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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05308-00

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05308-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado por el señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays en contra de la Nación – Ministerio 8 Ibídem. www.consejodeestado.gov.co 19 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-05308-00 Ac c i o n a n t e : J a i r o R a ú l C l o p a t o f s k y G h i s a y s de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de la República, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05308-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

2 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05308-00
Accionante: JAIRO RAÚL CLOPATOFSKY GHISAYS
Accionado: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y OTROS

Tema: Tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo, estabilidad laboral
reforzada y mínimo vital / normatividad relativa a la
carrera diplomática y consular / estabilidad laboral
reforzada en cargos de libre nombramiento y
remoción / naturaleza jurídica del cargo de
embajador / potestad nominadora del presidente de
la República

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jairo Raúl
Clopatofsky Ghisays, a través de apoderado1, en contra de la Nación –
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de la República.
La presente providencia se profiere, en atención a que la ponencia
presentada por el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas en la Sala
del 19 de enero de 2023 no fuera aprobada por esta Sala de
Subsección.

1 El abogado Carlos Fernando González Justinico.

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ACCIÓN DE TUTELA
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Ac c i o n a n t e : J a i r o R a ú l C l o p a t o f s k y G h i s a y s

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al trabajo,
estabilidad laboral reforzada y mínimo vital se fundamenta en los
siguientes:

1. HECHOS

El señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays, en el escrito contentivo de la
acción de tutela de la referencia, señaló como hechos principales que:

1.1. El 26 de diciembre de 1982 sufrió un accidente de tránsito que le
ocasionó una parálisis en sus miembros inferiores que «le causa
problemas en los órganos internos del bajo abdomen, en concreto
úlceras que vienen siendo tratadas y controladas por especialistas».

1.2. El 1.º de agosto de 2022 el médico especialista en infectología
Carlos Arturo Álvarez emitió concepto sobre sus problemas de salud en
el que indicó que padece múltiples infecciones de piel y tejidos blandos
en la región pélvica y osteomielitis del sacro, relacionadas con su
antecedente de trauma raquimedular; que durante el último año
presentó infección que requirió hospitalización para atención médico
quirúrgica; y destacó la necesidad de un adecuado manejo antibiótico
de las lesiones y exposición de tejidos blandos en la región glútea, con
supervisión de enfermería experta e infectología, por el alto riesgo de
sobreinfección, debido a la ubicación de la úlcera sacra, que de persistir,
se debe considerar la evaluación por cirugía plástica para cerrarla a
través de un procedimiento quirúrgico.

1.3. El 24 de agosto de 2022, el accionante, quien se desempeñaba
como embajador extraordinario y plenipotenciario código 0036, grado

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25, de la planta de personal del despacho de los jefes de misiones
diplomáticas y oficinas consulares, adscrito a la Embajada de Colombia
ante el gobierno de Jamaica, presentó renuncia protocolaria, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto Ley 274 de
2000.

1.4. Con fundamento en el derecho a la estabilidad laboral reforzada
consagrado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el 29 de agosto de
2022 radicó ante el presidente de la República una solicitud de
permanencia en el cargo o su vinculación en otro de igual jerarquía
hasta octubre de 2023, fecha en la cual cumple con los requisitos para
acceder la pensión de jubilación.

1.5. A través del Decreto 1888 del 14 de septiembre de 2022, el
Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó la renuncia protocolaria el
accionante a partir del 1°. de octubre de 2022 y, posteriormente, por
medio de mensaje electrónico remitido el 19 de septiembre de 2022, le
puso en conocimiento el acto administrativo y le solicitó la entrega del
cargo de conformidad con lo establecido en la Resolución 3711 del 18
de junio de 2015, con advertencia de aplicación de sanciones en caso
de no hacerlo.

1.6. Desde que comenzó a desempeñar el cargo enunciado él y su
núcleo familiar tienen garantizada la atención en salud con la póliza
colectiva núm. 23029462 tomada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores con Allianz Seguros de Vida S.A.; sin embargo, esta última
le notificó el retiro del beneficio.

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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que al aceptársele la renuncia protocolaria
a la Embajada de Colombia ante el gobierno de Jamaica se le vulneraron
sus derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada y
mínimo vital por la especial protección constitucional de la cual goza
dada su condición de debilidad manifiesta. Aunado a que, pese a
tratarse de un empleo de libre nombramiento y remoción, tiene dicha
prerrogativa en atención a que el cargo que venía desempeñando no
se encuentra relacionado en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909
de 2004.

Indica que, según el artículo 13 de la Constitución Política y el artículo
36 de la Ley 361 de 1997, los empleadores no pueden despedir a los
trabajadores en condición de discapacidad ni, como sucede en este
caso, aceptarle una renuncia contraria a su voluntad, pues, dada su
condición, es una persona sujeta a un trato discriminatorio positivo que
busca garantizar la eficacia de sus derechos y, en consecuencia, debe
avalarse la procedencia excepcional del reintegro solicitado.

Finalmente, señala que no tiene ingresos distintos a los generados con
su trabajo personal; que es padre cabeza de familia y tiene a su cargo
el sostenimiento y manutención de su esposa y su hijo de nacionalidad
española, nacido el 24 de octubre de 2005, actualmente estudiante;
por lo que con el ingreso proveniente de su trabajo cubre, entre otros,
los costos de vivienda, educación y pago de obligaciones crediticias.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

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«PRIMERA: Conceder la tutela a favor de JAIRO RAÚL CLOPATOFSKY
GHISAYS de sus derechos constitucionales a la estabilidad reforzada por su
condición de vulnerabilidad manifiesta, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo
vital, que se verá́ vulnerados inevitablemente a partir del 1 de octubre de 2022, fecha
a partir de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó la renuncia
protocolaria al cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036,
grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el
Gobierno de Jamaica.

SEGUNDA: Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores inaplicar el artículo 91
del Decreto- Ley 274 de 2000 a la situación administrativa de JAIRO RAÚL
CLOPATOFSKY GHISAYS, tener por no valida la carta de renuncia presentada en
cumplimiento de esta norma y, en consecuencia, dejar sin efecto alguno el Decreto
1888 del 14 de septiembre de 2022.

TERCERA: Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores el reintegro inmediato
de JAIRO RAÚL CLOPATOFSKY GHISAYS, al cargo de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal
del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito
a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica, o a otro de similar jerarquía
hasta octubre de 2023, fecha en que quedará garantizado del derecho a la fuente de
ingresos generada en el reconocimiento al derecho a pensión.

CUARTA: Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores pagar a JAIRO RAÚL
CLOPATOFSKY GHISAYS salarios y prestaciones, sin solución de continuidad.».
(sic en toda la cita).

4. INFORMES

4.1. La presente acción de tutela fue remitida por el Juzgado 44 Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, mediante auto
del 4 de octubre de 2022, al considerar que se dirige, además del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en contra de la Presidencia de la
República.

4.2. El proceso correspondió al Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección A, despacho del consejero Rafael Francisco Suárez
Vargas.

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4.3. Mediante auto del 7 de octubre de 2022, se dispuso requerir a la
parte actora o al abogado, señor Carlos Fernando González Justinico,
para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de esa
providencia, allegara: i) poder especial con el lleno de los requisitos
legales y ii) memorial aclaratorio en el que manifieste si la presente
acción también se encuentra dirigida en contra de la Presidencia de la
República, en razón de la ausencia de respuesta coherente y de fondo
a la solicitud presentada el 29 de agosto de 2022, o frente a cualquier
otra acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales del
accionante.

4.4. A través de memorial, la parte accionante indicó que la acción de
tutela también se dirige contra la Presidencia de la República por no
haber dado una respuesta de fondo de manera directa o indirecta, a la
solicitud de permanencia en el cargo, presentada el día 29 de agosto
de 2022 bajo radicado No. 343809-CO y adjuntó el poder otorgado por
el accionante; sin embargo, el despacho sustanciador, ante la
imposibilidad de visualizar el documento anexo, el 20 de octubre de
igual anualidad, requirió de nuevo al tutelante para que allegara el
poder especial otorgado por el señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays,
contra las autoridades ahora accionadas, en un archivo electrónico que
permita su verificación.

4.5. Una vez atendido el requerimiento, el 24 de noviembre de 2022
se admitió la acción de tutela, se solicitó al apoderado que informara si
el señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays tramitó y obtuvo
reconocimiento de pensión de invalidez y se ordenó notificar como
accionados a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que dentro del término de dos días, y en uso de su
derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

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4.6. Mediante auto del 14 de diciembre de 2022 el magistrado
sustanciador dispuso lo siguiente:

«Primero. Requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de esta providencia, suministre
el nombre, número de identificación y dirección de notificación de la persona que
actualmente ocupa el cargo ostentado por el señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays,
como embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la
planta de personal del Despacho de Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, adscrito a la embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica.

Segundo. Comisionar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, de acuerdo
con sus bases de datos, notifique del presente trámite constitucional al funcionario
que actualmente ocupe el cargo que encabezaba el señor Jairo Raúl Clopatofsky
Ghisays. La persona a notificar será vinculada como tercero interesado en las
resultas de este proceso. La copia de la notificación deberá ser allegada con destino
a este despacho y expediente.

Tercero. Remitir copia de la solicitud de tutela al tercero interesado a notificar a
través de la comisión ordenada en el numeral segundo de esta providencia, para
que proceda a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tiene, y a rendir el
respectivo informe dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la
presente providencia».

En respuesta al requerimiento anterior, la directora de talento humano
del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que en la actualidad
ninguna persona ocupa el cargo de embajador de Colombia en Jamaica.

4.7. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
mediante apoderado, solicitó su desvinculación por falta de legitimidad
en la causa por pasiva.

Sostuvo que el cargo desempeñado por el accionante es de libre
nombramiento y remoción por lo que no goza de estabilidad laboral
reforzada de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional,
según la cual cuando el único requisito para acceder a la pensión de

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vejez es el de la edad, no hay lugar a que la persona sea beneficiaria
del fuero en mención, como sucede en el presente caso.

Asimismo, indicó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad,
puesto que el accionante «para eliminar los actos administrativos de
carácter particular», que para el caso es el Decreto 1888 de 2022,
cuenta con el recurso de reposición, para ser agotado de manera
previa, antes de acudir al medio de control previsto en el artículo 138
del CPACA; además, no se acredita la configuración de un perjuicio
irremediable.

4.8. No se rindieron más informes.

5. TRÁMITE PROCESAL

En atención a que el proyecto de sentencia fue discutido en la Sala de
Subsección del 19 de enero de 2023 y no fue aprobado por la mayoría
como lo exige el inciso primero del artículo 54 de la Ley 270 de 1996,
se ordenó, a través de auto de 20 de enero de 2023, trasladar el
expediente al despacho del magistrado que continúa en turno para lo
de su cargo.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

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«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia
de la República vulneraron los derechos fundamentales al
trabajo, estabilidad laboral reforzada y mínimo vital del
accionante, al aceptarle la renuncia en el cargo de embajador
extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la
planta de personal del despacho de los jefes de misiones
diplomáticas y oficinas consulares, adscrito a la Embajada de
Colombia ante el gobierno de Jamaica?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) las generalidades de la acción de tutela, ii) normatividad
relativa a la carrera diplomática y consular, iii) la estabilidad laboral
reforzada en cargos de libre nombramiento y remoción iv) el caso
concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.° del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «toda

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persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.

3.2. NORMATIVIDAD RELATIVA A LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y
CONSULAR

La Constitución Política de 1991 designó en cabeza del presidente de la
República la facultad para dirigir las relaciones internacionales y
nombrar a los agentes diplomáticos y consulares. Por dicho mandato,
el jefe de Estado está investido para desplegar la potestad nominadora
a través de la figura del libre nombramiento y remoción de los
embajadores extraordinarios y plenipotenciarios guardando el respeto
por las normas nacionales e internacionales que rigen el empleo.

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Lo anterior fue consignado en el artículo 189 constitucional, según el
cual:

«ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

[…]

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y
consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y
entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la
aprobación del Congreso.

[…]».

En virtud de ello y en ejercicio de las facultades extraordinarias que le
confirió el artículo 1, numeral 6 de la Ley 573 de 2000, el presidente
de la República expidió el Decreto Ley 274 del 2000, por medio del cual
se reglamentó el Servicio Exterior de la República de Colombia y la
Carrera Diplomática y Consular aplicables a los empleados públicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores que ejerzan funciones para el
servicio exterior, dentro o fuera de la República de Colombia y
pertenezcan o no a este sistema de carrera.

En los artículos 5 y 6 de dicha disposición normativa se clasificaron los
cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores como de (i) libre
nombramiento y remoción; (ii) carrera diplomática y consular y (iii)
carrera administrativa. Asignándosele a los embajadores la connotación
de ser de libre nombramiento, a saber:

«ARTÍCULO 6. Cargos de Libre Nombramiento y Remoción. Son cargos de libre
nombramiento y remoción los siguientes:

[…]

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PARÁGRAFO 1. El cargo de Embajador será, así mismo, de libre nombramiento
y remoción del Presidente de la República.

En consecuencia, para ser Embajador ante un Gobierno o Representante
Permanente ante un Organismo Internacional, no será requisito pertenecer a la
Carrera Diplomática y Consular.

El cargo de Cónsul General Central, que también es de libre nombramiento y
remoción, se asimila para los efectos de este Decreto al cargo de Embajador.

Sin embargo, se mantendrá en la Planta Externa un 20% del total de cargos de
Embajador con el fin de designar en dichos cargos a funcionarios de la Carrera
Diplomática y Consular, a medida que se presenten las vacantes».

Lo anterior no significa que la carrera diplomática esté en contradicción
con el sistema de carrera administrativa que rige, por regla general, los
empleos en el sector público, sino que ello obedece a la discrecionalidad
razonable y necesaria que le corresponde al jefe de Estado para
designar a sus agentes internacionalmente, por cuanto se entiende que
los embajadores se desempeñan como agente directos del presidente
en el servicio exterior, situación que, según lo fijado por la
jurisprudencia2, determina la confianza que en ellos recae por parte del
primer mandatario.

Sobre esto, la Corte Constitucional, al momento de estudiar la
constitucionalidad del Decreto Orgánico del Servicio Exterior y de la
Carrera diplomática y Consular, expuso:

«De ahí que la Corte, en consideración al carácter de agentes directos del
Presidente que tienen los jefes de misión diplomática, no encuentra que la
vinculación de éstos por libre nombramiento y remoción viole el artículo 125 de
la Carta, por cuanto el inciso primero del citado artículo permite dicho sistema;
además, por razones lógicas, debe entenderse que cuando el artículo 189 superior
le otorga al Presidente la potestad de "nombrar a los agentes diplomáticos y

2 Consejo de Estado – Sección Quinta. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Demandante: Antonio Eresmid Sanguino Páez.

Demandado: Jaime Castro Castro, embajador extraordinario y plenipotenciario. Radicado: 25000-23-41-000-2019-
00903-01.

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consulares", dicha nominación la puede hacer libremente, y revocarla de igual
manera, en atención a su carácter. Debe señalarse, por lo demás que, por otro lado,
también los ministros del Despacho y los directores de los Departamentos
Administrativos, son agentes del presidente de la República en su respectiva
dependencia, bajo cuya dirección les corresponde formular las políticas atinentes
a su Despacho (Art. 208 C.P.), y por tanto son de libre nombramiento y remoción
(Art. 189-1), acto en el cual el presidente obra igualmente en su calidad de jefe del
Estado3».

Por lo anterior, desde la perspectiva constitucional, se entiende que la
discrecionalidad propia del jefe de Estado es una manifestación
necesaria de la naturaleza eminentemente política de su
función, e implica un acto de soberanía en el Estado, frente a los
demás Estados y organismos internacionales con los cuales
Colombia mantiene relaciones.

Lo anterior significa que la naturaleza jurídica del empleo de embajador
es ser de libre nombramiento y remoción, sin que por ello se pueda
entender que no le es permitido a los miembros de carrera diplomática
y consular ocupar dichas plazas, dado que, conforme a las normas que
rigen la materia, las mismas deben ser destinadas en una proporción
de 20 % a funcionarios escalafonados, quienes pueden ocupar el cargo,
pero aun así su permanencia en éste depende de las necesidades del
servicio.

3.3. LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN CARGOS DE
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

Los empleos de libre nombramiento y remoción son aquellos cuyo
ejercicio implica especial confianza pues tienen asignadas funciones de
asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio
directo e inmediato de los altos funcionarios del Estado, siempre y

3 Sentencia C-129 de 1994. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

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cuando, tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos
despachos. Esta categoría incluye aquellos empleos de «especial
confianza» que se encuentran adscritos a los despachos de algunos de
los órganos que integran la primera categoría en la administración
central y descentralizada del nivel nacional, en la administración central
y órganos de control del nivel territorial, y en la administración
descentralizada del nivel territorial.

La anterior categoría incluye, además, en la Administración Central del
Nivel Nacional, algunos empleos adscritos a los despachos de algunos
servidores públicos de los órganos de seguridad, como la Policía
Nacional y Fuerzas Militares, en razón de la necesaria confianza intuitu
personae requerida en quienes los ejerzan, dado el manejo que debe
dársele a los asuntos sometidos al exclusivo ámbito de la reserva, del
orden público y de la seguridad nacional; los empleos del servicio
administrativo en el exterior con nacionalidad diferente de la
colombiana y al personal de apoyo en el exterior adscritos al Ministerio
de Relaciones Exteriores; y, finalmente, en el Congreso de la República,
los previstos en la Ley 5ª de 1992.

Ahora bien, en los eventos en que haya lugar a la protección laboral
reforzada por «prepensión», que está encaminada a proteger la
expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez ante su
posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del
empleo, se ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la
cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, para consolidar los requisitos que le faltaren para acceder a
dicha prestación.

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No obstante, la Corte Constitucional4 ha establecido que cuando el
único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de
edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de
semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona es
beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de
prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser
cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En
estos casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays en contra de la Nación – Ministerio
de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de la República, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo,
estabilidad laboral reforzada y mínimo vital, ocurrida con ocasión de la
aceptación de la renuncia protocolaria que presentó frente al cargo de
embajador extraordinario y plenipotenciario código 0036, grado 25 de
la planta de personal del despacho de jefes de misiones diplomáticas y
oficinas consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el
gobierno de Jamaica.

El accionante considera que su retiro como embajador quebranta la
garantía constitucional de la estabilidad laboral reforzada, pese a que
es un cargo de libre nombramiento y remoción, pues se trata de un
sujeto de especial protección constitucional por encontrarse en una
situación de debilidad manifiesta como persona en condición de
discapacidad y por estar próximo a cumplir con los requisitos para
pensionarse. Asimismo, indica que es padre cabeza de familia y que su

4 Sentencia SU-003 de 2018. Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido.

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esposa y su hijo de nacionalidad española, quien se encuentra
estudiando, dependen económicamente de él.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. En primer lugar, frente a la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo para resolver lo planteado por el accionante, es necesario
precisar lo siguiente:

i. El señor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays solicita el reintegro al cargo
de embajador extraordinario y plenipotenciario código 0036, grado 25
de la planta de personal del despacho de jefes de misiones diplomáticas
y oficinas consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el
gobierno de Jamaica que desempeñó hasta antes del 1.° de octubre de
2022.

ii. Mediante el Decreto 1888 del 14 de septiembre de 2022, el
presidente de la República de Colombia, aceptó la renuncia presentada
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 del Decreto Ley 274
de 2000.

iii. La presunción de legalidad de dicho acto administrativo es
susceptible de ser estudiada a través de otros mecanismos
contemplados en el ordenamiento jurídico que desplazarían a la tutela
como acción subsidiaria.

Sin embargo, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, a través del cual sería posible obtener un pronunciamiento
sobre la constitucionalidad y legalidad del acto administrativo que le
aceptó la renuncia protocolaria, no resulta eficaz porque se invoca una
condición de discapacidad, sumada a la de prepensionado y padre

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cabeza de familia, circunstancias que ameritan un análisis de fondo del
presente asunto.

En virtud de lo anterior, se procederá con el análisis de fondo de los
argumentos planteados a efectos de estudiar si existe una vulneración
de los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada
y mínimo vital del accionante.

4.2. De conformidad con el recuento normativo efectuado previamente
en los fundamentos de la decisión, se evidencia que para el
ordenamiento jurídico nacional los agentes directos del presidente de
la República prestan un servicio que corresponde de forma intrínseca
con sus funciones como jefe de Estado, es decir, tienen el carácter de
«funcionarios políticos»5. Esta categoría define a quienes representan
la vocería del gobierno nacional en asuntos de particular trascendencia
social, económica y política que van ligados a la soberanía del Estado
en materia de relaciones exteriores.

En ese orden de ideas, desde el artículo 189 de la Constitución Política
de 1991 se estableció que es tarea del presidente designar a los
agentes diplomáticos y consulares, función que ha sido definida por la
jurisprudencia como «delicada»6 porque debe ser de absoluta confianza
y por tanto se permite que los trabajadores sean nombrados bajo la
figura de libre nombramiento y remoción.

En el asunto bajo estudio se advierte con claridad que, pese a que el
accionante solicita su reintegro al cargo de embajador porque considera
que goza de la garantía de estabilidad laboral reforzada por condiciones

5 Consejo de Estado – Sección Quinta. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Demandante: Antonio Eresmid Sanguino Páez.

Demandado: Jaime Castro Castro, embajador extraordinario y plenipotenciario. Radicado: 25000-23-41-000-2019-
00903-01.
6 Ibídem.

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particulares ya citadas previamente, esta pretensión no tiene vocación
de prosperidad dada la naturaleza jurídica del trabajo que desempeña
y los temas sensibles de alta política de Estado que desarrollan los
embajadores, convirtiéndolos en empleos de extrema confianza que
dependen del presidente de la República y del gobierno nacional en
cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al respecto, como ya se ha enunciado en el cuerpo de la presente
providencia, la potestad nominadora del presidente de la República al
momento de designar a los embajadores es muy amplia porque se trata
de servidores públicos que hacen las veces de emisarios y portavoces
del país ante gobiernos extranjeros y organismos de nivel internacional.

Lo anterior guarda relación directa con el ejercicio de las funciones que
cumple el presidente de la República, pues limitarle la facultad
discrecional de nombrar a los funcionarios que representarán al
gobierno nacional sería restringir el ejercicio de sus decisiones dentro
del poder ejecutivo, así como las determinaciones políticas que se
tomen a nivel internacional en cumplimiento de los principios que rigen
el concepto de soberanía.

Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que:

«Sería absurdo que un Jefe de Estado no pudiera escoger a sus colaboradores más
directos en el desempeño de su función como director de las relaciones
internacionales, es decir, de los ejecutores de su política en este campo. Sería tanto
como limitarle los medios aptos para la consecución del fin que la Constitución le
señala en esta materia. Esta es la razón por la cual a todos los jefes de Estado, en
el concierto internacional, se les otorga una discrecionalidad razonable para la
selección del personal de jefes de misión diplomática7».

7 Sentencia C-129 de 1994. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

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En ese sentido, es menester insistir en que la naturaleza de las
funciones atribuidas al servicio exterior, al Ministerio de Relaciones
Exteriores y a las misiones diplomáticas y consulares ameritan un
sistema diferente y que se adecúe con las funciones previstas por la
Constitución Política, pues estas están previstas para desarrollar en
forma sistemática y coordinada todas las actividades relativas al
estudio y ejecución de la política internacional de Colombia, la
representación de los intereses del Estado colombiano y la tutela de los
intereses de sus nacionales ante los demás estados, las organizaciones
internacionales y la comunidad internacional8.

En este orden de ideas, la aceptación de la renuncia a un cargo de
embajador, que por mandato legal es de libre nombramiento y
remoción, no desconoce los derechos fundamentales de esta clase de
funcionarios, situación que impone negar el amparo solicitado mediante
la acción de tutela presentada por el señor Jairo Raúl Clopatofsky
Ghisays en contra de la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y
de la Presidencia de la República.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado por el señor Jairo Raúl
Clopatofsky Ghisays en contra de la Nación – Ministerio

8 Ibídem.

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de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de la
República, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Con salvamento de voto
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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