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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06077-00

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06077-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por José Rafel Quessep Feria, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin20. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06077-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

2 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 2 de febrero de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06077-00
Demandante: José Rafael Quessep Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Subsidiariedad/ Relevancia
constitucional.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias judiciales que, de un lado,
declararon que el acto administrativo que publicó el resultado de la prueba de análisis de
antecedentes y el que confirmó tal decisión, dentro de un concurso de méritos, eran de
trámite y, por ende, no eran objeto de control judicial y, de otro lado, negaron una
pretensión de inaplicación de otro acto administrativo en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por José
Rafael Quessep Feria en contra del Tribunal Administrativo de Sucre y el
Juzgado 7 Administrativo de Sincelejo.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 15 de noviembre de 2022, José Rafael Quessep Feria presentó
acción de tutela contra el Juzgado 7 Administrativo de Sincelejo y el
Tribunal Administrativo de Sucre, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva, con ocasión de las Sentencias de 11 de
mayo de 2020 y 27 de septiembre de 2022, proferidas respectivamente por
las autoridades judiciales accionadas, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 70001-33-33-007-2017-00181-00/01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06077-00
Demandante: José Rafael Quessep Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Decisión: Declara improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1) Que mediante sentencia se me tutelen mis derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial
efectiva.

2) Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos las sentencias de
primera y segunda instancia y se ordene fallar de fondo con base en las
pretensiones de nulidad de los actos administrativos contenidos en la
publicación del resultado de análisis de antecedentes de la experiencia y la
Resolución 1212 del 27-06-2016.

3) Que se ordene que la Sentencia del Consejo de Estado de fecha 30-07-2021
y sus reglas de interpretación sean de obligatoria aplicación”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) La Procuraduría General de la Nación, a través de la Resolución
No. 40 de 2015, dio apertura y reglamentó la convocatoria del proceso de
selección para proveer cargos de carrera de procuradores judiciales I y II,
en la cual José Rafael Quessep Feria se inscribió para el cargo de
Procurador Judicial II, en la delegada para la Defesa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia.

5. 2) El señor Quessep Feria indicó que superó las etapas del proceso
de selección, pero que en la calificación de la prueba de análisis de
antecedentes no fueron valorados los títulos de posgrado de especialista
en derecho procesal civil y magister en derecho, de manera que sólo
obtuvo 7 de los 29 puntos que esperaba. En esa medida, interpuso recurso
de reposición contra el acto administrativo que publicó ese resultado, el
cual fue negado a través de la Resolución No. 1212 de 27 de junio de 2016.

6. 3) Inconforme con lo anterior, el señor Quessep Feria presentó
demanda, para que se declarara la nulidad del acto que publicó el
resultado del análisis de antecedentes y la Resolución No. 1212 de 27 de
junio de 2016 que confirmó el puntaje, asimismo para que se inaplicara de
manera parcial los efectos de la Resolución No. 40 de 20 de enero de 2015
y, a título de restablecimiento del derecho, se le volviera a calificar y a
asignar un mejor rango en la Resolución No. 344 de 8 de julio de 2016, por
medio de la cual se publicó la lista de elegibles, y se le indemnizaran los
perjuicios ocasionados.

7. 4) El 15 de febrero de 2018, el Juzgado 7 Administrativo de Sincelejo
admitió la reforma de la demanda y, mediante Auto de 16 de agosto de
2018, dispuso la vinculación al proceso de los integrantes de la lista de
elegibles contenida en la Resolución No. 344 de 8 de julio de 2016 que se

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Demandante: José Rafael Quessep Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Decisión: Declara improcedencia
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encontraban en un mejor lugar que el señor Quessep Feria, ante lo cual,
Tania Rocío Pacheco Arrieta contestó la demanda. Sin embargo, en Auto
de 31 de julio de 2019, declaró ineficaz la vinculación ordenada2 y admitió
como tercera interviniente a Tania Rocío Pacheco Arrieta.

8. 5) Mediante Sentencia de 11 de mayo de 2020, el Juzgado 7
Administrativo de Sincelejo declaró que los actos administrativos
demandados no eran susceptibles de control judicial por tratarse de actos
de trámite. Frente a la pretensión de inaplicación parcial de la Resolución
No. 40 de 2015 determinó que existía un restablecimiento automático de
un derecho subjetivo, a saber, la valoración de los títulos de posgrado,
cuyo examen no era procedente por haber operado la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

9. Sin embargo, precisó que se pronunciaría sobre la “presunta nulidad
parcial” de la Resolución No. 40 de 2015, sin aludir al término inaplicación
por no haber derechos subjetivos en litigio. Acorde con lo anterior,
encontró que no había fundamento alguno para declararla porque (se
trascribe) “el hecho de fijar taxativamente los posgrados que serán
valorados de acuerdo al área de empleo, no comporta transgresión del
ordenamiento jurídico superior, por el contrario, tal regla implica que no
toda persona que concurra al proceso de selección con la simple
acreditación de un posgrado ascienda en la lista de elegibles, sino que lo
esencial es que tenga una formación especializada”.

10. 6) La parte demandante apeló la decisión anterior e indicó que los
actos administrativos demandados eran susceptibles de control judicial.
Posteriormente, presentó un memorial3 para que, en la segunda instancia,
se tuviera en cuenta, tanto la Sentencia de 30 de julio de 2021, Rad. 11001-
03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015) y acumulados, mediante la cual la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la legalidad
condicionada del inciso 3 del numeral 1 del artículo 17 de la Resolución No.
40 de 20154, como los documentos que aportó5 con fundamento en dicha

2 El fundamento para tomar tal decisión fue (se trascribe) “(…) desde el auto que ordenó la vinculación de

terceros a este proceso judicial (Agosto 16 de 2018, notificado por estado No. 041 de agosto 17 de 2018), hasta
la fecha de esta providencia (Agosto 1 de 2019), han transcurrido más de 6 meses sin que se haya logrado su
notificación y, tampoco se tiene constancia de que la PROCURADURÌA GENERAL DE LA NACIÓN haya cumplido
con la carga que le fue impuesta en aquella providencia, para remitir comunicación por vía correo electrónico
a cada una de las personas que integran la lista de elegibles que se conformó a través de la Resolución No. 344
de julio 8 de 2016, acto demandado en este medio de control; por lo que se hace necesario acudir a los
lineamientos contenidos en el art. 66 del Código General del Proceso (…). Se encarga de regular el trámite del
llamamiento en garantía y al respecto establece que, si la notificación al convocado no se ha logrado dentro
de los seis (6) meses siguientes (a la providencia que ordena su vinculación), se tendrá como ineficaz tal
llamamiento”.
3 El cual fue recibido en el Tribunal Administrativo de Sucre, el 18 de agosto de 2021.
4 “en el entendido de que en la prueba de análisis de antecedentes puede otorgarse puntaje tanto a los

posgrados (maestrías, doctorados o posdoctorados en derecho) que sean específicos respecto de la
convocatoria y empleo correspondiente, así como también, aquellos cuyo título no especifique determinada
área de profundización del derecho, pero de los cuales se pueda derivar, bien sea por las calificaciones
obtenidas, por el contenido del programa académico cursado o por la tesis o trabajo de investigación
adelantado, que el concursante cuenta con la idoneidad profesional y los conocimientos previstos en cada
convocatoria para el desempeño del empleo correspondiente”.

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Demandante: José Rafael Quessep Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Decisión: Declara improcedencia
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providencia y que, a su juicio, permitían corroborar que los posgrados
cursados eran susceptibles de asignarles el respectivo puntaje.

11. 7) El 27 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Sucre
confirmó la decisión de primera instancia que consideró que los actos
administrativos de calificación demandados no eran susceptibles de
control judicial porque no lo excluían del concurso ni le impedían al
demandante continuar con el desarrollo de la convocatoria, (se trascribe)
“comoquiera que este conformó la lista de elegibles contenida en la
Resolución No. 344 de 8 de julio de 2016, en el puesto 82, constituyéndose
este último acto en el que define su situación particular a la luz de su
participación (…)”.

12. Frente a la pretensión de inaplicación parcial de la Resolución No. 40
de 2015, sostuvo que se estaba a lo resuelto en la sentencia de nulidad de
dicho acto administrativo, Rad. 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015),
proferida el 30 de julio de 2021 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, pero que, en el caso concreto, (se trascribe) “no se puede realizar
pronunciamiento alguno y tampoco aplicar con efectos retrospectivos de
la sentencia de nulidad citada, en razón a que los actos acusados por el
demandante no son objeto de control judicial”.

13. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en la
configuración de un defecto procedimental porque, en la primera
instancia, (1) se admitió la demanda en lugar de inadmitirla si se
consideraba que los actos demandados no eran susceptibles de control
judicial, lo que conllevó después a un fallo inhibitorio, (2) se dejó sin
eficacia y antes de la audiencia inicial la integración del contradictorio
con las personas que hacían parte de la lista de elegibles, (3) se señaló
que el acto administrativo demandado era la Resolución No. 344 de 2016,
cuando no era así, (4) dentro de la audiencia inicial, no se advirtió alguna
irregularidad en el saneamiento y se declararon no probadas las
excepciones previas, lo que, a juicio del accionante, permitió entender
que la demanda cumplía con todos los requisitos y era apta para que se
resolviera de fondo, en otras palabras, “que la Resolución 1212 de 2016 sí
era un acto administrativo pasible de control jurisdiccional y que la

5 Los documentos aportados como anexos fueron (se trascribe) “1. Constancia de estudio expedida por la

Jefatura de Programación y Registro Académico de la Universidad del Norte, en la que se acredita que el
demandante realizó sus estudios de Maestría en Derecho bajo la modalidad de profundización y le fue
aprobado el artículo de investigación titulado “Tendencias de la familia en Colombia”. 2. Certificado de notas
del señor JOSÉ RAFAEL QUESSEP FERIA expedido por la Jefatura de Programación y Registro Académico de la
Universidad del Norte. 3. Certificado de la descripción de las asignaturas aprobadas por el señor JOSÉ RAFAEL
QUESSEP FERIA, expedido por la Jefatura de Programación y Registro Académico de la Universidad del Norte.
4. Certificado del contenido programático de la especialización en Derecho Procesal Civil que cursó y aprobó el
señor JOSÉ RAFAEL QUESSEP FERIA, expedido por la Secretaría General de la Corporación Universitaria del Caribe
-CECAR-, con su constancia de recepción. 5. Certificado de notas y asignaturas de la especialización en
Derecho Procesal Civil que cursó y aprobó el señor JOSÉ RAFAEL QUESSEP FERIA, expedido por la Dirección de
Admisiones Registro y Control Académico de la Corporación Universitaria del Caribe -CECAR-.”

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Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Decisión: Declara improcedencia
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demanda se presentó oportunamente”, (5) en el fallo, no se tuvo en
cuenta la fijación del litigio dispuesta en la audiencia inicial.

14. Mientras que, en la segunda instancia, (1) no se hizo un control previo
al momento de admitir el recurso de apelación para (se trascribe) “sanear
o decretar una nulidad por los excesos procedimentales cometidos por la
primera instancia”, y (2) guardó silencio sobre la aplicación de las reglas de
interpretación fijadas en sentencia de 30 de julio de 2021 de Sala Plena del
Consejo de Estado y sobre los documentos aportados para que, como
pruebas, se valoraran los títulos académicos y se hiciera una
reclasificación.

15. Alegó la configuración de un defecto sustantivo, en la modalidad de
no atender los criterios auxiliares o precedentes del caso concreto.
Además, señaló que, como los actos demandados sí eran objeto de
control, hubo una errada interpretación del artículo 43 del CPACA, bajo el
argumento de que era un acto de trámite porque no le imposibilitó
continuar la actuación, de manera que (se trascribe) “sólo pensó en la
realización del derecho procesal y no observó la dimensión sustancial de la
norma”, pues, a su juicio, el acto que publicó el resultado del análisis de
antecedentes es definitivo y, por ende, enjuiciable ante esta jurisdicción,
ya que aquel no le permitió ocupar una mejor clasificación en la lista de
elegibles.

1.2. Posición de la parte demandada6

16. El Tribunal Administrativo de Sucre rindió informe e indicó que el actor
no esbozó argumento alguno sobre la relevancia constitucional del asunto
ni sobre la relación causa-efecto en que hace consistir la vulneración
alegada, pues se limitó a insistir en los argumentos de la apelación que ya
fueron objeto de análisis, a saber, que los actos sí eran demandables y que
se valoraran los títulos académicos para el cargo al que aspiró y, en
consecuencia, se le reclasificara. Por tanto, estimó que debía declararse la
improcedencia de la tutela, máxime cuando se pretendía reabrir el
debate judicial sobre los actos definitivos en materia de concursos.

17. El Juzgado 7 Administrativo de Sincelejo manifestó que la sentencia
que profirió el 11 de mayo de 2020 no constituyó un fallo inhibitorio porque,
si bien, declaró que los resultados del análisis de antecedentes y la
Resolución No. 1212 de 27 de junio de 2016 eran actos de trámite y, por
ende, no eran objeto de control jurisdiccional7, lo cierto es que dictó una

6 Mediante Auto de 22 de noviembre de 2022, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la acción de

tutela de la referencia, (2) tener como demandados al Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado 7
Administrativo de Sincelejo y (3) vincular a la Procuraduría General de la Nación y a Tania Rocío Pacheco Arriera
como terceros con interés en el proceso.
7 Con fundamento en el Auto de 15 de octubre de 2019 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,

expediente No. 25000-23-42-000-2017-01441-01 (1846-19).

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decisión de fondo al haber negado la “nulidad parcial” de la Resolución
No. 40 de 20 de enero de 2015.

18. Por otra parte, precisó que, aunque pudo haber declarado la
excepción previa de inepta demanda antes de la sentencia, la ley – inciso
2 del artículo 187 del CPACA- permite declarar esa circunstancia en la
sentencia, tal y como lo hizo. En ese mismo sentido, refirió que el hecho de
haber declarado no probada la excepción de caducidad propuesta por
la Procuraduría contra la pretensión de nulidad de los resultados de la
prueba de antecedentes, no cambiaba su naturaleza de actos de trámite.

19. Respecto del reparo consistente en que el juzgado no tuvo en
cuenta la fijación del litigio, señaló que aquella no limitaba el o los
problemas jurídicos que, dentro de un proceso, debían ser resueltos en la
sentencia, de manera que ello no constituía violación al debido proceso.

20. Por último, afirmó que la insistencia del accionante podía
considerarse un abuso a su derecho de acción, habida cuenta de que
presenta la acción de tutela como una tercera instancia, ante la no
prosperidad de sus pretensiones dentro del proceso ordinario.

21. La Procuraduría General de la Nación adujo que el accionante
demandó actos de mero trámite y no el acto definitivo – Resolución No.
344 de 2016-, por lo que mal hacía con alegar, en sede de tutela, una
violación de derechos fundamentales que, para la entidad, era inexistente.

22. Precisó que la Sentencia de 30 de julio de 2021, Rad. 2015-00366-00,
no era aplicable al caso del accionante porque en el numeral 4 de la
parte resolutiva se fijó que aquella produciría efectos ex nunc, es decir, en
el caso de que existieran listas de elegibles pendientes de elaborar,
escenario que no se presentó y, en consecuencia, no era posible dar
puntaje a los títulos aducidos por el demandante, máxime cuando los
medios probatorios con las cuales pretendió hacerse acreedor de dicha
providencia, fueron allegados inoportunamente.

23. Tania Rocío Pacheco Arrieta, tercera vinculada, señaló que, en el
presente asunto, no se agotó el recurso extraordinario de unificación
jurisprudencial, no hay un perjuicio irremediable, una especial protección
constitucional ni situación consolidada. Sobre el último aspecto, indicó que
el ingreso a un concurso de méritos implicaba el sometimiento a reglas y
constituía una mera expectativa, que el acto demandado no tenía la
condición de definitivo y que la Sentencia de 30 de julio de 2021 aplicaba
en lo sucesivo y no en el caso actual del accionante. En esa medida,
solicitó se declarara la improcedencia de la tutela o, en últimas, se negara.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Identificación de providencia objeto de estudio. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Identificación de providencia objeto de estudio

24. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre el 27 de septiembre de 2022, puesto que, pese a que también se
enjuició la decisión dictada en primera instancia por Juzgado 7
Administrativo de Sincelejo, lo cierto es que, con ocasión del recurso de
apelación, la decisión el tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, no
puede pasarse por alto que, ante una eventual decisión favorable de
amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en segunda
instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.

25. En esa medida, como la Sala se sustraerá del estudio de la sentencia
de primera instancia, igualmente se sustraerá del análisis de los reparos que
se dirigieron contra aquella, a saber, la presunta configuración del defecto
procedimental respecto del trámite surtido en dicha instancia8. En
consecuencia, se estudiará, únicamente, el presunto defecto
procedimental relacionado con la segunda instancia del proceso
ordinario, junto con el defecto sustantivo alegado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial9

26. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisficieron los requisitos de subsidiariedad ni de relevancia
constitucional.

27. 1) Como parte del fundamento del defecto procedimental, la parte
actora indicó que, en la segunda instancia, no se hizo un control previo al
momento de admitir el recurso de apelación para (se trascribe) “sanear o
decretar una nulidad por los excesos procedimentales cometidos por la
primera instancia”, reparo que, para la Sala, no supera el requisito de
subsidiariedad.

28. De acuerdo con lo anterior, es necesario que el accionante agote
con todos los medios de defensa que el sistema judicial disponga, con el
fin de conjurar las situaciones que amenacen derechos fundamentales y
con el fin de impedir el uso indebido de la acción de tutela10.

8 Al respecto ver párrafo 11 de esta providencia.
9 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.
10 En términos de la Corte Constitucional [Sentencia SU-116 de 2018], “Que se hayan agotado todos los medios -

ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar

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29. En el presente caso, el accionante alegó que el Tribunal
Administrativo de Sucre, al admitir el recurso de apelación, no saneó los
“excesos procedimentales” de la primera instancia; sin embargo, la Sala
encuentra que él no repuso y/o planteó tales aspectos en el proceso
ordinario.

30. Es más, las supuestas irregularidades expuestas por el accionante, a
saber, que se admitió la demanda en lugar de inadmitirla, se dejó sin
eficacia la integración del contradictorio, no se advirtió alguna
irregularidad en el saneamiento, se declararon no probadas las
excepciones previas y no se tuvo en cuenta la fijación del litigio al
momento de fallar, no configuran ninguna de las causales de nulidad
dispuestas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), al
contrario, según el parágrafo de dicha normatividad, “las demás
irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece”,
disposición que coincide con lo manifestado en el párrafo anterior. En ese
orden, es preciso recordar que la acción de tutela no puede suplir
oportunidades y/o mecanismos que no fueron agotados en su momento.

31. 2) En relación con el defecto sustantivo que, a juicio del accionante,
se estructuró porque el Tribunal demandado a) no se pronunció sobre la
aplicación de las reglas de interpretación fijadas en Sentencia de 30 de
julio de 2021 de Sala Plena del Consejo de Estado, Rad. 11001-03-25-000-
2015-00366-00 (0740-2015) ni sobre los documentos aportados para que se
valoraran los títulos académicos y se hiciera una reclasificación y b)
efectuó una errada interpretación del artículo 43 del CPACA, bajo el
argumento de que los actos demandados eran de trámite porque no le
imposibilitaron continuar la actuación, la Sala evidencia que no se cumplió
con el requisito de relevancia constitucional.

32. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez
[de tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”11.

33. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte

la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos
los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo
de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional
todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.”
11 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.

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del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela12 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto
de obtener una nueva instancia13; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad14.

34. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional15. Ante lo cual, el juez natural se
pronunció.

35. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el
accionante (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia
constitucional y (2) pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre
la observancia de la Sentencia de 30 de julio de 2021 y la naturaleza de los
actos administrativos demandados. Así, buscó que, a través de la acción
de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla
como una instancia adicional.

36. Lo anterior obedece a que la presente solicitud de amparo fue
planteada, bajo los mismos argumentos que se expusieron en el proceso
ordinario, concretamente, en el recurso de apelación16 y en los alegatos
de conclusión presentados en segunda instancia17. Tales argumentos

12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
15 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
16 “(…) “Estima que, el A quo, erró al concluir de manera ligera que los actos administrativos demandados no

son susceptibles de control judicial, obviando las especiales características de los actos censurados y sin analizar
que los mismos, aun cuando no están al final de la actuación administrativa, tuvieron el efecto de extinguir el
derecho de nuestro representado en la etapa de aplicación de prueba e instrumentos de selección.
Advierte que, los actos administrativos demandados, si son susceptibles de control judicial ya que tienen la
especial connotación de decidir el resultado final de la puntuación del demandante dentro del concurso de
méritos referenciado en la demanda, como quiera que los mismo hacen parte de la última etapa en la que se
podía obtener puntaje. De ahí que sus efectos resultaran definitivos para el demandante dentro de dicho
concurso.” Página 12 de la sentencia de 27 de septiembre de 2022, radicado No. 2017-000181-01.
17 “Sostiene que, la sentencia de fecha treinta (30) de julio de 2021, proferida por la Sección Segunda del

Consejo de Estado les da la razón en cuanto a la ilegalidad y desviación de poder con que fueron expedidos
los actos administrativos aquí demandados, pues la orden emitida por el Consejo de Estado y para el caso
concreto a la PROCURADURÍA GENERAL DELA NACIÓN, tal como se solicitó en la pretensión CUARTA de la
demanda, asignar un nuevo puntaje al demandante en la prueba de análisis de antecedentes de la
convocatoria 007-2015 del proceso de selección para proveer cargos de carrera de Procurador Judicial II, en la
dependencia de Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia, en el que además de asignarle puntaje a la especialización en Derecho de familia, se le asigne al
demandante el puntaje correspondiente a sus títulos de posgrado de especialista en Derecho Procesal Civil y

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06077-00
Demandante: José Rafael Quessep Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo de Sucre, el cual
concluyó (se trascribe):

“Conviene precisar entonces, conforme al criterio jurisprudencia expuesto en
precedencia que, el acto de calificación es considerado como definitivo en la
medida que elimine al participante y le impida continuar en el proceso
concursal, situación que no acontece en el presente asunto, tal como lo
remarcó el juez de primera instancia, en tanto el actor continuó en el proceso
e integró la lista de elegibles como se evidenció ut supra; luego entonces, el
acto que concreta su situación fue este último, el cual contiene el consolidado
no sólo del análisis de antecedentes, el cual equivale al 20% según la
Resolución 040/2015, sino también del puntaje obtenido en la prueba de
conocimiento (78.81 aprobó) y comportamental (76.70 aprobó), pero que no
fue demandado en este proceso. Bajo esas premisas no le asiste razón al
apelante cuando afirma que el acto de análisis de antecedentes consolidó su
puntaje, haciendo parte de una etapa autónoma dentro del concurso de
méritos referido.

En consecuencia, a juicio de esta Sala, coincidiendo con la línea de raciocinio
del Consejo de Estado ya reseñada, el acto acusado en este caso en
particular, es de los denominados preparatorios, accesorios o de trámite, tal
como lo sostuvo el A quo, porque no define la situación jurídica del
demandante y su control de legalidad sólo estaría dado si se hubiese
demostrado la situación sui generis que, le hubiese imposibilitado continuar en
el desarrollo de la aludida convocatoria, lo cual no ocurrió.
(…)
Por último, frente a la pretensión contenida en el artículo tercero del escrito de
reforma de la demanda (fls.94-110 Folio1-200.pdf), referida a "que se
inapliquen de manera parcial los efectos de la Resolución N° 040 de 20 de
enero de 2015, "por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la
convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos de carrera de
procuradores judiciales de la Entidad", como norma reguladora del concurso
expedida por el procurador general de la Nación, sólo en cuanto no adoptó
el sistema de equivalencias ordenado en el parágrafo del artículo 20 del
Decreto Ley N° 263 de 2000", esta Sala se estará a lo resuelto en la sentencia
de nulidad de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, proferida por el
Procurador General de la Nación, "Por medio de la cual se da apertura y se
reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer los cargos
de carrera de procuradores judiciales de la Entidad" proferida el 30 de julio de
2021, Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P Gabriel Valbuena Hernández,
rad. 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-15), que específicamente y en
relación a ese punto sostuvo:
(…)
‘1. La legalidad condicionada de los artículos 5° inciso 3°; 9° numeral 2.9 y 17
parágrafo 1° y del artículo 17, numeral 1, inciso 3 de la Resolución 040 de 2015,
tal como se expresó en los numerales 9 y 3.11 de esta providencia, solamente
producirá efectos ex nunc, esto es, hacia futuro, con el propósito de
salvaguardar las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya
consolidados.
‘2. En el caso de que existan listas de elegibles pendientes de elaborar, deberá
darse estricta aplicación a las disposiciones cuya legalidad condicionada se
declara en esta providencia, en el sentido de asignar puntaje en las diferentes

Magister en Derecho que no fueron calificados o valorados. Ello, se reitera, en cumplimiento de lo ordenado en
el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia de fecha treinta (30) de julio de 2021, es decir, por
ser un precedente vertical y en el entendido que en la prueba de análisis de antecedentes puede otorgarse
puntaje tanto a los posgrados que sean específicos respecto de la convocatoria y empleo correspondiente, así
como también, aquellos cuyo título no especifique determinada área de profundización del derecho, pero de
los cuales se pueda derivar bien sea por las calificaciones obtenidas, por el contenido del programa
académico cursado o por la tesis o trabajo de investigación adelantado, mal concursante cuenta con la
idoneidad profesional y los conocimientos previstos en cada convocatoria para el desempeño del empleo
correspondiente, tal como se acredito por parte del demandante.” Página 17 de la sentencia de 27 de
septiembre de 2022, radicado No. 2017-000181-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06077-00
Demandante: José Rafael Quessep Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Decisión: Declara improcedencia
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pruebas y análisis de antecedente a los posgrados de maestría, doctorado y
posdoctorado cuyos títulos no reflejen un área de específica del derecho (…)’.
3.. Respecto de aquellos asuntos que se estén ventilando en procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentren en trámite y que
tengan que ver con los problemas jurídicos mencionado en los numerales 3.9 y
3.11 de esta providencia, el efecto será retrospectivo, siempre y cuando las
decisiones que se adopten no afecten las situaciones jurídicas y los derechos
individuales ya consolidados’.

(…) en este caso concreto, no se puede realizar pronunciamiento alguno y
tampoco aplicar con efectos retrospectivos de la sentencia de nulidad citada
en razón a que los actos acusados por el demandante no son objeto de
control judicial, como ya se determinó en la respuesta al primer
planteamiento18”.

37. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien se pronunció sobre cada uno de los
reparos que formuló la parte actora contra la sentencia apelada, esto es,
la naturaleza de los actos administrativos demandados y la observancia
del precedente del Consejo de Estado que estudió la legalidad de la
Resolución No. 40 de 2015. En ese orden, se reitera que lo pretendido por la
parte actora fue reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia
adicional.

38. Así las cosas, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise
las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial,
pues este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional19.

2.3. Conclusión

39. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que los requisitos
de subsidiariedad y relevancia constitucional, no se cumplieron en el caso
concreto y, por tal motivo, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre
los demás requisitos de procedencia y, en consecuencia, declarará
improcedente el amparo solicitado.

18 Páginas 34 a 39 de la sentencia de 27 de septiembre de 2022, radicado No. 2017-000181-01.
19 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06077-00
Demandante: José Rafael Quessep Feria
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Decisión: Declara improcedencia
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por José Rafel
Quessep Feria, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin20.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración parcial de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

20 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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