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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06077-01

Fecha
19 de mayo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06077-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 2 de febrero de 2023 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06077-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

19 de mayo de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01
Accionante: José Rafael Quessep Feria

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06077-01
Accionante: JOSÉ RAFAEL QUESSEP FERIA
Accionado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
SINCELEJO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora pretende reabrir la
controversia resuelta por el juez natural.

La acción de tutela es improcedente por no cumplir el
requisito de subsidiariedad cuando la parte actora
cuestiona una etapa procesal anterior a la sentencia
y no se ejercieron los medios de defensa ordinarios
previstos por el ordenamiento jurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor José Rafael
Quessep Feria en contra del fallo de tutela proferido el 2 de febrero de
2023 por la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante promovió acción de tutela en contra de las sentencias
proferidas el 11 de mayo de 2020 y el 27 de septiembre de 2022,
respectivamente, por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de

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Accionante: José Rafael Quessep Feria

Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre; para ello formuló las
siguientes pretensiones1:

“[…] 1) Que mediante sentencia se me tutelen mis derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva.

2) Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos las sentencias de
primera y segunda instancia y se ordene fallar de fondo con base en las
pretensiones de nulidad de los actos administrativos contenidos en la
publicación del resultado de análisis de antecedentes de la experiencia y
la Resolución 1212 del 27-06-2016.

3) Que se ordene que la sentencia del Consejo de Estado de fecha 30-07-
2021 y sus reglas de interpretación sean de obligatoria aplicación. […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que participó en el concurso de méritos convocado
por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Resolución 040
de 2015, convocatoria 007-2015, para el cargo de Procurador Judicial II
de Familia.

Sostuvo que superó las etapas del proceso de selección, esto es, el
examen de conocimientos, la prueba comportamental y la calificación de
la experiencia para el cargo; no obstante, señaló que obtuvo solo 7 puntos
en la calificación de la experiencia, debido a que no le tuvieron en cuenta
una especialización en derecho procesal civil y una maestría en derecho.

Afirmó que presentó recurso de reposición en contra del acto
administrativo que publicó el resultado del análisis de la experiencia,
correspondiente al área de derecho de familia, y que, por Resolución 1212
del 27 de junio de 2016, la Procuraduría General de la Nación lo confirmó.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.
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En atención a lo anterior, señaló que presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la
Nación, con el fin de que se declarara la nulidad del acto que publicó el
resultado de la valoración de la experiencia, y de la Resolución 1212 del
27 de junio de 2016, que confirmó el puntaje inicialmente publicado, así
como la nulidad parcial de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.

Aseveró que el conocimiento del proceso, al que se le asignó el número
de radicación 70001 33 33 007 2017 00181 00, le correspondió al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, que, por auto del 25 de
agosto de 2017, admitió la demanda.

Indicó que, por auto del 16 de agosto de 2018, la referida autoridad
judicial vinculó al proceso a todas las personas que integraban la lista de
elegibles, que una integrante de lista y la Procuraduría General de la
Nación contestaron la demanda y que propusieron las excepciones previas
de caducidad y falta de agotamiento del requisito de la conciliación
extrajudicial. Manifestó que, el 31 de julio de 2019, el juzgado declaró la
ineficacia del referido auto y tuvo a los integrantes de la lista como
terceros.

Expresó que, el 28 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la audiencia
inicial y en la etapa de saneamiento no se advirtió ninguna irregularidad;
además, se declaró no probada la excepción de caducidad del medio de
control presentado en contra del acto que publicó el resultado de la
valoración de la experiencia y de las Resoluciones nros. 1212 del 27 de
junio de 2016 y 040 del 20 de enero de 2015, proferidas por la
Procuraduría General de la Nación.

Manifestó que, en sentencia proferida el 11 de mayo de 2020, el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo declaró que “(…) los
actos administrativos demandados no son pasibles de control judicial por
tratarse de actos de trámite respecto de los cuales no procede un

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pronunciamiento de fondo (…)”, y, frente a la Resolución 040 de 2015,
consideró que había operado la caducidad.

Anotó que presentó recurso de apelación en contra de la precitada
decisión, que fue resuelto mediante sentencia del 27 de septiembre de
2022, por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el sentido de
confirmarla.

Consideró que las sentencias proferidas por las autoridades judiciales
accionadas lo “(…) coloca en una situación irreparable y dejando como
única alternativa la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable
(…)”.

Advirtió que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo
incurrió en defecto procedimental, debido a que (i) si consideraba que los
actos demandados no eran susceptibles de control judicial debió inadmitir
la demanda y no admitirla; (ii) declaró no probadas la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentado en contra del acto que publicó el resultado de la valoración de
la experiencia y de las Resoluciones nros. 1212 del 27 de junio de 2016 y
040 del 20 de enero de 2015, proferidas por la Procuraduría General de
la Nación; (iii) “(…) dicta un auto antes de la audiencia inicial, dejando sin
eficacia la integración del contradictorio y señala que el acto
administrativo de control es el demandado refiriéndose a la Resolución
344 de julio de 2016, lo cual denota ausencia de control del proceso, pues
ese nunca fue el acto administrativo demandado (…)”; (iv) en la etapa de
saneamiento de la audiencia inicial no advirtió ninguna irregularidad; (v)
en la sentencia no tuvo en cuenta la fijación del litigio efectuada en la
audiencia inicial.

Respecto del Tribunal Administrativo de Sucre, adujo que, al admitir el
recurso de apelación, no hizo un control previo, “(…) pues nunca se
percató de todos los defectos señalados en el recurso de apelación.

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Guardó silencio sin sanear o decretar una nulidad por los excesos
procedimentales cometidos por la primera instancia. No controló el
defecto por omisión y no garantizó el debido proceso (…)”.
Adicionalmente, señaló que, para resolver, no tuvo en cuenta la sentencia
del 30 de julio de 2021, dictada por esta Corporación en el proceso
radicado con el nro. 11001 03 25 000 2015 00366 00.

Agregó que, con la providencia cuestionada, el tribunal accionado incurrió
en defecto sustantivo porque la respuesta al problema jurídico principal
estuvo errada y mal argumentada, al no advertir que los actos
demandados sí eran susceptibles de control judicial.

Expresó que el tribunal también incurrió en defecto sustantivo al
interpretar de manera indebida el artículo 43 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que los actos
administrativos cuestionados en el proceso ordinario decidieron de forma
directa el fondo del asunto al no valorar los títulos académicos. En otros
términos, consideró que los actos demandados ante el juez ordinario
tienen el carácter de definitivos porque decidieron su puntaje y ubicación
en la lista de elegibles.

Anotó que las decisiones cuestionadas vulneraron el artículo 228 de la
Constitución Política, por cuanto “(…) el operador judicial solo pensó en la
realización del derecho procesal y no observó la dimensión sustancial de
la norma que gobierna el caso, como lo es el art. 43 del C.C. A. y de P.A
(…)”.

Sostuvo que en la providencia que ataca, el Tribunal Administrativo de
Sucre desconoció la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro
del proceso 2012-00680, sin especificar la fecha ni la sección que la
profirió, que permite establecer que el acto administrativo que contiene y
publica los resultados de una prueba de antecedentes de la experiencia

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para un concurso de méritos para proveer cargos, son actos definitivos y,
por tanto, pasibles de control judicial.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. El conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección B, Sección
Tercera, del Consejo de Estado, que, por auto del 22 de noviembre de
20222, admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Sincelejo y al Tribunal Administrativo de
Sucre, así como vincular, en calidad de tercero con interés, a la
Procuraduría General de la Nación y a la señora Tania Rocío Pacheco
Arriera3.

Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo de Sucre para que
remitiera el expediente radicado con el nro. 70001 33 33 007 2017 00181
00/014.

3.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, ponente de la
decisión de segunda instancia del proceso ordinario, rindió informe5, en
el que manifestó que el accionante “(…) no esboza argumento alguno que
determine que el asunto tiene relevancia constitucional ni la relación
causa-efecto en que hace consistir la vulneración alegada, en especial, la
afectación de bienes ius fundamentales (…)”.

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Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.
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Esta orden se cumplió el 25 de noviembre de 2023. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
06077 00.
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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.
5
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01
Accionante: José Rafael Quessep Feria

Alegó que, en la acción de tutela, el señor Quessep Feria reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto en contra
de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario, que hacían
alusión a que los actos administrativos demandados sí eran pasibles de
control judicial y que fueran valorados los títulos académicos para el cargo
que aspiró y, en consecuencia, fuera reclasificado en la lista de elegibles,
lo que, anotó, fue objeto de análisis por parte del juez natural.

Sostuvo que la decisión adoptada se fundamentó en la sentencia del 15
de octubre de 2019, proferida por la Subsección B, Sección Segunda, del
Consejo de Estado.

Advirtió que el actor pretende utilizar la tutela como una instancia
adicional para reabrir un debate judicial “(…) siendo que sobre los actos
definitivos en materia de concursos el tema ha sido zanjado por el Consejo
de Estado, incluso, en lo tocante al concurso de procuradores judiciales
(…)”.

3.3. El apoderado de la Procuraduría General de la Nación presentó escrito
vía correo electrónico6, en el que solicitó negar la acción de tutela por no
existir vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Advirtió que se atiene a las decisiones que se profirieron y que está en
desacuerdo con lo planteado por el accionante en el escrito de tutela.

Sostuvo que el acto pasible de control judicial era la Resolución 344 del 8
de julio de 2016, por medio de la cual se estableció la lista de elegibles
dentro de la convocatoria 007 de 2015, y no los actos administrativos
mediante los cuales se le otorgó y se le confirmó la calificación de la
prueba de análisis de antecedentes al ahora accionante.

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Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.
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Precisó que, según la sentencia del 15 de octubre de 2019, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, los actos administrativos de
calificación de antecedentes corresponden a actos de ejecución o trámite
que, per se, no resultan enjuiciables.

Manifestó que la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida por el
Consejo de Estado dentro del proceso radicado con el nro. 11001 03 25
000 2015 00366 00, no era aplicable al proceso ordinario promovido por
el accionante, debido a que, según el numeral 4 de la parte resolutiva de
esa sentencia, los efectos de legalidad condicionada del inciso 3 del
numeral 1 del artículo 17 de la Resolución 040 de 2015 solamente
producirán efectos ex nunc, con el propósito de salvaguardar las
situaciones jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.

3.4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo presentó
escrito vía correo electrónico7, en el que solicitó negar el amparo de los
derechos fundamentales invocados.

Sostuvo que la sentencia del 11 de mayo de 2020 no constituye un fallo
inhibitorio, por cuanto, si bien declaró que los resultados de los análisis
de antecedentes dentro de la Convocatoria 007-2015 de la Procuraduría
General de la Nación y la Resolución 1212 del 27 de junio de 2016, que
los confirmó, son actos de trámite y, por tanto, no son susceptibles de
control judicial, también negó la nulidad parcial de la Resolución nro. 040
del 20 de enero de 2015.

Anotó que, si bien la excepción de inepta demanda pudo haber sido
declarada por el juzgado antes de proferir el fallo, según el inciso 2 del
artículo 187 del CPACA, en la sentencia se puede decidir sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre
probada.

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Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: José Rafael Quessep Feria

Finalmente, consideró que el señor José Rafael Quessep Feria está
utilizando la acción de tutela como una tercera instancia ante la no
prosperidad de sus pretensiones en el proceso ordinario.

3.5. El apoderado de la señora Tania Rocío Pacheco Arrieta, tercera
interviniente en el proceso ordinario y vinculada en este trámite tutelar,
presentó escrito vía correo electrónico8, en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela.

Anotó que el accionante no ha ejercido el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, por lo que la acción de tutela se hace
improcedente; además, no probó la existencia de un perjuicio
irremediable.

Afirmó que los efectos de la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida
por esta Corporación en el proceso radicado con el nro. 11001 03 25 000
2015 00366 00, aplican hacia el futuro y no para el caso de la
Convocatoria 007-2015.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 2 de febrero de 20239, declaró improcedente el amparo
solicitado, por no cumplir con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Para dilucidar el asunto precisó, en primer término, que el análisis se
centraría en examinar los reparos respecto de la sentencia de segunda
instancia del 27 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, puesto que, pese a que también se enjuició la

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Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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decisión del 11 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, lo cierto es que, con ocasión del
recurso de apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio.
En atención a lo anterior, indicó que no se pronunciaría sobre los reparos
que se dirigieron contra la sentencia de primera instancia dictada en el
proceso ordinario.

Señaló que el presente asunto no cumple con el requisito general de
subsidiariedad, debido a que, si la parte actora consideraba que el
Tribunal Administrativo de Sucre, al momento de admitir el recurso de
apelación interpuesto en contra del fallo del 11 de mayo de 2020,
proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo,
debía “(…) sanear o decretar una nulidad por los excesos procedimentales
cometidos por la primera instancia (…)” y no lo hizo, debió reponer “(…)
y/o plantear tales aspectos en el proceso ordinario (…)”.

Advirtió que “(…) las supuestas irregularidades expuestas por el
accionante, a saber, que se admitió la demanda en lugar de inadmitirla,
se dejó sin eficacia la integración del contradictorio, no se advirtió alguna
irregularidad en el saneamiento, se declararon no probadas las
excepciones previas y no se tuvo en cuenta la fijación del litigio al
momento de fallar, no configuran ninguna de las causales de nulidad
dispuestas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), al
contrario, según el parágrafo de dicha normatividad, “las demás
irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece”,
disposición que coincide con lo manifestado en el párrafo anterior. En ese
orden, es preciso recordar que la acción de tutela no puede suplir
oportunidades y/o mecanismos que no fueron agotados en su momento
(…)”.

Alegó que los argumentos expuestos por la parte actora referidos a que
el tribunal accionado no se pronunció sobre la aplicación de la sentencia

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del 30 de julio de 2021, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado,
en el expediente radicado con el nro. 11001 03 25 000 2015 00366 00,
ni sobre los documentos aportados para que se valoraran los títulos
académicos, y que hizo una interpretación errónea del artículo 43 del
CPACA, no cumplen con el requisito de relevancia constitucional.

Afirmó que, “(…) de la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que
el accionante (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia
constitucional y (2) pretendió revivir un debate propio del juez natural
sobre la observancia de la Sentencia de 30 de julio de 2021 y la naturaleza
de los actos administrativos demandados. Así, buscó que, a través de la
acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir,
utilizarla como una instancia adicional (…)”.

Expresó que la solicitud de amparo fue planteada bajo los mismos
argumentos que se expusieron en el recurso de apelación del proceso
ordinario y en los alegatos de conclusión presentados en segunda
instancia, los cuales fueron analizados en la sentencia cuestionada por el
Tribunal Administrativo de Sucre.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el señor José Rafael Quessep
Feria lo impugnó con fundamento en tres motivos de inconformidad10:

En cuanto al primero, manifestó que está en desacuerdo con que en la
sentencia impugnada se haya declarado improcedente la acción por falta
de cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Al efecto señaló que, en la sentencia del 2 de febrero de 2023, que se
impugna, la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado,

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sostuvo que “(…) el accionante alegó que el Tribunal Administrativo de
Sucre, al admitir el recurso de apelación, no saneó los “excesos
procedimentales” de la primera instancia; sin embargo, la Sala encuentra
que él no repuso y/o planteó tales aspectos en el proceso ordinario (…)”.

No obstante, alegó que en la acción de tutela lo que se discute son las
sentencias de primera y de segunda instancia y no el auto por el que el
Tribunal Administrativo de Sucre admitió el recurso de apelación, por lo
que, consideró, que el juicio del requisito de subsidiariedad debió hacerse
sobre dichas sentencias.

Anotó que, contra la sentencia de primera instancia proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ejerció los recursos
ordinarios procedentes, “(…) lo cual revela el cumplimiento del requisito
de procedibilidad de la subsidiariedad de la acción de tutela (…)”.

Sostuvo que las irregularidades procesales efectuadas por las autoridades
judiciales accionadas en el trámite del proceso ordinario fueron relatadas
en el escrito de tutela porque hicieron que las sentencias cuestionadas
incurrieran en un defecto procedimental.

Precisó que otro de los propósitos al señalar las irregularidades procesales
en las que, a su juicio, incurrieron las accionadas, era resaltar la violación
del debido proceso y defraudación de la confianza legítima, “(…) pues si
contra los actos administrativos demandados se admitió la demanda, se
integró el contradictorio, se fijó el litigio y no hubo salvedades en las
distintas etapas de saneamiento, lo esperable era recibir unas sentencias
que resolvieran de fondo el litigio, y no que me sorprendieran con
sentencias inhibitorias, con el argumento que, los actos enjuiciados no
son susceptibles de control judicial (…)”.

Manifestó que el error endilgado al auto que admitió el recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia se

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evidenció cuando se emitió la sentencia de segunda instancia, en el
sentido de confirmar que los actos enjuiciados no son susceptibles de
control judicial, pese a que admitió el recurso y no adoptó previamente
medidas de saneamiento.

Respecto al segundo reparo, señaló que el presente asunto sí es de
relevancia constitucional, ya que, de la lectura de las sentencias que se
cuestionan, “(…) se logra evidenciar que, las providencias judiciales
enjuiciadas han generado los siguientes problemas ius fundamentales”:

1. Existe una clara vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva o acceso a la administración de justicia, cuyo núcleo esencial
exige que a los usuarios de la administración de justicia se le deben
resolver sus litigios mediante sentencias de mérito, no inhibitorias, como
ocurrió en el proceso ordinario sub examine, lo cual hace que este asunto
sea de alta relevancia constitucional.

2. Se evidencia una clara vulneración al derecho fundamental al debido
proceso, a los principios constitucionales de la igualdad, seguridad jurídica
y buena fe, al no fundamentarse las sentencias de primera y segunda
instancia en los precedentes judiciales vigentes sobre la materia y que
fueron citados y aportados durante el trámite del proceso ordinario, lo
cual hace que este asunto sea de alta relevancia constitucional.

3. Se presenta una clara violación al principio constitucional de la
confianza legítima, pues, si contra los actos administrativos demandados
fue admitida la demanda, integró el contradictorio, fijó el litigio y no hubo
salvedades en las distintas etapas de saneamiento, lo esperable era que
se resolviera de fondo el litigio, y no lo sorprendieran con sentencias
inhibitorias, con el argumento que los actos enjuiciados no eran
susceptibles de control judicial.

13
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4. Hay una clara vulneración a su derecho fundamental al mínimo vital, y
seguridad social integral.

Finalmente, respecto al tercer reparo, consideró que la sentencia
impugnada no valoró ni tuvo en cuenta que las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas por las accionadas en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, incurrieron en desconocimiento del
precedente y en defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto.

Por auto del 14 de marzo de 2023 se concedió la impugnación11 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 31 de marzo de 202312.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199113, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201514, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12

11
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.
12
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 01.
13
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
14
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
15
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
14
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de marzo de 201916 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

6.2.1. Por Resolución nro. 040 del 20 de enero de 2015, el Procurador
General de la Nación dio apertura y reglamentó la convocatoria del
proceso de selección para proveer los cargos de carrera de procuradores
judiciales de la entidad, convocatoria 007-2015.

6.2.2. Según constancia expedida por la Procuraduría General de la
Nación, generada el 16 de febrero de 2015, el señor José Rafael Quessep
Feria se inscribió a la convocatoria 007-2015, al cargo de procurador
judicial II en la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
de la Infancia, la Adolescencia y la Familia18.

6.2.3. El 24 de febrero de 2016, fueron publicados en la página web de la
convocatoria 007-15 los resultados de análisis de antecedentes del señor
José Rafael Quessep Feria19.

6.2.4. Por Resolución 1212 del 27 de junio de 2016, el Jefe de la Oficina
de Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación, decidió el
recurso de reposición presentado por el señor José Rafael Quessep Feria
en contra de los resultados de análisis de antecedentes publicados el 24
de febrero de 2016 en la página web de la convocatoria 007-15, en el

16
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
17
Lo que se extrae de las pruebas aportadas por el Tribunal Administrativo de Sucre.
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
15
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sentido de confirmar el puntaje obtenido en la prueba de análisis de
antecedentes20.

6.2.5. El 18 de enero de 2017 el señor José Rafael Quessep Feria, a través
de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Procuraduría General de la Nación, en la que
formuló las siguientes pretensiones21:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo
mediante el cual se publicaron los resultados asignados al demandante en
la prueba de análisis de antecedentes de la convocatoria 007-2015 en el
marco del concurso de procuradores judiciales de la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN aperturado y reglamentado por la Resolución
No. 040 de veinte (20) de enero de 2015, expedida por el procurador
general de la Nación, por encontrarse viciado de nulidad por ilegalidad y
desviación de poder.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido
en la Resolución No. 1212 de veintisiete (27) de junio de 2016, “Por medio
de la cual se resuelve una reclamación contra el resultado de la prueba de
análisis de antecedentes" expedido por el jefe de la Oficina de Selección y
Carrera de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por
encontrarse viciado de nulidad por ilegalidad y desviación de poder.

TERCERA: Que se inapliquen de manera parcial los efectos de la
Resolución No. 040 de veinte (20) de enero de 2015, "Por medio de la
cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de
selección para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de
la Entidad”, como norma reguladora del concurso expedida por el
procurador general de la Nación, sólo en cuanto no adoptó el sistema de
equivalencias ordenado en el parágrafo del artículo 20 del Decreto Ley No.
263 de 2000.

CUARTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos demandados, se ordene a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN asignar un nuevo puntaje al demandante en
la prueba de análisis de antecedentes de la convocatoria 007-2015 del
proceso de selección para proveer cargos de carrera de Procurador Judicial
II, en la dependencia de Procuraduría Delegada para la Defensa de los
Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, en el que además
de asignarle puntaje a la especialización en Derecho de familia, se le
asigne al demandante el puntaje correspondiente a sus títulos de
posgrado de especialista en Derecho procesal civil y magister en Derecho
que no fueron calificados.

20
Ibidem.
21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05308 00.
16
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CUARTA SUBSIDIARIA: Que como consecuencia de la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos demandados y de la inaplicación
parcial de los efectos de la Resolución No. 040 de veinte (20) de enero de
2015 en los términos solicitados anteriormente, se ordene a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN asignar un nuevo puntaje
al demandante en la prueba de análisis de antecedentes de la
convocatoria 007-2015 del proceso de selección para proveer cargos de
carrera de Procurador Judicial II, en la dependencia de Procuraduría
Delegada para la Defensa la de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia, en el que, aplicando el sistema de equivalencias
establecido en el inciso cuarto del numeral 1 del artículo 20 del Decreto-
Ley 263 de 20007, se le reconozca, por lo menos, un título de formación
avanzada o de posgrado.

QUINTA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos demandados y del nuevo puntaje asignado al
demandante en la prueba de análisis de antecedentes, éste sea reubicado
en la lista de elegibles de la convocatoria 007-2015 del proceso de
selección para proveer cargos de carrera de Procurador Judicial II, en la
dependencia de Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, de la PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION.

[…]”. (Resaltado del original).

6.2.6. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, que, en sentencia del 11 de mayo
de 2020, resolvió22:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que el acto que contiene los resultados del
señor JOSÉ RAFAEL QUESSEP FERIA en la prueba de análisis de
antecedentes dentro de la Convocatoria 007-2015 de la Procuraduría
General de la Nación, así como la Resolución No. 1212 del 27 de junio de
2016 que lo confirma, no son pasibles de control judicial por tratarse de
actos de trámite respecto de los cuales no procede un pronunciamiento
de fondo.

SEGUNDO: NEGAR la pretensión de nulidad parcial presentada por el
señor JOSÉ RAFAEL QUESSEP FERIA en contra de la Resolución No. 040
del 20 de enero de 2015, expedida por el Procurador General de la Nación,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, señor JOSÉ
RAFAEL QUESSEP FERIA, las cuales serán tasadas por Secretaría,
conforme las previsiones de los artículos 365 y 366 del C. General del
Proceso […]”. (Mayúsculas del original).

22
Ibidem.
17
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6.2.7. Inconforme con la decisión, el señor José Rafael Quessep Feria
interpuso recurso de apelación, que fue decidido en sentencia del 27 de
septiembre de 2022, por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre, en el sentido de confirmar la sentencia del 11 de
mayo de 202023.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo
de Estado, en sentencia del 2 de febrero de 2023, declaró improcedente
la acción de tutela presentada por el accionante, bajo la consideración
que no cumplía con los requisitos generales de procedencia de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

El accionante en el escrito de impugnación señaló que la tutela sí cumple
con los requisitos generales de procedibilidad de relevancia constitucional
y subsidiariedad, por las siguientes razones:

(i) La tutela tiene relevancia constitucional porque las sentencias
cuestionadas son inhibitorias, lo que vulnera su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia; no se fundamentaron en los
precedentes judiciales vigentes sobre la materia, lo que vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica y
buena fe; se transgredió el principio constitucional de la confianza
legítima, debido a que se decidió que los actos acusados no eran
susceptibles de control judicial hasta la sentencia sin que en el trámite
surtido durante la primera instancia se hubiera advertido; se vulneraron
sus derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social integral.

(ii) En relación con el requisito de subsidiariedad, que en la petición de
amparo no se cuestiona el auto que admitió el recurso de apelación, sino
las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el proceso

23
Ibidem.
18
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ordinario, frente a las que interpuso los mecanismos de defensa
procedentes.

(iii) El fallo impugnado no tuvo en cuenta el desconocimiento del
precedente y el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en el
que incurrieron las sentencias de primera y segunda instancia proferidas
por las accionadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Atendiendo lo que es objeto de impugnación, la Sala examinará si en este
evento está superado el requisito general de relevancia constitucional y
el de subsidiariedad, precisando que, tal como lo dijo el a quo, el estudio
se efectuará respecto de la sentencia proferida por el tribunal accionado,
comoquiera que fue la que zanjó el litigio. Por ende, las inconformidades
que expuso el accionante en relación con la sentencia proferida por el
juzgado accionado no serán analizadas.

En cuanto al requisito general de relevancia constitucional

El primero de los requisitos que el juez constitucional debe examinar para
establecer la procedencia de la acción contra providencia judicial es la
relevancia constitucional.

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de

19
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relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”24.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia
judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra”.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades25:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

24
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
25
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
20
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Por ello, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia26. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

En el asunto bajo examen, la Sala advierte que la tercera finalidad que
compone el requisito general de relevancia constitucional, consistente en
impedir que la acción de tutela sea utilizada para reabrir el debate surtido
ante el juez de conocimiento o como un recurso o instancia adicional al
proceso ordinario, no está superado.

Al respecto, la Corte Constitucional al referirse a este tercer criterio ha
dicho que27: “[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”, pues la
competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

En la sentencia SU 215 de 2022, reiteró que la tutela contra providencia
judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto

26
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
27 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos

Bernal Pulido.
21
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del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021,
este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial” (…)”. [Se destaca]

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

Bajo las anteriores consideraciones, la Sala observa que en los escritos
de tutela e impugnación la inconformidad de la parte actora radica en
insistir en que los actos que demandó bajo el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho sí eran pasibles de control judicial; sin
embargo, dicho reparo fue debatido ante los jueces naturales de la causa,
comoquiera que la sentencia de primera instancia declaró que algunos de
los actos censurados no eran demandables, decisión contra la que el
ahora accionante interpuso recurso de apelación, alegando lo que expone
en la petición de amparo, y se confirmó en la providencia de segunda
instancia.

En efecto, en la sentencia del 27 de septiembre de 2022, cuestionada en
este asunto, el Tribunal Administrativo de Sucre se pronunció frente a la
inconformidad que la parte actora formula en la acción de tutela, puesto
que, bajo el principio de autonomía e independencia judicial, consideró
que el acto de calificación de antecedentes no excluyó al actor del
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concurso, ni le impidió continuar con el desarrollo de la convocatoria, dado
que fue incluido en la lista de elegibles contenida en la Resolución nro.
344 del 8 de julio de 2016, en el puesto 82, constituyendo este último
acto el que definió su situación particular en la participación del concurso
de méritos.

En ese orden, precisó que el acto de calificación es considerado como
definitivo en la medida que elimine al participante y le impida continuar
en el proceso concursal, situación que no sucedió con el señor Quessep
Feria, ya que continuó en el proceso e integró la lista de elegibles.

De lo anterior, se constata que el juez natural de la causa ya se pronunció
sobre las inconformidades que el accionante formula y decidió según la
convicción que le generaron las pruebas que obraban en el proceso y la
interpretación que, bajo el principio de autonomía e independencia
judicial, adelantó sobre las normas y la jurisprudencia que regulaban el
caso, por lo que la parte actora está utilizando la acción de tutela como
un instrumento para reabrir el debate zanjado por los jueces
competentes.

De otro lado, en cuanto al reparo de la parte actora, consistente en que
en la providencia del tribunal accionado no tuvo en cuenta la sentencia
del 30 de julio de 2021 de esta Corporación, proceso radicado con el nro.
11001 03 25 000 2015 00366 00, se tiene que, en la providencia
cuestionada, se explicó que no era procedente hacer un pronunciamiento
ni aplicar los efectos retrospectivos de la mencionada sentencia de nulidad
porque los actos acusados por el allí demandante no eran objeto de
control judicial. De manera que, lo que la Sala advierte, es que igualmente
en esta inconformidad, el interesado está utilizando la acción de tutela
para reabrir el debate del proceso ordinario.

La Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que

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la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la
demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen
a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo dicho contexto, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por el demandante y el demandado en
sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve simplemente la
controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus facultades
constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado
a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás
el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza con el proceso
diseñado para dirimir la controversia.

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Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.

En cuanto al requisito de subsidiariedad

La Sala para resolver si en este asunto está cumplido el requisito de
subsidiariedad verifica lo siguiente:

(i) En el escrito de tutela la parte actora manifestó que su inconformidad
frente al tribunal accionado consistía en que, al admitir el recurso de
apelación, no hizo un control previo, “(…) pues nunca se percató de todos
los defectos señalados en el recurso de apelación. Guardó silencio sin
sanear o decretar una nulidad por los excesos procedimentales cometidos
por la primera instancia. No controló el defecto por omisión y no garantizó
el debido proceso (…)”.

(ii) Frente a este reparo, el juez de tutela de primera instancia consideró
que la tutela era improcedente, puesto que, si la parte actora afirmaba
que el Tribunal Administrativo de Sucre al momento de admitir el recurso
de apelación interpuesto en contra del fallo del 11 de mayo de 2020,
proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo,
debía “(…) sanear o decretar una nulidad por los excesos procedimentales
cometidos por la primera instancia (…)” y no lo hizo, lo que correspondía
era recurrir la decisión “(…) y/o plantear tales aspectos en el proceso
ordinario (…)”.

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Accionante: José Rafael Quessep Feria

(iii) El aquí accionante, en el escrito de impugnación, manifiesta que no
le asiste razón al a quo por cuanto en la acción de tutela lo que se discute
son las sentencias de primera y de segunda instancia y no el auto por el
que el Tribunal Administrativo de Sucre admitió el recurso de apelación,
por lo que, consideró, el juicio del requisito de subsidiariedad debió
hacerse sobre dichas sentencias.

Bajo dicho contexto, la Sala considera que le asiste razón al a quo debido
a que, en los términos en los que fue formulada la acción de tutela, se
desprende que la parte actora está inconforme con que el tribunal
accionado no haya declarado la nulidad “por los excesos procedimentales
cometidos por la primera instancia” al admitir el recurso de apelación; sin
embargo, el ahora accionante, en el transcurso del proceso ordinario, no
solicitó ante el tribunal la nulidad que ahora alega en vía de tutela, y, en
ese sentido, es que la petición de amparo deviene improcedente frente a
este reparo; ello, porque no está cuestionando lo decidido en la sentencia
atacada, ni tampoco pidió la nulidad ante el juez natural de la causa, por
lo que no es procedente endilgarle un yerro al tribunal accionado al no
haber declarado una nulidad antes de la sentencia que no fue pedida o
debatida en el proceso ordinario.

Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la
acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como un mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial: (i) cuando el asunto está
en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios y (iii) si se usa para revivir

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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01
Accionante: José Rafael Quessep Feria

etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico28.

En ese sentido, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la acción de tutela es improcedente por no cumplir el
requisito de subsidiariedad cuando la parte actora la utiliza para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico, lo que precisamente ocurre en este caso,
puesto que, de lo afirmado por el accionante, se desprende que su
inconformidad radica en que el tribunal, al admitir el recurso de apelación,
no declaró la nulidad de lo actuado.

Finalmente, y respecto al tercer reparo planteado por el accionante, se
tiene que, en la sentencia del 2 de febrero de 2023, la Subsección B,
Sección Tercera, de esta Corporación, en efecto, no se pronunció sobre el
desconocimiento del precedente y el defecto procedimental por exceso de
ritual manifiesto en el que, a su juicio, incurrieron las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas por las accionadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho; pero ello se debió a que, al no
superarse los requisitos generales de relevancia constitucional y
subsidiariedad, no era procedente descender al estudio de los defectos
invocados.

En consecuencia, será confirmado el fallo proferido el 2 de febrero de
2023 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Corte Constitucional. Sentencia T-396 del 26 de junio de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio
28

Palacio.
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Accionante: José Rafael Quessep Feria

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 2 de febrero de
2023 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, según
lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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