
reaccionar a ese tipo de ataques, y se sostuvo que no se prestaron medidas de
vigilancia en la zona. También se alegó un daño especial y un riesgo excepcional
por la naturaleza de la actividad, que no podía ser delegada por el Estado a un civil
que carecía de la formación y protección suficientes.
16.6.- Esos cargos debieron resolverse en la sentencia como garantía del acceso a
la administración de justicia. No bastaba con señalar que dichos cargos se
enmarcaban en una discusión propia de la indemnización plena por culpa patronal,
sino que era necesario estudiar si las autoridades demandadas incurrieron en una

20 Documento contenido en el índice 20 del expediente digital de tutela de primera instancia en

Samai, con certificado núm. 4D9C511F58B85E04 2A1589270ED0BF79 1B865A0AAC057DE4
F6FA9ADBE444DA3D.
21 Documento contenido en el índice 21 del expediente digital de tutela de primera instancia en

Samai, con certificado núm. 6594DC453C0D0750 983AAB5DCD6A2900 1D86D39C06749F13
3060A42EBCF004AC.
22 Documento contenido en el índice 29 del expediente digital de tutela de primera instancia en

Samai, con certificado núm. B298454941FDA701 2BDAD658FA2821EA D9952F9F04E8401C
B3E130060F7C9D00.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Julio César Uribe Acosta., expedientes No. 10007 y

9480 del 4 de agosto de 1994. Esta postura ha sido reiterada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2017, expediente 38958.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 11 de noviembre

de 2003, expediente 12.916.

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acción u omisión que permitiera imputarles el daño con base en las pruebas que
obran en el proceso”.

1.6. Impugnación

1.6.1. El magistrado ponente de la sentencia del 18 de septiembre de 2023 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado impugnó el fallo
de tutela de primera instancia del 8 de mayo de 202425, pues consideró que el juez
constitucional desbordó el límite de su competencia en detrimento de la autonomía
judicial al ordenar emitir una nueva decisión en el caso ordinario a pesar de que
reconoció que se trata de un asunto de naturaleza eminentemente laboral.

Indicó que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley, lo que supone
dotarlos al momento de definir conflictos de un margen de discrecionalidad para
resolver discrepancias interpretativas en la aplicación de la ley y valorar pruebas
debidamente aportadas al proceso, autonomía judicial que no puede ser
desconocida por el juez de tutela, quien está llamado a verificar si la decisión
objetada excedió el límite mínimo de razonabilidad jurídica.

Cuestionó que se desconozca que la acción de tutela no es una tercera instancia
de los procesos ordinarios, al tener en cuenta que el fallo de reemplazo debe partir
del supuesto de que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para
resolver la controversia de orden laboral contractual. Por lo anterior, indicó:

“Ese direccionamiento desquicia las bases de un estado social de Derecho, pues
desarticula las competencias y termina por sacrificar la autonomía judicial, reduciendo
la actividad del juez natural a estarse a lo resuelto por el juez de tutela, despojado del
poder propio de la función a su cargo, sin campo para el análisis legal y probatorio que
se espera de toda decisión judicial y vaciando de contenido su función judicial”.

De otra parte, adujo que la decisión de tutela impugnada vulnera el derecho al
debido proceso en su garantía del juez natural, para lo cual reiteró los fundamentos
del fallo del 18 de septiembre de 2023 concernientes al criterio según el cual la
jurisdicción laboral es la llamada a conocer las pretensiones formuladas contra
sujetos de derecho privado cuando se les demanda de manera conjunta con una
entidad pública, siempre que los hechos que sustenten la imputación sean los
mismos.

Denotó que, la Subsección B de la Sección Tercera, quien fue el juez de tutela en
primera instancia, en sede ordinaria, ha optado por determinar en casos similares,
que la fuerza pública no está legitimada en la causa por pasiva, en tanto el
empleador es el único llamado a responder por ser el vinculado laboralmente con la
víctima. Para lo anterior, citó las sentencias del 7 de septiembre26 y 19 de octubre
de 202327.

Afirmó que el fallo objeto de tutela no frustra las pretensiones indemnizatorias de
los demandantes ni afecta sus derechos, puesto que la misma abre camino para
que sea ante el juez natural competente que se defina la responsabilidad subjetiva
del empleador, lo que no ocurre con la declaración de falta de legitimación en la
causa por pasiva, “asunto que parece proponer el fallo de tutela”, pues los actores
no podrían obtener una decisión de fondo. Por los motivos expuestos, concluyó:

25 Documento contenido en el índice 29 del expediente digital de tutela de primera instancia en

Samai, con certificado núm. B298454941FDA701 2BDAD658FA2821EA D9952F9F04E8401C
B3E130060F7C9D00.
26 Expediente 60.185.
27 Expediente 54.920.

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“Por manera que el proveído que se deja sin efectos, fue apropiadamente
sustentado en todos los elementos de convicción y las disposiciones legales citadas
en la sentencia, sin que se hubiera omitido la valoración de alguna de las pruebas –
y, se itera, tampoco fue así señalado por la parte a la que le correspondía
sustentar el defecto del que pretende beneficiarse-, ni se hubiera apreciado un
elemento de convicción obtenido de manera ilícita, de manera que resulta imposible
concluir que la decisión se profirió desconociendo la evidencia probatoria o las líneas
jurisprudenciales del fuero de atracción”.

I. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala tiene competencia para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de Argenis Zapata Suárez, Ingri Johana y
Elver Johan Zapata Rengifo, Deisi Bonilla, José Alexander, Jonny Fabián y Ritalina
Zapata Bonilla, Sandra Liliana Flórez Bonilla y Claudia Elena Caldas Toro, Andrea
Jimena y Dora Juliana Caldas Toro y Anyi Carolina y María Alejandra Beltrán Caldas
se encuentra acreditada, puesto que fueron la parte demandante en el proceso
ordinario de reparación directa en el que se emitió la sentencia del 18 de septiembre
de 2023 objeto de tutela, y, por lo tanto, son los titulares de los derechos
fundamentales cuyo amparo pretenden.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la medida en que fue la autoridad
que emitió el fallo del 18 de septiembre de 2023 que, según los tutelantes, vulneró
sus derechos fundamentales.

Por otro lado, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia, en su numeral
segundo, “concedió” la solicitud de desvinculación formulada por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio. Al respecto, es necesario precisar que
dicha entidad no fue accionada en el escrito de amparo, en el auto admisorio no se
le reconoció esa condición y tampoco se le tuvo como tercero con interés en el
presente trámite constitucional. Además, si bien la Secretaría General del Consejo
de Estado remitió al correo de la Fiduprevisora S.A. la referida providencia, lo cierto
es que la autoridad destinataria en ese mensaje de datos era la Dirección Nacional
de Estupefacientes.

En consecuencia, la Sala revocará el numeral segundo de la sentencia del 8 de
mayo de 2024, en la medida en que, como el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio no tiene la condición de sujeto procesal, no hay lugar a
declarar su desvinculación del trámite de la referencia.

2.3 Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez Constitucional debe, de forma preliminar,
realizar un examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez
verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el
pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor plantea en

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función de los defectos que aduce a la actuación acusada y conforme a las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales28.

2.3.1. Relevancia constitucional. En las acciones de tutela contra providencias
judiciales, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia
adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues ello desconocería la
competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces
naturales, así como su autonomía funcional”29.

Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las
que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia
como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto30.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional fijó como criterios para definir
el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela
gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto. Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una
Alta Corte, el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica
verificar la existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

2.3.1.1. En el asunto bajo estudio, la parte accionante sostuvo en el escrito de
amparo que la sentencia del 18 de septiembre de 2023 incurrió en el defecto fáctico,
porque la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado restó valor “a
las pruebas aportadas dentro del plenario, las que fueron señaladas y que reposan
descritos a folios 34 a 41 de la demanda, y a su vez a las declaraciones que en
audiencia expusieron los testigos”, dirigidas a demostrar la omisión, negligencia y
desidia de las entidades demandadas que fundamentó la responsabilidad del
Estado.

Sobre el defecto fáctico en general, la Corte Constitucional precisó que se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del

28 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se

concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
29 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
30 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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supuesto legal en el que fundó su decisión31, yerro con la connotación de flagrante,
ostensible, manifiesto y con incidencia directa en la decisión.

Para la existencia de este defecto, es necesario que de las pruebas que obren en
el expediente no sea posible, de manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión
a la que llegó el juez del proceso en su providencia, o que el apoyo probatorio en
que se basó resulta absolutamente inadecuado para el caso. De acuerdo con la
Corte, esta causal de procedencia tiene una dimensión positiva y negativa:

“[…] la primera se da cuando el juez aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar, o cuando valora arbitraria, irracional o caprichosamente los medios de
prueba allegados; y la segunda ocurre cuando el juez no decreta medios de prueba,
pese a darse las circunstancias para ello, u omite la valoración de los que están
debidamente incorporados al trámite”32.

Pues bien, revisado el escrito de amparo, la Sala denota que la parte tutelante no
identificó qué prueba específica la autoridad cuestionada valoró indebidamente, y
no expuso su transcendencia en la decisión final dentro del proceso ordinario de
reparación directa. Esta falencia argumentativa, impone al juez constitucional, para
emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la configuración del defecto fáctico,
que deba realizar una valoración integral de todo el acervo probatorio, como si se
tratara de una tercera instancia judicial.

En ese orden, el reparo del defecto fáctico carece de relevancia constitucional, en
la medida en que no está dotado de suficiente contenido argumentativo que permita
al juez de tutela analizar si la Subsección A de la Sección Tercera apreció pruebas
que no debía admitir, o lo hizo de manera arbitraria, irracional y caprichosa, más
aún, al tener en cuenta que sustentó su decisión en documentos aportados
oportunamente por los sujetos procesales al expediente ordinario.

2.3.1.2. De otro lado, la parte accionante aseveró que la Subsección A de la Sección
Tercera incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
relacionado con la legitimación en la causa del Estado en asuntos en los que se
reclama su responsabilidad por daños causados en erradicación de cultivos ilícitos,
para lo cual citó apartes de la sentencia del 10 de febrero de 202133.

De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto sustantivo acontece cuando la
interpretación legal o jurisprudencial realizada por el juez en un caso concreto se
torna irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, lo que genera una
decisión que vulnera derechos fundamentales. Uno de estos eventos, consiste en
que la autoridad judicial se aparta del precedente judicial, horizontal o vertical, sin
exponer motivación que justifique razonablemente su decisión34. En cuanto al
concepto de precedente, ha dicho:

“El precedente judicial es concebido como una sentencia previa relevante para la
solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que contiene un
pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un

31 Corte Constitucional. Sentencia SU-448 de 2016 “[s]e estructura, entonces, siempre que existan

fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. (…) el
fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en
que, no obstante, las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el
análisis del material probatorio, [e]ste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales”.
32 Sentencia SU-155 de 2023.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 10 de febrero de 2021 emitida dentro del proceso con radicado núm. 50001-23-31-000-
2006-00937-01(54381).
34 Sentencia SU-060 de 2021.

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punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver el juez. Como los
supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento jurídico similar, la
sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior”35.

Sobre este punto, la Sala observa que la parte interesada solo refirió como
desconocida la sentencia del 10 de febrero de 2021 emitida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, y sostuvo que, en asuntos de daños
derivados de erradicación de cultivos ilícitos, el Estado es el llamado a responder.

Sin embargo, los tutelantes no explicaron, más allá de que esa sentencia también
hubiera resuelto un caso en el que se reclamó la reparación de daños causados en
actividades de erradicación de cultivos ilícitos, qué circunstancias relevantes hacían
que tuviera identidad fáctica con el asunto en estudio, y, en consecuencia, cuál era
la regla jurisprudencial específica aplicable, falencias argumentativas que no
permiten realizar un estudio de fondo del cargo, por falta de relevancia
constitucional, puesto que el juez de tutela no es un revisor de las decisiones que
adoptan los jueces ordinarios.

Lo anterior, adquiere mayor importancia, al tener en cuenta que, en el caso que
resolvió la sentencia del 10 de febrero de 2021, la víctima directa era un voluntario
del Programa Presidencial de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, y que el daño fue
causado por la explosión de una mina antipersonal, lo que sustentó la
responsabilidad del Estado. Estas situaciones, distintas de aquellas discutidas en el
proceso ordinario iniciado por los ahora tutelantes, exigían que estos expusieran
con un mayor grado de rigurosidad, porqué la providencia en mención constituía
precedente.

Por último, la Sala no pasa por alto que la parte actora argumentó que la autoridad
judicial cuestionada no tuvo en cuenta que la Ley 554 de 200036 y la Convención de
Ottawa37 han sido claras en establecer que las fuerzas militares tienen obligaciones
frente a sus ciudadanos. Empero, no indicó, en concreto, qué disposición normativa
debía ser aplicada en el caso, qué reglaba esta, cómo se cumplía el supuesto de
hecho de dicha norma y que efectos tendría en la decisión final, máxime, cuando la
referida ley y convención regula asuntos atinentes al manejo que debe tener las
minas antipersonas por parte de las autoridades públicas.

2.3.1.3. Así las cosas, es forzoso concluir que los defectos que nominalmente los
tutelantes afirmaron se configuraron en la sentencia del 18 de septiembre de 2023
–fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial– no están
debidamente sustentados en el escrito de amparo y carecen de relevancia
constitucional.

2.3.1.4. No obstante, en ejercicio de las amplias facultades otorgadas al juez de
tutela38, derivadas de la importancia del objeto de protección de este mecanismo de
defensa judicial, que incluso les permiten proferir fallos ultra y extra petita, es preciso
analizar los fundamentos del escrito de amparo de cara a la posible configuración
de un defecto que vulnere garantías fundamentales, puesto que, en todo caso, la
tutela contiene argumentos que sustentan la inconformidad de los accionantes con
la sentencia del 18 de septiembre de 2023.

35 Sentencia T-041 de 2023.
36 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del empleo, Almacenamiento,

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", hecha en Oslo el dieciocho
(18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.
37 Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de

Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.
38 Sentencia T104 de 2018.

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En tal sentido, la Sala encuentra que la parte actora afirmó que la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció que la legitimación en la
causa por pasiva de las demandadas radicaba en la responsabilidad que tiene el
Estado frente a los daños ocasionados en las labores de erradicación de cultivos
ilícitos, actividades que no podían ser delegadas en particulares como Empleamos
S.A. Asimismo, adujo que los cargos de la demanda de reparación directa no
estaban relacionados con asuntos de naturaleza contractual laboral sino en la
reclamación de perjuicios causados por falta de cumplimiento de la obligación de
brindar seguridad por parte de las entidades convocadas.

De igual modo, reiteró que la muerte de Jhon Mario Zapata Bonilla se debió a la
omisión en el deber de protección de las personas que se dedicaban a la actividad
de erradicación de cultivos ilícitos por parte de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, la Presidencia de la República, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Programa
Presidencial contra Cultivos Ilícitos, la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección de
Estupefaciente y la cooperativa Empleamos S.A., lo que justificó que fueran
responsables de los daños causados y demandados ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.

De lo expuesto, la Sala observa que los argumentos de la tutela se concretan en
sostener que la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de reparación directa
no tuvo fundamento en derechos y obligaciones derivados de una relación de índole
laboral, sino en el incumplimiento por parte de las autoridades demandadas en
brindar seguridad a las personas que erradicaban cultivos ilícitos, puesto esta era
una labor que estaba en cabeza del Estado.

Ahora bien, la sentencia del 18 de septiembre de 2023 declaró la nulidad de lo
actuado por falta de jurisdicción respecto de Empleamos S.A. y Acción Social y la
falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ejército y Policía Nacional,
debido a que se consideró que el asunto discutido en la demanda ordinaria era una
cuestión laboral que correspondía conocerla a la jurisdicción ordinaria y que el
empleador era el llamado a responder por los daños.

En tal sentido, esta Judicatura comprende que, en concepto de los accionantes, la
Subsección A de la Sección Tercera se apartó del trámite establecido para las
demandas de reparación directa, puesto que en el caso bajo estudio no había lugar
a declarar la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción y falta de legitimación en
la causa por pasiva del Ejército y Policía Nacional, sino a emitir una decisión de
fondo respecto de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus
obligaciones en el marco de las labores de erradicación de cultivos ilícitos, reparos
de tutela que hacen referencia a la posible configuración de un defecto
procedimental.

En conclusión, los cargos de la tutela abordados superan los requisitos de carga
argumentativa y de relevancia constitucional, por cuanto la parte accionante
expuso que la vulneración de sus derechos surgió a partir del indebido trámite
impartido a la demanda de reparación directa y la omisión en garantizar una decisión
de fondo en segunda instancia respecto de las pretensiones indemnizatorias.

Lo anterior implica la posible configuración del defecto procedimental absoluto, por
lo que se trata de aspectos definitivos para establecer si los tutelantes tenían
derecho a la reparación de los daños causados con la muerte de Jhon Mario Zapata
ocurrida mientras erradicaba cultivos ilícitos, asunto que está relacionado con la

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protección de las garantías al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia en su dimensión constitucional.

2.3.2. El presupuesto de subsidiariedad también se encuentra satisfecho, porque
no procede el recurso de apelación para controvertir la decisión del 18 de
septiembre de 2023, pues esta providencia es de segunda instancia. Tampoco
procede solicitud de aclaración, corrección o adición de sentencia, porque el cargo
de amparo no consiste: i) en la falta de claridad de la parte resolutiva de la
mencionada providencia; ii) en un error aritmético o por omisión o cambio de
palabras; o, iii) por la omisión de resolución de un extremo de la litis, ya que la
decisión controvertida declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción.

Finalmente, los recursos de queja y súplica proceden en contra de autos y la
providencia objeto de controversia es una sentencia, y no se configura alguna
causal que permita activar los recursos extraordinarios de revisión o de unificación
de jurisprudencia.

2.3.3. La acción de tutela se instauró oportunamente, en términos del requisito de
la inmediatez, porque la sentencia controvertida de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado fue proferida el 18 de septiembre de 2023 y
notificada el 7 de julio siguiente39, y la solicitud de amparo fue radicada el 7 de
diciembre del mismo año40, es decir, dentro del término razonable que la
jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación ha establecido de
manera general en seis meses41.

2.3.4. De configurarse la irregularidad procesal denunciada, esta tendría un efecto
en la decisión de la sentencia del 18 de septiembre de 2023, en la medida en que
no podría ser declarada la nulidad en el proceso ordinario y habría lugar a un
pronunciamiento de fondo respecto de la responsabilidad del Estado. Finalmente,
las providencias cuestionadas no son sentencias de tutela.

Satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, hay lugar a
avanzar al análisis de los requisitos específicos de procedencia.

2.4. Problema jurídico

La Sala deberá establecer si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Argenis Zapata Suárez, Ingri Johana y Elver Johan
Zapata Rengifo, Deisi Bonilla, José Alexander, Jonny Fabián y Ritalina Zapata
Bonilla, Sandra Liliana Flórez Bonilla y Claudia Elena Caldas Toro, Andrea Jimena
y Dora Juliana Caldas Toro y Anyi Carolina y María Alejandra Beltrán Caldas, con
la sentencia del 18 de septiembre de 2023, por la posible configuración del defecto
procedimental absoluto.

En particular, le corresponderá determinar si la causa petendi, las pretensiones y
los argumentos de la demanda de reparación directa que dieron origen al proceso
con radicado núm. 27001-23-31-000-2011-00100-01, permitían considerar que el
caso se trataba de un asunto laboral, de manera que fuera posible declarar la
nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción y la falta de legitimación en la causa
por pasiva del Ejército y Policía Nacional.
39 Ver índice 16 en Samai del expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho con

radicado núm. 23001-33-33-003-2017-00082-01.
40 Ver índice 2 en Samai del expediente de tutela con radicado núm. 23001-33-33-003-2017-00082-

01.
41 Al respecto ver las sentencias SU-961de 1999 y T-031 de 2016 de la Corte Constitucional, y la

sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto del 2014.

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2.4.1. Defecto procedimental absoluto

En cuanto al defecto procedimental la Corte Constitucional ha indicado que se
presenta “[…] por un error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a seguir
para la resolución de una controversia judicial […]”42. En particular, una de las
posibles manifestaciones de este defecto43 es el procedimental absoluto y se
configura “cuando el operador judicial (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia”44. Esta causal específica de procedencia exige:

“(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y
tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los
derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso
ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades
del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y
finalmente, (v) que, como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración
a los derechos fundamentales”45.

2.4.2. Para resolver el problema jurídico planteado, es menester estudiar la causa
petendi, los argumentos de la responsabilidad y las pretensiones de la demanda de
reparación directa, y determinar sí, en efecto, la fuente jurídica del daño era un
asunto laboral de manera que no fuera posible conocerlo por la jurisdicción
contencioso administrativa y que justificara declarar la falta de legitimación en la
causa de la fuerza pública.

La demanda de reparación directa

Argenis Zapata Suárez y otros presentaron escrito en ejercicio de la acción de
reparación directa en contra del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,
Policía Nacional, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, el Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos, la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el
Ministerio del Interior y de Justicia, la Dirección de Estupefaciente y la cooperativa
Empleamos S.A.

La causa petendi de la demanda

La causa petendi46 de la demanda, en su componente fáctico, refiere que Jhon
Zapata Bonilla se vinculó a trabajar con en la cooperativa Empleamos S.A., la cual
era contratista del Gobierno Nacional para desarrollar la actividad de erradicación
42 SU-061 de 2018.
43 En la Sentencia SU-355 de 2017 la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido que “Entre las

causales de procedibilidad de la acción tuitiva contra providencias judiciales encontramos el defecto
procedimental, que se puede estructurar a partir de dos formas: (i) la absoluta, que se presenta en
los eventos donde el funcionario judicial sigue un procedimiento diferente al establecido en la ley, u
omite alguna de las principales fases del proceso y quebranta los derechos de defensa y
contradicción de las partes; y (ii) por exceso ritual manifiesto, el cual se manifiesta cuando el fallador
desconoce el contenido del artículo 228 de la Constitución Política, en tanto le impide a las personas
el acceso a la administración de justicia y el deber de dar prevalencia al derecho sustancial.”
44 Sentencia T-166 de 2022.
45 SU-418 de 2019.
46 De acuerdo con la Corte Constitucional, la causa petendi:

“hace referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es así
como la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por una serie de
hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas
a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico proceso
argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi
es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una concreta
consecuencia jurídica” Sentencia T-534 de 2015.

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de cultivos ilícitos, y que falleció al ser víctima de un ataque por parte de grupos
armados ilegales el 27 de julio de 2009, en el municipio de Istmina (Chocó), cuando
se desplazaba en una patrulla militar.

En su componente jurídico, la causa petendi de la demanda radicó en que los
hechos en que falleció el señor Zapata Bonilla constituyeron una falla en el servicio
y/o un daño especial en los términos del artículo 90 Constitucional, debido a que: i)
la fuerza pública no cumplió sus obligaciones y deberes de velar por la seguridad y
la vida de las personas contratadas para erradicar cultivos ilícitos; ii) las demás
entidades demandadas no brindaron un adecuado entrenamiento acerca de la
existencia, modo de identificar y evitar un posible ataque de grupos ilegales; iii) la
acción terrorista estaba encaminada a la fuerza pública y las personas que
colaboraban con la erradicación de cultivos ilícitos, actividad que debía ser
desarrollada por profesionales capacitados técnicamente y no ser delegada a
jóvenes inexpertos; iv) la decisión de convocar y contratar erradicadores manuales
en zonas de alta peligrosidad con presencia de guerrilleros fue del Gobierno
Nacional47.

Además, citó como fundamento jurídico sentencias de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en las que se analizó la responsabilidad del Estado y sus
fuerzas militares por actos terroristas dentro del conflicto armado, en atención a sus
deberes constitucionales de protección y mantenimiento del orden por riesgo
excepcional y por falla del servicio.

Las pretensiones de la demanda

Finalmente, las pretensiones de la demanda consistieron en que las autoridades
convocadas fueran declaradas “administrativa y solidariamente” responsables del
daño ocasionado con la muerte de Jhon Mario Zapata Bonilla, ocurrida el 27 de julio
de 2009, con el ataque que grupos ilegales realizaron en contra de la compañía en
la que se desplazaba a erradicar cultivos ilícitos dentro del programa adelantado por
el Gobierno Nacional a través de la cooperativa Empleamos S.A. En consecuencia,
que se las condenara al pago de los perjuicios materiales, morales y a la vida de
relación.

2.4.3. De lo expuesto, la Sala observa que, si bien pudo existir una relación laboral
entre Jhon Mario Zapata Bonilla y Empleamos S.A., lo cierto es que dentro del
escrito de demanda no fueron formulados argumentos o pretensiones dirigidos a
discutir dicha relación laboral o el cumplimiento de la responsabilidad y las
obligaciones derivadas del contrato de trabajo suscrito entre aquellos, al margen de
que la cooperativa también haya sido convocada al proceso para que respondiera
solidariamente.

En este punto, cabe denotar que, los demandantes no controvirtieron si los hechos
en que se produjo el daño fue un accidente de trabajo o se concretó un riesgo
inherente a la actividad laboral desarrollada, y los argumentos en contra de
Empleamos S.A. no tuvieron sustento en alguna relación jurídica entre empleado y
patrono. Por lo tanto, no es posible concluir que “la parte actora fundó sus
pretensiones en los perjuicios sufridos debido a un accidente de trabajo”.

47 “[El deceso del señor Zapata Bonilla] se debió en gran medida, a la ausencia por parte de las

Fuerzas Armadas de Colombia, Ejército y Policía Nacional, en dicha localidad para evitar que grupos
armados al margen de la ley implantaran dicho tipo de actos terroristas dirigidos a los integrantes de
la fuerza pública, pero que de forma indirecta afectan a personas inocentes y humildes, que no tienen
nada que ver con el conflicto armado existente para el momento de la ocurrencia de los hechos,
puesto que debe observarse que la presencia efectiva de las fuerzas armadas en el sector descrito,
hubiera anulado, o por lo menos, habría aminorado o contrarrestado en gran medida, la posibilidad
de que el Señor JHON MARIO ZAPATA BONILLA, hubiera sufrido tan absurdo [desenlace]”.

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En ese orden, la Sala encuentra irrebatible que el escrito presentado en ejercicio de
la acción de reparación directa formuló un juicio de responsabilidad extracontractual
del Estado, a la luz del artículo 90 Constitucional, en el que el juez administrativo
debía decidir si las entidades demandadas tenían obligaciones de protección sobre
las personas pertenecientes al programa de erradicación de cultivos ilícitos, ya sea
por las obligaciones constitucionales que tiene la Fuerza Pública, o porque las
actividades de erradicación de cultivos ilícitos se encuentran en cabeza del Estado
y no pueden ser delegadas a particulares.

Pues bien, las anotaciones que anteceden le permiten a esta Sala advertir que la
interpretación que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dio
al escrito de demanda en la sentencia del 18 de septiembre de 2023 no se
acompasa con los hechos, causa petendi y pretensiones de la demanda en los que,
el problema jurídico no tenía connotación laboral en los términos del artículo 216 del
Código Sustantivo del Trabajo. El juicio propuesto fue el de la responsabilidad
extracontractual del Estado a la luz del artículo 90 Constitucional.

Lo anterior permite concluir que no era procedente declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva del Ejército Nacional y la Policía Nacional, puesto que, de
acuerdo con el escrito de demanda, la responsabilidad de estas de reparar un daño
antijurídico devenía de sus obligaciones constitucionales de protección, en
particular, en actividades de erradicación de cultivos ilícitos y por actos terroristas,
pero no por relaciones laborales.

Por último, esta Judicatura debe advertir que, si bien Empleamos S.A. fue
convocada en el escrito presentado en ejercicio de la acción de reparación directa
y es un particular, su responsabilidad debía ser analizada, por fuero de atracción,
por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de cara a los cargos presentados
en la demanda.

III. DECISIÓN

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitió sentencia de
primera instancia, el 8 de mayo de 202448, en la que: i) reconoció personería al
abogado de los accionantes en atención a los nuevos poderes aportados; ii)
“concedió” la solicitud de desvinculación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio; iii) amparó el derecho fundamental al debido proceso de los
tutelantes; iv) dejó sin efectos la sentencia del 18 de septiembre de 2023; y, ordenó
a la Subsección A de la Sección Tercera emitir una nueva providencia que se ajuste
a las consideraciones expuestas en esa providencia.

Por ende, esta Sala revocará el numeral segundo que accedió a la solicitud de
desvinculación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
declarará improcedente los cargos de tutela concernientes a los defectos fáctico y
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, y confirmará en lo demás la
sentencia del 8 de mayo de 2024, pero por las razones expuestas en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

48 Documento contenido en el índice 29 del expediente digital de tutela de primera instancia en

Samai, con certificado núm. B298454941FDA701 2BDAD658FA2821EA D9952F9F04E8401C
B3E130060F7C9D00.

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FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 8 de mayo de 2024
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR los numerales tercero y cuarto del fallo del 8 de mayo de
2024, que, respectivamente, amparó los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, y dejó sin efectos la sentencia del 18 de
septiembre de 2023 y ordenó a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado emitir una nueva providencia.

TERCERO: ADICIONAR la sentencia impugnada para DECLARAR improcedente
los cargos de tutela concernientes a los defectos fáctico y sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en esta
providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

QUINTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
DACJ

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