Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05308-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de mayo de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05308 01
Accionante: Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05308-01
Accionante: JAIRO RAÚL CLOPATOFSKY GHISAYS
Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Tesis: No vulnera los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al trabajo y al mínimo
vital la aceptación de la renuncia presentada por un
embajador al finalizar el gobierno bajo el cual
desempeñó la misión diplomática.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Jairo Raúl
Clopatofsky Ghisays en contra del fallo de tutela proferido el 2 de febrero
de 2023 por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante promovió acción de tutela en contra de la Nación – Ministerio
de Relaciones Exteriores y Presidencia de la República, y para ello formuló
las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERA: Conceder la tutela a favor de JAIRO RAUL CLOPATOFSKY
GHISAYS de sus derechos constitucionales a la estabilidad reforzada por
su condición de vulnerabilidad manifiesta, al trabajo, a la seguridad social
y al mínimo vital, que se verá vulnerados inevitablemente a partir del 1
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radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05308 00.
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Accionante: Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays
de octubre de 2022, fecha a partir de la cual el Ministerio de Relaciones
Exteriores aceptó la renuncia protocolaria al cargo de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de
Jamaica.
SEGUNDA: Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores inaplicar el
artículo 91 del Decreto Ley 274 de 2000 a la situación administrativa de
JAIRO RAUL CLOPATOFSKY GHISAYS, tener por no válida la carta de
renuncia presentada en cumplimiento de esta norma y, en consecuencia,
dejar sin efecto alguno el Decreto 1888 del 14 de septiembre de 2022.
TERCERA: Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores el reintegro
inmediato de JAIRO RAUL CLOPATOFSKY GHISAYS, al cargo de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de
Jamaica, o a otro de similar jerarquía hasta octubre de 2023, fecha en
que quedará garantizado del derecho a la fuente de ingresos generada en
el reconocimiento al derecho a pensión.
CUARTA: Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores pagar a JAIRO
RAUL CLOPATOFSKY GHISAYS salarios y prestaciones, sin solución de
continuidad. […]”. (Resaltado y mayúsculas del original).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que, al momento de presentación de esta acción de
tutela, se encontraba desempeñando el cargo de embajador
extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de
personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas
consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el gobierno de
Jamaica.
Sostuvo que el 4 de agosto de 2022, en cumplimiento del artículo 91 del
Decreto 274 de 2000 y en contra de su voluntad, presentó, ante el
anterior Presidente de la República, Iván Duque Márquez, renuncia
protocolaria al cargo que venía desempeñando.
Afirmó que el 29 de agosto de 2022 dirigió ante el actual Presidente de la
República una solicitud con el fin de que se le permitiera permanecer en
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el cargo que desempeñaba o en otro de igual jerarquía, hasta octubre de
2023, fecha para la cual cumpliría los requisitos para el reconocimiento
de la pensión. Fundamentó la petición en la garantía de estabilidad
reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Anotó que, mediante Decreto 1888 del 14 de septiembre de 2022, el
ministro de Relaciones Exteriores le aceptó la renuncia protocolaria a
partir del 1 de octubre de 2022, decisión que le fue informada por correo
electrónico el 19 de septiembre de 2022, en el que, además, se le solicitó
entregar el cargo de conformidad con lo establecido en la Resolución 3711
del 18 de junio de 2015, con la advertencia de la aplicación de sanciones
en caso de no hacerlo.
Señaló que, a causa de un accidente de tránsito ocurrido el 26 de
diciembre de 1982, quedó con parálisis de la mitad inferior del cuerpo y
que, tras un esfuerzo de rehabilitación, pudo llevar a cabo una carrera
profesional y una vida laboral.
Aseveró que desde que comenzó a desempeñar el cargo de embajador de
Jamaica, él y su núcleo familiar tenían garantizada la atención en salud
con la póliza colectiva nro. 23029462, tomada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores con Allianz Seguros de Vida S.A., pero que dicha
empresa le notificó el retiro de la póliza colectiva.
Indicó que tiene a su cargo el sostenimiento y manutención de su esposa
y de su hijo, que nació el 24 de octubre de 2005, y que cuenta con
nacionalidad española.
Manifestó que con los ingresos provenientes de su trabajo asume costos,
como el arrendamiento de un inmueble en donde viven su esposa e hijo
por un valor de €600 euros; costos de estudios de su hijo, y la cuota
mensual de un crédito para adquisición de vivienda por valor de
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$9.995.000 con el Banco Davivienda. Precisó que no tiene ingresos
distintos a los generados en su trabajo.
Respecto a la procedencia de la acción de tutela, expresó que se
encuentra legitimado para presentarla por ser el titular de la protección
constitucional de estabilidad laboral reforzada por su condición de
debilidad manifiesta y de los derechos fundamentales al trabajo,
seguridad social y mínimo vital.
Advirtió que el requisito de subsidiariedad se cumple toda vez que los
mecanismos judiciales previstos en la ley no son eficaces para poner fin
al perjuicio irremediable generado a partir del 1 de octubre de 2022.
Expresó que el perjuicio irremediable “(…) se concretará con el
cumplimiento de la resolución de renuncia, pues con ello se elimina la
única fuente de ingresos con la que cuenta el accionante para atender las
necesidades propias de la condición de debilidad manifiesta que padece y
sus necesidades básicas y las de su familia, por lo que la única manera
de que el perjuicio cese es que se ordene el reintegro como mínimo hasta
octubre de 2023, fecha en que reunirá los requisitos para pensión (…)”.
Precisó que, aunque fue vinculado al cargo de embajador de Jamaica
como empleado de libre nombramiento y remoción, “(…) él goza del
amparo constitucional de estabilidad laboral reforzada por estar
desempeñando el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,
código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes
de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada
de Colombia ante el Gobierno de Jamaica, que es un cargo que no se
encuentra relacionado en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de
2004, que de acuerdo con jurisprudencia unificada son los cargos que no
gozan de estabilidad laboral reforzada (…)”.
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Anotó que la protección constitucional de estabilidad laboral reforzada lo
cobija por tratarse de una persona en condición de discapacidad por
paraplejia y que es titular del derecho a que se le respete la permanencia
en el empleo, máxime cuando tiene la capacidad laboral para desempeñar
el cargo en el que fue nombrado. Como fundamento de ello citó la
sentencia T-041 del 4 de febrero de 2019 proferida por la Corte
Constitucional.
Mencionó que la protección de los derechos fundamentales invocados y la
primacía de las normas constitucionales que garantizan dichos derechos,
obligan a inaplicar el artículo 91 del Decreto 274 de 2000 y a reconocer
la ineficacia de la carta de renuncia y la falta de fundamento fáctico del
Decreto 1888 del 14 de septiembre de 2022, al aceptar una renuncia que
no es voluntaria y que, a su juicio, termina siendo un despido.
Expuso que en virtud del artículo 13 de la Constitución Política, el artículo
26 de la Ley 361 de 1997 prohíbe a los empleadores despedir a sus
trabajadores en condición de discapacidad, a menos que cuenten con la
autorización de la oficina de trabajo.
Precisó que, aunque la entidad empleadora no expidió un acto
administrativo de despido, la aceptación de una renuncia contraria a su
voluntad reviste las características propias de un despido.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. Por auto del 4 de octubre de 20222 el Juzgado 44 Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Bogotá ordenó remitir el expediente a
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esta Corporación por considerar que la acción de tutela también estaba
dirigida en contra de la Presidencia de la República.
3.2. El conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección A, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, despacho del Consejero de Estado Rafael
Francisco Suárez Vargas, que, por auto del 7 de octubre de 20223,
inadmitió la petición de amparo con el fin de que se aclarara si también
se encontraba dirigida en contra de la Presidencia de la República y,
además, para que la parte actora o su abogado aportara el poder especial
con el lleno de los requisitos legales.
3.3. Mediante correo electrónico remitido a la Secretaría General de esta
Corporación el 12 de octubre de 20224, la parte actora señaló que la
acción de tutela también se dirigía contra la Presidencia de la República
por no haber dado respuesta de fondo a la solicitud de permanencia en el
cargo presentada el 29 de agosto de 2022.
3.4. Por auto del 20 de octubre de 20225, la Subsección A, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, requirió a la parte actora o a su abogado
para que aportara un nuevo poder especial otorgado por el señor
Clopatofsky en contra de las autoridades ahora accionadas. El poder
requerido fue allegado el 16 de noviembre de 20226.
3.5. En providencia del 24 de noviembre de 20227 se admitió la acción de
tutela, se requirió al accionante para que informara si tramitó y obtuvo el
reconocimiento de la pensión de invalidez y se ordenó notificar a la
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Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores, como
accionados8.
3.6. El 29 de noviembre de 20229 el apoderado del accionante informó (i)
que el señor Clopatofsky Ghisays no ha solicitado pensión de invalidez y
que a esa fecha no existía concepto médico de pérdida de capacidad
laboral; (ii) que el accionante se encuentra afiliado a Porvenir para optar
por la pensión de vejez, pero que este derecho aún no se ha causado por
no haber cumplido con la edad requerida, y (iii) que “(…) el accionante se
enteró de que PORVENIR sólo podía reconocer un retiro programado y,
basado en este conocimiento otorgó poder a una abogada para que
demande vía judicial el traslado del régimen de ahorro individual al de
prima media con prestación definida, con miras a lograr en realidad el
reconocimiento del derecho vitalicio a la pensión de vejez por parte de
COLPENSIONES (…)”.
3.7. El apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República presentó escrito vía correo electrónico10 en el que manifestó
que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad toda
vez que el accionante cuenta con otros mecanismos para atacar el Decreto
1888 de 2022, a través del cual se le aceptó la renuncia al cargo, como
son el recurso de reposición y el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Puntualizó que en este asunto no existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados teniendo en cuenta el alcance de la estabilidad
laboral reforzada de los servidores públicos que ocupan cargos de libre
nombramiento y remoción, como es el caso del accionante.
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Esta orden se cumplió el 28 de noviembre de 2022. Visto en el índice 23 de la Sede
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Expuso que, cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión
de vejez es la edad, en caso de desvinculación no se frustra el acceso a
la pensión de vejez, “(…) de allí que no haya lugar a considerar que la
persona sea beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de
prepensionable, dado que el requisito faltante, relativo a la edad, puede
ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente
(…)”.
3.8. Por auto del 14 de diciembre de 202211 la Subsección A, Sección
Segunda, de esta Corporación, vinculó, como tercero interesado, a la
persona que estuviera ocupando el cargo de embajador extraordinario y
plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del
Despacho de Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares,
adscrito a la embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica. Por lo
anterior, requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores para que
suministrara el nombre e identificación de la persona que estuviera
ocupando ese cargo y lo comisionó para que lo notificara de este trámite
constitucional.
3.9. El 19 de diciembre de 202212 la directora de Talento Humano del
Ministerio de Relaciones Exteriores informó que para ese momento nadie
estaba ocupando el cargo que ostentaba el accionante.
3.10. Por auto del 20 de enero de 202313, el Consejero Rafael Francisco
Suárez Vargas ordenó trasladar el expediente al despacho del magistrado
que continuara en turno, en atención a que el proyecto de sentencia fue
discutido en Sala de Subsección del 19 de enero de 2023 y no fue
aprobado por la mayoría.
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3.11. El Ministerio de Relaciones Exteriores guardó silencio frente al fondo
del asunto.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 2 de febrero de 2023, luego de realizar un estudio sobre la
normatividad relativa a la carrera diplomática y consular y sobre la
estabilidad laboral reforzada en cargos de libre nombramiento y remoción,
negó el amparo solicitado por el señor Jairo Raúl Clopatofsky14.
Para dilucidar el asunto sostuvo, en primer término, que el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho no resultaba eficaz en
este caso debido a que el accionante en el escrito de tutela invocó una
condición de discapacidad, la calidad de prepensionado y, además, que
es padre cabeza de familia, circunstancias que ameritan un análisis de
fondo.
Señaló que, pese a que el accionante solicitó el reintegro a su cargo como
embajador porque considera que goza de la garantía de estabilidad
reforzada por sus particulares condiciones previamente referidas, dicha
pretensión no tiene vocación de prosperidad dada la naturaleza jurídica
del trabajo que desempeñaba y los temas de alta política de Estado que
desarrollan los embajadores, convirtiéndolos en empleos de extrema
confianza que dependen del Presidente de la República y del gobierno
nacional en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Expuso que la potestad nominadora del Presidente de la República al
momento de designar a los embajadores es muy amplia porque se trata
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Visto en el índice 43 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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de servidores públicos que hacen las veces de emisarios y portavoces del
país ante gobiernos extranjeros y organismos de nivel internacional.
Anotó que limitar la facultad discrecional del Presidente de la República
de nombrar a los funcionarios que representarán al gobierno nacional
sería restringir el ejercicio de sus decisiones dentro del poder ejecutivo,
así como las determinaciones políticas que se tomen a nivel internacional
en cumplimiento de los principios que rigen el concepto de soberanía.
Insistió en que la naturaleza de las funciones atribuidas al servicio
exterior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las misiones
diplomáticas y consulares ameritan un sistema diferente que se adecúe
con las funciones previstas por la Constitución Política, pues están
previstas para desarrollar en forma sistemática y coordinada todas las
actividades relativas al estudio y ejecución de la política internacional de
Colombia, la representación de los intereses del Estado colombiano y la
tutela de los intereses de sus nacionales ante los demás estados, las
organizaciones internacionales y la comunidad internacional.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que la aceptación de la renuncia
a un cargo de embajador, que por mandato legal es de libre
nombramiento y remoción, no desconoce los derechos fundamentales de
esta clase de funcionarios.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, el señor Jairo Raúl
Clopatofsky Ghisays lo impugnó indicando dos motivos de inconformidad,
así15:
En cuanto al primero, manifestó que no está conforme con que “(…) las
afirmaciones que fundamentan la negativa del amparo constitucional se
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soporten en la presunción de que el accionante es inepto o incapaz para
seguir las determinaciones políticas a nivel internacional (…)”, para
ejecutar de manera coordinada los parámetros e instrucciones definidas
por el gobierno nacional y para representarlo sin menoscabar la soberanía
nacional.
Anotó que “(…) sin duda el amparo constitucional limita la facultad
nominadora del Presidente de la República, pero se trata de una limitación
que restringe de manera temporal la decisión de elección del poder
ejecutivo, pero que no implica en modo alguno restricciones a las
determinaciones políticas que se tomen a nivel internacional en
cumplimiento de los principios que rigen el concepto de soberanía. Asumir
como ciertas restricciones semejantes implica dar por cierta una
presunción en contra de la actitud, aptitud y capacidad del accionante
para acatar y desarrollar las determinaciones que tome el Gobierno
Nacional en materia internacional; la cual es una presunción imposible de
desvirtuar, por tratarse de un asunto de orden fáctico que sólo podría ser
dirimido con base en una evaluación del desempeño del accionante en el
ejercicio del cargo de embajador, claro está en caso de que se acceda al
amparo constitucional (…)”.
En cuanto al segundo motivo de inconformidad, señaló que en la sentencia
de primera instancia no se hizo una reflexión en torno a sus derechos y a
la facultad discrecional del Presidente de la República para nombrar sus
funcionarios sin limitación alguna.
Afirmó que la sentencia atacada evadió el estudio del derecho del
accionante al mínimo vital o a condiciones materiales que le permitan a
él y a su grupo familiar llevar una vida acorde con la dignidad humana, lo
cual, mencionó, quedaría garantizado con la expectativa legítima de
recibir pagos continuos y estables en desarrollo de la actividad productiva
que se vio interrumpida con la aceptación de una renuncia involuntaria.
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Adujo que la sentencia impugnada también omitió estudiar la dimensión
negativa del derecho al mínimo vital reconocido por la Corte
Constitucional, “(…) establecida en la Sentencia C-776 de 2003 como
límite que no puede ser transgredido por el Estado en lo concerniente a
la disposición de recursos materiales que la persona necesita para llevar
una existencia digna y en la Sentencia C-793 de 2009 en los siguientes
términos “el Estado debe asegurar, en primer lugar, las condiciones para
que las personas, de manera autónoma, puedan satisfacer sus
requerimientos vitales y ello implica que, mientras no existan razones
imperiosas, no puede el Estado restringir ese espacio de autonomía de
manera que se comprometa esa posibilidad de las personas de asegurar
por sí mismas sus medios de subsistencia” (…)”.
Precisó que la cuestión a la que no se refirió la sentencia de primera
instancia es la relativa a si en este caso la facultad nominadora del
Presidente de la República tiene fuerza jurídica suficiente para transgredir
el límite derivado de la dimensión negativa del derecho al mínimo vital,
o, en otras palabras, si existen razones para que la facultad nominadora
del Presidente de la República tenga primacía sobre el derecho del
accionante al mínimo vital o a condiciones materiales que le permitan a
él y a su grupo familiar llevar una vida acorde con la dignidad humana.
Por último, expresó que “(…) la expectativa legítima del accionante que
anima la instauración de la acción de tutela es la de mantener su
autonomía, para lo cual se requiere recibir ingresos por su trabajo y, no
la expectativa de adquirir un derecho a pensión, como se insinúa en la
sentencia. Sobre el particular resta señalar que el accionante no tiene
incertidumbre alguna y, tiene claro que cuando cumpla el requisito de
edad tendrá la pensión y un ingreso mensual para preservar su autonomía
y dignidad (…)”.
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Accionante: Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays
Por auto del 24 de febrero de 2023 se concedió la impugnación16 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 16 de marzo de 202317.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199118, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201519, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202120, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201921 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
6.2.1. El 4 de agosto de 2022 el señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 91 del Decreto 274 de 2000,
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Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05308 00.
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radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05308 01.
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El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
21
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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Accionante: Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays
presentó ante el entonces Presidente de la República, Iván Duque
Márquez, renuncia protocolaria a su cargo como embajador de Colombia
en Jamaica. Además, le puso en conocimiento que debido a determinadas
condiciones particulares se encontraba cobijado por la figura de la
protección constitucional establecida en la sentencia de unificación SU
0003 del 8 de febrero de 2018 y que era necesario que velara por la
correcta aplicación de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 199722.
6.2.2. El 29 de agosto de 2022, el accionante le solicitó al actual
Presidente, Gustavo Petro Urrego, que le permitiera permanecer en el
cargo hasta octubre de 2023, fecha para la cual alcanzaría los 62 años de
edad; lo anterior por cuanto se encontraba en la edad de prepensión o
estabilidad laboral reforzada y porque, conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para cualquier despido de una persona
en condición de discapacidad debe mediar autorización del Ministerio de
Trabajo23.
6.2.3. Mediante Decreto 1888 del 14 de septiembre de 2022, el Presidente
de la República de Colombia aceptó la renuncia presentada por el señor
Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays al cargo de Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del
Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y oficinas Consulares,
adscrito a la Embajada de Colombia ante el gobierno de Jamaica24.
6.2.4. Además, el accionante con el escrito de tutela aportó los siguientes
documentos25:
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Accionante: Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays
6.2.4.1. Historia clínica emitida por el Hospital Militar Central, de la que
se extrae que el 26 de diciembre de 1982 el señor Jairo Raúl Clopatofsky
Ghisays sufrió un accidente automovilístico que le ocasionó “traumatismo
raquimedular (Nivel sensitivo T10) Fx Apofisis espinosas de T7, T8, T9, y
T10 Fx por acuñamientos de T9”26.
6.2.4.2. Transferencias electrónicas efectuadas por la señora María del
Rosario Marín Fernández destinadas a pagar estudios de Mario
Clopatofsky Marín27, hijo del accionante y de la señora María del Rosario
Marín Fernández28.
6.2.4.3. Factura emitida por el colegio “Jesuites Lleida” dirigidas a María
del Rosario Marín Fernández, por concepto de servicios escolares del
alumno Mario Clopatofsky Marín por un valor de €506,50 euros29.
6.2.4.4. Contrato de arrendamiento entre Salvador Matías Capdevila
Gelonch, como parte arrendadora, y María del Rosario Marín Fernández
como arrendataria de un inmueble ubicado en Lérida, España30.
6.2.4.5. Documento del 27 de septiembre de 2022, en el que el señor
Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays hace constar que el único ingreso que tiene
es el salario que recibía del Ministerio de Relaciones Exteriores31.
6.2.4.6. Certificación del 27 de septiembre de 2022, expedida por el
Banco Davivienda, en la que consta que el señor Jairo Raúl Clopatofsky
Ghisays cuenta con un crédito con esa entidad bancaria por valor de
$532.844.082.19 pesos32.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Lo que se extrae del registro civil de nacimiento del señor Mario Marín Clopatofsky.
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
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Accionante: Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays
6.2.4.7. Declaración de renta del señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays33.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia del 2 de febrero de 2022, negó el amparo
solicitado por el señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays, bajo la
consideración que la aceptación de la renuncia al cargo de embajador,
que por mandato legal es de libre nombramiento y remoción, no
desconoce los derechos fundamentales de esta clase de funcionarios.
El accionante en el escrito de impugnación señaló que (i) no es de recibo
que el a quo haya fundamentado la negativa del amparo en la presunción
de que no tiene la capacidad de seguir las determinaciones políticas del
gobierno nacional a nivel internacional, aunado a que omitió analizar los
derechos fundamentales frente a la facultad discrecional del Presidente
de la República para nombrar sus funcionarios sin limitación alguna, y (ii)
que la sentencia de primera instancia no hizo un análisis sobre su derecho
al mínimo vital.
La Sala, atendiendo lo que es objeto de impugnación, estima que debe
confirmarse la decisión de primera instancia, por las siguientes razones:
En cuanto al primer reparo, el señor Clopatofsky Ghisays alega que la
decisión del a quo se fundamentó en la presunción de que no puede seguir
las determinaciones políticas del gobierno nacional a nivel internacional;
no obstante, la Sala advierte que lo señalado en la decisión de primera
instancia fue que el artículo 189 de la Constitución Política dispuso que
corresponde al presidente designar a los agentes diplomáticos y
consulares, que la función que desempeñan dichos agentes ha sido
definida por la jurisprudencia como delicada porque debe ser de absoluta
33
Ibidem.
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confianza y que por ello se permite que sean nombrados bajo la figura de
libre nombramiento y remoción. En la providencia atacada también se
sostuvo que la potestad nominadora del presidente de la República al
momento de designar a los embajadores es muy amplia porque se trata
de servidores públicos que hacen las veces de emisarios y portavoces del
país ante gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
En ese contexto y de la argumentación previamente referida, la Sala
comparte lo señalado por el a quo, en el sentido que los jefes de Estado
tienen una discrecionalidad razonable para la selección del personal de
jefes de misión diplomática, en la medida que son representantes del
gobierno nacional en el exterior. Ello no se debe entonces a que el Jefe
de Estado cuestione la capacidad del accionante para desempeñar sus
funciones, que no es el caso, sino que la discrecionalidad que a él le
corresponde deriva de la absoluta confianza que le inspira el designado
para el desempeño del cargo.
En torno a este primer reparo, el accionante también alega que no se
examinó la facultad discrecional del presidente de la República de
nombrar a sus funcionarios frente a los derechos fundamentales que
invocó en la acción de tutela. Al respecto, la Sala observa que, de lo
anotado en precedencia, este punto sí fue examinado por el a quo.
A dicho razonamiento es pertinente agregar que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, no hace parte del núcleo esencial del
derecho al trabajo “(…) la pretensión incondicional de ejercer un oficio o
cargo específico, en un lugar determinado ni la permanencia absoluta en
un cargo (…)”34.
Así mismo, el derecho fundamental a la estabilidad reforzada de las
personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud tampoco
34
Corte Constitucional. Sentencia T-611 del 8 de junio de 2001. M.P. Jaime Córdova
Triviño.
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está acreditado que resulte comprometido con la aceptación de la
renuncia que formuló el accionante, en la medida en que este derecho le
permite a los trabajadores permanecer en el puesto de trabajo y obtener
los beneficios salariales y prestacionales, si no existe una causa objetiva
que justifique el despido. La jurisprudencia constitucional ha señalado que
la estabilidad laboral no constituye un mandato de inmutabilidad de las
relaciones laborales y tampoco supone una prohibición absoluta para
terminar la relación laboral, sino que el objeto de protección de este
derecho es impedir que los contratos laborales sean terminados de forma
discriminatoria por causa del estado o condición de salud del empleado35.
En este caso, está acreditado que el actor renunció a su cargo como
embajador en Jamaica, en cumplimiento del artículo 91 del Decreto 274
de 2000, que dispone que los jefes titulares de las misiones diplomáticas
deberán presentar renuncia a sus cargos, al concluir el período
constitucional del Presidente de la República, bajo cuyo gobierno hayan
desempeñado su misión; lo que constituye una razón objetiva para la
aceptación de la renuncia protocolaria que presentó y demuestra que la
desvinculación del servicio no tuvo como causa su condición de salud, a
lo que se agrega que el accionante conocía desde el momento en que
asumió su función como embajador que debía renunciar por disposición
legal a la terminación del período presidencial bajo el que ejecutó su
misión.
En relación con el derecho a la seguridad social, se advierte que, si bien
el interesado en las pretensiones del escrito de tutela solicitó su
protección, en la impugnación manifestó que la expectativa que le motivó
a promover el amparo no fue la de obtener una pensión, puesto que,
como lo afirmó, cuando cumpla los requisitos de ley tendrá derecho a ella,
sino la de seguir devengando un salario.
Corte Constitucional. Sentencia T – 195 del 3 de junio de 2022. M.P. Paola Andrea
35
Meneses Mosquera.
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En cuanto al segundo de los reproches, consistente en que la sentencia
cuestionada no hizo un análisis sobre el derecho fundamental al mínimo
vital, se tiene que la primera instancia, luego de hacer un estudio sobre
la normatividad relativa a la carrera diplomática y consular y acerca de la
estabilidad laboral reforzada en cargos de libre nombramiento y remoción,
encontró que la aceptación de la renuncia presentada por el accionante
no vulneraba los derechos fundamentales invocados en la petición de
amparo, dentro de los que está el mínimo vital.
Con todo, la Sala advierte que no está acreditada la afectación al mínimo
vital del accionante, por las razones que pasan a explicarse:
La jurisprudencia constitucional ha indicado que le corresponde al
accionante demostrar la vulneración del mínimo vital, señalando qué
necesidades básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que
dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y
contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la
certeza de tal situación”36.
Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que para establecer si
frente a un determinado caso se ha vulnerado este derecho fundamental
“(…) el juez constitucional deberá verificar cuáles son
aquellas necesidades básicas o gastos mínimos elementales en cabeza del
individuo, indispensables para garantizar la salvaguarda de su derecho
fundamental a la vida digna, y evaluar si la persona está en capacidad de
satisfacerlos por sí mismo, o por medio de sus familiares (…)”37.
36
Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo
Escobar Gil.
37
Corte Constitucional. Sentencia T-678 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
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En el asunto bajo examen, se tiene que el señor Clopatofsky Ghisays
manifestó en el escrito de tutela que tiene a su cargo el sostenimiento y
manutención de su esposa y el de su hijo y que con los ingresos
provenientes del trabajo que desempeñaba como embajador en Jamaica
pagaba el arrendamiento de un inmueble por valor de €600 euros en
España, que asumía los costos de los estudios de su hijo y que,
adicionalmente, pagaba la cuota mensual de un crédito bancario por un
valor de $9.995.000.
Al respecto, la Sala observa que no está probado en el expediente de
tutela que el accionante asuma los pagos del canon de arrendamiento y
de los estudios de su hijo, por cuanto únicamente se allegó el contrato de
arrendamiento suscrito entre el arrendador y la mamá del hijo del señor
Clopatofsky, así como las facturas expedidas por el colegio a nombre de
la progenitora del hijo del accionante, sin que tales pruebas demuestren
lo dicho por el actor en el sentido que con el salario que devengaba como
embajador asume los referidos pagos.
Adicionalmente, la parte actora allegó transferencias electrónicas por
concepto de clases de catalán para su hijo, pero, según los comprobantes
aportados con el escrito de tutela, fueron efectuadas por la mamá de
aquel.
Al margen de lo dicho sobre la prueba, tampoco está acreditado que el
accionante no vaya a tener medios para sufragar tales gastos o que,
atendiendo la situación, no pueda adoptar las medidas que se requieran
para ajustar los costos que debe sufragar a unos montos que, si bien no
serían los mismos, le representen una vida digna.
Ahora, frente al crédito con la entidad bancaria, se advierte que se trata
de una obligación de tipo financiero y no está acreditado que esté
destinado para cubrir una necesidad básica, ni tampoco se probó que el
pago del crédito bancario constituya un gasto mínimo que garantice la
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vida digna del actor, o que el señor Clopatofsky no tenga la capacidad de
desempeñar otra labor que le proporcione los ingresos para atender dicha
obligación por sí mismo o a través de sus familiares.
Finalmente, tampoco está demostrado en el expediente que el señor
Clopatofsky asuma el sostenimiento de su esposa.
En atención a lo anterior, la Sala no encuentra acreditada la afectación al
mínimo vital, por lo que el segundo reproche expuesto por el accionante
tampoco está llamado a prosperar.
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 2 de febrero de 2023,
proferida por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado,
a través de la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 2 de febrero de
2023 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, según
lo explicado en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
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Accionante: Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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